Política internacional

DESINFORMACION

 

     En estas últimas fechas han aparecido con frecuencia noticias sobre la posible ingerencia rusa en relación a temas que afectan a los países occidentales. Ahí está el caso de los ataques cibernéticos atribuidos a Rusia durante la campaña presidencial de los EE.UU. de noviembre de 2016 con objeto de facilitar la victoria de Donald Trump, desprestigiar a Hillary Clinton y desacreditar el sistema político norteamericano. Casos similares de interferencias por parte de Rusia han sido denunciados también por Reino Unido o Alemania y España tampoco ha sido ajena a esta situación: prueba de ello han sido diversas manipulaciones informativas en relación a la crisis política de Cataluña seguidas atentamente por parte del Centro Criptográfico Nacional dependiente del CNI, así como el intento de penetración en los ordenadores del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) atribuido al BSUR, los servicios secretos de la Federación Rusa, “uno de los más agresivos” según Fernando Rueda, de los que actúan en nuestro mundo globalizado.

     Estas son las prácticas de lo que se ha dado en llamar “desinformación”, término éste que la Real Academia de la Lengua define como “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines” y también como “dar información insuficiente u omitirla”. De hecho, la desinformación es la práctica utilizada por Moscú como táctica de lo que Mira Milosevich-Juaristi define como “método militar asimétrico e indirecto de la guerra híbrida que Rusia libra en Europa y EE.UU.” para mediante ella “engañar y desorientar al oponente, influir en sus decisiones y socavar su eficiente política, económica y militar”.

     La desinformación se ha convertido en  uno de los instrumentos principales  de la estrategia rusa de influencia política en Occidente. Es por ello que se trata de una de las “medidas activas” heredadas por Rusia de la estrategia militar de la antigua URSS durante la Guerra Fría, la cual tenía por objeto “desacreditar o debilitar a los oponentes y distorsionar su percepción de la realidad”. En consecuencia, ello supone según el citado Mira Milosevich, una “militarización de la información”, algo habitual en la estrategia militar rusa desde siempre, esto es, desde el zarismo, el posterior régimen soviético y la actual autocracia, maquillada de democracia, de Vladimir Putin. Todo ello recuerda aquella frase de Lenin que decía que “la información es un arma no muy diferente de las bombas”.

     La Rusia actual, en lo que a la desinformación se refiere, se basa en la doctrina de la llamada “Guerra de Nueva Generación” (NGW) consistente en una “estrategia de influencia, no de fuerza bruta”, dado que su objetivo es “romper la coherencia interna del sistema del enemigo, y no de aniquilarle”. En consecuencia, según la Visión Conceptual del Ministerio de Defensa de Rusia de 2011, los objetivos de esta guerra informativa serían: “socavar el sistema político, económico y social, adoctrinar a la población  para desestabilizar la sociedad y el Estado y forzar a los Estados a tomar decisiones favorables a los intereses de sus oponentes”. Por ello, la esencia de la desinformación, tengámoslo claro, es engañar, pero es muy difícil demostrar esta “intención” de mensajes concretos, así como identificar la desinformación si previamente no se hace un análisis contrastado de las fuentes de donde proceden dichos mensajes.

     Dicho esto, la táctica de la desinformación rusa tiene tres tipos y objetivos diferentes: la doméstica (orientada a los ciudadanos de Rusia), la dirigida a los vecinos (compatriotas y ex ciudadanos de las ex repúblicas soviéticas) y la que se presenta como “punto de vista alternativo” destinada a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de los EE.UU. En este último caso, que es el que nos afecta directamente, se canalizan mensajes por distintas vías los cuales pretenden subrayar tres ideas básicas: la disfuncionalidad el sistema político, económico y social de la democracia liberal, propiciando así una visión distorsionada de las realidad de los países occidentales ; desacreditar las instituciones democráticas y la alianza transatlántica euro-americana y, por último, profundizar en la desunión y en los problemas internos de los países de la UE, tema al cual la cuestión de Cataluña no es ajeno.

     En este contexto hay que situar los ataques cibernéticos denunciados por diversos países tras los cuales se intuye la larga mano de Rusia. Por ello, Ivan Krastev alude al “factor Putin”, al cual considera “un riesgo para la UE” dada su pretensión por debilitar y desunir a Europa. Ante este riesgo potencial se han activado diversas medidas defensivas, entre ellas, el acuerdo UE-OTAN (diciembre 2016) que incluye 40 medidas para avanzar conjuntamente en la lucha contra la desinformación, los ataques cibernéticos y otras causas de desestabilización.

     A modo de conclusión, el factor distorsionante que supone la desinformación intencionada, de lo que también ha dado en llamarse la “posverdad”, tanto en cuento tras ella se halla una dosis de  mentira o falsedad, es un problema de creciente gravedad. En este mundo globalizado, donde la “verdad” es siempre discutible y su búsqueda siempre azarosa y difícil, es lógico que existan distintas “percepciones” de la misma y todas ellas merecen un respeto, también en el caso de los “puntos de vista alternativos” que subyacen tras los mensajes de la desinformación rusa, aunque éstos cuestionen constantemente nuestros valores y los cimientos de nuestra democracia. Pero, pese a este respeto y defensa de la pluralidad informativa, debemos estar alerta ante unas tácticas de desinformación como las descritas que, con la labor de determinados hackers a su servicio, han convertido a éstos en actores invisibles e importantes que pueden influir en los procesos electorales y en las decisiones políticas. Todo ello plantea la cuestión del uso ético, honesto y veraz de la información a través de las nuevas tecnologías,  un reto  que no debemos de obviar.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 noviembre 2017)

EL NAUFRAGIO DE EUROPA (y II)

 

     Una vez desplazada la frontera europea a Turquía para que ésta controle el flujo de refugiados, la Unión Europea (UE) ha ido tomando otra serie de medidas con objeto de reducir la inmigración irregular, garantizar el control de fronteras, desarrollar vías de migración legal y conseguir un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Si hasta entonces el conocido como Sistema Dublín, asignaba la responsabilidad de tramitar las soluciones de asilo al primer país europea al que llegaban los refugiados y en el cual debían de permanecer, la crisis migratoria de 2015 evidenció que ello imponía una desproporción e injusta presión para Grecia e Italia, lo cual hizo necesarios los Acuerdos de Reubicación y Reasentamiento impulsados por la Comisión Europea en septiembre de 2015. Estos acuerdos tenían el ambicioso objetivo de reubicar a 160.000 refugiados desde Italia y Grecia en los distintos países de la UE según cupos estatales, además de reasentar a 20.000 persona desde campos de refugiados existentes en países vecinos a los conflictos como Turquía y Jordania.

     Pese al rotundo fracaso de los Acuerdos de Reubicación y Reasentamiento, como señalaba Cristina Manzanedo, con ellos se pretendía, por vez primera, gestionar de forma común a nivel europeo un sistema de distribución equitativa de los refugiados entre los distintos países de la UE. No obstante, cuando el pasado 26 de septiembre expiró el plazo bienal de los mismos, resulta obvio que no se han cumplido sus objetivos y se ha evidenciado una grave falta de voluntad política en el seno de la UEpara hacer frente a esta crisis humanitaria, hasta el punto de que Hungría se ha negado a recibir refugiados y el resto de los países, tras negociar a la baja los cupos propuestos, han incumplido, todos, el número de refugiados asignados. El caso de España es revelador puesto que, durante 2016-2017 acogió tan sólo al 11,4% de las 17.300 personas que le correspondían según dichos Acuerdos. Esta situación ha hecho que Intermon-Oxfam denunciase ante la Comisión Europea estos flagrantes incumplimiento y que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) calificase de “estrepitoso fracaso” el proceso de reubicación y reasentamiento.

     Significativo resulta el caso de Alemania que en agosto de 2015 declaró una política de puertas abiertas y, por ello, en dicho año acogió a 441.800 refugiados, hecho que supuso un agrio debate político así como un preocupante ascenso de las fuerzas políticas de corte xenófobo no sólo en el país germano sino también en otros Estados de la UE, así como el cierre progresivo de fronteras en algunos de ellos. Así las cosas, tuvo lugar la Cumbre de Malta (noviembre 2015) la cual intentó dar respuesta (y control) a los movimientos migratorios como una responsabilidad compartida por parte de los países de origen, tránsito y destino. No obstante, el Plan de Actuación aprobado en La Valetta suponía un chantaje inmoral ya que la UE supeditaba la cooperación al desarrollo y la ayuda a los países del Sur al control por parte de éstos de los movimientos migratorios: así se creó el Fondo Fiduciario de Emergencia para áfrica dotado de 1.880 millones de euros.

    Más adelante, el Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración de la Comisión Europea (7 junio 2016) pretendió mejorar la Declaración de La Valetta y así buscar resultados concretos en el control de los flujos migratorios a cambio de poner “todos los instrumentos posibles a su servicio: ayuda al desarrollo, comercio e inversiones”, a la vez que propiciaba pactos migratorios a medida que permitían deportaciones ilimitadas tal y como contempla el Acuerdo UE-Afganistán (octubre 2016).

     A modo de balance, las políticas migratorias de la UE han sido criticadas con dureza por CEAR pues son el lamentable reflejo de una Europa “seriamente enferma”, que evidencia un profundo déficit democrático, consecuencia de una ausencia de valores. Es por ello que, ante este “profundo viraje hacia la deshumanización”, en expresión de Estrella Galán, resunta patente la necesidad de “refundar Europa” para que recupere su alma y sus valores fundacionales de solidaridad y defensa de los derechos humanos, esos valores que ahora parecen naufragar en las instituciones europeas.

     Por todo ello resulta imprescindible un cambio de rumbo en la nave de la UE el cual suponga un impulso a políticas estructurales (y no cortoplacistas como es el fracasado modelo del cierre de fronteras), que aborde las auténticas causas que han motivado la crisis migratoria de los refugiados, así como junto la imperiosa necesidad de tomar medidas concretas y urgentes: En primer lugar, la de reforzar las operaciones de rescate marítimo para salvar vidas de refugiados, un imperativo moral básico y, desde luego, instar al cumplimiento de los Acuerdos de Reubicación y Reasentamiento. Y, junto a ellas, tampoco debemos olvidar otras importantes cuestiones como: reforzar las vías de acceso legal a Europa acabando con el peligroso e inmoral negocio de los traficantes de personas, facilitar la reagrupación familiar y la posibilidad de solicitar asilo o visados humanitarios ; impulsar la ayuda humanitaria y la cooperación internacional (recordemos que, en el caso de España, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se ha reducido del 0,4% del PIB en 2009 al 0,14% en el 2014); abordar las causas por medio de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la defensa de la solidaridad internacional y los derechos humanos de todas las personas, sin olvidar tampoco el apostar por una sociedad inclusiva, abierta y tolerante que sirva de freno al auge de las tendencias xenófobas y racistas que nos amenazan.

     Si Europa es capaz de asumir estas medidas recuperará su alma perdida, anegada en estos últimos tiempos por el vendaval del individualismo insolidario y así se evitará el naufragio de los valores que dan razón de ser a la UE, un naufragio que ya ha acabado  de forma trágica con las vidas de demasiadas personas que añoraban llegar a Europa soñando con un futuro digno y en libertad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 noviembre 2017)

 

 

 

EL NAUFRAGIO DE EUROPA (I)

 

     Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hay en el mundo 65 millones de personas desplazadas (1 cada 25 minutos) por causa de los conflictos armados, cambio climático, pobreza, persecuciones por diversas razones o violaciones de los derechos humanos fundamentales. Ello ha hecho que, tan sólo en el año 2015 llegasen a Europa casi 1,2 millones de personas refugiadas lo cual, según Mariano Aguirre, ha supuesto “la crisis más seria que ha sufrido la Unión Europea (UE) desde su creación” y, más aún, como decía Zygmunt Bauman, estamos asistiendo “no a una crisis de refugiados, sino a una crisis de la humanidad”.

    Ante esta situación, la respuesta de la Unión Europea (UE) ha sido decepcionante tanto por  la descoordinación entre los Estados miembros, como por sus planteamientos cortoplacistas. De este modo, como denunciaba de forma contundente Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), este capítulo de la historia “ha puesto en evidencia el gran fracaso colectivo de Europa”, la cual no ha estado a la altura de las circunstancias dado que no fue capaz de hacer frente a las verdaderas causas de la crisis de refugiados ni tampoco puso en marcha soluciones estables con visión humanitaria para garantizar el cumplimiento de los compromisos jurídicos con el derecho de asilo y las personas refugiadas derivados del Estatuto de Refugiados de 1951 que todos los Estados de la UE habían firmado. Especialmente preocupante resulta que todas las medidas adoptadas por la UE iban enfocadas desde una perspectiva de “seguridad” y no desde el ámbito de los derechos humanos, razón por la cual Human Right Watch advertía de que “el miedo a ataques terroristas y a los flujos masivos de refugiados están llevando a muchos Gobiernos occidentales a reducir la protección de los derechos humanos”. Y es que, con la excusa de la seguridad y el control migratorio, la UE está violando impunemente los tratados internacionales, olvidando, con grave dejación de responsabilidad, que el derecho de asilo para las personas refugiadas es un derecho inalienable y no un gesto de gracia o generosidad sino que responde al cumplimiento de la legalidad y los compromisos firmados por los Estados miembros.

    Y, junto a este abandono de la defensa de los derechos humanos, también ha naufragado Europa al aplicar otras medidas tendentes a frenar el flujo migratorio mediante barreras  en Hungría, Bulgaria…o Ceuta y Melilla y, sobre todo, al externalizar la vigilancia y control de las fronteras exteriores de la UE a socios que no son precisamente un ejemplo de respeto de los derechos humanos y de sensibilidad democrática. Este es el caso del Acuerdo UE-Turquía de marzo de 2015 cuyo objetivo principal era la devolución a suelo turco de los migrantes y refugiados que llegaban a territorio europeo a través de Grecia. Por esta labor, Turquía, convertida en una nueva guardia pretoriana de las fronteras de la UE, recibió 3.300 millones de euros durante el período 2016-2017, además de otras concesiones políticas  como la anulación de los visados para los turcos que entrasen en territorio comunitario o la reanudación de las negociaciones de adhesión  de Turquía a la UE, siempre lentas y complejas y paralizadas en estos últimos años por la preocupante involución autoritaria del país otomano de la mano de su presidente Recep Tayip Erdogan. Dicho Acuerdo, como bien sabemos, ha contado con una fuerte y justificada oposición pues, con su firma, la UE, como denunciaba CEAR,  “ha dejado naufragar el derecho de asilo, un derecho fundamental básico”, a la vez que nos recordaba que se trata de un acuerdo ilegal por múltiples razones, entre ellas, que las expulsiones colectivas están expresamente prohibidas por el art. 4º del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; que toda expulsión de un extranjero debe ser individual y necesita garantías legales según los arts. 12 y 13 de la Directiva de Retorno; que el Acuerdo vulnera el principio de no devolución del art. 33 de la Convención de Ginebra, que establece que nadie podrá ser devuelto a un país donde su vida corra peligro, a un país no seguro; que Turquía no está incluida en la lista de países seguros reconocidos por la UE, así como que dicho Acuerdo incumple el principio de no discriminación por país de origen, según el art. 3 de la Convención de Ginebra.

     Por todo ello, resulta indignante que, mientras Europa se empeña en convertirse en una fortaleza que cierra sus fronteras exteriores a los refugiados, se enorgullece de la libertad plena de circulación de capitales y mercancías, una hipocresía que delata con crudeza la injusticia que subyace en materia de política migratoria de la UE. Ciertamente, el Acuerdo con Turquía ha supuesto una reducción de la llegada de refugiados a Europa (364.000 en el año 2016) pero ello ha supuesto un cambio de las rutas de llegada, mucho más peligrosas y mortales y con un mayor coste económico para los refugiados.  De este modo, la anterior ruta de la costa turca a la isla griega de Lesbos, de tan sólo 9 km., mayoritariamente utilizada durante los años 2014-2015, ha sido reemplazada por la  del Mediterráneo Central (desde Libia a Italia) que, en su tramo más corto hasta la isla de Lampedusa tiene una distancia de 300 km.  El peligro de esta ruta es evidente y, de hecho, las muertes por naufragio en esta zona han aumentado en + 34% y, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y,  en el pasado año 2016, 1 de cada 23 personas que emprendían esa ruta ha muerto en el Mediterráneo.

    Por todo lo dicho, resulta lamentable que Europa, la civilizada Europa, esté naufragando en materia de derechos humanos, algo que remueve las conciencias de  todos aquellos ciudadanos que, como Bauman, pensamos que nos hallamos ante una auténtica crisis de la humanidad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 octubre 2017)

 

 

 

 

ACECHA LA NUEVA DERECHA

 

     Asistimos con preocupación al auge de partidos que, con es el caso del Frente Nacional francés, el Bloque Flamenco belga, el FPÖ austríaco o la AfD alemán, se definen como la Nueva Derecha, eufemismo tras el cual maquillan sus posiciones políticas de extrema derecha autoritaria, xenófoba y racista. Entre las causas de su avance electoral y social, Hans Schelkshorn, estudioso de este fenómeno emergente, señala el vacío de la ideología neoliberal, aplicada en la práctica tanto por los partidos de derechas como por los socialdemócratas y por ello señala que, “así como el fascismo fue una reacción al liberalismo desenfrenado”, la Nueva Derecha sería una “respuesta”, ciertamente reaccionaria y movida por el miedo, frente la globalización impulsada por el neoliberalismo rampante. A ello habría que añadir la llegada masiva a Europa en los últimos años de refugiados que huyen de zonas de conflicto o de miseria, detonante éste que ha supuesto un  auge electoral y un aumento de la base social de las ideas xenófobas: ahí está el caso de Alternativa por Alemania (AfD) que, en los comicios del pasado día 24 de septiembre, ha logrado un preocupante apoyo del 12,6 %  del electorado.

    Todas estas formaciones políticas tienen características comunes aunque adaptadas a las peculiaridades concretas de cada país. En este sentido, el citado Hans Schelkshorn señala que es un error definir a estos partidos como  “populistas”, afirmación que parece indicar que tras ellos se halla una política desideologizada, que se adapta a las opiniones y deseos del “pueblo”, lo cual supondría que los partidos de la Nueva Derecha carecen de una ideología concreta y definida. Bien al contrario, según dicho autor, ello supone “una peligrosa minimización” de lo que representan estos grupos puesto que claro que tienen ideología, y esta es tan acechante como peligrosa. Es por ello que, en opinión de Jan Werner Muller, tras estos partidos se oculta una ideología “que mina peligrosamente los principios y valores de las democracias del Estado de derecho, tal y como se han construido en Europa después de la II Guerra Mundial”. De este modo, la ideología de la Nueva Derecha se sustentaría sobre dos ideas esenciales: su cuestionamiento de la actual democracia liberal y el rechazo al proyecto de paz y progreso social que da razón de ser a la Unión Europea (UE).

     Por otra parte, la Nueva Derecha pese a asumir abiertamente postulados propios de la derecha autoritaria, ha intentado, con desigual fortuna, distanciarse de los aspectos más repulsivos  de los movimientos fascistas de la Europa de entreguerras del s. XX., de aquellos partidos antidemocráticos que enarbolaban entre sus objetivos el recurso a la violencia para alcanzar el poder y que exaltaban el racismo, todo lo cual, bien lo sabemos, tuvo trágicas consecuencias en nuestra historia reciente. Frente a los fascismos clásicos, los partidos de la Nueva Derecha afirman renunciar a la violencia para alcanzar el Gobierno y, en consecuencia, aceptan los resultados salidos de las elecciones democráticas. Por otra parte, inspirados por el pensamiento de Alain de Benoist, pretenden sustituir el antiguo racismo del fascismo clásico por un “etnopluralismo”, con la idea de promover el reconocimiento de diversas etnias y culturas, pero cada una en su correspondiente territorio, lo cual les lleva a defender la “unión étnica” de una nación. Todo ello tiene graves consecuencias puesto que al priorizar la interpretación étnica del concepto de “nación” y de “pueblo” por encima de los derechos humanos, cuestionan la universalidad de los mismos y se arrogan  el poder de designar quién pertenece (o no) al pueblo o nación y, de facto, excluir de la comunidad nacional a diversos colectivos tales como migrantes, gitanos, judíos, homosexuales, ateos, militantes de izquierda u otros sectores progresistas, de sus respectivas (e idealizadas) sociedades.

     Especialmente preocupante resulta el que esta Nueva Derecha acechante en estos últimos años ha ido abandonando la marginalidad política aupada por su ascenso electoral en varios países europeos. De hecho, tal y como ha ocurrido con el zarpazo electoral de la AfD que ha irrumpido en el Bundestag con 95 diputados que, aunque no llevan las camisas pardas de las milicias hitlerianas, sus ideas son tan sucias y pardas como las de aquellos. Y no sólo eso, sino que también resulta grave el hecho de que algunos de los postulados ideológicos de la Nueva Derecha han ido calando en la mentalidad y en los programas de partidos de la derecha democrática clásica y, de modo especial, en la ideología democristiana. Este sería  el caso de Víktor Orbán,  líder del partido Fidesz en Hungría,  quien con sus éxitos electorales pretende legitimar su creciente autoritarismo, a la vez que defiende lo que él llama “Estado aliberal”, el cual elude el cumplimiento los derechos humanos reconocidos por Hungría en diversos acuerdos internacionales y así justificar lo injustificable: su rechazo a acoger refugiados asignados por la UE, hecho éste que confirma los vientos de involución que soplan con fuerza en otros países del Este de Europa como Polonia, Eslovaquia, Bulgaria o Eslovenia, vientos que están arrasando los derechos humanos en esta Europa que creíamos civilizada, progresista y solidaria.

     También en España estamos asistiendo a un preocupante rebrote de estas ideas intolerantes, cuando no abiertamente fascistas: la grave situación generada por el problema político de Cataluña les ofrece el ambiente propicio  como por desgracia hemos constatado en los lamentables sucesos ocurridos al intentar boicotear la Asamblea de cargos públicos por la libertad, la fraternidad y la convivencia celebrada en Zaragoza el pasado domingo 24 de septiembre a propuesta de Unidos Podemos, llegando incluso a agredir a Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón.

     Este es el panorama actual de la Nueva Derecha que, con sus ideas e intenciones, unas abiertas, otras ocultas, acecha (y amenaza) nuestra convivencia, nuestros valores y nuestra democracia. Alerta.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 octubre 2017)

 

VLADIMIR PUTIN, ZAR DE TODAS LAS RUSIAS

 

    Tras tres victorias electorales consecutivas, el poder político en Rusia tiene nombre y apellidos: Vladimir Putin. Aupado de la mano del partido Rusia Unida, que en las últimas elecciones de septiembre de 2016, obtuvo la mayoría absoluta en la Duma o parlamento  (343 escaños sobre 450), parece consolidarse en la Federación Rusa lo que Mira Milosevich-Juaristi define como “régimen autocrático de Putin” regida por la férrea mano del político ruso.

    Este proceso ha sido favorecido por varias circunstancias, entre ellas, una propagandística potenciación de la imagen del líder ruso cual si de un superhombre se tratara (recordemos que el Kremlin controla la mayor parte de los medios de comunicación), así como a la incapacidad de los partidos de la oposición  de capitalizar el descontento popular y enarbolar las banderas democráticas, a lo cual habría que añadir la apatía política de la mayoría de los ciudadanos (en las pasadas elecciones de 2016 sólo ejerció el derecho al voto el 47,81% del censo).

    Para situarnos debemos tener presente que el sistema pluripartidista ruso se articula en torno a la existencia de tres grupos de partidos: el oficialista Rusia Unida; la oposición “oficial” creada por el Kremlin para fingir una pluralidad política (por ejemplo, el partido Rusia Justa) y, finalmente, la oposición “no oficial” en la que figuran los grupos democráticos y liberales (Parnas,  Yábloko o Rusia Abierta) así como el Partido Comunista de la Federación Rusa.

    Tras el colapso de la URSS (1991) y el fracaso de la transición a la democracia, el ascenso político de Putin se vio favorecido por la evocación del pasado imperial de Rusia, así como por la creencia, vigente desde la época de la zarina Catalina II “La Grande”, ejemplo de “déspota ilustrada” del S. XVIII, de que sólo un fuerte poder central puede gobernar con éxito Rusia. Y así ha sido. Si la Constitución de 1993 otorgaba excesivos poderes al Presidente de la nueva Federación Rusa, en años posteriores se ha producido un mayor endurecimiento del control del sistema político. A modo de ejemplo, la Ley Electoral de 2002 ha sido modificada más de 900 veces, siempre en sentido restrictivo, o el hecho de que, tras las manifestaciones masivas contra el fraude electoral ocurrido en las legislativas de diciembre de 2011, el Kremlin impulsó varias leyes con objeto de legalizar la represión política, por ejemplo, la Ley de Manifestaciones, que permite multar a cualquier ciudadano por el simple hecho de manifestarse con 9.300 euros,  así como otras medidas tendentes a impedir que la oposición pueda competir en condiciones de igualdad con el todopoderoso y oficialista partido Rusia Unida.

    A lo dicho hay que añadir que toda autocracia que se precie se preocupa muy mucho en airear su obsesión enfermiza por la existencia de un enemigo interior o exterior. En este sentido, Putin ha utilizado con habilidad este recurso para neutralizar a los enemigos interiores de su “régimen”, esto es,  los sectores democráticos rusos y, sobre todo, contra los enemigos exteriores que, para Putin son Estados Unidos, Europa y el islamismo yihadista. De este modo ha logrado movilizar a las fuerzas conservadoras, a los partidarios de la “dominación estatal completa”, algo que suena a tintes dictatoriales, tanto de herencia zarista como del estalinismo. Para ello no ha dudado en enarbolar con fervoroso entusiasmo la bandera del nacionalismo étnico ruso para lo cual, además del apoyo de amplios sectores de la población, ha contado con la inestimable ayuda de la Iglesia Ortodoxa, fiel aliada de la política de Putin. De este modo,  el político ruso se ha rodeado de una aureola de “fervor patriótico” dado que su popularidad ha ido en aumento al recurrir a la vieja táctica del expansionismo territorial que, como en tiempos de los zares, ha servido para exaltar el nacionalismo ruso: así ha quedado patente con la anexión de Crimea (2014), el apoyo a los rebeldes pro-rusos de Ucrania y Moldavia, o con la intervención militar en Siria en apoyo del dictador Al-Assad. En consecuencia, la figura de Putin, como señalaba el citado Mira Milosevich, “sigue siendo un símbolo de perfecta unión entre la política exterior (encarnación de la nostalgia imperial de Rusia y la aspiración de recuperar el estatus de gran potencia) e interior (garante de la estabilidad económica y política)”.

     En contraste con el creciente poder de Putin se encuentra la existencia de una oposición, que el Kremlin califica despectivamente como “los ciudadanos enfadados”, débil e incapaz de capitalizar las protestas por el fraude electoral de 2011 y la difícil situación económica interna de Rusia. En este sentido, tampoco debemos olvidad que esa debilidad interna de la oposición democrática ha sido consecuencia del asesinato, de algunos de sus principales líderes como Boris Nemtsov o periodistas críticos como  Anna Politkóvskaya.

    A modo de conclusión, en la Rusia actual, el fortalecimiento del régimen autocrático de Putin, el nuevo Zar de todas las Rusias, se ha visto favorecido por el fracaso de la transición a la democracia en los años 90, lo cual generó en la Rusia post-soviética un auténtico caos económico y político. En consecuencia, muchos ciudadanos han antepuesto el orden y la seguridad que les ofrece Putin a la libertad individual  y a la consolidación de un sistema político  plenamente democrático. Por ello, la Rusia de Putin parece haber optado por una especie de “Estado Modernitario” definido por Josef Joffe como “el régimen autoritario que intenta introducir la modernización en el sistema económico y que se basa en el monopolio de la redistribución de los beneficios sociales y económicos”. Por ello, pese a la corrupción generalizada y la aguda crisis económica interna, la autocracia neozarista de Putin parece firmemente asentada en detrimento de la democracia y los derechos humanos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 junio 2017)

 

 

POSTDEMOCRACIA

 

     Tras una década  de estar empantanados en esta crisis global, ya nadie duda, excepción hecha de los pregoneros del fundamentalismo neoliberal, de que las medidas de austeridad que nos fueron impuestas no han generado un crecimiento económico saludable y, en cambio, han supuesto una imparable espiral de empobrecimiento y desigualdad social. Los hechos han demostrado que el neoliberalismo es incompatible con una sociedad justa, con la lucha contra la desigualdad y con el fortalecimiento de la ética y los valores democráticos. Nos hallamos,  pues, ante un sistema que divide a la sociedad en “excluidos” e “incluidos”, que se desentiende de los primeros  y aterroriza a los segundos, enfrentado además a ambos, con el único objeto de perpetuar y aumentar el poder y la riqueza de los privilegiados, de quienes se han enriquecido con la crisis. Tal es así que se ha  acuñado el término de “necropolítica”, la cual, como señala Clara Valverde, es la que aplica el capitalismo neoliberal a quienes no le son rentables, que ni producen ni consumen, y a los cuales se les deja, simplemente, morir en una sociedad sin alma ni corazón.

     Por ello, en estos tiempos de desconcierto, ante el embate neoliberal, en que todos los diques para contenerlo parecen haberse roto, con una concentración creciente de la riqueza en las capas sociales más adineradas, queda más patente que nunca que estos sectores, los poderosos de siempre, están logrando una mayor influencia política, lo cual ha neutralizado la capacidad reguladora de los Estados. Por ello, se habla de “mercadocracia”, e incluso de la “dictadura de los mercados” la cual impone sus intereses a los gobiernos, fomenta los monopolios y los oligopolios y que, con frecuencia,  se mueve sin ningún pudor en la ciénaga de la corrupción.

     Con este panorama como telón de fondo, estamos asistiendo a un evidente deterioro de la calidad democrática de nuestra sociedad. Así lo prueban el permanente incumplimiento de los programas y los compromisos electorales, a su claudicación ante los dogmas neoliberales, virus que siendo consustancial a los partidos de derechas, ha contaminado, también, a buena parte de la socialdemocracia, aquella que debiera de defender con más convicción y firmeza los ideales de la justicia social. Como señalaba Josep Ramoneda, “la crisis ha puesto en evidencia la impotencia de la política para poner límites a unos poderes económicos descontrolados, que ni siquiera guardan las formas”, lo cual nos está conduciendo a “una imparable degradación de la democracia, con una concentración del poder cada vez en menos manos” y, lo que es peor, a “una reducción de los ciudadanos al papel de figurantes”.

      Así las cosas, con la austeridad convertida en ideología, en dogma de fe para el control social y el demagógico discurso de la unidad para salir de la crisis encubriendo a los que la provocaron, ha empezado a hablarse  de que caminamos hacia una “postdemocracia”, esto es, una nueva fase del capitalismo despojado de las conquistas sociales del último siglo, un capitalismo más salvaje y despiadado. De este modo, tres serían las características esenciales de la postdemocracia: el secuestro de las instituciones del Estado por parte de las élites y los poderes económicos, la marginación de los ciudadanos de las decisiones políticas bajo la máscara de una democracia representativa que ahoga los cauces de participación activa y, también, la degradación del sistema democrático hasta convertirlo en una farsa participativa que sólo sirve para encubrir una progresiva concentración del poder. La consecuencia lógica de estas tres circunstancias es la desafección democrática, patente y creciente, todo un peligro dado que produce hastío hacia el sistema de partidos y las instituciones, desprestigia a éstas y fomenta la aparición de movimientos xenófobos, racistas o neofascistas.

     Frente a esta grave involución, la democracia, más allá de la representación política y el respeto a la regla de la mayoría, según el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, implica “la protección de los derechos y libertades de los individuos, el acceso a las prestaciones sociales y al derecho de acceder a la información, así como participar activamente en la deliberación política”. Por ello, resulta urgente fortalecer la calidad democrática de nuestra sociedad antes de que sea demasiado tarde, apostando por el compromiso de la ciudadanía, evitando que se extienda  el “totalitarismo de la indiferencia”, interesante concepto acuñado por el ya citado filósofo Ramoneda.

     En el Informe de Oxfam Intermón titulado Crisis, desigualdad y pobreza (2012) ya se señalaban algunas propuestas para fortalecer nuestra calidad democrática entre ellas, garantizar la independencia y buen funcionamiento de los entes supervisores y reguladores del Estado, salvaguardar las libertades ciudadanas  sin leyes regresivas, fomentar la cultura como herramienta de transformación social, garantizar el acceso y calidad de la información, fomentar la democracia participativa (incluyendo referéndums obligatorios y vinculantes para temas de gran impacto social), impulsar los presupuestos participativos y potenciar la autogestión y el cooperativismo como formas de economía social, así como promover un sector financiero transparente sin olvidar, desde luego, combatir de forma inflexible la corrupción y acabar con la impunidad.

     Para evitar que el virus de la postdemocracia se extienda con el riesgo que ello supone, Oxfam Intermón  considera imprescindible hacer frente a las injusticias causadas por esta crisis, la cual tiene víctimas y culpables, una crisis en la que, hasta ahora,  los gobiernos claramente han decidido proteger a los culpables y hacer recaer  los costes sobre quienes la padecemos, manteniendo así prácticamente intactas  las ventajas de quienes  se han beneficiado del sistema que ha generado la crisis. En consecuencia, regenerar nuestra democracia requiere que los ciudadanos nos impliquemos para dar un golpe de timón a esta deriva que nos aboca a un dramático retroceso y apostar por un nuevo paradigma social más justo y equitativo. Nos va en ello el futuro.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 mayo 2017)

 

 

NEFASTOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN

 

   Vivimos momentos en que un vendaval involucionista invade el panorama internacional, con hechos tan preocupantes como la victoria electoral de Donald Trump en EE.UU:, del Brexit en el Reino Unido o del auge creciente del Front National (FN) en Francia o el de otros grupos afines en Holanda, Alemania o Austria. Además, esta ola reaccionaria coincide con el desplome de los partidos socialdemócratas y con una nueva izquierda que, pudiendo ser alternativa en un futuro próximo, se halla todavía en construcción.

    Para situarnos, debemos partir de la idea de que durante las últimas décadas existía un consenso generalizado por parte de los partidos del sistema (conservador, liberal y socialdemócrata) a favor de la apertura económica y la globalización. Pero, tras la crisis financiera global se produjo un creciente rechazo hacia las nefastas consecuencias de la globalización y, en consecuencia, los nuevos partidos emergentes de derechas empezaron a reivindicar la recuperación de la soberanía nacional que sentían haber perdido a manos de los mercados globales y de los organismos supranacionales, unido a su oposición a unas políticas migratorias que consideran demasiado permisivas y, en consecuencia, sus programas políticos se empezaron a llenar de mensajes proteccionistas, nacionalistas y xenófobos.

    Así las cosas, en un reciente estudio de Miguel Otero Iglesias y Fernando Steinberg, analizaban en profundidad las que consideraban cinco razones que explicarían el creciente apoyo que reciben los partidos y movimientos derechistas antiglobalización. En primer lugar, el declive económico de las clases medias. De este modo, la “revuelta populista” se alimenta de votantes de la clase media y la obrera, pues ambas han visto reducidos sus ingresos con la crisis, que están convencidos que el futuro de sus hijos será peor, un tema tan sensible y emocional que genera profundo malestar social. Estos grupos, que, según Branko Milanovic, son “los perdedores de la globalización”, son trabajadores que han perdido sus empleos por la competencia de los países con bajos salarios y que, en consecuencia, deciden optar por quienes les prometen protegerlos cerrando las fronteras nacionales a la competencia exterior. Los ejemplos son contundentes: muchos votantes del FN francés son antiguos socialistas y comunistas desencantados con la política económica de François Hollande o el hecho de que en las zonas en declive industrial del Reino Unido, los antiguos votantes laboristas hayan sido  entusiastas votantes a favor del Bréxit.

   En segundo lugar, la creciente xenofobia imperante en Occidente, que está captando a un importante sector del electorado que se van hacia la derecha por motivos identitarios y culturales. De este modo, el racismo y la xenofobia, que eran políticamente inaceptables desde la derrota de las potencias fascistas en la II Guerra Mundial, como señalan gráficamente Otero y Steinberg, “estarían saliendo del armario debido al impacto social y cultural causado por el aumento de la inmigración”. Ello explica el auge de Marine Le Pen en Francia o Víktor Orban en Hungría, que se erigen en defensores de la “identidad nacional” y de su cultura tradicional frente al multiculturalismo. A lo anterior se une el creciente temor en Occidente hacia los ataques del islamismo radical, lo cual sitúa el tema de la seguridad en el centro del debate político,  que tan demagógicamente es rentabilizado electoralmente por los partidos xenófobos y racistas. Surge así, una vez más, el dilema de garantizar la seguridad a cambio de renunciar a la libertad, y de ello es buen ejemplo Vladimir Putin, figura a la que tanto Trump como Le Pen dicen admirar.

    En tercer lugar, el impacto de las nuevas tecnologías, ya que la robotización y la inteligencia artificial que, si bien aumentan la productividad, también reducen el empleo, sobre todo en los casos de los trabajos de escasa cualificación. Ello ha producido en la clase obrera,  y también de la media, desconfianza y rechazo a estos grandes cambios tecnológicos, al igual que ocurrió con el movimiento ludista, contrario al maquinismo en los inicios de la revolución industrial. Todo ello ha generado un temor cierto a perder los empleos o a entrar en la nueva categoría de los llamados “trabajadores pobres”, aquellos a los que un empleo no les garantiza su subsistencia.

    En cuarto lugar, la crisis del Estado del Bienestar, con un sistema de pensiones cada vez más difícil de mantener, unido al deterioro, cuando no a la privatización de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o de recursos tan vitales como la gestión del agua.

  Por último, en quinto lugar, el creciente desencanto hacia la democracia representativa, debida factores tales como el monopolio de la  política por una partitocracia que se turna en el poder y que da la imagen de estar a merced y al servicio de los grandes intereses económicos, lo que da la sensación de que la clase política no nos representa. Igualmente, existe la percepción cierta de que el actual sistema político y judicial beneficia a las élites y hace que los costes económicos de la crisis pesen exclusivamente sobre las espaldas de las clases medias y trabajadoras.

    Ante semejante panorama, los citados autores apuntan algunas propuestas para hacer frente a esta ola antiglobalizadora que está aupando a los partidos extremistas de derechas. En primer lugar, desarrollar mejores políticas de integración de los inmigrantes y refugiados, lo cual resulta clave en este sentido. Además, los gobiernos deberían tener el coraje de redistribuir mejor los enormes niveles de riqueza generados por la globalización, así como subrayar las ventajas de la diversidad y la multiculturalidad; preparar a la ciudadanía para el cambio tecnológico, garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar y, por último, mejorar nuestra calidad democrática abriendo nuevos cauces que fomenten la participación ciudadana. Estas son algunas de las respuestas posibles para hacer frente a esta ola de demagogia reaccionaria y frenar la desigualdad y la xenofobia causada por la globalización, factores éstos que amenazan los cimientos de nuestra sociedad democrática.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 mayo 2017)

 

 

ACTIVANDO EL "BREXIT"

     La suerte está echada. Tras el triunfo del Brexit en el referéndum del 23 de junio de 2016, el Reino Unido ha decidido abandonar la Unión Europea (UE). Aunque esta decisión deberá contar con la aprobación del Parlamento de Londres, la voluntad del Gobierno conservador de Theresa May es iniciar el proceso a  partir del próximo mes de marzo activando para ello el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

     Despejado el espejismo de quienes pensaban que el Brexit era una estrategia para lograr un encaje privilegiado especial, esto es, que el referéndum hubiera sido como “una primera vuelta” que propiciase el que Bruselas ofreciera una oferta de mejor acomodación del Reino Unido en Europa que pudiera someterse a una nueva consulta ante la ciudadanía, la realidad de los hechos demuestra todo lo contrario:  las declaraciones de David Davis, el ministro británico para el Brexit, han dejado claro, de forma inequívoca,  que su Gobierno ha optado de forma decidida, con todas sus consecuencias, por una rápida salida de la Unión.

   A partir de este momento, como señalaba Ignacio Molina,  se iniciará “un complejísimo y potencialmente tenso proceso de triple negociación” entre el Reino Unido y la UE referente a la misma retirada británica de las instituciones comunitarias, el nuevo marco de relación futura y la conformación de acuerdos con terceros países. Esta situación era previsible ya que, antes del referéndum, en febrero de 2016,  el anterior Gobierno de David Cameron presentó al Parlamento británico un documento advirtiendo de que, en caso de triunfar el Brexit, “se abriría un período incierto, de duración desconocida y con un resultado impredecible” y los hechos van a confirmar, sin duda, estas advertencias.

     Ante el próximo inicio de las negociaciones del Brexit hay que tener presente que no hay precedentes sobre la aplicación del artículo 50 del TUE que regula la retirada voluntaria de un Estado de la Unión, excepción hecha del caso de la retirada en 1985 de Groenlandia, región autónoma de Dinamarca. Una vez iniciado el proceso, hay que considerar tres ideas básicas. En primer lugar, el hecho de que la UE tendría una posición de ventaja en las negociaciones mientras que el margen de maniobra británico sería más limitado ya que la Comisión Europea contaría con un mandato decidido por consenso en el seno del Consejo Europeo (del cual estaría ya excluido el Reino Unido), unido al hecho de que el resultado final deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y, al menos, 20 de los 27 Estados miembros que supongan el 65% de la población de la UE (mayoría supercualificada).

   En segundo lugar, no podemos obviar las consecuencias económicas de este proceso, entre ellas, la inestabilidad de los mercados financieros, la oscilación del valor de la libra, los previsibles efectos negativos para las inversiones en territorio británico, así como los movimientos de deslocalización de empresas hacia otros lugares para mantener el acceso de éstas al mercado interior de la UE.

   Todo lo dicho, e insistimos en ello, va a suponer unas negociaciones muy complejas que, posiblemente, requerirán más de dos años. En caso de ser necesaria una extensión  de dicho plazo, se requerirá un acuerdo unánime de todos los países miembros del Consejo Europeo y éstos, pueden pedir contrapartidas, lo cual deterioraría, todavía más, las pretensiones británicas de lograr el mejor acuerdo posible tras su salida de la UE.

    En el supuesto caso de que concluyese el plazo negociador sin acuerdo, el Reino Unido quedaría liberado de la obligación de cumplir las normativas y el Derecho de la UE, lo cual le convertiría, de hecho, en un Tercer Estado frente a la Unión y ello le supondría: la pérdida del acceso al mercado interior para las empresas británicas, la anulación de la libre circulación de ciudadanos británicos en territorio de la UE y la pérdida de los fondos comunitarios en cuestiones agrícolas y estructurales.

    Así las cosas, en el momento en que se active el artículo 50, si el Reino Unido desea mantener algunos vínculos con sus antiguos socios, tiene tres alternativas posibles:

1.- Si quiere mantener el acceso al mercado interior de la UE deberá cumplir tres condiciones: seguir contribuyendo al presupuesto comunitario, admitir la libre circulación de personas (algo a lo que tan reticente se muestra el Gobierno conservador de May) y respetar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) de Luxemburgo.

2.- Otras variantes de relación más privilegiada con la UE: en este caso, puede optar por el modelo de Noruega (acceso al Espacio Económico Europeo) o de Suiza (acuerdos bilaterales ad hoc). En ambos casos, debería de cumplir las obligaciones anteriormente citadas pero sin derecho a participar en la tomas de decisiones que las regulan y sin tener presencia en el TJUE.

3.- Una última opción sería la de unas relaciones más lejanas como las que sostiene la UE con Turquía (unión aduanera) o con Canadá (acuerdo de libre comercio, el conocido como CETA), opciones éstas que excluyen la libre circulación  de servicios y los acuerdos comerciales con terceros, temas éstos que tanto interesan a la economía británica.

   Por otra parte, el Reino Unido en tan incierto panorama futuro, parece querer priorizar su relación política y económica con los EE.UU. del nuevo y polémico presidente Donald Trump, abanderado de un proteccionismo pleno de demagogia populista, en medio de un mundo globalizado. De este modo, a la crisis que para la UE supone la salida de un estado del  peso del Reino Unido, se une el incierto camino que ahora emprende el socio que ha decidido, democráticamente, abandonar el proyecto político que supone la Unión Europea. Las consecuencias de tan importante decisión, para los británicos y el resto de los ciudadanos europeos, nos las dará el tiempo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 enero 2017)