LA INICIATIVA 1:12 Y LA JUSTICIA RETRIBUTIVA

 

     Frente a los repetidos empeños en reducir los salarios de los trabajadores con la coartada de así lograr una mayor competitividad económica, y cuando el documento Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma elaborado por la FAES y dirigido por Miguel Marín apunta la peligrosa idea de suprimir el salario mínimo interprofesional  y el seguro de desempleo, hay que reivindicar otras alternativas que resulten más justas socialmente y más audaces desde una perspectiva fiscal.

     Este es el caso de la llamada Iniciativa 1:12 para una paga justa la cual supone un intento de acabar con los desmesurados sueldos de los altos ejecutivos, aquellos a quienes en nada ha afectado (bien al contrario), la crisis económica y que en muchas ocasiones sus salarios resultan motivo de escándalo comparados con la devastación social a la que está siendo sometida la clase media y, sobre todo, la clase trabajadora en estos últimos años.

     La idea surgió por parte de la JUSO, la rama juvenil del Partido Socialista Suizo en el año 2009 con objeto de evitar, como señalaba Cédric Wermuth, su entonces dirigente, que “ejecutivos codiciosos ganen millones  mientras otra gente no gana lo suficiente para vivir”. De este modo, la Iniciativa 1:12 proponía limitar constitucionalmente en el país helvético que una persona no pueda ganar en un mes más de lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año, lo cual suponía un audaz intento de acabar con la desigualdad retributiva empresarial.

     La iniciativa de la JUSO, tras lograr las 100.000 firmas necesarias, fue sometida a referéndum el pasado 24 de noviembre de 2013 y, aunque fue derrotada por la presión ejercida por la Swiss Holdings, la federación de las multinacionales con sede en Suiza, entre ellas las farmacéuticas Roche o la poderosa Nestlé, que amenazaron con deslocalizar sus empresas trasladándolas a otros países. Y no es de extrañar el frontal rechazo de las mismas:  los directivos de Roche ganan 236 veces más que su empleado con el sueldo más bajo, y el de los ejecutivos de Nestlé es 188 veces superior.

     Pese a este revés, la Iniciativa 1:12 ha generado, como señala Sam Pizzigati, “un importante debate sobre la igualdad de salarios y una distribución más justa de la renta” y campañas similares se han extendido en Francia y Alemania. También ha sido apoyada por pensadores, a nivel global, sobre la igualdad, como el epidemiólogo británico Richard Wilkinson, según el cual esta iniciativa está poniendo de manifiesto que la actividad empresarial “no debe organizarse como un sistema para la concentración no democrática de la riqueza y el poder”.

   Y así las cosas, ¿qué podemos decir de España en donde los directivos bancarios, pese a su en ocasiones nefasta gestión, reciben salarios e indemnizaciones millonarias? ¿y de los políticos excedentes que, mediante el deplorable método de las “puertas giratorias” hallan retiros dorados muy bien retribuidos en poderosas corporaciones económicas o financieras?.

   Es de justicia señalar que ya en noviembre de 2013, coincidiendo con el citado referéndum suizo y haciéndose eco de su espíritu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una Proposición no de ley en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para poner límites salariales a “las clases dirigentes”. De este modo, se pretendía fijar un techo salarial para los directivos de todas las empresas privadas y administraciones públicas de 1:12, la proporción que da nombre a la Iniciativa 1:12. Esta propuesta, además de incidir en la justicia retributiva, tiene un claro componente ético puesto que resulta evidente (y flagrante) el que, como señalaba ERC, que no ha habido una “justa correlación” entre los costes sociales ocasionados por las reformas estructurales que se han puesto en marcha desde el inicio de la crisis y que tantos recortes de derechos laborales, económicos y de servicios sociales han supuesto para las clases media y trabajadora, y los crecientes beneficios logrados por los perceptores de las rentas más altas, los mismos que, en muchos casos, se han lucrado con la crisis. Baste recordar que los altos directivos de las empresas del Ibex 35 han pasado de ganar 23 veces más que sus empleados en 2007 a cobrar 25 veces por encima en 2013…y la brecha salarial sigue creciendo en la actualidad. Ello ha supuesto que, durante la actual crisis, las clases altas son cada vez más ricas en términos absolutos y relativos mientras que se ha producido un grave empobrecimiento  de la gran mayoría de la población, con consecuencias tan sonrojantes como los crecientes índices de pobreza y malnutrición infantil en España.

   Frente a una creciente desigualdad social, resulta urgente que las fuerzas progresistas y los sindicatos de clase trabajen conjuntamente impulsando ideas que, como la Iniciativa 1:12, vinculen proporcionalmente los salarios de los directivos al salario mínimo dentro de una misma empresa así frenar el riesgo de que la brecha social de la desigualdad siga aumentando. En consecuencia, resulta imprescindible reformar el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores para establecer un techo salarial máximo bruto (incluyendo el salario fijo y los posibles bonos, incentivos, complementos y cualquier forma de retribución directa o indirecta, tanto a nivel mensual como anual), vinculándolo al sueldo más bajo en relación 1:12. Dicha reforma debería de afectar a la empresa privada y también al sector público (Administración, instituciones del Estado y cualquier organización, empresa, fundación y organización que cuente con participación pública directa o indirecta).

   Esta política retributiva es un deber y una bandera que debemos defender y enarbolar todos aquellos que creemos, pese al avasallamiento al que estamos siendo sometidos por el neoliberalismo, que es posible transformar la sociedad con criterios de justicia y de solidaridad compartida.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 diciembre 2014)

 

 

EL PP Y LA HERENCIA DE CÁNOVAS

 

    Resulta innegable que en estos últimos años y, aprovechando la coartada de la crisis, España, de la mano del Gobierno del PP está sufriendo un grave involución en materia de derechos y libertades, unos preocupantes retrocesos y restricciones democráticos. Y no nos debe de extrañar puesto que las raíces ideológicas de la derecha gobernante, no sólo se vinculan con determinados aspectos del legado franquista, sino que se remontan a figuras del más rancio conservadurismo del s. XIX. Este es el caso de Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), cuya larga sombra sigue muy presente (como permiso de Ángela Merkel) en el ideario político del actual PP.

    Dicho esto, debemos recordar que, como señala José Antonio Piqueras en su libro Cánovas y la derecha española. Del magnicidio a los necon (2008), el político conservador se convirtió en el principal referente ideológico de la derecha española durante la Transición democrática. Eran los tiempos en los que, como recordaba el historiador Carlos Dardé, la derecha postfranquista intentaba darse un barniz democrático y en el que los dirigentes populares intentaban “pasar por nietos de Cánovas antes que por hijos de Franco”, aunque esta última herencia, especialmente si tenemos presente el permanente obstruccionismo del PP ante las políticas públicas de impulso de la memoria histórica democrática, sigue resultando evidente. No fue casualidad que, en tiempos de Manuel Fraga, se crease la Fundación Cánovas del Castillo la cual se convirtió en el referente ideológico del PP hasta que, durante el Gobierno de José María Aznar, ésta, junto con otras fundaciones afines a los populares, se integraron en el año 2002 en la FAES.

   La herencia política de Cánovas no sólo fue patente durante la Transición sino que se extiende hasta el momento presente y su influencia ha sido patente en el rearme ideológico de los conservadores españoles, especialmente en el caso de neocon tan influyentes como Aznar o Esperanza Aguirre.

   El momento estelar de la magnificación de la figura de Cánovas tuvo lugar en 1997 con motivo del centenario de su asesinato, cuando era Presidente del Consejo de Ministros, a manos de un militante libertario. El entonces Gobierno de Aznar concedió el carácter de “celebración de Estado” a la conmemoración del magnicidio de Cánovas y dichos actos tuvieron una clara instrumentalización política ya que, tanto el Gobierno Aznar como el PP, aprovecharon para reivindicar los principios y valores de la derecha conservadora, entre ellos, la religión, la familia y la nación española, presentando a Cánovas como uno de los padres del Estado-nación liberal y centralista. Con este motivo, se impulsó una intensa campaña propagandística de la figura de Cánovas mediante la edición de libros, documentales y la celebración de exposiciones, seminarios y conferencias laudatorias sobre el legado de Cánovas, el principal político conservador de la España de la Restauración.

    Pero, frente a tanta exaltación canovista, la realidad de su herencia política es bien distinta. Como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada (2007), “convertir a Cánovas en icono nacional resultó un ejercicio lleno de dificultades en la España democrática” por tres razones fundamentales que los dirigentes populares obviaron deliberadamente: su carácter antidemocrático (siempre se opuso frontalmente a establecimiento del sufragio universal en España), por sus medidas represivas contra la clase trabajadora y el movimiento obrero y, también, por haber sido el artífice de un sistema político corrupto basado en el caciquismo y en el consiguiente fraude electoral sistemático. Vistas estas líneas maestras de la política canovista del s. XIX, no es difícil asociarlas con la actuación del actual Gobierno de Rajoy y sus lacerantes recortes de derechos y libertades (incluida su pretensión de reforma del sistema electoral), la merma de derechos laborales y, en cuanto a la corrupción, ¿qué decir de las vinculaciones con el caso Gúrtel y del hecho de que todos los tesoreros del PP están (o han estado) incursos en procesos penales?.

   Frente a estas evidencias, la conmemoración del centenario de la muerte de Cánovas en 1997, nos lo presentaba como “un visionario que había traído la estabilidad al país con la restauración de la monarquía tras una serie de revoluciones y guerras civiles iniciadas en 1868” (Balfour-Quiroga). Esta imagen significaba, desde el punto de vista conservador, una exaltación de la monarquía como elemento clave de la estabilidad de España, así como que los cambios políticos del sistema debían ser “moderados” y producirse siempre a partir del consenso previo entre los dos principales partidos de la Restauración (conservadores y liberales) y siempre y cuando no implicasen crítica algún a la Corona.  Estas son precisamente las mismas ideas que prevalecen en el PP actual: defensa cerrada de la monarquía (a pesar de su anacronismo y escándalos) y necesidad de preservar el sistema político (a pesar de sus carencias y déficits democráticos) forzando un gran pacto de Estado ente el PP y el PSOE, tanto en materia económica, como electoral y territorial. Esto es canovismo puro, la herencia de una vieja, apolillada y decimonónica política conservadora.

   Como señala Millán y Romero, Cánovas creó un sistema antidemocrático “que impidió la consolidación de una sociedad civil participativa y una esfera pública nacional integradora” lo cual fue generando una brecha cada vez mayor entre la identidad nacional popular y el nacionalismo oficial de la monarquía de la Restauración. Exactamente como ocurre en la España actual y que se plasma en la aparición de nuevos movimientos políticos y sociales que cuestionan el sistema surgido de la Transición y que ha generadola profunda crisis identitaria y territorial en la que nos hallamos sumidos.

    La sombra de Cánovas, desde el s. XIX hasta la actualidad, además de alargada, como los cipreses de Delibes, es lacerante y con evidentes rasgos antidemocráticos, antisociales y con un uso descarado de la corrupción en beneficio de los intereses partidarios. Esa es la herencia de Antonio Cánovas del Castillo en el actual y descentrado Partido Popular. Y esa herencia es muy preocupante.

 

José Ramón Villanueva Herrero

 

REPUBLICA FEDERAL ESPAÑOLA, CAPITAL: BARCELONA

 

 

     Al problema que supone este caballo encabritado que es la crisis económica, se ha unido en España  la no menos grave crisis territorial planteada por el proceso secesionista de Cataluña. Si reprochable resulta el inmovilismo numantino de un rancio y trasnochado nacionalismo españolista, produce tristeza constatar el que los nacionalismos periféricos, al margen de sus legítimas aspiraciones de autogobierno, han actuado con excesiva frecuencia con una deslealtad constitucional, tanto en la España democrática surgida tras el final de la dictadura franquista, como en otros períodos anteriores.

      Recordando las lecciones de la historia, me viene a la memoria la actitud de los nacionalistas vascos y catalanes durante nuestra guerra civil en la que, éstos, conscientes de la inevitable derrota militar de la República ante el embate fascista,  intentaron llegar a un quimérico acuerdo con las fuerzas franquistas. En este contexto, tuvo lugar el enfrentamiento entre Juan Negrín, el presidente del Gobierno republicano, y la actuación del PNV y de ERC, un enfrentamiento con un profundo calado político. De hecho, como señalaba Ángel Viñas, Negrín siempre consideró que, para derrotar al fascismo era imprescindible recuperar y fortalecer la autoridad del Estado republicano ya que, “la alternativa era el caos” y, por ello, había que evitar, en tan difíciles circunstancias, el “taifismo”( bien fuera éste vasco, catalán o anarquista) y la disgregación de la autoridad.

    Debemos recordar el llamado Pacto de Santoña del 24 de agosto de 1937, la rendición del Ejército de Euskadi ante las tropas fascistas italianas y que  supuso un duro golpe por parte del PNV a la causa republicana y una enorme torpeza al confiar en una impensable “generosidad fascista” para con el pueblo vasco, la cual, obviamente,  nunca existió.

    Tras este pacto, para muchos, una “traición”, Negrín, que siempre desconfió de los nacionalismos insolidarios,  temiendo que también la Generalitat de Cataluña pretendiera buscar una solución unilateral a la guerra, decidió trasladar la sede del Gobierno republicano  a Barcelona a finales de octubre de 1937 con el doble objetivo de evitar una posible traición por parte del nacionalismo catalán y, también, para garantizar el control gubernamental de la vital frontera con Francia. Como señaló el dirigente comunista Palmiro Togliatti, se pretendía, así, impedir  “que triunfase en Cataluña un movimiento favorable a la paz separada con el fascismo”.

    Negrín no estaba equivocado ni sus temores eran infundados pues eran conocidos los intentos de Euskadi y Cataluña de llegar a una paz por separado con Franco y, para ello, como señala Josep Sánchez Cervelló,  aunque hubo intentos desde finales de 1936, tras la ruptura del frente de Aragón (marzo 1938), tanto el Gobierno Vasco como la Generalitat catalana realizaron gestiones en Londres y París con objeto  de lograr una mediación franco-británica que salvaguardase sus respectivos autogobiernos. De este modo, los nacionalistas vascos y catalanes soñaron con una quimérica negociación por su cuenta para lograr el cese de hostilidades en sus territorios a cambio de unas reivindicaciones específicas cuales eran: la presencia propia de Euskadi y Cataluña en una hipotética conferencia de paz, respeto a sus Estatutos de Autonomía, plebiscito separado en cada uno de estos territorios sobre la naturaleza de su futuro régimen político y la desmilitarización de Euskadi y Cataluña, reivindicaciones éstas, que acertadamente calificó Ángel Viñas de estar llenas de “ombliguismo” y “candidez”. Esta diplomacia secreta, en la que en cierta medida participó el Vaticano, supuso, lógicamente, un empeoramiento de las relaciones de Negrín con respecto al lehendakari Aguirre y el president Companys,  si bien es cierto que, a pesar de esta deslealtad política, la inmensa mayoría de la población vasca y catalana se mantuvo fiel a la causa republicana.

    Tras la Conferencia de Munich (29-30 octubre 1938), cuando la guerra ya estaba perdida definitivamente para la República, se produjeron nuevas actuaciones del Gobierno de Euskadi ante el Foreign Office en defensa de la autodeterminación vasca. Por su parte, la Generalitat realizó gestiones en París llegando incluso a plantearse  un cesión territorial de Cataluña a Francia, lo cual, además de un sinsentido, asestaba, en las contundentes palabras de Ángel Viñas,  “una puñalada por la espalda al Gobierno de la República”.Por ello, frente a esta desafección, recuerdo la frase que Manuel Tuñon de Lara dijo a Eloy Fernández Clemente y que éste recoge en sus memorias: “Jamás te avergüences de España: es el único país con Vietnam que resistió tres años un golpe de Estado”.

    Vueltos al presente, ante la actual crisis territorial, ante la inacción del Gobierno de Rajoy,  incapaz de ofrecer ninguna propuesta ilusionante frente a las derivas  insolidarias del secesionismo nacionalista, el concepto de España se halla en una preocupante crisis identitaria de incierto futuro. Las actitudes de unos y otros parecen conducirnos, como decía Iñaki Gabilondo, en un frenético galopar, hacia una embestida fatal. Ante este horizonte, siempre me he manifestado partidario del derecho a decidir del pueblo catalán y de una redefinición del modelo territorial español en torno a una República federal que articule de una manera más armoniosa la innegable plurinacionalidad de lo que, en otros tiempos, se denominaba “las Españas”, nuestra nación de naciones. Ha llegado el momento de tomar decisiones valientes y, además de las apuntadas, no sería descabellado plantear que, en una futura República federal, la capital  de España debería de ser trasladada a Barcelona, como en su día hizo el presidente Juan Negrín, lo cual, además de una ruptura con las inercias centralistas, sería un elemento de mayor articulación e integración territorial que, sin duda, limitaría los anhelos, por otra parte legítimos, del secesionismo catalán. Una cuestión ciertamente polémica, pero también imaginativa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: Canarias Noticias, 11 noviembre 2014)

 

 

 

 

ALEMANIA FRENTE A EUROPA

 

 

     Una de las principales causas del actual encallamiento del proyecto europeo es el viraje producido por Alemania en relación a la Unión Europea (UE). Y es que, si durante décadas el país germano había sido el mayor contribuyente a las finanzas comunitarias, modelo de solidaridad y motor de la UE, ha pasado de ser el acelerador de la misma a poner el freno de mano en cuestiones claves para la construcción federal y solidaria de Europa.

    Lejos quedó el impulso decisivo del eje franco-alemán, de la voluntad europeísta de los cancilleres germanos Adenauer, Schmidt o  Kohl. La Alemania de la solidaridad parece haber quedado atrás y la actual canciller Angela Merkel, apoyada por su creciente hegemonía política en la UE,  nos ha impuesto su dieta de estricta austeridad económica.

   Todo cambió tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Hasta ese momento, la entonces República Federal Alemana (RFA) era consciente de que necesitaba una Europa fuerte frente a la presión soviética. Eran los años de la Guerra Fría, de la política de bloques y el asidero ante la permanente amenaza del Este era, según los políticos germanos, una Europa unida, democrática y próspera. Pero, en 1989 tuvieron lugar unos acontecimientos históricos determinantes: la caída del Muro de Berlín y el consiguiente hundimiento del bloque del Este y, con ello, el de la prosoviética República Democrática Alemana (RDA), lo cual propició al anhelada reunificación de las dos Alemanias. Resurgía así, en la Europa central, una nueva Alemania, convertida ya en una potencia no sólo económica sino, también, política.

  A partir de entonces, la Alemania unificada comenzó a ir recuperando gradualmente su “hinterland” tradicional, esto es, su tradicional influencia-hegemonía histórica en la Europa centro-oriental, como en la Edad Media, como durante el Imperio alemán, como ocurrió durante el III Reich. De las dos “almas” que coexisten en la mentalidad alemana, la “renana” (occidental y europeísta) y la “prusiana”, nostálgica del  viejo hegemonismo continental germano, parecía haberse impuesto ésta última. Como señalaban Alfons Calderón y Luis Sols, “unificada Alemania y ampliada la UE hacia el Este, los alemanes se han orientado cada vez más hacia un área donde crecen sus intereses económicos y donde les llega el gas imprescindible para su actividad productiva”. Ello explicaría los crecientes intereses de Alemania en Polonia, los Balcanes o su actitud ante la crisis de Ucrania.

   A este cambio geoestratégico hay que añadir el creciente rechazo germano a continuar siendo el mayor contribuyente a las arcas de la UE. En este sentido, tanto la conservadora  CDU, el partido de Merkel, como el liberal FDP, su habitual socio de gobierno, fieles seguidores ambos de la doctrina neoliberal,  se han opuesto con rotundidad a mantener la tradicional solidaridad económica alemana bajo el manido argumento de que ello incrementaba el gasto público y los impuestos. En la opinión pública germana, influida por los grandes grupos mediáticos, ha calado la idea de que la “austera y bien administrada” Alemania estaba financiando “en exceso” a los “derrochadores” países del sur. Ello hizo que Merkel frenase el gasto público en 2009-2010, justo en el momento en que se debía de acudir al rescate de Grecia y se negó igualmente a ofrecer préstamos a bajo interés al país heleno con lo cual dejó de funcionar la solidaridad europea. No nos debe de extrañar que, por ello, Grecia se halle en la actualidad en una situación económica catastrófica, con una grave crisis política y, como consecuencia, con un preocupante auge del partido neonazi Amanecer Dorado. Los alemanes deberían recordar  que, en una situación similar, llegó en 1933 Hitler al poder, aupado por la desesperación de millones de personas que confiaron en el delirio hitleriano como solución para salir de la inmensa crisis económica y política que atravesaba la República de Weimar.

   Por todo lo dicho, el otrora entusiasmo europeísta alemán se ha ido desinflando en los últimos años de los gobiernos conservadores-liberales de Merkel. La Alemania actual es bien distinta a la que junto a Francia impulsó, desde los duros años de la posguerra mundial, los pasos decisivos hacia la construcción europea. Y es que, tras el fin de los bloques militares, la unificación de las dos Alemanias (RFA-RDA) y el traslado de la capital a Berlín, los ciudadanos alemanes, en su mayoría, ya no se sienten tan solidarios con el resto de los europeos y ven con simpatía que Alemania “vuelva a mandar” en Europa…y eso les va bien.

   Algunos autores han estudiado el nuevo hegemonismo germano. Este es el caso del sociólogo Ulrich Beck, autor del libro Una Europa alemana, o el de Ángel Ferrero, el cual señala que, tras la caída del III Reich y el fin de la que él llama “Cuarta Alemania” (1945-1990), ha surgido una “Quinta Alemania”, la de Merkel, decidida a mandar en Europa y a extender su influencia en el centro y este del continente, heredera de la política “prusiana” de Bismarck. Esta es la política que ha aupado a Merkel a un liderazgo sólido no sólo en su país sino que la ha convertido en la política más poderosa de la UE y que tanto ha beneficiado a la economía germana sin importarle los graves perjuicios ocasionados al resto de los países socios de la Unión. De este modo, la locomotora alemana parece ir cada vez más por vías que se alejan del gran sueño de una Europa unida en la diversidad, próspera y solidaria, tal y como soñaron, entre otros,  Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi o Paul-Henri Spaak, los considerados como “padres fundadores” de la nueva Europa renacida de las ruinas de la II Guerra Mundial, aquel proyecto de paz, democracia y progreso económico que, pese a la crisis actual, sigue tan vigente e imprescindible como siempre.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 octubre 2014)

 

LA DECISIÓN DE SOCHI

 

     La ciudad rusa de Sochi, sede de los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, tiene una vinculación muy especial con la historia de España y, más concretamente, con nuestra trágica guerra civil. Estamos en septiembre de 1936, hacía 6 semanas que, iniciada la contienda, los sublevados, con el decisivo apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, pletóricos de moral, avanzaban imparables hacia Madrid y las fuerzas republicanas se batían en retirada.

     El 4 de septiembre, a la vez que caía Irún en poder de las tropas de Mola y se cortaban las comunicaciones con Francia, se formaba el Gobierno de Largo Caballero. El veterano dirigente socialista trataba de forjar un gabinete de unidad antifascista, una “alianza de clases” entre el obrerismo reformista y las fuerzas burguesas para salvar a la República. La situación era desesperada no sólo en los frentes de batalla sino también en el campo diplomático como consecuencia del abandono de Francia y Gran Bretaña, las potencias democráticas, para con la acosada República española, unida a la dramática inacción de la Sociedad de Naciones y a la farsa de la No Intervención que estrangulaba las posibilidades de defensa republicanas.

     Así las cosas, sólo dos países acudieron en ayuda de la democracia republicana: México y la URSS. Quedaba claro que el tan debatido viraje republicano hacia la URSS no respondió a motivos ideológicos sino a la única opción viable: de no haberlo hecho así, la alternativa, como señaló Osorio y Gallardo, era sólo una, “perecer” y a ello no se estaba dispuesta la República. Por su parte,  Julián Zugazagoitia lo explicó con total  realismo al señalar que“negados los apoyos que teníamos derecho a esperar de las potencias democráticas, se hacía forzoso, como único recurso, pensar en Rusia. Acudimos a su amistad cuando nos sentimos desahuciados de los que con más intensidad habíamos cultivado. La República española no se había hecho de la noche a la mañana comunista. Mucho más simple: el instinto de conservación le empujaba inexorablemente hacia la URSS. Rusia era nuestro único asidero”.

    A muchos miles de kilómetros, Stalin, el dictador soviético se hallaba en su residencia de verano de Sochi, una apacible ciudad situada entre el Cáucaso y el mar Negro. Consciente de la situación desesperada de la República y, respondiendo a los intereses geopolíticos soviéticos, Stalin planificó unas líneas de actuación que marcaron el devenir de nuestra guerra civil y alentaron la resistencia republicana ante el embate del fascismo. De este modo, en Sochi decidió que la URSS debía intervenir para evitar el colapso republicano enviando para ello los primeros pilotos y asesores militares, facilitó el suministro de armamento que resultaba vital y acordó la creación de las Brigadas Internacionales, decidida mes y medio después de que se constatara la intervención de las potencias fascistas a favor de Franco en suelo español. Esto ocurría en septiembre, mientras que desde finales de julio, la Alemania nazi y la Italia fascista estaban apoyando a los rebeldes Por ello, Viñas, en su excelente libro La soledad de la Republica,  recuerda que el estudio de los archivos soviéticos “desmonta la tesis franquista de que su giro hacia Berlín y Roma era la respuesta a la [supuesta y falsa] larga mano de Moscú y de los malvados bolcheviques en los asuntos de España después del 18 de julio” dejando así en evidencia la intencionada visión “oficial” del franquismo y las mentiras de la actual historietografía conservadora, como acertadamente la define Reig Tapia.

     La decisión de Stalin fue precedida de 5 informes previos sobre la situación política, militar y social de España, los cuales le impulsaron a dar su apoyo activo a la República. De este modo, a partir de septiembre, las decisiones de Sochi hicieron que la República, excepción hecha de la ayuda del México de Lázaro Cárdenas, dejase de estar sola y empezó a recibir una ayuda internacional efectiva. Stalin se decidió a intervenir teniendo en cuenta dos factores: por un lado, el interés soviético en frenar el expansionismo alemán y, por otra parte, el responder a la gran efervescencia de la opinión mundial de izquierdas en apoyo de la República española. En consecuencia, la decisión de Stalin no era un acto de idealismo sino que respondió a las consideraciones geoestratégicas y geopolíticas del dirigente soviético: si España caía en manos del fascismo, también lo podía hacer Francia y, con ello, la Alemania nazi tendría las manos libres para llevar a cabo una política más agresiva contra la URSS. Además, Stalin también tuvo presente su obsesión por frenar la difusión de las ideas trotskistas en España.

     Por todo ello, la decisión de intervenir en nuestra guerra civil cumplía, según Viñas, “varias funciones de cierta trascendencia”: era un aviso a los agresores y, en particular al III Reich de Hitler; daba a entender a Francia que la URSS era un socio fiable; mostraba a la izquierda mundial y a la población soviética que la URSS no abandonaba al proletariado español, además de reducir las posibilidades de una victoria del fascismo y evitar la expansión del trotskismo.

     A partir de octubre, la llegada y posterior entrada en acción de los tanques y aviones soviéticos así como de los primeros brigadistas elevó la moral de resistencia republicana en Madrid y por vez primera, equilibró el armamento de ambos bandos. La decisión de Sochi fue, en consecuencia, decisiva para que la República, asediada y abandonada por las democracias, que debieron de haber sido sus aliados naturales, hiciese frente por espacio de casi tres años a la devastación fascista.

     En Sochi, el dictador soviético, el responsable por aquellas mismas fechas de las sangrientas purgas efectuadas por su régimen, había dado esperanza a la causa republicana ya que, como le escribió a José Díaz, el entonces secretario general del PCE, la República era “la causa común de toda la humanidad avanzada y progresiva”, una causa que, pese a la derrota posterior,  se ha convertido un ejemplo heroico y universal de lucha contra el fascismo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 octubre 2014)

 

LECCIONES REPUBLICANAS

 

    Los pasados días 12-14 de septiembre participé en los IV Encuentros Transfronterizos de Memoria Histórica celebrados en Pamplona y organizados por la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA) que preside Olga Alcega y que contaron con la presencia de asociaciones memorialistas republicanas españolas y francesas. Este Encuentro supuso un cúmulo de emociones para todos nosotros, personas y colectivos unidos en el afán de reivindicar el valor de la memoria histórica republicana.

    En primer lugar, hay que decirlo, nos sorprendió que, frente al habitual memoricidio de la derecha española, en este caso, las instituciones navarras (de mayoría conservadora) estuvieron a la altura. Así,  fuimos objeto de un recibimiento oficial en el Parlamento de Navarra (con discursos de su Presidente y del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral incluidos),  y en cuya sede se instaló la exposición “Desenterrando el silencio. Verdad, Justicia y Reparación”. Lo mismo ocurrió en el Ayuntamiento de Pamplona por parte de su alcalde, Enrique Maya (UPN), y en donde realizamos una ofrenda floral  en la placa colocada en el atrio del consistorio y que recuerda a los concejales asesinados tras la sublevación fascista de 1936. De todo ello deberían tomar nota muchos ayuntamientos aragoneses, sobre todo el de Zaragoza, pues también aquí hay que honrar a los regidores muertos por su compromiso político con la República, entre ellos, Bernardo Aladrén al cual, por cierto, el Ayuntamiento de la capital de Aragón se comprometió formalmente a dedicarle una calle…hace 7 años…y todavía la seguimos esperando.

     El Encuentro fue una lección de emociones, pues tuvimos ocasión de compartir los testimonios de hijos y nietos de víctimas del franquismo. Fue una lección de humanidad, reflejo de sufrimientos y dolores lacerantes, de silencios forzados y de humillaciones infringidas por parte de los “vencedores”. Y, sin embargo, ni una sola palabra de odio o revancha salió de los labios de las víctimas, sólo reclamaban su anhelo por recuperar los restos de sus seres queridos que siguen yaciendo en las fosas del oprobio. Estas mismas emociones se repitieron en las ponencias de Morgane Dubos y de Gregorio Armañanzas en torno al análisis del duelo y el perdón por parte de las víctimas o durante la visita al Parque de la Memoria de Sartaguda, “el pueblo de las viudas”como es tristemente conocido,  o en el recorrido por el fuerte-prisión de San Cristóbal de Pamplona, del cual nos habló Koldo Plá en una excelente conferencia.

     Fue también una lección de verdad histórica gracias a la participación de diversos historiadores como José Luis Gutiérrez Molina (Andalucía), Emilio Majuelo (director del Proyecto “Recuperar Memoria” surgido del acuerdo entre el Parlamento foral y la Universidad Pública de Navarra) o Queralt Solé (Cataluña). Interesente fue la perspectiva del exilio republicano expuesta por la prestigiosa historiadora Geneviève Dreyfus-Armand, o la intervención de Iosu Chueca, un emotivo homenaje a algunos de los miles de anónimos republicanos difuminados por el exilio y, también, la de Raymond Villalba, luchador infatigable,  quien nos recordó las lecciones de coraje y dignidad recibidas de sus padres a la vez que nos instaba, ante la amenaza creciente de rebrotes neofascistas,  a la defensa de  los valores republicanos de la libertad, igualdad y fraternidad.

     Fue también una lección de justicia gracias a la participación de los juristas Roldán Jimeno, Jacinto Lara (presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España) y José Antonio Martín Pallín en torno a la imprescriptibilidad y la jurisdicción penal universal aplicable a los crímenes del franquismo, tema de total actualidad tras el varapalo que ha supuesto para España el demoledor informe de Pablo de Greiff, el relator especial de la ONU para investigar estos  crímenes. Especialmente incisivo y contundente fue Martín Pallín el cual, tras reconocer que, en esta materia, “España es una anomalía jurídica internacional”, exigió al Gobierno de Rajoy la aplicación de una vez por todas de los principios de la jurisdicción universal a los crímenes franquistas dado que éstos tienen la categoría de crímenes de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no amnistiables. En consecuencia, la Ley de Amnistía de 1977 resulta “absolutamente inconstitucional”, un peaje pagado en aquella Transición presentada como modélica cuando en realidad fue una “transacción” entre los herederos políticos del franquismo y los partidos democráticos y, por ello, debe ser derogada tal y como ha demandado la ONU y al igual que ha hecho recientemente Chile con el decreto-ley de amnistía aprobado en su día por la dictadura de Pinochet.

     Excelente fue también la ponencia sobre “Arqueología de la verdad” en la que participaron Emilio Silva, Jimi Jiménez y los miembros del Equipo de Investigación Aranzadi, Paco Etxeberría y Lourdes Errasti, los cuales centraron sus intervenciones en la cuestión de las  fosas del franquismo desde diversas perspectivas (derechos humanos, política, judicial,  histórica y simbólica), no olvidando denunciar el constante obstruccionismo de las autoridades locales, autonómicas y estatales de la derecha para llevar a cabo las exhumaciones de las víctimas.

    Para finalizar, un extenso Manifiesto conjunto recogía las demandas de las asociaciones memorialistas para que España llegue a ser un Estado de Derecho pleno y, para ello, hay que superar déficits democráticos, de memoria y de justicia reparadora que, tras casi cuatro décadas desde la muerte del general Franco y el fin nominal de su dictadura, siguen siendo, todavía, unas deudas pendientes en nuestra sociedad. Estas son  las lecciones, el legado y el valor de la memoria histórica y de la democracia republicana.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 septiembre 2014)

 

 

LA VOZ DE AMOS OZ

 

     Tras 50 días de devastación y muerte sobre Gaza, el acuerdo de alto el fuego permanente logrado entre Hamas e Israel el pasado 26 de agosto abre un rayo de esperanza, por tenue que sea, en este eterno y sangriento conflicto.

   En el enfrentamiento palestino-israelí, tanto en Oriente Medio como en Occidente, las filias o fobias respectivas nos ofrecen, de forma inevitable, una visión sesgada, parcial, en blanco y negro, de una realidad  que está llena de claroscuros y de tonos grises. Por eso, en esta maraña de odio y violencia desatada en que se halla enquistado el conflicto, resulta de interés la visión lúcida de Amos Oz, prestigioso intelectual israelí, destacado miembro de la izquierda pacifista, fundador de Shalom Ajshav (Paz Ahora) y firme opositor a la política de Biniamin Netanyahu, cada vez más escorada hacia la derecha ultranacionalista, a cuyo Gobierno no ha dudado en calificar como uno de los peores de la historia de Israel.

    En una reciente entrevista concedida a la periodista sueca Anneli Rádestad, Amos Oz se sinceraba sobre su posición ante la reciente tragedia de Gaza. En primer lugar, reconocía que, aunque inicialmente apoyó la Operación “Margen Protector” lanzada por Israel ante las agresiones de Hamas, bien pronto constató lo evidente: que se trataba de una respuesta militar desproporcionada y, por ello, inaceptable.

   Por otra parte,  Oz es consciente de la amenaza real que supone el fundamentalismo islamista, tanto a nivel global, como en el caso concreto de Hamas-Yihad Islámica desde que ambas se apoderaron del control de Gaza en 2007 expulsando de la franja a los representantes de la Autoridad Nacional Palestina afines a la OLP ejerciendo desde entonces, no lo olvidemos, una férrea dictadura islamista sobre Gaza. Oz nos recuerda que la cláusula 7ª de la Carta Fundacional de Hamas, reflejo de su feroz antijudaísmo señala que “el Profeta ordena a cada musulmán matar a los judíos alrededor del mundo, no sólo en Palestina”. Es difícil, pues, dialogar y más aún llegar a acuerdos con un adversario que no sólo niega tu derecho a existir sino que desea tu exterminio, en este caso, la desaparición de Israel. Y, sin embargo, el diálogo es el único camino, por largo y difícil  que resulte. Por ello, días antes de lograrse el acuerdo definitivo de alto el fuego, Amos Oz ya demandaba el levantamiento del bloqueo a Gaza así como la ayuda, tanto humanitaria como económica, por parte de Israel para la reconstrucción de la Franja. A cambio, las milicias de Hamas-Yihad Islámica deberían cesar sus ataques a Israel.

     Este debe de ser el primer paso para desactivar la lucha. Pero todos sabemos que la ansiada paz sólo se logrará con la creación de un Estado Palestino libre, próspero, reconocido internacionalmente,  y con la firma por parte de éste de un tratado de paz definitivo con Israel. Los pasos a seguir son claros, Amos Oz nos los recuerda y sólo falta que estadistas de talla en ambos bandos sean capaces de llegar algún día a aquella “paz de los valientes” por la que soñó y murió Yitzhak Rabin. Y ello pasa por la existencia de dos Estados, ambos con la capital compartida en Jerusalem, la eliminación de todos los asentamientos judíos en territorio palestino y las modificaciones fronterizas consiguientes. Esta es la única salida que todos esperamos y el tiempo se acaba para lograr una solución pacífica al conflicto. Oz lo dice muy gráficamente: “hay que partir la casa en dos pequeños apartamentos”, tal y como hicieron, civilizadamente, los checos y los eslovacos hace unos años.

     Para lograr la paz, además de líderes valientes, es necesaria una intensa presión internacional que propicie las negociaciones y el posterior tratado de paz. En este sentido, si bien Estados Unidos ha tenido un cierto papel por medio de las gestiones, infructuosas pero tenaces, llevadas a cabo por John Kerry, no podemos decir lo mismo de Europa pues, como señalaba Miguel Ángel Moratinos, la inacción de la Unión Europea durante el reciente conflicto de Gaza ha puesto en evidencia la “situación patética” de nuestra política exterior común. La presión internacional va a resultar fundamental, no sólo frente a Israel sino también ante Palestina. Y más aún, según Oz, “más importante que presionar, es animar y estimular a ambos pueblos” para conseguir la paz “pues ambas partes están temerosas respecto a lo que sucederá”. Y lo que tal vez algún día suceda sea la firma de un tratado de paz, frío, sin entusiasmo por ninguna de las partes, pero sin embargo, absolutamente necesario, histórico, tal y como sucedió entre Israel y Egipto en 1979.

    Lograda la ansiada paz, y durante un tiempo, piensa Amos Oz que ambos estados vivirán separados tras fronteras seguras y reconocidas mutuamente y, con el pasar del tiempo tal vez, se puedan abrir éstas, se tienda hacia una economía compartida y la posibilidad de crear una especie de mercado común y hasta, tal vez, recuperada la confianza mutua, caminar hacia una confederación entre Israel, Palestina y Jordania tal y como hace ya años propuso Shlomo Ben Ami.

     Amos Oz siempre nos ofrece la visión de un intelectual comprometido, de un activista por la paz y, aunque confiesa que “es difícil ser profeta en la tierra de los profetas”, su voz debería ser escuchada para empezar a construir un futuro de paz  y justicia entre palestinos e israelíes, dos pueblos a convivir  en una tierra sagrada para ambos, en una tierra que les es común por tantos motivos emocionales, históricos y religiosos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 septiembre 2014)

 

 

EUROPEÍSMO EN CRISIS

     El ideal europeísta, el mismo que logró aunar voluntades de un grupo de países que llevaban siglos desangrándose en continuas guerras y que, superados odios y recelos, decidieron construir un futuro en común, que crearon la Unión Europea (UE), después de medio siglo de innegables éxitos políticos, económicos y sociales, parece haber embarrancado en estos últimos años.

     Las razones de esta crisis son diversas y, entre ellas, el priorizar los intereses  particulares  frente a los colectivos de la UE; el auge de los nacionalismos que han  desdibujado la idea de un europeísmo federalista;  la indiferencia, cuando no la hostilidad  de un creciente sector de la ciudadanía, en ocasiones con preocupantes síntomas xenófobos y racistas, así como la incapacidad de la UE para dar respuesta a la actual  crisis económica. Todo ello ha agudizado la permanente pugna entre europeístas y antieuropeístas o euroescéticos, siendo éstos últimos los que han ido ganando cada vez más terreno tanto en el ámbito político como en el social.

     La marea antieuropeísta tuvo su punto de partida con la llegada de Margaret Tatcher al gobierno británico (1979) como principal abanderada de un neoliberalismo emergente y para el cual, como señalaban Alfonso Calderón y Luis Sols, “el proyecto europeo, poderoso frente a los mercados y las multinacionales, era el peor de los males”. Ello explica los constantes vetos británicos a cualquier avance hacia una construcción federal de Europa.

     El Tratado de Maastricht (1992)  intentó reforzar las instituciones europeas y dotarlas de mayores competencias, pero bien pronto el neoliberalismo rampante neutralizó los objetivos del mismo y, como nos recordaban los citados autores, “en vez de crear un ejecutivo supranacional fuerte que controlara la economía desde el ámbito europeo, se aseguraron de que ningún poder democráticamente elegido pudiera condicionar los mercados financieros”. Y así fue, y así nos ha ido a los ciudadanos europeos que hemos sufrido con intensidad los azotes de la actual crisis económica.

     Las doctrinas neoliberales son las que otorgaron una total independencia al Banco Central Europeo (BCE) al margen de cualquier control democrático y, con ello, como denunció en su momento Oskar Lafontaine, la UE optó por el camino equivocado de priorizar el combatir el alza de precios y la inflación frente a otra política monetaria de signo más social que  fomentara la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo. De este modo, el neoliberalismo se impuso sobre el keynesianismo a la hora de marcar el rumbo económico de la UE.

      Durante el período 2004-2007 en el que, con la entrada en la UE de 12 nuevos países, la mayoría de la Europa del Este y de escasas convicciones europeístas, la tradicional posición euroescéptica de Gran Bretaña halló nuevos y entusiastas aliados y, con ello, los particularismos nacionales avanzaron ante al cada vez más debilitado proyecto colectivo europeo. Y así vinieron nuevos reveses: el fracaso del proyecto de Constitución Europea (2005) o el Tratado de Lisboa (2007), un grave retroceso político que supuso el fin del intento de construir un gobierno europeo fuerte, capaz de impulsar políticas económicas con las que oponerse a la creciente dictadura de los mercados.

     Cuando en el 2008 estalló la crisis económica, el neoliberalismo halló la gran coartada para atacar a fondo un proyecto europeísta en el que nunca creyó. El momento fue aprovechado por los euroescépticos, aquellos que siembre habían reclamado el desmantelamiento del Estado del Bienestar, uno de los mayores éxitos de la UE. Alegando la aplicación de “reformas estructurales”, hallaron una ocasión de oro para lograr su objetivo.  Se debilitó a los sindicatos y los cauces de negociación colectiva, se facilitaron los despidos laborales, se bajaron los salarios reales de los trabajadores y con ello, se multiplicaron las diferencias de renta y así,  frente a una minoría enriquecida, la mayoría de la población veía como sus niveles de renta se reducían o en el mejor de los casos se estancaban. Además, la hegemonía política de Alemania hizo que la canciller Angela Merkel impusiera a la UE sus recetas económicas  (reducciones salariales, recortes del Estado de Bienestar), las mismas que aplica en España Rajoy, su fiel alumno, con los negativos costes sociales que ello ha ocasionado.

      Con tristeza constatamos cómo en el actual rumbo de la UE la política se halla al servicio de los mercados y la banca y que los gobiernos, tanto conservadores como socialdemócratas, supeditan la política a la economía,  justo lo contrario de lo que ocurría en los inicios del proyecto europeo donde los medios económicos estaban orientados a unos fines políticos colectivos.

    Ante la actual crisis del europeísmo, agudizada por el desprestigio de las instituciones y la mediocridad de una clase política carente de estadistas de talla, el ideal europeo sólo resurgirá si la UE demuestra ser capaz de dar soluciones efectivas a los problemas de sus ciudadanos. Y, para ello, lo primero es embridar desde una Europa Social, los desmanes del euroescepticismo neoliberal, por medio de un auténtico  Gobierno europeo que impulse políticas de crecimiento, que salvaguarde el Estado de Bienestar, recupere una auténtica solidaridad fiscal para con los estados miembros  y  que ofrezca  una salida efectiva a la crisis sin costes sociales. De lo contrario, el ideal europeo irá languideciendo como una bella utopía que quiso ser y no fue y ello sería una tragedia para la paz, la democracia y la justicia social de Europa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 25 agosto 2014)