LOS JINETES DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL (y II). LA REGRESIÓN DE DERECHOS Y CONDICIONES LABORALES

         

     La ola de pragmatismo impregnado de neoliberalismo económico defendida por la mayoría derechista de la UE ha calado, también, en diversos sectores de la izquierda. Así lo demuestra el caso del nuevo concepto de la "flexiseguridad" que, en síntesis, significa reducir en el mercado laboral los costes patronales para el despido de los trabajadores a cambio de un mayor sistema (público) de protección al desempleo.

     Esta idea, cuando menos inquietante ya que desregula las relaciones laborales, ha generado una cierta polémica en España dado que se alude a la flexiseguridad en la Ponencia Marco a debatir en el próximo 37 Congreso Federal del PSOE. Ante esta cuestión, la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, no puede permanecer impasible dadas las importantes consecuencias negativas que de ello se pueden derivar para los trabajadores. Recogiendo las reflexiones de Alfonso López, las cuales comparto plenamente, hay que decir que la flexiseguridad que se nos quiere vender como un modelo exitoso en los países nórdicos, debe ser cuestionada desde varios puntos de vista. En primer lugar, parte de una diferencia esencial ya que bajo ningún concepto se puede equiparar el Estado de Bienestar existente en los países nórdicos, consolidado tras décadas de gobiernos socialdemócratas, con el incipiente modelo español, lo cual es un grave error de partida, inconsciente o intencionado por parte de quienes avalan en España la flexiseguridad.

     Es significativo que nada se dice sobre la financiación pública de este modelo que, si bien en los países nórdicos se fundamenta en una fuerte fiscalidad progresiva que lo dota de amplios recursos, no ocurriría lo mismo en España en donde se ha optado por una gradual rebaja de los tipos impositivos, cuyo más claro ejemplo ha sido la reciente supresión del impuesto de patrimonio, algo incomprensible desde posiciones de izquierdas.

     Resulta curioso el que, la aireada flexiseguridad a la que tantas "bondades" se le suponen, excluye en su aplicación a los "contratos blindados", los cuales quedarán al margen de la desregulación y de la movilidad laboral, entiéndase, de los despidos cada vez más baratos para los empresarios. Tampoco se tienen en cuenta los problemas que comportan para los trabajadores la pérdida de la estabilidad en el empleo como son la inseguridad, incertidumbre hacia el futuro, sensación de fracaso, etc. En síntesis, esta medida parece indicar que sólo beneficia a los empresarios que verían reducidos sus costes laborales y, en cambio, el Estado estaría obligado a asumir mayores cargas sociales sin tener la garantía de su plena solvencia económica a medio plazo.

     Otro jinete que amenaza nuestro horizonte laboral es la llamada Directiva del Tiempo de Trabajo aprobada el pasado 10 de junio por los ministros de Economía de la UE. Sólo hubo 5 países que se abstuvieron (España, Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría) y dos más que presentaron reservas (Portugal y Malta) lo cual nos indica que, al margen de la tramitación posterior en el Parlamento Europeo, los países más influyentes de la UE, a excepción de España, respaldan esta regresiva norma comunitaria.

     La iniciativa de tal polémica Directiva, tras cuatro años de negociaciones, ha sido aprobada, al sexto intento, por todos los gobiernos de la derecha europea junto con el apoyo del laborismo británico. Esta Directiva va a suponer la ampliación legal de la jornada laboral semanal: como norma general, en la UE será de 48 horas, como máximo. Pero, y he aquí el quiz de la cuestión, se autoriza a que, mediante acuerdos individuales entre el empresario y el trabajador, ésta pueda ser de hasta 60 horas, e incluso de 65 en el caso de las guardias médicas.

     Aunque se contempla que estos acuerdos individuales requieren un consentimiento por escrito del trabajador (renovable y con una validez de un año), también se podrán superar las jornadas de 60-65 horas si hay acuerdo entre los interlocutores sociales o así lo establezca un convenio colectivo. Igualmente grave es el hecho de que los contratos menores a 10 semanas no tendrán ninguna limitación de horas de trabajo o que los trabajadores cedidos por las ETTs no tendrán igualdad de trato ni derechos laborales hasta la 12ª semana de contrato.

     Esta grave regresión en la normativa laboral trunca un proceso de avances sociales y quiere convertir a la UE en un mero espacio económico en el cual se ignoran los derechos y valores que dan razón de ser a al Europa Social en la que creemos. De hecho, no es exagerado afirmar que la Directiva de Tiempo de Trabajo supone retroceder en este tema al s. XIX puesto que deja la jornada laboral al margen de la negociación colectiva, reduciéndola a un acuerdo individual empresario-trabajador en el cual el primero, al ser la parte más fuerte, siempre podrá imponer sus condiciones e intereses sin ninguna limitación legal. Además, esta Directiva hace difícil, por no decir imposible, la conciliación de la vida laboral y familiar y, además, supone una seria desprotección en materia de salud laboral.

     Ante estos jinetes que cabalgan hacia nosotros y amenazan los valores de la Europa Social que tanto ha costado construir, hay que reaccionar con firmeza. La izquierda política y sindical tiene que fijar posiciones claras, coherentes y, por ello, irrenunciables. Estas posiciones debemos defenderlas con tenaz convicción ante la creciente ofensiva de la globalización neoliberal, la cual supone un ataque frontal contra nuestros valores cívicos y contra los logros históricos y avances sociales conseguidos por el movimiento obrero en defensa de la clase trabajadora.

 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 17 julio 2008)