8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

     

     Desde que el I Congreso Internacional Gitano celebrado en Londres en 1971, hace ahora 40 años, acordase la celebración del 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano, se ha levantado con firmeza la bandera en defensa de la dignidad y las señas de identidad de la comunidad gitana, del pueblo romaní, como también es conocido, la minoría étnica más numerosa de la Unión Europea, con una cifra estimada en torno a los 12 millones de personas, y que, desde yace ya seis siglos,  forma parte de la realidad histórica, social y cultural de nuestro continente.

     Lejos quedan sus orígenes en la región india del Punjab y su llegada a Europa a principios del s. XV, fechas por las que se fueron estableciendo en casi todos los países grupos de aquellas gentes de lengua extraña y vestimenta pintoresca a los que se les llamó “egipcianos”, término que más tarde derivaría en el actual de “gitanos”.

     Si en un primer momento fueron bien acogidos, no tardaron en aparecer prejuicios antigitanos por su modo de vida nómada sus prácticas de hechicería, así como  leyendas que los despreciaban por su piel oscura (en la época, equivalente a señal de inferioridad y maldad), o por considerarlos malditos (se les suponía descendientes de Cam,  además de haber fabricado los clavos de la crucifixión de Cristo), todo lo cual les fue condenando a la marginación por parte de las sociedades europeas en las que se habían ido asentando. En el caso de España, la historia del pueblo gitano fue azarosa. Los ejemplos de intolerancia y represión contra los gitanos fueron numerosos: desde la Pragmática Sanción de los Reyes Católicos de 1499, que los obligaba a sedentarizarse o de lo contrario, a sufrir penas de azotes, corte de orejas, expulsión, o esclavitud hasta la gran redada a Prisión General de los gitanos del 30 de julio de 1749, por la que Fernando VI  ordenó “prender a todos los gitanos avecindados en estos reinos, sin excepción de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido”, los cuales no serían amnistiados por Carlos III hasta 14 años después, aunque algunos no se liberarían hasta 1783.

     La situación siguió siendo adversa para los gitanos en toda Europa a lo largo de los siglos XIX y XX: recordemos el exterminio de la comunidad gitana europea a manos del nazismo durante la II Guerra Mundial, tragedia conocida como “Porraimos”, (“catástrofe”, en lengua romaní), que supuso el asesinato de más de un millón de gitanos y que frecuentemente se ha convertido en un genocidio olvidado: a diferencia de lo que ocurrió con la comunidad judía y como señalaba Yves Ternon, ningún gitano fue llamado a testificar en los procesos de Nüremberg contra los criminales nazis y los supervivientes nunca fueron  indemnizados. Volviendo a España, debemos recordar también la célebre Ley de Vagos y Maleantes (1933), tan implacablemente aplicada por la Guardia Civil durante el franquismo y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970), que reemplazó a la anterior durante los últimos años de la dictadura franquista hasta su derogación en el período democrático, pues la Constitución de 1978 reconocía la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley y, consecuentemente, la prohibición de cualquier tipo de discriminación social por razones de raza, sexo, religión o condición social.

     Pese a los solemnes principios constitucionales, lo cierto es que la comunidad gitana, a pesar de ver reconocida la igualdad jurídica, sigue sumida en una desigualdad real que hace que, en excesivas ocasiones, se halle atrapada en las redes de la marginación económica y social.  Ciertamente, los problemas siguen siendo numerosos y complejos, los cuales deben de ser abordados desde diversas perspectivas para que la integración gitana sea una realidad por encima  de las frecuentes (y estériles) palabras y acciones bienintencionadas.

     Pese a la complejidad del problema, existen rayos de esperanza como lo son la creciente pujanza del movimiento asociativo gitano y la implicación creciente de éste en la realidad social, aspectos en los que se han dado pasos muy significativos en defensa de la cultura y la dignidad del pueblo gitano. En el caso español, resulta muy destacable la labor desarrollada desde 1986 por la Unión Romaní, presidida por una persona tan prestigiosa como es Juan de Dios Ramírez Heredia.

      La participación de la comunidad gitana en la realidad política y social resulta cada vez más necesaria, no sólo como paso necesario para su integración ciudadana plena, sino, también, para sensibilizar y hacer frente a los negros nubarrones de abiertas tendencias xenófobas y racistas que están apareciendo en diversos países de nuestra civilizada Unión Europea de la mano de partidos de la derecha conservadora y también bajo el impulso de determinados partidos fascistas emergentes que, al igual que ocurre con la comunidad judía y las comunidades inmigrantes, han convertido a los gitanos en cabeza de turco de sus ataques. Recordemos las medidas de claro signo racista hacia la comunidad gitana aplicadas en fechas recientes por los gobiernos derechistas de Berlusconi en Italia y de Sarkozy en Francia, así como las actitudes abiertamente fascistas que están surgiendo en algunos países del Este de Europa. En este último caso, resulta significativo el caso de Hungría donde, tras las pasadas elecciones de 2010, se produjo un preocupante auge del partido fascista Jobbik que ya proponía en su programa electoral el encerrar a los gitanos en “campamentos de seguridad”. Desde entonces, al igual que está ocurriendo en Eslovaquia, las agresiones contra los gitanos húngaros han ido en aumento y, sin embargo, el presidente del Parlamento de Hungría, Köver László, del gubernamental Fidesz, se ha negado a rechazar estos ataques de claro signo nazi-fascista.

     Por ello, el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano resulta un buen momento para recordar que, además de estar alerta ante el auge de los partidos racistas, y de acabar con los prejuicios seculares para con la comunidad gitana, reafirmar nuestra defensa de una sociedad tolerante, intercultural y solidaria. Estos son los verdaderos cimientos de una sociedad ética y justa, de una sociedad que debemos ayudar a construir entre todos.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 8 abril 2011)