Economía global

LA LARGA NOCHE NEOLIBERAL

 

     La magnitud de la crisis global y sus consecuencias económicas, sociales y políticas han desbordado todas las previsiones iniciales desde que ésta se inició en el año 2007. Las crisis cíclicas son consustanciales al sistema capitalista, siempre las ha habido con mayor o menor intensidad, pero la que ahora padecemos se ha convertido en un auténtico tsunami que se está llevando por delante empleos, empresas y logros sociales, además de agrietar gravemente los muros del Estado de Bienestar. Es la victoria del neoliberalismo, el rostro más agresivo e insolidario del capitalismo del siglo XXI.

     Sin embargo, el embate neoliberal ya venía de lejos, desde las ideas de Friedrich Hayek y sobre todo, desde que en los años 80 se impusieron las políticas económicas implantadas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Los aspectos esenciales de lo que ahora sucede ya se señalaban en 1993 en el libro La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los 80, editado por el Instituto Sindical de Estudios vinculado a la Escuela “Julián Besteiro” de UGT. En el mismo, nueve economistas realizaban un análisis crítico del neoliberalismo, una ideología que, desde el final de la II Guerra Mundial, se fijó como objetivo “atacar las conquistas sociales del movimiento obrero”. En la presentación, José María Zufiaur, sindicalista histórico de la  UGT, nos ofrecía una síntesis de los cuatro rasgos que definen al neoliberalismo y que en la actualidad se vuelven a repetir con precisión milimétrica: la obsesión monetarista en política económica basada en el control de la inflación; invertir las condiciones del reparto y redistribución de la renta; denostar y desacreditar al sector  público y extender el mercado desregulado, así como el  ataque sistemático contra el sindicalismo de clase y los movimientos sociales alternativos. Cementémoslos brevemente.

     En primer lugar, priorizar la lucha contra la inflación oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo ha llevado a políticas económicas de “ajuste permanente”, y a que “a ese dios se  ha inmolado cualquier otra realidad”, en palabras de Juan Francisco Martín Seco, razón por la cual este economista considera como “falsas soluciones” las propuestas neoliberales de ajuste asumidas por algunos partidos socialdemócratas, también por el PSOE, basadas en restricciones presupuestarias, flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones salariales, reducción de los impuestos y privatizaciones de determinadas áreas del sector público.

     El segundo objetivo neoliberal consiste en invertir el sentido de la distribución la riqueza para favorecer el incremento de los beneficios empresariales en detrimento de los salarios: de hecho, en los últimos años, se ha reducido el porcentaje de participación de los salarios en el PIB a la vez que se incrementaba el correspondiente a los beneficios empresariales y a las rentas del capital.  Como señala el economista Jesús Albarracín, el objetivo del neoliberalismo es “restaurar el nivel de la tasa de beneficios” existente en las etapas de expansión económica y ello supone la imposición por parte del capital de medidas tales como “aceptar políticas de austeridad y ajuste: reducción de salarios reales, precarización del empleo, retroceso del Estado de Bienestar, aumento de la productividad con cargo al empleo, políticas monetarias y financieras restrictivas”. De este modo, recuperar las tasas de beneficio perdidas pasaba, para las posiciones neoliberales, por debilitar el Estado de Bienestar, combatir las políticas socialdemócratas y rechazar el keynesianismo, esto es, la intervención del Estado en la economía capitalista.

     Otro aspecto lamentable ha sido una regresión en el proceso de  redistribución  de rentas que se realiza mediante los impuestos y el gasto público.  De hecho, el neoliberalismo ha ido socavando la labor redistributiva que, con arreglo a criterios de justicia social, debe llevar a cabo el Estado de bienestar  mediante los impuestos (fiscalidad progresiva), y los gastos en inversiones públicas y en servicios sociales. Bien al contrario, los postulados neoliberales han defendido reformas fiscales conservadoras (rebajas de impuestos y exenciones fiscales) que alivian, sobre todo, a las rentas altas y a las del capital. De igual modo, se han fijado como objetivo el recorte de los servicios públicos y del gasto social, alegando que, con ello, se pretendía corregir el déficit público, un déficit que, paradójicamente, se había generado en muchas ocasiones por esas mismas rebajas fiscales o por la negativa a gravar adecuadamente a los grupos de mayores ingresos.

     El tercer pilar del neoliberalismo es el de  desacreditar todo lo público, esto es, las prestaciones y servicios públicos, la regulación estatal y la participación del sector público en la economía. En contraposición, presentan las privatizaciones y la extensión del mercado como un elemento progresista (la famosa “mano invisible” que autorregula los mercados, de la que hablaba Adam Smith). Así, cuando se alude al mercado libre, lo que en realidad se pretende en conseguir la total discrecionalidad para los grupos de poder que lo controlan y que prefieren una desregulación indiscriminada para mejor imponer sus intereses económicos y, para lograrlo, no debe de haber una sociedad civil organizada que les sirva de contrapeso.

     El cuarto aspecto del ideario neoliberal es su total rechazo hacia el sindicalismo de clase, presentando las posiciones sindicales como arcaicas y retrógradas, así como su frontal oposición a las políticas de concertación y pacto social propias del modelo socialdemócrata. De hecho, en caso de ofrecer la posibilidad de un “pacto social”, para el neoliberalismo y sus aliados, éste deja de ser, como en otros tiempos una salida progresista a la crisis, sino la búsqueda de una legitimación y respaldo sindical a las políticas neoliberales de ajuste, las cuales se presentan, además, como “las únicas posibles”. La firma  el pasado día 2 de febrero del Pacto Social y Económico, puede ser un buen ejemplo de ello: nunca podrá ser bueno un pacto que suponga, en la práctica, el retroceso de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y, desde este punto de vista, me uno a quienes opinan que la firma de este Pacto antisocial por parte de UGT y CC.OO. supone un grave error.

     Frente al capitalismo, “el reino de la injusticia y del despilfarro” en palabras de Jesús Albarracín, y en el contexto de la actual crisis global, este economista nos advierte que “cualquier política económica que quiera ser realmente de izquierdas, chocará con la oposición cerrada del capital, y, por lo tanto, exigirá un cambio en la correlación de fuerzas para imponerla”. Ello resulta especialmente urgente debido a la claudicación de la socialdemocracia ante la dictadura de los mercados imperante y al hecho de que muchas de estas políticas de ajuste de signo neoliberal, iniciadas por el Gobierno de Zapatero,  es de suponer (y de temer) que serán potenciadas por la derecha política y económica en el caso de que Rajoy alcance el poder en un próximo horizonte electoral.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 6 febrero 2011 y Diario de Teruel, 17 febrero 2011)

 

 

 

 

 

 

 

CRISIS Y OBJETIVOS DEL MILENIO

      

      La crisis global está sembrando la zozobra en el panorama económico, político y social del Primer Mundo, pero todavía afecta con mayor intensidad a los países en vías de desarrollo. Ejemplo de ello es lo que está sucediendo con el ambicioso ideal de justicia y progreso que recogía la Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2000, ratificada por 189 países, y que asumió el compromiso de erradicar el hambre en el mundo en el 2015. Y es que la crisis global está retardando, cuando no arruinando, el cumplimiento de la misma, tal y como se constató en la pasada Cumbre de revisión de los ODM celebrada en Nueva York los pasados días 20-22 de septiembre con la asistencia de los principales líderes políticos mundiales y en la cual se realizó un balance de los ODM a los diez años de su aprobación.

      Una lectura atenta del documento Podemos erradicar la pobreza en 2015 allí presentado, supone un detallado análisis de los avances, evolución y el futuro de los 8 puntales básicos sobre los que se sustentan los ODM y que son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; enseñanza primaria universal; igualdad de sexos; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA; frenar la pérdida de biodiversidad biológica y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Veamos algunos datos.

      En relación a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el objetivo más afectado por los efectos de la crisis global, se pretendía reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1 $ /día. Sin embargo, según numerosos informes, tras la crisis hay en el mundo 215 millones más de pobres y, al finalizar 2010, 64 millones más se sumarán a quienes ya viven en la pobreza. En la lucha contra el hambre, si en el 2007 había 830 millones de personas desnutridas, la crisis ha aumentado su número en otros 41 millones de hambrientos. De hecho, según Olivier de Schutter, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, actualmente hay 100 millones de desnutridos más que en el año 2000 cuando se adoptaron los ODM.

      En cuanto a lograr la enseñanza primaria universal, se pretendía que en el 2015 todos los niños y niñas de mundo fuesen “capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria” pero, a fecha de hoy, 70 millones de niños y niñas siguen sin escolarizar.

      La promoción de la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer ha tenido escasos avances, mientras que el objetivo de reducir la mortalidad infantil ha tenido mejores resultados pues ésta ha caído de 100 a 72 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Pero, aunque UNICEF reconoce que la mortalidad infantil se ha reducido 1/3 desde 1990, todavía mueren cada año 9 millones de niños menores de 5 años.

      Lo mismo podemos decir de la mejora de la salud materna: si el objetivo era reducir un 75 % su tasa de mortalidad, ésta se reduce de una forma muy lenta pues 350.000 mujeres mueren cada año por complicaciones durante el embarazo o el parto y un millón de niños se quedan huérfanos anualmente.

      En cuanto al combate contra el VIH/SIDA, si el objetivo en el 2010 era lograr el acceso universal al tratamiento del VIH, aunque éste se ha multiplicado por 10 en sólo 5 años en los países de renta baja y media, no debemos olvidar que esta enfermedad sigue causando 5.500 muertos cada día.

      En materia medioambiental, se pretendía “incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales”, así como “frenar la pérdida de biodiversidad biológica”, se ha logrado que, desde 1990, 1.200 millones de personas han tenido el acceso al agua potable, pero todavía no disponen  de ella 884 millones y otros 2.600 carecen de servicios de saneamiento.

      Finalmente, el último objetivo tendente a fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo, uno de los más ambiciosos y al único al cual no se le han fijado plazos, también ha sido muy sensible a los efectos de la crisis. De este modo, la proporción de ayuda oficial al desarrollo sigue siendo del 0,31 %, muy por debajo del 0,7 %, acordado por la ONU y que sólo han alcanzado 5 países donantes. Además, muchos países, también España, han reducido los fondos de Ayuda al Desarrollo, cantidades actualmente muy inferiores a las fijadas por los ODM para 2010.

      La conclusión de todo ello resulta obvia: los ODM son alcanzables a pesar de que el progreso en cada uno de estos 8 objetivos no ha sido uniforme tal y como recogía el Boletín de la ONU de marzo de 2010 debido a tres causas: compromisos incumplidos, recursos inadecuados y falta de la necesaria atención y responsabilidad, achacables en parte a la crisis global. Consecuentemente, la ONU insta a todos los países firmantes a cumplir los compromisos de financiación asumidos para el desarrollo de los ODM dado que éstos han quedado en papel mojado tanto por parte de los estados firmantes como por los acuerdos aprobados en las cumbres del G-8 y del G-20.

       Tal vez sea el momento de desarrollar estrategias financieras innovadoras para logar los recursos que la crisis ha aminorado. Interesante resulta la propuesta del Presidente Zapatero de instaurar una tasa sobre las transacciones financieras internacionales,  la conocida como “tasa Tobin”, la cual se destinaría a luchar contra el hambre y la miseria en el mundo, propuesta que Sarkozy se ha comprometido a impulsar cuando en el 2011 Francia asuma la presidencia del G-8. Por su parte, el G-20, parece optar por una tasa sobre el transporte aéreo y marítimo destinada a tal fin.

      En este contexto, adquieren especial significado las palabras de Ban-Ki-Moon, secretario general de la ONU al señalar que “no podemos fallar a los miles de personas de que la comunidad internacional cumpla la promesa de la Declaración del Milenio para un mundo mejor”, máxime teniendo en cuenta que “nuestro mundo cuenta con los conocimientos y los recursos necesarios para alcanzar los ODM” a la vez que nos advierte que, “si fracasamos, las amenazas del mundo –inestabilidad, violencia, enfermedades endémicas, degradación del medio ambiente, aumento de la poblaciones desplazadas- se multiplicarán”, lo cual supondría un fracaso inaceptable a nivel moral y práctico. Y eso es lo que hay que evitar.

 

      José Ramón Villanueva Herrero

      (publicado en El Periódico de Aragón, 26 diciembre 2010)

LA BANCA ÉTICA, UNA ALTERNATIVA

     

     Tan preocupante como la creciente agresividad de los intereses especulativos financieros, de la cada vez más evidente “dictadura de los mercados” sobre los gobiernos democráticos a la hora de fijar sus respectivas políticas económicas para hacer frente a la crisis global, resulta la deriva ideológica y la falta de una alternativa convincente por parte de los partidos socialdemócratas. Y es que estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de nuestras políticas sociales, al  gradual e imparable deterioro, cuando no al desmantelamiento,  del Estado de Bienestar Social, el mayor logro de las políticas socialdemócratas, con la vana ilusión de “calmar” a los especuladores financieros, que cada vez exigen mayores sacrificios como si pretendieran hacer retroceder el reloj de la historia a las más negras etapas del siglo XIX por  lo que a los derechos laborales y sociales de los trabajadores se refiere.

     Mientras esto ocurre, la banca (privada) y sus intereses campan sin freno en medio del tsunami financiero que estamos sufriendo. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una banca pública estatal que sirviera, siquiera en parte, de dique de contención para que tanto los Estados como los ciudadanos pudiéramos hacer frente al embate insaciable de los mercados y facilitar a empresas y particulares créditos en mejores condiciones que las restrictivas, y en ocasiones abusivas, que ofrecen las entidades financieras privadas. Lamentablemente, por lo que a España se refiere, la banca pública fue desmantelada  en sucesivos procesos privatizadores  más que discutibles  lo cual ha creado un vacío  que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

     Así las cosas, se debería de recuperar la idea (imprescindible) en los programas económicos socialdemócratas de una nueva banca pública estatal. Igualmente, deberíamos de exigir una mayor implicación del Banco Central Europeo (BCE) a la hora de hacer frente a las maniobras especulativas que contra los Estados (en el caso de España es evidente) y también contra el euro están lanzando la creciente dictadura de los mercados. Tiempo atrás,  Tzvetan Todorov, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2008, ya nos advertía del peligro totalitario que se encerraba en las cada vez más poderosas políticas neoconservadoras, partidarias de un ultraliberalismo sin límites. De hecho, los acontecimientos recientes están confirmando los negros vaticinios de Todorov tanto en cuanto las políticas ultraliberales han puesto de rodillas a los estados democráticos convirtiéndose por ello en una auténtica amenaza para las sociedades democráticas por su excesiva “concentración de poder y por la limitación del bien común”,  unido a un  cierto “mesianismo” por parte de los mercados, como si éstos nunca pudieran equivocarse,  a la vez que la obsesión ultraliberal por supeditar todo al imperativo económico de lucro y beneficio sin límites.

     Ante esta situación, cada vez se hace más necesario impulsar las ideas de lo que ha dado en llamarse Banca Ética Ciudadana (BEC), un modelo alternativo de crédito que trata de rescatar el valor del dinero como instrumento de justicia y transformación social. Y es que la BEC, frente al precio de las cosas fijado por el mercado  a través de la oferta y la demanda, prioriza el valor social que debe tener el dinero, algo que siempre han despreciado los intereses del mercado.

     La alternativa que ofrece la BEC se sustenta en tres principios de gran calado ético. En primer lugar, considera que el crédito debe de estar al servicio de la justicia social, debe convertirse en un elemento transformador y, por ello, sus “clientes preferentes” serían: la cooperación al desarrollo de los países pobres, las acciones tendentes a la inserción social de colectivos en riesgo de exclusión (con intervenciones concretas en las necesidades de vivienda y trabajo, claves en todo proceso de inserción) y los proyectos de sensibilización medioambiental.

     En segundo lugar, la BEC se basa en el apoyo y participación de las redes sociales, en lo que algunos llaman “Tercer Sector”, esto es, las organizaciones de carácter no lucrativo comprometidas en luchar por un mundo más justo. De este modo, el eje central de esta nueva Banca Ética son las personas desfavorecidas y las personas que trabajan por ellas  y no la revalorización de las acciones o los dividendos.

     Finalmente, y como conclusión de lo anterior, la BEC se caracteriza por tener un carácter no lucrativo pero esta promoción mediante el crédito de sociedades más justas, no olvida por ello la necesidad de equilibrio entre ingresos y gastos, una gestión económica responsable o la inversión en modernización. Este es el camino emprendido por iniciativas como las de la Banca Popolare Etica en Italia, la Federación de Bancos Éticos y Alternativos o la Fets-Finançament Étic i Solidari en Cataluña.

     Poner coto a los desmanes de la dictadura de los mercados sobre nuestras vidas y haciendas es algo que compete a las políticas socialdemócratas y a los sindicatos de clase, y ello pasa por el restablecimiento de una Banca Pública, tanto a nivel estatal como de la Unión Europea, así como todas aquellas iniciativas que impulsen una Banca Ética Ciudadana socialmente responsable. Tal vez así recuperemos la esperanza como ciudadanos y los Estados la autonomía política y económica que les han arrebatado la dictadura de los mercados.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 6 diciembre 2010 y El Periódico de Aragón, 7 diciembre 2010)

MERCADOS FINANCIEROS Y SOCIALDEMOCRACIA

          

      Lejos quedan ya aquellos tiempos en que el crecimiento de la economía parecía imparable e ilimitado, cuando el PIB crecía año tras año, se reducía el paro hasta alcanzar mínimos históricos, cuando algunos países, España, aumentaron sus ingresos en tiempos de dorada bonanza, alcanzando, por vez primera, superávit en sus cuentas públicas. Pero todo esto pasó y ahora nos parece tan irreal como un lejano espejismo: llegó la crisis global y sus fatídicos efectos tuvieron consecuencias en la economía, la política y, también, en la vida de todos nosotros, los ciudadanos anónimos.

      Las causas de la crisis las conocemos de sobra: un mal día, la burbuja especulativa, alimentada durante años por los mercados financieros, explotó de forma estrepitosa y, con ello se produjo la crisis más profunda desde la Depresión de 1929. Más tarde, la crisis financiera se convirtió en crisis económica pues la falta de confianza, hizo que las entidades crediticias dejaron de prestar dinero a las empresas, a pesar de que los Estados se lanzaron al rescate de los bancos privados con ingentes cantidades de dinero público.

      Mientras tanto, la crisis hizo que los ingresos estatales procedentes de los impuestos se desplomaran: al haber menos trabajadores en activo, se redujeron los ingresos vía IRPF; al retraerse el consumo, descendió la recaudación por IVA y, al cerrar numerosas empresas, cayeron también los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades. Además, el déficit de las cuentas públicas se agudizó al dispararse los gastos sociales, en especial los destinados a los subsidios por desempleo.

      La situación se hizo angustiosa llegándose a elevados déficits que, como ocurre en España, superaron el 10 % del PIB. En la actualidad nos hallamos ante una paradoja indignante  puesto que los Estados, para financiar el déficit público, se vieron obligados a acudir a los mismos mercados financieros que habían provocado la crisis, a aquellos bancos que habían sido rescatados… para pedirles dinero prestado. De este modo, se emitieron títulos de deuda pública, los cuales se convirtieron ante las presiones especulativas de los mercados financieros, en un sustancioso negocio redondo para ellos y en una auténtica pesadilla para los endeudados Estados.

      Los mercados financieros han logrado imponer sus condiciones, fijando la política económica de los estados democráticos, y por ello, la voracidad insaciable de los mercados, parece habernos ganado la partida. Jugando con cartas marcadas, emitían alarmantes informes sobre la solvencia y riesgo del las economías nacionales para así subir los intereses de la deuda a países como Grecia, Portugal o España. De este modo, la deuda pública, en vez de ser la solución, se convirtió en una sangría insostenible para las haciendas estatales. Como señalaba Antoni Comín i Oliveres, diputado del PSC en el Parlament de Catalunya, “los mercados financieros se frotaban las manos viendo cómo los problemas fiscales de los mismos gobiernos que les habían rescatado se convertían en un suculento negocio: cuanto peor pinta tenían los países, cuanto más grave era su déficit, más alto eran los intereses de su deuda pública y más negocio podrían hacer los inversores que compraban esta deuda”. De este modo, los mercados financieros, carentes de toda ética, están logrando enormes beneficios, en unos momentos en que la crisis global se está enseñando con los sectores más débiles de nuestra sociedad. Además de los crecientes intereses obtenidos por la compra de deuda pública, no tenían escrúpulos en enriquecerse mediante las llamadas “operaciones a corto plazo o al descubierto”, esto es, la obtención de beneficios a costa de un activo que pierde valor.

      Esta situación obligó a todos los Gobiernos a recortar su gasto público para reducir su déficit y así “calmar” a los mercados financieros y evitar que los intereses de la deuda pública no colapsasen sus finanzas. Así pues, los mercados se han convertido en los amos y señores de nuestras vidas, y sobre todo de nuestras haciendas. Antoni Comín resumía esta situación con dramática claridad:“Ellos hacían y deshacían; ellos nos daban el trabajo y nos lo quitaban; ellos decidían las dimensiones de nuestro sistema de protección social; ellos hacían lo que querían… y los Gobiernos, fuesen de derechas, fuesen de izquierdas, tan sólo les quedaba ir a remolque; siempre desbordados y superados por las circunstancias…”.

      Ante esta auténtica dictadura de los mercados financieros, la socialdemocracia debe ofrecer una alternativa para, como decía Rodríguez Ibarra el pasado 22 de junio, hacer frente a “los sinvergüenzas que vencieron en las Bolsas a los Estados”. Pero para ello, ante el actual crisis, frente a los que desean refundar el capitalismo, pienso que lo que de verdad se necesita es una refundación de la socialdemocracia que la rearme ideológicamente para así recuperar con renovados bríos los viejos anhelos de la justicia redistributiva y para que deje de hacerle el trabajo sucio a la derecha al asumir unas políticas de duro ajuste neoliberal ajenas a la esencia y tradición del pensamiento socialista.

      En consecuencia, los Gobiernos socialistas, deben apostar por la inversión pública para reactivar la economía, la cual en vez financiarse con bonos de deuda pública por la cual hay que pagar luego elevados intereses, debería de hacerse mediante una firme y decidida apuesta por la aplicación inmediata de una fiscalidad progresiva propia de la tradición socialdemócrata. Y no sólo eso sino que también hay que avanzar en la implantación de un impuesto al sistema financiero (en Extremadura está vigente desde hace 12 años, y Alemania lo aprobó el pasado 25 de agosto), desarrollar una política fiscal común para toda la Unión Europea, acabar con los paraísos fiscales, prohibir las “operaciones al descubierto” con la deuda de los Estados, establecer un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales (la “tasa Tobin”) y también sobre los sueldos y los bonos que cobran los directivos de las entidades financieras o una más justa tributación para las SICAV.

      Resulta imprescindible la reforma y regulación a escala mundial de los mercados financieros para evitar que éstos vuelvan a cometer irresponsables maniobras especulativas, las cuales han provocado el actual desastre que todos estamos padeciendo…y pagando. La socialdemocracia debe dar la batalla éste es el camino para revitalizar los ideales y principios socialistas, para que éstos tengan una razón de ser en el futuro. De no asumir este reto, el tiempo histórico de la socialdemocracia se habrá cumplido trágicamente cerrando un ciclo y serán otras formas y alternativas de izquierda las que deberán continuar la defensa del permanente ideal de la justicia social.

 

      José Ramón Villanueva Herrero

      (publicado en Diario de Teruel, 29 de agosto de 2010)

EL RETO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

     Tal vez a estas alturas ya se haya convencido el primo de Rajoy de que el cambio climático es una seria amenaza para nuestro planeta. Resulta indudable que el aumento del volumen de los gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso y sobre todo CO²) es el responsable del aumento de la temperatura media de la Tierra y las consiguientes modificaciones  sobre el clima, todo lo cual está suponiendo un cambio rápido y profundo, el mayor desde las glaciación Würmiense, hace 10.000 años, y cuyas graves consecuencias ya las estamos empezando a percibir.

     Ante esta situación resulta evidente que el modelo económico y energético basado en los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) responsable del calentamiento del planeta debe ser reemplazado por otro alternativo y más respetuoso con el medio ambiente. Es por ello que cada vez adquieren más importancia las llamadas “energías limpias” como es el caso de la eólica o la solar, así como los biocombustibles. Me referiré seguidamente a estos últimos puesto que suponen una alternativa interesante al consumo de los combustibles fósiles tradicionales.

     Los biocombustibles más usados son el bioetanol (sustituto de la gasolina producido a partir de almidones o azúcares de maíz, trigo, caña de azúcar o remolacha) y el biodiésel, obtenido a partir de algunas plantas oleaginosas (aceite de colza, girasol o de palma). En este contexto, debemos hacer mención al Plan de Acción sobre el Clima y las energías renovables elaborado por la Comisión Europea en enero de 2008. Dicho Plan recoge un conjunto de medidas encaminadas a luchar contra el cambio climático para después del 2012, fecha en la que expira el actual Protocolo de Kyoto. Entre dichas medidas, se propone el que para el 2020 la Unión Europea (UE) debería de consumir en transporte un 10 % de biocombustibles, siempre que su producción sea sostenible (en la actualidad, apenas cubre el 1% del consumo total).

     Digamos igualmente que, según los estudios existentes, las tierras de cultivo de la UE apenas tienen capacidad para producir la mitad de la cantidad prevista en el objetivo del 2020. En consecuencia, la UE necesitará importar ingentes cantidades de biocombustibles, especialmente procedentes de Malasia e Indonesia (proveedores de caña de azúcar y aceite de palma) y también del Brasil, principal productor de bioetanol.

     La creciente demanda de biocombustibles ha supuesto algunas ventajas para los países productores pues ello ha estimulado a sectores agrícolas estancados además de crear empleo en el campo. Así, por ejemplo, en Brasil se fundó en el 2005 la primera cooperativa de biocombustibles que, con métodos agrícolas sostenibles, ha mejorado las condiciones de vida de en torno a 25.000 familias. Pero junto a todo esto, también es cierto que la cada vez mayor producción de biocombustibles es responsable de hasta el 30 % de la subida de los precios de los alimentos durante la crisis alimentaria del 2006-2008, durante la cual éstos se elevaron hasta en un 83 % con los consiguientes efectos devastadores para la población de muchos países en vías de desarrollo.

     Preocupante resulta igualmente la desenfrenada carrera desatada en estos últimos años en determinados países para convertirse en proveedores del sustancioso suministro del 10 % de biocombustibles para el transporte europeo del 2020. Y lo que es más grave: las presiones de las empresas productoras sobre las comunidades indígenas han hecho que, según la ONU, en torno a 60 millones de personas se hallan en peligro de ser desplazadas fuera de sus tierras para dedicar éstas a la producción de biocombustibles, tal y como está empezando a ocurrir en Tanzania o Indonesia.

     También debemos recordar que los biocombustibles, pese a su buena imagen, se producen con frecuencia a costa de la explotación de los trabajadores de los países pobres (bajos salarios, condiciones de trabajo miserables, forzados a comprar la comida y las medicinas en las plantaciones para las que trabajan a precios inflados, todo ello careciendo del derecho a organizarse y crear sindicatos para defenderse de semejante explotación), todo lo cual nos recuerda las dramáticas condiciones de vida de los obreros del salitre de Santa María de Iquique en el Chile de 1907, causa de la rebelión de éstos y la posterior represión y asesinato de casi 3.000 personas.

     A modo de conclusión, algunos expertos consideran que, en el fondo, las políticas de los países industrializados sobre biocombustibles no ofrecen medidas efectivas para combatir el cambio climático puesto que su impacto sobre la atmósfera es equilibrado pues el CO² que atrapan las plantas al crecer lo liberan posteriormente durante la combustión y sin embargo permite a los gobiernos de los países desarrollados el evadirse de tomar otras decisiones (difíciles y urgentes) sobre cómo reducir el elevado consumo energético. De hecho, el coste real de estas políticas puede suponer en algunos países del Tercer Mundo el profundizar la diferencia entre los países del opulento Norte y de los del Sur en vías de desarrollo, además del riesgo cierto de degradación medioambiental ante la deforestación de amplias zonas para dedicarlas a estos cultivos, como ahora está sucediendo en Indonesia.

     En consecuencia, la UE, como señala María Hidalgo Múgica, del Departamento de Campañas y Estudios de Interpón Oxfam, debería replantearse su política de biocombustibles eliminando la meta del 10 % y promoviendo las condiciones sociales y ambientales que permitan el uso sostenible de los biocombustibles. De este modo, no sólo se reduciría de forma efectiva la emisión de gases de efecto invernadero sino que también se ofrecerían oportunidades de desarrollo local y se podrían impulsar en los países productores una tecnología que les ayudase a reducir su dependencia del petróleo.

     Se trata de todo un reto para así evitar los efectos negativos de la opción por los biocombustibles y para que de éste modo, esta alternativa deje de ser una amenaza añadida al cúmulo de riesgos que sufren y padecen los países pobres.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 11 julio 2010)

 

LOS BANKOMUNALES: UN MODELO DE AUTOFINANCIACIÓN CREDITICIA

          

     Estamos viviendo un tiempo en el que el dogal de la crisis económica se cierra con fuerza sobre todos nosotros, un tiempo en que el “Mercado” se ha convertido en amo y señor de nuestros destinos y, postrados ante su supremo poder, parecen haberse rendido los gobiernos de todo signo político. Es como si se hubieran difuminado las ideologías, sobre todo las de signo socialdemócrata, renunciando con una fatal resignación a plantear una alternativa a la dictadura de los mercados y de los especuladores financieros, aunque ello suponga poner en peligro los logros del Estado de Bienestar que tanto ha costado conseguir (y consolidar) en las democracias occidentales.

     La crisis económica está derivando en una crisis social como lo prueba la creciente indignación de los trabajadores, empleados públicos, pensionistas y personas dependientes a los que se está haciendo pagar una crisis que no hemos generado. Este hecho es una enorme injusticia y resulta inaceptable si los sectores económicos financieros y empresariales no asumen de forma inmediata por medio de unas cargas fiscales progresivas adecuadas, su responsabilidad solidaria para salir de la profunda crisis en la que nos han sumido.

     Mientras el mundo desarrollado y muy especialmente la Unión Europea se debaten en esta crisis global (económica y de modelo productivo), leo con interés noticias procedentes de la República Bolivariana de Venezuela relativas a cómo las finanzas deben de estar al servicio de las personas, especialmente de los humildes, y no al revés como estamos acostumbrados a ver y padecer. Me refiero a la experiencia de los Bankomunales (con “k”), también llamados “Grupos de Autogestión  Financiera”, popularmente conocidos como BK.

     Los Bankomunales  están inspirados en las ideas del Premio Nobel Muhammad Yunus, creador de los microcréditos destinados a las mujeres de Bangla Desh por medio  del Grameen Bank. Y es que si las ideas y realizaciones prácticas de Yunus han demostrado que se pueden financiar a las poblaciones pobres del Tercer Mundo, los Bankomunales (BK), significan una forma concreta de autofinanciación para estas mismas comunidades. De hecho, se trata de pequeñas asociaciones formadas a partir de los capitales aportados por los propios socios con el fin de invertir y prestarse servicios de microinversiones, todo ello organizado de forma autogestionaria.

     La iniciativa de los BK ha alcanzado una gran pujanza en Venezuela a partir de la fundación del BK Banpeninsular en 1999. Éstos, surgieron a partir del impulso de la antropóloga Diana Vilera y de Salomón Raydán, filósofo y fundador de la Fundación de Financiamiento Rural (FUNDEFIR) a partir de  la idea de formar pequeños grupos de personas, geográfica y socialmente homogéneos, los cuales ponen sus ahorros en común con lo los que se constituye el capital inicial del BK, el cual se prestará posteriormente a sus miembros a cambio de un mínimo interés.

     Los BK están diseñados para actuar en tres niveles: el consumo, la generación de ingresos y la capitalización familiar. El objeto de los mismos es el de satisfacer las necesidades vitales de alimentos, medicinas, ropas y otros elementos del hogar para sus asociados, además de financiar a las pequeñas empresas familiares y enseñar técnicas de administración a sus miembros. Las posibilidades de las nuevas tecnologías también son aprovechadas por los BK y de hecho, en el presente año 2010, se está trabajando con objeto de compartir recursos en la red y de este modo crear un software de telefinanciación. En consecuencia, los BK, que actualmente son autónomos, pretenden ahora poner en marcha una gestión centralizada de los mismos utilizando sistemas informáticos.

     Dentro de los BK existe un triple sistema de calificación de los solicitantes de préstamos (niveles A, B y C) en función de la solvencia de éstos y de la prontitud para amortizar éstos. Existe, además, un tope máximo para las cuantías a prestar, la cual se debe devolver en 18 meses y, en caso contrario, la penalización de los pagos atrasados que puede llegar hasta el 12 %.

     En la actualidad existen centenares de BK en Venezuela, lo cual ha supuesto un éxito indudable en el proyecto de autofinanciación de las comunidades pobres y su ejemplo ha sido seguido por proyectos similares que se están ensayando en Bolivia, Brasil, Colombia, Senegal e incluso España.

     Un impulso decisivo para la expansión de los BK fue la aprobación en el año 2004 en Venezuela de una ley mediante la cual cada estudiante universitario debe dedicar 120 horas de su tiempo a trabajos comunitarios. De este modo, la Universidad de Oriente (UDO) no sólo creó su propio BK, sino que está desarrollando una importante labor social en este sentido al ofrecer a otros BK el apoyo y asesoramiento de los estudiantes de la Facultad de Administración, además de impartir cursos universitarios sobre microfinanzas, proyectos éstos a los que se ha unido más recientemente la Universidad de Caracas.

     Como señalaba Salomón Raydán, “el sistema bancario tradicional sólo es útil para más o menos el 20 %  de la población mundial, pero los demás también tienen necesidades financieras, aunque no tan sofisticadas como las de los bancos actuales”. De hecho, como señala Raydán, “Muhammad Yunus enseñó al mundo que nos pobres son financiables. Nosotros hemos demostrado que son auto-financiables”: para ello surgieron los BK, un proyecto alternativo y autogestionario de autofinanciación del crédito al cual algunos han dado en llamar “capitalismo de tercera generación” pues, tras los modelos propios de la era industrial y de la era financiera, se pretende ahora impulsar una nueva forma de gestión del capital crediticio más humana, incorporando la ética a la economía práctica financiera.

     Tal vez, el proyecto de los BK esbozado en Venezuela, se consolide como una alternativa humana y justa ante la actual voracidad que el capitalismo financiero supone y que, como consecuencia de la crisis global, está socavando los cimientos de nuestra economía y los principios y valores de nuestra sociedad. Ciertamente, se trata de una idea de gran interés en los convulsos y cambiantes tiempos que nos ha tocado vivir.

      José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 21 junio 2010 ; El Periódico de Aragón, 20 julio 2010)

 

 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

         

      Durante el año 2008, se produjo una fuerte crisis alimentaria que afectó a numerosos países del Tercer Mundo como consecuencia de la desmesurada subida del precio de los cereales. Es cierto que ello se debió en parte a la creciente demanda en algunos países emergentes como era el caso de China o India, pero la causa principal de dicha crisis alimentaria se hallaba, una vez más, en las políticas neoliberales y las especulaciones financieras: de hecho, el arroz, alimento básico en numerosos países del Sudeste Asiático llegó a subir, como consecuencia de un movimiento especulativo, su precio un 74 % en las cotizaciones de las Bolsas de Nueva York y Chicago, sin que a los especuladores les importase demasiado las repercusiones sociales que este hecho iba a tener para millones de personas.

      Otra causa de la crisis alimentaria fue la conversión en determinados países de amplias zonas, dedicadas hasta entonces al cultivo de alimentos básicos en áreas de producción de biocombustibles, especialmente bioetanol. Un dato significativo: según el Earth Policy Institute, se necesita la misma cantidad de cereal para llenar el depósito de combustible de un vehículo ecológico con 80 litros de bioetanol, que para alimentar a una persona durante un año.

Consecuencia de la crisis alimentaria fue el estallido de revueltas en más de 20 países del Tercer Mundo ante  la imparable subida de los alimentos básicos por las razones antes indicadas.

      La cuestión que subyace en el fondo de esta crisis es la nefasta política de liberalización de los mercados, también del de alimentos, impulsada desde hace años por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). A ello hay que añadir las acciones del Banco Mundial  para fomentar un tipo de agricultura de exportación en los países del Tercer Mundo al servicio de los gustos e intereses de las grandes cadenas de producción y distribución de alimentos de los países del Primer Mundo. Estas políticas ultraliberales han traído como consecuencia la total desregulación de los mercados internos de muchos de los países, como es el caso de América Latina,  como efecto la aplicación de diversos Tratados de Libre Comercio (TLC). De este modo, países como Colombia, Panamá, Chile, Honduras o El Salvador, se han visto obligados a realizar una agricultura dedicada exclusivamente a la exportación de determinados productos para los mercados occidentales a precios muy bajos puesto que sus agricultores tienen que competir de igual a igual (esta es la trampa de libre comercio) con las agriculturas mecanizadas y subsidiadas de los países más ricos, lo cual les obliga a producir a precios muy baratos a costa de las condiciones injustas en que se cultivan y comercializan estos productos desde el Tercer Mundo.

      Ejemplo de todo lo anterior sería el caso de Haití, el país más pobre de América y sobre el cual parecería que en su agitada historia se han desatado todas las maldiciones bíblicas, sobre todo tras el dramático terremoto del cual ha sido víctima en fechas recientes. Pues bien, Haití, que en los años 60 era prácticamente autosuficiente en arroz, elemento básico de la dieta del país antillano, tras la liberalización de los mercados agrarios fomentada por el FMI y el Banco Mundial, dejó de cultivar arroz para producir caña de azúcar con destino a la exportación. Ello supuso que Haití, de ser autosuficiente en arroz, pasó a verse obligado a importarlo en cantidades masivas (1,3 millones de toneladas entre 1997-2002), lo cual originó que en el 2008 se produjeran violentas revueltas tras la subida del precio del arroz ya que a la mayoría de la población haitiana le resultaba imposible alimentar a sus familias.

      Frente a esta situación, desde un punto de vista ético, resulta evidente que se debe considerar a la alimentación como un derecho universal que no puede dejarse en manos del mercado libre con el único objeto de lograr la máxima rentabilidad económica. De hecho, cada vez se habla con mayor frecuencia de construir una nueva alternativa más justa en la que prime la persona  sobre la economía, el derecho a la alimentación sobre la especulación y el negocio en torno a los alimentos esenciales: es lo que se conoce como la “soberanía alimentaria”.

La opción a favor de la soberanía alimentaria supone la defensa del derecho de los pueblos y de los países a definir por ellos mismos las políticas agroalimentarias y de producción de alimentos, de acuerdo con sus necesidades y dando siempre prioridad a la producción y al consumo local. La soberanía alimentaria significa igualmente dar prioridad a la producción agrícola local para alimentar a la población en vez de las políticas de exportación masiva impulsadas por el neoliberalismo, así como el acceso de los agricultores y los trabajadores rurales sin tierra (como es el caso del MST brasileño) a la tierra, al agua, las semillas y al crédito, sin olvidar el compromiso con una producción agrícola sostenible que respete el medio ambiente.

      En aras a un comercio justo entre las naciones, resulta imprescindible defender un modelo de intercambio agrícola centrado en los mercados locales, regionales y estatales, redimensionando el comercio internacional, pues los precios y la producción deben de ser regulados y orientados por las necesidades locales y no por las grandes multinacionales y, de este modo dar prioridad al desarrollo local, esto es, todo lo contrario a lo que pretenden los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Fomentar la soberanía alimentaria supone también apoyar un consumo alternativo y responsable, basado en valores éticos, como los defendidos por las opciones a favor del “comercio justo”, solidario con los excluidos (los campesinos pobres del Tercer Mundo) y con un firme compromiso ecológico que impida, por ejemplo, la deforestación de amplias zonas de selva.

      Ciertamente, la alimentación mundial, al igual que la economía, son temas demasiado importantes como para dejarlos en manos de un  neoliberalismo galopante carente de ética y sensibilidad social. Por ello, la soberanía alimentaria que es tanto como la capacidad de decidir por parte de los productores y también de los consumidores, supone un rechazo frontal a los injustos tratados de libre comercio que atenazan a los países del Tercer Mundo, a las políticas desreguladoras y ultraliberales del FMI, de la OMC o del Banco Mundial y, desde luego, una alternativa frente al poder de las grandes multinacionales que monopolizan la comercialización y distribución de alimentos a escala internacional. Todo un reto para los gobiernos progresistas y los ciudadanos comprometidos.

 

 

      José Ramón Villanueva Herrero

 

      (Diario de Teruel, 9 marzo 2010)

 

FARMACOCRACIA

         

     En fechas recientes fue noticia las declaraciones críticas que, con motivo de la campaña de vacunación contra la gripe A, hizo la doctora Teresa Forcades la cual es, también, monja benedictina y teóloga progresista. Entre otras cosas, la Hermana Teresa advertía, en medio del excesivo alarmismo generado en torno a esta pandemia, de que se desconocían sus efectos secundarios, así como de los grandes intereses económicos que tenían las industrias farmacéuticas en este tema, como era el caso de la comercialización del célebre Tamiflú de la empresa Roche.

      No era la primera vez que la Hna. Teresa Forcades advertía sobre los oscuros intereses que mueven a las grandes corporaciones farmacéuticas mundiales y los inmensos beneficios obtenidos por éstas. Así, en su documentada obra Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas (Edicions Cristianisme i Justícia, 2006), nos ofrece una imagen demoledora de las presiones y negocios de la industria farmacéutica a nivel mundial, hasta el punto de que ésta ha sido capaz de imponerse a las decisiones de los gobiernos, pudiéndose por ello hablar de una "farmacocracia" en determinados sectores de la política y la economía internacional que sufren, sobre todo, los países del Tercer Mundo y que en el caso de los Estados Unidos, el poder de las grandes compañías farmacéuticas las ha convertido en un sector tan estratégico para la economía americana como lo es el petrolífero.

      El extraordinario poder político y económico de las grandes compañías farmacéuticas se incrementó tras la aprobación por el Gobierno Reagan de la Ley de Extensión de Patentes (1984), también conocida como Ley Hatch-Waxman, y la posterior creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (1994) que, como señala la Hna. Teresa, tenía por objetivo "asegurar que la globalización no atentara contra los intereses del gran capital".

     Pese a que Médicos Sin Fronteras (MSF) lanzó una campaña internacional para el acceso a las medicinas esenciales a precios asequibles mediante la cual se permitía a determinados países como India, Brasil o Sudáfrica producir genéricos a precios muy bajos para combatir el SIDA en los países del Tercer Mundo, las presiones de la industria farmacéutica, que no estaba dispuesta a renunciar a los inmensos beneficios de sus patentes, truncaron el proceso. De hecho, en los últimos años se ha aumentado la protección sobre las patentes farmacéuticas mediante el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al Comercio (ADPIC) (1995), lo cual ha producido un brutal impacto en la comercialización de los antirretrovirales para combatir el SIDA, enfermedad que causa 3 millones de muertes/año en África. En consecuencia, y por imperativo de los acuerdos de la OMC, se obliga a que, desde 2005, la comercialización de todos los medicamentos esté sometida al sistema de patentes (aunque sus precios sean abusivos en el Tercer Mundo), impidiendo de éste modo la producción legal de genéricos mucho más baratos: en este sentido, Teresa Forcades alude a que los genéricos producidos en Brasil habían reducido su coste un 79 % o que un producto como el Fluconazol, destinado a combatir el SIDA, elaborado por la farmacéutica Pfizer costaba entre 14-25 euros, mientras que su genérico valía solamente 0, 75 euros. Por si esto fuera poco, las grandes compañías se negaron a comercializar en los países pobres los medicamentos que no les aportaban suficientes beneficios (sus márgenes brutos oscilan entre el 70-90 %): este fue el caso del retroviral Kaletra, que no necesitaba refrigeración lo cual lo hacía idóneo en los países del África Subsahariana, y que dejó de comercializarse porque la empresa Abbott lo consideró "poco rentable".

     La Hna. Teresa Forcades, que trabajó tres años como médico residente en el Hospital de Buffalo, la segunda ciudad más importante del Estado de Nueva York, es valiente al afirmar que el actual sistema de patentes farmacéuticas favorece los abusivos intereses de la industria a expensas del bien común, siendo especialmente injusto con los países subdesarrollados, los cuales deberían de estar exentos de las obligaciones ligadas a la propiedad intelectual, especialmente en el caso de los medicamentos esenciales, por todo lo cual resulta cada día más urgente avanzar hacia un nuevo y más justo sistema mundial de patentes.

     Otro de los aspectos importantes denunciados por la Hna. Teresa es cómo la investigación farmacéutica se guía exclusivamente en función del beneficio económico potencial a obtener. Tal es así que en un informe de MSF titulado Desequilibrio fatal (2001) para el estudio de las enfermedades olvidadas, se concluye que "las enfermedades que afectan principalmente a los pobres se investigan poco y las que afectan sólo a los pobres no se investigan nada". Es lo que se ha denominado "desequilibrio 10/90", esto es, que sólo el 10 % de la investigación sanitaria mundial está dedicada a enfermedades que afectan al 90 % de los enfermos del mundo (malaria, tuberculosis, enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana), enfermedad de Chagas, enfermedad de Buruli, dengue, leishmaniosis, lepra, filariasis, esquistosomiasis). Por el contrario, el 90 % de las investigaciones se dedican a otras "prioridades" mucho más rentables como los tratamientos de impotencia, obesidad e insomnio que afectan al 10 % de la población, esto es, al Primer Mundo. En este sentido, sólo con la píldora Viagra, comercializada por Pfizer, la principal compañía farmacéutica americana, ya en el año 2001 obtuvo unos beneficios anuales superiores a los 1.500 millones de dólares, cantidad que ha seguido aumentando y que convierte a la Viagra en el principal "blockbuster" (medicamento con un volumen de ventas superior a los 1.000 millones dólares/año) del mercado en Occidente.

     Por todo lo dicho, la estrategia farmacéutica de las grandes compañías se basaría en comercializar y hacer propaganda intensa de medicamentos inútiles, nocivos e incluso mortales como el antidepresivo Zoloft (de Pfizer), o los productos anticolesterol Lipoday, Chostat, Staltor (de Bayer) o los antiinflamatorios Vioxx (de Merck) o Bextra y Celebrex (de Pfizer), algunos de ellos ya retirados del mercado por sus nocivos efectos ; explotar al máximo los medicamentos (incluidos los esenciales) en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva; reducir las investigaciones de las enfermedades que afectan principalmente a los pobres porque no les resultan rentables y concentrarse en los problemas de las poblaciones de alto poder adquisitivo, aunque no se trate de "enfermedades", como es el caso de los medicamentos antienvejecimiento y, finalmente, forzar las legislaciones nacionales e internacionales a que favorezcan sus intereses, aunque sea a costa de la vida de miles de personas. En este sentido el lobby farmacéutico americano, agrupado en PhRMA, que controla el 60 % de las patentes de medicinas mundiales y los 50 medicamentos más vendidos, tiene un papel determinante y se convierte así en una auténtica "farmacocracia".

     Ante este panorama, la conclusión de Teresa Forcades supone todo un reto para la política y la defensa de una sanidad pública mundial verdaderamente solidaria con las necesidades del Tercer Mundo. Por ello, la industria farmacéutica y sus intereses económicos requieren de una urgente y más justa regulación política que priorice el bien común, esto es, el derecho universal a la salud y no sólo la búsqueda de una rentabilidad económica de unas compañías. Ciertamente, como nos recuerda Teresa Forcades, una monja benedictina, una doctora comprometida y valiente, resulta un deber moral y político el exigir un mayor control democrático y legislativo internacional que ponga fin a los abusos de la industria farmacéutica.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 13 diciembre 2009)