UN OPROBIO A LA MEMORIA

 

     No por esperado, ha causado menos malestar la decisión del Gobierno de Aragón,  anunciada el pasado 15 de diciembre por la consejera Dolores Serrat, de suprimir el Programa Amarga Memoria calificándolo de “superfluo”. La coartada perfecta para tomar esta medida ha sido la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, pero la realidad es que el PP, ahora en el Gobierno, nunca ha tenido la voluntad política de acometer el deber moral y cívico que nuestra democracia adeuda, todavía, para con las víctimas del franquismo, una cuestión de salud democrática que debería medirse por otros parámetros distintos a los meramente economicistas.

     La derecha española, también en Aragón, siempre se ha mostrado reacia a romper, de verdad y de forma definitiva,  las amarras emocionales e ideológicas con la herencia del franquismo, a diferencia de lo hecho por otras derechas europeas, como las de Alemania, Italia o Francia, que apoyaron las políticas públicas de la memoria histórica antifascista  y del impulso de la educación cívica en los valores democráticos.

     Debemos recordar la Proposición no de ley 127/06 relativa al impulso de medidas para la recuperación de la memoria histórica del Programa Amarga Memoria, presentada en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista. En los debates de la misma, el año 2006, el PP ya dejó clara su posición. Una lectura atenta del Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón recoge determinadas afirmaciones de Antonio Suárez, entonces diputado portavoz del PP, sobre la referida Proposición no de ley a la que calificaba de “sectaria” y “fundamentalista”, “un camino equivocado”, que sólo pretendía “la confrontación social”.

     A nivel nacional, en pleno debate parlamentario sobre la futura Ley 52/2007 de la Memoria Histórica (LMH) impulsada por el Gobierno de Zapatero, ya advirtió Rajoy de que la derogaría en caso de ganar las elecciones del 2008 y es previsible que, a nivel nacional, como ocurre en Aragón, las políticas del PP pongan fin a la legislación memorialista que, pese a todas sus deficiencias y limitaciones, había abierto, por vez primera, el camino para la plena reparación moral, y tal vez jurídica, de las víctimas de la dictadura franquista. En este sentido es de justicia destacar que el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, bajo el impulso de Jaime Vicente Redón, ha realizado durante estos últimos años una labor encomiable gracias al trabajo realizado por Ana Oliva o Elisa Plana, junto con el apoyo entusiasta de Juan Carlos Gil y demás funcionarios de la Dirección General de Patrimonio Cultural. De este modo, se editaron numerosas publicaciones, se realizaron diversas actividades culturales, jornadas y exposiciones, también en el ámbito educativo (visitas al Campo de Mauthausen o el proyecto de cooperación transfronteriza “Las Rutas de la Memoria”), se elaboró  un mapa de fosas en Aragón (519 localizadas,  uno de los más completos y sistemáticos de España), además de efectuar diversas exhumaciones con las oportunos criterios arqueológicos y antropológicos.

     A fecha de hoy, y mientras siga en vigor la Ley 52/2007, corresponde a los poderes públicos, esto es, al Gobierno de Rajoy en Madrid o al de Rudi en Aragón, amparar y realizar actuaciones concretas en el ámbito de las políticas públicas de la memoria histórica. De hecho, la referida ley insta a la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las victimas “como última prueba de respeto hacia ellos”, tal y como se indica en su artículo 11, así como a la adopción de medidas concretas para lograrlo (arts. 12, 13 y 14). De igual modo,  la LMH  indica expresamente que “es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo rigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos”. Y todo ello, no ha sido, no es, y nunca será algo “superfluo”.

     Una de las razones esgrimidas por el PP para enterrar, y nunca mejor dicho, el Programa Amarga Memoria es la de que había que recuperar “el espíritu de la Transición”. Pero quienes esto dicen, olvidan  los “peajes” que entonces hubo que pagar para consolidar la democracia española, entre ellos, el aprobar la Ley 46/1977 de Amnistía, una ley de “punto final” para con los crímenes del franquismo, el renunciar al restablecimiento de la legalidad republicana o el posponer las justas demandas de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Hoy, después de tres décadas de democracia constitucional, estas demandas de justicia, verdad y reparación que empezaron a abrirse paso, con problemas y dificultades en estos últimos años, no pueden quedar sepultadas por la previsible involución auspiciada por las políticas conservadoras del PP. Calificar estas cuestiones como “superfluas” es, cuando menos, una frivolidad carente de la más mínima sensibilidad cívica puesto que, como señala la LMH, “se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y el marco de la Constitución, no puede dejar de atender”.

     Los familiares de víctimas del franquismo, han llorado durante largos años por sus familiares asesinados, muchos de ellos arrojados a cunetas donde yacen, todavía, para escarnio de nuestra democracia. Hoy vuelven a llorar  por el desinterés de la derecha gobernante en España y también en Aragón por las cuestiones relacionadas con la memoria histórica y, mientras tanto, la herida, esa herida, esa historia sangrante, seguirá sin cerrarse. Nuevas lágrimas recorrerán sus rostros, azotados por tanta incomprensión, sintiendo en su interior el sufrimiento porque la democracia española y las instituciones que la representan, quieren volver a negarles la ayuda para encontrar los restos de sus seres queridos y enterrarlos dignamente. Y mientras tanto, algunos familiares de las víctimas, acabarán sus días sin haber cumplido este anhelo, porque determinados gobernantes consideran que se trata de algo “superfluo”.

     José Ramón Villanueva Herrero (nieto de un carabinero de la República)

     (publicado en El Periódico de Aragón, 29 diciembre 2011)

 

¿Y LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES?

 

      Al igual que va a ocurrir con aspectos esenciales del Estado de Bienestar, el futuro Gobierno de Rajoy va a suponer un serio retroceso en la política que, durante éstos últimos años, se ha impulsado desde  la Alianza de Civilizaciones, un proyecto de futuro en el que nunca creyó la derecha española, una iniciativa siempre cuestionada desde sectores conservadores y que, de hecho, no figura en el programa electoral del PP.

     Recordemos que la Alianza surgió a partir de una propuesta de Zapatero presentada en la Asamblea General de la ONU el 21 de septiembre de 2004 con la intención de crear una alianza entre Occidente y el mundo árabe y musulmán con el fin de combatir el terrorismo yihadista por otros caminos distintos a la estrategia militar, en unos momentos en que la sociedad española se hallaba conmocionada ante la tragedia que supusieron los atentados del 11-M, ocurridos seis meses antes. Desde entonces, la iniciativa española, secundada por Recep Tayyip Erdogan,  Primer Ministro de Turquía, fue sumando apoyos y, de este modo, se creó el Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones del cual forman parte en la actualidad 89 países y 17 organizaciones internacionales.

     La propuesta de Zapatero,  adoptada por la ONU en abril de 2007, se articuló en torno a tres puntos fundamentales: la cooperación antiterrorista, la corrección de las desigualdades socioeconómicas y el diálogo cultural. Posteriormente, la Resolución de las Naciones Unidas de 10 de noviembre de 2009, reafirmó los valores y principios que inspiran esta Alianza: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el carácter universal de éstas; la promoción de una cultura de paz y de diálogo y el fomento de la tolerancia y el respeto en los asuntos relacionados con la religión y las creencias. En consecuencia, se planteaba como objeto de “ganar las mentes y los corazones” para los valores antes indicados y contrarrestar así la expansión de todo fundamentalismo e intolerancia. Para ello, la Alianza se estructura a tres niveles: el internacional, mediante la realización de Planes de Acción bianuales, Estrategias Regionales y Cartas de Partenariado suscritas con diversas organizaciones (UNESCO, Consejo de Europa, Unión Europea o la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ISESCO); el nacional, mediante el desarrollo de Planes nacionales específicos, y, finalmente, a nivel local, a través de diversos proyectos que implican a la sociedad civil.

     Además, la ONU, en la referida Resolución, expresó “su apoyo continuo” a la labor de la Alianza,  así como “la pertinencia de los planes nacionales para la Alianza que han sido aprobados por los Estados miembros”, tema éste en el que España, está desarrollando, hasta el presente, una destacada labor: ejemplo de ello es el actualmente vigente II Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones (II PNAC 2010-2014) desarrollado por el Gobierno Zapatero  y cuyo futuro, tras la llegada al poder de la derecha, resulta incierto.

     Debemos tener presente que el II PNAC desarrolla una amplia gama de proyectos y actividades concretas que implican a los ministerios de Educación, Fomento, Trabajo e  Inmigración, Defensa, Interior y al ya desaparecido de Igualdad, centrando sus actuaciones en cuatro ámbitos prioritarios: educación, juventud, migración y medios de comunicación. Si el Primer Plan realizado en España  durante 2008-2010 contó con 57 realizaciones concretas, el actual, cuyo balance de actuaciones se ha presentado en el Foro de Doha los pasados días 11-13 de diciembre, es mucho más ambicioso pues en él se ha impulsado la implicación de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones locales e, igualmente, ha contado con la participación activa de la sociedad civil por medio de la incorporación de objetivos y proyectos propuestos por instituciones culturales como la Casa Árabe, Casa Sefarad-Israel, Fundación Tres Culturas, Fundación Pluralismo y Convivencia, Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Real Instituto Elcano o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre  otras. Especialmente significativas son las actuaciones en el sistema educativo, los proyectos relacionados con el Plan Nacional I+D+i o las actuaciones del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración o del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración Social para la lucha contra el racismo y la xenofobia.

     Como se recoge en el Acuerdo del II PNAC aprobado el  20 de mayo de 2010, todos los proyectos incorporados al mismo se fundamentan “en el compromiso con la legalidad internacional, en el pleno respeto a los Derechos Humanos sin discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el apoyo resuelto al multilateralismo que representan las Naciones Unidas”. En cuanto a la acción exterior, elemento esencial de este Plan, el Gobierno había asumido compromisos para potenciar las Estrategias Regionales de la Alianza para zonas concretas como el Sudeste Europeo (Balcanes ) y el Mediterráneo, así como contribuir a proyectos  de cooperación orientados a la gestión de de la diversidad cultural.

     Sin embargo, nada de todo este ambicioso proyecto de la Alianza de Civilizaciones parece estar en la agenda inmediata de la derecha.  A las repetidas críticas recibidas por parte de Aznar y la FAES, hay que añadir que Rajoy,  en 2006,  definió a la Alianza como “propaganda” y “cantos de sirena” que “no importan a nadie”, un Rajoy que en este tema, como ya le ocurrió con la economía, con un excesivo fervor de militante conservador, exigía a Zapatero que “hiciese una política exterior como Dios manda”. Por ello,  ignoramos si va a mantener el grado de implicación que España ha tenido en esta materia durante el período de los Gobiernos del PSOE, como también resulta una incógnita si Rajoy estará presente en el V Foro de la Alianza de las Civilizaciones a celebrar en Austria el próximo año 2012.Y es que, tras al cambio político conservador ocurrido en España y los efectos de la crisis económica, posiblemente  tenga Rajoy la tentación de entonar el réquiem por la Alianza maquillando su rechazo por este proyecto de diálogo intercultural con la coartada de los apremiantes ajustes presupuestarios exigidos a las cuentas públicas.

     Y, sin embargo, como señalaba Jorge Sampaio, expresidente de la República de Portugal y actual Presidente de la Alianza de Civilizaciones, apostar políticamente por ella supone “una mayor conciencia de gestionar la diversidad cultural como pilar esencial de las relaciones internacionales” y ello significa “un progreso respecto a la concepción tradicional de la diplomacia como una relación Estado a Estado”. Estas son las ideas que, en esencia, presentó Zapatero en la ONU en septiembre de 2004, unas ideas que pese a lo que opine Rajoy, siguen siendo necesarias en un mundo cada vez más multicultural, todo un reto para los dirigentes políticos presentes y futuros, y también para nosotros, los ciudadanos, que convivimos en una sociedad compleja y cambiante.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 18 diciembre 2011)

 

REBELDÍA E INDIGNACIÓN EN LAS AMÉRICAS

 

     Tras la arrolladora victoria del PP en los comicios del 20-N y los primeros análisis de la debacle de un PSOE castigado por sus bases sociales y electorales por haber renunciado a hacer políticas socialdemócratas en estos tiempos de desánimo global, el tema principal sigue siendo las crisis y sus nuevos dogmas de fe: la necesidad de “calmar”, al precio que sea,  a los “mercados” y de frenar el alza de la prima de riesgo.

     Mientras estas son las preocupaciones en la opulenta (aunque menos) Unión Europea (UE), cuando se acrecienta el temor de los EE.UU. a que las convulsiones financieras crucen de nuevo el Atlántico, hay otras noticias que nos han pasado inadvertidas. Este es el caso de la V Asamblea de la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA) celebrada entre el 23-27 de noviembre pasado en la República de El Salvador. En la COMPA se agrupan asociaciones y comunidades de la mayor parte de los países de América, desde Argentina a Canadá, unidas con el fin de establecer estrategias comunes de resistencia para hacer frente a los negativos efectos de la globalización neoliberal y, a la vez, fomentar modelos de desarrollos económicos alternativos, sostenibles y respetuosos con la ecología del continente.

     La COMPA, surgida tras un encuentro de 128 organizaciones latinoamericanas celebrado en Chiapas en octubre de 2000,  tiene 6 ejes estratégicos: la defensa de unas relaciones comerciales internacionales justas, lo cual supone una dura crítica a los Tratados de Libre Comercio y a la actuación de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la desmilitarización de las sociedades de América Latina en las que tanto pesa, todavía, el imperialismo de los EE.UU. y la actuación de sistemas policiales corruptos y con escaso respeto a los derechos humanos; la exigencia de cancelación de la deuda externa y de la eliminación de los ajustes estructurales; la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente al expolio por parte de los Estados y de las multinacionales para explotar  sus recursos naturales; la promoción de modelos de desarrollo rural sostenibles rechazando los cultivos transgénicos y la biopiratería y, finalmente, una apuesta decidida a favor de la participación de la mujer en la construcción de nuevas alternativas políticas, económicas y sociales.

     Con esta perspectiva, la citada V Asamblea de la COMPA, celebrada en Guacotecti (El Salvador), reunió a 31 organizaciones sociales, indígenas, negras y campesinas de Guatemala, Honduras, México, Cuba, Nicaragua, El Salvador y también de los EE.UU., además de contar con la “presencia solidaria” de representantes de Canadá, Italia y España. En dicha Asamblea, se realizó un profundo análisis de la crisis del capitalismo global, definido como un “sistema de dominación múltiple” que se manifiesta, desde el punto de vista de la COMPA, en la expropiación y saqueo de las tierras, culturas y vidas de los pueblos de América así como en la imposición de tratados de libre comercio y la extensión de una cultura consumista que conduce a la pérdida de la soberanía alimentaria y a la agudización de la deuda externa para dichos países. Igualmente, esta voracidad capitalista pretende la imposición de determinados megaproyectos y modelos extractivos de los recursos naturales en determinadas zonas, como la Amazonía, con graves consecuencias medioambientales. Para lograrlo, los poderes económicos no dudan en recurrir a la violación sistemática de los derechos humanos y de favorecer el avance de gobiernos autoritarios como ha ocurrido recientemente en Guatemala.

     Consecuencia de todo ello, en América Latina, al igual que ocurre en nuestra ahora convulsa UE, se está agudizando una crisis social, política, económico-financiera y, también energética. Pero, como un rayo de esperanza en medio de las tinieblas, en lo que la COMPA no duda en definir como “hora histórica para la Humanidad”, nos recuerda que esta crisis global sirve, también, para “acelerar procesos novedosos y potentes de organización y rebeldías”….y es verdad: lo hemos comprobado con la aldabonazo que ha supuesto para nuestras conciencias y nuestra sociedad la rebeldía cívica de los indignados con la aparición, entre otros, del Movimiento 15-M o el de Democracia Real Ya.

     Por consiguiente, la COMPA, que se define como “movimiento social continental anticapitalista”, que lucha por romper la “lógica de la dominación” con métodos participativos y populares, planteó lo que denomina “ejes de resistencia estratégicos” tales como la defensa de los derechos campesinos en el Bajo Aguán (Honduras) y el respeto al pueblo maya de Guatemala sobre sus territorios y sus recursos naturales. Igualmente defiende la soberanía alimentaria y la “justicia climática” (novedoso y acertado concepto), razón por la cual denuncia las prácticas del llamado “capitalismo verde”, eso es, el cultivo extensivo de biocombustibles en determinados países como Honduras o Brasil a costa de producir artículos de primera necesidad. En consecuencia, estos países se ven obligados a importar el trigo, el maíz o el arroz a los precios que fija el mercado internacional de alimentos el cual, está controlado, curiosamente, por empresas como la Agencia  Goldman Sachs que, insaciable con los inmensos beneficios que obtiene en los mercados financieros, como señalaba recientemente Carlos Enrique Bayo, “se forra provocando hambrunas”, esto es, elevando artificialmente el precio de los mismos:  es por ello que, Joerg Mayer, responsable de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD), denunciaba que, actualmente, “el mercado de los alimentos se ha convertido en un casino”.

     Las asociaciones y colectivos nucleados en la COMPA, tampoco se olvidan de enviar saludos solidarios a todos los indignados, a aquellos que, “desde distintos puntos del planeta, ayudan a abrir las fisuras que ayudan a hacer explotar el sistema”, todo un reto en estos confusos e inciertos tiempos que nos ha tocado vivir. Y es que, tal vez la COMPA nos esté un rumbo a seguir pues, al igual que en las tierras de América, también aquí resulta inaplazable la necesidad de construir, con esfuerzo unitario, alternativas anticapitalistas que sean sustentables, equitativas y solidarias.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 4 diciembre 2011 y Diario de Teruel, 11 diciembre 2011)

 

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE MILITANTES DEL PSOE DE ARAGÓN

     En el día de hoy,  cerca de 150 militantes del PSOE, se han concentrado a las puertas del PSOE de Aragón, atendiendo a la convocatoria  de asamblea, que diversos colectivos, plataformas, agrupaciones socialistas, y militantes de base, habían realizado.

    El orden del día de la asamblea era analizar la situación actual del partido, tras las últimas elecciones, generales. La Asamblea no se ha podido realizar, al encontrarnos con que la sede del Partido había sido cerrada, por órdenes de la Secretaría de Organización Regional del PSOE.

    Ante estos hechos los militantes de base, optaron por reunirse en un bar, forzados por la situación, y realizar un debate sobre éstos hechos. Entre los asistentes a la fallida Asamblea, se encontraban miembros de Nuevo Socialismo, Sexto Espacio, Izquierda Socialista, y del Taller de las Izquierdas, así como afiliados de Huesca, y de la Agrupación de Alcañiz (Teruel), así como afiliados de todas las agrupaciones locales de Zaragoza, siendo destacada en el caso de la Agrupación de San José, queremos manifestar lo siguiente:

    1º) El malestar e indignación de los militantes, ante la decisión de cerrar la sede para evitar la Asamblea, por parte de la dirección del partido, es absoluto. Consideramos que los hechos son de una gravedad extraordinaria, por lo que suponen de conculcación de derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución española, como es el derecho de reunión.

    2º) El malestar con las diversas direcciones del Partido, tanto provinciales como regional, y federal,  tras los resultados obtenidos por el partido el 20N, ha quedado superado por el estupor que esta decisión supone, y que no cabe calificar como un CERROJAZO de la dirección a los militantes.

    3º) Queremos recordar, que tras las elecciones municipales y autonómicas y la clara derrota que supusieron, y ahora con la derrota del 20N, los militantes del Partido, no han podido realizar acto alguno, en el cual se haya dado, ni gestión, ni explicación alguna en comparecencia pública y abierta a un debate con los militantes, por tanto estamos ante un Partido huérfano de debate, después de una doble y estrepitosa derrota, sin paliativos , ni precedentes en la historia del socialismo español, aragonés y zaragozano de los últimos 30 años.

    4º) Además de factores claramente vinculados a la crisis económica, y de características internacionales, o presiones de mercado, que condicionan claramente la acción institucional, y que favorecen un desgaste del Gobierno, los ciudadanos han dado un claro mensaje al PSOE en el sentido de que es necesaria  una apertura del Partido, tanto a la sociedad, como a los militantes. En lugar de atender al clamor general de los militantes, y simpatizantes que piden esa apertura, nos encontramos con una dirección que lo que hace es todo lo contrario de lo que le reclaman los ciudadanos, y militantes, se cierran más todavía los escasos mecanismos democráticos de que dispone el PSOE. Ese mecanismo supremo, es la Asamblea abierta, sin etiquetas, ni liderazgos de ninguna corriente, grupo, agrupación o plataforma interna, simplemente, un debate abierto, entre los militantes de todos los colores, que reflexionan de forma democrática, serena y consciente de la responsabilidad del momento, para tratar de buscar las causas, los fallos, las recomendaciones, etc. En una palabra tratar de mejorar el Partido por la vía de la democracia interna, sin tutelas, ni cargos a repartir, pedimos y por eso se convocó la Asamblea, un debate sin la mediación del interés a corto plazo, de la lucha interna por el poder, sino de la conexión con el pueblo, y comprensión de los graves problemas que padecemos, para ordenar un debate, que permita profundizar tanto en los problemas, como que incorpore la necesaria participación de aquellos que son agentes principales del Partido, de los militantes, la Asamblea, tenía por objetivo, DAR LA PALABRA, a la gente común, procedente de todos los barrios de Zaragoza, y de las diferentes provincias, para hacer una radiografía de la situación actual y realista.

    5º) A los llamados y discursos que hemos oído en la noche del 20 N trasladando por parte de la dirección, una necesaria unidad y cohesión interna, nosotros oponemos el modelo de los socialistas franceses, que de forma ejemplar, en fechas muy recientes, han sabido corregir el rumbo, aprendiendo de sus errores, y han dado la palabra no solo a militantes, sino también a simpatizantes del Partido, por la vía de unas primarias modélicas, con una participación de 2 millones de franceses, incluso pagando 1 euro por votar.

    6º) La posición de la mayoría silenciosa, que representa la sufrida militancia del PSOE, tratando de evitar debates antes de las elecciones, precisamente para no desgastar al Partido, y que ha tenido como referente la prudencia, a pesar de darse de baja nada menos, que la escalofriante cifra de un 65 % de los militantes del Partido en Zaragoza capital, se opone la posición inmovilista de una dirección, que lejos de utilizar la diplomacia y la negociación, ha forzado una innecesaria posición de fuerza, desafiando precisamente a aquellos que no solo les han votado y elegido, sino que además son los depositarios de la soberanía máxima, pues son los militantes, quienes tendrán que votar a la nueva dirección. Ha sido desde esa prudencia, paciencia y disciplina interna, desde la que se han dado demoras a las convocatorias, para esperar a que pasaran las elecciones, pero una vez finalizado el proceso electoral, y coincidiendo con la apertura ya de un nuevo proceso congresual, los militantes no solo tienen el derecho, sino la obligación de ejercer el derecho, tanto a la libertad de expresión, como de reunirse para debatir las propuestas que se han de llevar  a cabo en el futuro más próximo.

    7º) La militancia, consideramos que debe recuperarse el Partido, que actualmente el principal problema consiste en que NO hay partido, sino una mera élite de cargos públicos, que desde la dirección del partido, tratan de blindar su posición mayoritaria, con el agravante de que no se da gestión desde hace años, sobre su actividad pública tanto en las instituciones, como en el Partido.

    8º)  Los militantes de Huesca, han confirmado que de forma subrepticia, también se han intentado convocar a los militantes para debatir la situación, y con otras fórmulas, más sibilinas, también se han puesto en marcha maniobras por parte de la dirección para evitar los debates, y han coincidido con los afiliados de Zaragoza en que la sensación de cerrar el paso por parte de la dirección en Huesca, al libre debate es de las mismas proporciones. Se da el caso referido por uno de los asistentes que incluso ha habido amenazas e insultos, por no participar en la campaña electoral, a la hora de ensobrar la propaganda electoral.

    9º) Por parte de Alcañiz (Teruel), se ha recordado la situación extrema de la agrupación, en la cual hubo primarias, que gano el anterior Comité Local, que a raíz de estos resultados, que no fueron del agrado de la dirección provincial y regional, se disolvió la agrupación, formando una gestora, y que se abrieron 7 expedientes disciplinarios, incluso a un senador, por manifestar su desacuerdo con los criterios de la dirección. La actual dirección del PSOE turolense, desacreditada por los sucesivos fracasos electorales y por haber vulnerado reiteradamente la democracia interna y la voluntad mayoritaria de los socialistas alcañizanos,  es la que ahora demanda, sin ninguna credibilidad por su parte, que hay que “cambiar el partido para hacerlo más participativo”, algo que, los hechos lo demuestran, nunca han permitido y por lo que han sido acosados y expedientados todos aquellos militantes que han tenido el coraje de manifestar posiciones críticas con las imposiciones de la dirección provincial socialista.

    Finalmente consideramos que ir a nuestra casa, que es el Partido, y encontrarla cerrada, provoca unos sentimientos de impotencia y frustración, que lejos de activar la militancia y la ilusión por la recuperación de un programa común, y de unir a los socialistas en estos difíciles momentos, provoca una sensación de utilización de la militancia, única y exclusivamente para el interés y el favor de la adquisición del poder por parte de una casta, que pretende mantenerse al margen de la crítica y la labor colectiva, que es lo que es y así está reconocido por la Constitución un partido político. Como dice la Carta Magna, los partidos políticos son pilares de la democracia, por tanto, aquellos que osen desafiar a la democracia, utilizando maniobras de interés personal, manejando el poder en su favor personal, están condenados a su autoexclusión, pues no es admisible en democracia, el autoritarismo, en que parecen quererse instalar aquellos que han dejado en la calle a los únicos y supremos dueños del Partido, sus militantes, que son la base del socialismo de Pablo Iglesias, y olvidan que al final los militantes decidirán a quien dejan en la calle con su voto en los próximos congresos, pronto lo verán.

 Zaragoza a 22 de Noviembre de 2011

 

 

 

 

EN RECUERDO DE OLOF PALME

 

     Abducidos  por la crisis, en estos tiempos de naufragios y renuncias de la socialdemocracia en la práctica totalidad de los países europeos, hay políticos cuya memoria emerge con fuerza y  su legado político trasciende fronteras. Este es el caso de Olof Palme (1927-1986), el carismático político socialdemócrata sueco de cuyo asesinato se ha cumplido este año el 25º aniversario y que sigue siendo un símbolo para todos quienes seguimos apostando por la utopía del progreso y la justicia social, sin que por ello dejemos de ser conscientes  de la realidad diaria, tantas veces adversa, que es necesario transformar. Y es que Olof Palme siempre insistía en la necesidad de la utopía en el trabajo político cotidiano para que el reformismo socialdemócrata no se convirtiese  en un mero gestor del sistema sin plantearse su transformación. De hecho, y ello resulta muy actual en el momento presente, Palme ya nos advertía en su tiempo de que “las fuerzas del mercado dirigirán  esta sociedad con mano de hierro” a no ser que la socialdemocracia practicase  lo que él llamaba “una política de bienestar constructiva”, avanzando gradualmente en la extensión y prestaciones del Estado del Bienestar, “porque uno tiene que agarrar la realidad por algún sitio  para poder transformarla”, oponiéndose de este modo con firmeza a cualquier reforma que supusiera un retroceso en los derechos laborales o sociales logrados con tanto esfuerzo.

     La lección y el mensaje de Palme adquieren especial actualidad en estos tiempos para la desnortada socialdemocracia europea. Por ello, su pensamiento nos insta a recuperar los ideales y los valores propios de la socialdemocracia clásica: igualdad, justicia social, las cuales debían de superar fronteras con arreglo a una permanente solidaridad internacionalista, unido a la defensa del medio ambiente y del pacifismo. Para todo ello, era, y es,  fundamental  la cooperación constante entre la socialdemocracia y el movimiento sindical para avanzar no sólo en la política salarial y el diálogo social, sino, también, dar pasos decididos en la democratización de la vida económica y de las empresas. Con especial orgullo, recordaba que “fue la socialdemocracia, en país tras país, la que tuvo que conquistar los derechos humanos fundamentales y los derechos sindicales en lucha contra las clases dominantes de la sociedad burguesa”, una tarea, que hoy, resulta más necesaria que nunca continuar en unión de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales de signo progresista.

     Olof Palme siempre fue un firme defensor del Estado del Bienestar, tan zarandeado por las políticas neoliberales alentadas al socaire de la crisis global y, ya en 1984, advertía de que “los conservadores atacan la idea misma de la sociedad del bienestar, la idea de que el bienestar del individuo depende de la comunidad”, ideas éstas que las políticas conservadoras nunca han aceptado por motivos ideológicos y políticos, escudándose en su defensa de un liberalismo a ultranza, lo cual les lleva a sacralizar el “mercado”, en la misma medida que denostan la intervención reguladora de los poderes públicos en aras a su lucha contra las diferencias sociales y a favor de las políticas de igualdad. Es por ello que Palme incidía tanto en la necesidad de extender el sector público estatal, pues lo consideraba esencial para el buen funcionamiento de una economía avanzada y, por ello, en el caso español, añoramos la existencia, en las circunstancias actuales, de una potente Banca Pública que generase un crédito rápido y barato para propiciar la reactivación económica, o la de un sector público industrial, pues ambos fueron desmantelados por razones más que cuestionables.

     Dado que el nudo gordiano de la situación actual es la política económica, cuyo enfoque y gestión acertada no sólo nos afecta a nosotros, sino también a las generaciones futuras, Palme le recordaba a Felipe González, allá por el año 1985 los objetivos que, desde una visión socialdemócrata avanzada, debía ésta de tener, objetivos de total y absoluta vigencia en los tiempos que vivimos: “una política económica que garantice el crecimiento al mismo tiempo que mantenemos el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos en la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”, todo un legado para enarbolar con tenacidad ante la actual dictadura de los mercados que imponen sus medidas e intereses ante los gobiernos democráticamente elegidos, razón por la cual algunos pensadores no dudan en señalar, y razón no les falta, que estamos sufriendo un auténtico “fascismo económico” que ha degradado de forma preocupante la calidad democrática de nuestra sociedad, los valores sobre los que se sustenta nuestra democracia representativa

     Por ello, es tan importante estar atento a las principales demandas que legitiman la indignación de una parte considerable de nuestra ciudadanía, de amplios sectores de la juventud, de los parados, jubilados y otros sectores sociales especialmente azotados por la crisis y que se nuclean en torno al Movimiento 15-M. También en este sentido, Palme, ya apuntaba caminos para avanzar hacia una democracia real en cualquier sociedad que pretenda abrir horizontes de progreso y justicia social,  pues consideraba que, “la condición indispensable para llevar hacia delante el desarrollo es la existencia de ciudadanos conscientes, críticos y activos. Y hasta que el individuo, con todas sus particularidades y sus sueños, no pueda influir en la toma de decisiones, la democracia no podrá echar raíces firmes y no podrá construirse una sociedad donde reinen la armonía y la justicia”.

     Este es el legado que, ahora, a los 25 años de su asesinato, nos dejó Olof Palme, un hombre  honesto, sencillo y coherente  al que el poder nunca lo cambió porque, como él mismo decía, “para que no se le embote a uno la humanidad, es necesario tener el coraje de salir del bunker del Gobierno y, como cualquier persona corriente, irse una tarde al cine, y caminar por la calle encharcada de nieve hacia el Metro”.  Y así fue: Palme, Primer Ministro de Suecia, fue asesinado el 28 de febrero de 1986, cuando salía, como un ciudadano más, de un cine de Estocolmo. No llevaba escolta.

     En estos tiempos de desánimo y desconcierto, es más necesario que nunca el recuperar la fuerza de las ideas, de la utopía, pues, como Palme recordaba, “sin esperanza, no hay prisión tan abrumadora como el futuro”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 20 noviembre 2011)

 

 

GURS EN LA MEMORIA Y EN EL CORAZÓN

    

     El pasado 23 de octubre, en una soleada mañana, tuvo lugar un emotivo acto en el campo de concentración de Gurs, situado en las tierras francesas del Béarn y cercano a la frontera pirenaica aragonesa, construido en abril de 1939 para internar a los combatientes republicanos españoles y a los miembros de las Brigadas Internacionales y que permaneció activo hasta el final de la II Guerra Mundial en 1945. En dicho acto, se inauguró  la Avenida de los Internados, jalonada por 27 columnas de granito que recuerdan a los distintos colectivos de prisioneros y los lugares de procedencia de los mismos que sufrieron o murieron en Gurs. Estas columnas, financiadas por diversas asociaciones e instituciones francesas, españolas y alemanas, constituyen un lugar que apela a nuestra memoria y a nuestra reflexión, al deber moral de recordar lo allí sucedido a las jóvenes generaciones para, así, inmunizarlas ante cualquier mensaje de signo intolerante, xenófobo o racista, los cuales, por desgracia, se están extendiendo peligrosamente en estos tiempos  de profunda crisis global.

     Este acto, en memoria y homenaje a los republicanos españoles, a los resistentes franceses y a los judíos víctimas del Holocausto, los tres principales colectivos hermanados por el sufrimiento común que simboliza el Campo de Gurs, coincidía, además, con este año en el que se cumple el 80º aniversario de la proclamación de la II República Española, un hecho que ha sido recordado con especial emoción por los que nos sentimos republicanos, acontecimiento histórico del que, por el contrario,  apenas se han hecho eco las instituciones públicas españolas.

     En aquella hermosa y emotiva mañana del 23 de octubre, convocados por la Amicale du Camp de Gurs, asistieron numerosas colectivos y asociaciones francesas, españolas y alemanas, entre ellas, la Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER), Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML), dinámica asociación impulsada por el infatigable Raymond Villalba, el Memorial de la Shoah de París o la Asociación de Aviadores de la República Española (ADARE). Igualmente, varias asociaciones aragonesas estuvimos presentes y de este modo, el acto contó con la presencia de miembros del Foro por la Memoria de Aragón, de la Fundación Bernardo Aladrén, de la Asociación Pozos de Caudé, o de la Agrupación de Familiares Asesinados en Torrijo del Campo. En cuanto a instituciones y organismos oficiales, estuvieron igualmente presentes delegaciones de Alemania, Francia, del Gobierno de España y del Gobierno Autónomo de Euskadi, además de numerosos representantes municipales de poblaciones francesas o veteranos  republicanos como Virgilio Peña o Carmen Villalba, que a punto de cumplir los 100 años, nunca falta a todos los actos en homenaje al exilio republicano y a la lucha antifascista.

       Lamentable y muy comentada resultó la ausencia de representantes oficiales del Gobierno de Aragón, máxime tratándose de una comunidad autónoma tan próxima y que, en su día, el Departamento que regía María Victoria Broto,  había financiado una de las columnas en honor a los más de cinco millares de republicanos aragoneses que fueron internados en Gurs. La falta de sensibilidad del nuevo Ejecutivo conservador aragonés por los temas de la memoria quedó de este modo más que patente.

     Diversas intervenciones se sucedieron en el acto de inauguración, entre ellas las del historiador Claude Laharie, del vasco José de Sola o del judío alemán Paul Liedermann, que evocaron episodios de su internamiento en Gurs cuando apenas eran unos niños.  Por su parte, André Laufer, presidente de Amicale du Camp de Gurs y que pese a su condición de judío sobrevivió a la Shoah, no así los 3.907 israelitas que fueron enviados desde Gurs al campo de exterminio de Auschwitz, sintetizó con toda claridad triple lección que nos ofrece hoy en día el mantener vivo el recuerdo de Gurs: recuperar la memoria de las tres grandes colectivos allí internados (republicanos españoles, resistentes franceses y judíos); reflexionar frente a lo que supuso la barbarie hitleriana, instando a mantener una actitud vigilante en la defensa permanente de la libertad y de los derechos humanos y, por último, fomentar la enseñanza y el conocimiento de lo ocurrido en Gurs a los jóvenes, labor que se realiza de forma tenaz y constante mediante de diversas publicaciones y numerosas visitas guiadas de escolares de colegios, liceos e institutos, algunos de ellos aragoneses, a través del Proyecto de cooperación transfronteriza denominado “Las Rutas de la Memoria”.

     Emotiva resultó también la intervención de Emilio Vallés, un republicano nacido en Alcañiz, exiliado en Francia desde 1939 junto con su familia y que actualmente es el vicepresidente de Amicale du Camp de Gurs. Emilio Vallés nos recordó a todos cómo el camino que el fascismo inició con la destrucción de Gernika en 1937, culminó en Auschwitz y los demás los campos de exterminio creados por el delirio criminal del nazismo, cuyo trágico legado simboliza, “un envilecimiento sin precedentes”, tal y como lo definió Gérard Sandoz. Con especial emoción aludió a cómo el Reino de España había financiado, también, una columna en honor a los republicanos españoles, que, aunque vencidos, nunca fueron derrotados en la permanente defensa de los valores de libertad, igualdad y fraternidad que inspiraron su acción política.

     Frente a la ausencia de una representación del Gobierno de Aragón, El Gobierno Vasco estuvo presente en la persona de Inés Ibáñez de Maeztu, Directora de Derechos Humanos del Gobierno de Euskadi, la cual manifestó la voluntad del Ejecutivo presidido por Patxi López  de profundizar en las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, situación bien distinta de la existente en el actual Gobierno de Aragón, que, como hemos indicado, ha dado pruebas más que evidentes de su absoluto desinterés por estas cuestiones.

     Finalmente, quiero señalar que las asociaciones memorialistas, y entre ellas la Fundación Bernardo Aladrén, seguiremos trabajando en defensa de los valores, la memoria y la dignidad que simboliza la República Española y la de todas las personas que, por lealtad a la misma, sufrieron todo tipo de penalidades, sufrimientos y, en tantas ocasiones, la pérdida de su libertad y de su vida.

     La lección de Gurs, a un lado y otro del Pirineo, sigue siendo un legado moral que nos compromete, con la memoria y, también con el presente para evitar que surjan nuevas alambradas y odios que vuelvan a aprisionar y oprimir, como en su día ocurrió en Gurs, a miles de seres humanos por razones políticas, de raza, religión, condición social o económica. Y ello es un deber moral al que la memoria de Gurs, de ayer y también de hoy, nos compromete.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 30 octubre 2011)

 

 

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA

          

  Las inconmensurables víctimas del franquismo siguen estando olvidadas y silenciadas, cuando no ultrajadas y despreciadas en la España de hoy.  El régimen de Franco, criminal e inmisericorde, continúa protegido por la impunidad que le ha otorgado hasta hoy la democracia española.  Las víctimas del franquismo reivindican la misma consideración y las mismas expresiones de solidaridad y compromiso de memoria, que estos días han manifestado para con las víctimas de la banda criminal ETA, con total justicia, desde el Presidente del Gobierno, los parlamentos nacional y autonómicos, el gobierno del Estado, hasta todos los partidos políticos.  Las organizaciones y asociaciones que enarbolamos la bandera de la memoria democrática de los españoles, reivindicamos la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la historia de la democracia española.  La memoria de estas víctimas también debiera acompañar a las futuras generaciones.

 

Por lo que:

 

MANIFIESTAN:

 

1º.- Que, por razones de dignidad, justicia y  reparación histórica, resulta imprescindible, también en estos tiempos de crisis y ajustes presupuestarios, que las Administraciones públicas mantengan los programas y actuaciones destinados a la recuperación de la memoria histórica, la guerra civil, la guerrilla, la dictadura, el exilio, dotándolos de los recursos necesarios. En este sentido, estimamos imprescindible que el actual Gobierno de Aragón continué con el Programa “Amarga Memoria” el cual, en sus diferentes líneas de actuación, ha realizado en estos últimos años una meritoria labor.

 

2º.- Consideramos igualmente que el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón debe potenciar en el currículum aragonés los contenidos didácticos que permitan el estudio de lo que supuso la República, la Guerra civil, la dictadura franquista, el exilio y la deportación a los campos nazis en relación a la historia de Aragón. Así como la implicación de la juventud en el mantenimiento activo de la memoria histórica, como garantía de la transmisión de la misma a las futuras generaciones.

De igual modo, estimamos que se deben de apoyar y coordinar desde dicho Departamento proyectos de cooperación transfronteriza que, como es el caso de Las Rutas de la Memoria, están destinados a estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y que se están llevando a cabo con buena acogida por parte de alumnos y docentes tanto de Aragón como del departamento francés de los Pyrénnées Atlantiques y que cuenta con el apoyo de las autoridades del Conseil Général de dicho departamento, así como del Conseil Régional d’Aquitaine y del Ayuntamiento de Oloron-Sainte Marie.

 

3º.- Instamos a las Cortes de Aragón a que, en sesión solemne y plenaria, realice un homenaje institucional a las víctimas de la dictadura franquista.

 

4º,- Reclamamos la plena aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica referente a la supresión de la toponimia y simbología franquista en todas las ciudades y pueblos de Aragón. En este sentido, queremos hacer especial mención a diversos centros y dependencias del Gobierno de Aragón que mantienen sus denominaciones en honor a personas vinculadas al franquismo como el caso del CEIP “Emilio Díaz” de Alcañiz, el Albergue Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín o el Hospital “Obispo Polanco” de Teruel.

De igual modo, instamos al Gobierno de Aragón a que acuerden con la Iglesia la desaparición de todas las placas y memoriales franquistas existentes en sus templos y, de no hacerlo, que dichos edificios religiosos no sean beneficiarios de ningún tipo de subvención o trabajos de restauración de los mismos con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón.

 

5º.- Manifestamos nuestras discrepancias ante las lagunas y deficiencias de la vigente Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, la cual ha decepcionado las expectativas que inicialmente se pusieron en ella. Dado que dicha ley resulta manifiestamente mejorable, instamos a los diputados aragoneses de izquierdas que resulten electos el próximo 20 de noviembre, a que impulsen y apoyen iniciativas parlamentarias tendentes a:

- la resolución del los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la exigencia de la declaración de nulidad de todos los juicios, sentencias y ejecuciones sumarias realizadas por los tribunales franquistas.

- la inclusión en dicha ley, en aplicación de la legislación penal internacional (suscrita por España en 1985 y recogida en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y  del principio de justicia universal, de la consideración de “crímenes contra la humanidad” y, por tanto imprescriptibles (art. 7 de los Estatutos de la Corte Penal Internacional) de los cometidos por el franquismo.

En lógica consecuencia, solicitamos la derogación, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria 3ª de la Constitución de 1978, de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 puesto que ésta daba cobertura legal a los crímenes cometidos por la dictadura franquista y que, con arreglo a la legislación penal internacional no pueden ser amnistiables dada su condición de imprescriptibles.

- exigir que todas las exhumaciones de fosas que se lleven a cabo se realicen con garantías jurídicas legales, lo cual supone que deben llevarse a cabo en presencia de un juez.

- dar respuesta a la cuestión de los bienes incautados a las víctimas republicanas, esto es, a la represión económica, muchas veces olvidada.

- acabar con la impunidad de los victimarios, de los responsables de los crímenes franquistas, aplicando de forma retroactiva el principio de justicia universal con arreglo a las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Decisión de la Sección 4ª del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 17 de enero de 2006.

- incluir en el texto de la ley, como fundamentos de derecho, las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo.

 

6º.- Manifestamos públicamente nuestro apoyo a las iniciativas judiciales planteadas por el juez Garzón en el sumario 53/2008 E relativo a la investigación de los crímenes del franquismo. De igual modo, apoyamos la decidida y valiente actitud de Garzón frente a los procesamientos a los que está siendo sometido por su firme compromiso con las víctimas del franquismo y en defensa de la aplicación de la legislación penal internacional en la cuestión de los crímenes contra la humanidad de la dictadura en España.

Reafirmamos nuestra convicción de que, como señalaba el eminente historiador Paul Preston en una conferencia pronunciada en Teruel el 19 de mayo de 2006, de que “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, porque sirve para reafirmar los principios de nuestra democracia. Por todo ello, en recuerdo de las víctimas tantos años olvidadas, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es, y será, siempre, una memoria necesaria. Y esa es la labor y el compromiso que asumimos las asociaciones memorialistas que firmamos el presente manifiesto.

 

 

Zaragoza, 24 de octubre de 2011

 

Asociaciones que lo suscriben:

 

• Foro por la Memoria de Aragón (AFMA).
• Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón.
• Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo.
• Asociación Charata de Uncastillo.
• Asociación Cultural Rebellar.
• Asociación de Familiares y Amigos de Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM).
• Asociación de Familiares de Asesinados en Torrijo de la Cañada.
• Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO).
• Asociación Pozos de Caudé (Teruel).
• Círculo Republicano “Galán y García Hernández” de Jaca.
• Ateneo Republicano de Teruel.
• Amical du Camp de Gurs (Francia).
• Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER) (Pau, Francia).
• Terres de Mémoire(s) et de Luttes (Oloron-Sainte Marie, Francia).

 

 

Instituciones francesas que se adhieren al manifiesto de las asociaciones memorialistas aragonesas:

 

• Mairie de Oloron-Sainte-Marie.
• Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
• Conseil Régional d’Aquitaine.

 

 

Para ampliar cualquier información contactar con:

  Foro por la Memoria: [e-mail]

  Fundación Bernardo Aladrén:  [e-mail]

 

  Para adherirse a este Manifiesto:

http://www.liberadosdelolvido.org/memoria/manifiesto

EL ESTADO PALESTINO, UN DERECHO.

 

     Cuando el pasado 23 de septiembre Mahmud Abbas solicitaba ante la Asamblea General de la ONU el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho, daba un paso adelante, decidido y valiente en defensa de una causa justa, instando, una vez más, a la conciencia de la comunidad internacional para que se implique en la búsqueda de una solución definitiva para la tragedia del pueblo palestino.

     La Autoridad Nacional Palestina (ANP) tomaba la iniciativa política ante tantos años de desesperanza y frustración, con un proceso de paz con Israel en estado agónico y tras constatar la decepcionante actitud de Obama y los EE.UU., incapaces de presionar de forma decidida al gobierno derechista israelí de Netanyahu para que se comprometa en unas negociaciones que culminen con un acuerdo definitivo de paz con arreglo al principio de “dos pueblos, dos Estados”.

     La situación actual no anima al optimismo: tras los frustrados Acuerdos de Oslo (2000) y el estancamiento de la Hoja de Ruta impulsado por los EE.UU. durante los últimos años, el desencanto la población civil palestina ha producido un auge del fundamentalismo islamista,  la ciudadanía israelí continúa obsesionada con la seguridad y el terrorismo, y los políticos siguen reacios de afrontar con valentía concesiones mutuas sobre las que cimentar una paz justa. Es por ello que,  en este difícil contexto, bueno sería también tener presente  las propuestas del casi olvidado Acuerdo de Ginebra de diciembre de 2003. Este, pese a no tener carácter oficial, fue firmado por un grupo de intelectuales y políticos tanto israelíes como palestinos y al cual se llegó tras más de dos años de discretas negociaciones entre ambas partes, lideradas por Yossi Beilin, dirigente del partido de la izquierda pacifista israelí Meretz-Yachad,  y el político palestino Yasser Abed Rabbo, ex ministro de Información de la ANP. En la práctica, el Acuerdo de Ginebra, apoyado por el Cuarteto negociador (EE.UU., Rusia, la ONU y la Unión Europea), supone un plan alternativo al proceso de paz en Oriente Medio, más avanzado y con mayor concreción que la Hoja de Ruta. Sin embargo, los Acuerdos de Ginebra no han sido respaldados por el Gobierno de Israel ni por el Consejo Legislativo palestino y, no obstante, reconoce la creación del Estado Palestino, así como ideas de interés en temas tan espinosos como la división de Jerusalem,  el regreso de los refugiados o el desmantelamiento de los asentamientos judíos.

     De entrada, el Preámbulo del Acuerdo de Ginebra supone toda una declaración de intenciones, al afirmar que el objetivo del mismo es “poner fin a décadas de confrontación y conflicto y de vivir en pacífica coexistencia, dignidad mutua y seguridad basada en una paz justa, duradera y absoluta y logrando una reconciliación histórica”. Consecuentemente, se afirma “el reconocimiento del derecho del pueblo judío y del pueblo palestino a tener su propio Estado” con arreglo a las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), reconociéndose ambos el derecho a “una existencia pacífica y segura dentro de fronteras reconocidas”, estableciendo unas relaciones basadas en la cooperación para así “contribuir al bienestar de sus pueblos”, todo lo cual supondría una reconciliación histórica palestino-israelí, primer paso  para alcanzar una paz que contribuya a la estabilidad, seguridad  y desarrollo de Oriente Medio.

En primer lugar, con arreglo al principio “paz por territorios”, Israel reconocía la creación de un Estado Palestino (art. 2º) lo cual suponía el establecimiento inmediato de relaciones diplomáticas entre ambos y el intercambio de embajadores, relaciones que estarán basadas en la Carta de las Naciones Unidas. Por lo que se refiere al territorio del Estado Palestino (art. 4º), éste quedaba fijado con arreglo a las fronteras de 1967 asumiendo Israel el compromiso de devolver el 97,5 % de los territorios ocupados en 1967, desmantelar todos los asentamientos de Cisjordania (en Gaza ya lo hizo en 2005), y que el monte del Templo y la explanada de las mezquitas quedasen bajo soberanía palestina. También se acepta la división de Jerusalem, la cual pasaría a convertirse en la capital de los dos estados tal y como se señala en el art. 6.2 (“Las partes tendrán sus respectivas capitales, que reconocerán recíprocamente, en áreas de Jerusalem que estén bajo su soberanía”). A cambio, Palestina reconocería la existencia del Estado de Israel, lo cual, todavía, no ha hecho de forma oficial.

     Los 17 artículos del Acuerdo de Ginebra, aunque mejorables en diversos aspectos, suponen una aproximación a una solución política del conflicto puesto que ofrecen una fórmula global para lograr la ansiada paz y, por ello, tal vez fuera necesario retomar en el momento actual sus planteamientos esenciales. La situación es difícil, los programas maximalistas, imposibles. Como en su día señaló Shlomo Ben-Ami, “la cuestión no es  buscar el mejor acuerdo posible, sino el más cercano a la mejor solución”.  El reconocimiento del Estado Palestino es un derecho irrenunciable, al igual que lo es el derecho a la existencia de Israel que, necesita de la paz para evitar que la derecha ultranacionalista  judía no siga avanzando con su mensaje de odio y rencor, un mensaje que en nada se diferencia del que difunde el fundamentalismo islamista radical. Como señalaba Sheva Friedman, secretaria general de la Unión Mundial Meretz, el apoyo al Acuerdo de Ginebra, “es la esperanza para la continuidad de la existencia de Israel  como un Estado libre, democrático y seguro para sus ciudadanos”. Por ello es tan importante no dar pretextos a los extremistas de ambos bandos y consolidar las debilitadas fuerzas de los partidarios de las vías pacíficas y democráticas, tanto palestinos como israelíes, el único camino para acabar con décadas de enfrentamiento sangriento en esta tierra milenaria y sagrada.

      La tenue esperanza de paz que las propuestas recogidas en los Acuerdos de Ginebra ofrecen, sólo pueden ser viables a medio plazo si los políticos israelíes y palestinos asumen compromisos y renuncias mutuas, si la sociedad civil deja oír su voz y si el Cuarteto desarrolla una auténtica labor de mediación y apoyo. Sólo así, mediante una solución justa del eterno conflicto palestino-israelí se zanjaría esta grave línea de fractura que ha tenido, y tiene, tan negativas consecuencias para la estabilidad de Oriente Medio y también para el respeto a  los derechos humanos y a la legalidad internacional.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 24 octubre 2011)