POR UNA FISCALIDAD PROGRESIVA

     La crisis económica sigue dando zarpazos que generan profundas heridas en el conjunto de nuestra sociedad con sus secuelas de paro y desesperanza, un túnel al que todavía no se le atisba una salida próxima. Con este telón de fondo y, hallándonos próximos a iniciarse la campaña electoral, algunos partidos empiezan a plantear diversas propuestas sobre fiscalidad, sobre la posibilidad de rebajar, o en su caso reducir, determinados impuestos. Y, sin embargo, en épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal de signo socialdemócrata, aspecto esencial de modelo de Estado de bienestar.

     Con arreglo al artículo 31 de la Constitución, los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo  basado en los principios de igualdad y progresividad por lo que, en las circunstancias actuales, se hace necesaria una revisión global de nuestro sistema tributario basado, fundamentalmente, en la priorización de los impuestos directos, aquellos que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta, impulsando medidas concretas  y efectivas tendentes a incrementar la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías de ventas de acciones o viviendas, seguros de vida) cuya tributación se efectúa por una triple vía (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades  y el Impuesto de no residentes). Por ello, debería de restablecerse el Impuesto sobre el Patrimonio aplicándole un mínimo exento, la creación de un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital, así como un impuesto adicional sobre las grandes fortunas, un impuesto sobre los beneficios bancarios y fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos de ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, además, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad, sin olvidar tampoco la inaplazable necesidad de reformar la tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

     Consecuentemente, lejos de nosotros la errónea idea de que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Bien al contrario, como señalaba Vicenç Navarro, los países que mejor han aplicado la progresividad fiscal, son precisamente los que, a pesar de la actual crisis global, mantienen mejores tasas de población activa y un Estado de Bienestar más desarrollado y de mayor calidad: este es el caso de Dinamarca, con una carga fiscal del 48 % de su PIB, o los de Suecia (47 %), los de Noruega y Finlandia, ambos con el 42 %, mientras que en España es del 33 %. Es por ello que, Navarro no duda en criticar las bajadas de impuestos, las rebajas fiscales aplicadas tanto por gobiernos de derechas como de centro-izquierda, como es el caso del PSOE, dado que ello ha supuesto para los Estados la pérdida de cuantiosos recursos, viéndose obligados a recurrir al endeudamiento, lo cual a su vez ha generado alarmantes déficits en las cuentas públicas.

     Dicho todo esto, resultan oportuno recordar algunas de las ideas y propuestas de la Plataforma para una Fiscalidad justa, ambiental y solidaria, entidad en la que se agrupan más de 30 organizaciones que promueven un modelo fiscal progresivo para España, que tenga por objetivo la redistribución de la riqueza, reducir las desigualdades y, por ello, ser un instrumento para la defensa y la promoción de la justicia social. Y es que, ante la actual situación de austeridad del gasto y de recortes sociales, debemos redefinir el modelo fiscal como forma no sólo de garantizar un auténtico esfuerzo solidario para salir de la crisis, sino también como salvaguardia del Estado de Bienestar ante los embates que está sufriendo por parte de la ofensiva neoliberal que todo lo invade. De hecho, la citada Plataforma no duda en criticar el marco fiscal vigente, tanto en cuanto es “regresivo” puesto que el sistema se sostiene básicamente sobre las rentas de los asalariados y no sobre las rentas del capital, con el agravante, además, de que se han reducido los impuestos directos, los que gravan las rentas y el patrimonio: supresión del impuesto de patrimonio, la práctica eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones o la reducción del impuesto de sociedades (con ello, las multinacionales han dejado de aportar cuantiosos ingresos a las arcas públicas) y, por el contrario, se han incrementado los impuestos indirectos (IVA, carburantes, tabaco), los cuales pagan por igual todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica: sólo sería aceptable el introducir algún criterio de progresividad en el IVA estableciendo un nuevo tipo superior para los artículos de lujo.

     Por otra parte, la Plataforma no duda en calificar al actual sistema fiscal español de “insuficiente” dadas las sucesivas rebajas fiscales aplicadas desde 1995, las cuales, no sólo han agudizado el déficit público sino que han beneficiado, sobre todo, a las rentas altas, lo cual está provocando un incremento de las desigualdades sociales. En esta misma línea, Vicenç Navarro es contundente al señalar que “los grandes recortes del gasto público que ahora se exigen son consecuencia directa de la bajada de los impuestos” y señala cómo “la congelación de las pensiones, la reducción de los salarios públicos y del gasto público podrían haberse evitado si no se hubieran recortado los impuestos del IRPF llevados a cabo tanto por Rato y después por Solbes, ni se hubieran eliminado los impuestos sobre el Patrimonio, ni se hubieran hecho otras reformas fiscales regresivas, que han significado una enorme merma de los ingresos del Estado”.

     Por todo lo dicho, ante un sistema fiscal regresivo e insuficiente, se hace necesario impulsar una profunda reforma fiscal progresiva basada en tres ideas esenciales: la equiparación de la tributación entre las rentas del trabajo y las del capital, el establecimiento de una fiscalidad ambiental (impuestos ecológicos) y, desde luego, un riguroso control del fraude fiscal, que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTMA), en el 2009, el año más agudo de la crisis, se elevó al 23,3 % del PIB español.  Se trata pues, de propuestas necesarias, pero hay que tener la valentía política de acometerlas. Debemos tener presente que plantear la cuestión de la  fiscalidad es tanto como abordar el debate sobre el concepto de equidad y el del modelo social que, como ciudadanos, debemos configurar. Por ello, hoy más que nunca, ante el embate de la crisis global y sus negativos efectos sociales, resulta indispensable avanzar hacia la Justicia Fiscal Global, hacia un nuevo modelo fiscal justo, ambiental y solidario.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 24 abril 2011 y Diario de Teruel, 25 abril 2011)