Memoria histórica

MEMORIA DEL OPROBIO: LOS VOLUNTARIOS DEL PRIMER DÍA

 

   Resulta sorprendente y, desde luego inaceptable, la actitud del actual Ayuntamiento de Zaragoza ante sus reiterados incumplimientos a la hora de aplicar la actual legislación en materia de memoria democrática. Ahí está su rechazo a depurar del callejero urbano de la capital aragonesa los nombres que honran a figuras vinculados, sin ningún género de dudas, a la exaltación y legitimación de la pasada dictadura franquista cual es el caso, entre otros, de Gonzalo Calamita Álvarez, Miguel Allue Salvador o del arzobispo Rigoberto Domenech Valls.

  Pero no sólo es preciso suprimir, por un elemental sentido democrático las denominaciones evocadoras de la pasada dictadura, sino que resulta también preciso revocar diversas menciones honoríficas que el Ayuntamiento de Zaragoza concedió durante el franquismo y una de ellas sería la concesión en 1943 de la Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza a los llamados “Voluntarios del primer día del Glorioso Movimiento Nacional”.

    La referida distinción pretendía premiar a todos aquellos voluntarios civiles que se unieron a los militares sublevados en Zaragoza contra el Gobierno legítimo de la Segunda República el 18 de julio de 1936. De este modo, como señala Ángel Alcalde Fernández en su excelente libro Lazos de sangre. Los apoyos sociales a la sublevación militar en Zaragoza. La Junta Recaudatoria Civil (2010), la corporación zaragozana distinguió a “la fuerza de choque con que contaron los militares golpistas para efectuar el asalto al Estado republicano” y que estaba compuesta por las bases juveniles de la CEDA, sus fascistizadas Juventudes de Acción Popular (JAP) y, sobre todo, por “las genuinamente fascistas de Falange Española y de las JONS, así como por parte de un reducido núcleo de requetés carlistas aragoneses”.

     La función de estos voluntarios del primer día, como señala Ángel Alcalde, era la de “ser fuerza de choque de la sublevación”, así como la de actuar como “un estímulo ideológico en el seno de las unidades militares entre las que fueron distribuidos”. Por otra parte, éstos voluntarios se establecieron en el Cuartel de Castillejos, uno de los puntos neurálgicos del golpe militar en la capital aragonesa, y según relata el diario El Noticiero en su edición del día 25 de julio de 1936, desde allí partían los voluntarios en sus expediciones, que no sólo eran “acciones de guerra”, sino que también actuaron ocupando diversos pueblos de la provincia a los que se extendió la sublevación, custodiando ayuntamientos, realizando patrullas, escoltando expediciones, además de efectuar cacheos y registros en las “barriadas rojas” con objeto, como señalaba dicho diario, de ir “extirpando focos peligrosos marxistas”, expresión inequívoca del papel desempeñado por estos voluntarios en la brutal represión sufrida por aquellos ciudadanos que se habían caracterizado por su lealtad al gobierno legítimo de la República.

    Ángel Alcalde señala cómo el Ayuntamiento de Zaragoza elaboró una lista de 414 nombres, listado recogido en las actas de la Comisión Gestora, en los cuales se anotaron los nombres de quienes, enterados de la concesión, habían presentado avales que demostraban que el 18 de julio “se habían presentado a colaborar en la sublevación”. Dicha concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad, tuvo lugar en 1943, siendo alcalde de la ciudad Francisco Caballero, cuando se cumplió el 7º aniversario del alzamiento militar, y de ello quedó testimonio, como señalaba también la historiadora Ángela Cenarro, en las actas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza del 15 de julio de 1943 y del 7 de agosto de 1944.

    Por su parte, Ángel Alcalde identifica “con seguridad” a una cincuentena de estos “voluntarios del primer día”. Por sectores, el más destacado es el de afines a Falange, entre los que se cita a Miguel Merino Ezquerro, Pedro Sainz Inglés, Orencio Citoler, Melchor Rocatallada, grupo en el cual habría que incluir igualmente a los componentes del falangista Sindicato Español Universitario (SEU), todos ellos muy jóvenes, como Ramón Martínez Berganza, el estudiante de medicina de 19 años Antonio Zubiri Vidal, a Guillermo Fatás Ojuel, que todavía no había cumplido los 18 años, o a Miguel París Plou, natural de Letux, que tan sólo tenía 16 años y que más tarde combatiría en la División Azul.

  También las JAP aportaron un contingente de jóvenes que se sumaron con entusiasmo a los golpistas, entre ellos, los hermanos Luis y Antonio Blasco del Cacho, Florencio Izuzquiza Galindo, o los también hermanos Agustín, Anselmo y Luis Loscertales Mercadal, hijos de uno de los militares golpistas sublevados en Zaragoza, el teniente coronel Anselmo Loscertales.

    En el referido listado, también hubo un recuerdo para algunos de los “camaradas caídos” en el frente durante la guerra como fue el caso de Baltasar Ostalé, Jesús Marina, o Fermín Ester Moneva, Lo mismo se hizo con Gerardo Oroquieta Arbiol, que se sumó al golpe con 18 años y que luego marchó a la División Azul, donde fue dado por muerto, aunque reapareció tiempo después tras haber estado cautivo en territorio soviético.

   Pero la referida medalla de plata no sólo se concedió a estos jóvenes fascistas o fascistizados, sino que también se hizo extensiva a otras personas adictas al alzamiento como fue el caso del crítico de arte Felipe Bernardos Pérez, del abogado falangista Fausto Jordana de Pozas, director comercial de Talleres Mercier o a Gustavo Freudental, fotógrafo y cónsul de la Alemania nazi en Zaragoza. En esta lista también figuran médicos como Carmelo Navarro Garriga o Mariano Vicente Carceller, el arquitecto Alejandro Allanegui Pérez, así como Raimundo Almudí y Ponce de Leon (propietario del cabaret Elíseos), el comerciante Felipe Lafuente Subirón, o José Luis Arantegui que en la posguerra llegaría a ascender a general de Caballería.

   Esta distinción, esta Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza a “los voluntarios del primer día del Glorioso Movimiento Nacional”, este anacronismo oprobioso carente de toda justificación en una sociedad democrática, y que incumple flagrantemente la vigente legislación en materia de memoria democrática, debería ser revocado de forma inmediata por el Ayuntamiento de Zaragoza sin dilación.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 11 mayo 2021)

 

EN MEMORIA DE MANUEL AZAÑA

 

   Si hay una figura política que personifica lo que supuso la experiencia democratizadora y progresista de la Segunda República es, sin duda, Manuel Azaña Díaz (1880-1940) de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 80 años. De él dijo Salvador de Madariaga que fue “el español de más talla que reveló la breve etapa republicana” y ello le lleva a definirlo como “el hombre de más valor en el nuevo régimen, sencillamente por su superioridad intelectual y moral”.

     Por su parte, Paul Preston destacaba los tres objetivos principales que inspiraron la acción política azañista: la modernización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado republicano mediante el impulso de una política laicista; la modernización del ejército, no sólo en sus aspectos técnicos sino, sobre todo, subordinándolo al poder civil del Gobierno para evitar el endémico (y nefasto) intervencionismo de los militares en la vida política y, por último, la necesidad de introducir la racionalidad y el diálogo en la vida política y parlamentaria, un anhelo del cual deberían tomar buena nota, también, nuestra actual clase política.

     Manuel Azaña, siendo Presidente del Consejo de Ministros durante el “bienio social-azañista” (1931-1933) impulsó importantes reformas educativas, militares y de profundo contenido social o estructural como la reforma agraria o el Estatuto de Cataluña, todo lo cual le granjeó tres poderosos (y peligrosos) enemigos: la Iglesia, unas derechas cada vez más fascistizadas y buena parte del Ejército.

    Durante el período de gobierno de derechas conocido como “Bienio Negro” (noviembre 1933 – febrero 1936), alejado momentáneamente del poder, Azaña volvió a la vida política de la mano de Izquierda Republicana, partido fundado en 1934 y que más tarde se integraría en el Frente Popular. Tras la histórica victoria electoral de éste del 16 de febrero de 1936, Azaña volvió de nuevo a la primera línea política, primero como Presidente de Gobierno y después como Presidente de la República. Para entonces, la crispación social y la radicalización política eran evidentes y, pese a ello, asumió el cargo “con el deseo de que haya sonado la hora de que los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros”, lo cual como los hechos demostraron pocos meses después, era una vana esperanza ante el endémico cainismo hispano del cual se lamentaba Antonio Machado.

     Así las cosas, el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la violencia desatada tras el inicio de la contienda, tanto por los rebeldes como por los revolucionarios, sobrecogieron a Azaña. Para evitar esta delirante sangría, Azaña, realizó desesperados intentos para encontrar una solución conciliadora y negociada, confiando en la mediación de Francia y Gran Bretaña que pusiera fin a la guerra, pero todo fue en vano ante el bramido de las armas que desangraron a las tierras y a los hijos de España. La actitud de Azaña, al igual que le ocurrió a Indalecio Prieto, fue cada vez más pesimista ante el desarrollo de la contienda para las fuerzas leales, y contrastaba con la resolución y firmeza combativa del nuevo presidente de Gobierno, el socialista Juan Negrín, que optó por mantener   hasta el final su consigna de resistencia a ultranza por parte de la acosada República. Azaña se fue sumiendo en el desánimo y aun así, con una grandeza política que le honra, en su célebre y emotivo discurso pronunciado en Barcelona el 18 de julio de 1938, siendo consciente de que “nadie vence sobre compatriotas”, invocó la reconciliación entre las dos España enfrentadas y en la que, tras la previsible victoria de los rebeldes y la derrota de los leales, imploraba a todos los españoles enfrentados,  “el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón”, emotivo ruego que fue desoído tras la victoria franquista.

     Azaña cumplió con su obligación institucional como Presidente de una República agonizante declarando que ello significaba “la continuidad del Estado legítimo republicano, que encuentra en el presidente de la República, en el Gobierno responsable en funciones y en las Cortes los órganos supremos de su expresión representativa y de mando”. Siendo consciente de que la guerra estaba perdida, siguió intentando hasta el último momento la mediación franco-británica con el triple objetivo, como señala Santos Juliá, de lograr, una vez más de forma infructuosa,  una tregua inmediata que pusiera fin a las hostilidades, la designación de negociadores para la toma de posesión de todo el territorio nacional por el Gobierno franquista y la garantía de un trato humanitario para los vencidos, permitiéndose la evacuación de todas las personas y familias cuyas vidas corriesen peligro por “no ser toleradas por el nuevo régimen”, esto es, una paz sin represalias. No obstante, tras el avance de las fuerzas franquistas en Cataluña, el 6 de febrero de 1939 Azaña cruzó la frontera francesa y el 27 de ese mes, un día más tarde de que Francia y Gran Bretaña reconocieran al gobierno de Franco, dimitió como Presidente de la República.

     Pocos meses después se iniciaba la II Guerra Mundial, continuación en Europa de la misma lucha contra el fascismo que se había librado en España por parte de la República. Para entonces, su periplo por tierras francesas, acosado por los agentes franquistas que pretendían su detención y posterior traslado a España para ser juzgado y condenado como les ocurrió a otros dirigentes republicanos como Julián Zugazagoitia o Lluís Companys, concluyó en la ciudad de Montauban, donde pudo evitar la deportación al contar con la protección diplomática de Luis Rodríguez, el embajador de México ante el régimen de Vichy.

    Manuel Azaña murió en Montauban el 3 de noviembre de 1940. El mariscal Pétain prohibió que fuera enterrado con honores de Jefe de Estado así como que su féretro fuera cubierto con la bandera republicana, ante lo cual el embajador mexicano decidió que fuera enterrado con la bandera del país azteca y así se lo manifestó a las autoridades pétainistas señalando que a Azaña “lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio; para los republicanos una esperanza, y para ustedes, una dolorosa lección”. Ahora, 80 años después, Manuel Azaña sigue reposando en tierras francesas, al igual que Juan Negrín o Antonio Machado: los tres representan lo mejor del ideal transformador y cultural que supuso la II República española, tres ejemplos de compromiso político y lucidez intelectual, siempre presentes en nuestra historia y memoria democrática.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 noviembre 2020)

 

MAUTHAUSEN EN LA MEMORIA, SIEMPRE

 

     En estas fechas se conmemora el 75º aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis y, por ello, es un momento oportuno para recordar (y reparar) la memoria de los republicanos españoles que allí fueron deportados y muchos de ellos, asesinados.

   Derrotada la España leal a la República en 1939, miles de republicanos se refugiaron en Francia, pero un año después cayeron en manos de las tropas hitlerianas cuando estas ocuparon dicho país en mayo de 1940. Los prisioneros republicanos españoles quedaron a la espera de que el gobierno de Franco indicase a sus amigos nazis qué se debía de hacer con ellos. El dictador decidió abandonar a su suerte a estos compatriotas nuestros y, desposeyéndolos de la nacionalidad española, quedaron convertidos en apátridas. Su dramático destino quedó sellado en la entrevista de Ramón Serrano Suñer  con Hitler del 25 de septiembre de 1940 en Berlín. En ella, el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, acordó la entrega de los republicanos españoles a la Gestapo para ser deportados a los campos de concentración donde debían realizar trabajos forzados hasta el límite de sus fuerzas. Mariano Constante recordaba la indignación que produjo entre los presos republicanos este hecho puesto que “hemos descubierto que Franco les dijo [a los nazis] que no quería que ningún español saliera vivo y también quería que nos explotaran trabajando”. De la connivencia de las autoridades franquistas a la hora de consumar la tragedia, se ofrecen testimonios reveladores en el excelente documental “El convoy de los 927” de Montse Armengou.

   Posteriormente, los republicanos españoles, los llamados “rot-spanien” (rojos españoles) fueron deportados al campo de Mauthausen (Austria). Allí fue a parar el grueso de los más de 10.000 deportados, esto es, unos 7.000 compatriotas, de los cuales, 1.015 eran originarios de Aragón, como recordaba el historiador Juan Manuel Calvo Gascón. Otros grupos de “rot-spanien” fueron enviados a otros campos de de triste recuerdo: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Ravensbruck o el castillo de Hartheim, en donde fueron objeto de macabros experimentos y operaciones. En todos estos lugares, convertidos en auténticos infiernos de inhumanidad y violencia extrema, hallaron la muerte varios miles de republicanos españoles.

    El campo de concentración de Mauthausen se creó el 8 de agosto de 1938 y funcionó hasta el 5 de mayo de 1945 en que fue liberado por las tropas norteamericanas. Durante estos años, se estima que en Mauthausen y en su campo auxiliar de Güsen, fueron asesinadas o murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas y los trabajos forzados en torno a 150.000 personas. Por las mismas fechas en que nuestros compatriotas morían de agotamiento y enfermedades en la cantera de Mauthausen o con inyecciones de bencina en Güsen, el general Franco mantenía su delirio filonazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14 de febrero de 1942, afirmaba que, “si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían” para defender la capital del Reich. Sobran los comentarios.

   Durante décadas, un puñado de supervivientes españoles recordaba tanta barbarie reuniéndose cada año en Mauthausen bajo el digno tremolar de la bandera republicana, siendo especialmente destacable la labor desarrollada por la Asociación Amical Mauthausen para recuperar la memoria de esta trágica página de nuestra historia colectiva. Poco a poco, se han ido realizando en toda España homenajes y reconocimientos oficiales para recuperar la memoria y la dignificación de nuestros compatriotas republicanos deportados. Citemos, en el caso de Aragón, cómo, ya en el año 2002 el Gobierno de Aragón concedió a Mariano Constante la Medalla de Oro a los Valores Humanos, la cual se hacía extensiva “a los aragoneses que fueron víctimas de los campos de exterminio nazis”. Igualmente, algunos ayuntamientos, como es el caso de Calanda, Alcorisa, Fraga, Monzón o Sabiñánigo, entre otros, han recuperado la memoria de sus paisanos muertos en el holocausto nazi. Por su parte, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, en su artículo 6, reconoce la condición de víctimas a quienes “padecieron confinamiento, torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de concentración y exterminio europeos o bajo dominación fascista”, a la vez que contempla la necesidad de realizar homenajes en dichos campos (Disposición adicional séptima).

    Lamentablemente, este año, como consecuencia de la pandemia que padecemos, no habrá conmemoraciones institucionales de recuerdo en dicho campo, ni tampoco podrá realizarse el viaje de escolares aragoneses, organizado por Amical Mauthausen y el Gobierno de Aragón con motivo de los actos que iban a tener lugar entre el 8-10 de mayo en memoria de la liberación de Mauthausen. Sin embargo, en estos días recordamos, con especial emoción, la lección moral que su recuerdo supone: la reafirmación cívica en nuestros valores y la importancia de mantener viva la memoria democrática para convertirla en una lección moral. Estas reflexiones nos previenen ante cualquier rebrote de xenofobia racista o de fascismo que se pudieran incubar, como el huevo de la serpiente, en nuestra sociedad actual. Y es que la memoria histórica es, siempre, una memoria necesaria y será, siempre, un imperativo moral.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 mayo 2020)

 

 

LAS FOSAS DE LOS VENCIDOS, LAS FOSAS DE LOS VENCEDORES

 

     El pasado día 3 de marzo tuvieron lugar en Calatayud los actos del Día de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como se contempla en la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón. Especialmente emotivo resultó el homenaje a las víctimas asesinadas por el franquismo en el Barranco de La Bartolina, en aquel árido paraje, regado con tanta sangre inocente, recuerdo permanente del dolor y de trágica memoria para muchas familias de la comarca de Calatayud.

     Evocando estos sucesos, rasga el alma el comprobar, en los taludes del barranco, las señales, todavía visibles, dejadas por las palas excavadoras que, en el año 1999, destrozaron la fosa existente al trasladar los restos de los cuatro centenares de víctimas allí asesinadas al cercano vertedero de basuras, hoy sellado, algo que desgarra nuestra conciencia por la forma tan infame y humillante con que se pretendió ocultar los crímenes allí cometidos.

     Contemplando lo que fue la fosa del Barranco de La Bartolina es inevitable pensar en el doloroso contraste existente entre el tratamiento dado por el régimen franquista a la memoria y a las fosas de los fallecidos en las filas rebeldes durante la Guerra de España de 1936-1939 y el absoluto olvido y desprecio para con las de sus adversarios, de los españoles que defendieron y fueron leales al gobierno legítimo de la Segunda República, los cuales, fueron olvidados, despreciados, humillados y destruidos, al igual que sus fosas, tal y como ocurrió en Calatayud, también en período democrático, por la insensibilidad de cierta corporación local. Y es que el franquismo no sólo perpetuó durante toda su existencia la división social entre “vencedores” y “vencidos” que sobrevivieron a la contienda con las consecuencias que son de todos conocidas, sino que esta división, tan brutal como injusta, también se hizo extensiva a la condición y el trato que recibieron los muertos, las fosas comunes, bien fueran de “sus caídos” o bien fueran de las que siempre, de forma despectiva, se calificaban como “de los rojos”.

    Frente a este olvido y desprecio, del cual es ejemplo patente el Barranco de La Bartolina, contrastan lo que sucedió con “las otras fosas”, las de los caídos en combate en el bando sublevado, así como las de los asesinados en zona republicana, pues todas ellas fueron objeto de una intensa atención conmemorativa por parte del franquismo desde el primer momento. Y es que, el culto a los “caídos” fue siempre un elemento simbólico esencial para el régimen franquista. Así lo hacía constar el juez Baltasar Garzón en las Diligencias previas al procedimiento abreviado 399/2006 V, de 16 de octubre de 2008 al señalar que, “un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos  y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y recuperación de las víctimas caídas en la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto a los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado”. Y así fue, pues una vez terminada la guerra, mientras la España de los vencedores, la España franquista, se lanzó a lo que se ha dado en llamar una “perpetua orgía necrofílica”, lo cual se explica por el incesante movimiento de colocación de lápidas y monumentos funerarios, cambios de denominación de las vías públicas para mantener siempre presente el recuerdo “a los caídos”, a los combatientes franquistas y a sus gestas, mientras que la otra media España, la España de los vencidos, fue obligada a callar negándole,  incluso, que pudiera expresar su duelo por tanto dolor y muerte arrastrados en silencio.

    Y en este contexto, es donde hay que situar el tratamiento especial que dio el franquismo a “sus fosas”, a la vez que ignoraba totalmente la existencia de las fosas con víctimas republicanas. Es por ello que resulta muy esclarecedora la lectura atenta de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de abril de 1940, firmada por Ramón Serrano Suñer, en la que se dispone “que por los Ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista” (BOE del 5 de abril). En dicha Orden, y a diferencia de lo sucedido con las fosas de víctimas republicanas, se puede leer la total prioridad que se concede a las fosas de los “caídos” del bando rebelde, las cuales llegan a recibir la consideración de “tierra sagrada” al señalarse que, “el homenaje debido a nuestros mártires exige que, hasta tanto puedan ser recogidos dichos restos en el Panteón de los Caídos [entiéndase, en la obra del Valle de los Caídos cuya construcción se acababa de iniciar] se adopten con carácter provisional las medidas que aseguren el respeto de los expresados lugares, convirtiéndolos en tierra sagrada, bajo el cuidado de los Ayuntamientos”.

    Quedaba clara la voluntad de las autoridades franquistas por proteger y respetar aquellos lugares en donde existieran fosas con víctimas del bando rebelde hasta el momento en que fueran exhumados los restos de “sus caídos”, todo lo contrario, al abandono y desprecio en que quedaron sumidas aquellas otras fosas con víctimas del bando leal a la República. En consecuencia, según dicha Orden, los Ayuntamientos debían de “acotar y cerrar esos lugares en el fin de evitar posibles profanaciones, y que reúnan las precisas garantías de seguridad aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de personas asesinadas por los rojos, que no han sido identificadas o reclamadas por sus familiares” (art. 1º). Además de esta protección por parte de las autoridades municipales para con estas fosas, la referida Orden solicitaba de las autoridades eclesiásticas la concesión, al lugar acotado donde éstas se hallaban ubicadas, del carácter de “tierra sagrada”, en la misma forma que si se tratase de un cementerio municipal (art. 2º). Por otra parte, en aquellos casos en que el número de cadáveres fuera reducido, la Orden de 4 de abril de 1940 mandaba a los Ayuntamientos su traslado a una parcela designada para este exclusivo efecto en el respectivo Cementerio Municipal, haciéndose constar dicho traslado (art. 3º). Para todas estas labores de exhumación, se permitía igualmente el acceso a los terrenos de las fosas, sin que los propietarios de los terrenos tuviesen ningún derecho a indemnización o reclamación (art. 4º), a la vez que se instaba a los Ayuntamientos a que diesen cuenta a los Gobernadores civiles “en el término de ocho días, de haber iniciado las obras” a las que se refería la presente Orden (art. 5º).

     Como conclusión de todo ello se deduce que los restos de los llamados “mártires de la Cruzada” estuvieron en todo momento localizados por las autoridades locales, provinciales y nacionales para su posterior exhumación, tanto si eran reclamados por sus familiares, o bien para un futuro traslado de estos restos al panteón del Valle de los Caídos, tal y como ocurrió en este último caso en los años previos a 1959, fecha en la que el general Franco, con motivo del 20º aniversario de “la Victoria”, inauguró el faraónico panteón sito en Cuelgamuros y que, a fecha de hoy, sigue siendo una ofensa permanente a la memoria de los vencidos.

    Tras la exhumación, todo fueron facilidades para las familias de los combatientes fallecidos que apoyaron el golpe militar y, de este modo, la Ley de 16 de marzo de 1939, firmada por Franco, en cuyo artículo único  facultaba a los Ayuntamientos “para dispensar o reducir las exacciones municipales  que gravan las inhumaciones, exhumaciones o traslado de cadáveres víctimas de la barbarie roja o muerta en el frente” (sic), cuyos enterramientos se hubieran realizado “en lugares inadecuados”, lo cual suponía para sus familias exenciones del arbitrio de pompas fúnebres y de las tarifas y ordenanzas de los cementerios municipales.

    Igualmente, algunos de los “mártires de la Cruzada” podían ser inhumados en edificios religiosos, tal y como ya se recogía en la Orden de 31 de octubre de 1938 sobre enterramientos templos y criptas (BOE de 3 de noviembre). Para ello, sólo se requería dirigir una petición de inhumación al Ministerio de la Gobernación justificando documentalmente haber cumplido las prescripciones sanitarias vigentes, así como haber hecho previamente un donativo económico a las autoridades eclesiásticas “para que se invirtieran en la reconstrucción de los templos devastados”. De este modo, se lograba un enterramiento digno para quienes eran considerados “buenos cristianos y españoles”, mientras que la caridad cristiana ignoraba, una vez más, los terrenos en donde yacían los restos miles de republicanos asesinados.

     Pasaron muchos años, interminables décadas de silencio y dolor sobre las fosas de los vencidos, pero, recuperada la democracia, la justicia reparadora va abriéndose camino, de forma lenta, pero firme. Así, junto a la incesante y meritoria labor de las asociaciones memorialistas, en la Ley 52/2007, conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, las fosas de víctimas republicanas fueron reconocidas como “de utilidad pública” (arts. 11 al 14). A partir de entonces, diversas asociaciones e instituciones realizaron labores de exhumación de las fosas republicanas dado que, según datos oficiales, a la altura del 2011, se tenía constancia de la existencia en España de, al menos, 1.203 fosas comunes con víctimas del franquismo. Igualmente, diversas comunidades autónomas legislaron sus propias normas en este ámbito de elemental justicia democrática y, de este modo, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, es un claro ejemplo y compromiso de ello.

   Todas estas reflexiones me producen el recuerdo del emotivo homenaje que tuvo lugar el pasado día 3 de marzo en el Barranco de La Bartolina, un lugar que, por razones de dignidad y de justicia reparadora, con arreglo a la citada Ley 14/2018, merece su consideración como Lugar de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como en su caso propuso ARICO y es voluntad del Gobierno de Aragón.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 15 marzo 2020)

 

 

AQUEL 25 DE FEBRERO

 

      La ciudad de Amsterdam siempre ha sido un ejemplo de libertad y tolerancia. Es por ello que, cuando en 1579 las entonces llamadas Provincias Unidas de los Países Bajos, esto es, la actual Holanda, lograron la independencia del dominio español, frente a la intolerancia religiosa imperante en tantos lugares, al quedar liberados del asfixiante dominio de la Inquisición, la nueva nación neerlandesa declaró que nadie sería allí perseguido por sus creencias religiosas.  Es por ello que allí encontraron refugio desde finales del s. XVI numerosos judíos sefardíes procedentes de España y de Portugal, comunidad cuyos fundadores fueron Jacob Israel Belmonte, Samuel Pallache o Jacob Tirado, contando entre sus miembros a prestigiosos médicos como David Nieto o Josef Bueno, así como con filósofos de la talla de Baruc Spinoza. Más tarde, durante la segunda mitad del s. XVII llegaron a Amsterdam grupos de judíos askenazíes huyendo de las persecuciones de que eran objeto en Polonia, Lituania y Ucrania. Tal es así que, como señalaba el historiador Cecil Roth, Amsterdam, la Venecia del Norte, pasó a ser conocida, también como “la Jerusalem holandesa” y, por ello, fue muy importante para la ciudad la aportación económica judía, la cual que favoreció la expansión comercial del imperio holandés, así como su desarrollo cultural. Por todo ello, aludían a Amsterdam como “mokum”, que en lengua yiddish quiere decir “lugar seguro”, una ciudad donde fueron acogidos, se integraron plenamente y prosperaron durante varios siglos.

      Pero todo cambió con el auge del totalitarismo nazi. Durante la II Guerra Mundial, el 10 de mayo de 1940 las tropas hitlerianas invadieron Holanda y, tras el brutal bombardeo de Rotterdam, el país capituló ante Alemania, que quedó sometido bajo las fuerzas de ocupación y la autoridad del Reichskommissar Arthur Seyss-Inquiart. Durante esta negra etapa de la historia, Holanda y, por supuesto, dejó de ser mokum, el lugar seguro para los 140.000 judíos residentes en el país. Bien pronto, en junio de 1940, los nazis empezaron a aplicar las primeras medidas antijudías y resulta destacable que, desde el primer momento, la población civil holandesa, se opuso a ellas a la vez que se solidarizaba con sus vecinos y amigos judíos con los que habían convivido desde siempre. Así, en noviembre de 1940, miles de estudiantes de la Universidad de Leiden y del Instituto Politécnico de Delf, protestaron por la destitución de todos los docentes judíos. A partir de finales de 1940 y principios de 1941 se incrementaron las medidas antisemitas de las autoridades nazis y de los colaboracionistas holandeses de Anton Mosset, cuyas milicias provocaban constantes altercados en el barrio judío (Jodenbuurt) destrozando comercios y maltratando a sus habitantes. En una ocasión, el 11 de febrero, los nazis holandeses se enfrentaron a un grupo de jóvenes judíos que salían de un gimnasio, desconociendo que éstos eran boxeadores y, en la pelea murió uno de los atacantes. La reacción de las autoridades hitlerianas no se hizo esperar: al día siguiente, el barrio judío quedó cerrado con alambradas y barreras y unos días después, el 22 y 23 de febrero, 427 jóvenes judíos fueron deportados a Buchenwald y Mauthausen donde morirían.

    Esta situación, los constantes ataques sufridos por los judíos en Amsterdam provocaron una gran indignación y el 25 de febrero estalla una huelga general: se produjo una paralización total de todos los transportes públicos y de otros servicios, de los astilleros, estibadores e industrias del acero, de las oficinas y muchos estudiantes de unieron a las movilizaciones dejando de ir a clase, lo que suponía un rechazo masivo a la ocupación nazi y al antisemitismo. La huelga se extendió rápidamente de forma espontánea y solidaria por otras ciudades holandesas como Haarlem o Utrech, teniendo un seguimiento masivo.

      Las autoridades alemanas estaban sorprendidas porque nunca se habían tenido que enfrentar a una huelga general como protesta por la aplicación de sus medidas antisemitas. Tras dos días de protestas, la reacción de las fuerzas nazis fue brutal: los huelguistas fueron obligados a volver al trabajo y varios centenares de ellos serían arrestados, condenados a largas penas de prisión y algunos de ellos fusilados.

      Es igualmente reseñable que las Iglesias católicas y reformadas holandesas alzaron su voz en protesta por el genocidio judío, lo cual desató la represión de los nazis contra éstas y, en particular, sobre todos los católicos de origen judío como fue el caso de Edith Stein, monja de origen judío convertida al catolicismo con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, que compartió el fatal destino de su pueblo en las cámaras de gas de Auschwitz.

      La huelga del 25 de febrero ha quedado marcada, para siempre, en la conciencia cívica y democrática de los holandeses, pues se ha convertido en una de las acciones de resistencia masiva en la lucha contra el nazismo y el antisemitismo. Cada año se conmemora el 25 de febrero ante el monumento al Dokwerker (el obrero estibador), ejemplo de la resistencia antinazi, como una forma de recordar que es esencial la defensa de la libertad y de los derechos humanos, especialmente en los momentos en que éstos resultan amenazados por la intolerancia y el fascismo.

     La huelga del 25 de febrero de 1941 no impidió el genocidio de la comunidad judía holandesa, víctima de las deportaciones masivas producidas a partir de 1942 con destino a los campos de la muerte, dado que las ¾ partes sería exterminada pues más de 104.000 de los mismos murieron durante la ocupación o fueron deportados a Auschwitz y Sobibor de donde nunca volvieron.

    Recorriendo Amsterdam, tan llena de vida, tolerancia y diversidad, visitando la sinagoga portuguesa-israelita, lo que fue el Jodenbuurt, o la emotiva visita a la casa de Ana Frank en Prinsengracht, 263, evoco aquel 25 de febrero, todo un ejemplo de dignidad cívica cuya memoria merece ser conocida y recordada.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 25 febrero 2020)

 

 

AUSCHWITZ EN LA MEMORIA

 

     El 27 de enero de 1945, hace hoy 75 años, el ejército soviético liberó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, exponente máximo de la barbarie criminal nazi, lugar donde fueron asesinadas en torno a 1.100.000 personas. El recuerdo de lo que supuso la tragedia sufrida en Auschwitz hizo que, tras el final de la II Guerra Mundial se establecieran unas nociones claves en torno a la memoria tales como el concepto mismo de memoria, la noción de víctima, el desarrollo de los derechos humanos, la cuestión de la culpabilidad alemana, la dimensión legal del recuerdo, el impulso de la idea de la justicia reparadora ante los crímenes contra la humanidad, entre ellos los genocidios, así como el inicio de la aplicación de la Justicia Penal Universal.

    Para recordar y educar a las nuevas generaciones sobre lo que supuso el Holocausto, la Shoah en hebreo, la ONU instauró en el año 2005 que el 27 de enero fuera declarado como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, como un llamamiento al “deber de memoria”, asumiendo así el sagrado compromiso de recordar aquella inmensa tragedia, como una reflexión de lo que supuso aquel pasado trágico y, también, como una lección permanente para el futuro de toda sociedad que pretenda regirse por los valores de la democracia, la tolerancia y el respeto a la diversidad de las personas que la conforman.

     En este deber de memoria resulta fundamental hacer frente a cualquier tipo de negacionismo, esa hidra venenosa de indisimuladas simpatías neofascistas que, frente a las aplastantes evidencias históricas, pretende minimizar, negar e incluso justificar el Holocausto, máxime en unos momentos en que el auge de la extrema derecha está convirtiéndose en una seria amenaza para nuestros valores y convivencia democrática, aupada por su perversa manipulación de temas tales como la migración o la xenofobia. Y es que, las sociedades democráticas debemos defendernos, desde la legalidad, contra la expansión de este tipo de actitudes indeseables y ello exige hacerles frente en todos los terrenos, la justicia y la educación incluidas.

     En materia legislativa, la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y en concreto de su artículo 607.2, aunque penaliza la incitación al genocidio, ha despenalizado la negación del mismo como consecuencia de la sentencia del 235/2007 del Tribunal Constitucional, lo cual, ciertamente, resulta un grave retroceso en estos tiempos de resurgir de los fascismos. De hecho, dicha sentencia, en opinión del magistrado del Tribunal Constitucional Pascual Sala, que en su momento emitió un voto particular, se fundamenta en la creencia errónea de que puede existir una negación “aséptica” del Holocausto, cuando la realidad demuestra que quien lo niega, continuará justificándolo o haciendo apología del mismo. Y es que, este negacionismo no es nunca un ejercicio académico fundado en la libertad de investigación histórica y expresión, es habitualmente un instrumento que sirve al fascismo y al antisemitismo puesto que quienes propagan la patraña de que el Holocausto no fue lo que dicen los historiadores y determinados tribunales, persiguen un propósito político y tienen una intención puramente racista que nada tiene que ver con las libertades públicas. Y es por ello que el negacionismo no debe ampararse en la libertad de expresión puesto que, como señala Alejandro Martínez Rodríguez, “hay interpretaciones de la historia que no se limitan a proponer otro punto de vista sobre los acontecimientos, sino que inciden en un ejercicio de olvido, son proyectos de negación y no sencillas relecturas subjetivas del pasado”. Y ello vale para analizar objetivamente todo tipo de genocidios, desde el sufrido por el pueblo armenio en 1915, el de los españoles leales a la República durante la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, o la dramática situación del pueblo palestino en la actualidad.

     La mejor forma de combatir el negacionismo es contar la verdad y, para ello, el papel de la educación resulta fundamental. En este sentido, tanto la Unión Europea, como la OSCE o la ONU insisten en la necesidad de realizar programas de educación sobre el Holocausto “para transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de combatir el odio y la intolerancia en todas sus formas” ya que no hay que trivializar el crecimiento de la xenofobia y el racismo en detalles tales como la encuesta elaborada en un ya lejano año 2008 por el Movimiento contra la Intolerancia según la cual el 15% de los adolescentes “echaría a los judíos de España”… aunque nunca hayan visto o conocido a ninguno, por puro prejuicio, o como las recientes postales navideñas enviadas por Vox Cádiz en las que ya no aparecía el rey (negro) Baltasar y todo ello nos recuerda, una vez más,  la necesidad de establecer una asignatura de Educación para la Ciudadanía en nuestro sistema educativo como eficaz dique contra estos prejuicios y actitudes.

     Por todo lo dicho, el Papa Juan Pablo II, natural de Polonia en donde tuvieron lugar los crímenes de Auschwitz, recordando estos hechos dijo: “Nadie puede pasar de largo ante la tragedia de la Shoah, aquel intento de acabar programadamente con todo pueblo se extiende como una sombra sobre Europa y el mundo entero; es un crimen que mancha para siempre la historia de la humanidad. Que sirva de advertencia para nuestros días y para el futuro: no hay que ceder ante las ideologías que justifican la posibilidad de pisotear la dignidad humana, basándose en la diversidad de raza, del color de la piel, de lengua o de religión”.  Todo un reto en estos tiempos convulsos pues, recordando a Marlene Dietrich cuando le preguntaron por qué era antifascista, ella declaró “simplemente, por decencia”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 enero 2020

 

EL ESPECTRO DEL REVISIONISMO HISTÓRICO

 

     Las recientes declaraciones del dirigente de Vox Javier Ortega Smith vejatorias contra la memoria de “Las 13 rosas”, llenas de perverso cinismo, son un ejemplo más de esa extrema derecha arrogante que agita con descaro el espectro del revisionismo histórico para ofrecernos una visión sesgada y falsa de nuestra historia.

    El revisionismo histórico, siempre vinculado a posiciones políticas de la ultraderecha, se inició en la Europa de posguerra y se caracteriza por una visión exculpatoria de la que supuso el nazismo, así como por minimizar la magnitud criminal del Holocausto, cuya misma existencia llega incluso a poner en cuestión: recordemos, por ejemplo, cuando hace unos años Jean Marie Le Pen aludió a las cámaras de gas como una “anécdota” de la II Guerra Mundial sin mayor importancia.  

     En el caso de España, el revisionismo histórico, como señalaba Jordi García Soler, se caracteriza por una abierta reivindicación del franquismo. De este modo, algunos historiadores, o mejor sería decir pseudohistoriadores, pretenden presentar al franquismo como un régimen autoritario, que no dictatorial, ocultando así el carácter fascista del mismo, un maquillaje intencionado de la dictadura mediante el cual ocultar los lados más negros, perversos y represivos del franquismo en la línea de los planteamientos expuestos en su día por el sociólogo Juan Linz. En este sentido, esta imagen “dulcificada” del régimen enlazaría con la idea de “apacible placidez” con la que se refería al franquismo Jaime Mayor Oreja, o la tan aireada “paz de Franco” de la que sienten nostalgia los sectores de la ultraderecha emergente de Vox o los contenidos de la página web de la Fundación Nacional Francisco Franco, tan contrarios a los valores democráticos y constitucionales.

     Otra de las ideas motrices del revisionismo militante y combativo es la de la visceral descalificación de lo que supuso la lucha antifranquista llevada a cabo desde posiciones políticas progresistas y de izquierdas. Y no sólo eso, sino que desde este revisionismo del que repetidamente han hecho gala, entre otros,  Pío Moa, César Vidal o Ricardo de la Cierva, pretende, además, cargar la responsabilidad de la Guerra de España de 1936-1939 no en quienes fueron sus inductores, los rebeldes golpistas, sino quienes fueron leales a la República, de ahí su empeño en considerar el inicio de la contienda en octubre de 1934, y no en el golpe militar de julio de 1936 auspiciado por militares felones contra la legalidad constitucional de la II República. Obviamente, el tema de la implacable represión franquista,  el régimen de terror instaurado por los rebeldes y que se prolongaría no sólo durante la guerra sino durante las cuatro largas décadas de la dictadura,  no figura en las páginas y en las prioridades de los revisionistas y, cuando lo hace, se alude a ella de forma tan hiriente como ofensiva: Ortega Smith declaró el 12 de abril pasado en Collado de Segura (Alicante) que los fusilamientos a que fueron sometidos los antifranquistas se realizaron “con amor”, mientras que el general retirado Manuel Fernández-Monzón se refirió a que el régimen condenó a muerte “a aquellos que se lo merecían”, minimizando tanto el volumen de las víctimas que  cuantificó “en no más de 3.000”,  Sin comentarios.

     En consecuencia, el revisionismo histórico hispano se basa no sólo en la aludida descalificación global del antifranquismo progresista y de izquierdas, sino, también en esa imagen dulcificada del franquismo, en una banalización de la dictadura de claro signo ideológico, a la vez que obvia cualquier crítica a los sectores políticos, económicos, culturales, religiosos o sociales que dieron apoyo a la dictadura o que, como mínimo, fueron muy complacientes con el régimen y del cual se beneficiaron.

     En este sentido, el resurgir de este revisionismo histórico en España es, en cierta medida, consecuencia de un grave error de nuestra democracia ya que, la tan excesivamente alabada y casi sacralizada Transición de la dictadura a la democracia, se basó en una amnistía política y en un ejercicio colectivo de desmemoria y amnesia ya que, pese a haber muerto el dictador, mucho de lo que política y sociológicamente supuso la larga dictadura franquista siguió latente, y lo sigue estando, en nuestra democracia y ello explica la arrogancia de este revisionismo filofranquista, el cual entraña, además,  un grave riesgo de intoxicación ideológica y de ahí el papel que estos temas están cobrando, tras la irrupción de Vox, en el tablero político español, o como está quedando patente por las campañas tendentes a impedir la exhumación del general Franco del Valle de los Caídos, toda una provocación para nuestra democracia y para el correcto cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

     Este es el panorama que pretenden presentar los revisionistas y sus entusiastas partidarios de la ultraderecha, aficionados últimamente al empleo de un lenguaje cada vez más bronco y ofensivo. Y es que este revisionismo histórico, demostrada su nula voluntad para plantear un enfoque crítico, honesto y veraz de la historia, nos ofrece a cambio una visión tendenciosa y sectaria de la misma, en la línea de lo que el historiador Alberto Reig Tapia calificaba, con acierto y de forma despectiva, como “historietografía”, un espectro perverso que, como demócratas, debemos siempre rechazar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 octubre 2019)

 

 

UN DICTADOR, DOS GENOCIDIOS

 

     Hasta ahora siempre se decía que el general Franco fue cómplice pasivo de la deportación de los republicanos españoles a los campos de exterminio nazis, pero Carlos Hernández de Miguel en su libro Los últimos españoles de Mauthausen. La Historia de nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices (2015), demuestra con pruebas documentales que “Franco fue el principal responsable de lo ocurrido. No fue un cómplice necesario, fue el instigador de todo”. Y es que su “relación privilegiada” con el Reich hitleriano la aprovechó para eliminar, como ya estaba haciendo en España de forma sistemática, a los que consideraba como “rojos peligrosos”, aquellos que habían sido capturados por el ejército alemán tras la invasión de Francia en 1940, los cuales, tras desposeerlos de la nacionalidad española, serían posteriormente deportados en condición de apátridas, sellando así su fatal destino con la mirada complaciente del dictador, la mayor parte de ellos en Mauthausen-Gusen. Según Carlos Hernández, la responsabilidad de Franco fue evidente puesto que “Hitler jamás habría deportado a un solo ciudadano español sin antes consultarlo con Franco”.

     Además de Franco, esta tragedia tiene otros culpables y verdugos y como tales deben pasar a la historia, en unos momentos en que en plena II Guerra Mundial, el régimen no ocultaba sus delirios filonazis. Este es el caso de Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores que, tras su visita a Berlín en octubre de 1940, permitió a los nazis la deportación de los republicanos españoles a los campos de la muerte, labor que continuaría Francisco Gómez Jordana, su sucesor al frente de la diplomacia franquista durante 1942-1944, ambos con la colaboración de destacadas figuras del régimen como el general Eugenio Espinosa de los Monteros, embajador en Berlín entre 1940-1941, el mismo que había firmado las sentencias de muerte de “Las Trece Rosas” en agosto de 1939,  o José María Doussinague Teixidor, Director General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores.

      Además del genocidio al que fueron sometidos los republicanos, dentro y fuera de España, Franco fue culpable del que se cometió contra la población judía sefardí, a la cual se negó a salvar de la barbarie nazi. Asì, Eduardo Martín de Pozuelo en su libro El Franquismo, cómplice del holocausto (2015), documenta algunos episodios desconocidos de la dictadura tales como que Franco recibió por parte de Alemania reiteradas ofertas para entregarle a los judíos de nacionalidad española durante los años 1942-1943, propuesta que les hubiera salvado de los campos de exterminio, la cual se mantuvo, incluso, tras la siniestra Conferencia de Wansee (20 enero 1942) en la que los jerarcas nazis acordaron la “Solución final del problema judío” que daría inicio al Holocausto. Martín de Pozuelo señala que, ante esta oferta ilimitada y continua en el tiempo, los nazis se sorprendieron de las continuas negativas del Gobierno franquista, el cual mostró una absoluta frialdad e indiferencia ante estos grupos de judíos que estaba en su mano salvar. Tal es así que el régimen, por medio de José María Doussinague, el principal interlocutor en esta materia entre franquistas y nazis, haciendo gala de un filonazismo rebosante y de un rabioso antisemitismo, le manifestó a Hans-Adolf von Moltke, el embajador alemán en Madrid, que “si los judíos son enemigos de Alemania, los judíos son por tanto enemigos de España”, remachando su negativa diciendo que, en caso de autorizarse la repatriación de estos judíos, “una vez en España, se pondrían al lado de los aliados, de las democracias y por lo tanto en contra de nuestro régimen”, lo cual suponía, como recordaba Martín de Pozuelo, “un claro alineamiento” del franquismo con las potencias del Eje, al margen de su pretendida neutralidad. En consecuencia, el embajador von Moltke informó el 23 de febrero de 1943 a Berlín de su conversación con Doussinague en la que éste le dijo claramente que “El Gobierno español ha decidido no permitir en ningún caso la vuelta a España a los españoles de raza judía que viven en territorios bajo jurisdicción alemana”.

     Pero la mezquindad del régimen fue todavía mayor si tenemos presente que, tras abandonarlos a su suerte, el franquismo pretendió apropiarse de los bienes de los judíos sefardíes españoles. Así, el 25 de marzo de 1943, el ministro Gómez Jordana remitió un Oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán solicitando su intervención ante las de ocupación germanas en Francia, Bélgica y Holanda para pedirles que “los bienes de los judíos españoles dejados atrás al salir de éstos países”, deberán “ser administrados por los cónsules españoles o representantes de España y tienen que quedarse en su posesión por tratarse de bienes de súbditos españoles y por lo tanto ser un bien nacional de España”.

    Posteriormente, la responsabilidad moral, política y criminal de Franco y su régimen con el Holocausto intentó ser maquillada por la meritoria labor humanitaria llevada a cabo por algunos diplomáticos españoles, siempre por iniciativa propia y contradiciendo las directrices oficiales que les instaban a “no interferir” en el genocidio judío, como fue el caso de los aragoneses Ángel Sanz Briz en Budapest, Sebastián Romero Radigales en Atenas, o el caso de Juan Palencia en Bulgaria, siendo éste último represaliado posteriormente por el régimen por conceder visados a judíos sin tener en cuenta su origen, actitud que justificó  “porque los estaban matando”.

     De lo que no cabe duda es que este es el trágico relato de cómo el franquismo fue el culpable y actor necesario de dos genocidios, el cometido contra los republicanos, dentro y fuera de España, y el del pueblo judío, dos hechos que le llenarán para siempre de oprobio y que siguen sin ser juzgados con arreglo a la legislación penal internacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 agosto 2019)