JUSTICIA POLITIZADA

 

    El interesante libro de Jesús Cintora titulado No quieren que lo sepas dedica un capítulo a denunciar la “politización impresentable” de la Justicia en España. Así ocurre con en los casos del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía General ya que, mientras los dos primeros se eligen pactando cuotas entre los partidos políticos, la Fiscalía General es elegida desde el Gobierno de turno. Se trata, sin duda, de una “anomalía de la Justicia española” pues, como nos recordaba Cintora, “si hay magistrados que deben su cargo a un partido político, la tendencia puede ser la de satisfacer ese favor devolviendo la moneda. Es más, si el juez quiere seguir escalando y sabe que depende de una elección impulsada por las formaciones políticas, puede intentar agradarles. Esto es una perversión”. Evidentemente, esta politización del sistema judicial habla, muy a las claras, de la falta de respeto a la separación de poderes y hay que buscar alternativas para que estas prácticas viciadas no se perpetúen en el tiempo.

    Por lo que respecta a la renovación de los órganos judiciales, la ciudadanía percibimos un “cambio de cromos” entre los grupos políticos que, además, la mayor parte de las veces, tienen lugar en medio de “negociaciones muy opacas”. De este modo, se adolece de la necesaria transparencia en la presentación pública de las candidaturas en los procesos de renovación, así como del conocimiento de los méritos que puedan tener cada uno de los aspirantes a dicha renovación.

    A todo ello se suman casos que resultan especialmente escandalosos y que dicen bien poco a favor del Poder Judicial en España. Podemos citar el caso Carlos Dívar, del conservador y presidente de la Audiencia Nacional, elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo mediante un pacto PSOE-PP y que tuvo que dimitir como consecuencia de los gastos derivados de sus 32 viajes de difícil justificación, los que fueron conocidos como “fines de semana caribeños”. Otro caso, también indignante fue el de Fernando de la Rosa, quien fuera vice-presidente del CGPJ a propuesta del PP, tras haber sido Conseller de la Generalitat Valenciana de Francisco Camps,  y que llegó a calificar la Ley 3/2007, de 22 de marzo,  para la igualdad efectiva de mujeres y hombres impulsada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, como “un ejemplo de la extrema locura del Gobierno” y que, en 2015, tras tomar posesión como Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, se encargara, desde su Sección Segunda, ironías del destino, de los asuntos relacionados con la violencia de género. Por lo que se refiere a Carlos Lesmes, que fue Presidente del Tribunal Supremo y posteriormente del CGPJ hasta su dimisión el pasado 9 de octubre de 2022, fue en su día un alto cargo del Gobierno de José María Aznar y profesor de los cursos de la FAES.

    Pero si hay un caso que resulta clamoroso es la falta de renovación del CGPJ, el cual se halla caducado desde el 4 de diciembre de 2018, esto es, desde hace 5 años incumpliendo de este modo lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, del Consejo General del poder Judicial en la que se indica que el máximo órgano de los jueces “se renovará en su totalidad cada 5 años”. La causa es bien conocida y que señalaba con rotundidad Antonio Papell en un artículo titulado “La intolerable deriva judicial”, publicado el pasado 21 de septiembre de 2022 en El Periódico de Aragón: “la cerrada negativa del PP a prestarse a la debida negociación de un nuevo Consejo, ya que se requieren los 3/5 del Congreso y del Senado, que sólo se logran con los votos del PP y del PSOE”. Y las razones, también son claras: el bloqueo político por parte del PP para la renovación del CGPJ, lo cual vulnera flagrantemente el mandato constitucional, se debe a que, durante estos 5 años, citando de nuevo a Antonio Papell, han sido “un período en el que el PP era examinado en numerosos frentes judiciales por sus corruptelas y corrupciones”, dando lugar a una “deriva moral” que culminó con la moción de censura que desalojó del Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018. Este bloqueo, a la hora de renovar el CGPJ, sin duda, va a obligar a intervenir a Didier Reynders, Comisario de Justicia de la UE para que sea efectiva.

    Por todo lo dicho, ha llegado el momento de acabar con esta insana e intolerable relación entre la política y la justicia. Y, para ponerle freno, además de la urgente renovación, permanentemente bloqueada por los intereses políticos y judiciales del PP, se plantea la espinosa cuestión de cuál sería la forma más idónea para la elección de los jueces. En este sentido, en otros países de nuestro entorno europeo se ha optado por un sistema mixto, esto es, que la mitad de los jueces sean elegidos por los partidos políticos y la otra mitad por los jueces directamente. No obstante, en este tema, la propuesta de Cintora es más efectiva y despolitizada pues insiste en señalar que “debería regularse de manera objetiva mediante un claro baremo para realizar los nombramientos”. De este modo, dicha objetividad debería tener en cuenta exclusivamente la cualificación profesional de los aspirantes, valorando aspectos tan obvios como el expediente académico, su experiencia en la judicatura y en la docencia o su puntuación por presencia en determinados tribunales. Una propuesta, ésta, que harían bien en considerar nuestros políticos como forma de dignificar nuestra Justicia, el tercer poder del Estado y, con ello, consolidar la división de poderes al margen de cualquier interferencia que la distorsione, y así mejorar la calidad de nuestras instituciones democráticas.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 diciembre 2023)