Economía global

ESPAÑA Y EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ARMAS

         

Siempre he pensado que el mercado internacional armas entre los distintos Estados, aunque tenga por ello reconocimiento legal, al contrario de lo que ocurre con el llamado “mercado negro” armamentístico, resultaba tan inmoral y denigrante como el narcotráfico, sobre todo si tenemos en cuenta que este negocio enriquece a los países desarrollados y consume importantes recursos de los países del llamado Tercer Mundo que deberían destinarse a mejores fines.

Es por todo ello que me ha parecido de gran interés la lectura del documento El negocio de las armas en España publicado en Papeles “Cristianisme i Justícia” que edita la Fundación Espinal, vinculada a los jesuitas de Cataluña. Su autora, Tica Font, perteneciente al Centro de Estudios por la Paz Delàs y a la Asociación Justicia y Paz, nos ofrece datos y reflexiones ciertamente interesantes sobre el papel que desempeña España en este lucrativo y a la vez inmoral negocio. De entrada, sorprende saber que España ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de exportaciones armamentísticas (el 3 % del comercio internacional de armas es español) y que las ventas por este concepto, según datos de 2006, supusieron 845 millones de euros.

En cuanto al destino de la producción  armamentística española, según Tica  Font, el   43 % de la misma es adquirida por países en vías de desarrollo. También resulta importante señalar  que, en algunos casos, nuestros compradores son países con serios conflictos armados como Colombia o Israel, o con situaciones de tensión o inestabilidad interna (Filipinas, Indonesia, Sri Lanka), naciones donde no se respetan los derechos humanos (Kenia, Singapur o Thailandia) o países históricamente enfrentados, como ocurre con India y Pakistán.

Debemos tener en cuenta también que la venta de armas a otro Estado requiere autorización del Gobierno y se  regula por la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Aunque en el Preámbulo de dicha Ley se contempla por primera vez el compromiso del Gobierno de “presentar al Parlamento una información completa y detallada” sobre este tipo de exportaciones, y que el artículo 16 alude al control parlamentario que se debe ejercer sobre las mismas, en la práctica existe una gran opacidad  dado que este tipo de exportaciones se considera “información clasificada” conforme a la Ley de Secretos Oficiales. Por ello, las actas de las reuniones donde se decide conceder (o no) a una empresa española la autorización para exportar armas son secretas, no se recoge información sobre los tipos concretos de armas a vender ni la finalidad de las mismas. Este secretismo, además de quedar “justificado” mediante la aplicación de la referida Ley, responde al deseo expreso de los compradores que no quieren que sus potenciales adversarios conozcan este tipo de datos.

Por otra parte, debemos recordar que, según el Reglamento nº 1334/2000 de la Unión Europea (UE), se establecen unas normas de conducta obligatorias para todos los estados miembros como que no se deben vender armas a países sancionados, políticamente inestables, en conflicto armado, que vulneren los derechos humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un nivel de bienestar precario, aspectos éstos que, para el caso de España,  se han incorporado a la citada Ley 53/2007 en cuyo Preámbulo se hace una mención expresa a que, siendo coherentes con  los compromisos asumidos por España en materia de Derecho Internacional, se debe garantizar, por ley, “que dichas exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos, no aviven los conflictos armados ni contribuyan de forma significativa a la pobreza”. Pero, al margen de esta declaración ética de intenciones, lo cierto es que España vende armas a países que incumplen los supuestos anteriores tales como Turquía, Arabia Saudí, Marruecos, Ecuador, India, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Singapur, Thailandia, Sri Lanka, Angola, Ghana, Pakistán o Kenia.

No cabe duda que la ventas de armas, además del negocio consiguiente, son un instrumento más de la política exterior de los países productores. Resulta evidente que las relaciones entre compradores y vendedores de armas articulan alianzas políticas y sirven también para aumentar la influencia de determinados países en zonas geoestratégicas sensibles, tal y como ocurre en Oriente Medio. Un dato significativo: los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., Rusia, Reino Unido, Francia y China) encargados de velar por la paz mundial y evitar los conflictos armados en la esfera internacional, controlan el 76 % del comercio mundial de armas, lo cual es toda una flagrante contradicción con los objetivos y principios por los que se debe esforzar la ONU y su Consejo de Seguridad.

Unas reflexiones finales relacionadas con nuestro país. España ha vendido armas en estos últimos años a algunos de los países más pobres del mundo como Burkina Faso, Angola, Kenia o Mauritania; se ha incumplido el citado Código de Conducta de la UE al vender armas a países que destinan más recursos a gastos militares que al desarrollo humano, esto es, a sanidad y educación, como Turquía, Pakistán, Jordania, Ecuador, Brasil o Angola. Lo sorprendente es que algunos de los países citados reciben de España Ayuda Oficial al Desarrollo por lo que, como señala Tica Font, “primero hacemos negocio y después damos un poco para hacer aquello que el mismo gobierno de estos países no hace por falta de recursos: atender a las necesidades de las personas”.

Todos estos datos y reflexiones nos confirman en que, aunque se ampare en una normativa legal, el negocio mundial de armas resulta tan lucrativo como inmoral, aspectos éstos que cuestionan los principios de la ética, la justicia, la paz y la solidaridad que deben mover las relaciones internacionales, también en el caso de España, para con los países en vías de desarrollo o que sufren conflictos armados.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 21 agosto 2008)

 

LOS JINETES DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL (y II). LA REGRESIÓN DE DERECHOS Y CONDICIONES LABORALES

         

     La ola de pragmatismo impregnado de neoliberalismo económico defendida por la mayoría derechista de la UE ha calado, también, en diversos sectores de la izquierda. Así lo demuestra el caso del nuevo concepto de la "flexiseguridad" que, en síntesis, significa reducir en el mercado laboral los costes patronales para el despido de los trabajadores a cambio de un mayor sistema (público) de protección al desempleo.

     Esta idea, cuando menos inquietante ya que desregula las relaciones laborales, ha generado una cierta polémica en España dado que se alude a la flexiseguridad en la Ponencia Marco a debatir en el próximo 37 Congreso Federal del PSOE. Ante esta cuestión, la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, no puede permanecer impasible dadas las importantes consecuencias negativas que de ello se pueden derivar para los trabajadores. Recogiendo las reflexiones de Alfonso López, las cuales comparto plenamente, hay que decir que la flexiseguridad que se nos quiere vender como un modelo exitoso en los países nórdicos, debe ser cuestionada desde varios puntos de vista. En primer lugar, parte de una diferencia esencial ya que bajo ningún concepto se puede equiparar el Estado de Bienestar existente en los países nórdicos, consolidado tras décadas de gobiernos socialdemócratas, con el incipiente modelo español, lo cual es un grave error de partida, inconsciente o intencionado por parte de quienes avalan en España la flexiseguridad.

     Es significativo que nada se dice sobre la financiación pública de este modelo que, si bien en los países nórdicos se fundamenta en una fuerte fiscalidad progresiva que lo dota de amplios recursos, no ocurriría lo mismo en España en donde se ha optado por una gradual rebaja de los tipos impositivos, cuyo más claro ejemplo ha sido la reciente supresión del impuesto de patrimonio, algo incomprensible desde posiciones de izquierdas.

     Resulta curioso el que, la aireada flexiseguridad a la que tantas "bondades" se le suponen, excluye en su aplicación a los "contratos blindados", los cuales quedarán al margen de la desregulación y de la movilidad laboral, entiéndase, de los despidos cada vez más baratos para los empresarios. Tampoco se tienen en cuenta los problemas que comportan para los trabajadores la pérdida de la estabilidad en el empleo como son la inseguridad, incertidumbre hacia el futuro, sensación de fracaso, etc. En síntesis, esta medida parece indicar que sólo beneficia a los empresarios que verían reducidos sus costes laborales y, en cambio, el Estado estaría obligado a asumir mayores cargas sociales sin tener la garantía de su plena solvencia económica a medio plazo.

     Otro jinete que amenaza nuestro horizonte laboral es la llamada Directiva del Tiempo de Trabajo aprobada el pasado 10 de junio por los ministros de Economía de la UE. Sólo hubo 5 países que se abstuvieron (España, Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría) y dos más que presentaron reservas (Portugal y Malta) lo cual nos indica que, al margen de la tramitación posterior en el Parlamento Europeo, los países más influyentes de la UE, a excepción de España, respaldan esta regresiva norma comunitaria.

     La iniciativa de tal polémica Directiva, tras cuatro años de negociaciones, ha sido aprobada, al sexto intento, por todos los gobiernos de la derecha europea junto con el apoyo del laborismo británico. Esta Directiva va a suponer la ampliación legal de la jornada laboral semanal: como norma general, en la UE será de 48 horas, como máximo. Pero, y he aquí el quiz de la cuestión, se autoriza a que, mediante acuerdos individuales entre el empresario y el trabajador, ésta pueda ser de hasta 60 horas, e incluso de 65 en el caso de las guardias médicas.

     Aunque se contempla que estos acuerdos individuales requieren un consentimiento por escrito del trabajador (renovable y con una validez de un año), también se podrán superar las jornadas de 60-65 horas si hay acuerdo entre los interlocutores sociales o así lo establezca un convenio colectivo. Igualmente grave es el hecho de que los contratos menores a 10 semanas no tendrán ninguna limitación de horas de trabajo o que los trabajadores cedidos por las ETTs no tendrán igualdad de trato ni derechos laborales hasta la 12ª semana de contrato.

     Esta grave regresión en la normativa laboral trunca un proceso de avances sociales y quiere convertir a la UE en un mero espacio económico en el cual se ignoran los derechos y valores que dan razón de ser a al Europa Social en la que creemos. De hecho, no es exagerado afirmar que la Directiva de Tiempo de Trabajo supone retroceder en este tema al s. XIX puesto que deja la jornada laboral al margen de la negociación colectiva, reduciéndola a un acuerdo individual empresario-trabajador en el cual el primero, al ser la parte más fuerte, siempre podrá imponer sus condiciones e intereses sin ninguna limitación legal. Además, esta Directiva hace difícil, por no decir imposible, la conciliación de la vida laboral y familiar y, además, supone una seria desprotección en materia de salud laboral.

     Ante estos jinetes que cabalgan hacia nosotros y amenazan los valores de la Europa Social que tanto ha costado construir, hay que reaccionar con firmeza. La izquierda política y sindical tiene que fijar posiciones claras, coherentes y, por ello, irrenunciables. Estas posiciones debemos defenderlas con tenaz convicción ante la creciente ofensiva de la globalización neoliberal, la cual supone un ataque frontal contra nuestros valores cívicos y contra los logros históricos y avances sociales conseguidos por el movimiento obrero en defensa de la clase trabajadora.

 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 17 julio 2008)

 

 

 

LOS JINETES DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL (I). LA DESREGULACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

         

     En estos últimos meses se ha ido extendiendo una sensación (real) de pesimismo sobre la situación económica, cuyas consecuencias parecen ser más agudas de las inicialmente previstas. Al principio de habló de "desaceleración" como consecuencia de varios factores (crisis inmobiliaria, subida alimentos y recursos energéticos, elevación tipos de interés), ahora se alude a la "estanflación" (inflación y estancamiento de la economía), de una crisis de duración y consecuencias todavía no calibradas.

     Asistimos, pues, a un panorama en el cual parecen galopar desaforados los nuevos jinetes de una amenazadora globalización neoliberal, impulsados en su frenética carrera por intereses exclusivamente economicistas y, por ello, carentes de los valores de justicia y solidaridad que conforman (y deben seguir haciéndolo) nuestro actual Estado de Bienestar. Estos jinetes se llaman "desregulación de los mercados financieros", "flexiseguridad" o las Directivas sobre tiempo de trabajo o política inmigratoria, la llamada "Directiva de la Vergüenza", aprobadas recientemente por la mayoría conservadora imperante en la Unión Europea (UE). A todo ello nos referiremos seguidamente.

     Es un hecho que el ciudadano percibe sensibles déficits democráticos en el funcionamiento de la UE ya que se habla mucho de la Europa de los capitales, poco de la Europa de los ciudadanos y casi nada de la Europa Social. El origen de esta situación es la pugna, no sólo económica sino también ideológica, entre dos modelos sociales contrapuestos: el capitalismo neoliberal angloamericano y el modelo europeo de Estado Social. Así, mientras el primero, defendido por la derecha política y económica, se basa en la existencia de mercados desregulados y con baja fiscalidad, paradigma de una liberalización cada vez más agresiva y global, el segundo, es el modelo clásico del Estado de Bienestar socialdemócrata, impulsor de una Europa Social cohesionada, de fuerte progresividad fiscal y con amplias prestaciones sociales.

     Ante esta confrontación, convertida en una auténtica guerra dogmática sobre el modelo económico y social para la Europa del s. XXI, Oskar Lafontaine, exdirigente del SPD y actual líder del nuevo partido alemán Die Linke (La Izquierda), señala en su libro El corazón late a la izquierda (Barcelona, Paidós, 2000), que la socialdemocracia debe dar una respuesta a la globalización neoliberal y, para ello, debe mantener "una voluntad activa de estructuración del Estado Social y de la política económica y no una adaptación pasiva ni la sumisión a los supuestos imperativos y estructuras de la economía liberal de mercado". Además, el socialismo debe mantener sus principios internacionalistas ya que, como señala Lafontaine, "la era socialdemócrata tocará efectivamente a su fin si no adquiere un nuevo fundamento en la lucha por la realización a escala mundial de la idea de Estado social".

     Dado que asistimos a un momento en que la política exterior viene determinada más por los inversores y especuladores internacionales que por los gobiernos elegidos democráticamente, la socialdemocracia debe esforzarse por lograr una regulación más intensa de los mercados financieros y, para ello, la clave es controlar la circulación de capital a corto plazo y evitar caer en el dogmatismo de la ideología monetarista preocupada solamente por la estabilidad de precios. En este sentido, hay que recordar que Lafontaine es un activo miembro de la Asociación por la Tasación sobre Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC), destacado grupo antiglobalización que, tomando como ejemplo las teorías de James Tobin, Premio Nobel de Economía en 1981, promueve iniciativas para el control democrático del sistema financiero mundial. En esta línea, es tarea de la socialdemocracia el impulsar una nueva política económica desde el Banco Central Europeo (BCE) que, superando el monetarismo, contribuya decididamente a los objetivos de la UE, tal y como se recogen en el artículo 2 del Tratado de Maastricht y que son: "potenciar un alto nivel de ocupación y un elevado índice de protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, un crecimiento constante y no inflacionario, un elevado grado de competitividad y convergencia de las economías, un elevado grado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, el aumento del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros". Para lograr todos estos objetivos de profundo contenido social, que superan con mucho al dogmatismo monetarista, el BCE no sólo debe implicarse en ello sino que, resulta imprescindible que éste tenga un mayor control democrático por parte de la UE y que tenga la obligación de rendir cuentas de su actuación ante el Parlamento Europeo.

     Preocupante resulta la infiltración de ideas neoliberales en el pensamiento socialista, como es el caso de la Tercera Vía de Blair o los "modernizadores" del SPD, con el riesgo de diluir las ideas y valores de la transformación social marxista en aras a un descafeinado social-liberalismo. Por ello, no me resisto a citar a Friedhelm Hengsbach, el cual nos advierte de esta deriva ideológica pues, "los socialdemócratas europeos se están dejando arrastrar por el delirio de lo nuevo, lo moderno, la adaptación y la flexibilidad. ¿Nuevo? ¿Frente a quién? ¿Moderno? ¿En qué sentido? ¿Adaptado? ¿A qué? ¿Flexible? ¿Por qué?. Estas preguntas reciben invariablemente como respuesta una letanía de referencias al cambio de las condiciones objetivas, a los cambios económicos y sociales, a la evolución económica cada vez más rápida, a las nuevas tecnologías, a la globalización acelerada. Todo esto se registra como fenómenos naturales o golpes del destino. No se les ocurre a los autores que podrían ser consecuencia de una política mal orientada y objeto de una modificación del rumbo político". Ciertamente, de no tener en cuenta las advertencias de Hengsbach, el primer caballo de Troya de la globalización neoliberal habrá entrado en nuestro pensamiento, condicionando nuestra vida, nuestras ideas y nuestro modelo de sociedad….y no es el único caballo de Troya que nos amenaza.

 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 16 julio 2008)