Economía global

UNA DEVASTACIÓN SOCIAL

 

     En medio de un océano neoliberal embravecido, con la amenaza del fascismo xenófobo emergente y una socialdemocracia desnortada y en demasiadas ocasiones claudicante, la nave del ideal de progreso y solidaridad que debía simbolizar la Unión Europea parece zozobrar ante las graves vías de agua abiertas en su estructura.

     En medio de esta tempestad, de tanto marasmo,  algunos políticos dejan oír su voz. Este es el caso de Oskar Lafontaine dirigente de Die Linke (La Izquierda), el partido político surgido en 2007 tras la unión de una escisión del ala izquierda del SPD alemán y los excomunistas del PDS de la antigua República Democrática Alemana (RDA). Lafontaine, en 1998, siendo entonces ministro de Finanzas del Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröeder ya había advertido del peligro que suponía la introducción del euro “sin contar con un gobierno económico europeo y, sobre todo, sin una política salarial coordinada”, era de la opinión de que, sin estas medidas complementarias, la Zona Euro “se volvería a desintegrar”. Por esta razón, Lafontaine fue el único político socialdemócrata que, hace ya 15 años reclamaba con firmeza la regulación de los mercados financieros internacionales así como que se pusiera fin a las especulación monetaria proponiendo una zona de tipos de cambio límites y el control de los flujos de capital.

     En esta misma línea, el pasado 25 de septiembre, Lafontaine pronunció en Munich una conferencia en la que, bajo el título de “Los mercados financieros desatados: un análisis del capitalismo moderno” fijaba la posición de un auténtico socialdemócrata ente lo que ya resulta una obviedad: la dictadura de los mercados sobre la vida política, económica y social.  De entrada, define al capitalismo como “un orden económico que se caracteriza por una alta productividad y una distribución desigual”. Enlazando con la actual crisis sistémica, nos recuerda la afirmación de Lenin según la cual “para destruir la sociedad civil hay que devastar su sistema monetario” y es eso precisamente lo que está sucediendo y sus efectos resultan demoledores.

     Esta devastación del orden social (entiéndase, del actual Estado del Bienestar), hace que la sociedad civil pierda sus valores además de agudizar los modelos de distribución injusta y desigual impulsados por el ardoroso entusiasmo de las políticas neoliberales. Semejante temporal está barriendo cualquier principio de justicia equitativa, ideal que durante décadas se cimentaron las sociedades más modernas y avanzadas. Lafontaine lo expresa nítidamente al señalar que “a los peces pequeños se les persigue, los grandes salen impunes” y, a estos últimos, excepto contadas ocasiones, se les jubila con lo que denomina “paracaídas dorados”: la imagen de los directivos bancarios y sus prácticas carentes de toda ética  nos viene de inmediato a la memoria. Frente a esta evidencia, y para frenar el creciente incremento de las desigualdades sociales, como buen socialdemócrata enarbola la bandera de la progresividad fiscal para que las consecuencias de la crisis no pesen sobre los sectores populares sino “sobre los más ricos en forma de un impuesto millonario a nivel europeo”.

     Y la devastación social no queda ahí pues como bien sabemos en España, está socavando los cimientos de la democracia dado que las imposiciones económicas externas están inhabilitando, de hecho, la soberanía de los gobiernos y parlamentos electos. Sólo tenemos que recordar cómo se modificó el artículo 135 de nuestra Constitución ante las exigencias de la Troika. Esta situación nos recuerda lo que, en un lejano año de 1906, decía Theodore Roosevelt: “Detrás del Gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna a la gente. La primera tarea del arte de gobernar es destruir este gobierno invisible”.

     Otra consecuencia dramática de esta devastación social es el creciente empleo y la depauperación económica, especialmente en los países del sur de Europa como es nuestro caso. Ello, como recordaba Lafontaine, supone “una notable pérdida de libertad”, entendiendo por tal el derecho de cada persona de disponer, dentro de unos límites, de una total autonomía, una libertad que no tiene quien no sabe si llegará a final de mes, si mantendrá su empleo, si podrá alimentar a su familia. Es por ello que, para Pierre Bourdieu, “la libertad consiste en dominar y planificar la vida, las circunstancias vitales”, tema que analiza David Graeber en su libro En deuda en el que se estudia en profundidad la interrelación entre las deudas y la libertad. Ahí está el triste panorama del incierto futuro laboral de nuestra juventud que sufre un paro lacerante del 56% en España y que en Grecia alcanza el 63 %, una juventud que ve bloqueados todos sus proyectos de vida, su libertad en definitiva.

     Ante tanta devastación social Lafontaine es claro y contundente: las fuerzas políticas progresistas deben de imponer una nueva arquitectura financiera mundial que permita una estricta regulación del sector bancario. Sólo así se podrá poner freno a los enormes daños causados a la economía real, a los valores de las sociedades democráticas,    a la vida y la libertad de los ciudadanos. Un reto en el cual la izquierda se juega su credibilidad y futuro como alternativa creíble y efectiva frente a la devastación neoliberal que padecemos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 febrero 2014)

 

 

LA TROIKA NOS TRINCA

 

La Troika, ese entente formado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, cual si de los nuevos jinetes de la Apocalipsis se tratara, avasalla nuestros derechos laborales y sociales y comete un auténtico golpe de estado contra la soberanía económica de las naciones que, como es el caso de España, se hallan empantanadas en una crisis global de incierta salida. Y es que, en medio de tan sombrío panorama, resultado, como señalaba Susan George,  a la convergencia simultánea de varias crisis (económica-financiera, ecológica y alimentaria), hay que sumar una crisis también democrática ya que, en el marasmo actual, los poderes económicos, que no han sido elegidos por los ciudadanos, son los que fijan las reglas del juego. Todo ello hace que la Troika se convierta en un poder omnímodo que, con sus políticas, está desmantelando los principales logros sociales de la Unión Europea.

Pero nada de esto es nuevo. La Troika, amparada en los vientos conservadores que soplan en Europa, se mantiene fiel a la política desarrollada por el FMI y el Banco Mundial (BM) desde que ambas instituciones financieras internacionales surgieron en la Conferencia de Bretton Woods (julio 1944) convocada por el presidente norteamericano Roosevelt con objeto de crear un nuevo orden económico internacional (capitalista, desde luego) cuando la II Guerra Mundial  entraba en su fase final. Desde entonces, el FMI-BM se convirtieron en los prestamistas de recursos financieros  no sólo para la reconstrucción de la Europa devastada por la guerra, sino para los países en vías de desarrollo.  Pero, a partir de la crisis petrolífera de 1973 y de la crisis de las deuda de principios de los años 80, la concesión de los créditos quedó condicionada a la previa implantación de duros programas de ajuste estructural por parte de los Estados, a los cuales se exigían severas medidas de disciplina fiscal (reducción gasto público, liberalización financiera y comercial, política de privatizaciones). Esta política ultraliberal, conocida como “El Consenso de Washington”, suponía la consagración de los cuatro dogmas de la ortodoxia neoliberal: la estabilidad presupuestaria, la liberalización, la privatización y la desregulación de los mercados financieros.

Estas políticas, aplicadas durante décadas por el FMI-BM en los países en vías de desarrollo, son las mismas que ahora impone la Troika a los países de la UE con dificultades y que han tenido unos resultados nefastos. De hecho, no sólo no favorecen el crecimiento económico, sino que debilitan los elementos de cohesión social y, con ello, aumentan las desigualdades sociales. Es por ello que la Troika ha alcanzado una excesiva capacidad de influencia (y de decisión) sobre las políticas económicas de los Estados soberanos a los que les imponen su rampante programa neoliberal.

Las recetas macroeconómicas que la Troika nos exige son conocidas: desmantelamiento del sector público, privatizaciones, una mayor flexibilidad laboral y una fiscalidad regresiva (aumento de los impuestos indirectos como el IVA en vez de potenciar una fiscalidad progresiva basada en los impuestos directos tales como el IRPF o el de Sociedades), además de otras medidas tendentes a debilitar, cuando no desmantelar, la educación y la sanidad pública así como la reducción de los subsidios. Por todo ello, la Troika simboliza hoy en día el paradigma extremo de la ideología ultraliberal.

Ante semejante panorama, los gobiernos europeos doblan la rodilla. Este es el caso de España donde, como recordaba Pablo Iglesias Turrión, “los partidos por-Troika”, esto es, el PP y el PSOE, se han aprestado en todo momento a cumplir “diligentemente” sus órdenes y, por ello, reformaron la Constitución para limitar nuestra soberanía económica, y aplicaron reformas laborales contrarias a los intereses de los trabajadores. Pero la Troika es insaciable y, asumiendo el último informe del FMI, propone ahora como solución a los problemas económicos de los españoles la reducción de un 10 % de los salarios. Eso dice el FMI, cuya directora, Christine Lagarde, cobra 380.000 euros anuales, y en una España que, como recordaba el economista francés jean Paul Fitoussi, se ha producido una caída de los salarios que “no se ha visto nunca en los tiempos modernos en un país desarrollado”.

Ante semejante agresión, una más, de las políticas de la Troika,  el economista Juan Torres nos insta a rebelarnos ante un programa económico que se nos impone y que está generando auténticos crímenes económicos contra la Humanidad y ante los que, consecuentemente, debemos pedir responsabilidades a sus dirigentes y directivos y exigir una legislación y unos tribunales internacionales que los investiguen y juzguen cuanto antes.

Frente a la resignada claudicación de los gobiernos europeos ante los dictados del FMI en su versión Troika, hallamos el contraste de los gobiernos de izquierdas de América Latina, los cuales se han opuesto de forma tajante a la dictadura neoliberal. Este es el caso de Ecuador, donde el presidente Rafael Correa optó valientemente por la dirección contraria: subió los impuestos a los ricos y a los bancos lo cual duplicó la recaudación tributaria, logró la gratuidad plena de la sanidad y la educación y elevó los salarios reales.

Ante esta Troika que nos trinca derechos y recursos, la única solución, además de una oposición frontal a estas políticas antisociales, pasa por exigir una transformación radical de las instituciones financieras internacionales, democratizando su funcionamiento y exigiendo que se revisen (y en su caso se anulen) las condiciones de política económica y ajustes estructurales en función de los efectos sociales negativos que de ellos pudieran derivarse. Es difícil doblegar a los amos de la economía global, pero resulta imprescindible para garantizar una sociedad más justa, libre y cohesionada.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 septiembre 2013)

FASCISMO SOCIAL

 

     En la renacentista ciudad italiana de Ferrara, la cuna de Savonarola y de Ariosto, en cuya Universidad estudiaron Paracelso y Copérnico, se dice que era tanto su nivel cultural que, en las batallas contra las ciudades vecinas, las bombardas de Ferrara no arrojaban vulgares piedras sobre sus enemigos, sino pulidos bloques de mármol: eran igual de mortales, pero era un arma refinada, propia de la que fue considerada como la primera ciudad moderna de Europa. Así son también los efectos sociales de las medidas de ajuste neoliberal implantadas tan diligentemente por Rajoy: impecablemente democráticas gracias al peso de su mayoría absoluta parlamentaria, pero tan letales  para la cohesión y la justicia social como las bombardas de Ferrara.

     Ante esta situación, Iñaki Gabilondo recordaba hace unos días que, tras la hecatombe financiera, los ciudadanos, convertidos en “súbditos de los mercados”, vivimos en un régimen que no duda en calificar como “una dictadura muy particular disfrazada con los ropajes de la democracia” Puede parecer muy dura esta expresión pero no por ello deja de ser menos cierta.

     En esta línea,  el prestigioso sociólogo Boaventura de Sousa Santos emplea el término de “fascismo social”,  el cual avanza en las “democracias de baja intensidad”, en aquellas que, según Huntington, el nivel de participación popular es inferior al del nivel de institucionalidad, lo cual produce graves déficits democráticos y genera lo que Lechner define como “minorías consistentes” que, cual nuevas oligarquías, usurpan el espacio que corresponde a la ciudadanía. En consecuencia, se trata de sociedades formalmente democráticas, pero “socialmente fascistas” que, aunque no tienen los mismos rasgos que los movimientos totalitarios del pasado siglo XX, suponen un peligro real para la democracia. Por ello, Sousa Santos define al fascismo social  como “un régimen social que combina la democracia de muy baja intensidad con dictaduras plurales en las relaciones sociales, económicas y culturales”. Tal es así que los ciudadanos somos formalmente libres, pero la realidad nos ha convertido en siervos, hasta el punto de que algunos autores hablan de un “neofeudalismo”, tanto en cuanto los grupos sociales dominantes adquieren un creciente poder sobre la vida las expectativas (personales y laborales) de los ciudadanos y de los grupos sociales oprimidos. En este sentido, Sousa Santos habla de un “fascismo de la inseguridad”, entendiendo por tal la “manipulación discrecional de las seguridad de las personas y los grupos sociales debilitados por la precariedad del trabajo” (ahí están las regresivas reformas laborales) que generan en los trabajadores elevados niveles de ansiedad e incertidumbre hacia el futuro, o el “fascismo contractual”, el que afecta a los contratos de trabajo, derivado de la creciente disparidad entre las partes que hace que la parte débil (el trabajador) acepte, “por onerosas y despóticas que sean, las condiciones impuestas por la parte poderosa” (el empresario)”:  constantes rebajas salariales, creciente incumplimiento de los convenios y, también, las consecuencias derivadas de los procesos de privatización de servicios públicos.

     Pero de los diversos ámbitos en que opera el fascismo social, el más peligroso, virulento y global es el “fascismo financiero”, cuyo exponente es la economía de casino  y el ilimitado poder alcanzado por los sectores financieros y que, como señalaba Juan Carlos Monedero, puede destruir las economías y las expectativas sociales de países enteros. Para ello cuenta con la ayuda inestimable de las agencias de rating, empresas internacionalmente reconocidas para evaluar la situación financiera de los estados y los riesgos y oportunidades que ofrecen a los inversores extranjeros. Estas agencias, que no fueron elegidas por nadie y que manejan criterios arbitrarios para cuantificar el nivel de riesgo de los estados y, que, sin embargo, en las democracias de baja intensidad, como es el caso de España, se obedecen sus dictados “con más fidelidad que a una sentencia de la Corte Constitucional”.

     La punta de lanza del fascismo financiero está enarbolada por estas agencias (Moody’s, Standard & Poors, Fitch), con un poder que puede provocar el estrangulamiento financiero de países como Grecia, o serias dificultades para salir de la sima de la crisis, como le sucede a Portugal o España. Es por ello, que, de nuevo Sousa nos advierte que, mientras el capitalismo financiero siga “resolviendo” la crisis que él mismo ha generado, “las agencias de rating seguirán siendo sus armas de destrucción masiva”.

     A todo lo dicho, una nueva amenaza se cierne en el horizonte. Se trata del proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que, aunque paralizado temporalmente, supone el programa de máximos del fascismo financiero. De este modo, en el ámbito de la OCDE y promovido por los EE.UU. y la UE,  el AMI pretende que los países concedan  idéntico trato  a los inversores extranjeros y a los nacionales, prohibiendo tanto los obstáculos específicos a las inversiones extranjeras como los incentivos o subvenciones al capital nacional. En consecuencia, ello supondría la prohibición de las medidas estatales contrarias a las multinacionales con prácticas comerciales ilegales, además de prohibir las políticas nacionales que pretendan restringir la fuga de capitales hacia zonas con menores costes laborales. De este modo, el capital puede deshacer cualquier resistencia obrera o sindical y, con ello, “confiscar la deliberación democrática”, en beneficio de un auténtico fascismo social.

     Ante semejante espectro, sólo hay dos alternativas: aceptar sin reparos esta sutil dictadura, o emprender la ardua labor de refundar los valores y los cimientos de nuestra democracia y del Estado social. Una tarea larga y dura, pero imprescindible e inaplazable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en:  El Periódico de Aragón, 18 marzo 2013)

 

RECUPERAR LA UTOPÍA

 

     En estos tiempos aciagos en que las adversidades nos acosan, necesitamos recuperar la fuerza y la esperanza, retomar una dosis de utopía necesaria para hacer frente a las adversidades y avanzar hacia un futuro mejor y más justo, ese futuro que los poderes económicos dominantes nos niegan. Es por ello que resulta recomendable la lectura de los utopistas clásicos, no desde la nostalgia, sino desde una perspectiva actual y aplicada a nuestra realidad inmediata.

     El término “utopía”, divulgado por Tomás Moro en su célebre obra de idéntico nombre,  hace referencia a “un lugar que no existe”, a algo que no es real, pero que sin embargo debiera de serlo porque se imagina como una meta deseable en la búsqueda de un modelo de sociedad ideal.  Por esta razón, las utopías siempre han sido subversivas pues, al contrastar la realidad con el ideal utópico, ponen en evidencia las injusticias del presente. En consecuencia, como señalaba Luís Gómez Llorente, recientemente fallecido, las utopías son el “escalón previo” de proyectos ideológicos progresistas y, por ello, la esperanza de los oprimidos de que un futuro mejor es posible rompiendo así el férreo dogal que en todo tiempo y lugar nos imponen los poderes económicos dominantes.

     En medio de la tempestad desatada por la actuación de  Luis Bárcenas y sus efectos “sobre-cogedores”, es  necesaria la utopía de unos gobernantes que, como señalaba Platón en La República, sean sobrios, austeros, sin otro interés que el bien común y limpios de comportamientos corruptos. Necesitamos la utopía de un nuevo modelo económico que ponga fin al desmedido afán de riqueza, tan inmoral como nefasto, que ha sido el causante de la actual crisis global, a esa “diabólica serpiente” de la codicia a la que se refería Moro, el cual realizó un certero análisis de los males sociales de su época, los cuales arrancaban de una organización económica injusta, de la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, razón que explica sus críticas a la nobleza ociosa y a los banqueros y exalta a los trabajadores, a las clases humildes, que son el sustento real de la sociedad y del Estado. Como advertía en el s. XIX  el socialista fabiano británico William Clarke, el “capitalismo salvaje” tiende “a la crueldad y a la opresión con tanta seguridad como el feudalismo o la esclavitud”, y no podemos permitir que el reloj de la historia retroceda a tiempos tan nefastos para la dignidad del ser humano. Por ello, otro ideal utópico sería el de recuperar el papel del Estado, actualmente convertido en mero títere de “los mercados”, para que, como señalaba Marx y  nos recuerda Sousa Santos, sea un elemento decisivo en la transformación más justa de la sociedad.

     Frente a los derechos constitucionales que, como es el caso del trabajo, la vivienda o los derechos sociales están siendo constantemente vulnerados, también necesitamos recuperar la utopía. Fue la Federación Socialdemócrata británica la que reivindicó en el s. XIX el derecho a un trabajo digno y cuya garantía era exigible a los poderes públicos. Este es un derecho más necesario  que nunca, ahora que la crisis la están soportando con una intensidad brutal las rentas del trabajo, mientras que, por el contrario,  las rentas del capital se están lucrando en medio de la actual recesión y fiasco económico-financiero. En cuanto a las constantes reducciones salariales, tanto en el sector público como en el privado, sería necesario aplicar la Ley contra el envilecimiento de los salarios propugnada por el Frente Popular español en 1936 mediante la cual no sólo se pretendía evitar la depreciación de éstos por parte de los patronos, sino que instaba a las instancias judiciales a actuar de oficio para evitarlo.

     Y qué decir del acoso al que se somete a la educación y  la sanidad pública, elementos esenciales y vertebradores de toda sociedad avanzada y progresista, los cuales están siendo desmantelados en aras a descarados intereses económicos. Deberíamos recordar a Étienne Cabet quien en su obra Viaje a Icaria (1842), su modelo de sociedad ideal,  ponía especial énfasis en la existencia de un servicio sanitario para todos. Por su parte, Tomás Moro señalaba cómo “los utópicos tienen una especial consideración para sus enfermos, a los que cuidan en hospitales públicos […] por lo que los enfermos, aunque sean muchos, nunca tienen que sufrir  escaseces ni privaciones” y, en cuanto al trato que éstos reciben, Moro indicaba que, en aquella sociedad ideal, “no se ahorra nada de lo que pueda ser bueno para lograr su curación, sean alimentos o medicinas”. Ciertamente, la Utopía de Moro no parece ser el libro de lectura de los gobernantes-privatizadores del PP como es el caso de Dolores Cospedal o de Fernández-Lasquetty, el polémico Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

     En esta crisis global existen serios riesgos de que repunten peligrosos populismos demagógicos derechistas, desde el berlusconismo hasta los diversos (y siniestros) rostros de la xenofobia y el fascismo: ahí está  la grave amenaza que supone el partido neonazi Amanecer Dorado para el futuro político de Grecia. Frente a estos riesgos que pueden hacer tambalear los cimientos de las democracias occidentales, es cuando más necesaria resulta la defensa de los ideales de la justicia social y la solidaridad, esa solidaridad que Rigoberta Menchú definió poéticamente como “la ternura de los pueblos”. Y, por ello, es necesario recuperar los ideales, la utopía, para hacer frente a un adverso presente y aunar la fuerza necesaria para conquistar un futuro que se nos adivina incierto. Sólo así mantendremos vivo el anhelo recogido en la frase final de la Utopía de Tomás Moro, obra que el próximo año 2018 cumplirá el quinto centenario de su publicación: “Confesaré con sinceridad que en la república de Utopía hay muchas cosas que deseamos, más que confiamos, ver en nuestras ciudades”. Y por ello, hemos de esforzarnos por hacerlas posibles.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 enero 2013)

 

LA SENTINA (FINANCIERA) SUIZA

 

     El Diccionario de la Real Academia Española define “sentina” como “un lugar lleno de inmundicias y mal olor”,  allí “donde abundan o se propagan los vicios”. Traigo a colación este término porque quiero asociarlo a Suiza, ese idílico país alpino que, convertido en el mayor paraíso fiscal del mundo, acumula en sus bancos el dinero (inmundo) de multitud de defraudadores, evasores de impuestos, así como los bienes expoliados por tiranos y dictadores diversos, además del dinero procedente del crimen organizado y, especialmente,  del narcotráfico.

     La tradición de Suiza como “lavadora” mundial del dinero negro de tan diversas procedencias  viene de lejos. Recordemos, por ejemplo, el indigno papel desempeñado por el país helvético durante la II Guerra Mundial al “blanquear” el inmenso botín obtenido por los nazis en su saqueo de los países de la Europa ocupada y del expolio al que fue sometido el pueblo judío condenado al holocausto. La lectura de los excelentes libros de Jonathan Díaz y de Ramón J. Campo sobre el tránsito del oro nazi por la estación de Canfranc durante los años de la contienda, resulta reveladora. Gracias a ellos no sólo se conoce una página oculta de nuestra historia, sino, también el papel destacado que en el mismo tuvo el franquismo. En consecuencia, Suiza proporcionó a Alemania ingentes cantidades de francos suizos a cambio del oro expoliado por los nazis a para la compra de las materias primas necesarias para el esfuerzo de guerra hitleriano, entre ellas,   el wolframio que le proporcionaba Franco, vital para el blindaje de sus tanques. A cambio, Suiza obtuvo toneladas de oro que, para ocultar su oprobiosa procedencia, refundió en nuevos lingotes y los blanqueó añadiéndoles las iniciales CH de la Confederación Helvética. Finalmente, los francos suizos que Alemania entregó a los países abastecedores de suministros y materias primas, fueron recomprados de nuevo por Suiza a cambio de los lingotes de oro “lavados” con las siglas CH, un oro que acabó en Sudamérica, Portugal y, también en España, cuyo régimen participó en tan perverso mecanismo financiero por medio del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME).

     Acabada la guerra, se juzgó a los criminales nazis, pero nunca se tomaron  medidas  contra Suiza, que fue un soporte financiero vital para la barbarie nazi que, de este modo, pudo prolongar la guerra con los efectos devastadores y la puesta en marcha del holocausto judío. Por ello, y enlazando con el presente, Suiza merece el calificativo de sentina, al ser un refugio del dinero negro, conectado con el sistema financiero internacional, razón por la cual Ignacio Escolar lo calificaba como “un estado criminal” ya que “vive de estafarnos a los demás, pero no recibe castigo alguno porque son nuestros gobiernos y las élites financieras de nuestros países quienes se lucran de este negocio inmoral” ,sin que este “idílico” país haya sido denunciado por ello ante la Corte Penal Internacional.

     Recientemente, Vicenç Navarro se hacía eco de una noticia que publicó The New York Times relativa a una lista de 569 españoles que contaban con cuentas ocultas en el banco suizo HSBC. Todos ellos, con su actitud, dan un ejemplo deplorable en estos momentos en que se nos pide a todos “arrimar el hombro” (fiscalmente) para salir de la actual crisis económica. Todos ellos, se hallan muy lejos de aquellos otros empresarios que, como ocurre en Alemania, Francia o Estados Unidos, piden a sus gobernantes que les suban los impuestos a ellos, a los más ricos, por un elemental sentido de responsabilidad o, si se quiere, de verdadero patriotismo.

     Pero el poder de Suiza es grande y presiona para que su privilegiado status bancario se mantenga inalterado. Recordemos el caso de Hervé Falciani, el empleado del banco HSBC que desveló los datos de miles de defraudadores de dicha entidad y que, refugiado en España, se halla encarcelado pendiente de extradición al país helvético acusado de “vulneración del secreto bancario”, un delinto que no existe en el ordenamiento jurídico español, o el procesamiento del periodista griego Kostas Vaxevanis por desvelar los nombres de 2.059 delincuentes con cuentas en Suiza para evadir impuestos. Tampoco debe pasarnos desapercibidas las gestiones de Didier Burkhalter, ministro de Asuntos Exteriores suizo quien, en su visita del pasado 8 de octubre, ofreció al Gobierno de Rajoy una oferta para garantizar la privacidad de los españoles que disponen de cuentas en su país: es el llamado Acuerdo Rubik, mediante el cual el Estado cobraría una cantidad de dinero a cambio del silencio y tranquilidad de sus clientes, cuyos nombres no serían revelados. De este modo Suiza pretende impulsar acuerdos bilaterales como los firmados con Austria, Reino Unido y Alemania, con los Gobiernos de la Europa del Sur (Grecia, Portugal y España), aquellos que precisamente están sufriendo con mayor intensidad el azote de la crisis y que padecen un enorme fraude y evasión fiscal.

     Mientras estas cosas sucedan y se consientan, Suiza seguirá siendo una sentina financiera que acoge a todo tipo de defraudadores, al dinero negro de la más diversa procedencia. Y es que, ya lo dijo Aznar, uno de estos patriotas-defraudadores,  al reconocer que “los ricos no pagan impuestos en España”. Y, ciertamente, con la ayuda impagable de Suiza, esta afirmación es una triste y dolorosa verdad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 diciembre 2012)

AUSTERICIDIO

 

     La dimensión y calado de la actual crisis global, no sólo está deteriorando nuestro modelo social y la esencia de nuestra democracia, sino que también nos está cambiando a nosotros, a los ciudadanos de a pie: percibimos que hemos retrocedido en nuestro nivel de vida, que la realidad presente nos está empobreciendo, y sentimos un fundado temor ante lo que un incierto futuro nos pueda deparar. Hemos cambiado (a peor) nuestra percepción de la clase política, convertida en un mero instrumento ejecutor de los dictados de lo que ahora se llama “los mercados”, y que son las fuerzas del capital de siempre, nos hemos indignado con la nefasta gestión de la crisis, con la degradación de nuestra democracia, con la voladura controlada de nuestro Estado de Bienestar. También nuestro lenguaje ha ido cambiando y se ha ido llenando de términos nuevos: descubrimos que la “prima de riesgo” nada tenía que ver con una pariente conflictiva, que el “rescate” financiero no significa la salvación de un país como bien saben los sufridos ciudadanos griegos, que las agencias de calificación de riesgos se descalifican por sí solas dadas sus inmorales y delictivas maniobras especulativas, y empezamos a hablar de “terrorismo y genocidio financiero” y ahí está el escándalo de los desahucios, un auténtico oprobio para el supuesto Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución.

     Entre estos nuevos términos, vinculados a la economía que todo lo envuelve, ha aparecido también el de “austericidio” el cual hace referencia, y bien lo saben los ciudadanos griegos, portugueses o españoles, a los destructivos efectos ocasionados por la aplicación estricta  de las políticas de ajuste y recortes, la letal punta de lanza  de las imperantes políticas neoliberales, unas políticas que, como señalaba Jean Ziegler, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nos quieren hacer creer que son “ la única política posible”, una política destructora que, los hechos lo demuestran,  “sólo se aplica a la clase trabajadora y nunca a los banqueros”.

   El austericidio, que exigió (y consiguió) incluso reformas constitucionales (recordemos la modificación del artículo 135 de nuestra Carta Magna en un nefasto pacto PSOE-PP), está suponiendo unos costes sociales y un cúmulo de sufrimientos que resultan inaceptables en aquellos países donde están siendo aplicados siguiendo los férreos dictados de la Troika (Banco Mundial, FMI y Comisión Europea) y, especialmente, de la canciller Merkel que es la que marca el rumbo económico a una Unión Europea que parece renunciar a construir una auténtica Europa Social. Frente al austericidio se han alzado las voces y los argumentos de Susan George, presidenta de ATTAC, y de diversos economistas críticos con la actual dictadura económica neoliberal como Juan Torres, Vicenç Navarro o Alberto Garzón, todos los cuales han expresado repetidamente cómo el empecinamiento en mantener las actuales políticas de austeridad, sólo están sirviendo para empeorar la ya de por sí grave situación económica y social.

     A estas voces críticas se une Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía quien también ha manifestado repetidamente su rechazo a las políticas de austeridad y de recortes que es aplican en la Eurozona al considerar que conducen a una reducción de la actividad económica (caída del consumo interno, incremento del paro) y ello ahonda la depresión económica. Stiglitz, como Paul Krugman y otros economistas que han recuperado las propuestas de Keynes que sirvieron para salir de la Gran Depresión posterior a 1929,  recuerdan a los gobernantes, hasta ahora sin éxito, que nunca se debe de recortar el gasto público en tiempos de recesión puesto que ello produce efectos letales en los sectores sociales más vulnerables a los embates de la crisis y, como alternativa, proponen políticas de crecimiento basadas en la inversión pública, el incremento del salario mínimo, las prestaciones sociales, la búsqueda del pleno empleo y la lucha contra la desindustrialización. De lo contrario, de mantenerse las políticas de austeridad a ultranza, un negro futuro nos espera y, como advertía Stiglitz, las consecuencias de la crisis serán “largas y severas” , ésta se extenderá a otros países y, para el caso de España,  vaticina “muchos años de crisis” de seguir de forma contumaz con los ajustes.

     Por todo lo dicho, el austericidio, dados los nefastos efectos sociales que ocasiona, puede considerarse como un “crimen económico contra la humanidad”, delito que la Corte Penal Internacional (CPI) define como “cualquier acto inhumano que causa graves sufrimientos o atenta contra la salud mental o física de quien lo sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Este concepto, reactivado como consecuencia de  la actual crisis, ha hecho que las economistas  Lourdes Benería y Carmen Sarasúa reclamen con toda justicia y razón su denuncia  penal ante los tribunales internacionales. En esta misma línea, se ha manifestado igualmente Jean Ziegler al señalar que  los “especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de Nüremberg”, pues son ellos, los culpables de esta crisis sistémica y de los crímenes económicos contra la humanidad que han ocasionado. Y, precisamente por ello, el pasado 24 de julio, un grupo de ciudadanos griegos acudió a la CPI para presentar cargos contra los líderes de la Eurozona y el FMI por “genocidio económico y social”, todo un ejemplo a seguir puesto que, de no hacer frente al austericidio y la violencia estructural que genera, habremos perdido toda esperanza de alcanzar un futuro más justo y solidario.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 noviembre 2012)

 

LOS DÉFICITS DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

 

     En medio del actual marasmo económico, son frecuentes las noticias sobre el Banco Central Europeo (BCE). Son muchas las opiniones que cuestionan la actuación de esta institución presidida por Mario Draghi, expresidente por cierto de la agencia Goldman Sachs para Europa, y cuyo objetivo principal es el de mantener la estabilidad de precios mediante el control de la inflación en el conjunto de los 17 países que han adoptado como moneda oficial el euro. Ello ha llevado al BCE a convertirse en un férreo rector que ha impuesto una rígida política monetarista que, no sólo está ralentizando la ansiada salida de la crisis y la reactivación económica, sino que ha ocasionado unos elevados (y negativos) efectos sociales, especialmente en lo referente a la destrucción de empleo y en el deterioro de las condiciones laborales.

     Somos muchos los que pensamos que el BCE, tan obsesionado con controlar el déficit público de los Estados, tiene en su funcionamiento y actuación otro tipo de déficits, en este caso democráticos, de los que no se habla tanto en la prensa. Durante el referéndum de la frustrada Constitución Europea celebrado en 2005, ya denunciamos estos déficits democráticos del BCE dado que éste carece de los necesarios mecanismos de control y supervisión, especialmente ante el Parlamento Europeo, unos déficits que le concedían un poder prácticamente ilimitado por encima de los poderes e instituciones políticas de la Unión Europea (UE), razón por la cual el economista Santiago Niño alude a  la existencia de un “sistema parcialmente no democrático” en la relaciones entre el BCE y las instituciones comunitarias.

     Pocos han sido los políticos que han denunciado los déficits democráticos del BCE, cuyos dirigentes,  que no han sido elegidos por la ciudadanía, no han dudado en adoptar medidas que condicionan muy negativamente la vida y el futuro de esos mismos ciudadanos. Uno de estos políticos es Oskar Lafontaine, destacado dirigente durante décadas del SPD alemán, partido que abandonó en 2005 ante la deriva del Gobierno de Gerhard Schroeder el cual aprobó reformas regresivas en materia de jornada laboral, del seguro de desempleo, así como recortes en la sanidad y en los derechos de los trabajadores, medidas que suponían una renuncia a los valores e ideario de la socialdemocracia clásica.

     Lafontaine, que por todas estas razones fundó en 2007 un nuevo partido, La Izquierda (Die Linke), es también autor del libro El corazón late a la izquierda (2000), el cual, pese a estar escrito siete años antes de que estallase la crisis global, resulta de candente actualidad en muchas de sus ideas y propuestas. En el mismo, se nos ofrece un análisis de los desmanes del neoliberalismo, así como una crítica de la deriva social-liberal en que habían caído algunos partidos socialdemócratas como la Tercera Vía de Schroeder o el Nuevo Laborismo de Tony Blair. Consecuentemente, Lafontaine lanzaba una serie de propuestas para recuperar y reactivar a la izquierda socialdemócrata, cuya tarea inaplazable es la de hacer frente al neoliberalismo, a la ideología monetarista, y así luchar de forma constante  para lograr una regulación de los mercados financieros internacionales y priorizando, sobre todo,  la lucha contra el desempleo. No obstante, reconocía con amargura que, en su época de Ministro de Finanzas en el Gobierno de coalición SPD-Verdes de Schroeder, fracasó en su tentativa de aumentar la fiscalidad de las empresas y en la de “ganar al BCE para la lucha contra el desempleo”, lo cual motivó su dimisión y posterior abandono del SPD.

     En cuanto al BCE, considera Lafontaine que éste, además de “garantizar la estabilidad de los precios”, uno de sus fines primordiales tal y como se señala en el art. 105 del Tratado de Maastricht, debe, también,  contribuir a los objetivos de la Unión Europea fijados en el art. 2º de dicho Tratado, olvidados permanentemente por la actuación exclusivamente “monetarista” del BCE y que son: “potenciar un alto nivel de ocupación y un elevado índice de protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, un crecimiento constante y no inflacionario, un elevado grado de competitividad y convergencia de las economías, un elevado grado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, el aumento de la calidad de vida y la cohesión económica y social entre los Estados miembros”. Todos estos son, en la actualidad, otros déficits en la labor del BCE ya que, como señalaba Lafontaine,  resulta un grave error que el BCE se limite sus funciones a lograr la estabilidad monetaria, olvidando todos los demás objetivos antes indicados. Por ello, ya entonces,  planteaba una posición política alternativa que, en sus tres líneas esenciales, resulta de total actualidad en el momento presente: en primer lugar, la prioridad del BCE debería de ser el “declarar la guerra al paro” bajando los tipos de interés todo lo que fuera necesario; en segundo lugar, el BCE debería de tener un mayor control democrático por parte de las instituciones de la UE, especialmente por el Parlamento Europeo y, finalmente, debería de rendir cuentas de su actuación públicamente, todo ello con la idea central de rechazar el dogma de fe del neoliberalismo rampante según el cual sólo con el “monetarismo”, se arreglarían todos los problemas económicos que nos acucian.

     Ahora que ya apenas se habla de la Europa Social, ahora que el Estado de Bienestar está siendo acosado y sometido a una voladura controlada de sus logros históricos, resulta más imprescindible que nunca acabar con los déficits del BCE antes indicados,  pues es vital recuperar el ideal de una Europa Social, eje y valor en torno al cual articular una Unión Europea justa, solidaria y al servicio de los ciudadanos, evitando de éste modo que los mercados y la banca nos sigan condicionando y limitando  nuestra democracia. Y para lograrlo, el BCE debe de tener una orientación más social y un funcionamiento más democrático.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 17 julio 2012)

 

 

 

 

RECUPERAR LA BANCA PÚBLICA

 

     Estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de  nuestras políticas sociales que tanto costó conseguir, al  gradual e imparable deterioro del Estado de Bienestar por las medidas de ajuste y austeridad presupuestaria  que nos están siendo impuestas, los cuales cada vez exigen mayores sacrificios y recortes a los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

     Mientras esto ocurre, la banca privada y sus intereses campan sin freno en medio de la profunda crisis que estamos sufriendo. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una potente Banca Pública estatal, aquella que,  lamentablemente, fue desmantelada en España por sucesivos procesos privatizadores  más que discutibles creando  así un vacío  que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por ello, recuperar la Banca Pública es una exigencia común de los partidos de izquierda, de asociaciones como ATTAC, del Movimiento 15-M y de numerosos colectivos sociales.

     Sin embargo, la cuestión de la Banca Pública no es un tema reciente ya que aparece con frecuencia en el pensamiento del socialismo utópico del s. XIX. Este era el caso de Louis Blanc, que consideraba que el Estado debía de ser “el banquero de los pobres” o de Proudhon, que defendía la necesidad de crear un gran Banco Nacional donde el crédito, concedido a un interés muy bajo (“tendente a cero”), estuviese al alcance de todos y cuyo capital procediese de un impuesto sobre la propiedad. Por su parte, también en el Manifiesto Comunista de 1848 se propugna la centralización del crédito por parte del Estado mediante un Banco Nacional único.

     Volviendo al presente, las autoridades políticas, en vez de impulsar una Banca Pública que, con el respaldo del Banco Central Europeo ayudase a acabar con la sequía crediticia y la consiguiente recesión económica, optaron por  la recapitalización de la banca privada, la misma que, con sus prácticas especulativas, ha llevado a la actual crisis global, desarrollando unas acciones de tan negativos efectos sociales que las economistas Lourdes Benería y Carmen Sarasola califican de “crímenes económicos contra la humanidad”. Además, la recapitalización de la banca, que  ha supuesto para las arcas de los  EE.UU. y Europa la inyección de 5 billones (con b) de euros de dinero público en ayudas directas y garantías, no ha servido para reactivar el motor crediticio en una situación de depresión económica, sino únicamente para salvar a los banqueros, tal y como denunciaba el premio Nobel de Economía  Joseph Stiglitz. Por ello, los economistas críticos con el neoliberalismo  opinan que hubiera sido mucho más eficaz y equitativo que estos recursos  se hubieran destinado a crear un Banco Público, tal y como en su día sugirió Stiglitz a las autoridades españolas y éstas desoyeron.

     En las circunstancias actuales, recuperar la Banca Pública, como recordaba Juan Torres, tendría un triple efecto positivo ya que supondría una alternativa efectiva frente a la tempestad neoliberal, evitaría los costes y el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los pequeños y medianos empresarios y, también, ayudaría a resolver los problemas de financiación que ahogan a los consumidores y empresas, favoreciendo así la recuperación de la demanda, la actividad económica y el empleo. Además, añadimos, permitiría aliviar el drama de los desahucios facilitando una medida tan razonable como la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria.

     El resurgir de la Banca Pública los hallamos hasta en los EE.UU.,  en donde estos tiempos de crisis, ha adquirido cierta notoriedad el ejemplo del Banco Estatal de Dakota del Norte (BND). Este banco público, financiado exclusivamente con impuestos y tasas estatales, ofrece créditos en condiciones muy favorables y tiene prohibido el invertir en actividades especulativas razón por la cual evitó las hipotecas-basura en su práctica bancaria.  El modelo del BND definido por Eric Hardmeyer, su presidente, como “catalizador del crecimiento” ha hecho que Dakota del Norte tenga  el  menor índice de desempleo de  los EE.UU., ejemplo que se está extendiendo a los Estados de Vermont, Virginia, Michigan o Washington.

     En el caso de España, a partir de la revitalización democrática que supuso para nuestra sociedad el Movimiento 15-M,  ha ido amentando la exigencia cívica a favor de una Banca Pública que se caracterice  por una gestión plenamente transparente y democrática,  que,  rechace las prácticas especulativas y que  invierta por medio de actividades éticas y sostenibles en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

     Los economistas Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, autores del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (2011), plantean una profunda reforma del sistema financiero español que pasaría por la nacionalización de las Cajas de Ahorros así como por la creación de una Banca Pública para que ambas sean un contrapeso a la banca comercial privada y frenen así sus excesos y sus interferencias en la política económica nacional, propuestas coincidentes con las demandas del Movimiento 15-M y que suponen cambios sustanciales en los sistemas de propiedad, de gobierno y funciones de las entidades bancarias. En esta misma línea,  como señalaba Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute de los EE.UU., “los bancos públicos son una solución no sólo viable en tiempo de crisis, sino económicamente sostenible porque operan de forma transparente” y, además, no buscan “maximizar los beneficios a corto plazo con aventuras especulativas”. Por ello, recuperar la Banca Pública en España no es una utopía, es una necesidad para impedir que la banca privada y los intereses  que la mueven sigan saqueando despiadadamente vidas y haciendas. Y eso tiene que terminar por el bien de la salud democrática, la cohesión  y  la recuperación económica  de nuestra sociedad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 22 marzo 2012 y El Periódico de Aragón, 26 marzo 2012)