LA FARSA DE LA AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

     Tiene razón el diputado Antonio Gutiérrez cuando señalaba que la reciente reforma del art. 135 de la Constitución va a suponer un “dogal económico y social para España”, además de un auténtico “suicidio” para la izquierda socialdemócrata. Y es que, esta reforma es una nueva claudicación ante la codicia insaciable de “los mercados”, a los que se pretende “calmar”, (sin ninguna garantía de lograrlo), aunque, para ello, no les ha importado a los partidos que la apoyan, “desasosegar” a los ciudadanos que rechazamos lo que supone una imposición en nuestra Carta Magna procedente de  poderes económicos externos. Tomás Gómez decía tiempo atrás en voz alta lo que muchos pensamos, que  “los mercados no están para ser tranquilizados sino pare ser gobernados por los gobiernos”, pero para ello es preciso pasar de las palabras a los hechos. Además,  como señalaba Manuel Mata, “constitucionalizar la mayor renuncia de un pueblo a su soberanía económica exige un referéndum” y, por el contrario, en esta reforma, presentada con extrema urgencia y  alarmismo  por parte de Zapatero, se ha tenido especial cuidado (o miedo) en hurtar el debate y la capacidad de decisión a la ciudadanía, en una democracia que, como el Movimiento 15-M ha puesto de manifiesto, requiere (y exige) de unos mayores cauces de participación  en la vida pública.

     Parece no haberle importado demasiado a Zapatero y a la dirección del PSOE el desconcierto que, entre la militancia socialista, están produciendo medidas como esta, que son totalmente contrarias a los principios ideológicos y al programa político del partido que fundó Pablo Iglesias. Ello es tanto como renunciar a las políticas keynesianas basadas en impulsar el gasto público, aunque genere déficit, para reactivar la economía (aumento del empleo y el consumo), así como también renegar de la alternativa socialdemócrata que, además de asumir estos principios, siempre ha defendido una potente progresividad fiscal que hoy resulta más necesaria que nunca. Resulta lamentable constatar cómo esta reforma constitucional, regresiva y antisocial, va a condicionar durante décadas la política económica española: es indudable que el PSOE, sumido en una grave  deriva ideológica, al asumir esta reforma,  ha entregado una importante baza al PP que, obviamente utilizará para legitimar sus medidas de ajuste neoliberal en un previsible futuro gobierno  presidido por Rajoy.

     Frente a esta penosa situación, una vez más debemos recordar que las políticas de ajuste, aquellas que se ha aplicado con arreglo a los dictados del Pacto del Euro en Irlanda, Reino Unido, Grecia, Portugal y España, no han servido para reactivar la economía productiva pues, como advierte Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa” porque, en la práctica, los recortes del gasto público deprimen más la economía y aumentan el paro. En esta misma línea, Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía y ex-economista jefe del Banco Mundial, denuncia igualmente la falacia de que, para reducir el déficit, sólo cabe recortar el gasto público, una idea que responde “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Estado”, los cuales quedan así a merced de los mercados desregulados.  Resulta indudable que priorizar la lucha contra la inflación oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo ha llevado a políticas económicas de “ajuste permanente”, y a que “a ese dios se  ha inmolado cualquier otra realidad”, en palabras de Juan Francisco Martín Seco, razón por la cual este economista considera como “falsas soluciones” las propuestas neoliberales de ajuste asumidas por algunos partidos socialdemócratas, también por el PSOE, basadas en restricciones presupuestarias, flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones salariales, reducción de los impuestos y privatizaciones de determinadas áreas del sector público.

     La austeridad presupuestaria neoliberal que se nos impone, en la práctica supone una involución en toda regla porque afecta a derechos ciudadanos básicos como son la educación, la salud y las prestaciones sociales, razón por la cual algunos economistas equiparan estas medidas regresivas que desmantelan aspectos esenciales del Estado de Bienestar a un auténtico “crimen económico” contra los derechos constitucionales. Así ocurrió cuando este concepto, introducido por Gary Becker, también Premio Nobel de Economía, se extendió como consecuencia de los debates generados por las políticas de ajuste estructural promovidas por el FMI y el Banco Mundial durante los años 80-90.

     La injusticia de estas medidas queda patente dado que todos los negativos efectos de la crisis global se hacen pagar a las víctimas que sufren, sufrimos, sus consecuencias y, ninguno, a los culpables de la misma: los especuladores financieros, los cuales  todavía se han enriquecido más manejando de forma tan perversa como inmoral las primas de riesgo de los estados soberanos. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera del Congreso de los EE.UU. creada por Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, la crisis se pudo evitar de no haberse producido fallos en el sistema de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas en las prácticas contables y auditorias así como en la transparencia de sus negocios bursátiles. Los culpables están identificados, pero nadie ha tenido el coraje político de exigirles las responsabilidades y sanciones que les corresponden.

     Ante tanto desconcierto e indignación, ante la renuncia del PSOE a sostener posiciones socialdemócratas alternativas a la crisis, resulta imprescindible reagrupar a las fuerzas de izquierda en defensa de los derechos ciudadanos que se restringen y del Estado de Bienestar que se socava. En la asamblea del I Foro Social del 15-M celebrada el pasado 26 de julio, Joseph Stiglitz señalaba que la crisis “es una oportunidad para que la economía aporte medidas más sociales” así como para presionar al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales para que  prioricen más la creación de empleo que el control de la inflación.

     En consecuencia, de no actuar de forma crítica y firme contra estas medidas, la izquierda socialdemócrata, tal y como ahora la conocemos, habrá firmado su certificado de defunción y, con ello, concluirá su ciclo histórico como fuerza transformadora de un cambio social progresista por lo que deberá dejar paso a otras izquierdas y movimientos sociales dispuestos a combatir con firmeza y sin renuncias a la “bestia insaciable”, a la dictadura de los mercados, a la dictadura del capital.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 26 septiembre 2011)

 

EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (10): UNA BREVE ESPERANZA (1942-1948)

 

     Tras la derrota de los regímenes fascistas al final de la II Guerra Mundial en 1945, las potencias aliadas no continuaron su lucha contra el fascismo acabando con el régimen del general Franco con el cual, como consecuencia de la nueva política de bloques derivada de la Guerra Fría, terminarían contemporizando, lo cual produjo  una profunda decepción en la oposición antifranquista.

     Sin embargo, la reorganización de la UGT aragonesa continuaba y en la ciudad de Zaragoza, distinguiéndose en la documentación clandestina entre los ugetistas “incondicionales”, bien fueran éstos dirigentes o activistas, y los meros “cotizantes”. De este modo, se reactivaron varias federaciones de industria, gracias al trabajo de diversos militantes: este fue el caso del sindicato Ferroviario (Bonifacio Solá), Metalúrgico (Manuel Canteli), Tranvías (Jesús Gamboa), Construcción (Moisés González), Comercio, Banca y Bolsa (Jerónimo Peribáñez), Camareros y Espectáculos (Tomás Grávalos) o el de Artes Gráficas, Madera y Panaderos (Avelino Larrea). En el caso del Sindicato Metalúrgico, se tiene constancia de que hacia mediados de los años 40 estaba implantado en las principales empresas zaragozanas, como era el caso de Tudor, Escoriaza, Mercier, Laguna de Rins, Zaragoza Industrial y Fundiciones Averly.

     También aparecieron otros focos ugetistas en Soria, Logroño, por aquellos años vinculados a la UGT aragonesa y, sobre todo, en la Cuenca Minera turolense. En este último caso resulta especialmente destacable, tanto por su trayectoria como por su importancia numérica, el caso del Sindicato Provincial Minero. La implantación ugetista en la zona de las Cuencas Mineras hizo que esta comarca se mantuviese leal a la República impidiendo que en ella triunfase la sublevación militar en 1936. Finalizada la contienda, incluso llegó a haber en esta zona un grupo guerrillero, el liderado por “El Soriano”,  formado por socialistas huidos de los batallones disciplinarios de presos políticos destinados a realizar trabajos forzados en diversas explotaciones mineras. Igualmente, desde el verano de 1946 se tiene constancia de la existencia de comités locales de la UGT en Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos y Montalbán. En cuanto a los cuadros ugetistas, sabemos que el sindicato socialista contaba con varios delegados locales como era el caso de Cirilo Bielsa (Montalbán), Isaac Ortega, encargado de las minas “Duquesa” y “Serrana” de Palomar,  o Arsenio Serna y Juan Mateo Noguera en Utrillas. Por otra parte, el médico-dentista Alfonso Alegre hacía funciones de enlace con el Comité Regional del PSOE y la UGT de Zaragoza y el maquinista del tren minero apellidado Barrios se encargaba de hacer llegar a Utrillas la propaganda ugetista procedente de Zaragoza.

     La UGT aragonesa participó entre 1946-1947 en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), un intento de oposición política unitaria en la que, excluido el PCE,   integraba al PSOE, UGT, CNT-Movimiento Libertario Español (MLE) y la Federación Democrática Republicana Española (FDRE) que agrupaba a los partidos IR, UR, PRF y ERC. La ANFD contó con el apoyo del vicecónsul británico en Zaragoza (Antonio Valverde) y, hasta su desarticulación en 1947,  dio signos de actividad en Zaragoza, las Cuencas Mineras turolenses y en Alcañiz, donde en  agosto de 1947,  fueron detenidos un total de 18 personas, de los cuales cuatro de ellos fueron asesinados al aplicárseles la fatídica “ley de fugas” durante el tiempo en que era Gobernador Civil de Teruel el siniestro general Manuel Pizarro Cenjor.

     El anticomunismo imperante entre los socialistas durante los años de la posguerra favoreció el acercamiento entre la UGT y la CNT, los dos sindicatos históricos del movimiento obrero español en aquellos difíciles años de clandestinidad. El Congreso reconstitutivo de la UGT celebrado en Francia (Toulouse, 10-11 noviembre 1944), reafirmó la línea de colaboración con la CNT en aquellos lugares en donde hubiera posibilidades de llevarla a cabo. Este proceso se plasmó en la creación de “comités de enlace” de ambas centrales en donde la existencia de militancia y las circunstancias lo hicieran posible. Por ello, además de en Zaragoza, en el verano de 1946, se constituyo un Comité de Enlace UGT-CNT en las Cuencas Mineras turolenses, una comarca en la cual ambas centrales sindicales habían tenido un tradicional arraigo y en donde todavía contaban con apoyos y simpatizantes. De este modo, entre otras actividades, los Comités de Enlace UGT-CNT lanzaron en diversas localidades aragonesas una campaña conjunta de boicot al referéndum convocado por el franquismo  para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, el cual se celebró el 6 de julio de 1947 y mediante el cual el dictador pensaba dar una cierta apariencia “institucional” a su régimen.

     Durante estos años, la Organización Socialista aragonesa, en donde se integraban de forma coordinada las actividades clandestinas del PSOE, UGT y JSE, llegó a contar con un Comité de Prensa y Propaganda que, por medio de una imprenta Minerva instalada en una parcela del zaragozano barrio de Delicias y pagada “con el importe de una cuota especial” por parte de los militantes, publicaba los tres órganos de las organizaciones pablistas: “Juventud” (“órgano de las JS aragonesas”), “Vida Nueva” (“órgano de la UGT” y posteriormente “órgano de la Federación Socialista Aragonesa y de la UGT”) y, también, “Combate” (“órgano del PSOE” “órgano del Partido Socialista de Aragón”), con una periodicidad quincenal y una tirada de 1.000 ejemplares.

     No se descuidaba el valor de la solidaridad y los ugetistas aragoneses organizaron una red de de apoyo a los presos, perseguidos y huidos: se acogía a perseguidos y refugiados, sino que, por medio de los recursos obtenidos de los afiliados con sus cupones de cotización (1 peseta a la semana), se facilitaban fondos a los presos que se hallaban en peores condiciones: 100 o 125 pesetas semanales, según fueran éstos solteros o casados, de todo lo cual se llevaba una contabilidad secreta que respondía a las palabras clave “Pla”, para el PSOE, “Ugalde”, para la UGT y “Julve”, para las JSE.

     Fueron estos años un breve tiempo de esperanza pero la dictadura no daba síntomas de desmoronarse y pronto llegarían las caídas, sobre todo a partir de 1948, que dejaron prácticamente desarticulada a la Organización Socialista, y de forma muy especial a los núcleos de UGT que con tanta dificultad habían empezado a surgir en Aragón.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (La Voz Sindical: órgano de UGT-Aragón, nº 117, septiembre 2011)

 

ASALTO AL ESTADO DE BIENESTAR NÓRDICO

     El modelo de Estado de Bienestar de los países escandinavos (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca) es considerado como el paradigma de una sociedad próspera, justa, progresiva y solidaria. Construido a lo largo de décadas por los gobiernos socialdemócratas  de los países nórdicos, su origen se remonta a los acuerdos de Kanslergade (1933) en la caso de Dinamarca, y a la Convención de Saltsjöbaden de 1938 en Suecia. Este modelo, aúna la intervención planificada del Estado en la política económica interna sin menoscabo de la iniciativa privada, dando lugar a una economía mixta de fuerte componente social que permite una elevada calidad de vida basada en unos amplios y excelentes servicios públicos y asistenciales financiados con una potente progresividad  de los impuestos directos, todo ello unido a unos niveles de corrupción y fraude fiscal mínimos, los menores de Occidente, sobre todo lo cual se cimenta la solidez y estabilidad del modélico Estado de Bienestar nórdico.

     No obstante, en  estos últimos años han empezado a aparecer las primeras grietas en el sistema, tal y como señala Maxililiano Sbarbi para el caso de Suecia, un país que bajo el liderazgo del añorado Olof Palme, se había convertido en un referente ético y social para la izquierda europea. Varios factores explicarían esta situación. En primer lugar, el ascenso al poder en estos países de partidos de centro-derecha que asumieron los postulados del neoliberalismo y, consecuentemente, partidarios de reducir las dimensiones y prestaciones del modelo de Estado de Bienestar socialdemócrata. Este fue el caso de Dinamarca, donde el Partido Liberal ganó las elecciones de 2001 bajo el liderazgo de Anders Fogh Rasmussen, actualmente secretario general de la OTAN. Lo mismo podemos decir de Suecia, donde una coalición de partidos de centro-derecha  encabezada  por Fredrik Reinfeldt, llegó al poder en el 2006   o de Finlandia, donde Jyrki Katainen, dirigente del Partido Conservador, alcanzó el poder en junio de este año al frente de la Coalición Nacional.

     En la actualidad, del otrora uniforme mapa político socialdemócrata nórdico, sólo Noruega se halla gobernada por la izquierda, por el Partido Laborista de Jens Stoltenberg. Fue precisamente en una sociedad tan abierta y tolerante como la noruega, donde el pasado 22 de julio atentó el  ultraderechista Anders Behring Breivik causando 77 muertos, entre ellos los jóvenes socialistas de la isla de Utøya, los mismos que cuatro días antes habían erigido en dicho lugar una placa conmemorativa en honor a los brigadistas internacionales noruegos que defendieron la República Española durante nuestra guerra civil.

     Los gobiernos de centro-derecha  han aplicado políticas neoliberales que han ido socavando el idealizado Estado de Bienestar nórdico. En este sentido, el citado Anders Fogh Rasmussen, principal ideólogo del liberalismo danés, en su libro Del Estado Social al Estado Mínimo (1993), ya abogaba por la reforma del Estado de Bienestar desde la óptica del liberalismo clásico, lo cual supone la reducción del sector público estatal y de los impuestos. Esta misma política ha sido aplicada por el centro-derecha en Suecia, donde se han realizado privatizaciones (banca, telecomunicaciones), se han reducido los impuestos (el primero, el de la riqueza, creado por los socialdemócratas en 1947), se ha recortado el gasto público y se ha reformado el mercado laboral siguiendo el modelo danés que introdujo el peligroso concepto de la “flexiseguridad”. En esta misma línea, el conservador Kaitanen, actual Primer Ministro de Finlandia, pretende  subir la edad de jubilación y rebajar los elevados impuestos que gravan a las grandes empresas, entre ellas, a la todopoderosa Nokia.

     Además, las presiones del FMI, del Banco Mundial y del Banco Central Europeo a favor de la globalización económica, unidos a los “criterios de convergencia” (control del déficit y de la inflación) exigidos a los países que se han integrado en la Unión Europea como es el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia, han supuesto un serio recorte de los programas sociales, razón por la cual, como señala Giddens, “la globalización presente es uno de los más grandes desafíos a la socialdemocracia en este siglo”.

     Elemento referencial del modelo socialdemócrata nórdico ha sido la existencia de una fuerte fiscalidad progresiva, de unos elevados impuestos, apoyados mayoritariamente por la ciudadanía, pues el Estado los gestiona de forma correcta y eficaz. Tal es así que, cuando en 2007 el gobierno liberal de Rasmussen anunció una reducción del 2 % de los impuestos directos, los daneses convocaron huelgas y manifestaciones con el lema “Sí al bienestar para todos, no a la reducción de impuestos”: digamos que, en la actualidad, la fiscalidad media en Dinamarca es del 46 % sobre los niveles de renta.

     Pese a la ofensiva neoliberal, lo esencial del Estado de Bienestar nórdico persiste dado que, como indicábamos, sigue vigente un sistema de fiscalidad progresiva que resulta imprescindible para garantizar unos amplios servicios públicos y asistenciales de calidad y de carácter universal. De hecho, en la actualidad en Suecia, los impuestos se mantienen en una banda que oscila entre el 30 y el 55 % . Ello permite, por ejemplo, que la baja por maternidad, con la percepción íntegra del salario sea de 18 meses, o que la educación sea gratuita a todos los niveles, incluidos los estudios universitarios, tanto si éstos se realizan en Suecia o bien en el extranjero. Las ayudas sociales son también muy elevadas: las familias reciben del Estado 200 euros mensuales por cada hijo hasta que éste cumple los 15 años y, a partir de entonces, y hasta los 18 años, la Administración sueca abona 150 euros mensuales en una cuenta bancaria a nombre de cada hijo. Ello hace que, como norma general, los jóvenes suecos se emancipen de sus padres al llegar a la mayoría de edad, puesto que, desde los 18 años,  reciben del Estado un cheque mensual de 900 euros en concepto de préstamo: de esa cantidad, 200 euros son a fondo perdido y, el resto, debe ser devuelto sin apenas interés en un plazo de 40 años a partir del momento en que el joven tenga un empleo estable.

     A modo de conclusión digamos que también en los civilizados, progresistas y económicamente desarrollados países nórdicos ha sonado la voz de alarma ante la ofensiva neoliberal, aunque su incidencia no tiene, todavía, la magnitud de la que llevada a cabo en los países del resto de la Unión Europea y, de forma especial, en España, en donde, con la coartada de la crisis global, estamos asistiendo a la mayor regresión de derechos laborales y sociales de nuestra historia reciente. Y, frente a esto, reivindicar una vez más el modelo de Estado de Bienestar nórdico de corte socialdemócrata, defensor del endeudamiento y el déficit público para promover el empleo, el consumo y gestionar una amplia gama de prestaciones sociales, sigue siendo una alternativa más justa, racional y positiva en estos tiempos de incertidumbre y desánimo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 23 agosto 2011 y El Periódico de Aragón, 28 agosto 2011)

 

PENSIONAZO Y RECORTES SOCIALES

    

     Cuando el pasado 21 de julio el Congreso de los Diputados aprobaba  la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, culminaba en España un proceso que, como señalaba la economista Miren Etxezarreta, no sólo afecta a la Unión Europea sino que tiene una dimensión planetaria y cuyas aspectos esenciales figuraban ya en un informe que, en tal sentido, elaboró el Banco Mundial (BM) en el año 1994.

      Este proceso regresivo de reforma de las pensiones (aumento de la edad de jubilación y del número de años para tener derecho a ella y para el cómputo de la prestación) ha venido acelerado como consecuencia de la crisis global y de las políticas de ajuste antisocial impulsadas por el FMI, el BM y la Comisión Europea, las cuales han sido aplicadas diligentemente por el Gobierno Zapatero, de igual modo que lo seguirán siendo en el previsible Ejecutivo que lidere Rajoy en un futuro inmediato. En este sentido hay que situar el llamado Pacto por el Euro aprobado por el Consejo Europeo el pasado 25 de marzo. Este pacto, a pesar de tener como objetivo “responder a la crisis, preservar la estabilidad financiera y establecer fundamentos de un crecimiento inteligente, sostenible, socialmente integrador y creador de empleo”, supone en la práctica una serie de medidas profundamente antisociales: con el pretexto de “impulsar la competitividad”, se reducen los salarios de los trabajadores; con el pretexto de “impulsar el empleo”, se fomenta la flexiseguridad y la reducción de las cotizaciones sociales (que sirven para financiar las bajas por enfermedad, las pensiones contributivas, el seguro de desempleo, los gastos sanitarios y de formación profesional y reciclaje laboral); con el pretexto de  “reforzar la  estabilidad financiera”, se opta por la privatización de las cajas de ahorros, el control de la deuda pública y la coordinación de las políticas tributarias.

     Además de los citados, un cuarto objetivo pretende “contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas” recalcando la necesidad de aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficit públicos por debajo del 3 % del PIB. Para lograrlo, se insta a reformar el sistema de pensiones (aumentando la edad de jubilación  y reduciendo el importe de las mismas al ampliar el número de años para su cómputo), la sanidad pública y las prestaciones sociales. Todo ello, supone, como señala el economista Juan Torres, “debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización de las empresas y servicios públicos”.

     Así las cosas, resulta inaceptable, ética y políticamente, el que estas medidas de ajuste de las finanzas públicas se hagan pesar sobre las rentas del trabajo y no sobre las del capital, ignorando por completo los principios constitucionales de  progresividad fiscal. En el caso de la reforma de las pensiones, resulta evidente que el objetivo último de estas políticas no es tanto luchar contra la deuda sino contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población con ingresos más bajos  para justificar de esta forma su conversión en un negocio privado. De hecho, el célebre Manifiesto de los Economistas Aterrados (septiembre 2010) firmado por Philippe Askenazy, Thomas Coutrot, André Orléan y Henry Sterdyniak, criticaba las políticas neoliberales de “reducir los gastos para reducir la deuda pública” puesto que su aplicación rigurosa supone no sólo el agravamiento de  la crisis económica sino, también, el aumento de las desigualdades sociales. En consecuencia, “para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastres social y político”, proponen mantener los niveles de protección social e incluso mejorarlos. De la misma opinión son Mark Weisbrot y Juan Montecino que, en su trabajo Alternativas a la austeridad fiscal en España, destacan la falsedad de que, para aliviar la deuda, sea suficiente con limitar el gasto público puesto que, con ello, sólo se consigue aumentar el malestar social y, también, la falta de recursos públicos al reducir la actividad económica y, con ello, la generación de ingresos para el Estado, perpetuando de éste modo los desequilibrios presupuestarios. Por su parte, Joseph Stiglitz, advierte que reducir el gasto público responde al intento neoliberal de “debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Gobierno” como rector de la política económica la cual queda así a merced de los “mercados”, esto es, de los intereses del capital.

     Resulta obvio que el Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos pues, además de precarizar el empleo, cada vez más inseguro, temporal y barato, pretende reducir las pensiones y demás prestaciones sociales propias del Estado del Bienestar. De este modo, como señalaba Juan Torres, el Pacto del Euro es “un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa Social” mientras que, por el contrario,  se exime de toda responsabilidad a los verdaderos culpables de la crisis: la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Consecuentemente, asistimos a una involución en toda regla que afecta a derechos ciudadanos básicos (educación, salud, seguridad social) reconocidos constitucionalmente.

     Cada vez más se desvelan con toda su crudeza las imposiciones de una dictadura económica que vulnera todos nuestros valores y principios democráticos. Ni el PSOE actual ni mucho menos el PP, cambiarán el draconiano rumbo marcado por el Pacto del Euro. Lamentable resulta comprobar cómo los partidos y gobiernos socialistas y socialdemócratas (Zapatero y Rubalcaba incluidos)  han asumido dócilmente las medidas de ajuste financiero y recortes sociales que nos impone la dictadura de los mercados y con ello, renunciando a su historia y valores, se han sumado a la tarea de demolición controlada del Estado del bienestar  y de la Europa Social. El recordado Juan José Carreras,  profesor de historia contemporánea en mis años universitarios, aludiendo a la tarea histórica de la socialdemocracia, decía que ésta, en vez de ser “el sepulturero del capitalismo”, se había convertido en “su médico de cabecera”. Ya lo había advertido igualmente Rosa Luxemburgo  al señalar que si la socialdemocracia no aprendía de sus errores, desaparecería “para dejar lugar a los hombres que estén a la altura de un  nuevo mundo” y sean capaces de recomponer  las fuerzas de la izquierda. De no cambiar las cosas, tal y como ha puesto de evidencia el Movimiento del 15-M, será la ciudadanía la que  pase directamente a la acción para lograr los anhelos de bienestar humano y justicia social.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 30 julio 2011 y El Periódico de Aragón, 31 julio 2011)

 

LUÍS BUÑUEL Y LA GUERRA CIVIL

     

     Resulta sorprendente la rica y variada creatividad de Luís Buñuel (1900-1983), quien, al igual que Servet o Goya, es sin duda el aragonés más universal. Fascinante fue su capacidad de plasmar en imágenes cinematográficas, ya míticas, sus conceptos vitales y artísticos, el simbolismo de sus sueños y de su rico mundo creativo. Sin embargo, tal vez sea menos conocida su faceta como hombre comprometido con la realidad política de su tiempo, siempre desde la perspectiva de la vanguardia progresista de la cultura española, en la cual tuvo un papel relevante el ilustre calandino, tal y como quedó reflejado en sus memorias publicadas en 1982 con el título de Mi último suspiro.

     Durante los últimos años de la decrépita monarquía de Alfonso XIII, hallamos a Buñuel en París en donde, atraído por el surrealismo, filma Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), películas que empiezan a labrar su prestigio como cineasta. Posteriormente, y tras una breve estancia en  Hollywood, regresó a Madrid en abril de 1931, “dos días antes de la marcha del rey y de la alborozada proclamación de la República Española”. De este modo, Buñuel, al igual que el sector progresista de la intelectualidad y la cultura española,  recibió con alegría y esperanza el proyecto regenerador que II República suponía para España. Sin embargo, al poco tiempo volvió a París, de donde no retornaría hasta 1934: para entonces, todo había cambiado y, “la alegría que en un principio era general, se ensombreció rápidamente, para dejar paso a la inquietud primero y, después a la angustia”, constatando con pesar el acoso al que las derechas sometían a la joven República y a la política reformista por ella iniciada.

     Cuestión polémica será si, durante estos años llegó a militar Buñuel en el PCE, lo cual niega repetidamente en sus memorias, a pesar de que reconoce que fue “un gran simpatizante” del mismo y que formó parte de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. En cambio, Román Gubert y Paul Hammond, sostienen documentalmente en su libro Los años rojos de Luís Buñuel (2009), que el cineasta calandino estuvo afiliado el PCE desde 1932 hasta 1938, fecha ésta última en que, al llegar a los EE.UU., abandonó la militancia comunista “por pura supervivencia”.

     La sublevación militar de julio de 1936  sorprendió a Buñuel en Madrid, donde pudo escuchar los combates ocurridos en el Cuartel de la Montaña. En aquellos dramáticos momentos, rechaza la sublevación fascista pero, a su vez, los sucesos revolucionarios lo encuentran, según sus propias palabras, “desorientado” e “incrédulo”. Siente miedo y critica la violencia incontrolada e irracional de los milicianos anarquistas puesto que “no podía soportar su comportamiento arbitrario, imprevisible y su fanatismo”. Con especial dolor, sintió las brutalidades cometidas tanto por éstos como por los fascistas en su querida Calanda, uno de los pueblos más ensangrentados de aquella España cainita que, rememorando la imagen del Saturno de Goya, devoraba sin piedad a sus propios hijos. No obstante, y volviendo a Madrid, Buñuel consiguió salvar la vida del cineasta José Luís Sáenz de Heredia,  primo de José Antonio Primo de Rivera y más tarde principal símbolo de la filmografía de la dictadura franquista. En cambio, no tuvo la misma suerte en el caso de su amigo Federico García Lorca al que, unos días antes de comenzar la guerra, quiso retener de forma infructuosa en Madrid: de haberlo logrado, tal vez Federico hubiese salvado la vida, una vida que tuvo un trágico final con el  asesinato del poeta en el barranco granadino de Víznar.

     Pero al margen de tantas tragedias, de tantos crímenes como se estaban cometiendo en el fragor de una guerra civil e implacable, Buñuel se comprometió de forma decidida con la causa republicana. De este modo, y a instancias de Luís Araquistáin, entonces embajador en París,  se trasladó a la capital gala para desempeñar tareas de propaganda e información en la legación diplomática republicana. Así, entre otras funciones, supervisó la producción y realización de la película  España Leal en Armas, se encargó de la programación cinematográfica del pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937, la misma en la que se expuso el inmortal “Guernica” de Picasso, una obra de la que por cierto, Buñuel no tenía una opinión muy favorable. También realizó otro tipo de misiones: en una ocasión llegó a hacer de guardaespaldas de Juan Negrín, el presidente del Gobierno de la República en una de sus visitas a la capital francesa e incluso se trasladó a la localidad vasco-francesa de Bayona con la misión de ocuparse “del lanzamiento por encima de los Pirineos de pequeños globos cargados de octavillas” con la ayuda de un grupo de amigos comunistas. Durante su tiempo de estancia en París, lamentó amargamente la actitud del Gobierno francés que se negó a prestar su apoyo a la asediada República Española, “y ello por cobardía, por miedo a los fascistas franceses, por temor a complicaciones internacionales”. Y, sin embargo, destaca con emoción cómo, en contraste, el pueblo francés, “y en particular, los obreros miembros de la CGT, nos aportaban una ayuda considerable y desinteresada”.

     En la fase final de la contienda, Marcelino Pascua, en nuevo embajador republicano en París,  lo envió a Hollywood para trabajar como asesor histórico de películas en apoyo a la República Española. Allí encontró un nuevo territorio hostil puesto que la Asociación General de Productores Americanos, obedeciendo órdenes directas de Washington, prohibió las películas sobre la guerra civil. Tampoco halló Buñuel excesivo apoyo en las estrellas del momento: Charles Chaplin se negó a firmar un manifiesto a favor de la República  mientras que John Wayne, ultraconservador y antirrepublicano,  organizó un Comité de artistas favorables al bando franquista, del cual fue su presidente y que hizo todo lo posible por obstaculizar la misión de Buñuel. Su fracaso en Hollywood hizo que el calandino se trasladase a Nueva York. Poco antes, había sido movilizada su quinta y, por ello, intentó volver a España pero Fernando de los Ríos, el embajador republicano en los EE.UU., le hizo desistir de esta idea. Pocas semanas después, terminada la guerra, Buñuel, al igual que miles de nuestros compatriotas, sufrió la amargura de la derrota republicana y de un obligado exilio.

     Ante el asfixiante ambiente desatado por la Comisión de Actividades Antiamericanas promovida por el senador Joseph McCarthy, abandonó los EE.UU. y fijó su residencia en México, en donde se convirtió en una de las figuras más relevantes de la cultura republicana en el exilio, realizando en el país azteca buena parte de su filmografía. Buñuel se mantuvo fiel al ideal republicano y, durante sus años de exilio, solía desplazarse a Francia, en donde pasaba unos días en las localidades de Pau y San Juan de Luz, a donde acudía, desde Aragón, a visitarlo su familia, cruzando los Pirineos, aquellas mismas montañas por las que, años antes, el cineasta calandino lanzaba globos con propaganda republicana.

     Ahora, cuando se cumple el 75º aniversario del inicio de nuestra trágica guerra civil, ahora que algunos quieren olvidar y silenciar aquel drama, frente quienes desearían sumirnos en una amnesia colectiva, unas palabras de Buñuel nos recuerdan la importancia y el sentido de la memoria:  “Una vida sin memoria , no sería vida, como la inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada”. Unas palabras que resuenan con especial fuerza en la conciencia de todas las personas, asociaciones o iniciativas institucionales como el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, que estamos comprometidos en la defensa y dignificación de la memoria histórica republicana.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 17 julio 2011 y Diario de Teruel, 25 julio 2011)

 

 

 

EINSTEIN, 90 AÑOS DESPUÉS

 

     En 1921 se concedió el Premio Nobel de Física a Albert Einstein (1879-1955), considerado como el científico más importante del siglo XX,  hecho del cual se cumple ahora el 90º aniversario. Rememorando este acontecimiento, de estar hoy entre nosotros, la inquieta y polifacética personalidad de Einstein, científico brillante e intelectual comprometido, reflexionaría ante la realidad actual del mundo en que vivimos, desde su triple perspectiva de pacifista, de judío  y también como simpatizante con el ideal socialista.

     Si hay un rasgo que define a Einstein, es su condición de activo pacifista: en el tiempo convulso que le tocó vivir, rechazó el imperialismo alemán durante la I Guerra Mundial y se opuso al nazismo hitleriano. Y, sin embargo, durante la II Guerra Mundial, apoyó, junto con científicos como Enrico Fermi o Leo Szilard, el  llamado el Proyecto Manhattan mediante el cual EE. UU. inició el desarrollo de armas nucleares y que culminó con la fabricación de la bomba atómica. Einstein reconocería más tarde que “era consciente del horrendo peligro que la realización de este intento representaría para la humanidad”, y que se vio impulsado a dar este paso ante la evidencia de que los científicos nazis Otto Rahn y Lis Meitner consiguieran la desintegración del uranio y, con ello, lograran armamento nuclear al servicio de Hitler, una amenaza que había que evitar a toda costa. Tal vez por ello,  Einstein siempre pensó que el mal uso de los progresos de la técnica era un riesgo cierto para la humanidad (“como una navaja de afeitar en manos de un niño de tres años, los progresos se han vuelto un arma peligrosa”, decía ) y, por ello, tras el final de la II Guerra Mundial, en medio del tenso panorama internacional de la Guerra Fría que enfrentaba a los EE.UU. y la URSS, las superpotencias nucleares, se opuso frontalmente a la “bomba H” y, unos días antes de su muerte, firmó el llamado Manifiesto Rusell-Einstein (1955), en el que se alertaba sobre la proliferación del armamento nuclear y se instaba a los líderes mundiales  a buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. 

     Superada, afortunadamente, la Guerra Fría, de vivir hoy Einstein, se alarmaría, como demócrata y como judío, al igual que hizo frente al nazismo, por el auge del fundamentalismo islamista, por la amenaza que supone que el Irán de Ahmadinejad pueda llegar a disponer de armamento nuclear o porque parte del arsenal atómico de Pakistán o de alguna de de las exrepúblicas soviéticas de Asia Central pudiese llegar a manos de grupos terroristas como Al-Qeda. No olvidaría tampoco el drama de Fukushima, tras el cual han vuelto a aparecer los lejanos y espectrales fantasmas de Chernobyl.

     Einstein nos advertía de que hay que luchar contra el origen del mal: las guerras y las causas que las originan. Por ello, como ya propuso en la Conferencia de Desarme de 1932, volvería a proponer su idea de limitar la soberanía de los Estados para que éstos se sometan a los dictámenes (obligatorios y vinculantes) de un Tribunal Internacional de Arbitraje con autoridad plena en materia de conflictos internacionales, algo que todavía no ha logrado la ONU en la actualidad. Y es que, consolidar la paz, siempre pensó que era, y debía seguir siendo, la meta de los hombres “verdaderamente importantes de todas las naciones”, razón por la cual no dudó en calificar a Gandhi como “el mayor genio político de nuestra época”.

     En el ámbito político, al igual que hizo frente al nazismo, en el momento presente, rechazaría con contundencia las actitudes y movimientos xenófobos o racistas, defendería de todo tipo de violencia, agresión o injusticia a cualquier minoría o colectivo social, imbuido de un profundo sentido ético que, como judío, tenía de la historia de la humanidad. Tras el ascenso de Hitler al poder en 1933, Einstein renunció a la ciudadanía alemana y dejó escrito que, “mientras me sea posible, viviré en un país donde haya libertades políticas, tolerancia e igualdad para todos los ciudadanos ante la ley”, una afirmación que, ante los rebrotes neofascistas actuales en Europa, resulta hoy de plena vigencia.

     Einstein, fue además una figura relevante del movimiento sionista a partir de 1920, sin duda como reacción al antisemitismo que empezó a crecer de forma alarmante en Alemania a partir del final de la I Guerra Mundial y que culminó en el delirio nazi (“enfermedad psíquica de las masas”, como él lo llamaba) y, sobre todo en la barbarie del Holocausto. Por ello, Einstein, a quien se le ofreció la presidencia del Estado de Israel en 1952 tras la muerte de Haim Weitzmann, la cual rechazó, siempre pensó en el ideal de un Estado binacional judeo-palestino de tipo confederal, en el que ambos pueblos tuvieran idénticos derechos. Su modelo era Suiza, pues, como dijo en un discurso en 1931, este ejemplo “representa un grado superior en el desarrollo del Estado precisamente porque está constituida por varios grupos nacionales”, idea con la que enlazan las propuestas recientes de Shlomo Ben-Ami a favor de una confederación jordano-palestina-israelí. Pero, sin duda, la realidad actual, el enquistamiento de un conflicto sin aparente solución, lo llenaría de tristeza pues nunca ha llegado la paz a aquella ensangrentada tierra, nunca se hizo realidad el ideal sionista de Einstein según el cual “debemos resolver con nobleza, abierta y dignamente, el problema de la convivencia con el pueblo hermano de los árabes”.

     Otra faceta, tal vez menos conocida de nuestro científico,  sea su afinidad con las ideas socialistas. En su célebre texto ¿Por qué el socialismo? (1949), advertía de que “la verdadera fuente del mal” era, en una expresión de candente actualidad en medio de la crisis actual, “una oligarquía del capital privado cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia incluso en una sociedad organizada políticamente de forma democrática”. Ante esta situación, Einstein afirmaba: “Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema orientado hacia metas sociales”. Es por ello que siempre reconoció su “pasión por la justicia social” y, en su célebre discurso ante el Congreso Estudiantil para el Desarme (Alemania, 1930), rechazaba, con palabras que nos vuelven a resultar actuales, lo que llamaba “sacro egoísmo ilimitado” que conduce a “consecuencias funestas en la vida económica”. Consecuentemente, advertía,  con unas palabras que parecen hoy interpelar nuestras conciencias, el riesgo que suponía “el libre juego de las fuerzas económicas” y su “desenfrenado afán de riqueza”.  Su mensaje final, parece estar dirigido a nosotros, en estos tiempos inciertos y difíciles: “Es necesaria una planificación en la producción de los bienes, en la utilización de las fuerzas del trabajo y en el reparto de los bienes para evitar el empobrecimiento, así como el embrutecimiento de la mayor parte de la población”.  Estas tareas, que Einstein encomendó a las nuevas generaciones, siguen estando pendientes hoy en día: tal vez, una nueva generación, una nueva izquierda, avance por el camino señalado por Albert Einstein.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 10 julio 2011 y Diario de Teruel, 17 julio 2011)

 

EL DECRECIMIENTO, UNA ALTERNATIVA PROVOCADORA

     

 

 

      La crisis global, cual si fuera una densa bruma que todo lo envuelve, nos ha sumido en unos tiempos de desánimo, pesimismo e incertidumbre. Nuestras expectativas vitales, nuestro desarrollo económico y unas cotas de bienestar que parecían consolidadas y estables, se desmoronan a nuestro alrededor. Estamos, pues, sufriendo una crisis global que no sólo es económica, sino que tiene derivaciones políticas, ecológicas y de valores. Ante tal panorama, se comprenden las justas razones que impulsan al movimiento de los “Indignados” en la línea de profundizar en  una democracia más participativa y en la búsqueda de un modelo económico y social más justo y humano, opuesto a la voracidad de la dictadura de los mercados, a la mentalidad del enriquecimiento rápido a cualquier precio y  al consumismo desmedido e insolidario.

     Entre el  cúmulo de ideas alternativas emergentes, con la dosis de utopía que ello conlleva, se hallan las que propugnan el “decrecimiento”, una propuesta ciertamente provocadora. En palabras de Joan Surroca,  el decrecimiento supone una teoría que intenta redefinir las nociones de progreso, desarrollo y calidad de vida con objeto de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y también entre los propios seres humanos. Surgió entonces el concepto de “bioeconomía” y algunas de estas ideas aparecen recogidas en el libro del sociólogo francés Edgar Morin titulado ¿Hacia el abismo?. Globalización en el siglo XXI (2010), en el que se alerta a la Humanidad sobre una serie de “problemas vitales” tales como el cambio climático, la carrera armamentística nuclear y el creciente desfase entre la tecnociencia y la ética.

     El movimiento a favor del decrecimiento tiene como eje fundamental el disminuir la producción económica, de ahí su nombre, partiendo de una idea obvia: como ya señalaba  el informe Los límites del crecimiento (Massachussets Institute of Technology, 1972) en un mundo con recursos limitados, no se puede crecer de manera infinita, a pesar de que el sistema capitalista fomente un modo de vida basado en el consumo ilimitado para asegurar la producción y, con ello, los beneficios empresariales. En consecuencia, el decrecentismo considera que los factores económicos deben de dejar de ser la única y exclusiva razón de ser de nuestra vida y nuestra sociedad. Por  ello, la palabra “decrecimiento”, introducida por el economista Nicholas Georgescu-Roegen, pretende generar un debate sobre el modelo económico que vivimos y sufrimos. Ello resulta imprescindible ya que el consumismo ha logrado ejercer un verdadero dominio sobre nuestro pensamiento, hasta colonizarlo y lograr que creamos y actuemos como si no hubiera vida más allá del capitalismo. Y es que, la publicidad interesada, nos bombardea machaconamente con la idea de que la única felicidad posible es acumular dinero o poseer bienes materiales. Frente a esto, el decrecimiento cuestiona estas pretendidas certidumbes y aporta nuevos valores sociales para vivir más y mejor con menos asumiendo el pensamiento de Gandhi de que “necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir”.

     El decrecentismo no es una ideología cerrada, ni tiene un proyecto definido o una hoja de ruta marcada. Sin embargo, sus defensores, los llamados “objetores del crecimiento”, tienen como punto común la voluntad de modificar el actual sistema ofreciendo una alternativa al capitalismo. De hecho, supone una oposición frontal a la economía neoliberal y productivista y en ella convergen posiciones que van desde el cooperativismo autogestionario hasta la planificación económica de corte socialista con el objetivo último de redistribuir de una forma más justa el reparto de la riqueza de la Tierra acabando así con la creciente brecha que separa a los países del norte y el sur. También rechaza la idea del “desarrollo sostenible”, conceptos que considera incompatibles y que en muchas ocasiones sólo sirven de coartada para encubrir un inexistente respeto a los aspectos medioambientales. Entre sus ideas esenciales, podemos citar el cambio de modelo productivo para reducir el consumo o  disminuir la jornada laboral con la idea de que todo el mundo trabaje cada vez menos para que todo el mundo pueda trabajar. En este sentido, Serge Latouche, el principal exponente del decrecentismo en Francia, propone que la jornada laboral no debería ser superior a las 4 horas diarias.

      Especial importancia tiene para los decrecentistas el fomento de la agricultura ecológica, el apoyo a las pequeñas explotaciones agrarias,  la relocalización de la producción agraria, garantizando la calidad de los productos frescos y abaratando sus precios al reducir los costes de transporte, sin olvidar tampoco la defensa de las formas de producción cooperativas.

     Las cuestiones ecológicas son fundamentales para el pensamiento defensor del decrecimiento y, por ello, éste rechaza el uso y abuso de las energías fósiles por sus efectos contaminantes y aceleradores del cambio climático de todos conocidos.

     La idea esencial es que resulta vital construir otros sistemas económicos y organizativos que superen el agobiante productivismo actual de nuestra sociedad y ello pasa porque la ciudadanía reaccione ante  los poderes económicos que controlan nuestras vidas y haciendas. De hecho, la filosofía del decrecimiento desmitifica el “mercado” y el consumo ilimitado como proveedor de la felicidad. En este sentido,  los decrecentistas, rechazan al PIB como índice para medir el progreso de una economía dado que éste no tiene  en cuenta aspectos tan importantes como el bienestar de la población y la conservación de los ecosistemas y los equilibrios climáticos. Por ello, proponen otros índices alternativos que contemplan estas cuestiones como el Indicador de Desarrollo Humano, el Índice de Desempeño Ambiental o la llamada Huella ecológica.

     Ante las desmesuras del neoliberalismo, se hace más necesario que nunca la aparición de un pensamiento crítico alternativo y,  el decrecimiento, es una propuesta en esta línea. Estas ideas, al igual que ya lo hicieron en otros países,  están surgiendo en España gracias al esperanzador estallido de rebeldía cívica y democrática al que estamos asistiendo en estos últimos tiempos. Y es que, como escribía Vicente Verdú, ha llegado el momento de que la razón económica deje de ser la única matriz de nuestro modelo social y para ello, es necesario recuperar la utopía y avanzar hacia cambios políticos, sociales y económicos en los cuales el eje central sea el ser humano en plenitud de derechos y dignidad.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (El Periódico de Aragón, 24 junio 2011 ; Diario de Teruel, 26 junio 2011)

 

TRAS LA TEMPESTAD (II)

     Los resultados de las elecciones del pasado 22 de mayo, han supuesto un auténtico “tsunami popular”, en expresión de Miguel Ángel Revilla, el todavía presidente de Cantabria, cuyos efectos han ocasionado un verdadero cataclismo electoral para el PSOE, una tempestad que ha arrasado, salvo contadas excepciones y pendientes de los oportunos pactos, con todas las parcelas de poder local y autonómico hasta entonces regidas por los socialistas.

     La derrota electoral era previsible, no tanto la magnitud que alcanzó la tempestad que tanto ha zarandeado el barco socialista amenazándolo con un grave naufragio. Se podrá decir que el desastre ha sido consecuencia  de la crisis económica, y es verdad, como también lo es que el Gobierno socialista ha sido incapaz de ofrecer una salida socialdemócrata a la crisis, una alternativa mucho mas justa, solidaria y progresista que el duro ajuste neoliberal que le ha sido impuesto desde el exterior…y que ha aceptado disciplinadamente, con el consiguiente desconcierto primero, y creciente indignación, después, de las bases sociales y electorales socialistas.

     Tiene razón Pepe Blanco, cuando, tras el desastre electoral señalaba que “no es el momento para  lamentarse, sino para levantarse”. Es cierto: algunos dirigentes, deberían de asumir su responsabilidad ante semejante catástrofe electoral, levantarse de su puesto…y dimitir. Sería algo que, como ha hecho la Ejecutiva de ERC, les honraría. De lo contrario, y recordando casos como el fiasco ocurrido en Alcañiz, en donde el aparato provincial socialista  impuso una lista electoral contraria a la voluntad mayoritaria la militancia, ha llegado el momento de exigir las responsabilidades políticas correspondientes. Es por ello que resulta lamentable la falta de autocrítica de la dirección socialista (a excepción  de Zapatero, cuya autoinmolación política es un hecho): retomando las palabras de Carme Chacón, es el momento de que algunos dirigentes, aquellos que han fracasado estrepitosamente en estos comicios, dieran un paso atrás (dimitieran) para que el partido diera un paso adelante, propiciando así  la necesaria y urgente renovación de las personas y  de la acción política del PSOE.

     Así las cosas, tras la tempestad, el barco socialista debe de marcar un nuevo rumbo, el cual sólo puede ser fijado por dos claras coordenadas: un imprescindible y urgente giro a la izquierda de sus políticas, y un aumento de la democracia interna en el partido ampliando los cauces de participación y respetando la voluntad de su militancia…aunque sea contraria a los intereses del “aparato”.

     En cuanto al giro a la izquierda, la crisis de la socialdemocracia exige que ésta redefina su función, recupere sus valores, y asuma con valentía su papel para volver a liderar un modelo sostenible que suponga una alternativa efectiva a la ofensiva neoliberal en campos clave como el financiero, el fiscal y el social: ese debe de ser el reto de la Conferencia Política convocada para el próximo mes de septiembre. Además, resulta necesario, como señalaban recientemente Iñaki Gabilondo, y también Santiago Carrillo, reorganizar  (o refundar) los partidos de izquierda para que sean capaces de ofrecer una salida social a la crisis, como también lo es que, en ese camino, habrá que tener muy en cuenta a fenómenos tan interesantes como Movimiento 15-M tanto en cuanto tienen de valioso como regeneradores de nuestra democracia y abanderados de las demandas y propuestas de progreso social de amplias capas de la ciudadanía, que, como los jóvenes, no se sienten representados por los partidos convencionales, convertidos en máquinas electorales y en “empresas de poder”. Y es que, como se destacaba en el célebre Manifiesto de los economistas aterrados promovido por la AFEP (Association Française d’Economie Politique) de septiembre de 2010, “a medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas”. Y así ha sido, tal y como lo ha puesto de manifiesto la expansión del movimiento de los “Indignados” y de “Democracia real ya”.

     La segunda coordenada que debe seguir el barco socialista es la de profundizar en su democracia interna, tal y como se contempla en el artículo 6º de nuestra Constitución. Resulta evidente que hay que fomentar medidas tales como la implantación de primarias (el mejor proceso de legitimación democrática) a la hora de elegir los candidatos idóneos en los distintos niveles de representación orgánica o institucional, las listas abiertas o la limitación de mandatos. En definitiva, medidas que fomenten la participación y la capacidad de decisión de los militantes (e incluso de los simpatizantes) reduciendo el poder, muchas veces excesivo, de los “aparatos” partidarios, siempre tendentes a autoperpetuarse, y que con frecuencia recurren a prácticas opacas, al clientelismo y a la “dedocracia”, nefasto sucedáneo de una auténtica democracia en la vida orgánica partidaria. Sólo con una mayor transparencia y participación efectiva, se lograría interesar por la política a amplios sectores que se muestran desafectos con el funcionamiento de los partidos actuales y, de este modo acabar con el creciente distanciamiento entre éstos y una realidad social cambiante, con unos colectivos que han tenido el coraje de dar un paso adelante y plantear toda una batería de propuestas y alternativas tendentes a la necesaria regeneración de la práctica política democrática.

     Y, sin embargo, la dirección socialista, aferrada a la “solución Rubalcaba”, parece quedar sumida en un peligroso autismo: torpedeadas las primarias tras la forzada renuncia de Carme Chacón, un acuerdo de salón entre los barones socialistas, cual si de una nueva versión del Pacto de El Pardo de 1885 se tratara, ratificado en el pasado Comité Federal del 28 de mayo, pretende hurtar a las bases socialistas su derecho a opinar (y decidir) en esta encrucijada. Para que las primarias no sean una farsa, todavía queda la esperanza de que haya uno o varios candidatos alternativos que,  como caso del catedrático sevillano José Carlos Carmona, no sean cortocircuitados por el “aparato”  y que enarbolen las aspiraciones esenciales del giro a la izquierda y la profundización de la democracia interna, tan puesta en cuestión tras las últimas decisiones adoptadas por la dirección federal del PSOE. Todo ello resulta imprescindible para empezar a recomponer la desarbolada nave socialista y es que, tras la tempestad y, volviendo al símil náutico, el problema no es sólo qué capitán es el más idóneo para pilotar el barco socialista, sino cuál es el rumbo que éste debe tomar para llegar a buen puerto.

     Como señalaba Willy Brandt, “las derrotas forjan, con tal de que no sean demasiadas” y, por ello, tras la tempestad, habrá que asumir los pasados errores para cambiar el rumbo político de la socialdemocracia, porque,  de no hacerlo, la singladura de la nave socialista podría acabar en un naufragio definitivo y ello sería no sólo trágico para un partido de la historia del PSOE, sino también para nuestro sistema democrático.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 5 junio 2011)