Política-España

LA TORMENTA DE VOX

 

     Las elecciones del 10 de noviembre han confirmado lo que las encuestas iban advirtiendo: el meteórico ascenso electoral de Vox, acaudillado por Santiago Abascal, que ha sabido captar el voto afín a la derecha extrema de indisimuladas nostalgias neofranquistas, así como el malestar de un sector de la ciudadanía, desafecta con la actual situación política y económica de España. De este modo, Vox se ha convertido en la tercera fuerza política a nivel nacional con el apoyo de 3.640.063 ciudadanos (15,09 % de los sufragios) y que, con sus 54 diputados, ha doblado su presencia en el Congreso de los Diputados.

      En Aragón también Vox ha sido el tercer partido más votado (118.461 papeletas, el 17% de los sufragios). Pese a ello, solamente ha revalidado el escaño por Zaragoza de Pedro Fernández Hernández, un político “cunero” que compatibiliza su acta de diputado con la concejalía que también ostenta en el Ayuntamiento de Madrid. Por otra parte, resulta significativo el que, mientras en las provincias de Teruel y Huesca sólo en unas pequeñas localidades ha sido el partido más votado, en el entorno de la ciudad de Zaragoza, en donde obtuvo el 19% de los votos, existen toda una serie de poblaciones en las que ha sido la lista más votada como La Muela (31%), La Joyosa (31%), María de Huerva (28%), Villanueva de Gállego (27%) o Alfajarín (26%).

    El indudable auge electoral de Vox se ha visto favorecido por una serie de circunstancias, entre ellas, la actitud pusilánime y complaciente del PP y de Ciudadanos, que necesitados de sus votos, no han tenido reparos en blanquear a esta extrema derecha emergente y a sus postulados más radicales y antidemocráticos, con tal de alcanzar cotas de poder en diversas instituciones autonómicas y municipales: ahí está el caso de la llegada a la alcaldía de Zaragoza de Jorge Azcón con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Además, temas como el conflicto catalán, que retroalimenta a los nacionalismos excluyentes de uno y otro signo, la exhumación del general Franco, la cuestión migratoria o la seguridad ciudadana, elevaron sus expectativas electorales ofreciendo una imagen de derecha autoritaria, machista, xenófoba y neofranquista que ha tenido un preocupante respaldo en las urnas.

     Posiblemente, muchos de los votantes de Vox no habrán leído las 25 páginas de su programa electoral que, bajo el título de “100 medidas para la España Viva”, condensan todos los planteamientos de claro signo anticonstitucional de este partido, cuya lectura resulta alarmante de lo que propugna la supuesta “alternativa patriótica” que enarbola Vox. Por todo ello, hoy resulta imprescindible, como ocurre en cualquier país democrático europeo, levantar un cordón sanitario que frene el crecimiento social e institucional de Vox. Y es que, como dijo Iván Espinosa de los Monteros, “Vox es la tormenta” … pero una tormenta que amenaza nuestra democracia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 noviembre 2019)

 

IDENTIDADES DUALES

 

     En plena ebullición del procès independentista en Cataluña, resurge de nuevo y con más fuerza que nunca, el eterno problema, nunca resuelto en nuestra historia reciente, de la articulación territorial de España. Somos hijos de nuestra historia y esta nunca fue fácil, y menos en este tema. En este sentido, pesa sobre nosotros la negra herencia del franquismo que, dada su longevidad e intransigencia, fue un factor determinante para desacreditar no sólo al nacionalismo español, fuera cual fuera la tendencia de éste, sino, también, la misma idea de España.

    Con esta pesada herencia, la Constitución de 1978 supuso un intento sincero de lograr la coexistencia entre un renovado nacionalismo español de signo democrático y los nacionalismos subestatales, especialmente en los casos de Euskadi y Cataluña. Tras varias décadas de legalidad constitucional, este tema sigue suscitando polémicas y desencuentros, incrementados en estos últimos años como consecuencia del procès independentista en Cataluña, una opción que, desde luego, resulta legítima y democrática siempre y cuando se encauce por vías legales y pacíficas.

    Pero, junto a esta confrontación entre nacionalismos de uno y otro signo, también se constata en el seno de la sociedad española y, por supuesto en la catalana, la existencia de lo que han dado en llamarse “identidades duales”, reflejo de sentimientos y lealtades dobles.  Este hecho, de evidentes consecuencia sociológicas y políticas, como señalaban Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), indica que una buena parte de los ciudadanos “no están dispuestos a asimilar la exclusividad de los discursos nacionalistas, ya sean españoles o subestatales” y son reflejo, por ello, de actitudes más plurales y respetuosas, algo que hoy resulta más necesario que nunca para romper con el desgarro social que se está produciendo en Cataluña.

     Las identidades duales o múltiples, son posibles tanto en cuanto se asume la idea de que la identidad española y la identidad catalana, vasca o la que representen cualquier otro nacionalismo subestatal, también en el caso aragonés, se consideran compatibles y no antagónicas. Ello significa la existencia de una ciudadanía abierta y plural caracterizada por un “doble patriotismo”, por una “lealtad dual”, la cual, como señalaban los autores antes citados, “combina diferentes grados de vinculación emocional” con España y con sus respectivas regiones o naciones existentes en su interior. Y más aún, cada vez se alude con mayor frecuencia a las “identidades triples” en nuestro mundo globalizado, aquellas que suponen una identificación con su territorio regional-nacional, con España y con Europa, avanzado así el concepto de “ciudadano europeo”. Es así como surge otra cuestión de capital importancia, la de las “ciudadanías compartidas”, las cuales, como señalaba Rafael Jorba, pueden acabar sustituyendo a las “soberanías compartidas” como el espacio apropiado de desarrollo y convivencia del Estado y las regiones-naciones que existen en el interior de los Estados plurinacionales, como es el caso de España.

    Estas ideas, aplicadas al caso de España, con el envite nacionalista de una y otra parte en alza, supondría que las identidades basadas en aspectos tales como la lengua, el origen étnico, la cultura y la historia propia y diferenciada, fueran menos importantes que el concepto de ciudadanía, tal y como ocurre en los países más avanzados de la Europa occidental. Es lo que Balfour y Quiroga califican como una especie de “segundo ciclo de secularización” en el que el paso de la religión al laicismo se ve sustituido por el paso de la nacionalidad a la ciudadanía. Este proceso secularizador se está llevando ya a cabo en la actualidad, en gran medida impulsado por la europeización y la globalización, aspectos éstos que, están socavando los viejos conceptos de soberanías nacionales, a lo cual habría igualmente que añadir el hecho de que la creciente movilidad geográfica y las corrientes migratorias están creando lo que los sociólogos denominan “nuevos niveles de identidad”.

    No obstante, la reivindicación de la legitimidad de las identidades duales, no se ha difundido tanto como debiera y, por ello, Borja de Riquer reprochaba a los historiadores, excepción hecha de casos como los de Josep Fontana o Julián Casanova, el que muchos de ellos “han hecho poco para avanzar hacia un nuevo concepto de ciudadanía democrática que parte de un conocimiento crítico del pasado y contemple la existencia de identidades diversas como algo normal y compatible”.

    Reivindicar el valor de las identidades duales, de las lealtades dobles, resulta ser un buen antídoto contra cualquier virus de exclusividad, enfrentamiento o rechazo de la diversidad que, con demasiada frecuencia incuban los nacionalismos de todo tipo y condición.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 octubre 2019)

 

 

VUELVE LA "RECONQUISTA"

 

     La impetuosa irrupción de Vox en el panorama político español ha supuesto el resurgir de una ultraderecha autoritaria, centralista, xenófoba, plagada de mensajes que creíamos superados tras cuatro décadas de democracia. Es por ello que el siempre lúcido Vicenç Navarro definía con acierto a Vox como un “partido de claras raíces franquistas, que está redefiniendo los parámetros de las derechas españolas” sobre todo, en dos aspectos claves: “un neoliberalismo sin tapujos” y “una defensa extrema y radical del Estado borbónico uninacional y radial” y, por ello, defensor de un nacionalismo españolista frontalmente hostil  hacia los nacionalismo periféricos, especialmente en el caso del catalán, lo cual ha propiciado, a su vez, la radicalización de éste último.

     Esta derecha intolerante que pretende apropiarse en exclusiva del concepto de España y de “lo español”, es incapaz de asimilar la realidad plurinacional hispana, así como la existencia de nuestra sociedad actual, cada vez más laica y multicultural. Los mensajes de Vox inquietan no sólo por su trasnochado (y peligroso) lenguaje, sino también por el eco que éstos tienen en sectores de la derecha sociológica de indisimuladas simpatías con el franquismo.

     En este contexto, el lenguaje se convierte en un arma política de agresión. Y, como ejemplo, ahí está el empleo por parte de Vox del concepto de “Reconquista”, una palabra de afiladas, el cual aparece con frecuencia en los mensajes de este paleoconservadurismo emergente. De este modo, cuando se alude a la “Reconquista” se está evocando, un largo período de luchas sangrientas que caracterizaron buena parte de la historia de España, no sólo por lo que a la Edad Media se refiere, sino, también, a épocas más recientes ya que el fascismo insurrecto en 1936 también pretendió “reconquistar” España a sangre y fuego a la que creían ver, supuestamente, apresada por las fuerzas de lo que ellos veían como la “anti España”: el laicismo republicano y el movimiento obrero. De hecho, el término de “Reconquista”, como señalaba Alejandro García Sanjuan, además de tener un claro sentido ideológico, se convierte en un “instrumento para transmitir ideas nacionalistas” ya que éste “es el pilar conceptual de la lectura nacionalcatólica de la historia de España”. Por todo ello, no son casuales los gestos que, con esta idea como telón de fondo ha evidenciado Vox, como por ejemplo el iniciar la pasada campaña a las elecciones generales del 28 de abril en un lugar de tanto simbolismo como es Covadonga.

    Tras este sesgo integrista, aquel que gritaba “¡Santiago y cierra España!”, estos mensajes de corte ultramontano, que algunos pretenden actualizar como “¡Santiago Abascal y cierra España!” laten también las posiciones islamófobas de Vox y su rechazo a la inmigración, Es por ello que resulta preocupante el demagógico empleo de la imagen de una supuesta “invasión” de España por parte de aquellos migrantes que, sumidos en la desesperación, huyendo de guerras varias y miserias diversas, arriban a nuestras costas. Parece pues que esta derecha extrema está afectada obsesivamente por lo que parecería ser un “síndrome 711”, en alusión a la invasión musulmana que tuvo lugar en dicho año, hechos éstos que, obviamente en absoluto resultan comparables.

     Y es que, tanto la derecha política como la historiografía conservadora española siempre han ignorado, cuando no despreciado, las aportaciones de las minorías musulmana y judía a la historia y la cultura hispana. Ejemplo de ello es la opinión del historiador Carlos Seco Serrano para quien la invasión del año 711 supuso “la pérdida de España”, la cual quedó, a partir de entonces, ocupada “por una raza y religión extranjera” y que, en rechazo de la misma, dio lugar, durante el espacio de ocho siglos, a la Reconquista cristiana, la cual, no lo olvidemos, trajo de la mano la Inquisición con lo que ello supuso: intolerancia religiosa, así como sufrimiento y muerte para infinidad de inocentes.

     El conservadurismo hispano se articuló desde siempre en torno a la contraposición entre lo que se entendía por las esencias políticas y religiosas de la “nación española” frente al “Islam”, idea que enlazaría con la tesis del “choque de civilizaciones” defendida por Huntington. De este modo, César Vidal aludía a “el otro” (musulmán o judío) frente al cual la España cristiana habría ido construyendo su identidad nacional. Esta corriente islamófoba de la derecha española que ahora retoma con renovados bríos Vox, tuvo un decidido abanderado en la figura de José María Aznar: ahí queda para la historia su discurso pronunciado en el Hudson Institute en septiembre de 2006 en el cual se lamentaba de que “ningún musulmán le había pedido perdón por haber invadido España durante ocho siglos”.

     La percepción del musulmán, del “moro” como “el otro”, como enemigo externo frente al cual se definía el “españolismo”, ha sido, como señalaban Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada: nación e identidad desde la transición (2007), “un elemento-clave del discurso castizo del nacionalismo español”, y esta es una imagen que se mantiene en la actualidad ya que, según dichos autores, “la idea de que España”, y no las Españas plurales y diversas, fue construida por los cristianos en su lucha contra los musulmanes perdura en la conciencia popular como “mito definitorio de la nación”.

     En la actualidad, la islamofobia, al igual que el tema de la supuesta “invasión” de inmigrantes, se ha convertido en temas recurrentes para las extremas derechas europeas, asuntos de los cuales ha tomado Vox buena nota, y le está reportando un cierto rédito electoral, lo cual resulta un peligroso riesgo para la convivencia democrática. Por todo ello, frente a los aires de una añorada “nueva Reconquista” que alienta Vox, de aires tan anacrónicos como reaccionarios, el camino más sensato y honesto, bien lo sabemos tras una historia tan agitada y trágica como es la de España, pasa por fomentar el respeto y la convivencia entre personas y culturas distintas, y ese es el mejor antídoto para hacer frente a cualquier síntoma de intolerancia xenófoba.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 septiembre 2019)

 

 

 

DEMOCRACIA DE NEGOCIACIÓN

 

     Estamos asistiendo, con la comprensible indignación ciudadana, a un lamentable y desesperante espectáculo protagonizado por nuestra clase política, incapaz de llevar a cabo unas negociaciones eficaces para lograr, tanto a nivel estatal como en el caso de algunas comunidades autónomas, los acuerdos que hagan posible las respectivas investiduras que den paso a la formación de los respectivos gobiernos.

    Sin duda, existe un grave déficit de cultura negociadora y, también, de lo que supone apostar por los gobiernos de coalición, como nos recordaba recientemente Cándido Marquesán en las páginas de este mismo periódico. Así las cosas, y ante esta realidad, tan evidente como lamentable, e insisto en ello, el catedrático de filosofía política Daniel Innerarity, en su reciente libro Política para perplejos (2018), ya apuntaba algunas claves que deberían tener en cuenta muchos de nuestros dirigentes políticos. De entrada, en un apartado titulado «Democracia de negociación», partía de la evidencia de que “buena parte de los principales problemas políticos a los que se enfrentan nuestras sociedades democráticas requieren instituciones y hábitos de negociación”. Es por ello que, si bien es cierto que hay problemas que se solucionan votando, otros, por su carácter más complejo y espinoso, “exigen algo más o algo diferente de lo que se consigue cuando una votación configura una mayoría”. En consecuencia, este tipo de problemas no se resuelven nunca plenamente si los reducimos a una votación “aritmética”, aunque se logre la mayoría, sino que requieren un esfuerzo y una voluntad integradora, voluntad que sólo se halla en los dirigentes de verdadera talla política, capaces de superar intereses personales o partidarios en aras al logro de un bien superior para el conjunto de la sociedad.

    Para hacer posible esa voluntad política integradora, resulta imprescindible, como señalaba Innerarity, “buscar espacios para la negociación discreta” para conformar, de forma negociada, “mayorías más inclusivas”, de las cuales dependerá, en última instancia, tanto la estabilidad institucional como la armonía de la convivencia ciudadana.

     Por todas estas razones resulta tan importante apostar de forma decidida y honesta por la cultura del pacto, por la búsqueda de acuerdos negociados sin barreras previas que los imposibiliten. Y es por ello que es tan importante reivindicar el pactismo y, frente a sus detractores, frente a quienes equiparan los pactos a la traición o la renuncia a determinados principios o ideales, debemos tener presente que “el lenguaje del pacto, la cooperación, el compromiso y la transacción no equivalen necesariamente a la conspiración de las élites contra la lógica democrática, sino, en determinadas ocasiones, y para ciertos temas, a procedimientos que permiten una mayor inclusibilidad democrática”.

    Dicho esto, la democracia inclusiva, interesante concepto a reivindicar, es la alternativa ante la evidente existencia de “una mínima capacidad de transacción por parte de los principales actores políticos”. Y, por ello, la democracia de negociación resulta imprescindible aplicarla no sólo a la hora de la conformación de gobiernos, sino, también, para encontrar una salida razonable y mayoritariamente aceptable para el conflicto territorial de Cataluña, el más grave problema político actual de la democracia española.

    Sobre el problema de Cataluña, Innerarity parte de una acertada valoración al señalar que “se han utilizado instrumentos inadecuados para los fines perseguidos, procedimientos de tipo mayoritario para resolver temas que requieren estrategias de negociación”. Y es que, a modo de reproche a ambas partes en conflicto, el Gobierno central y la Generalitat, manifiesto lo que es evidente: el conflicto catalán no era (ni es) “una cuestión de orden público ni judicial, pero tampoco algo que pudiera resolverse con una votación”, y se lamentaba de que ninguna de ambas partes apostase por “arbitrar otros procedimientos más inclusivos” ya que, “pensar que un referéndum cuyas condiciones no han sido pactadas, es capaz de definir un nuevo estatus político resulta tan ilusorio como creer que unas elecciones normales, que como mucho sirven para cambiar de Gobierno, iban a resolver un conflicto político cuya verdadera naturaleza no se quiere reconocer”. Por ello, Innerarity es claro y rotundo al afirmar que “la democracia mayoritaria es incapaz de conseguir lo que en el mejor de los casos se alcanza por medio de la democracia de negociación”.

    Reivindicando de nuevo en nuestra vida política el valor y la necesidad de la democracia de negociación, nuestro autor advierte a los escépticos de que, “a quien insiste en que este objetivo es muy difícil o imposible, habría que preguntarle si conoce algún milagro más probable” …. y ya sabemos que la política es el arte de lo posible fruto de una negociación pactada y no el campo de ilusorias milagrerías.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 julio 2019)

 

 

PATRIOTISMO REPUBLICANO

 

     De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a cómo las derechas españolistas, aprovechando la tensa situación política generada por el conflicto catalán, intentan monopolizar el sentimiento patriótico de una manera excluyente y como ariete político frente a sus adversarios, con un airear de banderas y voceríos patrioteros que a nada conducen.

     El añorado político vasco Mario Onaindía Natxiondo (1948-2003), en su libro La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustración (2002), nos ofrece algunas claves para distinguir el verdadero significado de los conceptos de “patriotismo” y “nacionalismo”, tan manidos como instrumentalizados con harta frecuencia. De entrada, Onaindía nos recordaba que la idea de “patria” procede del latín “terra patria”, el cual constituye “uno de los conceptos fundamentales de la tradición republicana”, entendiendo por tal su acepción latina, la “res publica”, esto es el bien común, concepto éste que, nos advierte, será tomado por el nacionalismo para otorgarle un sentido muy distinto. Aunque el lenguaje corriente considera sinónimos “patriotismo” y “nacionalismo”, éstos deben de diferenciarse ya que, “para los patriotas de inspiración republicana, el valor principal es la República y la forma libre que ésta permite, en cambio, los nacionalistas consideran que los valores primordiales son la unidad espiritual y cultural del pueblo, dejando en segundo término u olvidando totalmente la lealtad hacia las instituciones que garantizan las libertades”. En consecuencia, ello implica actitudes personales distintas ya que, mientras el patriotismo “trata de producir un tipo de ciudadano libre que tiene su esfera de seguridad garantizada por las leyes y por tanto trata de defenderlas porque constituyen una barrera que salvaguarda la seguridad individual”, el nacionalismo busca una cohesión social  que “genera un individuo que trata de fundirse con la comunidad, de manera acrítica y renunciando a su esfera de autonomía individual” un nacionalismo, además,  obsesionado con  la “exaltación estatal de la raza, la lengua y la historia”, esta última siempre concebida (y mitificada) a la medida de intereses políticos concretos. Frente a ello, para Onaindía, el auténtico patriotismo republicano “no necesita unidad cultural, moral o religiosa; exige otro tipo de unidad, la unidad política, sustentada por el nexo con la idea de República, que consiste en la defensa de la ley, que garantiza la libertad”. De este modo, el concepto de “patria” sería sinónimo de “república” (res publica) y esta, de “bien común”.

     En esta misma línea, Cicerón, en su Tratado de las leyes, ya diferenciaba entre la atracción que se siente hacia la tierra nativa, por ejemplo, la que mueve a Ulises a volver a su Ítaca, del sentimiento que experimenta el ciudadano hacia su patria, entendida ésta como las instituciones que garantizan su libertad, haya nacido o no en ella. Y es que, por encima de bandera o símbolos, como señalaba John Milton, la patria sería el lugar en donde una persona se siente libre. Esa misma idea de asociar el concepto de “patria” y de “libertad” lo hallamos también en Diderot, para quien el patriotismo es el afecto que el pueblo siente por su patria, entendida ésta no como la tierra natal, sino como una comunidad de hombres libres que viven juntos por el bien común. Estos mismos planteamientos son los que articulan el llamado “patriotismo constitucional” de Jünger Habermas, que considera a la patria como el lugar donde el ciudadano goza de libertad, allí donde existen unas instituciones y un marco legal que la garantizan. Ello excluye, de facto, todo tipo de patrioterismo propio de mentes e ideologías reaccionarias, tan proclives a apropiarse en exclusiva del concepto de “patria” tras vaciarlo de todos los valores de libertad, justicia y convivencia pacífica en la diversidad que le son propios.

     Por todo lo dicho, el patriotismo republicano  confronta con la actitud de quienes siempre han pretendido imponer su supuesto “patriotismo”,  más bien patrioterismo, por cualquier medio, incluso recurriendo a la violencia: por ello resultan tan rechazables y peligrosos quienes se sienten herederos de los que en el pasado quisieron edificar “su España” matando españoles a lo largo de nuestra agitada y sangrante historia, una reflexión que resulta especialmente oportuna en estos días en que se recuerda el 80º aniversario del final de la Guerra de España de 1936-1939.

     Tampoco responde a un auténtico espíritu patriótico abierto e integrador la posición de quienes quieren reafirmar la imagen de una España integrista a costa de negar la aportación a nuestra secular historia colectiva de las comunidades musulmanas o judías a las que la cultura hispánica tanto debe, así como  la de quienes hoy en día tampoco aceptan los valores positivos derivados de la inmigración y de la riqueza y diversidad que aporta a nuestra sociedad, cada vez más multicultural y multiétnica. Consecuentemente, resultan rechazables las evocaciones nostálgicas a Covadonga, a la Reconquista o a Lepanto, aireadas altaneramente por las derechas, evocaciones fuera de lugar en el marco del necesario patriotismo constitucional y democrático de tradición republicana que precisa nuestra sociedad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 abril 2019)

 

UN MAR DE BRAMIDOS Y CRISPACIÓN

 

     En pleno fragor pre-electoral, en estos días en que se recuerda el 80º aniversario de la triste muerte en el exilio de Antonio Machado, nos viene a la memoria aquellos versos del poeta cuando en su célebre «Retrato», aludía a “distinguir me paro las voces de los ecos”. Y es que estamos asistiendo a una agitada ola de bramidos, de visceralidad e insultos que nada construyen, que resquebrajan la convivencia y que ahogan las voces que consideramos necesario el saludable debate libre de ideas y alternativas políticas. Pero, recordando el verso machadiano, priman los ecos de una crispación que, por desgracia, va en aumento y de ello tienen una seria responsabilidad determinados políticos. Ahí tenemos, por ejemplo, el agrio lenguaje y las expresiones despectivas de que hace gala Pablo Casado que, tras su sempiterna sonrisa, siempre tiene en sus labios palabras para el insulto fácil y la descalificación permanente, un lenguaje y actitudes de una ínfima calidad intelectual y política, impropia del líder de un partido tan importante para la democracia española como es el Partido Popular. Y qué decir de la volatilidad ideológica de un Albert Rivera y de C’s, o de los anacronismos reaccionarios de Vox,  que pretende hacer retroceder el reloj de la historia a tiempos pasados (y peores), pues ambos partidos se han sumado con renovados bríos a esta permanente tormenta de bramidos y crispación que tenemos que soportar la ciudadanía.

    La triple alianza de las derechas está utilizando, y previsiblemente lo seguirá haciendo durante todos estos meses jalonados de citas electorales, su más potente artillería verbal no sólo para atacar a la figura de Pedro Sánchez y la gestión del gobierno del PSOE surgido tras la moción de censura del pasado 1 de junio de 2018, sino, por extensión, para destruir o cuando menos limitar, los avances logrados en estos últimos años en materias tan sensibles como las libertades, las políticas sociales y laborales o del desarrollo del Estado Autonómico. La coartada perfecta para esta seria amenaza involucionista, de estas políticas propias de unas derechas sin complejos, se la ha dado el conflicto de Cataluña. Tan espinosa cuestión, azuzada de forma deliberada tanto por los sectores secesionistas catalanes como por el españolismo más centralista, ha dinamitado demasiados puentes de diálogo y convivencia y que tanto va a costar reconstruir.

     Asistimos a un mapa político en el cual una derecha, cada vez más descentrada, ha tocado arrebato a tambor batiente y con las banderas desplegadas, para imponer su concepto de España, ese que tiene perfiles tan rígidos e intolerantes y que por ello no resulta aceptable para amplios sectores de la ciudadanía pues esa imagen, también “en blanco y negro”, sigue siendo incapaz de reconocer y aceptar plenamente la diversidad y la realidad plurinacional de esta “nación de naciones” que es España. Esta involución, que está incluso pidiendo la supresión de las autonomías como hace Vox o la recentralización de algunas competentes transferidas como sugiere el PP, parece retrotraernos a los tiempos de la Transición, cuando la entonces Alianza Popular votó en el Congreso de los Diputados en contra del Título VIII del proyecto constitucional referente a la regulación autonómica del Estado.

    Aunque en su día José María Aznar afirmó, para congraciarse el apoyo parlamentario de las derechas catalanas de Jordi Pujol, que “hablaba catalán en la intimidad”, hay que recordar que uno de los elementos del subconsciente colectivo del pensamiento de la derecha españolista ha sido, y los hechos lo demuestran, su anticatalanismo: así ocurrió durante los debates y aprobación del Estatuto de Cataluña de 1932, la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatut de 2006 o la torpe gestión del proceso soberanista iniciado a partir de 2012 por parte del Gobierno Rajoy. Mientras el anticatalanismo le siga reportando votos a las derechas en otras comunidades autónomas de la España interior, seguirán agitándolo con la misma ansia y afán con que creen poder acabar con el procés mediante medidas represivas o con la aplicación del artículo 155 de forma permanente como ha prometido Pablo Casado, soluciones que resultan inútiles para resolver el desgarro político y emocional de Cataluña con el resto de España.

   Si algo está claro es que el problema territorial de España sigue pendiente de solucionarse, aunque se cubran plazas y balcones de banderas bicolores o de esteladas. Los problemas políticos requieren de soluciones políticas valientes. Hoy por hoy, tras el intento fracasado de Pedro Sánchez, no parece haberlos ni en el campo del independentismo catalán ni mucho menos en la envalentonada triple alianza de las derechas, lo cual es una desgracia para nuestra democracia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 febrero 2019)

 

 

¿UNOS NUEVOS EUROESCEPTICOS?

 

      Durante la última década la Unión Europea (UE) ha sido golpeada por una creciente marea de un euroescepticismo cuyas olas, bien fueran debidas a las consecuencias de la crisis económica global o bien a los efectos de las políticas migratorias, han sido agitadas por demagogias populistas de signo conservador cuando no abiertamente fascistas. De este modo, el euroescepticismo, que socaba gravemente los valores fundamentales de la UE (respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos) así como la finalidad de la misma (promover la paz y el bienestar de sus pueblos) tal y como los recoge el Tratado de Lisboa (2007), ha ido calando en amplios sectores de la ciudadanía europea y ello está siendo utilizado como perverso ariete político y electoral por diversos movimientos y partidos cuyos ejemplos son de todos conocidos.

     La marea euroescéptica está también llegando a otros ámbitos que, hasta ahora, se consideraban adalides del europeísmo. Este es el caso, como señalaba en un reciente estudio Ariane Aumaitre Balado, de determinados sectores del independentismo catalán.  La razón de lo que considera un incipiente euroescepticismo emergente que está surgiendo tras el mar de las esteladas secesionistas, tendría su origen, según dicha autora, en que “a pesar de las numerosas demandas por parte de los independentistas, la UE se ha mantenido en todo momento al lado del Gobierno español, algo que podría haber frustrado las expectativas puestas en Bruselas por parte de la ciudadanía catalana”.

     Por otra parte, en el estudio citado, aparecen otros resultados de interés, tales como las actitudes de los ciudadanos ante la UE en las dos últimas décadas y cuyos datos rebaten la extendida idea de que el nacionalismo/independentismo catalán ha sido tradicionalmente más europeísta que el resto de España. Para ello, analiza los resultados de las cuatro últimas elecciones al Parlamento Europeo (1999, 2004, 2009 y 2014) y, si bien es cierto que hasta 2009 el apoyo a la UE era superior en Cataluña que en el resto de España, también lo es que esta tendencia se invirtió a partir de 2014, una vez comenzado el procés, sin duda debido a una expectativa (que los hechos posteriores frustrarían) de que la UE podría jugar algún papel en las demandas de autodeterminación de los secesionistas.

     Otro dato relevante que nos ofrece Aumaitre es que el porcentaje de participación en las elecciones al Parlamento Europeo fue siempre menor en Cataluña que en el resto de España, excepción hecha de los comicios de 2014, tal vez por la vana esperanza de que Bruselas pudiera dar algún tipo de respaldo a los objetivos de la agenda independentista.

     Además de lo dicho, otro dato relativiza el supuesto mayor grado de europeísmo de la sociedad catalana es que en el referéndum sobre la Constitución Europea de 2005, Cataluña fue, junto a Euskadi y Navarra, las comunidades autónomas donde éste recibió el menor apoyo, por debajo del 70%, frente al total español que fue del 81,65%.

     También resulta reseñable que, según el Barómetro de Opinión Pública (BOP) del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya relativo a los sentimientos de confianza y de unión hacia la UE, en base a las encuestas realizadas en julio y septiembre de 2017 (esto es, tras los sucesos del 6-7 de septiembre), se constata una fuerte caída de la confianza hacia la UE tanto entre los votantes independentistas como en aquellos que, sin serlo, se sienten sólo catalanes o más catalanes que españoles debido a “la caída de expectativas entre independentistas causada por la no intervención de la UE en favor de sus aspiraciones secesionistas” y, por el contrario, ha aumentado la confianza hacia las instituciones de Bruselas por parte de los votantes constitucionalistas.

     A modo de conclusión, Aumaitre Balado señala que “desconocemos si este embrión de euroescepticismo se convertirá en duradero, como consecuencia de que el procés ha supuesto una historia de expectativas frustradas”.

     Ante el portazo de la UE a las reivindicaciones secesionistas de una parte de la sociedad catalana y la imposibilidad de lograr la mediación de las instituciones comunitarias europeas, el president Quim Torra, en unas irresponsables declaraciones aludió recientemente a la posibilidad de optar por la “vía eslovena”, con todo lo que ello comporta. Un camino que conduce al abismo, a la fractura definitiva de la sociedad catalana y que imposibilita una deseable solución política negociada (léase referéndum pactado, vinculante y con plenas garantías democráticas) del contencioso catalán.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 2 febrero 2019)

 

 

 

 

 

CRISTIANOS ANTE EL PROCÈS CATALÁN

 

     En el conflicto político originado en Cataluña como consecuencia del procés independentista, la voz de la Iglesia católica apenas se ha dejado oír. Es por ello que resultan interesantes las reflexiones recogidas en el documento Es posible renovar la convivencia, elaborado conjuntamente por los colectivos Cristianisme i Justìcia, vinculado a la Fundació Lluís Espinal de Barcelona y EntreParéntesis del Centro Fe-Culturas-Justicia de Madrid, en un intento de tender puentes y buscar soluciones consensuadas ante un conflicto que, como bien señalan, no debería nunca haber salido del debate político y que produce una gran incertidumbre ante el futuro inmediato de Cataluña y el temor a que aumente fractura social surgida entre partidarios y detractores del procès.

       Estos colectivos cristianos, vinculados ambos a los jesuitas, consideran que dicha fractura se ha producido como consecuencia de la falta de liderazgo político, sobre todo, durante los anteriores gobiernos de Rajoy y Puigdemont, unido a los “agravios viscerales” azuzados tanto desde los sectores independentistas como por parte del rígido bloque formado por PP-C’s, pues ambos bloques, con sus “tácticas cortoplacistas”, impidieron el diálogo y el conflicto se desbordó, sobre todo, a partir de los sucesos del 1 de octubre del pasado año. Y es que estamos asistiendo a una bronca confrontación entre dos nacionalismos exacerbados, el catalán y el españolista que fomentan actitudes excluyentes y que “utilizan la identidad en su vertiente más intolerante”. Por ello, estos colectivos cristianos progresistas se lamentan de se haya ido difuminado la idea de la España plural, de un Estado que “no es homogéneo” sino que se configura “desde múltiples pertenencias, culturas y nacionalidades”, todo lo cual supone una oportuna crítica a los intentos recentralizadores de la derecha españolista y, a la vez, una apuesta por un modelo territorial federalista cooperativo, en la línea de las ideas que defiende José Antonio Pérez Tapias.

      El documento se lamenta también de la falta de respeto al marco legal, elemento esencial para la convivencia y la estabilidad de todo Estado social y democrático de Derecho, vulnerando tanto la actual Constitución como el vigente Estatut de Cataluña, aun siendo conscientes de que ambos requieren, en un futuro inmediato, una profunda reforma. También reprocha el documento otra obviedad: el que se haya concedido un excesivo papel al poder judicial, que no ha servido para resolver el conflicto, sino que lo ha agriado todavía más y es que, como decía Carl Schmidt, “no es bueno judicializar la política, porque la política no tiene nada que ganar y la justicia puede perderlo todo”.

      Ante esta grave crisis política con crecientes derivadas sociales, el primer objetivo que proponen es evitar que el conflicto se enquiste y para ello, es imprescindible tender puentes que recuperen, siquiera sea tímidamente, como ahora intenta el gobierno de Pedro Sánchez, recuperar el diálogo con la Generalitat y que ésta renuncie a la unilateralidad, respetando el actual marco legal, lo cual no impide reconocer la legitimidad democrática de la opción independentista y el derecho a promoverla mediante la demanda de cambios necesarios en el ámbito legislativo.

     Se insiste igualmente utilizar la vía de los tribunales de justicia “con mesura” dado que las acusaciones de “sedición” y “rebelión” resultan ciertamente desproporcionadas tal y como piensan muchos juristas, asociaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional.  También plantea que no sean reprimidos estos delitos tipificándolos como “terrorismo” lo cual, además de reiterar que es desproporcionado, supone un “agravio” para con las víctimas de atentados terroristas. Reclaman también la libertad para quienes están en prisión preventiva hasta su juicio, “ajustando la acusación a delitos proporcionales” dado que su encarcelamiento “eleva el muro del enfrentamiento y dificulta posibles salidas” ya que, estos líderes políticos y sociales son y serán interlocutores necesarios para buscar las soluciones futuras al problema político de Cataluña.

     Ha llegado el tiempo de la audacia política, de que los dos bloques salgan del “modo victoria o humillación” y superen las actuales posiciones, en muchos casos maximalistas. Sólo así se podrá renovar la convivencia, tan seriamente dañada en estos últimos meses, recuperar espacios de diálogo político y abrir “una ventana de oportunidades” por la que entren la luz y las soluciones al conflicto catalán. En ello confiamos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 octubre 2018)