TRUMPISMO FISCAL

 

    Desde siempre, los planteamientos económicos de la derecha liberal se han opuesto a las políticas de progresividad fiscal, a aquellas que, en los Estados socialmente avanzados, han pretendido vertebrar la sociedad reduciendo las desigualdades y la excesiva concentración de la riqueza y, de este modo, que cada ciudadano tributemos con arreglo a nuestros bienes y riqueza real.

    La fiscalidad progresiva comenzó a implantarse en algunos países durante la década de 1910-1920 y, en este sentido, fue un hito el que en 1913 los Estados Unidos (EE.UU.), a instancias del Partido Demócrata, introdujese, por primera vez, un impuesto federal sobre la renta y la fortuna. A partir de este momento, la aplicación de la progresividad fiscal en los EE.UU. siguió dos vías: el impuesto sobre la renta, cuyo tipo impositivo, como señala Thomas Piketty, alcanzó un promedio del 82% entre 1930-1980 y el impuesto sobre las sucesiones, que llegó a ser del 70% en el caso de las mayores transmisiones patrimoniales.

    Todo cambió con la llegada a la presidencia de los EE.UU. de Ronald Reagan en 1981 y la implantación de un programa económico ultraliberal que pretendía la demolición de la fiscalidad progresiva. De este modo, la reforma fiscal de Reagan de 1986 redujo el tipo máximo del impuesto sobre la renta al 28% y abandonó las políticas sociales del New Deal implantadas en su día por el presidente Roosevelt a las que acusó de “haber debilitado” a EE.UU.

     La siguiente vuelta de tuerca, más tarde seguida en diversos países, se debió a la reforma fiscal de Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca en el año 2016. Fue entonces cuando este empresario, convertido en presidente de los EE.UU., redujo el tipo impositivo federal sobre los beneficios empresariales del 35% al 15% y el impuesto a los propietarios de empresas, como era su caso, del 40% al 25%, además de eliminar totalmente el impuesto de sucesiones y abolir la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, el llamado “Obamacare”. Y no sólo eso: Trump aprovechó de forma demagógica sus recortes y la supresión de las políticas sociales estatales estigmatizando a la población negra a la cual acusaba de “beneficiarse demasiado” de dichas ayudas sociales, lo mismo que en la actualidad hacen las derechas xenófobas y racistas, también en España. Ante esta situación, los hechos han demostrado que resulta un grave error moral, histórico y económico, conceder regalos fiscales a los grupos sociales más ricos, a la vez que pone de manifiesto una profunda incomprensión ante los retos desigualitarios que plantea la actual globalización económica.

     El proceso de desmantelamiento de la progresividad fiscal, iniciado en la década de 1980 en EE.UU. y Reino Unido por parte de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, fue seguido en diversos países de Europa a partir de 1990 y principios de la década de 2000. En el caso de Italia, a partir del año 2018 se inició el desmantelamiento de la fiscalidad progresiva, proceso que ha continuado el actual gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni. Algo similar ocurre en la Rusia del autócrata Vladimir Putin, donde tras el hundimiento de la URSS no existe la más mínima política fiscal redistributiva. De hecho, desde el año 2001, el impuesto de la renta ha quedado fijado en el 13%, tanto para los ingresos de 1.000 rublos como para los de más de 100.000 y tampoco existe un impuesto de sucesiones, razón por la cual la Rusia de Putin se caracteriza, en palabras de Piketty, por “una deriva cleptocrática sin límites”.

   Todo este “trumpismo fiscal”, con su evidente carga de injusticia social y demagogia, que crispa la convivencia al enfrentar a las clases trabajadoras a las que dice defender frente a supuestos enemigos, siempre más pobres y generalmente inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas, está arraigando de forma preocupante en Europa, con evidentes éxitos electorales puesto que, como advertía Piketty, las clases trabajadoras, perjudicadas como consecuencia de la globalización ultraliberal, lamentablemente, “parecen confiar más en las fuerzas antiinmigración que en los partidos que dicen ser progresistas”.

     En el caso de Aragón, también el Presidente Jorge Azcón parece seguir los dictados del “trumpismo fiscal” pues recientemente, en su discurso de investidura, ha anunciado su intención de bajar los impuestos a las rentas más altas y de transferir dinero público a empresas privadas, con lo cual queda patente su voluntad de favorecer desde las instituciones a los intereses de las élites, a la vez que limita que los poderes públicos tengan los recursos económicos necesarios procedentes de una política fiscal progresiva para que éstos cumplan plenamente su función de redistribuidores de la riqueza y de que puedan prestar servicios públicos de calidad al conjunto de la ciudadanía.

    Ante esta situación, resulta esencial reactivar las políticas que defiendan la fiscalidad progresiva de signo socialdemócrata, pues ésta ha sido el cimiento sobre el cual se construyó el Estado social de bienestar, el mismo en que se empeñan en socavar las derechas políticas y económicas, que sólo miran, de forma insolidaria, por beneficiar a intereses privados y no por el bien del conjunto de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Igualmente, cada vez resulta más urgente establecer impuestos nuevos que frenen las alarmantes y graves consecuencias del innegable cambio climático que amenaza nuestro futuro. En este sentido, se plantea de forma insistente el establecer impuestos sobre las emisiones contaminantes, que sean socialmente aceptables y que afecten a los mayores emisores de CO2 y cuya recaudación íntegra se destine a financiar la transición ecológica, a lo que ha dado en llamarse “Green New Deal”, tan urgente como necesaria, basada en medidas firmes de justicia social y fiscal.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 octubre 2023)