LA CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA

 

     En abril de 1915, hace ahora un siglo exacto, Rosa Luxemburgo, una de las más importantes e influyentes teóricas marxistas del movimiento obrero contemporáneo, militante activa del ala izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), estando presa en la Prisión Real para Mujeres de Berlín, empezó a escribir un libro de gran influencia en el socialismo internacionalista: La crisis de la socialdemocracia. En el mismo, como señalaba Ernest Mandel, la autora, expresaba “el sentimiento de rebeldía que había provocado en todos lo socialistas internacionalistas y revolucionarios el estallido de la primera guerra mundial y la cobarde capitulación de los jefes socialdemócratas ante su propia burguesía capitalista”. En efecto, Rosa, con un texto de rasgos duros y certeros, lleno de intensidad y convicción política,  lanzó un contundente alegato no sólo contra la guerra, ese “gigantesco asesinato metódico y organizado”, sino también  contra la traición de los 110 diputados del SPD que, liderados por Ebert y Scheideman, votaron  el 4 de agosto de 1914 en el Reichtag a favor de los créditos de guerra y de este modo apoyaron,  con delirio nacionalista, la participación de Alemania en la vorágine de una guerra que asoló Europa.

     La lectura de La crisis de la socialdemocracia resulta muy recomendable  ya que, si por aquel entonces los partidos socialdemócratas renegaron de sus ideales pacifistas y apoyaron una guerra brutal, ahora esos mismos partidos, no sólo han claudicado ante el embate neoliberal sino que, en demasiadas ocasiones, han asumido algunos de sus postulados político-económicos. De este modo, la crisis global no sólo ha acabado con logros sociales y económicos trabajosamente conseguidos sino que ha puesto de manifiesto la inoperancia de la socialdemocracia y, especialmente de lo que se llamó Tercera Vía, esa teoría ideada por Anthony Giddens, ese “marketing” político que intentaba convertir a la socialdemocracia en una ideología descafeinada, en un “socialiberalismo” y que tuvo, como fieles seguidores a Tony Blair y su New Laborism, sin olvidar el pragmatismo y su renuncia al marxismo de Felipe González, a las políticas de Schröeder en Alemania, de Zapatero en España o de Manuel Valls en Francia. Los efectos de este “giro al centro” saltan a la vista y, como señalaba Andrea Rizzi, los partidos socialdemócratas están siendo laminados en toda Europa no sólo por su nefasta gestión de la crisis económica sino, también, por la escasa credibilidad de sus propuestas políticas.

     Si en 1915 Rosa Luxemburgo criticaba la inoperancia de la II Internacional para impedir el estallido bélico en Europa, constatamos ahora la absoluta ineficacia de la Internacional Socialista para frenar primero y presentar, después, un programa coherente, sólido y efectivo que hiciera frente a la devastación neoliberal, al deterioro de nuestro Estado de Bienestar, a la pérdida de derechos sociales y laborales, a la degradación de nuestra democracia.

     Rosa, tras romper más tarde con el SPD fundó junto con Karl Liebknecht   la Liga Espartaquista (1916) y  más tarde, el Partido Comunista Alemán (KPD): ambos pagaron con su vida su coherencia política y fueron asesinados en enero de 1919 por  los grupos paramilitares de la extrema derecha alemana. La incoherencia de la socialdemocracia propició la escisión comunista en el movimiento obrero internacional y ahora, tras unos años florecientes en los que los partidos socialdemócratas fueron artífices de la construcción del Estado de Bienestar en Europa, pueden convertirse en una fuerza marginal si no retoman, de forma inmediata, sus principios, su coherencia ideológica y su firmeza como fuerza progresista transformadora. De lo contrario, como advertía Rosa, la socialdemocracia desaparecerá (recordemos los casos de Italia o Grecia) “para dejar lugar a los hombres que estén a la altura de un nuevo mundo”. Y es que, en las circunstancias actuales, ante la desafección que producen los partidos socialdemócratas en Europa, era lógico que surgiesen nuevos movimientos políticos y sociales a su izquierda  los cuales, ante la  emergencia social debida a la involución y sufrimiento causado por las políticas de la derecha, ha hecho que algunos autores, como Antonio Méndez Rubio,  aludan a la existencia, en la práctica, de un “fascismo de baja intensidad”. Por ello,  debería de exigírseles, por responsabilidad histórica, que optasen por la convergencia política, por las candidaturas unitarias, por tender, desde la izquierda, todos los puentes de entendimiento que sean precisos. Recordando a Rosa cuando aludía el capitalismo como  ese “mordisco de la fiera  mortal” y de “aliento fétido”, esa misma imagen sería aplicable al neoliberalismo capitalista, salvaje y desregulado que se ha hecho dueño de nuestras vidas y haciendas, que impone sus intereses por encima de las instituciones democráticamente elegidas y ello exige unir fuerzas contra semejante fiera.

     La socialdemocracia todavía tiene una oportunidad si, como nos recordaba Cándido Marquesán, es capaz de  analizar el esfuerzo emancipador y de renovación ideológica del llamado Socialismo del siglo XXI que ha arraigado con fuerza en América Latina. Y, además de valorarlo, dejando atrás anacrónicos europocentrismos, sea capaz de extraer conclusiones prácticas de las políticas llevadas a cabo, por ejemplo, en Bolivia o Ecuador y, sobre todo, de aplicarlas. Tal vez así, la socialdemocracia vuelva a ser, como líricamente decía Rosa Luxemburgo hace ahora 100 años, esa firme “roca en medio del bramido del mar”, ese “gran faro” del socialismo internacional que nunca debió dejar de ser. De lo contrario, le espera un sombrío futuro con el riesgo cierto de convertirse en una fuerza política irrelevante, de desaparecer como motor de cambio y de justicia social.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 abril 2015)

 

 

LA UNIÓN FEDERAL EUROPEA

 

     La unidad política del viejo continente ha sido un anhelo largamente soñado por los europeístas. En este sentido, en mayo de 1930, el político francés Arístides Briand presentó ante la Sociedad de Naciones  un Memorando sobre la organización de un sistema de Unión Federal Europea, el cual, pese a que la Gran Depresión y el auge del nazismo impidieron su desarrollo en los años posteriores, sentó las bases de la articulación política de las naciones europeas. El proyecto de Briand suponía, tras el trauma que supuso la I Guerra Mundial, un intento sincero por parte de la burguesía democrática por fomentar una política pacifista en Europa que favoreciese la armonía continental y, por supuesto, el desarrollo económico de las naciones adheridas al mismo. Además, significaba el embrión de una Constitución europea en la que, inicialmente, se proponía la crear instituciones federales comunes tales como la Conferencia Europea (órgano de carácter deliberativo y representativo), un Comité Político permanente (órgano ejecutivo) y una Secretaría, organismos que, gradualmente, debían convertirse en el Parlamento, el Gobierno y las oficinas de la Europa federada, de los Estados Unidos de Europa, una Europa de la que, de entrada, se excluía a la URSS y a Turquía.

   El proyecto de la Unión Federal Europea (UFE), además de la derecha democrática, contó con el apoyo de los partidos socialistas del continente, tanto en cuanto suponía una vía para evitar guerras y, a la vez, crear lazos orgánicos entre las naciones. No obstante, Léon Blum, el histórico dirigente del socialismo francés, advertía a los europeístas que el proyecto federal sería inviable si se mantenían las soberanías nacionales tal y como pretendía Briand, dado que, de este modo, los instituciones federales quedaban desprovistas de todos los poderes ejecutivos y, consecuentemente, de su eficacia. La cuestión de la cesión de soberanía y la superación de los estrechos nacionalismos era esencial pues, como señalaba Blum, “la soberanía de los organismos federados se componen de la desmembración de esas soberanías secundarias [nacionales]”, razón por la cual recordaba la escasa eficacia de la Sociedad de Naciones para resolver conflictos dadas las reticencias nacionales a ceder soberanía,  ya que, de no hacerlo,  “no habrá organización real, política o económica: no habrá desarme ni pacificación ni armonía industrial”. Por su parte, Èmile Vandervelde, presidente de la Internacional Obrera Socialista, manifestaba su escepticismo ante la UFE por las tensiones nacionalistas que agitaban el continente en el período de entreguerras. Por esta razón era por la que señalaba que los Estados Unidos de Europa “no serán sino un vano ensueño mientras la mitad de esta Europa se halla entregada a dictaduras y la otra mitad sea el campo cerrado de intereses de clases antagónicas” y, por ello, el ideal de la UFE sólo se logrará “luchando sin tregua por la verdadera democracia, oponiendo una resistencia inflexible a las tentativas de reacción política o económica”, un mensaje que, ahora, resulta de candente actualidad. 

     Estos ideales de la UFE enlazan, tantos años después, con nuestro presente. Nos lo recuerda el interesante documento político titulado Hacia una Unión Federal Europea: integración monetaria y soberanía política elaborado en el año 2012 por el Grupo de opinión y reflexión en economía política Europe G, formado por un colectivo de economistas entre los que figuran Antoni Castells, Manuel Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros y Martí Parellada. Entre sus conclusiones, se considera que la UFE es el paso imprescindible para salir de la crisis económica y financiera de la zona euro, alerta de los peligros de una Europa gobernada por Alemania y advierte de que si la unión monetaria no se completa con la unión política, puede producirse una fractura de la eurozona que supondría un golpe mortal, no sólo para la moneda única, sino también para la propia Unión Europea (UE). Ante el marasmo en el que parece hallarse sumido el europeísmo progresista, este documento defiende la necesidad de una integración económica y una mayor supervisión financiera para lo cual es imprescindible ceder soberanía fiscal por parte de los Estados y dotar de mayor capacidad de maniobra al Banco Central Europeo en aspectos tales como preservar la estabilidad de la eurozona y expandir el crédito en las economías bajo su jurisdicción.

    Es momento de avanzar de forma efectiva hacia la UFE y, para ello es fundamental dotar a la UE de auténticas estructuras federales y de este modo, conseguir  que el proceso de toma de decisiones pase del actual nivel intergubernamental a otro en que éstas sean adoptadas por las instituciones comunitarias, las cuales deben contar con capacidad efectiva en el terreno fiscal y presupuestario y con responsabilidad en la supervisión y regulación del sistema financiero. Igualmente, se debe avanzar hacia la creación de un verdadero Gobierno europeo con autonomía política plena y sin depender, como ahora ocurre, de complejas negociaciones intergubernamentales.

     Por todo ello, en esta Europa nuestra, dos caminos, dos dilemas se presentan ante el futuro inmediato: o caminar hacia una mera asociación de intereses comerciales regida por lo que Federico Steinberg e Ignacio Molina definen como imposiciones de la “austeridad autoritaria germánica”,  o avanzar con valentía hacia una federación, hacia una nación de naciones europeas con una Constitución común y con la consiguiente renuncia a las respectivas identidades nacionales. Tal vez así, algún día será posible el sueño de Víctor Hugo según el cual “Todas vosotras, naciones del continente, sin perder vuestras cualidades distintivas y vuestra gloria individual, os fundiréis estrechamente en una unidad superior y constituiréis la fraternidad europea” y así,  “un día vendrá  en el que veremos estos dos grupos inmensos, los Estados Unidos de Europa y los Estados Unidos de América, situados en frente uno de otro, tendiéndose la manos sobre los mares”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 marzo 2015)

 

 

 

YIHADISMO GLOBAL

 

     Los atentados cometidos por terroristas islamistas  en París o Copenhague han puesto de manifiesto el riesgo que, para nuestras libertades y modelo de convivencia, supone la creciente amenaza del fundamentalismo yihadista, de los defensores de la “guerra santa”, la versión más radical, violenta y cruel del Islam. Ante esta situación, si durante el s. XX la amenaza para la libertad y la democracia  procedió del fascismo, en este nuevo siglo, el peligro que se vislumbra cada vez con mayor nitidez es lo que el historiador Antonio Elorza ha denominado”yihad global”. Es por ello que los más exaltados partidarios del radicalismo islámista pretenden lanzarse al asalto de Europa, empezando por la recuperación de Al Andalus. La escritora judía británica Bat Ye’Or, advertía recientemente del riesgo de un fatal destino islámico para Occidente, convertido, según ella, en “Eurabia”. Pero,  pese a estos funestos vaticinios, pese que el Estado Islámico (EI) ha amenazado a Occidente con que “esclavizaremos a vuestras mujeres, conquistaremos vuestra Roma y destruiremos vuestras cruces”, esto no deja de ser un delirio fanático, a pesar del riesgo latente de sufrir atentados sangrientos y dolorosos, como nos recuerda la memoria trágica del 11-M de 2004.

    Pero si Occidente está amenazado, mucho más grave y sangrante es la situación en aquellos países y lugares donde Al-Qaeda o el ISIS, ahora EI, se han hecho fuertes como es el caso del norte de Iraq y Siria (donde han establecido un califato con capital en Raqqa liderado por Al-Bagdalí), Yemen, Libia, Nigeria o el Sinaí. De este modo, en el mundo musulmán se está produciendo una auténtica guerra civil entre el yihadismo radical y los seguidores de otras interpretaciones religiosas, sociales y políticas del Corán. Como señalaba Roger Senserrich, la batalla que importa a ISIS no es contra EE.UU, (“el Gran Satán”), sino “contra las dictaduras secularistas en su región del mundo y los herejes e infieles variados que se crucen en su camino”. De ahí, la feroz lucha contra el régimen sirio de Bashar al-Assad o la persecución contra las minorías kurda, jazidí, asiria, caldea o cristiana en las zonas que controla el Estado Islámico. En este sentido, la caldea Pascala Warda, exministra iraquí, era rotunda al afirmar  que “el Estado Islámico quiere aniquilar al cristianismo y a todas las minorías” y, por ello, el yihadismo “es un movimiento internacional de terrorismo que necesita soluciones auténticas internacionales”.

   En las zonas bajo control yihadista se cometen actos de violencia extrema (degollamiento de rehenes o el brutal asesinato del piloto jordano Maaz al-Kasasbeh), crímenes que, con el hábil manejo de la propaganda del terror a través de las nuevas tecnologías  han producido un importante impacto emocional en el mundo civilizado. De este modo, los yihadistas han  seguido las consignas de Abu Bakr Nayi, autor de una siniestra obra titulada Guía de la ferocidad en la que instaba a los guerreros de Alá a aplicar una violencia excesiva para disuadir a los enemigos del Islam, a difundir las ejecuciones de éstos, y a atacar a los infieles en cualquier lugar. Todo ello ha producido un cóctel explosivo en el que se aúna la mentalidad teocrática, fanática y medieval del yihadismo, con la utilización por parte de éstos de la tecnología y el armamento del s. XXI para impulsar su particular “guerra santa”.

   Ante la amenaza yihadista no hay una solución clara ni tampoco fácil. En consecuencia, sería peligroso lanzarse a una “cruzada antiislamista”, a una nueva guerra sobre el terreno, una vez vista la experiencia de lo ocurrido en Afganistán y, sobre todo en Iraq, aunque tampoco se deben descartar acciones puntuales y ataques aéreos como la pasada intervención francesa en Mali de 2013. De todas formas, la opción armada supone una espiral arriesgada por las consecuencias que genera en la zona de conflicto y, también, porque puede fomentar un preocupante auge de los partidos racistas e islamófobos, como está ocurriendo con la aparición de PEGIDA en Alemania. Tampoco parece el mejor camino en las actuales circunstancias el bienintencionado ideal de la Alianza de Civilizaciones ni la inhibición ante la amenaza yihadista.

    El problema de fondo sigue siendo el mismo que el que se produjo en Afganistán e Iraq: se derrotó militarmente a los talibales y al dictador  Saddam Hussein pero se fracasó  a la hora de establecer posteriormente instituciones auténticamente representativas en dichos países dado que no existía una cultura ni unos dirigentes democráticos para esta nueva etapa pues, como señalaba Elorza, “el Islam está habituado al autoritarismo”. Por ello, la respuesta al desafío mundial que supone el yihadismo, es muy complicada puesto que Occidente, tras años de apoyar  por motivos geoestratégicos a regímenes musulmanes dictatoriales (desde el Irán del Sha, la Libia de Gadaffi o la autocracias de Egipto y Marruecos) o a monarquías corruptas como la de Arabia Saudí, tras librar las guerras de Afganistán e Iraq,  ha sido incapaz de asentar en el mundo musulmán gobiernos de signo democrático. Este gran fracaso, este vacío de poder es el que ha favorecido el arraigo del yihadismo en amplias zonas de Oriente Medio y África con las consecuencias de todos conocidas. Por ello, en la actualidad, Occidente no tiene una alternativa política viable que permita el renacer de una nueva primavera árabe que ponga freno a tanto fanatismo y odio, que recupere la libertad y los derechos humanos para el pueblo musulmán, pues éste merece un futuro mejor que el que le ofrecen quienes enarbolan las negras banderas del Estado Islámico. De no ser así,  constataremos cómo a una efímera primavera árabe, le sucederá, irremediablemente, un largo y oscuro invierno yihadista. De cómo encare Occidente esta amenaza,  dependerá en gran medida el futuro inmediato del mundo musulmán y también nuestra civilización occidental, surgida de la síntesis de tradición judeo-cristiana, las ideas de la revolución liberal y de las conquistas sociales logradas por el movimiento obrero socialista, cimientos de nuestra sociedad libre y democrática.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 marzo 2015)

 

 

¿SALIENDO DEL TÚNEL DE LA CRISIS?

 

     Resulta frecuente en estas últimas fechas escuchar diversas declaraciones del Gobierno tendentes a transmitir el mensaje de que España está saliendo de la recesión, que está superando la crisis económica. A esta ofensiva de optimismo gubernamental tendente a paliar el enorme desgaste sufrido por el Gobierno del PP  como consecuencia de la dura política de ajustes y recortes que ha aplicado, se están dedicando con fervoroso entusiasmo tanto Rajoy como algunos de sus ministros, especialmente De Guindos, Montoro o Fátima Báñez, pues no es casualidad que entramos en un año electoral complejo e incierto y hay que convencer a fieles y ajenos del supuesto horizonte de “bonanza” económica lograda gracias, dicen, a las “reformas” aplicadas por la derecha gobernante.

    Recurriendo a la metáfora de un oscuro y largo túnel en el cual entró la economía española allá por el año 2007, ahora se nos dice que ya estamos saliendo de éste, que ya se ve la luz. Pero esa luz, a la mayor parte de la ciudadanía, nos parece bastante difusa y poco creíble máxime si tenemos en cuenta las elevadísimas tasas de desempleo, la ínfima calidad de los nuevos contratos que se crean actualmente así como el aumento acelerado de las desigualdades sociales y de los índices de pobreza, impropios de un país desarrollado como se supone que somos. Recordando estos factores, pienso que la crisis se asemejaría a una agreste cordillera que hay que atravesar y en la que el tren de la economía puede que haya salido de un túnel…para luego entrar en otro…y en otro más después…ya que las negativas consecuencias de esta crisis global siguen muy presentes y lacerantes en nuestra sociedad y se tardará mucho tiempo en superarlas, el mismo tiempo que, túnel tras túnel, cueste atravesar esta endemoniada cordillera de la crisis.

    Se habla de la salida de la crisis y, sin embargo, en ningún momento se ha buscado desde el Gobierno una salida más social, solidaria y progresista para con los sectores más azotados por la oscuridad de este túnel en el cual, digan lo que digan, seguimos metidos. La lectura reposada del libro de Loretta Napoleoni La mordaza. Las verdaderas razones de la crisis mundial, publicado en 2010, nos ofrece algunas alternativas de interés que todos los gobiernos deberían de tomar en el marco de la economía global para acabar de una vez con esta crisis que, como bien señala la autora, está amordazando nuestras vidas y esperanzas.

    En primer lugar, Napoleoni instaba, ya en aquel año,  a que era imprescindible una rebeldía cívica para hacer frente a esta “tormenta perfecta” a la cual nos ha abocado la letal convergencia del “abuso financiero y la negligencia política”. De este modo, frente a lo que califica de “malestar existencial que aflige a la aldea global”, de forma premonitoria, señalaba que el camino era rebelarse, participar activamente en la política para cambiar  las cosas  pues, así, “encontraremos la fuerza para volver a participar activamente en la vida política y, si es necesario, el valor de renovar totalmente la clase política que nos representa” puesto que “nuestro deber es rebelarlos…[…]…tener el valor de decir basta y dar la espalda  a los grandes prestidigitadores de nuestro tiempo, la clase política, que hasta hoy nos ha representado tan mal”. Como vemos, aseveraciones de tienen total validez y vigencia en la realidad política actual y que, lejos de tendenciosas acusaciones de “populismo”, suponen una profundización en los valores cívicos y democráticos propios de toda sociedad avanzada y progresista. Sólo así podremos hacer  frente al “huracán recesivo” (político, económico y social) que padecemos y que se nos ha impuesto en este contexto de crisis global.

   Además de esto, la auténtica salida del túnel pasa por la construcción de un nuevo modelo económico, un modelo que no pasa por los rescates a la banca privada pues ello, bien lo sabemos en España, “no contienen la hemorragia financiera porque no curan la herida, más bien consumen el erario público y pignoran la riqueza futura”, como ha puesto de manifiesto Paul Krugman. En consecuencia, la actual crisis debe ser aprovechada para reestructurar el actual sistema financiero mediante una apuesta decidida por la nacionalización de aquella parte del sector bancario que sustenta la economía productiva, dejando por el contrario que quiebren aquellas entidades y sociedades que, como dice Napoleoni, apostaron en “los tapetes verdes del casino mundial”, sin olvidar tampoco que el Estado debe suprimir todos los productos financieros tóxicos como son los Hedge Funds o los Credit Default Swaps ya que, “si las altas finanzas se divertían con los juegos de azar, que paguen las consecuencias de esa locura en vez de consumir el dinero necesario para la recuperación económica”.

   Otra luz que ilumina la salida del túnel es el papel que debe desempeñar el Estado en esta nueva etapa, pues se necesita un Estado fuerte que dicte la reglas del juego y que se imponga a los poderes económicos, un Estado “que proteja realmente a sus ciudadanos y no a las instituciones que les han robado”, que potencie los bancos cooperativos y la banca ética, que propicie una reconversión industrial que fomente la economía sostenible, las energía limpias que invierta grandes cantidades en infraestructuras públicas para reactivar la alicaída economía y, de este modo,  fomentar el empleo.

   Estas son algunas de las luces para salir del túnel y ninguna las lleva el tren del gobierno de Rajoy. Por eso, como señala al final de su libro Napoleoni, “el camino para liberarse de esta mordaza que desde comienzo del milenio nos está machacando existe y es distinto a las políticas seguidas hasta ahora. Es hora de que alguien tenga el valor de emprenderlo”. Ahí está el reto.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2015)

UNA "TRISTÍSIMA NOTICIA"?

 

     La muerte del rey Abdalá bin Abdul-Aziz al Saud ocurrida el pasado 22 de enero ha producido  olas de adulación hacia el monarca fallecido, entre ellas, la de Felipe VI, el cual se trasladó a Riad a presentar sus condolencias “en su nombre y en el del Gobierno y el pueblo español” para así expresar “el más sincero sentimiento de pesar por la tristísimo noticia”. Pero las palabras huecas y los elogios  hacia su figura no pueden ocultar la dura realidad: el rey Abdalá representaba un régimen tiránico cuya existencia debería indignar al mundo civilizado. Pero el pragmatismo político y los intereses económicos consiguen el prodigio de convertir a reyes déspotas en buenos amigos de Occidente, a gobernantes criminales en políticos clarividentes...y este es el caso del monarca fallecido. Recordemos algunos datos.

    El Reino Unido de Arabia Saudí surgió en 1932 tras la unificación de varias monarquías feudales de la Península Arábiga por parte de Abdel-Aziz ibn Saud. Desde entonces, la familia Saud ha gobernado con mano de hierro al reino que lleva su nombre. Una interpretación rigorista del Islam en su versión wahabita, la aplicación de la Sharia o ley islámica y el asfixiante control  de la Policía Religiosa (Al Mutawa’een) sobre la vida y costumbres de los saudíes, nos retrotrae a los tiempos más oscuros de las monarquías feudales del Medievo. En el país del rey Abdalá no existen derechos ciudadanos ni  libertades públicas: no hay elecciones libres, los partidos políticos, sindicatos y  organizaciones de derechos humanos están prohibidos ; los medios de comunicación sufren la más rigurosa censura, el sistema penal saudí, basado en la Sharia, recurre con frecuencia a la tortura (amputaciones, flagelación, etc) y, según Amnistía Internacional,  es el tercer país que más aplica la pena de muerte (por decapitación pública) y ya van 10 ejecuciones en las dos primeras semanas de este año 2015. Recordemos también el reciente caso del bloguero Raif Badawi quien, por defender la libertad de expresión, ha sido condenado a una multa de 230.000 €, además de a 10 años de prisión y a recibir 1.000 latigazos en series semanales de 50. Especialmente grave es la situación de las mujeres las cuales carecen de todo tipo de derechos y libertades (incluso el de conducir un vehículo).

   Tampoco debemos olvidar que la monarquía saudí lleva años financiando la construcción de mezquitas en países occidentales, al frente de las cuales impone a imanes wahabitas, mucho más rigoristas que los hachemitas o alauitas. Y son estos clérigos quienes con sus prédicas, en ocasiones incendiarias, fomentan el radicalismo islamista de funestas consecuencias.

    Todo esto parece olvidarse ya que los inmensos recursos petrolíferos  de Arabia Saudí (1/4 de las reservas del planeta y primer exportador mundial), le permiten ejercer un papel principal en el sistema económico mundial y en la OPEP. Así, desde que en 1945 concedió a los Estados Unidos el monopolio de la explotación de su petróleo, unido a su permanente alineamiento junto a las potencias occidentales en la conflictiva zona de Oriente Medio,  hacen que el reaccionario régimen saudí sea aceptado y visto con simpatía por el mundo civilizado democrático. Le ocurre lo mismo que a la España de Franco en los tiempos de la Guerra Fría: los intereses geoestratégicos de los EE.UU. obviaron su carácter dictatorial para convertir al régimen en “el vigía de Occidente”...igual que, ahora, Arabia Saudí es “el vigía de Oriente” (y de su petróleo). De hecho, la alianza militar entre Arabia Saudí y los EE.UU. se mantiene inalterada desde 1951: desde entonces, la monarquía saudí, anacrónica, feudal y corrupta hasta el extremo, ha mantenido su posicionamiento prooccidental.

     Abdalá, que fue el impulsor de la Ley de inversión extranjera, logró gracias a ella atraer tecnología y capitales occidentales con el fin de convertir  al país en un “islote de modernización”:   ahí está, por ejemplo, el multimillonario proyecto de construcción del AVE español que debe unir las ciudades santas saudíes de Medina y La Meca. Pero la realidad es tan falsa como los espejismos de sus desiertos: la riqueza ha podido crear infraestructuras, adormecer la conciencia de sus súbditos, pero no les han traído la libertad. Y es que la monarquía del rey Abdalá ha tenido la rara habilidad de aunar la más retrógrada interpretación del Islam con todos los vicios, lujos y corrupciones del capitalismo salvaje.

   Al margen de hipocresías políticas e intereses económicos, la muerte del rey Abdalá, a quien Juan Carlos I nombró en 2007 Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro,  supone la desaparición de un tirano, al cual le sucede en el trono otro tirano: su hermanastro Salman,  y todo con el beneplácito de las democracias occidentales. En consecuencia,  no siento pesar por la muerte del rey Abdalá. En todo caso, el réquiem, la “tristísimo noticia” a la que se refería Felipe VI no debería ser la desaparición de un déspota anacrónico y corrupto, sino  la dramática situación de los derechos humanos en Arabia Saudí. Y en ello, Occidente, a quien el petróleo y los intereses que genera,  parecen ennegrecer la conciencia, tiene, tenemos, una gran responsabilidad moral.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 febrero 2015)

 

FARMACOCRACIA, UN NEGOCIO MALSANO

 

     En estos días, los medios de comunicación nos han acercado a la angustiosa situación de los enfermos afectados por la hepatitis C (VHC) y, a la vez, ha quedado patente la  insensibilidad marmórea de nuestro Gobierno ante este drama, ante su falta de una rápida y adecuada respuesta en defensa de la salud, y con ello, de la vida, de este colectivo de ciudadanos. Este Gobierno, que no dudó en aportar cantidades ingentes de dinero público para salvar los fiascos de la banca privada, de las autopistas privadas deficitarias, de insuflar fondos a las compañías eléctricas,  resulta que ahora  es incapaz de  movilizar los recursos presupuestarios necesarios para paliar este drama. Y es que entre todos los recortes que nos ha impuesto la derecha gobernante del PP, el recorte sanitario resulta especialmente inaceptable, porque tiene consecuencias dramáticas cual es la muerte de las personas afectadas por esta enfermedad.

     Tras la nefasta gestión de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad (¡vaya apellido para la responsable de la salud pública!), su sucesor, Alfonso Alonso, pese a sus declaraciones contemporizadoras, sigue manteniendo restricciones para la universalización del tratamiento del VHC debido a motivos económicos sin considerar los preceptivos criterios médicos. Para ello se alega el elevado coste del tratamiento del fármaco Sovaldi, no inferior a los 25.000 €, precio sin duda abusivo y desproporcionado. De hecho, a fecha de hoy, el techo de gasto sanitario para el año 2015 para hacer frente a esta enfermedad es de 125 millones de euros, lo cual supone la posibilidad de tratar a un máximo de 5.000 pacientes, mientras que, según la Asociación Española de Estudios del Hígado (AEEH), se necesitarían entre 750 y 800 millones para en torno a los 30.000 enfermos que precisan tratamiento inmediato.

     A la reprochable actitud del Gobierno, se une, para desgracia de los enfermos, la codicia desmedida de la multinacional farmacéutica Gilead, propietaria de la patente del medicamento Sovaldi, de probada eficacia para combatir al VHC. En el documentado estudio de Pablo Martínez Moreno titulado Gilead, Sovaldi y Hepatitis C: la bolsa o la vida, pone de manifiesto no sólo el poder de Gilead, sino sus conexiones con los principales fondos de inversión globales, con la banca y con importantes empresas internacionales. Los enormes beneficios que reporta la comercialización de Sovaldi, han hecho que las acciones de la multinacional Gilead se hayan revalorizado en la bolsa un 185% desde el año 2013. De este modo, dicha empresa está ganando miles de millones de euros a costa de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de los enfermos de VHC. Por ello se ha acuñado el término de “farmacocracia”, el inmenso poder no sólo económico, sino también de influencia política, de las multinacionales farmacéuticas, cuyas decisiones e intereses se imponen, en beneficio propio, como ya ocurrió con el excesivo alarmismo (interesado) que desató la gripe aviar de 2009 y que disparó las ventas masivas del fármaco Tamiflú una vez desatada la pandemia.

     La batalla por controlar el astronómico precio del tratamiento que supone Sovaldi, ha resultado hasta ahora, infructuosa puesto que en julio de 2014 se rechazó una propuesta del Gobierno francés para que la Unión Europea  creara una plataforma específica para combatir el elevado precio de este tipo de medicamentos y, por cierto, entonces, el Gobierno español  se opuso a esta plataforma conjunta por entender que no era necesario un instrumento específico para abaratarlos: otra “clarividente” visión de la entonces ministra Mato.

    A la abusiva política de precios de Gilead, se une, también el problema que supone el actual sistema internacional de patentes. Pese a que Médicos Sin Fronteras (MSF) lanzó hace años una campaña internacional para el acceso a las medicinas esenciales a precios asequibles mediante la cual se permitía a determinados países como India, Brasil o Sudáfrica producir genéricos a precios muy bajos, las presiones de la industria farmacéutica, que no estaba dispuesta a renunciar a los inmensos beneficios de sus patentes, truncaron el proceso. De hecho, en los últimos años se ha aumentado la protección sobre las patentes farmacéuticas mediante el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al Comercio (ADPIC) (1995), lo cual ha producido un brutal impacto en la comercialización de los antirretrovirales. En este sentido, la doctora Teresa Forcades, monja benedictina, teóloga progresista  y promotora  en la actualidad de Procés Constituent a Catalunya, advertía sobre los oscuros intereses que mueven a las grandes corporaciones farmacéuticas mundiales y los inmensos beneficios obtenidos por éstas. Así, en su obra Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas (2006), nos ofrece una imagen demoledora de las presiones y negocios de la industria farmacéutica a nivel mundial, hasta el punto de que esta “farmacocracia” con su poder fáctico y con sus enormes beneficios, muy rentables pero malsanos en su acepción de “moralmente dañinos”,  ha sido capaz de imponerse a las decisiones de política sanitaria de algunos gobiernos, y España no es una excepción.

    Este panorama supone todo un reto para la política y la defensa de una sanidad pública mundial. Por ello, la industria farmacéutica requiere de una urgente y más justa regulación política que priorice el bien común, esto es, el derecho universal a la salud y no sólo la búsqueda de una rentabilidad económica de unas compañías pues resulta un deber moral y político el exigir un mayor control democrático y legislativo internacional  que ponga fin a los abusos de la farmacocracia. Esta misma idea es compartida por Martínez Romero pues, además de quebrar la política de patentes, y acabar con un modelo de investigación y comercialización farmacéutico con el único afán del lucro desmedido, defiende un modelo de investigación que, fomentado desde la sanidad pública, priorice “la salud y la vida de las personas por encima de cualquier otra consideración”, algo de lo que deberían tomar buena nota las autoridades sanitarias españolas pues hay demasiadas vidas en juego.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 enero 2015)

 

 

 

 

ABRIR CUBA, CERRAR GUANTÁNAMO

 

   Cuando el pasado 17 de diciembre Barack Obama y Raúl Castro decidían normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, todos éramos conscientes que ello suponía un hito histórico que ponía fin a una situación anacrónica, al último vestigio de la Guerra Fría en América Latina.

    Desde que en octubre de 1960 el presidente Eisenhower decretó el embargo comercial, económico y financiero, el “bloqueo”,  sobre la Cuba revolucionaria castrista, seguido de la posterior ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en enero de 1961, el conflicto se enquistó durante más de medio siglo y, ahora, en el tramo final del mandato de Obama, y gracias a la mediación de Canadá y el Papa Francisco, el dirigente norteamericano ha tenido el coraje político de normalizar una situación que debió de resolverse mucho tiempo antes y que ni era justa ni beneficiosa para nadie: fracasada  la doctrina Helms-Burton de dureza contra la Cuba socialista, una vez más quedaba demostrado que los problemas diplomáticos enquistados sólo se resuelven por la vía del diálogo y con la voluntad sincera de llegar a acuerdos. De este modo se reparaba una injusticia histórica pues Estados Unidos, autoproclamado adalid de la democracia mundial, a diferencia de lo ocurrido con la Cuba revolucionaria, nunca sometió a bloqueo,  en aras a la supuesta defensa de los valores democráticos que enarbola en su política exterior, a ninguna de las dictaduras militares de derechas que ha tenido como aliadas y amigas en el continente americano. Como señalaba Toni Travería, “Obama ha cumplido las expectativas con sabia discreción y audacia”.

    Obama,  quien prematuramente se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 2009, tras ésta decisión histórica, y si de anacronismos históricos se trata, le queda otro importante asunto por resolver cual es la cuestión de la base norteamericana de Guantánamo en territorio usurpado a Cuba. Por ello, antes de que finalice su mandato debería cumplir su promesa de cerrar el siniestro Camp Delta, el campo de detención de prisioneros islamistas que existe en  dichas instalaciones militares, dado que  esta base naval representa, tanto en su origen como en su utilización actual, una página negra, una más, en la historia del imperialismo de los EE.UU. y una afrenta a los derechos humanos y a la legalidad penal internacional.

    Sobre el origen de esta situación debemos recordar que, cuando en 1898 los patriotas cubanos con el apoyo del ejército americano pusieron fin al dominio colonial español, la isla, en vez de lograr su plena soberanía, se convirtió en un protectorado de los EE.UU., en una nueva pieza del expansionismo norteamericano en el Caribe. Por ello, en 1901, el Congreso de los EE.UU. impuso un Apéndice a la nueva Constitución de la República de Cuba, bajo la amenaza de que de no ser aceptado, la isla permanecería ocupada militarmente de forma indefinida, y ello podría ser el preludio de una posible anexión similar a la ocurrida con Puerto Rico. De este modo, la conocida como “Enmienda Platt”, en su artículo 7º, establecía la cesión de suelo cubano para el establecimiento de bases navales por parte de EE.UU., la potencia ocupante. Así, en febrero de 1903, la US Navy, recibía como “concesión perpetua”, 116 km² en la bahía de Guantánamo. A cambio, EE.UU. debía de abonar un alquiler de 2.000 $ anuales, cantidad que pagó al gobierno cubano hasta que, llegado Fidel Castro al poder en 1959, éste se negó a cobrarla para denunciar la ocupación “ilegítima” que la base de Guantánamo suponía para la soberanía de Cuba.

      En la actualidad, y desde principios de 2002, Guantánamo se ha convertido en un siniestro campo de detención para prisioneros islámistas talibanes y de Al-Queda. A estos presos, EE.UU. los define como “combatientes enemigos ilegales” y, de forma arbitraria, ha decidido no aplicarles la IV Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra. Para ello, EE.UU. se apoya en una argucia: como nominalmente Guantánamo sigue siendo territorio cubano, EE.UU. alega que los allí detenidos se encuentran fuera de territorio federal y, por ello, carecen de los derechos que tendrían si estuvieran detenidos en los EE.UU. De este modo, en Guantánamo se incumplen de forma flagrante numerosos artículos de la citada Convención de Ginebra, entre otros los relativos a la prohibición de palizas, torturas y maltratos psicológicos (art. 13), las humillaciones sexuales (art. 14), el encarcelamiento en celdas de reducido tamaño (art. 21), el deber de ser restituidos a su país de origen una vez finalizadas las hostilidades, así como la prohibición de aplicar detenciones por tiempo indefinido a los prisioneros (art. 118). Ante semejante aberración jurídica, ante tan flagrantes violaciones de los derechos humanos, la situación ha sido denunciada en diversos informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y del Comité Internacional de la Cruz Roja y ya en febrero de 2006 la Comisión de Expertos de la ONU, en un demoledor informe, tras denunciar las graves violaciones de la legislación internacional cometidas, no dudaba en afirmar  que “el Gobierno de EE.UU. deberá cerrar las instalaciones de Guantánamo sin tardanza”, máxime tras las recientes revelaciones sobre las sistemáticas torturas aplicadas por la CIA.

    Todas estas circunstancias generan un profundo rechazo a la práctica de torturas con el pretexto de combatir el terrorismo internacional. Por ello, hay que exigir el cierre inmediato de Guantánamo y poner fin a esta anacrónica “concesión perpetua” devolviéndola a la República de Cuba. Ello sería un acto de justicia para lograr una normalización plena de las relaciones entre ambos países.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 diciembre 2014)

 

 

UN HÉROE ARAGONÉS EN GRECIA

 

     En estos últimos años, diversas investigaciones han rescatado la meritoria labor llevada a cabo por algunos diplomáticos españoles a favor de la población judía durante la Shoáh, el Holocausto nazi, entre ellos, los aragoneses Ángel Sanz Briz y Sebastián de Romero Radigales. Pero, mientras que es bien conocida  la actuación del zaragozano Sanz Briz a favor de los judíos húngaros en Budapest, no lo es tanto la de Romero Radigales, natural de la localidad oscense de Graus y que tuvo también un importante papel humanitario a favor de los judíos sefardíes en  Grecia durante la II Guerra Mundial, tema éste estudiado por la historiadora Matilde Morcillo.

     Sebastián Romero Radigales (1884-1970) procedía de una familia conservadora originaria de Barbastro con amplia vocación política: su padre fue senador vitalicio durante la Restauración y su hermano José fue diputado por Huesca en varias ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII y llegó, más tarde a ser ministro con la CEDA durante la II República. Pero Sebastián no encaminó sus pasos hacia la política sino por  la diplomacia: su primer destino fue el de cónsul en Bulgaria (1925) y, posteriormente, en Moldavia (1927), San Francisco (1929-1933) y Chicago (1934). Pero el lugar que marcaría su vida sería Grecia: primero, como agente del Gobierno franquista (1937-1939) durante la guerra civil y, desde 1943, como Cónsul General de España, en plena ocupación nazi del país heleno.

     Romero Radigales fue un diplomático afín al régimen franquista  (al igual que Sanz Briz) pero ambos tuvieron en común su ayuda y solidaridad para con el pueblo judío víctima del Holocausto lo cual les impulsó a actuar de forma valiente y decidida  a favor de éstos enfrentándose no sólo a las autoridades alemana, sino también con sus superiores en el Ministerio de Asuntos Exteriores  franquista, por entonces fiel seguidor de la estela político-militar de las potencias fascistas. Como señalaba Eduardo Martín de Pozuelo, la noble actitud de Romero Radigales era consecuencia de la “naturalidad de quien cumple con su deber y está impregnado de una profunda humanidad y fe”.

     En medio de la tragedia de la II Guerra Mundial, Romero Radigales se empeñó, a título personal y sin ningún apoyo del Gobierno de Franco al que representaba, en salvar a los judíos sefarditas de Atenas y Salónica de ascendencia española. Constantes fueron sus enfrentamientos con el embajador alemán en Atenas el cual se quejaba ante su ministerio de la “resistencia” del diplomático español y pedía a Berlín que “presionase” a las autoridades franquistas “para que instruyeran a Romero” y así “frenar sus interferencias” en la cuestión judía. Pero las “interferencias” del cónsul oscense, a pesar de múltiples dificultades dieron sus resultados  y así, pudo liberar a casi 800 judíos que hubieran acabado sus días en los campos de exterminio nazis.

     Un lugar latía de forma especial en el corazón de Romero Radigales: la ciudad de Salónica, importante símbolo del judaísmo sefardí de la Diáspora y que en aquellas fechas, como señala Isaac Revah, uno de los judíos salvados por nuestro cónsul, era, “en la práctica una ciudad española” habida cuenta de la importante presencia de la comunidad sefardí, una Salónica en la cual era destacable la presencia de los descendientes de los judíos aragoneses expulsados en 1492, el conocido como “Cal Aragón”, como nos recuerdan las investigaciones de Adela Rubio y Santiago Blasco. Pero todo   cambió tras la ocupación nazi de Salónica (9 abril 1941) supuso el asesinato del 95 % de su población judía ya que, entre marzo-junio de 1943, unos 48.000 judíos salonicenses  fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau.

     Fue por estas fechas, cuando Romero Radigales, recién nombrado Cónsul en Atenas (abril 1943), pasó a la acción: trasladó a 150 sefardíes de Salónica a Atenas desde donde más tarde pudieron ser enviados a la entonces Palestina británica, además de otros 235 que pudo mantener con vida en hasta el final de la guerra en la capital helena. También logró la repatriación de 365 judíos sefardíes retenidos en el campo de Bergen-Belsen y que, después de múltiples penalidades, llegaron a España en febrero de 1944 con visados de tránsito, que no de residencia, puesto que el régimen franquista no los admitía, para más tarde hallar refugio en el Protectorado de Marruecos y en América. A la vez, organizó el depósito de los bienes de todos los repatriados para evitar que se apoderasen de ellos los nazis y que, una vez acabada la guerra, se encargó de devolverlos a sus propietarios o herederos.

    La actitud pronazi del régimen franquista permitió el exterminio de la otrora floreciente comunidad judía de Salónica, la ciudad más “judeoespañola” del Mediterráneo oriental, cuya responsabilidad debería de martillear la conciencia de todos aquellos que cometieron y consintieron esos crímenes. Ahí están, a modo de denuncia, las cartas secretas cruzadas del ministro de Asuntos Exteriores Gómez Jordana  y del embajador franquista en Berlín (Ginés Vidal) desoyendo y criticando las desesperadas súplicas de Romero Radigales para que España evacuara a los judíos perseguidos.

     Al final la historia hizo justicia: denostó al franquismo por sus crímenes y por su connivencia con el fascismo internacional y, por el contrario, reconoció la noble labor llevada a cabo por Romero Radigales. Es por ello que el pueblo judío honra su memoria y el pasado 30 de septiembre, tuvo lugar en Jerusalén la ceremonia de proclamación póstuma del cónsul oscense como Justo entre la Naciones, distinción que Israel concede a aquellas personas que, no siendo de confesión o ascendencia judía, ayudaron al los judíos durante la Shoáh. Si Israel honra a Romero Radigales, también debería de hacerlo su Aragón natal pues su historia merece ser conocida y recordada como ejemplo para futuras generaciones.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 diciembre 2014)