Economía global

UN ASCENSOR (SOCIAL) AVERIADO

 

   La crisis global ha causado un  preocupante aumento de la desigualdad social, situación que ha supuesto un deterioro de la cohesión interna en las sociedades que han sufrido el vendaval de los ajustes y recortes de todos conocidos. Esta situación resulta especialmente grave en España, uno de los países con mayores índices de desigualdad de la Unión Europea (UE). Así, según datos de Eurostat referidos a 2015, España en el 6º país con mayor desigualdad de los 28 de la UE, sólo por delante de Grecia, Letonia, Bulgaria, Rumanía y Lituania. Por su parte, la Encuesta de Condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el período 2010-2015 señala que la pérdida media de renta en España ha sido de un 21% entre las personas más pobres, lo cual es ejemplo patente del incremento de la pobreza relativa, esto es, de quienes (mal)viven con menos del 60% del ingreso de renta medio.

   Por otra parte, como denunciaba el Informe de Save the Children titulado Desheradados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas pública en España (2017), asistimos a una  alarmante tendencia hacia el fin de lo que se conocía como la “movilidad social ascendente”, esto es, la aspiración personal por lograr una clase social y unos ingresos mayores que los que tuvieron nuestros padres, lo cual supone el final del sueño de que íbamos a vivir mejor que la generación precedente, mejor que nuestros padres y de que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros.

    La movilidad social ascendente aumentó significativamente en España en el período histórico de la industrialización, coincidiendo con el proceso del éxodo del campo a la ciudad de importantes contingentes de población en busca de una vida mejor. Unido a ello, durante las últimas décadas, la educación en igualdad de oportunidades se había convertido en el principal ascensor social para las jóvenes generaciones, dado que permitió reducir otros muchos condicionantes que hasta entonces, especialmente en el caso de los hijos de la clase obrera, dificultaban la movilidad social ascendente.

    Pese a lo dicho, en la actualidad resulta obvio que las consecuencias de la crisis global han dañado seriamente este proceso y, por ello, se ha empezado a hablar de “movilidad descendente”, lo cual significa que los hijos tienen menos ingresos y un futuro más incierto  que el de sus padres. Prueba de ello es que al contrario que tiempo atrás, la Universidad ya no es un ascensor social puesto que los estudios universitarios ya no garantizan un mejor nivel de vida, de renta y de estatus social. Las razones que han averiado este ascensor social que serían varias:

 - en primer lugar, la tasa de sobrecualificación, esto es, el porcentaje de trabajadores en empleos que requieren menos cualificación de la adquirida, tasa que en España es de las mayores de Europa,  como lo prueba la multitud de titulados universitarios que, ante la escasa oferta de empleos idóneos a sus titulaciones, en caso de encontrar trabajo, éste se caracteriza por su escasa cualificación, sus precarias condiciones laborales (trabajos temporales y a tiempo parcial)  y, por ello, con bajos salarios.

 - en segundo lugar, hay que considerar la actual estructura del mercado laboral, en la cual la demanda se centra, sobre todo,  en empleos no cualificados. Por ello, el citado Informe de Save the Children critica duramente las políticas de empleo que priorizan sectores económicos como el turismo o la construcción, y no por la economía del conocimiento o la tecnología, lo cual limita las expectativas  de futuro de los niños y jóvenes, especialmente de los procedentes de los sectores sociales más desfavorecidos. A ello hay que añadir el elevado desempleo juvenil que hace de España el 2º país de la UE con mayor tasa, sólo por detrás de Grecia, ya que uno de cada dos jóvenes está desempleado y tiene, por ello, su futuro hipotecado.

 - en tercer lugar, el recorte de fondos que ha sufrido el sistema educativo español  (-12% entre 2010-2015), mucho mayor que el -3% aplicado por otros países de la UE. En este sentido, especialmente grave ha sido la reducción en la inversión en becas de estudios del -29% en el citado período, las cuales han sufrido, por ello, un recorte desproporcionado.

    Todo lo dicho parece presagiar, como advertía Save the Children,  “el fin de un determinado período histórico de España”, aquel que estuvo caracterizado por una amplia movilidad social ascendente, y se abre así un negro horizonte hacia un mundo en el cual “los sueños de la infancia más empobrecida no se cumplen nunca” y ello supone que, “sin expectativas realistas de poder vivir mejor, el esfuerzo individual no tiene sentido y la cohesión social se resiente significativamente”.

    Para reconducir la situación y, frente a los alegatos triunfalistas en materia de generación de empleo por parte del Gobierno de Rajoy, para reactivar la movilidad ascendente resulta esencial, como señala I. Marqués Perales, impulsar políticas públicas que promuevan un mayor peso de la economía del conocimiento y de la tecnología avanzada y, de este modo, “se limitaría  la apuesta por sectores económicos que no necesitan que nuestros hijos estudien ni se desarrollen tanto, como pueden ser la construcción y el turismo”.  Es necesario reivindicar, de nuevo, la educación como ascensor social y, para ello, frente a los despiadados recortes sufridos, el futuro debe orientarse hacia el aumento progresivo del gasto en educación hasta situarlo en la media de la OCDE y, además, proteger por ley este gasto, o mejor sería decir inversión educativa,  de futuros recortes presupuestarios. Y en este sentido, la equidad del sistema educativo pasa por una adecuada política de becas, que tan duramente sufrieron el hachazo de los recortes aplicados por las políticas conservadoras en estos últimos años. Sólo así volverá a funcionar de nuevo ese ascensor social ascendente que el neoliberalismo desearía ver siempre averiado como forma de perpetuar la desigualdad y el dominio de los poderosos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 junio 2017)

 

LA CITY DE LONDRES ANTE EL "BREXIT"

 

    En vísperas de la celebración del referéndum del 23 de junio de 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (UE), Miguel Otero Iglesias realizó un acertado análisis de las diversas posiciones existentes en la City londinense ante el brexit. Ahora, tras el triunfo de éste y su inminente activación por parte del Gobierno de Theresa May, dicho análisis retoma toda su actualidad.

    Para situarnos hay que  recordar que la City, esa máquina financiera de hacer dinero, alberga a 250 bancos internacionales, a 125 compañías de la UE, cuenta con 280.000 empleados, y en ella se genera el 10% del PIB y el 12% de los ingresos fiscales del Reino Unido. Además, la City es el principal centro financiero del euro dado que gestiona el 40% de las operaciones internacionales en esta moneda  lo cual le permite captar e invertir fondos libremente en toda la UE.

    La City ha mantenido su liderazgo financiero desde que, tras la batalla de Waterloo (1815), muchos bancos del continente se trasladaron a Londres, reemplazando así a Amsterdam como capital financiera mundial. Como la historia tiene sus ciclos, después de las dos guerras mundiales el Imperio Británico se fue descomponiendo y Londres dejó gradualmente de ser la capital financiera del mundo, puesto que pasó a ocupar Nueva York, convertida así en la sede del capitalismo global. No obstante, Londres siguió siendo un importante centro financiero internacional debido al llamado “Big Bang” impulsado por Margaret Thatcher en 1986 y que supuso la desregulación de muchas de las actividades de la City a la vez que permitía que las instituciones financieras fueran de propiedad totalmente extranjera, lo que supuso el desembarco en Londres  de grandes bancos de inversión americanos y europeos. En la actualidad la City compite y, en  muchos casos supera, a Nueva York como capital de las finanzas globales. Sin embargo, tras la crisis financiera de 2008, como señalaba David Kynaston, la City se ha convertido en “un monstruo indomable” y, hasta que no se regule su voraz especulación neoliberal, seguirá produciendo nuevas crisis debido a su falta de ética, al aumento alarmante de las actividades ilegales que allí se llevan a cabo y a su escandalosa manipulación de los tipos de cambio.

    Así las cosas, lo cierto es que la City no es homogénea pues en ella coexisten dos posiciones bien distintas ante el reto del brexit. Por un lado se halla su “alma conservadora”, los llamados “nativistas”, la de aquellos que rechazan a la UE y a Bruselas en quien ven “la capital de un creciente monstruo jerárquico y burocratizado” que quiere “colonizar” a Londres, a la que fue la capital del extenso y poderosos Imperio Británico y que, por ello, quieren liberarse del “yugo regulador” impuesto a la City por la UE tras la crisis financiera global de 2008. Estos “nativistas” son los pequeños corredores de bolsa  y de fondos de capital riesgo (hedge funds). Boris Johnson, el anterior alcalde de Londres y actual ministro de Asuntos Exteriores británico enarboló su bandera durante la campaña del referéndum al señalar que el brexit suponía la defensa del “pequeño capital británico  frente al gran capital global dominado por los americanos y asociado con Bruselas”.  De este modo, los “nativistas” tienen una visión nostálgica del Imperio Británico y piensan que la salida de la UE les ayudará a liberalizar la economía, algo en lo que ahora han encontrado el entusiasta apoyo de las soflamas demagógicas del presidente norteamericano Donald Trump. Estas añoranzas imperiales las reflejaban perfectamente las palabras de Crispin Odey, fundador del hedge fund Odey Asset Manangement, al afirmar  que “Europa nos está convirtiendo en una colonia y nosotros estamos acostumbrados a ser un imperio. No queremos seguir reglas que no hemos decidido”.

     Frente  a ellos, existe también en la City  un “alma liberal”, que tiene una visión de las finanzas más multinacional y cosmopolita, que es consciente de que, hoy por hoy, el poder político reside en Bruselas, en la capital de la UE y que el poder económico se halla en Franckfurt, en la sede del Banco Central Europeo. Por ello, consideran un grave error el que el Reino Unido se aísle al otro lado del Canal de la Mancha rompiendo con la UE bajo el espejismo de recuperar una soberanía económica británica en un mundo cada vez más globalizado y, por ello, piensan que el mercado único de servicios y la actividad financiera son cuestiones demasiado importantes como para desentenderse de ellas abandonando la UE.

    Tampoco debemos obviar las consecuencias económicas que tendrá el brexit en la City londinense. En primer lugar, la preocupación que este proceso genera en los grandes bancos y banqueros de inversión que allí operan, tanto americanos (JP Morgan, Bank of America o Goldman Sach) como europeos (Deutsche Bank o Santander). Otra consecuencia sería el posible traslado  de parte de la industria financiera de la City a Dublín: la elección de la capital irlandesa no es un detalle menor dado que, al hallarse en la misma franja horaria que Londres, permite a los inversores presenciar el cierre de las bolsas asiáticas, ver la evolución de toda la jornada en Europa y conocer el inicio de la sesión en Wall Street. Además, el brexit puede suponer una fragmentación del potente sector financiero que hoy se concentra en la capital británica y, por ello, además de Dublín, algunos bancos y empresas podrían decidir trasladar sus operaciones a otras bolsas europeas como París, Franckfurt, e incluso Madrid, o bien a otros lugares como Nueva York, Hong Kong o Singapur.

     Así las cosas, los grandes poderes económicos de la City son conscientes del riesgo cierto que significa abandonar la UE y, por ello, Londres debería asumir que, por encima de sus soflamas nacionalistas, va a iniciar un camino incierto y de consecuencias imprevisibles para su futuro. Veremos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 marzo 2017)

 

EL NUEVO CABALLO DE TROYA

 

     No hay mejor imagen de lo que representa el proyectado Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, el conocido como TTIP, sus siglas en inglés, que la del caballo de Troya, adoptado como símbolo por el creciente número de detractores que dicho tratado suscita. Si en la antigüedad clásica el caballo de Troya fue un regalo envenenado de los aqueos para apoderarse astutamente de la ciudad troyana, ahora, tras este ambicioso acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, se esconden planteamientos preocupantes que pueden convertirse en un auténtico golpe contra la democracia y el Estado de Bienestar.

    La amenaza es real ya que, a las negociaciones, cubiertas por el manto del secretismo, se une la actitud de la “gran coalición” existente de facto en el Parlamento Europeo (PE) entre conservadores, liberales y socialdemócratas, que están impulsando la aprobación política del TTIP. Así se comprobó el pasado 28 de mayo con la aprobación por la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE de la llamada “Enmienda CAM 50” mediante la cual se favorece a los intereses de las grandes empresas multinacionales en la misma medida que se diluye la capacidad legislativa de los parlamentos nacionales y del propio PE. Ello ha permitido la inclusión, con la connivencia de los grupos socialdemócratas, del  Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversores y Estados, el ISDS, en el proyectado TTIP. Ello supone un mecanismo de blindaje que permite a las multinacionales demandar a los Estados con cifras millonarias en caso de considerar en peligro sus inversiones debido a cambios normativos que éstos pudieran llevar a cabo. Tal es así que las demandas de las grandes empresas, en caso de que considerasen que las legislaciones nacionales o comunitarias pudieran reducir sus beneficios, se producirían, por ejemplo, en casos de subidas salariales de los trabajadores o por la reversión al sector público de sectores sanitarios que habían sido previamente privatizados, lo cual socava todo el ordenamiento político y jurídico de la UE. decía Nicolás Redondo, es siempre insaciable.

     Si lo anterior no fuera ya un duro golpe  en los muros de nuestra democracia que las hordas del capital trasnacional intentan asaltar, hay que añadir que las demandas tendrían lugar ante comisiones de arbitraje privadas y no ante los tribunales de Justicia ordinarios. Además, estas comisiones internacionales privadas estarían formadas por abogados designados  por los grandes lobbies empresariales y sus decisiones no podrían ser impugnadas ante ninguna otra instancia judicial: el resultado de sus “fallos” sería, pues,  tan parcial como podemos suponer. Ante semejante aberración  Jueces para la Democracia (JpD) ha manifestado su total rechazo  al calificar al ISDS como “un torpedo bajo la línea de flotación del concepto clásico de jurisdicción” entendida ésta como una función estatal y como un órgano que ejerce un poder reservado al Estado. Además, JpD nos advierte que las prácticas de éstos tribunales serían demoledoras tanto en cuanto traerían una pérdida de derechos laborales básicos, fomentarían el dumping social (enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra), limitarían las sanciones por daños medioambientales causados por las multinacionales y privatizarían servicios públicos esenciales como es el caso de la sanidad. De consumarse esta situación, el caballo de Troya estaría ya dentro de nuestra fortaleza  y, con ello, la democracia estaría herida de muerte ya que nuestros parlamentos no podrían legislar en contra de los abusos de los inversores extranjeros y en defensa de los intereses del conjunto de la sociedad. Por su parte, la oposición sindical ante el TTIP y el ISDS es también frontal y así lo han puesto de manifiesto Comisiones Obreras, UGT, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y hasta el movimiento sindical norteamericano  de la AFLCIO pues como señalaban todos ellos, estos acuerdos suponen “una amenaza a los derechos laborales conquistados hace muchos años, a los principios democráticos y a la naturaleza y funciones de los Servicios Públicos, que se pueden ver invadidos por el negocio y los intereses privados, vulnerando su carácter de atención pública, universal, de calidad y gratuita”. Y, de forma premonitoria, el movimiento sindical nos advierte que, “si se mantiene el tratado en los términos que ya conocemos significaría un golpe muy grave y serio a las políticas de cohesión social, al Estado de Bienestar a nivel europeo, a los derechos laborales, al derecho de negociación colectiva y a la propia capacidad de los Estados de la UE para defender políticas de igualdad”. Y no debe sorprendernos esta pretensión, este nuevo intento de retroceso político y social, pues tras este nuevo caballo de Troya, se halla la voracidad neoliberal, ese capitalismo trasnacional sin alma que, como decía Nicolás Redondo, es siempre insaciable.

   Ante tan grave amenaza, también la ciudadanía vigilante e informada se ha movilizado y ahí está la Iniciativa Ciudadana Europea Stop TTIP, la cual ya ha sido suscrita por más de dos millones de europeos. Por ello, y visto el trato despiadado al que está siendo sometida Grecia por parte de los poderes económicos representados en la Troika, la oposición ante el TTIP, al cual la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez ha definido como “la constitución de las multinacionales”, ha de ser contundente desde las filas de los grupos progresistas y de izquierdas (incluida la errática socialdemocracia europea), como por parte de la ciudadanía. Además, ante tan importante cuestión, siguiendo el ejemplo de Alexis Tsipras, hay que dar la voz al pueblo soberano y someter el TTIP a referéndum en todos los países de la UE y, por supuesto votar en contra de un tratado que pretende que las grandes corporaciones fijen las reglas de juego y aumenten ilimitadamente sus beneficios al margen de todo control jurídico y democrático, algo que, desde todos los puntos de vista resulta inaceptable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 de julio de 2015)

 

 

¿SALIENDO DEL TÚNEL DE LA CRISIS?

 

     Resulta frecuente en estas últimas fechas escuchar diversas declaraciones del Gobierno tendentes a transmitir el mensaje de que España está saliendo de la recesión, que está superando la crisis económica. A esta ofensiva de optimismo gubernamental tendente a paliar el enorme desgaste sufrido por el Gobierno del PP  como consecuencia de la dura política de ajustes y recortes que ha aplicado, se están dedicando con fervoroso entusiasmo tanto Rajoy como algunos de sus ministros, especialmente De Guindos, Montoro o Fátima Báñez, pues no es casualidad que entramos en un año electoral complejo e incierto y hay que convencer a fieles y ajenos del supuesto horizonte de “bonanza” económica lograda gracias, dicen, a las “reformas” aplicadas por la derecha gobernante.

    Recurriendo a la metáfora de un oscuro y largo túnel en el cual entró la economía española allá por el año 2007, ahora se nos dice que ya estamos saliendo de éste, que ya se ve la luz. Pero esa luz, a la mayor parte de la ciudadanía, nos parece bastante difusa y poco creíble máxime si tenemos en cuenta las elevadísimas tasas de desempleo, la ínfima calidad de los nuevos contratos que se crean actualmente así como el aumento acelerado de las desigualdades sociales y de los índices de pobreza, impropios de un país desarrollado como se supone que somos. Recordando estos factores, pienso que la crisis se asemejaría a una agreste cordillera que hay que atravesar y en la que el tren de la economía puede que haya salido de un túnel…para luego entrar en otro…y en otro más después…ya que las negativas consecuencias de esta crisis global siguen muy presentes y lacerantes en nuestra sociedad y se tardará mucho tiempo en superarlas, el mismo tiempo que, túnel tras túnel, cueste atravesar esta endemoniada cordillera de la crisis.

    Se habla de la salida de la crisis y, sin embargo, en ningún momento se ha buscado desde el Gobierno una salida más social, solidaria y progresista para con los sectores más azotados por la oscuridad de este túnel en el cual, digan lo que digan, seguimos metidos. La lectura reposada del libro de Loretta Napoleoni La mordaza. Las verdaderas razones de la crisis mundial, publicado en 2010, nos ofrece algunas alternativas de interés que todos los gobiernos deberían de tomar en el marco de la economía global para acabar de una vez con esta crisis que, como bien señala la autora, está amordazando nuestras vidas y esperanzas.

    En primer lugar, Napoleoni instaba, ya en aquel año,  a que era imprescindible una rebeldía cívica para hacer frente a esta “tormenta perfecta” a la cual nos ha abocado la letal convergencia del “abuso financiero y la negligencia política”. De este modo, frente a lo que califica de “malestar existencial que aflige a la aldea global”, de forma premonitoria, señalaba que el camino era rebelarse, participar activamente en la política para cambiar  las cosas  pues, así, “encontraremos la fuerza para volver a participar activamente en la vida política y, si es necesario, el valor de renovar totalmente la clase política que nos representa” puesto que “nuestro deber es rebelarlos…[…]…tener el valor de decir basta y dar la espalda  a los grandes prestidigitadores de nuestro tiempo, la clase política, que hasta hoy nos ha representado tan mal”. Como vemos, aseveraciones de tienen total validez y vigencia en la realidad política actual y que, lejos de tendenciosas acusaciones de “populismo”, suponen una profundización en los valores cívicos y democráticos propios de toda sociedad avanzada y progresista. Sólo así podremos hacer  frente al “huracán recesivo” (político, económico y social) que padecemos y que se nos ha impuesto en este contexto de crisis global.

   Además de esto, la auténtica salida del túnel pasa por la construcción de un nuevo modelo económico, un modelo que no pasa por los rescates a la banca privada pues ello, bien lo sabemos en España, “no contienen la hemorragia financiera porque no curan la herida, más bien consumen el erario público y pignoran la riqueza futura”, como ha puesto de manifiesto Paul Krugman. En consecuencia, la actual crisis debe ser aprovechada para reestructurar el actual sistema financiero mediante una apuesta decidida por la nacionalización de aquella parte del sector bancario que sustenta la economía productiva, dejando por el contrario que quiebren aquellas entidades y sociedades que, como dice Napoleoni, apostaron en “los tapetes verdes del casino mundial”, sin olvidar tampoco que el Estado debe suprimir todos los productos financieros tóxicos como son los Hedge Funds o los Credit Default Swaps ya que, “si las altas finanzas se divertían con los juegos de azar, que paguen las consecuencias de esa locura en vez de consumir el dinero necesario para la recuperación económica”.

   Otra luz que ilumina la salida del túnel es el papel que debe desempeñar el Estado en esta nueva etapa, pues se necesita un Estado fuerte que dicte la reglas del juego y que se imponga a los poderes económicos, un Estado “que proteja realmente a sus ciudadanos y no a las instituciones que les han robado”, que potencie los bancos cooperativos y la banca ética, que propicie una reconversión industrial que fomente la economía sostenible, las energía limpias que invierta grandes cantidades en infraestructuras públicas para reactivar la alicaída economía y, de este modo,  fomentar el empleo.

   Estas son algunas de las luces para salir del túnel y ninguna las lleva el tren del gobierno de Rajoy. Por eso, como señala al final de su libro Napoleoni, “el camino para liberarse de esta mordaza que desde comienzo del milenio nos está machacando existe y es distinto a las políticas seguidas hasta ahora. Es hora de que alguien tenga el valor de emprenderlo”. Ahí está el reto.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2015)

LA INICIATIVA 1:12 Y LA JUSTICIA RETRIBUTIVA

 

     Frente a los repetidos empeños en reducir los salarios de los trabajadores con la coartada de así lograr una mayor competitividad económica, y cuando el documento Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma elaborado por la FAES y dirigido por Miguel Marín apunta la peligrosa idea de suprimir el salario mínimo interprofesional  y el seguro de desempleo, hay que reivindicar otras alternativas que resulten más justas socialmente y más audaces desde una perspectiva fiscal.

     Este es el caso de la llamada Iniciativa 1:12 para una paga justa la cual supone un intento de acabar con los desmesurados sueldos de los altos ejecutivos, aquellos a quienes en nada ha afectado (bien al contrario), la crisis económica y que en muchas ocasiones sus salarios resultan motivo de escándalo comparados con la devastación social a la que está siendo sometida la clase media y, sobre todo, la clase trabajadora en estos últimos años.

     La idea surgió por parte de la JUSO, la rama juvenil del Partido Socialista Suizo en el año 2009 con objeto de evitar, como señalaba Cédric Wermuth, su entonces dirigente, que “ejecutivos codiciosos ganen millones  mientras otra gente no gana lo suficiente para vivir”. De este modo, la Iniciativa 1:12 proponía limitar constitucionalmente en el país helvético que una persona no pueda ganar en un mes más de lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año, lo cual suponía un audaz intento de acabar con la desigualdad retributiva empresarial.

     La iniciativa de la JUSO, tras lograr las 100.000 firmas necesarias, fue sometida a referéndum el pasado 24 de noviembre de 2013 y, aunque fue derrotada por la presión ejercida por la Swiss Holdings, la federación de las multinacionales con sede en Suiza, entre ellas las farmacéuticas Roche o la poderosa Nestlé, que amenazaron con deslocalizar sus empresas trasladándolas a otros países. Y no es de extrañar el frontal rechazo de las mismas:  los directivos de Roche ganan 236 veces más que su empleado con el sueldo más bajo, y el de los ejecutivos de Nestlé es 188 veces superior.

     Pese a este revés, la Iniciativa 1:12 ha generado, como señala Sam Pizzigati, “un importante debate sobre la igualdad de salarios y una distribución más justa de la renta” y campañas similares se han extendido en Francia y Alemania. También ha sido apoyada por pensadores, a nivel global, sobre la igualdad, como el epidemiólogo británico Richard Wilkinson, según el cual esta iniciativa está poniendo de manifiesto que la actividad empresarial “no debe organizarse como un sistema para la concentración no democrática de la riqueza y el poder”.

   Y así las cosas, ¿qué podemos decir de España en donde los directivos bancarios, pese a su en ocasiones nefasta gestión, reciben salarios e indemnizaciones millonarias? ¿y de los políticos excedentes que, mediante el deplorable método de las “puertas giratorias” hallan retiros dorados muy bien retribuidos en poderosas corporaciones económicas o financieras?.

   Es de justicia señalar que ya en noviembre de 2013, coincidiendo con el citado referéndum suizo y haciéndose eco de su espíritu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una Proposición no de ley en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para poner límites salariales a “las clases dirigentes”. De este modo, se pretendía fijar un techo salarial para los directivos de todas las empresas privadas y administraciones públicas de 1:12, la proporción que da nombre a la Iniciativa 1:12. Esta propuesta, además de incidir en la justicia retributiva, tiene un claro componente ético puesto que resulta evidente (y flagrante) el que, como señalaba ERC, que no ha habido una “justa correlación” entre los costes sociales ocasionados por las reformas estructurales que se han puesto en marcha desde el inicio de la crisis y que tantos recortes de derechos laborales, económicos y de servicios sociales han supuesto para las clases media y trabajadora, y los crecientes beneficios logrados por los perceptores de las rentas más altas, los mismos que, en muchos casos, se han lucrado con la crisis. Baste recordar que los altos directivos de las empresas del Ibex 35 han pasado de ganar 23 veces más que sus empleados en 2007 a cobrar 25 veces por encima en 2013…y la brecha salarial sigue creciendo en la actualidad. Ello ha supuesto que, durante la actual crisis, las clases altas son cada vez más ricas en términos absolutos y relativos mientras que se ha producido un grave empobrecimiento  de la gran mayoría de la población, con consecuencias tan sonrojantes como los crecientes índices de pobreza y malnutrición infantil en España.

   Frente a una creciente desigualdad social, resulta urgente que las fuerzas progresistas y los sindicatos de clase trabajen conjuntamente impulsando ideas que, como la Iniciativa 1:12, vinculen proporcionalmente los salarios de los directivos al salario mínimo dentro de una misma empresa así frenar el riesgo de que la brecha social de la desigualdad siga aumentando. En consecuencia, resulta imprescindible reformar el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores para establecer un techo salarial máximo bruto (incluyendo el salario fijo y los posibles bonos, incentivos, complementos y cualquier forma de retribución directa o indirecta, tanto a nivel mensual como anual), vinculándolo al sueldo más bajo en relación 1:12. Dicha reforma debería de afectar a la empresa privada y también al sector público (Administración, instituciones del Estado y cualquier organización, empresa, fundación y organización que cuente con participación pública directa o indirecta).

   Esta política retributiva es un deber y una bandera que debemos defender y enarbolar todos aquellos que creemos, pese al avasallamiento al que estamos siendo sometidos por el neoliberalismo, que es posible transformar la sociedad con criterios de justicia y de solidaridad compartida.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 diciembre 2014)

 

 

REBAJAS SALARIALES Y PRECARIEDAD LABORAL

 

     Otra de las consecuencias de la devastación producida por la actual crisis global es el deterioro y desmantelamiento del marco de relaciones laborales lo cual ha socavado los cauces de negociación colectiva y ha reducido el ámbito de aplicación de los convenios. De este modo, estamos sufriendo  un serio retroceso de nuestros derechos sociales y  laborales que tanto tiempo y esfuerzo costó conseguir. En este sentido hay que situar las constantes reducciones salariales que se están imponiendo a los trabajadores, unido a unas condiciones laborales cada vez más precarias.

   El descaro neoliberal llega a extremos surrealistas como cuando la multimillonaria australiana Gina Rinehart, la 16ª  mujer más poderosas del mundo según la lista Forbes, afirmaba que sus compatriotas deberían de aceptar salarios más bajos porque “la gente de África está dispuesta a trabajar por 1,5 euros al día”. Esta misma empresaria, cuya fortuna personal se estima en 16.000 millones de dólares, propuso, igualmente, que cualquier pareja que ganase menos de 100.000 dólares australianos (unos 77.000 euros) debería de ser esterilizada por la fuerza como “única forma de evitar la pobreza e impedir que las clases bajas se multipliquen”.

     De esta peculiar “sensibilidad social” hacia los trabajadores, hacia las clases populares, las que con mayor intensidad están sufriendo los efectos de la crisis económica,  también tenemos ejemplos flagrantes en España: recordemos las pasadas declaraciones de Jorge Garasa, el portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Aragón del pasado mes de febrero en las que sugería que la posibilidad de trabajar, para todo el que quiera…pero sin cobrar, ciertamente, una propuesta fiel reflejo de la mentalidad de la más rancia derecha empresarial, como lo son las recientes propuestas de la FAES demandando la supresión del salario mínimo interprofesional y la reducción de las prestaciones por desempleo.

     Al ajuste neoliberal, siempre insaciable, no le basta con la moderación salarial pactada en el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado en enero de 2012 y vigente para el período 2012-2014: ahí está el intento de  imponer una drástica bajada de salarios del 10 %, tal y como dictó el pasado año el FMI y el Colegio de Comisarios de la UE. Semejante recorte salarial responde   a las políticas de ajuste  que, desde 2010, están aplicando ambos organismos y ante las cuales, ni Zapatero en su momento, ni ahora Rajoy, no sólo carecieron del coraje necesario para  oponerse a estas medidas y contraponer una alternativa económica que no causase los enormes destrozos que, en el tejido social,  han generado las políticas neoliberales, sino que, además,  fueron responsables de la aprobación de  unas  reformas laborales muy lesivas para los trabajadores.

     Las reiteradas bajadas de salarios impuestas han supuesto en España, en el período 2010-2013, una caída salarial del 6,3 %, y no han servido para reactivar el empleo ni la actividad económica (bien al contrario, la retrasan), han perjudicado al consumo interno,  además  de incrementar la pobreza llevando a muchas familias a graves situaciones de sufrimiento.

     En cuanto al Programa de Garantía Juvenil aprobado hace unos días por el Gobierno y financiado con 1.900 millones de euros del Plan de empleo juvenil  de la UE, como señalaba Antón Losada, al margen de la publicidad interesada, supone en realidad un sutil engaño pues, “aunque digan que el dinero sale de Europa, en realidad antes salió de nuestros impuestos”, un dinero con el que “pagaremos para que los empresarios puedan seguir precarizando a placer el mercado laboral y subvencionados por el Gobierno, La Seguridad Social verá caer sus ingresos y continuará el deterioro del sistema público de pensiones hasta que ya no quede más remedio que liquidarlo por derribo”. Todo un “negocio redondo” para los empresarios y en el que nuestros jóvenes tendrán que pagar por trabajar.

     En un artículo reciente publicado en este mismo periódico, Adolfo Barrena nos advertía de “un dato tremendamente significativo” cual era que,  por primera vez en la España democrática, “los empleados con contrato indefinido y a tiempo completo han dejado de ser la mayoría en el mercado laboral. La precariedad avanza deprisa”. Esta es la doble tenaza que oprime a  los trabajadores que todavía mantienen un empleo: precariedad laboral y reducciones salariales, una tenaza que ha servido para aumentar de forma acusada las desigualdades en España como lo pone de manifiesto el hecho de que, en medio de la crisis, los directivos de las empresas y los grandes patrimonios han visto incrementar su riqueza y, con ello, el abismo que los separa de los sectores sociales y laborales más débiles: una auténtica injusticia social…y fiscal.

    Si el PP continúa con estas políticas antisociales, seguirá destrozando el presente y las esperanzas de futuro de multitud de familias, de miles de jóvenes, que no hallan en sus vidas un horizonte laboral digno. Destrozadas así las posibilidades de negociación colectiva, arrinconado el ideal de una democracia industrial, habremos vuelto a un tiempo lejano y oscuro en donde, el amo, el patrón, tenía todo el poder y la legislación de su parte mientras que el trabajador, indefenso y resignado, para conseguir un empleo, precario y mal retribuido, sólo podía decir “Si, mi amo; sí, mi patrón”, tal y como ocurría en siglos pasados. Lamentable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 13 julio 2014)

 

REDUCIR IMPUESTOS: UN DOGMA NEOLIBERAL

 

     La reciente decisión del Gobierno y en particular del ministro Montoro relativa a la bajada de los impuestos para 2015 tiene un doble propósito: electoral en la forma y engañoso en el fondo. No hay más que ver la fecha de su aplicación (previa a los comicios previstos para el próximo año) y, también, los nuevos tipos de tributación que contempla aplicables a las indemnizaciones por despido, al alquiler, a los dividendos o a los planes de pensiones. Nuevamente, el Gobierno de Rajoy intenta ser el alumno más aventajado de la clase en lo que a la aplicación de medidas neoliberales se refiere como es la bajada de impuestos, aunque oculta que esta reducción a quien realmente beneficia, como siempre, es a las rentas más altas que, una vez más, capean airosamente los escollos de la crisis económica en la que tantas vidas, esperanzas y economías domésticas han naufragado.

     La reducción de impuestos, convertida en un auténtico dogma de fe neoliberal desde que fue puesto en marcha por los gobiernos de Reagan y Tatcher a comienzos de los años 80, responde a un momento en que, tras la pérdida de credibilidad de las políticas socialdemócratas y keynesianas, unido al fracaso del modelo de planificación económica de los países del llamado socialismo real del Este, la derecha económica actualizó, desde las ideas de Milton Friedman o Friedrich Hayek, los principios liberales clásicos: es lo que conocemos como neoliberalismo, doctrina contraria al Estado de Bienestar (al cual considera incompatible con el progreso económico) y que propugna la reducción del papel del Estado en beneficio de una economía de mercado desregulada, la misma que nos ha conducido a esta crisis global que padecemos. Esta doctrina económica, como hemos comprobado en estos años, pretende igualmente reducir el gasto público y los impuestos con el pretexto de que ello reactiva la iniciativa privada y la inversión, cuando, en realidad ha producido consecuencias negativas como la eliminación de las políticas sociales, el gradual desmantelamiento del Estado del Bienestar y el abandono del objetivo del pleno empleo.

     La reducción de impuestos fue aplicada por Reagan por primera vez en 1981 con su “teoría de la oferta” puesta en marcha por David Stockman, el director de la Oficina de Presupuesto de los EE.UU. Igual hizo el gobierno de Margaret Tatcher, el cual realizó una política de privatizaciones que desmantelaron el sector público británico y supusieron unos grandes costes sociales. Con ello, el neoliberalismo dinamitó la idea de  la economía capitalista de mercado con el compromiso social de ampliar y mantener un Estado de Bienestar de corte socialdemócrata de tan exitosos resultados desde el final de la II Guerra Mundial.

     El dogma neoliberal tuvo numerosos seguidores que aplicaron seguidamente este tipo de políticas. Así lo hizo en Alemania, desde 1982, la coalición cristianodemócrata-liberal o Francia, donde el conservador Jacques Chirac  impulsó a partir de 1986 una política de privatizaciones, favoreció el despido laboral y, por supuesto, suprimió el impuesto a las grandes fortunas creado por el anterior gobierno socialista de Miterrand, un gobierno que, no obstante, ya había iniciado un giro social-liberal que sería seguido posteriormente por otros partidos socialistas y socialdemócratas europeos como el Nuevo Laborismo de Tony Blair o la Tercera Vía del SPD de Gerhard Schröder.

     A esta deriva social-liberal no ha estado ajena España: desde la época de los ministros socialistas Boyer y Solchaga, defensores de la ortodoxia liberal y monetaria, a las reducciones de impuestos de los gobiernos de Aznar  y, también de Zapatero, quien cometió el dislate de afirmar que “bajar los impuestos es de izquierdas”, afirmación que dinamitaba la progresividad fiscal, una de las ideas fundamentales de la socialdemocracia. De hecho, los grandes recortes del gasto público en España son consecuencia directa de esas temerarias bajadas de impuestos pues, como señalaba Vicenç Navarro, “la congelación de las pensiones, la reducción de los salarios públicos y del gasto público podrían haberse evitado  si no se hubieran recortado los impuestos del IRPF, llevados a cabo por Rato y después por Solves, ni se hubieran eliminado los impuestos sobre el Patrimonio, ni se hubieran hecho otras reformas fiscales regresivas, que han significado una enorme merma de los ingresos del Estado”.

     En la actualidad, el PP retoma su programa económico inicial que contempla sustanciales recortes de impuestos, algo en lo que, por cierto, coincide plenamente con  el Gobierno de Artur Mas pues, al margen de diferencias políticas, a la derecha española y a la catalana, les une un mismo dogma neoliberal. En esta misma línea hay que entender los denodados intentos de privatizar la Sanidad pública y las incipientes propuestas de, imitando lo hecho en su día por el gobierno de Pinochet en Chile,  que piden la  privatización total de las pensiones públicas.

    Frente a las interesadas bajadas de impuestos, tan demagógicas como ineficaces para reactivar la economía y mantener el Estado de Bienestar, la socialdemocracia debe contraponer con energía y convicción una auténtica política de progresividad fiscal que priorice los impuestos directos. Ante la actual hegemonía neoliberal, la socialdemocracia sólo tendrá futuro si profundiza en una democracia participativa y enarbola de nuevo la lucha contra las desigualdades, tal como recoge la Red por la Justicia Fiscal Global con objeto de potenciar el Estado Social Europeo y, por supuesto, el mantenimiento de los servicios públicos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 junio 2014)

 

UNA DEVASTACIÓN SOCIAL

 

     En medio de un océano neoliberal embravecido, con la amenaza del fascismo xenófobo emergente y una socialdemocracia desnortada y en demasiadas ocasiones claudicante, la nave del ideal de progreso y solidaridad que debía simbolizar la Unión Europea parece zozobrar ante las graves vías de agua abiertas en su estructura.

     En medio de esta tempestad, de tanto marasmo,  algunos políticos dejan oír su voz. Este es el caso de Oskar Lafontaine dirigente de Die Linke (La Izquierda), el partido político surgido en 2007 tras la unión de una escisión del ala izquierda del SPD alemán y los excomunistas del PDS de la antigua República Democrática Alemana (RDA). Lafontaine, en 1998, siendo entonces ministro de Finanzas del Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröeder ya había advertido del peligro que suponía la introducción del euro “sin contar con un gobierno económico europeo y, sobre todo, sin una política salarial coordinada”, era de la opinión de que, sin estas medidas complementarias, la Zona Euro “se volvería a desintegrar”. Por esta razón, Lafontaine fue el único político socialdemócrata que, hace ya 15 años reclamaba con firmeza la regulación de los mercados financieros internacionales así como que se pusiera fin a las especulación monetaria proponiendo una zona de tipos de cambio límites y el control de los flujos de capital.

     En esta misma línea, el pasado 25 de septiembre, Lafontaine pronunció en Munich una conferencia en la que, bajo el título de “Los mercados financieros desatados: un análisis del capitalismo moderno” fijaba la posición de un auténtico socialdemócrata ente lo que ya resulta una obviedad: la dictadura de los mercados sobre la vida política, económica y social.  De entrada, define al capitalismo como “un orden económico que se caracteriza por una alta productividad y una distribución desigual”. Enlazando con la actual crisis sistémica, nos recuerda la afirmación de Lenin según la cual “para destruir la sociedad civil hay que devastar su sistema monetario” y es eso precisamente lo que está sucediendo y sus efectos resultan demoledores.

     Esta devastación del orden social (entiéndase, del actual Estado del Bienestar), hace que la sociedad civil pierda sus valores además de agudizar los modelos de distribución injusta y desigual impulsados por el ardoroso entusiasmo de las políticas neoliberales. Semejante temporal está barriendo cualquier principio de justicia equitativa, ideal que durante décadas se cimentaron las sociedades más modernas y avanzadas. Lafontaine lo expresa nítidamente al señalar que “a los peces pequeños se les persigue, los grandes salen impunes” y, a estos últimos, excepto contadas ocasiones, se les jubila con lo que denomina “paracaídas dorados”: la imagen de los directivos bancarios y sus prácticas carentes de toda ética  nos viene de inmediato a la memoria. Frente a esta evidencia, y para frenar el creciente incremento de las desigualdades sociales, como buen socialdemócrata enarbola la bandera de la progresividad fiscal para que las consecuencias de la crisis no pesen sobre los sectores populares sino “sobre los más ricos en forma de un impuesto millonario a nivel europeo”.

     Y la devastación social no queda ahí pues como bien sabemos en España, está socavando los cimientos de la democracia dado que las imposiciones económicas externas están inhabilitando, de hecho, la soberanía de los gobiernos y parlamentos electos. Sólo tenemos que recordar cómo se modificó el artículo 135 de nuestra Constitución ante las exigencias de la Troika. Esta situación nos recuerda lo que, en un lejano año de 1906, decía Theodore Roosevelt: “Detrás del Gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna a la gente. La primera tarea del arte de gobernar es destruir este gobierno invisible”.

     Otra consecuencia dramática de esta devastación social es el creciente empleo y la depauperación económica, especialmente en los países del sur de Europa como es nuestro caso. Ello, como recordaba Lafontaine, supone “una notable pérdida de libertad”, entendiendo por tal el derecho de cada persona de disponer, dentro de unos límites, de una total autonomía, una libertad que no tiene quien no sabe si llegará a final de mes, si mantendrá su empleo, si podrá alimentar a su familia. Es por ello que, para Pierre Bourdieu, “la libertad consiste en dominar y planificar la vida, las circunstancias vitales”, tema que analiza David Graeber en su libro En deuda en el que se estudia en profundidad la interrelación entre las deudas y la libertad. Ahí está el triste panorama del incierto futuro laboral de nuestra juventud que sufre un paro lacerante del 56% en España y que en Grecia alcanza el 63 %, una juventud que ve bloqueados todos sus proyectos de vida, su libertad en definitiva.

     Ante tanta devastación social Lafontaine es claro y contundente: las fuerzas políticas progresistas deben de imponer una nueva arquitectura financiera mundial que permita una estricta regulación del sector bancario. Sólo así se podrá poner freno a los enormes daños causados a la economía real, a los valores de las sociedades democráticas,    a la vida y la libertad de los ciudadanos. Un reto en el cual la izquierda se juega su credibilidad y futuro como alternativa creíble y efectiva frente a la devastación neoliberal que padecemos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 febrero 2014)