UNA ESCLAVITUD SILENCIADA

     

     En estos últimos días ha sido noticia el Dictamen del Consejo de Estado relativo a la posible prohibición de los anuncios de prostitución en la prensa española por considerarlos “una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como persona, que es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes”. Tampoco se puede obviar, tal y como recogía el referido Dictamen, el hecho evidente de que, tras estos anuncios, se ocultan actividades prohibidas por el Código Penal  como es el caso  de las mafias de trata de personas.

     Al margen de la doble moral con la que suele abordarse el tema de la prostitución, este tipo de anuncios, cuya eliminación ya propuso el Presidente Zapatero en el Debate sobre el  Estado de la Nación del pasado 15 de julio de 2010, son en muchas ocasiones la punta del iceberg de un drama silenciado: el de la explotación sexual, de mujeres, muchas de ellas inmigrantes, procedentes de África, Este de Europa y América Latina, por parte de las mafias internacionales.

     De entrada, digamos que, según el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (Palermo, 2000), se define este delito internacional como “la aceptación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.  Se trata, pues,  de un acto no consentido (o de serlo, mediante coacción, engaño o abuso); que supone una explotación económica, no sólo sexual, sino también cualquier trabajo forzado o realizado en condiciones de esclavitud, tales como talleres clandestinos, temporeros agrícolas, mendicidad, extracción de órganos sin olvidar tampoco la servidumbre en el trabajo doméstico y, por último, con un carácter transnacional.

     La trata de mujeres con fines de explotación sexual nos ofrece unos datos estremecedores. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este denigrante negocio afecta anualmente a 2,5 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, de las cuales, en torno a 500.000 mujeres entran cada año en Europa occidental para ser explotadas sexualmente. Por lo que se refiere al caso concreto de España, según  datos de la Red Española contra la Trata de Personas de 2008, cada año, entre 40.000 y 50.000 mujeres son engañadas y traídas a nuestro país por las mafias que controlan los negocios del sexo procedentes de Marruecos, África subsahariana, países del Este, Brasil o Centroamérica.

     La trata de seres humanos con fines de explotación sexual se ha convertido en un negocio muy rentable para las mafias que lo controlan: la OIT cifra que la industria del sexo mueve en el mundo unos 32.000 millones de dólares/año, lo cual convierte a la explotación sexual en el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de drogas y el de armas.

     Pese a la carencia de datos oficiales y también de adecuados mecanismos de seguimiento, estamos pues asistiendo a la globalización de la violencia contra las mujeres. Este drama ha hecho que miles de ellas, sobre todo inmigrantes, caigan en manos de las redes mafiosas que controlan el negocio del sexo, quedando reducidas a condiciones equiparables a las de una nueva esclavitud, sometidas a lamentables situaciones de violencia física, psicológica y sexual. Ante esta grave violación de los derechos humanos, resulta indignante comprobar cómo este fenómeno está convirtiendo a una parte importante de la población femenina inmigrante en una simple mercancía por la que se paga y a la que se puede usar y tirar sin ningún escrúpulo. Lo mismo ocurre con el denigrante turismo sexual de personas procedentes de los países ricos que se dirige hacia determinados lugares del Tercer Mundo para practicar, con total impunidad, relaciones sexuales con niñas o niñas menores de edad.

     Para sensibilizar a la sociedad de esta situación se instituyó el 23 de diciembre como “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres”. Por todo ello, resulta urgente aplicar con todas sus consecuencias el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos aprobado en el 2005 por el Consejo de Europa y que entró en vigor en España en el 2009, a la vez que se puso en marcha el Plan Integral de Lucha Contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual del desaparecido Ministerio de Igualdad y en el que se priorizaba  el enfoque penal para combatir a las mafias así como también el control de las migraciones. Sin embargo, y pese a los avances logrados, todavía existen carencias a la hora de abordar las raíces estructurales de esta lacra o en temas tan sensibles como la atención integral a las víctimas, especialmente el acceso de éstas a los derechos que legalmente les corresponden en materia de asistencia y reparación.

     El juez Baltasar Garzón fue uno de los primeros magistrados que asumió, con valentía, el compromiso de impulsar la lucha penal para combatir la violencia sexual contra las mujeres dadas las evidentes conexiones de ésta con el crimen organizado, esto es, con las mafias que se lucran con el negocio del sexo. Recordando los centenares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (México) y en otros tantos lugares, resulta muy oportuno recordar, a modo de reflexión, la afirmación hecha por Garzón en su libro Un mundo sin miedo (2005): “La condición humana consiste en luchar constante y permanentemente para cambiar el mundo y mejorar nuestra propia existencia, en el sentido de reducir o liminar las explotación de unos seres humanos por otros, en todos los frentes, desde los políticos a los criminales”.

     Este es el reto que golpea nuestras conciencias, para que desde el Estado de Derecho y desde la conciencia cívica hagamos frente a estas nuevas formas de esclavitud, en ocasiones silenciadas, que denigran a las mentalidades y a las sociedades que las consienten y amparan.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: Diario de Teruel, 28 marzo 2011)