UN OPROBIO A LA MEMORIA

 

     No por esperado, ha causado menos malestar la decisión del Gobierno de Aragón,  anunciada el pasado 15 de diciembre por la consejera Dolores Serrat, de suprimir el Programa Amarga Memoria calificándolo de “superfluo”. La coartada perfecta para tomar esta medida ha sido la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, pero la realidad es que el PP, ahora en el Gobierno, nunca ha tenido la voluntad política de acometer el deber moral y cívico que nuestra democracia adeuda, todavía, para con las víctimas del franquismo, una cuestión de salud democrática que debería medirse por otros parámetros distintos a los meramente economicistas.

     La derecha española, también en Aragón, siempre se ha mostrado reacia a romper, de verdad y de forma definitiva,  las amarras emocionales e ideológicas con la herencia del franquismo, a diferencia de lo hecho por otras derechas europeas, como las de Alemania, Italia o Francia, que apoyaron las políticas públicas de la memoria histórica antifascista  y del impulso de la educación cívica en los valores democráticos.

     Debemos recordar la Proposición no de ley 127/06 relativa al impulso de medidas para la recuperación de la memoria histórica del Programa Amarga Memoria, presentada en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista. En los debates de la misma, el año 2006, el PP ya dejó clara su posición. Una lectura atenta del Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón recoge determinadas afirmaciones de Antonio Suárez, entonces diputado portavoz del PP, sobre la referida Proposición no de ley a la que calificaba de “sectaria” y “fundamentalista”, “un camino equivocado”, que sólo pretendía “la confrontación social”.

     A nivel nacional, en pleno debate parlamentario sobre la futura Ley 52/2007 de la Memoria Histórica (LMH) impulsada por el Gobierno de Zapatero, ya advirtió Rajoy de que la derogaría en caso de ganar las elecciones del 2008 y es previsible que, a nivel nacional, como ocurre en Aragón, las políticas del PP pongan fin a la legislación memorialista que, pese a todas sus deficiencias y limitaciones, había abierto, por vez primera, el camino para la plena reparación moral, y tal vez jurídica, de las víctimas de la dictadura franquista. En este sentido es de justicia destacar que el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, bajo el impulso de Jaime Vicente Redón, ha realizado durante estos últimos años una labor encomiable gracias al trabajo realizado por Ana Oliva o Elisa Plana, junto con el apoyo entusiasta de Juan Carlos Gil y demás funcionarios de la Dirección General de Patrimonio Cultural. De este modo, se editaron numerosas publicaciones, se realizaron diversas actividades culturales, jornadas y exposiciones, también en el ámbito educativo (visitas al Campo de Mauthausen o el proyecto de cooperación transfronteriza “Las Rutas de la Memoria”), se elaboró  un mapa de fosas en Aragón (519 localizadas,  uno de los más completos y sistemáticos de España), además de efectuar diversas exhumaciones con las oportunos criterios arqueológicos y antropológicos.

     A fecha de hoy, y mientras siga en vigor la Ley 52/2007, corresponde a los poderes públicos, esto es, al Gobierno de Rajoy en Madrid o al de Rudi en Aragón, amparar y realizar actuaciones concretas en el ámbito de las políticas públicas de la memoria histórica. De hecho, la referida ley insta a la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las victimas “como última prueba de respeto hacia ellos”, tal y como se indica en su artículo 11, así como a la adopción de medidas concretas para lograrlo (arts. 12, 13 y 14). De igual modo,  la LMH  indica expresamente que “es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo rigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos”. Y todo ello, no ha sido, no es, y nunca será algo “superfluo”.

     Una de las razones esgrimidas por el PP para enterrar, y nunca mejor dicho, el Programa Amarga Memoria es la de que había que recuperar “el espíritu de la Transición”. Pero quienes esto dicen, olvidan  los “peajes” que entonces hubo que pagar para consolidar la democracia española, entre ellos, el aprobar la Ley 46/1977 de Amnistía, una ley de “punto final” para con los crímenes del franquismo, el renunciar al restablecimiento de la legalidad republicana o el posponer las justas demandas de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Hoy, después de tres décadas de democracia constitucional, estas demandas de justicia, verdad y reparación que empezaron a abrirse paso, con problemas y dificultades en estos últimos años, no pueden quedar sepultadas por la previsible involución auspiciada por las políticas conservadoras del PP. Calificar estas cuestiones como “superfluas” es, cuando menos, una frivolidad carente de la más mínima sensibilidad cívica puesto que, como señala la LMH, “se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y el marco de la Constitución, no puede dejar de atender”.

     Los familiares de víctimas del franquismo, han llorado durante largos años por sus familiares asesinados, muchos de ellos arrojados a cunetas donde yacen, todavía, para escarnio de nuestra democracia. Hoy vuelven a llorar  por el desinterés de la derecha gobernante en España y también en Aragón por las cuestiones relacionadas con la memoria histórica y, mientras tanto, la herida, esa herida, esa historia sangrante, seguirá sin cerrarse. Nuevas lágrimas recorrerán sus rostros, azotados por tanta incomprensión, sintiendo en su interior el sufrimiento porque la democracia española y las instituciones que la representan, quieren volver a negarles la ayuda para encontrar los restos de sus seres queridos y enterrarlos dignamente. Y mientras tanto, algunos familiares de las víctimas, acabarán sus días sin haber cumplido este anhelo, porque determinados gobernantes consideran que se trata de algo “superfluo”.

     José Ramón Villanueva Herrero (nieto de un carabinero de la República)

     (publicado en El Periódico de Aragón, 29 diciembre 2011)