Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

    Tras la derrota de Francia ante la Alemania nazi en 1940, la situación de los miles de republicanos españoles exiliados en territorio galo, ya de por sí precaria, empeorará todavía más. Este fue el caso de los varios centenares de ellos que, en septiembre de 1940, fueron enviados en vagones de ganado a Annecy, capital del departamento de la Alta Saboya, en la zona de los Alpes. Con este contingente de prisioneros republicanos se formaron varias Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE), destinadas a realizar trabajos agrícolas, desecación de pantanos, trazado de caminos, etc.

    Pese a las duras condiciones que padecen, nuestros compatriotas mantienen vivo el espíritu de resistencia antifascista y bastantes de ellos logran huir y se unen al maquis  en las montañas alpinas. Este fue el caso de Miguel Vera quien, tras escapar de la 517 CTE, empezó a organizar clandestinamente la resistencia a partir de junio de 1942. Desde este momento, y tras la aparición del primer maquis en Les Villars-sur- Thônes (diciembre 1942), le siguieron los grupos guerrilleros formados únicamente por españoles, entre abril-diciembre de 1943, en Mont Veyrier, Col de Colombière, Combre de’Ire, Semnoz y Bochet de Serraval. Estos grupos serán la admiración de la Resistencia francesa y todos los testimonios coinciden en destacar que los guerrilleros republicanos españoles tuvieron un comportamiento ejemplar por su disciplina y eficacia combativa.

    En diciembre de 1943, Miguel Vera, el principal jefe de las guerrillas republicanas españolas que combatían en los Alpes, entró en contacto con Tom Morel, miembro del Estado Mayor de la Resistencia en la Alta Saboya, acordando ambos crear una organización militar de resistentes: así surgió la llamada “Sección Ebro”, que recordaba en su nombre la sangrienta batalla de la guerra de España y que estaba dividida en dos grupos de combate denominados “Ebro” y “Refuerzo Ebro”, cuyos mandos militares, tanto franceses como españoles, quedaron bajo la dirección de Morel.

    Poco después, en enero de 1944,  el Premier británico Winston Churchill decidió suministrar armamento a la guerrilla que, desde los Alpes, combatía a los nazis y a sus aliados del régimen  colaboracionista de Vichy del mariscal Pétain, una importante misión en la cual la Sección Ebro desempeñó un papel destacado. Los suministros serían enviados desde Inglaterra por vía aérea al Plateau (meseta) de Glières, en plena cordillera alpina, donde debían recibirse las armas con la luna llena del mes de febrero de 1944. La defensa de dicho lugar se encomendó a la Sección Ebro que se instaló en Glières el 1 de febrero, , encomendándose a los republicanos españoles la defensa de las posiciones más difíciles. Allí combatirían 56 de nuestros compatriotas al mando del comandante Miguel Vera y de otros jefes de la Sección Ebro  como Gabriel Vílchez (a) “capitán Antonio”, Ángel Carrasco (a) “el Maño” o Antonio Jurado.

   Durante todo el mes de febrero y hasta finales de marzo, resistieron allí los embates de las fuerzas del régimen de Vichy que los cercan y atacan por todas partes. Ante el fracaso de las tropas pétainistas por apoderarse Glières, a partir del 15 de marzo se envió al lugar a una unidad de élite nazi, a la 157 División Alpina de la Wehrmacht, a la vez que se lanzaron contra los defensores constantes ataques aéreos y un permanente fuego de artillería pesada. Tras resistir a duras penas las condiciones climáticas y estratégicas casi dos meses, el 26 de marzo los supervivientes se ven obligados a replegarse, dejando un balance de 175 muertos y 46 prisioneros, muchos de ellos asesinados después por los nazis, como Paulino Fontova Salas, natural de La Almunia, que fue fusilado el 27 de marzo.

    Pese a la derrota militar, la  lucha de los resistentes en Glières, y de forma especial de la Sección Ebro, fue considerada por algunos historiadores como una victoria psicológica, como un símbolo del espíritu de resistencia frente al ocupante, como la primera gran batalla por la liberación de Francia.

    Pero la lucha continuaba. Posteriormente, Miguel Vera aún consiguió reagrupar a los combatientes de la Sección Ebro y reconstituir un nuevo maquis en Semnoz (abril 1944) con el que realizó diversos sabotajes, voladuras de puentes y ataques a convoyes alemanes. Además, los republicanos españoles participaron en la liberación de Annecy (19 agosto 1944), donde recibieron una acogida triunfal. En septiembre, una vez liberada la Alta Saboya, las guerrillas españolas todavía participaron en los combates de los valles de Tarentaise y Maurienne.

   A modo de balance, en Glières, como en tantos otros lugares de Francia,  los republicanos españoles dieron sobradas pruebas de su calidad como combatientes. Así lo reconocía Julien Helfgott al señalar que la Sección Ebro fue una de las mejores unidades armadas de la Resistencia ya que, “los largos años en el exilio les habían dado extrema resistencia. Tenían el arte de vivir con pocas cosas, de instalarse con casi nada. Su conducta ejemplar fue sólo uno de los numerosos testimonios de su lealtad”. Por su parte, André Malraux evocó estos hechos aludiendo a que “la historia de Glières es una simple y bella historia”. De igual modo, José Ángel Valente dedicó a estos hechos un emotivo poema titulado “Cementerio de Morette-Glières 1944”, lugar en el que reposan los restos de 9 de republicanos españoles y en el que evocaba la lucha de la Sección Ebro: “No reivindicaron / más privilegio que morir / para que el aire / fuese más libre en las alturas / y los hombres más libres”.

    En recuerdo de aquellos hechos, el ejército francés, pese a su chovinismo, mantiene en la actualidad, dentro del 27º Batallón de Cazadores Alpinos, una unidad denominada “Compañía Ebro”, en homenaje  a la memoria de los republicanos españoles que combatieron en el Plateau de Glières.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón,  20 febrero 2017)

Etiquetas: Resistencia, antifascista, republicanismo, Segunda, Guerra, Mundial

     Resulta indignante, el deliberado afán de la derecha por tergiversar diversos períodos y figuras de nuestra trágica historia reciente con un indisimulado afán exculpatorio. Si hace unos días Alonso García, vicepresidente de la Fundación Francisco Franco tenía la osadía de declarar que “el régimen de Franco sólo fusiló a 23.000 y no fue por capricho”, minimizando así la brutal represión cometida por el general genocida, una reciente serie televisiva titulada “Lo que esconden sus ojos”,  nos presenta a la figura de Ramón Serrano Suñer blanqueada de toda su responsabilidad como uno de los máximos responsables (e impulsores) de los crímenes del franquismo en la inmediata posguerra. Y es que Ramón Serrano Suñer, como los hechos históricos nos demuestran, fue algo más que un galán de penetrantes ojos azules, amante apasionado de la marquesa de Llanzol y, por ello, hay que conocer su verdadero rostro.

     Serrano Súñer estuvo vinculado a Zaragoza cuando, como joven abogado del Estado, fue destinado a la capital aragonesa. Allí conoció a Ramona Polo, cuñada del general Francisco Franco, por entonces director de la Academia General Militar, con la que se casaría, ceremonia en la que fueron sus testigos José Antonio Primo de Rivera, y el mismo Franco, lo cual nos indica ya la orientación política de Serrano Súñer. Y en Zaragoza, entraría en política, siendo diputado por esta provincia en las filas de la CEDA (1933-1936), evolucionando posteriormente hacia un ardoroso fascismo que le impulsó a conspirar activamente contra la República.

      Iniciada la guerra civil, logró llegar a Salamanca, poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco, su cuñado, convertido ya por entonces “Generalísimo” de las fuerzas alzadas contra la legalidad republicana. Serrano Súñer, convertido ya en el “Cuñadísimo” del Caudillo, al amparo de éste fue acumulando un inmenso poder político que le convirtió en uno de los principales jerarcas del régimen franquista. Además de ser el redactor del Decreto de unificación que creó FET y de las JONS, el partido único de la dictadura de cuya Junta Política fue presidente, fue ministro del Interior (1938) y más tarde de Gobernación (tras la unión de Interior y Orden Público), cargos de los que fue el encargado de llevar a la práctica la implacable represión a la que fueron sometidos los republicanos  tanto en el interior de España como aquellos que se habían exiliado: gracias a sus buenas relaciones con el régimen de Vichy y el nazismo, logró que fueran entregados a las autoridades franquistas algunos destacados dirigentes republicanos que, como fue el caso de Julián Zugazagoitia, Joan Peiró o Lluís Companys, serían posteriormente fusilados. Recordemos además que, Serrano Súñer firmó un acuerdo de cooperación policial con la Alemania nazi cuando Himmler, el siniestro jefe de las SS hitlerianas, visitó Madrid en octubre de 1940: consecuencia del mismo, se inició la deportación de los republicanos españoles en los territorios ocupados por el Reich a los campos de exterminio nazis, especialmente al de Mauthausen. De este modo, en la entrevista que tuvo  con Hitler el 25 de septiembre de 1940, Serrano le dijo al Führer: “puede hacer con estos rojos lo que quiera porque la nueva patria no los considera españoles”: quedaba así sellado el dramático destino de millares de nuestros compatriotas. Manuel Leguineche recoge el testimonio de Antonio García Barón, un anarquista de Monzón superviviente de Mauthausen que corrobora esta idea al recoger las declaraciones del comandante Franz Ziereis, jefe nazi de dicho campo, quien antes de morir, “me dijo saber que los presos españoles estábamos allí por petición directa de Serrano Súñer a Hitler. El fue el que nos condenó a muerte”. Por todo ello merece el oprobio y el repudio en la historia y en la conciencia cívica de los españoles.

     Además de  artífice de la represión, Serrano Súñer, siendo ya ministro de Asuntos Exteriores, como germanófilo convencido que era, fue un decidido partidario de que la España franquista entrara en la II Guerra Mundial a lado de las potencias fascistas. Recordemos las entrevistas que, con tal motivo efectuó con los principales jerarcas nazis durante los meses de septiembre-octubre de 1940. En su encuentro con Hitler del 17 de septiembre, Serrano le expuso el programa imperialista de Falange, en el que el régimen franquista, a cambio de su apoyo militar al Eje, además de Gibraltar y el Marruecos francés, el Oranesado argelino, ampliaciones territoriales en Guinea y el Sahara, así como Andorra, el Rosellón y la Cerdaña, esto es, la Cataluña francesa. Aunque Franco se comprometió por escrito a entrar en la guerra (sin fecha concreta) en el Protocolo de Hendaya tras la entrevista de Hitler y el dictador español, lo cierto es que al final no lo hizo, pero, a cambio, la mano de Serrano Suñer fue la impulsora de la creación de la División Azul.

     El historiador Julián Casanova se hacía eco de su nefasta trayectoria política  en un excelente artículo titulado “Serrano Súñer y la sombra de la represión franquista” (El País, 12 septiembre 2003) con motivo del fallecimiento del político, cuya lectura resulta reveladora señalando cómo éste, pese a intentos exculpatorios posteriores, “estuvo allí, en primera línea, acumulando poder, en los años más duros, cuando más se humilló, torturó y asesinó, en el momento en que se puso en marcha el sistema represivo policial, con la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Seguridad del Estado y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Defendió, con Franco, la rendición incondicional de los rojos, sitió fascinación por las potencias fascistas y odió a las democracias”.

     Por su parte,  Carlos Hernández, que define a Serrano Suñer como “el Himmler español”, considera que la  serie televisiva indicada, significa una “tergiversación histórica injustificable y un verdadero insulto para las víctimas de este carnicero”, dado que apenas se alude a la represión, seña de identidad inseparable de la actuación política llevada a cabo por Serrano Suñer durante 1938-1942. Esta es la verdadera historia que se esconde tras unos ojos sanguinarios, los de Serrano Suñer, aquel político fascista que, entre muchos títulos,  ostentó, entre 1938-2013,  el  de “Alcalde honorario de Zaragoza“.

José  Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 noviembre 2016)

Etiquetas: Ramón, Serrano, Suñer, represión, franquista, posguerra, española, fascismo

     El 12 de noviembre de 1956, hace ahora 60 años, moría en París Juan Negrín López, una de las figuras políticas más relevantes y controvertidas de nuestra reciente historia. Criticado por unos e injustamente olvidado por otros, el “socialista silenciado”, como lo definió Ricardo Miralles, ha ido recuperando en estos últimos años el lugar que, como estadista y patriota, en justicia merece.

     Negrín fue un  brillante médico formado en las universidades alemanas Kiel y Leipzig y a los 22 años ya era catedrático de fisiología en la Universidad Central de Madrid. Discípulo de Ramón y Cajal y maestro a su vez de Severo Ochoa o Grande Covián, simboliza la vanguardia de la ciencia médica española del primer tercio del s. XX.

      Afiliado al PSOE en 1929, se integró en su ala centrista liderada por Indalecio Prieto y fue diputado entre 1931-1936. Durante la guerra de 1936-1939 tuvo un papel destacado: fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero y  reemplazó a éste en la presidencia del Ejecutivo en mayo de 1937 desde donde desplegó toda su energía en defensa de la República. Por ello, el presidente Negrín se dedicó con tenacidad a lograr tres objetivos que consideraba vitales. En primer lugar, el  mantenimiento de la legalidad constitucional y el robustecimiento del Gobierno republicano. En segundo lugar,  impulsó una nueva política internacional, intentando que se levantara la No Intervención en la Sociedad de Naciones y así lograr el cambio de la posición británica, y, sobre todo, de Francia a favor de la República Española. Además, realizó una intensa labor diplomática personal durante la segunda mitad de 1938 con objeto de convencer a las potencias europeas de que apoyaran la mediación internacional para poner fin a la guerra.

     Su tercer objetivo era la resistencia militar a ultranza, idea ésta que le acercó al PCE y le alejó de Azaña y Prieto. Negrín era consciente de que no existía la más mínima posibilidad de negociar con Franco a menos que la República mantuviese una defensa militar firme y eficaz.  Pero, el creciente derrotismo de Prieto hizo que Negrín lo cesase, asumiendo él personalmente la dirección del Ministerio de Defensa. Conocido es su lema  "Resistir es vencer", puesto que, como decía el presidente Negrín, "Resistir, ¿por qué? Pues sencillamente porque sabíamos cuál sería el final de la capitulación". Y no se equivocó, puesto que la “resistencia estratégica” era crucial para lograr unas mínimas condiciones de paz. Sin embargo, tras la ofensiva sobre Aragón y la batalla del Ebro, estaba claro que Franco, convencido de su victoria militar,  no quería negociar nada,  sólo deseaba la rendición incondicional de la República. Tras la caída de Cataluña (febrero 1939),  Negrín  aún pretendió resistir, al menos, en la zona Centro-Sur todavía bajo control del Gobierno leal, hasta que la guerra mundial, que ya se intuía, estallase y las democracias europeas unieran finalmente sus fuerzas a las de la exhausta República Española.

     Por si quedaba alguna duda sobre las  intenciones de Franco, el 9 de febrero de 1939, se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, que con su ensañamiento represivo, suponía la negación absoluta de la última condición ofrecida por Negrín para lograr un alto el fuego: el que no hubiese represalias contra la población republicana derrotada. Este tema era una auténtica obsesión para Negrín quien ya el 7 de agosto de 1938 le escribió a Juan Simeón Vidarte: “La paz negociada, siempre, la rendición sin condiciones para que fusilen a medio millón de españoles, eso nunca”.

     Finalmente, la política de  resistencia de Negrín, tras el golpe de Casado (5 marzo 1939) se hundió  y la República, agotada, se rendía sin condiciones. La derrota, no trajo la paz, trajo la victoria militar que, cerrando todas las puertas a la reconciliación, desoyendo el mensaje de "paz, piedad y perdón" lanzado por Manuel Azaña, prolongó durante largos años la represión sobre los vencidos. Un detalle poco conocido es que, en los últimos instantes de la guerra, Negrín hizo saber a los representantes diplomáticos de Francia y Gran Bretaña, países que reconocieron al régimen  franquista el 28 de febrero de 1939, que se entregaría a los rebeldes para ser fusilado si, a cambio,   Franco aceptaba  salvar  la vida de la masa de civiles republicanos inocentes, ofrecimiento del que hizo caso omiso Franco, empeñado como estaba en llevar a cabo una represión masiva de los vencidos para, como señalaba Ángel Viñas, “romper de una vez para siempre, la espina dorsal de la izquierda española”.

    Negrín murió en el exilio, criticado y olvidado. Sobre la memoria del Presidente Negrín, aquel médico socialista que soñó con una España democrática y social, habían pesado un cúmulo de tendenciosas acusaciones y perversas calumnias procedentes tanto de los apologistas del franquismo, como del sector del PSOE afín a Prieto en un intento de ajustar cuentas y responsabilidades tras la amarga derrota de 1939. A ellos se unieron, en plena Guerra Fría, los que acusaron a Negrín de “procomunista” en un contexto en el cual tal calificativo era sinónimo de anatema político. Todas estas circunstancias ennegrecieron la figura y la memoria de Negrín, haciendo que una penumbra intencionada oscureciese su trayectoria política. Sin embargo, ha sido la labor de historiadores como Ricardo Miralles o Ángel Viñas quienes, desde el rigor metodológico, han logrado recuperado la figura de Negrín, como estadista y patriota, despojándola de acusaciones y mitos descalificadores carentes de toda veracidad histórica. Hoy, a los 60 años de su muerte, dignificar su memoria y  legado político es un acto de justicia democrática.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 noviembre 2016)

Etiquetas: Juan, Negrín, historia, de, España, socialismo, PSOE, guerra, civil, 1936-1939

     El pasado 23 de agosto fallecía en el Hospital de Villejuif de Paris Luis Royo Ibáñez, el penúltimo superviviente de aquel mítico grupo de combatientes republicanos españoles encuadrados en la Novena Compañía de la Segunda División Blindada (2ª DB) del general Leclerc, la conocida como “La Nueve”, que tan destacado papel tuvo en los combates por la liberación de Paris  de la barbarie nazi el 24 de agosto de 1944. Ya sólo nos queda vivo el almeriense Rafael Gómez, el último miembro de los soldados republicanos españoles que formaron parte de La Nueve.

     Luis Royo, como relata Evelyn Mesquida en su excelente libro La Nueve. Los españoles que liberaron Paris (2015),  nació en Barcelona en 1920, hijo de padres aragoneses emigrados a Cataluña. Allí, siendo obrero de Artes Graficas afiliado a la UGT, durante la guerra de España formó parte de la “quinta del biberón” republicana, combatió en los frentes de Balaguer y en la batalla del Ebro, y alcanzó el grado de sargento. En febrero de 1939 cruzó la frontera francesa junto al medio millón de soldados y civiles republicanos ante la ocupación franquista de Cataluña. En Francia, tras pasar por el campo de Adge, se enroló en la Legión Extranjera.

      Iniciada ya la II Guerra Mundial, se unió a las Fueras Francesas Libres (FFL), con el que lucharía en los frentes de Libia y Túnez contra las tropas mussolinianas y contra el Afrika Korps de Rommel, destacando en el ataque al bastión nazi-fascista de la Linea Mareth (marzo 1943). Tras la formación de la 2ª DB en Marruecos (agosto 1943), los republicanos españoles  se agruparon en La Nueve, una de las unidades blindadas del Tercer Batallon, “la más veterana de todas las fuerzas de Leclerc y la más prestigiosa”, como recuerda Mesquida, compañía de la que de sus 160 componentes, 146 eran republicanos españoles, entre ellos, los aragoneses Antonio Navarro y el sargento-jefe Martin Bernal. Como decía Jorge Semprún, los republicanos españoles eran algo más que un puñado de hombres luchando contra el fascismo, puesto que “aportaron mucho a la lucha: su experiencia de combate y su preparación militar y política por lo que se caracterizaron por ser los más politizados, más enérgicos y más combativos”, lo cual quedaría demostrado repetidamente por los hechos.

     Acabada la campaña del norte de África con la derrota de las tropas germano-italianas, la 2ª DB fue enviada a Inglaterra (abril 1944), quedando integrada en el Tercer Ejército de los EE.UU. del general Patton. Posteriormente desembarcarían en la costa normanda (1 agosto 1944) donde La Nueve, como fuerza de choque de la 2ª DB, avanzó hacia Le Mans, Alençon y destacó en la batalla de Ecouché, una de las más duras de Normandía y una de las más importantes victorias de La Nueve contra los nazis, combate en el que murieron bastantes miembros  de la que ya era conocida como “la compañía española”. A partir de ese momento, la 2ª DB, lanzó sus fuerzas hacia Paris y, al atardecer del 24 de agosto, La Nueve llegó a la Plaza del Ayuntamiento parisino con sus blindados semiorugas renombrados como “Guadalajara”, “Teruel” o “Madrid”, este último conducido por Luis Royo, recibiendo los abrazos de los habitantes de la capital francesa, que descubrían, sorprendidos, que sus liberadores eran republicanos españoles. Al día siguiente, 25 de agosto, La Nueve asaltó el Hotel Meurice, donde el general von Choltitz, el gobernador militar alemán, rindió ante los españoles, la ciudad de Paris. Un día memorable fue el 26 de agosto en el cual, en un emotivo desfile, el general De Gaulle rindió honores a La Nueve, como reconocimiento a las primeras fuerzas militares que habían entrado en la capital. La Nueve, al mando de Amado Granell, y entre ellos, Luis Royo, lucían orgullosos en sus uniformes, además de la cruz de Lorena, símbolo de la Francia Libre, los colores de la tricolor bandera republicana española.

    Tras la liberación de Paris, La Nueve continuó combatiendo a los nazis en el Alto Marne, en Alsacia, ocupó Estrasburgo y, tras cruzar el Rhin y entrar en Alemania, su última batalla tuvo lugar en Berschtesgaden, « el nido del águila », el refugio alpino de Hitler. Allí acabó para ellos  la guerra y la epopeya de La Nueve: para entonces sólo quedaban con vida 16 de nuestros compatriotas, entre ellos, Luis Royo, el cual no obstante,  había sido herido en los combates de Vaxoncoult.

    Como señalaba Luis Royo, a modo de balance de su activa participación en la guerra, « la verdad es que nunca pensé que luchaba por liberar a Francia sino que estaba luchando por la libertad. Para nosotros aquella lucha significaba la continuación de la Guerra Civil contra el franquismo ». Y, la historia, a veces tan ingrata, hizo que su lucha heroica fuese ignorada de forma deliberada   durante años por la Francia gaullista, ocultando así la gesta, el sacrificio y la sangre derramada por los republicanos españoles, y en concreto por La Nueve y su papel clave en la liberación de Paris : los libros de texto oficiales ocultaron esta realidad histórica y ello fue debido a que De Gaulle, como señala de nuevo Mesquida, manipuló la historia presentando la liberación de Francia, y por supuesto de Paris, como obra de los mismos franceses, una mentira para despertar el sentimiento de orgullo nacional y, de paso, esconder una página negra de la historia gala cual fue colaboracionismo de una parte importante de la población francesa y del régimen pétainista de Vichy.

     No fue hasta bastantes años después cuando se empezó a hacer justicia : Luis Royo, como miembro de La Nueve, recibió en el 2004 el primer homenaje oficial de la alcaldía de Paris y del Gobierno español y en el 2005 la Legión de Honor de la Republica Francesa. El 24 de agosto de 2015, estando ya delicado de salud, no pudo asistir a la inauguración en las cercanías del Ayuntamiento parisino, de un parque en memoria de los combatientes de La Nueve con motivo del 80 aniversario de la liberación de Paris, promovido por Anne Hidalgo, su alcaldesa, nieta de republicanos españoles, y con la polémica presencia de los reyes Felipe VI y Letizia.

    Con la muerte de Luis Royo se nos ha ido  el penúltimo testigo de una  gesta heroica,  de la lucha de La Nueve contra el fascismo, de su lucha por la libertad de Europa, lo cual no debemos nunca olvidar en nuestra historia y memoria democrática.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 11 septiembre 2016)

Etiquetas: Segunda, Guerra, Mundial, antifascismo, republicanos, españoles

     Mucho se ha hablado y escrito en estos pasados días con motivo del 80º aniversario del inicio de la guerra de 1936-1939, una tragedia colectiva que ha marcado la historia, la memoria y la conciencia de varias generaciones de españoles. Se han recordado personas y sucesos relacionados con este triste aniversario, algo que sigue siendo necesario, pues se trata de una deuda pendiente de nuestra democracia para con las víctimas del régimen genocida que fue el franquismo.

     Hoy quisiera recordar las reflexiones que Charles y Henry Farreny plantearon en su conferencia titulada «El uso de las denominaciones “Guerra Civil Española” y “nacionales”: examen crítico a través de las posguerras española y europea» que tuvo lugar el 4 de abril de 2014, organizada por el Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria, en colaboración con la Fundación Pablo Iglesias. Y es que, estas denominaciones tienen una innegable carga ideológica y, por ello, son partidarias, no son objetivas, algo que resulta necesario desvelar para poder hablar de estas cuestiones con exactitud, lo cual es un deber cívico, político y pedagógico. Se trata, pues, para dichos autores, de expresiones “insatisfactorias”, que han prosperado en la sociedad española dado que “los vencedores de la guerra y sus herederos han dominado fuertemente y marcado duramente la educación y la cultura tanto como la política”.

     En primer lugar, sobre la denominación “guerra civil”, resulta obvio que nuestra contienda lo fue si nos atenemos a la definición de la Real Academia Española de la Lengua (“la que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación”) pero, también resulta innegable que la presencia de numerosas fuerzas extranjeras la convirtió, desde el inicio, en una “guerra internacional”. Así lo evidencia la participación, en las filas de los rebeldes,  de 90.000 combatientes marroquíes de las tropas coloniales, 16.000 soldados de la Legión Cóndor hitleriana, los 120.000 italianos de la CTV enviados por Mussolini o los 20.000 viriatos que aportó la dictadura portuguesa de Oliveira de  Salazar, mientras que las fuerzas leales a la República contaron con  el apoyo de dos millares de asesores soviéticos y de los 35.000 brigadistas internacionales llegados de más de 50 países con objeto de combatir al fascismo. Por ello, como señalaba el historiador H. R. Southworth, “la guerra civil de España fue, desde la primera semana, una guerra internacional”. En consecuencia, la denominación “guerra civil” elude una parte importante de la realidad: la guerra desarrollada contra militares extranjeros en suelo español y, con ello, se oculta el importante papel de las tropas extranjeras nazi-fascistas para derrocar a la República, lo cual supone una “representación truncada de la realidad” por parte de los vencedores que, al enfatizar la dimensión fratricida de la guerra, pretendían, de forma intencionada, ocultar el carácter internacional de la misma.

     Además de lo dicho, en el extranjero, sobre todo en Francia, se divulgó la denominación “guerra civil” dado que ésta convenía a los partidarios de la No Intervención para justificarla, para disimular sus propias responsabilidades en la derrota de la República, esto es, el vergonzante abandono por parte de las democracias de la causa legítima de la República española acosada por los fascismos.

      Por lo que se refiere a la denominación “nacionales” o “nacionalistas”, tampoco caracterizan correctamente a los partidarios de la sublevación dado que, como hemos indicado, hubo muchos extranjeros que no eran “nacionales” (ciudadanos españoles) y resulta insuficiente a la hora de distinguir entre partidarios y adversarios del golpe militar pues olvida que la gran mayoría de los republicanos eran nacionales, esto es, ciudadanos de España, y tenían fuertes sentimientos patrióticos inspirados por los ideales de la libertad y la justicia social. Además, el uso intencionado de la denominación “nacionales” por parte del régimen y de la historiografía conservadora o filofascista les ha servido para encubrir los objetivos y actos antirrepublicanos de los rebeldes, razón por la cual, cuando éstos se llamaban en sus actos y proclamas “nacionales”, condición que negaban a los republicanos que también amaban a España, los facciosos no por ello eran “patriotas”, como se empeñaban en proclamar hasta  la saciedad, sino, simplemente, “enemigos de la democracia” republicana. Así, los defensores del término “nacionales” pretendían dar a los vencedores una “respetabilidad patriótica” a expensas de los republicanos a la vez que ocultaban los objetivos dictatoriales del franquismo. Además, en el extranjero, su empleo sirvió a los partidarios de la No Intervención para “ignorar” la política liberticida de inspiración fascista de los sublevados.

     Además de lo dicho, tampoco resulta adecuada la denominación “nacionalista” puesto que obvia el hecho de que amplios sectores políticos y sociales de Cataluña y Euskadi, que también defendieron la causa republicana,  se sentían “nacionalistas”, al margen del monopolio excluyente que de este término hicieron uso  los rebeldes.

    A modo de conclusión, las denominaciones “Guerra Civil Española” y “nacionales”, independientemente de sus orígenes, distorsionan la realidad histórica pues son ideológicamente tendenciosas. Pese a reconocer los autores que “la propaganda ha sido tan intensa durante tres generaciones que se ha vuelto difícil abandonar los términos tradicionales”, consideran que lo correcto sería reemplazar la denominación “Guerra Civil Española” por la de “Guerra de España de 1936 -1939” y la de “nacionales” por la de “antirrepublicanos”, “opositores a la República” y, por mi parte, también considero que serían de uso correcto otras alternativas como “sublevados”, “rebeldes”, “fascistas” o “liberticidas”. Por todo lo dicho, es necesario nombrar correctamente la guerra de España de 1936-1939 y a las fuerzas involucradas y por ello, es conveniente el uso de las denominaciones alternativas propuestas,  pues ellas, además de correctas, estimulan en pensamiento crítico de nuestro pasado traumático.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 2 agosto 2016)

Etiquetas: Guerra, de, España, 1936-1939

La reciente sentencia del Juzgado nº 2 del San Lorenzo de El Escorial  para exhumar los restos de los hermanos bilbilitanos  Manuel y Antonio Lapeña Altabás  ha vuelto a poner de actualidad la historia del Valle de los Caídos, del espectro de Cuelgamuros, una exaltación ostentosa del franquismo, una pesada losa que sigue pesando sobre nuestra historia y memoria democrática.

El 1º de abril de 1940, cuando se cumplía un año del final de la guerra civil, el “día de la Victoria” en la terminología de la dictadura, tuvo lugar el acto inaugural de las obras de construcción del más tarde conocido como Valle de los Caídos. Ante los embajadores de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal salazarista, el general Franco detonó la primera carga de dinamita para perforar la roca granítica en lo alto del valle de Cuelgamuros, en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama.

Desde su origen, este proyecto tuvo un claro significado político, cargado de ideología fascista como se refleja  en el Decreto de 1º de abril de 1940 por el que se disponía “se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes” con objeto de “perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada”, la cual debía perdurar en el tiempo razón por la cual  se pretendía que “las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido” y, de este modo, convertirse en “un templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria”.

El significado político e intemporal quedaba claro en la voluntad del régimen el cual se empeñó con ahínco en su pronta realización. Según Pedro Muguruza, el entonces Director General de Arquitectura  y responsable del proyecto, Franco tenía “vehementes deseos” de que las obras de la cripta, se terminasen  en el plazo de un año, para inaugurarla el 1º de abril de 1941, estimando que el resto del conjunto monumental se concluiría  en el transcurso de otros 5 años. Sin embargo, la magnitud del proyecto hizo que las obras  se prolongasen durante 20 años a pesar de que en ellas trabajaron,  un total de 20.000 obreros, muchos de ellos presos políticos republicanos, explotados como mano de obra esclava, como recordaba Julián Casanova,  por empresas como Banús, Huarte o Agromán. En consecuencia, el conjunto monumental  no se inauguraría hasta el 1º de abril de 1959, coincidiendo con el “XX aniversario de la Victoria”.

Por entonces se decidió trasladar a “la gran obra” los restos no sólo de los “héroes y mártires” del bando rebelde, sino también, los de soldados y civiles  a los que las autoridades franquistas calificaban como “rojos”. La razón de este cambio, ocurrida a mediados de la década de los años cincuenta, como señalaba Belén Moreno, se debió a un intento propagandístico del régimen de transmitir una falsa imagen de “reconciliación” para ganarse la simpatía de las democracias occidentales y, para ello, Cuelgamuros tenía que convertirse en un lugar que aceptase “caídos” sin distinción del bando en el que habían combatido. Así, en el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957 de creación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se decía cínicamente que ésta pretendía impulsar “una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad”, una reconciliación que pretendía simbolizar “la robusta horizontalidad de los brazos de la cruz monumental que ampara por igual a todos los españoles”.

 El Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares conserva. algunas actas del Consejo de Obras del Monumento a los Caídos, creado en 1941 y que funcionó hasta 1967 en las que se recogen detalles sobre los traslados de los restos a dicho lugar. Así, sabemos que se encomendó a la Guardia Civil  realizar listados de los muertos y asesinados en las distintas localidades, así como “un informe referente a los deseos de los familiares” acerca del posible traslado de dichos restos a Cuelgamuros (Acta nº 85, 30 diciembre 1957). Esto último, si bien fue aplicado de forma escrupulosa para el caso de los muertos “nacionales”, (la familia de Calvo Sotelo se negó al traslado), la voluntad de los familiares de las víctimas republicanas nunca fue tenida en cuenta, nunca se pidió su autorización, ni tan siquiera fueron informados, por lo que el hecho de llevar sus restos a Cuelgamuros y enterrados donde en 1975 lo sería el dictador, como señalaba Baltasar Garzón, suponía para ellas “una nueva revictimización.

Por su parte, Camilo Alonso Vega, entonces ministro de la Gobernación, dictó diversas instrucciones de cómo debían de efectuarse los traslados de los restos, entre ellas, hasta las medidas de las cajas donde debían depositarse (60x30x30 cm. para los restos individuales identificados y 120x60x60 cm. para los restos colectivos sin posible identificación), a la vez que ordenaba se realizase un mapa por cada provincia en la que se debían de indicar todas las poblaciones con enterramientos y fosas así como el números de éstas. De este modo, los traslados contabilizados fueron 491, desde finales de 1958 hasta 1983. Según documentación oficial, el número de restos registrados sería de 33.833 personas, de ellos, 21.423 son víctimas identificadas y 12.410 pertenecen a personas desconocidas. Dichos datos, posiblemente incompletos, aluden a los restos procedentes de las provincias aragonesas: Huesca (532), Zaragoza (3.430) y Teruel (4.590). No obstante, a fecha de hoy, la situación de las galerías que los albergan es tan mala que la humedad ha deshecho las cajas que los ordenaban y los huesos se han mezclado haciendo difícil, casi imposible, su identificación, como advertía el antropólogo forense Francisco Etxeberría.

Por todo ello, a fecha de hoy resulta inaplazable contextualizar el  auténtico significado de Cuelgamuros,  limpiarlo de todo vestigio franquista para  convertirlo en un Lugar de la Memoria, lo  cual supone, por supuesto, la salida de la basílica de los cuerpos de Franco y José Antonio además de  arbitrar las medidas precisas para la exhumación e identificación de las víctimas que así lo deseen. Sólo así se disipará este espectro del pasado, por un elemental sentido de justicia democrática, y  por la reparación debida a la memoria de las víctimas del franquismo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 mayo 2016)

Etiquetas: memoria, histórica, dictadura, franquista

     La hecatombe humanitaria que supone la llegada de miles de inmigrantes a Europa en su desesperado intento de huir de las guerras y la represión que azotan sus países de origen, en su anhelo por construir un futuro, una nueva vida en esta Europa, tan próspera como en ocasiones insolidaria, nos trae a la memoria, inevitablemente, la historia de lo que supuso el exilio republicano español, aquel drama de derrota y sufrimiento, muchas de cuyas páginas se escribieron en tierras de Francia, como fue la historia del Campo de Gurs.

     Tras la caída de Cataluña en poder de las tropas franquistas en febrero de 1939, una marea humana de miles de republicanos españoles buscó refugio en Francia, donde nuestros compatriotas quedaron hacinados en improvisados campos en la costa del Rosellón como Argèles, Barcarès o Saint-Cyprien. Ante  la desastrosa situación sanitaria en la que se hallaban los exiliados allí retenidos, las autoridades francesas decidieron crear 6 nuevos “Campos de Acogida”, siendo uno de ellos el de Gurs, situado en este pequeño pueblo del Béarn, cercano a la frontera pirenaica aragonesa.

     El Campo de Gurs,  construido sobre una landa cenagosa estaba formado por 428 barracones de madera agrupados en 13 manzanas (“ilôts”). Cada barracón medía 24 x 6 m. y albergaba a 60 refugiados por lo que su capacidad total era de 18.500 internos, razón por la que, en 1939 se convirtió en la tercera mayor población del Departamento de Bajos Pirineos (actualmente, Pirineos Atlánticos) después de Pau, la capital, y de la ciudad de Bayona.

     Los primeros internados llegaron a Gurs en abril de 1939 y, durante ese año pasaron por él un total de 24.530 combatientes republicanos, cifra que el historiador Claude Laharie desglosa así: gudaris vascos (6.555), aviadores republicanos (5.397), brigadistas internacionales de 53 países distintos (6.808) y otros soldados republicanos (5.770), de ellos una buena parte de origen aragonés.

     Los “gursiens”, los internados en este campo, entre el barro y las alambradas, dada su condición de “rojos españoles”, fueron vistos con recelo y hostilidad por buena parte de la población bearnesa. No obstante,  en agosto-septiembre de 1939, la mayoría de los republicanos habían dejado Gurs por diversas razones: unos 6.000 fueron repatriados a España, donde la mayoría padecieron consejos de guerra, siendo ejecutados o condenados a largos años de cárcel.  Otros  encontraron trabajo en empresas y granjas del  Béarn pero, la mayor parte, tras estallar la guerra entre Francia y Alemania (3 septiembre 1939), se integraron en las Compagnies de Travalleurs Étrangères (CTE) como personal auxiliar para la realización de obras de fortificación. Otros muchos, se alistaron en el ejército francés para combatir al nazismo: tanto unos como otros, caerían prisioneros de las tropas hitlerianas tras la rápida ocupación de Francia, siendo deportados al campo de exterminio nazi de Mauthausen. Finalmente, otros  se integraron en el maquis: para estos guerrilleros la guerra mundial había empezado en realidad en 1936 y no cesaría hasta la caída del nazismo y de la dictadura franquista.

     Tras la rendición de Francia (22 junio 1940), el país galo fue dividido en una zona ocupada por Alemania y otra, llamada “zona libre”, en la que se estableció el régimen fascista de Vichy, aliado de los nazis y presidido por el mariscal Pétain. De este modo, Gurs pasó a depender de Vichy y se convirtió en un campo de prisioneros donde el régimen petainista internó a quienes consideraba la “anti-Francia”: resistentes, militantes de izquierda y judíos. Así, entre 1940-1943 pasaron por Gurs 18.185 judíos (entre ellos, la filósofa Hannah Arendt) y, de ellos, 3.907 fueron enviados al campo de exterminio de Auschwitz y, el resto, transferidos a otros campos para su posterior deportación.

     Tras la liberación del Béarn en agosto de 1944 y hasta su cierre definitivo en 1945, Gurs pasó a tener nuevos inquilinos pero esta vez eran prisioneros alemanes, colaboracionistas  y miembros del pronazi Partido Popular Francés (PPF).

    En la actualidad, Gurs es un Memorial nacional de la República Francesa en homenaje a las víctimas de las persecuciones racistas y antisemitas y de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el régimen de Vichy. Emociona de forma especial la visita al cementerio judío de Gurs, donde 1.073 tumbas idénticas hermanan a todos los que allí sufrieron y murieron. En uno de sus lados, un memorial honra a los republicanos españoles y a los brigadistas internacionales de los cuales una lápida conmemorativa nos recuerda que, “Pagaron con su vida su combate por la libertad y la democracia”. Todas sus tumbas están adornadas con cintas tricolores y una flor, junto al silencioso respeto de los que las visitamos. Entre ellas, se hallan las de algunos aragoneses, como la del zaragozano Gregorio Luna Fernández o la del ansotano Francisco Pérez-Cativiela.

    Rememorando la historia  de Gurs, resulta muy oportuna la frase de Artur London cuando decía que “se recuerda para preparar un futuro más justo, más fraternal y sin guerras”. Ahora, cuando el germen de la xenofobia y el fascismo se incuba de nuevo en Europa, cuando el Frente Nacional amenaza los valores de la República Francesa, la memoria de Gurs y el recuerdo de tanto sufrimiento debe impulsarnos a ser más solidarios con quienes ahora, como ocurrió en 1939, se ven obligados a abandonar su país en busca de un futuro mejor. Gurs es un lugar que apela a nuestra memoria y a nuestra conciencia, al deber moral de recordar lo allí sucedido, especialmente a las jóvenes generaciones,  para inmunizarnos ante cualquier actitud intolerante, xenófoba o racista, las cuales, por desgracia, se están extendiendo peligrosamente en estos tiempos  de profunda crisis global.

     La lección y el recuerdo de Gurs, a un lado y otro del Pirineo, sigue siendo un legado moral que nos insta a evitar que surjan nuevas alambradas y odios que vuelvan a aprisionar y oprimir a cualquier persona por razones políticas, de raza, religión, condición social o económica.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 7 febrero 2016)

Etiquetas: Memoria, histórica, exilio, republicano, resistencia, antifascista

     En estas últimas fechas han tenido lugar diversas efemérides que nos recuerdan la importancia y el valor que debe tener  la memoria democrática en la sociedad actual. Así, el 5 de mayo se recordaba el 70º aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen por el que pasaron y murieron varios miles de compatriotas nuestros y, el día 8 se conmemoraban los 70 años del final de la II Guerra Mundial en Europa con  la derrota de la Alemania hitleriana.

     Ante estos hechos, se han celebrado actos de memoria y homenajes, todos ellos llenos de profunda emoción por el recuerdo de lo que aquellos hechos históricos significan. Previamente, el pasado mes de marzo, el Gobierno de Francia había decidido otorgar la Legión de Honor, la más alta distinción del Estado, a los republicanos españoles supervivientes de los campos de concentración nazis. Era todo un ejemplo de cómo las instituciones deben impulsar políticas públicas de memoria democrática y, por ello, Francia, ha vuelto a dar una lección de dignidad y de justicia reparadora al conceder dicho reconocimiento a los cada vez más escasos testigos de aquel drama histórico fruto del delirio criminal nazi el cual, no lo olvidemos, contó con el entusiasta apoyo de la dictadura franquista.

    Lo sucedido en Francia debería sonrojar a los dirigentes políticos españoles del PSOE y del PP, pues ambos partidos han tenido responsabilidades de Gobierno y jamás han tratado con dignidad y justicia el tema del exilio y la deportación de los republicanos españoles, una deuda que se arrastra desde nuestra ¿modélica? Transición.  Y, en vez de sonrojo, o tal vez por ello, han optado por el oportunismo político, máxime en el actual período electoral en el que nos encontramos. De este modo, asistimos a hechos tan curiosos como criticables: el PSOE, que nada hizo durante los decisivos  años del Gobierno de Felipe González (1982-1996) por la reparación de la memoria de la deportación republicana, que olvidó a las víctimas y que por ello tiene una innegable responsabilidad política y moral, el PSOE que, pese a la escasamente efectiva Ley de la Memoria Histórica de 2007 del Gobierno Zapatero y hoy derogada en la práctica por el Gobierno de Rajoy, el PSOE que no tuvo el coraje político de impulsar una Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas como demandaba Baltasar Garzón, al amparo de lo sucedido en Francia, ha intentado sacar un rédito político de estos hechos. De este modo, el 28 de abril propuso en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la concesión de una condecoración oficial a los republicanos españoles deportados a los campos de concentración del III Reich, algo que nunca hizo cuando estuvo en el Gobierno.

    Hasta el PP, tan desmemoriado siempre en esta materia, ha tenido un “gesto” para con los deportados republicanos al asistir el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo,  a los actos que tuvieron lugar en Mauthausen el pasado 10 de mayo: era la primera vez que un dirigente del PP se dignaba a honrar, siquiera verbalmente, a los republicanos deportados que, excepto la visita de Zapatero en 2005, nunca contaron con apoyo institucional en las ceremonias que tenían lugar en el que fue llamado “el campo de los españoles”.  

   Pero todos estos gestos oportunistas no eran sino un espejismo y pronto las aguas de la memoria democrática volvieron a ser “encauzadas” por los dos partidos mayoritarios. Así ocurrió el pasado 13 de mayo cuando el Congreso de los Diputados rechazó, con los votos de PP, PSOE y UPyD, la moción de Joan Tardà (ERC), el más activo diputado en materia de recuperación de la memoria democrática, para que Felipe VI pidiera perdón en nombre de España por los 7. 532 republicanos que sufrieron la barbarie de los campos de concentración nazis, una petición de perdón que, por cierto, ya hicieron otras democracias europeas asumiendo, de este modo, su responsabilidad en aquellos trágicos episodios de la II Guerra Mundial. Ahí está, a modo de ejemplo, la emotiva petición de perdón que, en febrero de 2000, realizó Johannes Rau, el Presidente de Alemania, ante el Knesset, el Parlamento de Israel, por el holocausto judío: la democracia alemana pedía perdón por los crímenes cometidos por la Alemania nazi.  ¿No debería hacer lo mismo el rey de España por la innegable connivencia de las dictaduras franquista y hitleriana por los crímenes contra la humanidad cometidos tanto durante nuestra guerra civil como en la posterior contienda mundial?. Como señalaba Carlos Hernández, autor del libro Los últimos españoles de Mauthausen, “España debe asumir, de una vez por todas, su pasado y reconocer, sencillamente, su culpabilidad, junto con la Alemania nazi o la Francia pétainista, en la deportación a los campos de concentración de nuestros compatriotas republicanos”.

   Esta negativa a pedir perdón va unida al rechazo del PP y del PSOE al reconocimiento jurídico  de las víctimas de los campos de concentración nazis, con lo cual España sigue siendo, como denuncia dicho autor  una “anomalía democrática en Europa en materia de políticas públicas de la memoria” El hispanista francés Jean Ortiz, hijo del exilio republicano, es aún más demoledor al señalar, con tanto acierto como amargura que, en esta materia, España se ha comportado como un “delincuente internacional” pues ha incumplido sistemáticamente la legislación penal internacional con arreglo a los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Y, si alguna duda quedaba, ahí está el permanente obstruccionismo a la orden internacional de detención cursada por la Justicia de Argentina contra 20 altos cargos y policías de la dictadura franquista.

    Así las cosas, al margen de actos puntuales sin trascendencia política o jurídica, al margen de los gestos, queda el reto de que la sociedad civil y los  partidos que asuman un compromiso firme en defensa de la memoria democrática,  pongan fin a esta injusticia histórica y se logre la plena rehabilitación política y jurídica de las víctimas de los crímenes franquistas  y del nazismo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 mayo 2015)

Etiquetas: memoria, histórica, republicana, exilio, deportación, crímenes, franquistas, del, nazismo, justicia, reparadora

    Los pasados días 12-14 de septiembre participé en los IV Encuentros Transfronterizos de Memoria Histórica celebrados en Pamplona y organizados por la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA) que preside Olga Alcega y que contaron con la presencia de asociaciones memorialistas republicanas españolas y francesas. Este Encuentro supuso un cúmulo de emociones para todos nosotros, personas y colectivos unidos en el afán de reivindicar el valor de la memoria histórica republicana.

    En primer lugar, hay que decirlo, nos sorprendió que, frente al habitual memoricidio de la derecha española, en este caso, las instituciones navarras (de mayoría conservadora) estuvieron a la altura. Así,  fuimos objeto de un recibimiento oficial en el Parlamento de Navarra (con discursos de su Presidente y del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral incluidos),  y en cuya sede se instaló la exposición “Desenterrando el silencio. Verdad, Justicia y Reparación”. Lo mismo ocurrió en el Ayuntamiento de Pamplona por parte de su alcalde, Enrique Maya (UPN), y en donde realizamos una ofrenda floral  en la placa colocada en el atrio del consistorio y que recuerda a los concejales asesinados tras la sublevación fascista de 1936. De todo ello deberían tomar nota muchos ayuntamientos aragoneses, sobre todo el de Zaragoza, pues también aquí hay que honrar a los regidores muertos por su compromiso político con la República, entre ellos, Bernardo Aladrén al cual, por cierto, el Ayuntamiento de la capital de Aragón se comprometió formalmente a dedicarle una calle…hace 7 años…y todavía la seguimos esperando.

     El Encuentro fue una lección de emociones, pues tuvimos ocasión de compartir los testimonios de hijos y nietos de víctimas del franquismo. Fue una lección de humanidad, reflejo de sufrimientos y dolores lacerantes, de silencios forzados y de humillaciones infringidas por parte de los “vencedores”. Y, sin embargo, ni una sola palabra de odio o revancha salió de los labios de las víctimas, sólo reclamaban su anhelo por recuperar los restos de sus seres queridos que siguen yaciendo en las fosas del oprobio. Estas mismas emociones se repitieron en las ponencias de Morgane Dubos y de Gregorio Armañanzas en torno al análisis del duelo y el perdón por parte de las víctimas o durante la visita al Parque de la Memoria de Sartaguda, “el pueblo de las viudas”como es tristemente conocido,  o en el recorrido por el fuerte-prisión de San Cristóbal de Pamplona, del cual nos habló Koldo Plá en una excelente conferencia.

     Fue también una lección de verdad histórica gracias a la participación de diversos historiadores como José Luis Gutiérrez Molina (Andalucía), Emilio Majuelo (director del Proyecto “Recuperar Memoria” surgido del acuerdo entre el Parlamento foral y la Universidad Pública de Navarra) o Queralt Solé (Cataluña). Interesente fue la perspectiva del exilio republicano expuesta por la prestigiosa historiadora Geneviève Dreyfus-Armand, o la intervención de Iosu Chueca, un emotivo homenaje a algunos de los miles de anónimos republicanos difuminados por el exilio y, también, la de Raymond Villalba, luchador infatigable,  quien nos recordó las lecciones de coraje y dignidad recibidas de sus padres a la vez que nos instaba, ante la amenaza creciente de rebrotes neofascistas,  a la defensa de  los valores republicanos de la libertad, igualdad y fraternidad.

     Fue también una lección de justicia gracias a la participación de los juristas Roldán Jimeno, Jacinto Lara (presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España) y José Antonio Martín Pallín en torno a la imprescriptibilidad y la jurisdicción penal universal aplicable a los crímenes del franquismo, tema de total actualidad tras el varapalo que ha supuesto para España el demoledor informe de Pablo de Greiff, el relator especial de la ONU para investigar estos  crímenes. Especialmente incisivo y contundente fue Martín Pallín el cual, tras reconocer que, en esta materia, “España es una anomalía jurídica internacional”, exigió al Gobierno de Rajoy la aplicación de una vez por todas de los principios de la jurisdicción universal a los crímenes franquistas dado que éstos tienen la categoría de crímenes de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no amnistiables. En consecuencia, la Ley de Amnistía de 1977 resulta “absolutamente inconstitucional”, un peaje pagado en aquella Transición presentada como modélica cuando en realidad fue una “transacción” entre los herederos políticos del franquismo y los partidos democráticos y, por ello, debe ser derogada tal y como ha demandado la ONU y al igual que ha hecho recientemente Chile con el decreto-ley de amnistía aprobado en su día por la dictadura de Pinochet.

     Excelente fue también la ponencia sobre “Arqueología de la verdad” en la que participaron Emilio Silva, Jimi Jiménez y los miembros del Equipo de Investigación Aranzadi, Paco Etxeberría y Lourdes Errasti, los cuales centraron sus intervenciones en la cuestión de las  fosas del franquismo desde diversas perspectivas (derechos humanos, política, judicial,  histórica y simbólica), no olvidando denunciar el constante obstruccionismo de las autoridades locales, autonómicas y estatales de la derecha para llevar a cabo las exhumaciones de las víctimas.

    Para finalizar, un extenso Manifiesto conjunto recogía las demandas de las asociaciones memorialistas para que España llegue a ser un Estado de Derecho pleno y, para ello, hay que superar déficits democráticos, de memoria y de justicia reparadora que, tras casi cuatro décadas desde la muerte del general Franco y el fin nominal de su dictadura, siguen siendo, todavía, unas deudas pendientes en nuestra sociedad. Estas son  las lecciones, el legado y el valor de la memoria histórica y de la democracia republicana.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 septiembre 2014)

Etiquetas: memoria, histórica, republicanismo, justicia, universal, crímenes, franquistas

     Desde la victoria soviética en la batalla de Stalingrado (febrero 1943) y el posterior desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944, el histórico “día D”,  nadie tenía dudas sobre que en la II Guerra Mundial el fascismo sería derrotado, como tampoco se tenían sobre que la bestia nazi caería matando hasta el final.

     Tras el desembarco, en la Francia ocupada, la Resistencia multiplicó sus acciones de hostigamiento contra las tropas nazis, especialmente en la región de Lemousin. Las represalias de las fuerzas hitlerianas fueron, como siempre, crueles e implacables. Si 9 de junio la división blindada de las Waffen SS “Das Reich” ahorcó en Tulle a 99 de sus vecinos, al día siguiente, esta unidad de élite nazi, que había destacado en el frente ruso por haber llevado a cabo tareas de exterminio de población civil, se ensañó con Oradour-sur-Glane, un pueblo cercano a Limoges.

     Nadie podía presagiar la tragedia que allí tuvo lugar la tarde del 10 de junio de 1944, hace ahora 70 años. Tras rodear el pueblo, la población fue reunida en la Plaza del Mercado, incluidos los niños que fueron sacados de la escuela con el pretexto de verificar su identidad. Posteriormente, se separó a los hombres, que fueron asesinados en 6 lugares distintos del pueblo, mientras que a las mujeres y los niños se les encerró en la iglesia, la cual fue seguidamente incendiada. El balance de la represalia fue estremecedor: aquel fatídico día fueron asesinados en Oradour 642 personas, de ellas, 240 eran mujeres y 213 niños. Entre las víctimas, hubo 21 refugiados republicanos españoles y sus hijos, entre ellos la familia Gil Espinosa, originaria de Alcañiz, pues allí encontraron la muerte los padres, una pariente y dos hijas, Francisca y Pilar,  gemelas de 14 años, como nos recordaba recientemente el historiador Juan Manuel Calvo Gascón, especialista en el exilio y la deportación republicana. Hoy, una placa erigida en 1945 por el Gobierno de la República Española en el exilio recuerda “A nuestros Mártires de Oradour”, único y sencillo homenaje para con ellos ya que la democracia española nunca los ha honrado de forma institucional.

     Tras la liberación de Francia, el general De Gaulle decidió que Oradour no fuese reconstruido “para que se convierta en memoria al dolor de Francia durante la ocupación” y, desde entonces,  el lugar es un monumento histórico, un emotivo monumento a la memoria, y en 1999 fue nombrada “Villa Mártir” por el entonces presidente Jacques Chirac.

     Recientemente tuve ocasión de visitar las ruinas de Oradour. Todo se conserva tal y como quedó aquella trágica tarde: las casas incendiadas, al igual que los coches que había por sus calles; allí, una vieja bicicleta, allá, una máquina de coser, las ruinas de la cantina donde se reunían los republicanos españoles, la escuela de donde fueron sacados los niños para asesinarlos poco después. Impresionan los lugares del martirio, especialmente las ruinas de la iglesia, donde perecieron todas las mujeres y los niños y, donde el elevado calor fundió la puerta metálica del templo, la cual aparece ante nuestros ojos como un amasijo informe que nos recuerda la magnitud de la tragedia que allí tuvo lugar.

     Impresiona igualmente el recorrido por el magnífico Centro de la Memoria construido al lado de las ruinas de la villa mártir, una gran instalación permanente que contextualiza y prepara al visitante para una visita en la que la historia trágica de Oradour se hermana con la emoción y el sentimiento que produce el transitar por las calles de lo que fue un hermoso pueblo de la campiña francesa hasta la llegada de las tropas nazis de las SS mandadas por el comandante Adolf Diekmann, responsables de tan bárbaro crimen contra una población civil indefensa, un crimen que sería juzgado por el Tribunal de Burdeos en 1953 y en el que se condenó a algunos de sus responsables. Y, para que tomen nota las autoridades políticas y judiciales españolas reacias a aplicar los principios de la justicia universal, todavía hoy, 70 años después, están siendo investigados y pendientes de juicio por el tribunal alemán de Dortmund  algunos soldados nazis que participaron en la masacre de Oradour.

    En un artículo reciente, Juan Manuel Aragüés destacaba con acierto la importancia y la presencia de la memoria histórica antifascista en Francia. Sin embargo, también allí, en la República Francesa, en el país que alumbró los derechos del hombre y del ciudadano tras su revolución, se está extendiendo la negra sombra que supone el auge de las ideas extremistas de derechas. Lo acabamos de comprobar con  la victoria del Frente Nacional (FN) en los recientes comicios al Parlamento Europeo, todo un cataclismo electoral para la democracia y las instituciones galas. Tras el FN subyace una ideología mimética de los fascismos que asolaron Europa en los años 30 y que condujeron a la II Guerra Mundial. La amenaza es real y, en estos días hemos podido asistir a una sucesión de comentarios xenófobos y antisemitas de mal gusto y peor intención: así, Jean-Marie Le Pen, el histórico dirigente del FN, el que tiempo atrás calificó la existencia de cámaras de gas como “un detalle insignificante” de la guerra mundial, el que confiaba en el mortífero virus del Ébora para poner acabar con la inmigración, ahora ha respondido a las críticas de varios artistas judíos franceses diciéndoles que  habría que hacer “una hornada” con ellos. Y su hija, Marine, la política de moda en Francia, la nueva imagen del neofascismo galo, no dudó en comparar a los inmigrantes con los topos  pues según ella, a ambos hay que darles un mazazo cuando asoman la cabeza: este es  su programa político para “ilusionar” a la sociedad francesa.

     En momentos así resulta obligado el recordar las lecciones de la historia, como lo fue la tragedia de Oradour para que la memoria y la conciencia cívica se conviertan en una barrera infranqueable ante las amenazas totalitarias que están surgiendo en la sociedad europea. Las ruinas de Oradour nos lo advierten y nos lo recuerdan permanentemente.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 18 junio 2014)

Etiquetas: memoria, histórica, antifascismo, resistencia, II, Guerra, Mundial

     En este año en que se cumple el 75 aniversario del exilio republicano, es  importante fomentar acciones que reivindiquen la memoria histórica democrática y antifascista. En este sentido, pese al evidente rechazo y aversión que este tema produce en los sectores conservadores (recordemos la supresión en Aragón del Programa Amarga Memoria por parte del Gobierno PP-PAR), resulta más necesaria que nunca la labor de investigadores, asociaciones y personas comprometidas en recuperar esta parte de nuestra historia. Es por ello un motivo de alegría la reciente publicación en Venezuela de un libro escrito por la prestigiosa investigadora Laura S. Leret, hija y nieta de republicanos represaliados por el franquismo, titulado Domingo Félez. Veterano de tres guerras (Víctima de los nazis, prisionero de EE.UU.). Dicha obra es un serio y documentado relato de la vida del republicano aragonés Domingo Félez Burriel, actualmente residente en Venezuela, a donde arribó tras haber sobrevivido a los avatares de nuestra contienda civil,  de la II Guerra Mundial y, de forma especial, después de los 5 años que pasó por el campo de concentración  nazi de Mauthausen.

     Laura S. Leret plasma la trayectoria vital de Domingo Félez desde su nacimiento en Alcorisa en 1920, en el seno de una familia de hondas convicciones republicanas, y en donde, iniciada la guerra civil, “como buen militante del Partido Socialista Obrero Español, a los 15 años me fui como voluntario”. De este modo, se convirtió en “el soldado más joven de España” y que, tras integrarse en la columna Carod-Ferrer y más tarde en la Macià-Companys, formó parte de la 30 División del Ejército Republicano, combatiendo en Belchite, Teruel y en la batalla del Ebro, siendo ascendido a sargento por méritos de guerra.

     El éxodo republicano le llevó a Francia y pasó por los campos de Argèles y Saint-Cyprien hasta que, reclutado por las Compañías Militarizadas de Trabajo francesas, estuvo construyendo las defensas de la Línea Maginot. Tras la derrota del ejército galo (junio 1940), fue capturado por los nazis cerca de Estrasburgo y enviado, al igual que varios miles de compatriotas, al campo de Mauthausen. Era el preso nº 4.779 en aquel lugar donde la vida y la dignidad humana no tenían ningún valor, una “matazón”, como lo define Félez. Allí trabajó en la tristemente célebre cantera, aquel infierno hecho piedra, al igual que Manuel Rifaterra, también de Alcorisa, el maestro de obras que realizó la famosa escalera de los 186 escalones y la construcción del reciento exterior del campo. Más tarde pasaría por el campo auxiliar de Gusen y fue trasladado por los nazis para trabajar como mano de obra esclava en la fábrica de motores de avión de Foche Wolf cercana a Viena, de donde no regresaría a Mauthausen hasta principios de 1945, permaneciendo allí hasta la liberación del campo por los americanos el 5 de mayo de ese año.

    Hasta aquí la historia de Félez sería similar a la de tantos republicanos españoles que sufrieron el cruel zarpazo de la barbarie nazi y lograron sobrevivir a la política de exterminio hitleriana. Pero el caso de Félez es distinto puesto que, tras  la liberación, fue detenido por las fuerzas de los EE.UU.  bajo la acusación, nunca probada, de haber colaborado con los verdugos nazis. Esta grave acusación ha pesado como una losa sobre la memoria de Félez y, uno de los capítulos más interesantes del libro es el que la autora dedica a los llamados Juicios de Dachau donde, junto a 1.672 criminales nazis,  se juzgó a 5 españoles, entre ellos Félez. Las investigaciones de Leret, basadas en la consulta de los Archivos Nacionales de los EE.UU. (NARA) y de los datos ofrecidos por Joseph Harlow, quien fuera transcriptor del Tribunal de Dachau y autor de un libro revelador (Innocent at Dachau, 1993), demuestran que se trató de juicios viciados, plagados de irregularidades (los testigos del fiscal estaban pagados, la defensa  no pudo contar con testigos fiables, se careció de intérpretes y asesores para los republicanos, etc.). Félez, tras 26 meses en prisión, fue juzgado en julio de 1947. El alcorisano alegó que “Todo esto es puro embuste” y, sin embargo, fue condenado a 2 años de prisión. Al conocer la sentencia, declaró: “Quiero decirle al Tribunal que he luchado contra el fascismo por once años y que no soy ningún criminal”. No obstante, fue acto seguido liberado pues su condena era equivalente al tiempo que había estado en la celda de Dachau a la espera de juicio.

     A su salida de la cárcel, un viejo alemán le leyó la mano y le predijo su destino: “Tienes un futuro bueno, un viaje muy largo a un lugar donde te espera una muchacha morena muy bonita”. Y así fue: embarcó en Bremen con destino a Venezuela a donde llegó en octubre de 1947 y allí inició una nueva vida, se casó con Gladis González y tuvo tres hijos (Ilich, Thaelman y Coromoto).

     Otro capítulo interesante de la vida de Félez es el de sus años de participación en la guerrilla revolucionaria procastrista de Venezuela, a la cual se unió en 1962 permaneciendo en la clandestinidad durante 7 años hasta que, como consecuencia de la política de pacificación del presidente Calderón, en 1969 retornó al hogar familiar en La Victoria,  donde hoy sigue residiendo.

     Félez es una de las últimas voces de los republicanos españoles supervivientes del nazismo y hoy, a sus 94 años, casi ciego, en su vivienda ocupa un lugar destacado una fotografía de la puerta de su casa natal en Alcorisa (C/ Mayor, 24), a donde ya nunca regresó, mientras, con sereno estoicismo, señala que “estoy esperando a que llegue la hora de morirme”.

     Esta es la amarga memoria de Domingo Félez, un luchador republicano contra el fascismo en España, superviviente de la barbarie nazi en Mauthausen, guerrillero revolucionario en Venezuela, el cual representa un testimonio emotivo y veraz de un tiempo rasgado por las tragedias y luchas del s. XX y, a la vez, una lección de compromiso político, tenacidad y coraje ante la adversidad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 26 mayo 2014)

Etiquetas: guerra, civil, española, exilio, republicano, campos, nazis, Mathausen, guerrilla, revolucionaria, en, Venezuela

     En estos dos años de gobierno de Rajoy  se han ido acumulando una ingente cantidad de despropósitos, incumplimientos electorales y recortes democráticos, sociales y laborales de todos conocidos. En este decidido impulso de intentar hacer retroceder el reloj de la historia y del progreso hacia tiempos pasados por parte de la derecha gobernante, resulta reveladora su actitud hacia un tema que, a fecha de hoy, sigue pendiente en nuestra sociedad: la recuperación de la memoria histórica democrática y la consiguiente reparación moral y jurídica que se debe a las víctimas de la dictadura franquista.

     En este tema, el memorial de agravios para con la insensible derecha española ante tan elemental cuestión de justicia democrática es abultado: resulta inaceptable su permanente olvido cuando no desprecio para con las víctimas y sus descendientes; su mezquina actitud ante los intentos del juez Garzón cuando intentó investigar los crímenes franquistas que no cejó hasta lograr su inhabilitación; su negativa a aplicar en España la legislación penal internacional; su inhibición ante las obligaciones de los poderes públicos derivadas de la Ley de Memoria Histórica (LMH), totalmente ineficaz al vaciarla, además, de dotación presupuestaria mientras se destinaban a la restauración del Valle de los Caídos, sombrío panteón del dictador, 280.000 euros. A todo ello habría que añadir la supresión de la Oficina de Victimas de la Guerra Civil y la Dictadura, surgida tras la LMH o la previsible reprobación al Gobierno español por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU dado que España ostenta, a fecha de hoy, el segundo puesto, tras Camboya, entre los países con mayor número de desaparecidos y asesinados como consecuencia de la violencia política. Todo lo dicho supone un grave cúmulo de actitudes y medidas reaccionarias y lo son tanto en cuanto “reaccionan” desde posiciones propias de la más rancia derecha ante los tímidos avances en materia de recuperación de la memoria histórica democrática que en su día impulsó el gobierno de Zapatero.

     Por si fuera poco, y con una actitud cada vez más arrogante y autoritaria en las prietas filas de la derecha española, el pasado 4 de noviembre tuvieron lugar las ofensivas e hirientes declaraciones de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Almería cuando declaró en 13TV, refiriéndose a los familiares de las víctimas del franquismo,  que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Las palabras de Hernando, no sólo ofenden a miles de familias, sino que, también son mentira y él lo sabe puesto que, desde la llegada al poder del PP, ninguna asociación memorialista recibe subvenciones públicas para tareas de localización y exhumación de fosas: conviene recordarle al diputado Hernando que, en su tierra andaluza, según datos de 2010, hay 47.399 asesinados sepultados en 614 fosas sin nombre.

     Las reacciones de indignación no se hicieron esperar: la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lo demandó por “injurias graves” y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA), le exigió una inmediata rectificación o que dimitiese recordándole a Hernando que, “a pesar del tiempo transcurrido, la inmensa mayoría de los ciudadanos descendientes de asesinados no ha podido recuperar los cuerpos de sus familiares, y no sólo por la ausencia de subvenciones, sino por encontrarse con todo tipo de trabas que retratan qué tipo de democracia tenemos”. Y es cierto, si el sociólogo Boaventura de Sousa Santos ha acuñado el término de “democracia de baja intensidad”,  este caso concreto, como señala Antonio Avendaño, la actitud de Hernando y buena parte de la derecha española evidencia que “siguen profesando, sin saberlo, un cierto franquismo de baja intensidad incapaz de advertir la crucial diferencia que existe entre la paz y la victoria”. La razón es obvia: buena parte del PP es heredero sociológico del franquismo y, tal vez por ello, como decía Aníbal Malvar, “cada vez que gobierna el PP con mayoría absoluta, me da la impresión de que se creen que han vuelto a ganar la guerra y no unas elecciones cuatrienales”.

     Este escaso barniz democrático de este sector de la derecha española contrasta con el caso de otras derechas europeas que, como el gaullismo francés, se forjaron en la dura lucha contra el fascismo. No ocurrió así en el caso de España donde, excepto honrosas excepciones, la derecha mantuvo su adhesión inquebrantable a Franco hasta la muerte del dictador y aún después,  ya que mantiene, todavía, una buena dosis de franquismo sociológico en sus ideas y actuaciones.

     Y en esta defensa de la memoria democrática, en esta necesidad de conservar “la cadena de la memoria” a la que se refería Elías Canetti, una consideración final. A las autoridades políticas y judiciales españolas debería causarles cuando menos sonrojo y vergüenza, el hecho de que ciudadanos nuestros, en algunos casos ancianos octogenarios, se hayan visto obligados a atravesar un océano para declarar ante la justicia argentina, ante la juez María Servini, contra los crímenes del franquismo, para reclamar la justicia reparadora a la cual tiene derecho toda víctima, una justicia que la democracia española ha sido incapaz de ofrecer, lo cual descalifica en gran medida a nuestro supuesto Estado democrático y de derecho. Lamentable e indignante.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 diciembre 2013)

Etiquetas: política, España, memoria, histórica, neofranquismo

    Mucho cambió la imagen de la Justicia española tras la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  en febrero de 2012 por su investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto para nuestra Judicatura un grave descrédito tanto en España como en el extranjero. Por ello, ante una Justicia autista frente a las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (el Tribunal Supremo se negó a hacerlo alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer  a la Justicia española, incapaz de adoptar en esta materia los principios de la legislación y justicia universal, para castigar los crímenes del franquismo, que tienen, no lo olvidemos, la calificación jurídica de “crímenes contra la humanidad”.

       En este contexto, un nuevo rayo de esperanza se abre con la reciente visita a España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU con la intención de ayudar a resolver los casos de los todavía 130.000 desaparecidos (estremece la cifra) como consecuencia de la guerra civil y la posterior dictadura franquista en las 2.800 fosas que salpican la geografía y la conciencia de España. A esta situación se ha llegado ante el desamparo total de que han sido objeto las víctimas tanto por parte del Gobierno como de la Justicia española. Al margen de las tímidas acciones llevadas a cabo desde la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en  2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y en la actualidad incumplida sistemáticamente por el Gobierno de Rajoy, esta herida  de nuestra democracia ha hecho que las asociaciones memorialistas busquen la internacionalización de sus demandas como única vía para hacer justicia ante tanto oprobio y olvido. Así, tras la neutralización jurídica de Garzón, las asociaciones memorialistas, acogiéndose al principio de justicia universal, iniciaron la querella contra los crímenes franquistas ante los tribunales de Argentina, una vía que hoy está resultando esperanzadora no sólo para la reparación moral y jurídica de las víctimas sino para la condena pública y universal de los criminales,  hasta ahora impunes gracias a la Ley de Amnistía de 1977 que, en la práctica, fue una ley de impunidad absoluta, un peaje que hubo que pagar durante la Transición para avanzar hacia la ansiada democracia en España.

     Otras acciones se están llevando a cabo en esta línea ante el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y, es probable que las conclusiones del informe que elabore Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU supongan una amonestación para España por su pasibilidad en la resolución de este triste episodio de nuestra historia y su negativa a aplicar con todas sus consecuencias la legislación penal internacional ante este tipo de crímenes de lesa humanidad que, precisamente por ello, son jurídicamente imprescriptibles. El tema es motivo de polémica y, mientras el Gobierno del PP no tiene ningún interés  en las políticas públicas de la memoria, el fiscal de la Audiencia Nacional ya ha manifestado su opinión contraria a las acciones de la juez Servini. Por el contrario, los fiscales progresistas calificaban de “penosa” la posición de la Justicia española en este tema, y el juez Pablo Ruz, ha dado un paso al frente al citar a declarar a los torturadores Muñecas y González Pacheco (a) Billy el Niño reclamados por la Justicia argentina.

     Aunque la vía internacional ha desbloqueado siquiera sea en parte esta cuestión, considero que, tarde o temprano,  los crímenes franquistas deben ser investigados en España y ello será una garantía de madurez de nuestra democracia y una prueba de que la Justicia es digna de tal nombre. Y, para ello, además de las acciones judiciales pertinentes, resulta imprescindible el crear una Comisión de la Verdad  tal y como se hizo en diversos países de América Latina, unos países que ahora nos dan ejemplo de valentía judicial en la lucha contra la impunidad de las dictaduras y sus cómplices. Y a todo ello no debería oponerse la derecha española, esa derecha que tanto ha monopolizado a las víctimas del terrorismo de ETA y que, en cambio, siempre ignoró a las de la dictadura franquista porque como señalaba Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo y exdirector de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala que ha logrado procesar al exdictador Ríos Montt, “las víctimas del franquismo deben tener el mismo estatuto jurídico que tienen las del terrorismo”.Y algo no menos importante: esta página negra de nuestra historia debe de ser estudiada en los libros de texto, al igual que la enseñanza del Holocausto es obligatoria en los programas educativos de diversos países para inmunizar a la juventud frente a la amenaza fascista, esa que siempre resurge en tiempos de crisis económica como los que ahora padecemos y como pone de manifiesto el caso de Grecia.

     El prestigio y eficacia de la Justicia en España dependerá de la resolución de todas estas cuestiones y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón y de la reapertura de los sumarios sobre los crímenes franquistas. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras de Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es una auténtica Justicia democrática que demandamos los ciudadanos.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 septiembre 2013)

     Los pasados días 6 y 7 de octubre tuvo lugar en Oloron-Sainte Marie un Encuentro de Asociaciones francesas y españolas de la Memoria Histórica, al cual asistieron 17 entidades de ambos países, entre ellas, cuatro aragonesas (Círculo Republicano Galán y García Hernández de Jaca, ARICO, Foro por la Memoria de Aragón y la Fundación Bernardo Aladrén). El Encuentro, organizado por  Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML) bajo el lema “La Memoria Histórica, una cuestión de dignidad y justicia democrática”,  sirvió para abordar diversos temas y proyectos relacionados con esta materia a ambos lados del Pirineo.

     En primer lugar, se analizó la situación actual de las políticas públicas de la memoria, constatando con pesar la involución que se está produciendo tras la llegada de la derecha al poder en España. Ejemplo de ello serían la total supresión de dotaciones para memoria histórica en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, la desaparición de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura creada por el anterior Gobierno del PSOE, o la supresión por parte del Gobierno de Aragón del Programa Amarga Memoria que, durante estos últimos años había realizado una meritoria labor.

     Especial atención se dedicó a la vigente Ley de la Memoria Histórica: se valoraron su logros (reconocimiento moral de las víctimas del franquismo, concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales y sus descendientes, subvenciones concedidas para exhumaciones de fosas, publicaciones y actividades diversas) y se criticó el que sea una ley que carezca de apoyatura jurídica y de un reglamento específico para desarrollarla. Unánime fue la exigencia de anulación de todas las sentencias y condenas dictadas por los tribunales franquistas para así lograr la plena reparación jurídica de las víctimas: ciertamente, al Gobierno de Zapatero le faltó valentía política en este tema, en contraste con lo hizo el Gobierno de Alemania cuando en 1998 aprobó la Ley de nulidad de las sentencias injustas del nazismo.

     Se trató igualmente el tema de las fosas comunes, consideradas legalmente como “muestras de delito”, ejemplo flagrante de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, razón por la cual todas las exhumaciones deben realizarse a partir de una denuncia inicial que obligue a la justicia a actuar y, consecuentemente, levantar los restos siempre en presencia de un juez y con las indispensables garantías jurídicas. En este sentido, se puso como ejemplo el protocolo de actuación vigente en Aragón el cual, además de muy estricto en cuanto a la aplicación de criterios arqueológicos y antropológicos, se ha cumplido de forma rigurosa. Sobre el tema del Valle de los Caídos, hubo igualmente unanimidad para exigir sacar los restos del dictador del recinto, recordando, tal y como años atrás señaló Baltasar Garzón, que “los restos del responsable de los crímenes no pueden yacer junto a las víctimas. Es la mayor y última ofensa que puede hacérseles”.

     Por otra parte, se fijaron los criterios de actualización del Manifiesto en Defensa de la Memoria Histórica Republicana hecho público en Zaragoza en octubre de 2011, incluyendo en el mismo la exigencia de internacionalizar judicialmente las demandas y denuncias por los crímenes franquistas, el apoyo a la Red AQUA sobre las acciones judiciales que, en esta materia, se han abierto en Argentina, así como apoyar la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo

     También se trató en profundidad el tema de “Educación y memoria histórica” y, del Encuentro de Oloron salieron propuestas concretas como la realización de encuentros entre profesores de historia españoles y franceses, el impulso de contactos entre las universidades de Pau, Toulouse, Zaragoza y la Complutense de Madrid, la adaptación del proyecto Las Rutas de la Memoria a otras  comunidades autónomas para impulsar una red transfronteriza que fomente los intercambios escolares (4.000 estudiantes visitan anualmente el cercano Campo de Concentración de Gurs), la creación de una red de recursos didácticos y pedagógicos con objeto de divulgar  aspectos relacionados con la memoria histórica, o la puesta en marcha del Tren de la Memoria entre París y Albacete, propuesto por la Asociación de Amigos de Combatientes de la España Republicana (ACER), comprometido con la memoria de las Brigadas Internacionales, o el proyecto de Toulouse como “capital del exilio republicano español” desarrollado por su Ayuntamiento, presente en Oloron por medio de Pierre Lacaze, alcalde-adjunto de dicha ciudad francesa.

     Se constató la necesidad imperiosa de realizar pedagogía sobre este tema por parte de los profesionales de la educación y las asociaciones memorialistas, sin olvidar hacer frente al revisionismo, el cual, como nos recordaban las asociaciones francesas, es un fenómeno internacional, que se extiende como un cáncer cuando nos referimos a la historia de la II República, la Guerra Civil y el franquismo, alentado últimamente por la involución que suponen las actuales políticas educativas del PP. Una autocrítica interesante fue el constatar la escasa presencia de los investigadores en los medios de comunicación pues, excepción hecha de Julián Casanova, son pocos los historiadores que defienden en ellos la dignidad y la memoria histórica, especialmente en el caso de los medios audiovisuales,  cada vez más copados por pseudohistoriadores y tertulianos, tal y como nos recordaba la Asociación republicana Ay Carmela de Burdeos.

     A modo de conclusión, como señalaba Raymond Villalba, presidente de TML, trabajar por la memoria histórica republicana debe valernos para las luchas actuales a favor de la libertad y la igualdad, para combatir las políticas regresivas de la derecha y la vuelta de los neofranquistas. Esta es una lucha por una causa justa, ya que no se puede hacer memoria sin justicia y porque debe quedar claro que no defendemos una memoria “partidista”, sino una memoria “democrática”. Y eso es lo importante.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 21 octubre 2012)

     En fechas  recientes, el Grupo Municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto, con toda justicia y razón, la retirada de la medalla de la ciudad y el título de “Alcalde honorario” a Ramón Serrano Súñer, uno de los personajes más siniestros del franquismo, título que ostenta desde 1938.

     Serrano Súñer estuvo vinculado a Zaragoza cuando, como joven abogado del Estado, fue destinado a la capital aragonesa. Allí conoció a Ramona Polo, cuñada del general Francisco Franco, por entonces director de la Academia General Militar, con la que se casaría, ceremonia en la que fueron sus testigos José Antonio Primo de Rivera, y el mismo Franco, lo cual nos indica ya la orientación política de Serrano Súñer. Y en Zaragoza, entraría en política, siendo diputado por esta provincia en las filas de la CEDA (1933-1936), evolucionando posteriormente hacia un ardoroso fascismo que le impulsó a conspirar activamente contra la República.

     Iniciada la guerra civil, logró llegar a Salamanca, poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco, su cuñado, convertido ya por entonces “Generalísimo” de las fuerzas liberticidas y reaccionarias alzadas contra la legalidad republicana. Serrano Súñer, convertido ya en el “Cuñadísimo” del Caudillo, al amparo de éste fue acumulando un inmenso poder político que le convirtió en uno de los principales jerarcas del régimen franquista. Además de ser el redactor del Decreto de unificación que creó FET y de las JONS, el partido único de la dictadura de cuya Junta Política fue presidente, fue ministro del Interior (1938) y más tarde de Gobernación (tras la unión de Interior y Orden Público), cargos de los que fue el encargado de llevar a la práctica la implacable represión a la que fueron sometidos los republicanos  tanto en el interior de España como aquellos que se habían exiliado: gracias a sus buenas relaciones con el régimen de Vichy y el nazismo, logró que fueran entregados a las autoridades franquistas algunos destacados dirigentes republicanos que, como fue el caso de Julián Zugazagoitia, Joan Peiró o Lluís Companys, serían posteriormente fusilados. Recordemos además que, Serrano Súñer firmó un acuerdo de cooperación policial con la Alemania nazi cuando Himmler, el siniestro jefe de las SS hitlerianas, visitó Madrid en octubre de 1940: consecuencia del mismo, se inició la deportación de los republicanos españoles en los territorios ocupados por el Reich a los campos de exterminio nazis, especialmente al de Mauthausen. De este modo, en la entrevista que tuvo  con Hitler el 25 de septiembre de 1940, Serrano le dijo al Führer: “puede hacer con estos rojos lo que quiera porque la nueva patria no los considera españoles”: quedaba así sellado el dramático destino de millares de nuestros compatriotas. Manuel Leguineche recoge el testimonio de Antonio García Barón, un anarquista de Monzón superviviente de Mauthausen que corrobora esta idea al recoger las declaraciones del comandante Franz Ziereis, jefe nazi de dicho campo, quien antes de morir, “me dijo saber que los presos españoles estábamos allí por petición directa de Serrano Súñer a Hitler. El fue el que nos condenó a muerte”. Por todo ello merece el oprobio y el repudio en la historia y en la conciencia cívica de los españoles.

     Además de  artífice de la represión, Serrano Súñer, siendo ya ministro de Asuntos Exteriores, como germanófilo convencido que era, fue un decidido partidario de que la España franquista entrara en la II Guerra Mundial a lado de las potencias fascistas. Recordemos las entrevistas que, con tal motivo efectuó con los principales jerarcas nazis durante los meses de septiembre-octubre de 1940. En su encuentro con Hitler del 17 de septiembre, Serrano le expuso el programa imperialista de Falange, inspirado en el delirante libro de Areilza y Castiella titulado Reivindicaciones de España y en el que el régimen franquista deseaba anexionarse a cambio de su apoyo militar al Eje, además de Gibraltar y el Marruecos francés, el Oranesado argelino, ampliaciones territoriales en Guinea y el Sahara, así como Andorra y el Rosellón y la Cerdaña, esto es, la Cataluña francesa. Diversos motivos hicieron que, pese a que Franco se comprometió por escrito a entrar en la guerra (sin fecha concreta) en el Protocolo de Hendaya tras la entrevista de Hitler y el dictador español, lo cierto es que la mano de Serrano fue la impulsora de la creación de la División Azul.

     El historiador Julián Casanova se hacía eco de la nefasta trayectoria política de Serrano Súñer en un excelente artículo titulado “Serrano Súñer y la sombra de la represión franquista” (El País, 12 septiembre 2003) con motivo del fallecimiento del político, cuya lectura resulta reveladora señalando cómo éste, pese a intentos exculpatorios posteriores, “estuvo allí, en primera línea, acumulando poder, en los años más duros, cuando más se humilló, torturó y asesinó, en el momento en que se puso en marcha el sistema represivo policial, con la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Seguridad del Estado y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Defendió, con Franco, la rendición incondicional de los rojos, sitió fascinación por las potencias fascistas y odió a las democracias”. Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha aplicado la Ley de Memoria Histórica en la toponimia urbana (aunque todavía no ha dedicado la calle prometida hace años a Bernardo Aladrén) y que erigió un digno memorial en el Cementerio de Torrero en honor a las víctimas de la represión franquista, debería de acabar con el lastre que supone el que Serrano Súñer siga ostentando una  distinción que le concedió la corporación zaragozana en plena guerra civil. Ha llegado el momento de acabar con este oprobio, pues resulta ofensivo para la memoria de las víctimas e indigno para la historia de Zaragoza, pues bajo ningún concepto debe honrarse a ese espectro del pasado, del peor y más triste pasado, aquel que representa la figura de Ramón Serrano Súñer.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 septiembre 2013)

     En tiempos de crisis económica y social, se suelen agitar los negros espectros del racismo y la xenofobia: ocurrió en la Europa de entreguerras y vuelve a ocurrir ahora, y hay que estar alerta ante este peligro, este cáncer para la democracia. Es preciso recordarlo, ahora,  en este año en que se cumple el 70º aniversario de la Conferencia de Wannsee en la que el 20 de enero de 1942 se reunieron  15 jerarcas nazis para adoptar las medidas necesarias para poner en marcha la “solución final”, el exterminio de todos los judíos de Europa en lo que fue conocido como el Holocausto, la Shoah, una de las páginas más trágicas de la historia de la Humanidad.

      En dicha reunión, presidida por Reinhard Heydrich,  jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich (RSHA), se expuso un plan, el Protocolo de Wannsee, definido por Mark Roseman como “el documento más vergonzoso de la era moderna” dado que “no ha existido jamás una descripción más tenebrosa y funesta” de la planificación metódica de un genocidio. Sus artífices (oficiales de las SS, altos funcionarios y miembros del Partido Nazi), eran personas de un elevado nivel de instrucción: dos tercios de ellos tenían títulos universitarios y, más de la mitad, doctorados, generalmente en derecho. Nadie podía imaginar que, como Wannsee puso de manifiesto, en Alemania, país de los poetas y  filósofos, se pudiera engendrar la bestia del nazismo cuyo delirio criminal avocó al mundo a la sangrienta II Guerra Mundial y al Holocausto.

     ¿Cómo se llegó a Wannsee?. La semilla del odio antisemita fue germinando con fuerza desde años antes: baste recordar la retórica antijudía de Hitler en Mi Lucha (1925) y, tras la llegada de éste al poder en 1933, las leyes racistas de Nüremberg (1935) o la trágica Noche de los Cristales Rotos (9 noviembre 1938). Fueron años en que la Alemania nazi pretendió eliminar la influencia social judía, desposeerlos de sus bienes y riquezas y expulsarlos del Reich. Todo cambió al estallar la II Guerra Mundial en que la brutalidad antijudía adquirió una nueva dimensión y la idea de exterminio se fue abriendo paso. Ya lo había advertido Hitler a sus fieles: “Cierren sus corazones a la compasión: método brutal”. Así, tras la invasión nazi de la URSS (junio 1941), se inició la guerra genocida contra los judíos. Fue allí donde tuvieron lugar los primeros fusilamientos masivos (recordemos Babi Yar) y en donde se fueron ampliando gradualmente el espectro de las matanzas: del asesinato de funcionarios soviéticos y judíos  con cargos se pasó al asesinato de todos los judíos varones en edad militar, al de mujeres y niños  y luego al de comunidades enteras.

     En este contexto, el 31 de julio de 1941 Hermann Goering encargó a Heydrich  “un plan total de las medidas organizativas, prácticas y financieras preliminares para la ejecución de la solución final en Europa”. Se acababa de este modo la idea inicial de Hitler de deportar a los judíos a los territorios del Este  y tenerlos allí como rehenes y sólo actuar contra ellos en caso de que EE.UU. entrase en la guerra. En consecuencia, como señala Gerlach, tras la declaración de la guerra por Alemania a los EE.UU. (11 diciembre 1941),  Hitler decidió dar el paso definitivo para lograr el “exterminio de todos los judíos europeos” y de la “solución territorial” (reserva judía en el Este) se pasó a la “solución final”: fue entonces cuando se hicieron los primeros ensayos  de asesinatos en cámaras de gas como método alternativo a los fusilamientos  masivos cometidos  hasta entonces por los Einsatzkommandos creados por Heydrich.

     A mes siguiente tuvo lugar la Conferencia de Wannsee en cuya acta se señala, con absoluta frialdad, que la “solución final” afectaría a 11 millones de judíos europeos, los cuales aparecían desglosados en una tabla  dividida en una Parte A (número de judíos a exterminar en cada uno de los países bajo ocupación o control alemán) y una Parte B, en la que se indican los judíos de los países europeos aliados de la Alemania nazi, de los países neutrales (se incluye España en la que se señala, había 6.000 judíos) y aquellos otros países con los que el Reich estaba todavía en guerra.

     Tras la Conferencia de Wannsee, Heydrich, su promotor, estaba satisfecho: se había puesto en marcha la “solución final” y, por ello,  y se fumó un puro acompañado de tres copas de coñac. En Wannsee estaba nevando, también sobre las gélidas conciencias de los artífices del genocidio.

     La guerra siguió con virulencia creciente, y el Holocausto se desarrollaba con precisión germánica. Pero, en medio de tanta tragedia, la historia hizo justicia con los criminales de Wannsee: Heydrich murió en Praga en un atentado  de la Resistencia checa (junio 1942) y Adolf Eichmann,  su principal colaborador y Jefe del Departamento de Asuntos Judíos de la RSHA, tras huir a Sudamérica al final de la guerra, fue secuestrado en Buenos Aires por un comando judío del Mossad y, tras ser juzgado, fue ahorcado en Jerusalem un 31 de mayo de 1962, hace ahora 50 años.

     La sombra de Wannsee fue dramática pero el combate jurídico contra el nazismo, como pusieron de manifiesto los procesos de Nüremberg y Eichmann, sentaron las bases de la legislación penal internacional, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y abrió la puerta para juzgar, entonces y ahora, a criminales y dictadores. Por ello es necesario recordar lo que supuso Wannsee ahora que el espectro del nazismo reaparece peligrosamente en diversos países de Europa, entre ellos, Grecia, la cuna de la civilización occidental.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 18 junio 2012)

     Recientes todavía los ecos del 1º de Mayo,  Día Internacional de los Trabajadores, cuyos derechos se hallan hoy más amenazados  que nunca, hay otra fecha en el calendario de  la memoria y conciencia cívica:  la del pasado 8 de Mayo, el Día de la Victoria aliada contra los regímenes fascistas que, en 1945, puso fin a la sangrienta II Guerra Mundial. Aunque oficialmente España no fue beligerante en la contienda pese a que el régimen franquista apoyó a las potencias fascistas (recordemos la División Azul) y sólo se desmarcó de ellas al soplar vientos de derrota para los países del Eje, recordamos ahora el 8 de Mayo en homenaje a la activa participación de los republicanos españoles en la victoria aliada, los cuales  combatieron en todos los frentes y bajo diversas banderas, sumándose a grupos guerrilleros  o bien alistándose en los ejércitos aliados: desde Narvik  a Camerún y Níger; desde Chad hasta los desiertos africanos de Egipto, Libia, Túnez o Argelia; desde las playas de Normandía hasta la inmensa URSS, batiéndose en los frentes de Leningrado, Moscú, Stalingrado o el Caúcaso, los españoles lucharon con coraje contra el fascismo.

     En el caso de la vecina Francia, donde se hallaba al inicio de la II Guerra Mundial el mayor contingente del exilio republicano, según  el libro Los españoles en la Resistencia Francesa y su aportación a la lucha antifranquista  de Sixto Agudo, más de 20.000 compatriotas nuestros participaron en los combates de liberación de Francia en las filas de las FFI. Por su parte, el historiador Jean Ortiz, en su libro Guerrilleros en Béarn, destaca que el número de republicanos españoles en las filas de la Resistencia supuso un 10 % de sus efectivos totales por lo que, proporcionalmente, fue “muy superior a la de los franceses”. En el Béarn se integraron mayoritariamente en la Unión Nacional Española (UNE) y su brazo armado (el XIV Cuerpo de Guerrilleros) que más tarde se convertiría en la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE). Ortiz señala de forma especial la participación en la Resistencia pirenaica de los republicanos aragoneses, la mayor parte de ellos militantes del PCE, como fue el caso de Julio Ferrer, (uno de los fundadores del MOI, que se convertirá en la primera organización resistente en el Béarn), Carmen Blasco (vinculada a la Unión de Mujeres Españolas) o Félix Burguete, jefe de la 226ª Brigada guerrillera.

     Tras la ocupación hitleriana de la llamada “zona libre” de Francia (noviembre 1942), se reactivaron los núcleos del maquis, especialmente en el valle de Ossau. Allí surgió la  10ª Brigada de Guerrilleros que tenía su base de operaciones en el Col de Marie-Blanque y estaba al mando de Hilario Borau, natural de Canfranc que, al igual que otros jefes aragoneses del maquis que actuaban en el Pirineo francés, como Francisco Cavero o Ricardo Sánchez, habían combatido durante nuestra Guerra Civil en la 43ª División bajo el mando de Antonio Beltrán, “El Esquinazau”.

     Cuando el 15 de agosto de 1944 tuvo lugar el desembarco aliado en Provenza y el consiguiente repliegue del XIX Ejército Alemán, se produjo una ofensiva guerrillera en el Pirineo así como la liberación de amplias zonas del sur de Francia desde Burdeos a Toulouse. A pesar de la masacre de Buzy-Buziet del 17-18 de julio de 1944 en que la fueron asesinados 15 combatientes españoles por las tropas de las SS, la citada 10ª Brigada tuvo un papel decisivo en la liberación  de los valles pirenaicos de Aspe y Ossau. Por  ello, como recordaba Sixto Agudo, “no hay ciudad pirenaica que no recuerde con cariño a los maquis españoles. Sus nombres están grabados al lado de los combatientes de las FFI en las estelas y monumentos erigidos en su honor en diversos lugares testigos de los gloriosos combates en los que participaron”. Por su parte, Jean Ortiz califica de “auténtica epopeya” la lucha de los guerrilleros antifascistas españoles, aquellos a que tras la liberación de Francia, por la que tanta sangre vertieron, se vieron abandonados por los aliados a la hora de acabar con la dictadura de Franco. Fueron, en expresión de Vázquez Montalbán, unos “atletas morales” que supieron hacer frente a todo tipo de adversidades y así, escribir, según Jean Ortiz, “una de las más bellas páginas del siglo XX, un siglo de grandes propósitos idealistas”.

     Este 8 de Mayo, como ocurre desde 1945, todos estos luchadores de la libertad han recibido un homenaje en los memoriales que los recuerdan y las flores adornan las tumbas en las que reposan : ¡Qué lejos está todavía España en el camino de la dignificación de la memoria de los republicanos, de todos aquellos paisanos nuestros que, todavía, siguen yaciendo en las fosas de la ignominia, esas fosas que salpican nuestra geografía, estas tierras de España por las que, como escribió Antonio Machado, “cruza errante la sombra de Caín”!.

     En estos tiempos de retrocesos en derechos y libertades, cuando se están perdiendo los tímidos avances logrados en la defensa de la memoria histórica republicana (recordemos lo sucedido con el juez Garzón o la supresión por la derecha de las políticas públicas de la memoria como ha ocurrido en Aragón con el Programa Amarga Memoria), adquiere especial sentido la afirmación de Émile Zola cuando decía que “la verdad y la justicia son soberanas, porque sólo ellas garantizan la grandeza de las naciones”, algo que debemos recordar  en estos tiempos en que se atisba en Europa la amenaza emergente de los movimientos fascistas y xenófobos, una amenaza real para los valores cívicos en los que se sustenta nuestra sociedad democrática.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 10 mayo 2012)

Etiquetas: Memoria, histórica, republicanismo, antifascismo

     El procesamiento del juez Garzón  ha dejado en evidencia, como señalaba la Federación Estatal de Foros por la Memoria, no sólo “la plena vigencia del sistema jurídico español de impunidad” a la hora de investigar los crímenes del franquismo, sino, también, la “indefensión legal” de sus víctimas. La imagen de Garzón en el banquillo, ha avivado la polémica política y ciudadana a la vez que está teniendo un importante eco mediático internacional con el consiguiente descrédito para la justicia española.

     Se acusa a Garzón de “prevaricación”, de no ser competente para investigar estos crímenes y, para ello, Manos Limpias, irónico nombre de un colectivo ultraderechista que emponzoña cuanto toca judicialmente hablando, se escuda en la preconstitucional Ley 46/1977 de Amnistía mediante la cual quedaban amnistiados (y prescritos) los crímenes del franquismo. Frente a esta postura, Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona,  plantea dos cuestiones esenciales: la primera, que, dado que estos delitos tienen la categoría jurídica de “genocidio” y de tratarse de miles de desapariciones forzadas en paradero desconocido,  son impresciptibles y, consecuentemente, pueden ser investigados con retroactividad. La otra cuestión importante es la supuesta impunidad que ampara la referida Ley de Amnistía de 1977, la cual, con arreglo a la legislación penal internacional, tendría nulos efectos jurídicos y, consecuentemente, dejaría de ser una barrera, como desea la derecha política y judicial, para investigar (y condenar) los crímenes franquistas y, de paso, acabar con la labor desarrollada por Garzón desde la Audiencia Nacional.

     El procesamiento de Garzón, convertido en símbolo de la justicia democrática y comprometida en defensa de los derechos humanos, ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad  española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Debemos recordar que tanto la ONU como la jurisprudencia internacional, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello,  el pasado 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 a la vez que sugería su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales” así como “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”, exactamente lo mismo que pretendía Garzón con la apertura de su Sumario 53/2008 por el que se inició la investigación de los crímenes franquistas.

     Así las cosas, el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los acuerdos y tratados que, en materia de legislación penal internacional ha suscrito España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España) va a implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada  y sistemática de la desaparición forzada  constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º) los cuales son imprescriptibles y no amnistiables. El hecho de que tras la apertura por Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo, nos da una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión.

     En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales, tal y como se recoge en el artículo 96.1 de la Constitución Española según el cual, “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. En esta misma línea jurídica, el Comité contra la Tortura de la ONU, el pasado 19 de noviembre de 2009 exigía al Gobierno de España que “las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía” y en marzo de 2009, Human Rights Watch reincidía en esta cuestión al señalar que “las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977 en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

     Frente al argumento jurídico de “prevaricación” esgrimido para procesar a Garzón por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela y  Manos Limpias, es importante señalar que la legislación penal internacional  suscrita por España, al ser de rango superior a las normativas nacionales, debe prevalecer sobre ésta y ello implica la nulidad de la polémica Ley de Amnistía de 1977 así como la modificación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica que legalizaba los actos jurídicos represivos del franquismo. Y es que Garzón, pese a su procesamiento, ha abierto el camino imparable para la aplicación en España del principio de justicia universal con sólidos argumentos jurídicos apoyados en la jurisprudencia internacional. Como dijo Albert Camus, “uno no puede ponerse al lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de los que la padecen” y, por ello, Garzón, que ha sido coherente con este ideal,  merece nuestro apoyo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Independiente de Canarias, 8 febrero 2012)

     En cierta ocasión, oí hablar de un médico judío, llamado Hans Serelman, miembro de la Resistencia francesa y que fue asesinado por los nazis en las cercanías de Oloron, en uno de cuyos cementerios estaba enterrado.  Desde entonces, he visitado en varias ocasiones su tumba y, en estas fechas en que la cuestión de la memoria histórica ha recibido un nuevo revés por parte del Gobierno de Aragón tras la supresión del Programa Amarga Memoria, lo he vuelto a hacer: ante ella, me reafirmo en el valor cívico y democrático de la memoria, de todo lo cual Francia resulta un ejemplo a imitar, como lo fue la vida de aquel médico antifascista judío.

     Victor Hans Jacob Serelman nació en Berlín en 1898 y era un prestigioso cirujano establecido en Niederlungwitz, en la región alemana de Sajonia cuando llegó Hitler al poder en 1933. A partir de ese momento,  la política racista del nazismo, sobre todo tras la aprobación de las leyes raciales de Nuremberg en 1935,  supuso la segregación y  el  acoso permanente de  la población judía. Fue precisamente en este año, cuando el doctor Serelman, tratando a un paciente grave que necesitaba con urgencia una transfusión sanguínea y, dado que entonces no existían Bancos de Sangre, fue él mismo quien le donó su propia sangre salvando así la vida del paciente, un alemán ario. Pero esta acción humanitaria tuvo, sin embargo,  efectos negativos para el doctor ya que, en  aplicación de la Ley de Protección de la sangre alemana y honor alemán, fue acusado de “contaminar la sangre de la raza alemana” con su sangre judía y, por ello, enviado al campo de concentración de Dachau, donde permaneció durante 7 meses hasta  que fue liberado por la presión de la población a favor de su doctor, según señala Michel Martín, uno de los investigadores que han estudiado su vida.

     Tras salir de Dachau, logró huir de Alemania emigrando a Checoslovaquia y más tarde a Austria. Al estallar la guerra civil española, sus ideales antifascistas hicieron que se incorporase a la Brigada Internacional “Thaëlmann”, formada por militantes de izquierda, sobre todo comunistas alemanes y austriacos. Encuadrado en dicha Brigada, estuvo destacado en diversos frentes, entre ellos, el de Aragón, al igual  que ocurrió con figuras tan destacadas como George Orwell, Tito, André Malraux, Ernest Hemingway o Willy Brandt, que apoyaron de forma activa a la causa republicana. Tras el hundimiento del frente de Aragón y la consiguiente retirada  del Ejército Popular, Serelman tuvo un papel destacado en la evacuación del hospital de Benicasim (abril 1938) y, ante el avance franquista en Cataluña, se unió a la marea de republicanos, combatientes y civiles, que buscó refugio en Francia en febrero de 1939. Una vez en tierras galas, al igual que miles de nuestros compatriotas y brigadistas internacionales, fue internado en el Campo de Gurs, del cual se evadió en 1943.

      Tras su huída de Gurs, se refugió en Jurançon en casa de una familia protestante hasta que, a finales de ese año, se unió al grupo guerrillero “Guy Môquet”, que llevaba este nombre en honor de un joven, hijo de un diputado del PCF, que había sido fusilado en 1941. Dicho grupo  de resistencia antinazi se había formado en 1943 por una docena de jóvenes de Oloron a los que se les unió, además de Serelman, un desertor del ejército alemán llamado Max Karl. Este maquis, que lideraba Étienne Martin (“comandante Valmy”),  realizó diversas acciones armadas en tierras del Béarn como la voladura del puente de Escot, el ataque a un convoy alemán en Herrère o el descarrilamiento de un tren en Lurbe. Serelman, que alcanzó el rango de capitán y que en la Resistencia era conocido como “Víctor”,  participó algunas de estas acciones contra la ocupación nazi pero, sobre todo, desempeñó su papel como médico y, a falta de medicinas, curaba con plantas a los  maquis heridos que luchaban en esas montañas pirenaicas.

     Pero el destino estaba marcado para este grupo de resistentes: el 19 de junio de 1944, Serelman murió junto con otros tres combatientes del maquis, entre ellos su paisano Max Karl, a manos de los nazis  en la granja de Arrouès, en el pueblo de Eysus: Serelman cayó muerto de una ráfaga de ametralladora y, posteriormente, su cuerpo fue quemado con un lanzallamas por los nazis. Al finalizar la guerra, fue enterrado en el cementerio oloronés de Santa María y su nombre figura inscrito en el Memorial de la Shoah, como combatiente judío contra el nazismo.

     La memoria de Serelman ha sido recuperada gracias a las investigaciones de Michel Martin, hijo del “comandante Valmy”, autor de libros sobre el maquis en esta  zona pirenaica francesa colindante con el  Pirineo aragonés como Du Bager à Marie-Blanque y Résistance en Haut Béarn,  así como por la historiadora Dora Schaul, mientras que Bernard Férié, realizó un documental titulado Le Médecin du Maquis. También las instituciones han recordado la figura de este capitán judío, luchador infatigable contra el fascismo y, en 2004 se colocó una placa conmemorativa en su memoria y los demás resistentes asesinados en el “Espace Guy-Môquet” de Eysus, acto al que se sumaron varios familiares de Serelman venidos desde Alemania.

     Cuando tanto se agita la cuestión de la memoria histórica en España, me viene a la memoria lo que ocurre en Francia, donde este tema no suscita la tensión política que genera en nuestro país por el rechazo visceral de la derecha política ante las políticas públicas de la memoria. Difícil es encontrar un lugar en territorio galo en donde no hallemos memoriales, monumentos o lugares de la memoria en los que se honra, con total normalidad democrática, a los combatientes por la libertad, a los luchadores contra el fascismo, sea cual sea su nacionalidad y, por ello, donde se recuerda a muchos de nuestros compatriotas republicanos, que murieron  combatiendo en las filas de la Resistencia francesa durante los sangrientos años de la II Guerra Mundial.

     Tal  vez algún día, la memoria de de miles de republicanos españoles, todavía yacentes en las fosas de la ignominia que salpican la geografía hispana, puedan ser honrados de la misma forma que lo son esos lugares de Francia, igual que lo es la tumba de aquel héroe que vertió su sangre por la libertad llamado Hans Serelman.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 22 enero 2012)

     No por esperado, ha causado menos malestar la decisión del Gobierno de Aragón,  anunciada el pasado 15 de diciembre por la consejera Dolores Serrat, de suprimir el Programa Amarga Memoria calificándolo de “superfluo”. La coartada perfecta para tomar esta medida ha sido la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, pero la realidad es que el PP, ahora en el Gobierno, nunca ha tenido la voluntad política de acometer el deber moral y cívico que nuestra democracia adeuda, todavía, para con las víctimas del franquismo, una cuestión de salud democrática que debería medirse por otros parámetros distintos a los meramente economicistas.

     La derecha española, también en Aragón, siempre se ha mostrado reacia a romper, de verdad y de forma definitiva,  las amarras emocionales e ideológicas con la herencia del franquismo, a diferencia de lo hecho por otras derechas europeas, como las de Alemania, Italia o Francia, que apoyaron las políticas públicas de la memoria histórica antifascista  y del impulso de la educación cívica en los valores democráticos.

     Debemos recordar la Proposición no de ley 127/06 relativa al impulso de medidas para la recuperación de la memoria histórica del Programa Amarga Memoria, presentada en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista. En los debates de la misma, el año 2006, el PP ya dejó clara su posición. Una lectura atenta del Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón recoge determinadas afirmaciones de Antonio Suárez, entonces diputado portavoz del PP, sobre la referida Proposición no de ley a la que calificaba de “sectaria” y “fundamentalista”, “un camino equivocado”, que sólo pretendía “la confrontación social”.

     A nivel nacional, en pleno debate parlamentario sobre la futura Ley 52/2007 de la Memoria Histórica (LMH) impulsada por el Gobierno de Zapatero, ya advirtió Rajoy de que la derogaría en caso de ganar las elecciones del 2008 y es previsible que, a nivel nacional, como ocurre en Aragón, las políticas del PP pongan fin a la legislación memorialista que, pese a todas sus deficiencias y limitaciones, había abierto, por vez primera, el camino para la plena reparación moral, y tal vez jurídica, de las víctimas de la dictadura franquista. En este sentido es de justicia destacar que el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, bajo el impulso de Jaime Vicente Redón, ha realizado durante estos últimos años una labor encomiable gracias al trabajo realizado por Ana Oliva o Elisa Plana, junto con el apoyo entusiasta de Juan Carlos Gil y demás funcionarios de la Dirección General de Patrimonio Cultural. De este modo, se editaron numerosas publicaciones, se realizaron diversas actividades culturales, jornadas y exposiciones, también en el ámbito educativo (visitas al Campo de Mauthausen o el proyecto de cooperación transfronteriza “Las Rutas de la Memoria”), se elaboró  un mapa de fosas en Aragón (519 localizadas,  uno de los más completos y sistemáticos de España), además de efectuar diversas exhumaciones con las oportunos criterios arqueológicos y antropológicos.

     A fecha de hoy, y mientras siga en vigor la Ley 52/2007, corresponde a los poderes públicos, esto es, al Gobierno de Rajoy en Madrid o al de Rudi en Aragón, amparar y realizar actuaciones concretas en el ámbito de las políticas públicas de la memoria histórica. De hecho, la referida ley insta a la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las victimas “como última prueba de respeto hacia ellos”, tal y como se indica en su artículo 11, así como a la adopción de medidas concretas para lograrlo (arts. 12, 13 y 14). De igual modo,  la LMH  indica expresamente que “es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo rigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos”. Y todo ello, no ha sido, no es, y nunca será algo “superfluo”.

     Una de las razones esgrimidas por el PP para enterrar, y nunca mejor dicho, el Programa Amarga Memoria es la de que había que recuperar “el espíritu de la Transición”. Pero quienes esto dicen, olvidan  los “peajes” que entonces hubo que pagar para consolidar la democracia española, entre ellos, el aprobar la Ley 46/1977 de Amnistía, una ley de “punto final” para con los crímenes del franquismo, el renunciar al restablecimiento de la legalidad republicana o el posponer las justas demandas de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Hoy, después de tres décadas de democracia constitucional, estas demandas de justicia, verdad y reparación que empezaron a abrirse paso, con problemas y dificultades en estos últimos años, no pueden quedar sepultadas por la previsible involución auspiciada por las políticas conservadoras del PP. Calificar estas cuestiones como “superfluas” es, cuando menos, una frivolidad carente de la más mínima sensibilidad cívica puesto que, como señala la LMH, “se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y el marco de la Constitución, no puede dejar de atender”.

     Los familiares de víctimas del franquismo, han llorado durante largos años por sus familiares asesinados, muchos de ellos arrojados a cunetas donde yacen, todavía, para escarnio de nuestra democracia. Hoy vuelven a llorar  por el desinterés de la derecha gobernante en España y también en Aragón por las cuestiones relacionadas con la memoria histórica y, mientras tanto, la herida, esa herida, esa historia sangrante, seguirá sin cerrarse. Nuevas lágrimas recorrerán sus rostros, azotados por tanta incomprensión, sintiendo en su interior el sufrimiento porque la democracia española y las instituciones que la representan, quieren volver a negarles la ayuda para encontrar los restos de sus seres queridos y enterrarlos dignamente. Y mientras tanto, algunos familiares de las víctimas, acabarán sus días sin haber cumplido este anhelo, porque determinados gobernantes consideran que se trata de algo “superfluo”.

     José Ramón Villanueva Herrero (nieto de un carabinero de la República)

     (publicado en El Periódico de Aragón, 29 diciembre 2011)

     El pasado 23 de octubre, en una soleada mañana, tuvo lugar un emotivo acto en el campo de concentración de Gurs, situado en las tierras francesas del Béarn y cercano a la frontera pirenaica aragonesa, construido en abril de 1939 para internar a los combatientes republicanos españoles y a los miembros de las Brigadas Internacionales y que permaneció activo hasta el final de la II Guerra Mundial en 1945. En dicho acto, se inauguró  la Avenida de los Internados, jalonada por 27 columnas de granito que recuerdan a los distintos colectivos de prisioneros y los lugares de procedencia de los mismos que sufrieron o murieron en Gurs. Estas columnas, financiadas por diversas asociaciones e instituciones francesas, españolas y alemanas, constituyen un lugar que apela a nuestra memoria y a nuestra reflexión, al deber moral de recordar lo allí sucedido a las jóvenes generaciones para, así, inmunizarlas ante cualquier mensaje de signo intolerante, xenófobo o racista, los cuales, por desgracia, se están extendiendo peligrosamente en estos tiempos  de profunda crisis global.

     Este acto, en memoria y homenaje a los republicanos españoles, a los resistentes franceses y a los judíos víctimas del Holocausto, los tres principales colectivos hermanados por el sufrimiento común que simboliza el Campo de Gurs, coincidía, además, con este año en el que se cumple el 80º aniversario de la proclamación de la II República Española, un hecho que ha sido recordado con especial emoción por los que nos sentimos republicanos, acontecimiento histórico del que, por el contrario,  apenas se han hecho eco las instituciones públicas españolas.

     En aquella hermosa y emotiva mañana del 23 de octubre, convocados por la Amicale du Camp de Gurs, asistieron numerosas colectivos y asociaciones francesas, españolas y alemanas, entre ellas, la Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER), Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML), dinámica asociación impulsada por el infatigable Raymond Villalba, el Memorial de la Shoah de París o la Asociación de Aviadores de la República Española (ADARE). Igualmente, varias asociaciones aragonesas estuvimos presentes y de este modo, el acto contó con la presencia de miembros del Foro por la Memoria de Aragón, de la Fundación Bernardo Aladrén, de la Asociación Pozos de Caudé, o de la Agrupación de Familiares Asesinados en Torrijo del Campo. En cuanto a instituciones y organismos oficiales, estuvieron igualmente presentes delegaciones de Alemania, Francia, del Gobierno de España y del Gobierno Autónomo de Euskadi, además de numerosos representantes municipales de poblaciones francesas o veteranos  republicanos como Virgilio Peña o Carmen Villalba, que a punto de cumplir los 100 años, nunca falta a todos los actos en homenaje al exilio republicano y a la lucha antifascista.

       Lamentable y muy comentada resultó la ausencia de representantes oficiales del Gobierno de Aragón, máxime tratándose de una comunidad autónoma tan próxima y que, en su día, el Departamento que regía María Victoria Broto,  había financiado una de las columnas en honor a los más de cinco millares de republicanos aragoneses que fueron internados en Gurs. La falta de sensibilidad del nuevo Ejecutivo conservador aragonés por los temas de la memoria quedó de este modo más que patente.

     Diversas intervenciones se sucedieron en el acto de inauguración, entre ellas las del historiador Claude Laharie, del vasco José de Sola o del judío alemán Paul Liedermann, que evocaron episodios de su internamiento en Gurs cuando apenas eran unos niños.  Por su parte, André Laufer, presidente de Amicale du Camp de Gurs y que pese a su condición de judío sobrevivió a la Shoah, no así los 3.907 israelitas que fueron enviados desde Gurs al campo de exterminio de Auschwitz, sintetizó con toda claridad triple lección que nos ofrece hoy en día el mantener vivo el recuerdo de Gurs: recuperar la memoria de las tres grandes colectivos allí internados (republicanos españoles, resistentes franceses y judíos); reflexionar frente a lo que supuso la barbarie hitleriana, instando a mantener una actitud vigilante en la defensa permanente de la libertad y de los derechos humanos y, por último, fomentar la enseñanza y el conocimiento de lo ocurrido en Gurs a los jóvenes, labor que se realiza de forma tenaz y constante mediante de diversas publicaciones y numerosas visitas guiadas de escolares de colegios, liceos e institutos, algunos de ellos aragoneses, a través del Proyecto de cooperación transfronteriza denominado “Las Rutas de la Memoria”.

     Emotiva resultó también la intervención de Emilio Vallés, un republicano nacido en Alcañiz, exiliado en Francia desde 1939 junto con su familia y que actualmente es el vicepresidente de Amicale du Camp de Gurs. Emilio Vallés nos recordó a todos cómo el camino que el fascismo inició con la destrucción de Gernika en 1937, culminó en Auschwitz y los demás los campos de exterminio creados por el delirio criminal del nazismo, cuyo trágico legado simboliza, “un envilecimiento sin precedentes”, tal y como lo definió Gérard Sandoz. Con especial emoción aludió a cómo el Reino de España había financiado, también, una columna en honor a los republicanos españoles, que, aunque vencidos, nunca fueron derrotados en la permanente defensa de los valores de libertad, igualdad y fraternidad que inspiraron su acción política.

     Frente a la ausencia de una representación del Gobierno de Aragón, El Gobierno Vasco estuvo presente en la persona de Inés Ibáñez de Maeztu, Directora de Derechos Humanos del Gobierno de Euskadi, la cual manifestó la voluntad del Ejecutivo presidido por Patxi López  de profundizar en las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, situación bien distinta de la existente en el actual Gobierno de Aragón, que, como hemos indicado, ha dado pruebas más que evidentes de su absoluto desinterés por estas cuestiones.

     Finalmente, quiero señalar que las asociaciones memorialistas, y entre ellas la Fundación Bernardo Aladrén, seguiremos trabajando en defensa de los valores, la memoria y la dignidad que simboliza la República Española y la de todas las personas que, por lealtad a la misma, sufrieron todo tipo de penalidades, sufrimientos y, en tantas ocasiones, la pérdida de su libertad y de su vida.

     La lección de Gurs, a un lado y otro del Pirineo, sigue siendo un legado moral que nos compromete, con la memoria y, también con el presente para evitar que surjan nuevas alambradas y odios que vuelvan a aprisionar y oprimir, como en su día ocurrió en Gurs, a miles de seres humanos por razones políticas, de raza, religión, condición social o económica. Y ello es un deber moral al que la memoria de Gurs, de ayer y también de hoy, nos compromete.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 30 octubre 2011)

  Las inconmensurables víctimas del franquismo siguen estando olvidadas y silenciadas, cuando no ultrajadas y despreciadas en la España de hoy.  El régimen de Franco, criminal e inmisericorde, continúa protegido por la impunidad que le ha otorgado hasta hoy la democracia española.  Las víctimas del franquismo reivindican la misma consideración y las mismas expresiones de solidaridad y compromiso de memoria, que estos días han manifestado para con las víctimas de la banda criminal ETA, con total justicia, desde el Presidente del Gobierno, los parlamentos nacional y autonómicos, el gobierno del Estado, hasta todos los partidos políticos.  Las organizaciones y asociaciones que enarbolamos la bandera de la memoria democrática de los españoles, reivindicamos la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la historia de la democracia española.  La memoria de estas víctimas también debiera acompañar a las futuras generaciones.

Por lo que:

MANIFIESTAN:

1º.- Que, por razones de dignidad, justicia y  reparación histórica, resulta imprescindible, también en estos tiempos de crisis y ajustes presupuestarios, que las Administraciones públicas mantengan los programas y actuaciones destinados a la recuperación de la memoria histórica, la guerra civil, la guerrilla, la dictadura, el exilio, dotándolos de los recursos necesarios. En este sentido, estimamos imprescindible que el actual Gobierno de Aragón continué con el Programa “Amarga Memoria” el cual, en sus diferentes líneas de actuación, ha realizado en estos últimos años una meritoria labor.

2º.- Consideramos igualmente que el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón debe potenciar en el currículum aragonés los contenidos didácticos que permitan el estudio de lo que supuso la República, la Guerra civil, la dictadura franquista, el exilio y la deportación a los campos nazis en relación a la historia de Aragón. Así como la implicación de la juventud en el mantenimiento activo de la memoria histórica, como garantía de la transmisión de la misma a las futuras generaciones.

De igual modo, estimamos que se deben de apoyar y coordinar desde dicho Departamento proyectos de cooperación transfronteriza que, como es el caso de Las Rutas de la Memoria, están destinados a estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y que se están llevando a cabo con buena acogida por parte de alumnos y docentes tanto de Aragón como del departamento francés de los Pyrénnées Atlantiques y que cuenta con el apoyo de las autoridades del Conseil Général de dicho departamento, así como del Conseil Régional d’Aquitaine y del Ayuntamiento de Oloron-Sainte Marie.

3º.- Instamos a las Cortes de Aragón a que, en sesión solemne y plenaria, realice un homenaje institucional a las víctimas de la dictadura franquista.

4º,- Reclamamos la plena aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica referente a la supresión de la toponimia y simbología franquista en todas las ciudades y pueblos de Aragón. En este sentido, queremos hacer especial mención a diversos centros y dependencias del Gobierno de Aragón que mantienen sus denominaciones en honor a personas vinculadas al franquismo como el caso del CEIP “Emilio Díaz” de Alcañiz, el Albergue Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín o el Hospital “Obispo Polanco” de Teruel.

De igual modo, instamos al Gobierno de Aragón a que acuerden con la Iglesia la desaparición de todas las placas y memoriales franquistas existentes en sus templos y, de no hacerlo, que dichos edificios religiosos no sean beneficiarios de ningún tipo de subvención o trabajos de restauración de los mismos con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón.

5º.- Manifestamos nuestras discrepancias ante las lagunas y deficiencias de la vigente Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, la cual ha decepcionado las expectativas que inicialmente se pusieron en ella. Dado que dicha ley resulta manifiestamente mejorable, instamos a los diputados aragoneses de izquierdas que resulten electos el próximo 20 de noviembre, a que impulsen y apoyen iniciativas parlamentarias tendentes a:

- la resolución del los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la exigencia de la declaración de nulidad de todos los juicios, sentencias y ejecuciones sumarias realizadas por los tribunales franquistas.

- la inclusión en dicha ley, en aplicación de la legislación penal internacional (suscrita por España en 1985 y recogida en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y  del principio de justicia universal, de la consideración de “crímenes contra la humanidad” y, por tanto imprescriptibles (art. 7 de los Estatutos de la Corte Penal Internacional) de los cometidos por el franquismo.

En lógica consecuencia, solicitamos la derogación, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria 3ª de la Constitución de 1978, de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 puesto que ésta daba cobertura legal a los crímenes cometidos por la dictadura franquista y que, con arreglo a la legislación penal internacional no pueden ser amnistiables dada su condición de imprescriptibles.

- exigir que todas las exhumaciones de fosas que se lleven a cabo se realicen con garantías jurídicas legales, lo cual supone que deben llevarse a cabo en presencia de un juez.

- dar respuesta a la cuestión de los bienes incautados a las víctimas republicanas, esto es, a la represión económica, muchas veces olvidada.

- acabar con la impunidad de los victimarios, de los responsables de los crímenes franquistas, aplicando de forma retroactiva el principio de justicia universal con arreglo a las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Decisión de la Sección 4ª del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 17 de enero de 2006.

- incluir en el texto de la ley, como fundamentos de derecho, las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo.

6º.- Manifestamos públicamente nuestro apoyo a las iniciativas judiciales planteadas por el juez Garzón en el sumario 53/2008 E relativo a la investigación de los crímenes del franquismo. De igual modo, apoyamos la decidida y valiente actitud de Garzón frente a los procesamientos a los que está siendo sometido por su firme compromiso con las víctimas del franquismo y en defensa de la aplicación de la legislación penal internacional en la cuestión de los crímenes contra la humanidad de la dictadura en España.

Reafirmamos nuestra convicción de que, como señalaba el eminente historiador Paul Preston en una conferencia pronunciada en Teruel el 19 de mayo de 2006, de que “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, porque sirve para reafirmar los principios de nuestra democracia. Por todo ello, en recuerdo de las víctimas tantos años olvidadas, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es, y será, siempre, una memoria necesaria. Y esa es la labor y el compromiso que asumimos las asociaciones memorialistas que firmamos el presente manifiesto.

Zaragoza, 24 de octubre de 2011

Asociaciones que lo suscriben:

• Foro por la Memoria de Aragón (AFMA).
• Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón.
• Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo.
• Asociación Charata de Uncastillo.
• Asociación Cultural Rebellar.
• Asociación de Familiares y Amigos de Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM).
• Asociación de Familiares de Asesinados en Torrijo de la Cañada.
• Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO).
• Asociación Pozos de Caudé (Teruel).
• Círculo Republicano “Galán y García Hernández” de Jaca.
• Ateneo Republicano de Teruel.
• Amical du Camp de Gurs (Francia).
• Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER) (Pau, Francia).
• Terres de Mémoire(s) et de Luttes (Oloron-Sainte Marie, Francia).

Instituciones francesas que se adhieren al manifiesto de las asociaciones memorialistas aragonesas:

• Mairie de Oloron-Sainte-Marie.
• Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
• Conseil Régional d’Aquitaine.

Para ampliar cualquier información contactar con:

  Foro por la Memoria: info@foroporlamemoriaragon.org

  Fundación Bernardo Aladrén:  info@fundacionaladren.com

  Para adherirse a este Manifiesto:

http://www.liberadosdelolvido.org/memoria/manifiesto

     En estos últimos días ha vuelto a ser noticia el juez Garzón. Desde que en mayo de 2010 fuese suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional como consecuencia de una querella interpuesta por la organización ultraderechista “Manos Limpias”, se halla pendiente de que el Tribunal Supremo le abra juicio oral por declararse competente en la investigación de los crímenes del franquismo. Sin embargo, el pasado 14 de enero, se paralizó la tramitación de esta causa con el fin de tramitar las recusaciones presentadas por Garzón contra 5 magistrados, los cuales, al haber intervenido en diversos momentos de la instrucción de la causa, los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad. A su vez, una nueva plataforma denominada “Franconohamuerto.com” ha iniciado una nueva campaña en apoyo del magistrado bajo el lema de “Salva a Garzón, pásalo”.

     La cuestión de fondo que el procesamiento a Garzón plantea es el debate sobre la necesidad de aplicar, también en España, los principios reconocidos por la justicia penal universal en relación a los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y que, como tales, son imprescriptibles y no pueden ser amparados por ningún tipo de amnistía o norma jurídica o legal equivalente. Y es que, las actuaciones judiciales de Garzón han puesto sobre la mesa esta cuestión, un tema de suma importancia para la salud democrática de la sociedad española: el enjuiciamiento de unos crímenes de lesa humanidad y, consecuentemente, el reconocimiento, reparación y justicia para con las víctimas del franquismo.

     Garzón recordaba en su libro Un mundo sin miedo (2005), que fueron precisamente los dramáticos recuerdos de la guerra civil oídos de  su tío Gabriel, los que le impulsaron a ser juez ya que, fueron “tantas las historias y las injusticias relatadas que, de alguna forma, quedaron grabadas en mi memoria infantil y decidí hacer algo para que esta etapa no volviera a repetirse”. Por ello, desde que en 1988 se incorporó al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, y salvo su breve paso por la política (1993-1994), siempre se interesó por el principio de justicia penal universal, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  y que permitía que los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad pudieran ser perseguidos por la justicia española con independencia del lugar en donde se hubieran cometido si entre sus víctimas había españoles. En esta materia, hubo un hecho determinante en la trayectoria judicial de Garzón cuando en marzo de 1996 se admitió a trámite en la Audiencia Nacional la denuncia presentada por la Unión Progresista de Fiscales contra la dictadura argentina (1976-1983) por crímenes de genocidio, tortura y terrorismo, los cuales, según sus propias palabras, “me transformarían y cambiarían mi carácter, ya especialmente sensible hacia las víctimas y mi vida entera”.

     A partir de entonces, el compromiso ético de Garzón en defensa del principio de justicia penal universal ha sido constante, siendo su punto culminante el intento de procesamiento del dictador Augusto Pinochet (1998): tras la orden de detención internacional dictada por Garzón, a pesar de los obstáculos que a ello puso no sólo la Fiscalía sino también el entonces Gobierno de José María Aznar. Posteriormente, siguió combatiendo en diversos sumarios la “impunidad revestida de aparente legalidad” que encubría los crímenes de las dictaduras latinoamericanas y, finalmente, asumió con valentía el mayor reto de su vida: la investigación de los crímenes del franquismo a partir de la apertura del sumario 53/2008 el cual supuso un aldabonazo hacia la conciencia moral de nuestros valores cívicos.  En el mismo, siguiendo el modelo del Informe Sábato sobre la dictadura argentina, proponía  la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, un peaje pagado por la transición que exculpaba a los responsables de los crímenes del franquismo, puesto que las amnistías nunca pueden aplicarse a dictadores y represores, sino también la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación “para rehabilitar a los miles de víctimas que fueron muertas o expulsadas de España por discrepar ideológicamente de los vencedores de la guerra”.

     Valiente fue igualmente la frontal oposición de Garzón a la ilegal guerra de Irak y a las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas ocupantes, especialmente en el prisión de Abu-Ghraib.

     Por todo lo dicho, la trayectoria judicial de Garzón ha abierto nuevos caminos para que España se integre plenamente en un nuevo sistema de justicia penal universal que permita el procesamiento de  los crímenes contra la humanidad, y ello ha sido la causa principal por la que sus adversarios (los sectores más conservadores de la judicatura y los grupos nostálgicos del franquismo), para intentar neutralizarlo, lo cual han logrado siquiera sea temporalmente. Sin embargo, el compromiso ético de Garzón en esta materia sigue firme, máxime cuando en la actualidad se halla vinculado a la Corte Penal Internacional (CPI), la cual, con arreglo al artículo 7 de sus Estatutos, permite enjuiciar este tipo de crímenes, los cuales tienen la condición jurídica de imprescriptibles. Por lo cual, la CPI, al igual que ya han hecho los tribunales de Argentina, en aplicación del principio de justicia universal, puede reabrir la causa por los crímenes del franquismo, lo cual, de no actuar los tribunales españoles con la misma valentía y determinación que Garzón, sería una indignidad para nuestra democracia y nuestra judicatura, incapaz de saldar una deuda pendiente desde hace tantos años con las víctimas del franquismo puesto que, como escribía el propio Garzón, “las voces que postulan el olvido pueden tener algún argumento dialéctico o incluso político, pero no moral”.

     Pese a todo, hay signos de esperanza: el pasado 7 de enero la Audiencia Nacional, en aplicación de la justicia penal universal, decretó el auto de procesamiento y entrega del nazi John Demjanjuk por crímenes contra la humanidad y complicidad de genocidio cometidos en el campo de concentración de Flossenbürg durante la II Guerra Mundial. Próximos al 27 de enero, instituido como Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto y de los crímenes contra la humanidad, y con el futuro procesamiento de Garzón en el horizonte y a quien reiteramos nuestro apoyo, considero que avanzar hacia la reparación, también jurídica, de las víctimas del franquismo, sería no sólo el mejor homenaje para con ellas y sus familias, sino un estímulo para la salud democrática nuestra sociedad, en este año 2011 en que se cumple el 80º aniversario de la proclamación de la II República Española, por cuyos ideales y valores muchas de ellas dieron la vida.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 25 enero 2011 y Diario de Teruel, 14 febrero 2011)

     Cada año, en torno al 20 de noviembre, se suceden las mismas escenas de los nostálgicos del franquismo queriendo honrar a Franco en el Valle de los Caídos, imágenes que, como viejos espectros del pasado, agitan nuestra memoria reciente cual si se tratara de una pesada cruz que todavía arrastra nuestra democracia 35 años después de la muerte del dictador.

     El Valle de los Caídos, imponente y faraónica memorial, símbolo por excelencia del franquismo, sigue siendo sin duda el  lugar más emblemático para el fascismo español. Así, en la página web de la Fundación Francisco Franco hallamos un amplio dossier bajo el engañoso título de “Lugar de reconciliación y de paz” en el que podemos leer todo un cúmulo de despropósitos escritos en el más rancio lenguaje de otras épocas, llegándose incluso al cinismo de  denunciar la que califica de “campaña contra el Valle de los Caídos con la pretensión de convertirlo en un monumento laico, desatada desde sectores comunistas y que propugnan la ruptura de la unidad de España, con datos inexactos, cuando no tergiversados”. Resulta igualmente indignante el que la Fundación franquista, ignorando deliberadamente la realidad histórica, sigue negando  que dicha obra fue realizada por presos políticos republicanos, que muchos de ellos murieron durante los 20 años que duró su construcción, o que dichas obras “supusiesen un dispendio para las finanzas públicas”.

     Los franquistas de ayer y de hoy siempre han querido presentarnos el Valle de los Caídos como “un monumento representativo de la reconciliación nacional” por el hecho de que en el mismo hay enterrados casi 40.000 españoles que lucharon en ambos bandos durante la guerra civil. Esa misma idea, ya la recogió el corresponsal en Madrid del New York Times el día de su inauguración, el 1 de abril de 1959, el “Día de la Victoria” en el calendario del régimen y cuando se cumplían los 20 años del final de la contienda: en pleno idilio anticomunista entre el régimen y los EE.UU., en dicha crónica, se podía leer que, con este monumento, “Franco ofreció el ramo de olivo de la paz a los millones de españoles que entre 1936 y 1939 lucharon al lado del Gobierno republicano vencido”. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad: ni el franquismo se reconcilió con los vencidos en  pues todavía quedaban 16 duros años de dictadura, ni este memorial, por su origen, su significado, su construcción  (realizada, para mayor ignominia con el trabajo y sufrimiento de miles de presos políticos republicanos entre 1940 y 1959) ni por su objeto último (ser lugar de enterramiento del dictador y de José Antonio Primo de Rivera), tenía nada que ver con una ansiada y necesaria reconciliación entre las dos Españas desgarradas por el enfrentamiento fratricida y por las consecuencias del mismo.

     Ante esta situación, en estos últimos años, diversas asociaciones memorialistas han querido poner las cosas en su sitio, denunciar la apología del franquismo que suponía la utilización partidista del Valle de los Caídos a la vez que honrar la memoria de las víctimas republicanas. Ahí están las iniciativas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), los Foros por la Memoria, o la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados por el Franquismo (AFARIIREP) tendentes a adecuar y redefinir el sentido que debe tener el Valle de los Caídos en nuestra sociedad democrática. Algo se ha avanzado con la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, que en su artículo 16.2 prohíbe la celebración en el mismo de “actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”, pero no es suficiente. Tal y como proponen estas asociaciones, resulta evidente que, dado que el Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional, debe ser un lugar aconfesional y, por ello, sería necesario desacralizar su basílica y trasladar a la comunidad monástica que lo habita. De igual modo, los restos de Franco y José Antonio se deben de entregar a sus familias, así como también identificar a varios miles de combatientes allí sepultados y exhumar los restos de todos aquellos que, como fue el caso de los republicanos, fueron llevados a este lugar  sin el consentimiento de sus familias, un inaudito robo de cuerpos para intentar simbolizar una reconciliación que nunca existió durante el franquismo, esto último aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre. Otra de las demandas memorialistas pide que se investigue a las empresas que se lucraron durante su construcción con mano de obra esclava republicana indemnizando a sus supervivientes o a sus familias, tema éste inédito en España, a diferencia de lo ocurrido en otros países como Alemania tras la derrota del nazismo. Y la exigencia fundamental: que el conjunto del Valle de los Caídos se convierta en lo que moralmente debe ser: un Memorial que honre a las víctimas del franquismo  y recuerde lo que la dictadura supuso en nuestra historia reciente.

     No estoy de acuerdo con quienes pretenden volar o desmantelar la gran cruz que preside la basílica. Y ello por dos razones: porque representa la utilización por parte del franquismo de los símbolos y valores cristianos en beneficio exclusivo de su dictadura contando para ello con la entusiasta connivencia de gran parte de la Iglesia católica. Pienso que no se entendería lo que supuso el franquismo sin esa amalgama de ideas fascistas, pensamiento conservador y clericalismo. Se convierte, pues, en un símbolo, triste símbolo, de esa vuelta anacrónica a la unión de la cruz y la espada, de tan funestos recuerdos en nuestra historia, de la manipulación del verdadero mensaje evangélico, del cual tan responsable fue la Iglesia adicta y legitimadora del franquismo. Tampoco estoy de acuerdo en demolerla por una segunda razón pues, de hacerlo, desaparecería una parte del dolor y del sufrimiento que supuso su construcción para los presos políticos republicanos, como tampoco hay que destruir los restos de los campos de exterminio nazis para que así sean lugares de la memoria y, con ellos, educar a las futuras generaciones en lo que supuso la magnitud del genocidio nazi (o el franquista) y así inmunizarlas ante cualquier delirio fascistoide, xenófobo o racista.

     Por todo ello, considero que ha llegado el momento de que los poderes públicos asuman las propuestas de las asociaciones memorialistas. Ello requiere, una voluntad política por parte del Gobierno, que deberá reformar en este punto y otros muchos la Ley de la Memoria Histórica. Sólo así, el Valle de los Caídos dejará de ser una cruz que pesa como una losa sobre la conciencia democrática española.

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 noviembre 2010 ; Diario de Teruel, 28  noviembre 2010)

     Con profunda emoción asistí el pasado 27 de octubre al acto de inauguración del Memorial a las víctimas republicanas asesinadas por el franquismo en las tapias del Cementerio de Torrero de Zaragoza. De este modo, se honraba a nuestros familiares asesinados y, pese a tantos años de espera, el significado de tan emotivo acto adquiere una dimensión de justicia, de reafirmación de la cultura de la memoria y, desde luego, también, de los valores republicanos por los que murieron nuestros familiares y multitud de representantes de las organizaciones políticas y sindicales hermanados por su sacrificio en este Memorial.

     Gracias a la iniciativa de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza y al empuje y coraje de Julián Casanova, que junto con su equipo de historiadores, son todo un ejemplo modélico del compromiso a favor de la recuperación de la memoria histórica en Aragón, con este Memorial se honra con dignidad y justicia a todos los republicanos a los que ha sido posible identificar, con nombres y apellidos, una iniciativa valiente que merece el agradecimiento ciudadano, pues con ello, se les libera de un olvido al que el franquismo pretendió condenarlos después de asesinarlos en una represión implacable, calificada de genocidio por la legislación penal internacional. Ciertamente, era una iniciativa necesaria y, de este modo, Zaragoza se convierte en la primera ciudad española que dedica un monumento individualizado a los represaliados republicanos: recorrer las 3.543 placas que recuerdan los nombres, edad, y las fechas de su asesinato de nuestros familiares y compañeros de organizaciones políticas y sindicales, sirve, también, para constatar, entre lágrimas, la auténtica dimensión del baño de sangre que supuso la represión franquista y que se simboliza en el cubo rojo de Arrudi en el que culmina esta espiral de emociones, esta ruta de la memoria.

     Al recordar todo esto, pienso que Zaragoza ha escrito una página digna de su historia. En contraste, me viene a la memoria que todavía quedan muchos, demasiados, republicanos asesinados en fosas y cunetas a lo largo de toda nuestra geografía, que merecen idéntica  reparación. También recuerdo en estos momentos la situación de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, faraónica obra erigida entre 1940-1959 por el general Franco para perpetuar la memoria de la guerra. Es una triste historia que,  ante la evidente laguna que sobre esta cuestión supone el artículo 16 de la Ley de la Memoria Histórica, pretende ahora ser reparada por el Gobierno de España, el cual se ha comprometido a financiar la exhumación de todas las víctimas del franquismo cuyos restos fueron robados para rellenar los nichos del Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias.

     Sobre el Valle de los Caídos, construido como macromemorial para honrar a la dictadura franquista (no fue casualidad que se inaugurase un 1 de abril de 1959, el 20º aniversario del final de la guerra, el “Día de la Victoria” en la terminología del régimen),  lo que no es tan conocido es el delirante proyecto, cual de una peculiar “ruta de la memoria” se tratara, diseñado por Salvador Dalí y radicalmente distinto al espíritu y el sentido del Memorial zaragozano. Y es que Dalí,  al margen de su genialidad artística,  era también un entusiasta partidario del régimen franquista. Gracias a la autobiografía de Luís Buñuel publicada con el título de Mi último suspiro, sabemos algo más sobre el esperpéntico memorial proyectado por Dalí en relación a los caídos en nuestra guerra fraticida. Así, tras destacar Buñuel las simpatías de Dalí con el fascismo,  nos describe en los siguientes términos el referido proyecto daliniano:

     “Propuso [Dalí], incluso, a la Falange, un monumento conmemorativo bastante extravagante. Se trataba de fundir juntos, confundidos, los huesos de todos los muertos de la guerra. Luego, en cada kilómetro, entre Madrid y El Escorial, se alzarían una cincuentena de pedestales sobre los que se colocarían esqueletos hechos con los huesos verdaderos. Estos esqueletos serían de tamaño progresivamente mayor. El primero, a la salida de Madrid, tendría tan sólo unos centímetros de altura. El último, al llegar a El Escorial, alcanzaría los tres o cuatro metros. Como es de suponer, el proyecto fue rechazado”.

     Si bien Buñuel se mantuvo durante toda su vida fiel al ideal republicano, y ello le supuso, como a tantos compatriotas penalidades y años de exilio, su en otros tiempos amigo Dalí, se acomodó y enriqueció al amparo de una dictadura a la que siempre rindió vasallaje. Por ello es tan importante el valor ético de la memoria, tal y como se refleja en el Memorial zaragozano de Torrero y por ello, quiero recordar unas palabras, también de Buñuel, sobre el valor de la memoria, tanto para las personas como para cimentar y fortalecer, día a día, las bases de nuestros valores democráticos:  “una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada”.  Estas palabras de Luís Buñuel adquieren hoy pleno sentido pues,  al contemplar el Memorial de Torrero, no sólo honramos a las víctimas republicanas, sino que se interpela a nuestra conciencia para preservar su recuerdo y su compromiso político por ampliar los horizontes de la libertad y la justicia, en homenaje a ellos y como legado ético para las generaciones futuras.

José Ramón Villanueva Herrero    

(publicado en El Periódico de Aragón, 29 octubre 2010)

     Durante los días en que Aragón se hallaba sumido en el hondo dolor producido por la muerte de Labordeta, estando además en vísperas de una huelga general, pasó desapercibido el centenario de un ilustre aragonés: el diplomático Ángel Sanz Briz, nacido en Zaragoza un 28 de septiembre de 1910.

     Sanz Briz, de digna memoria, es conocido mundialmente por su labor humanitaria llevada a cabo durante 1944 cuando estando al frente de la embajada española en Budapest, salvó la vida de 5.200 judíos húngaros del metódico exterminio al cual los había condenado la barbarie nazi durante la II Guerra Mundial en lo que conocemos como el Holocausto, la Shoah, en hebreo.

     Cierto es que la ciudad de Zaragoza declaró a Sanz Briz “Hijo Predilecto” en 1977, que años después se dedicó a su memoria una plaza en la capital aragonesa embellecida con un busto de nuestro ilustre paisano, o que un Instituto de Educación Secundaria lleva su nombre en el zaragozano barrio de Casetas. También es verdad que el pasado verano la localidad oscense de Peraltilla, de donde era originaria su abuela materna, le rindió un emotivo homenaje.

     Sin embargo, también es cierto que este centenario pasó casi desapercibido y sólo dos artículos aparecidos en dos diarios madrileños se hicieron eco de la memoria de Sanz Briz con tal motivo: este fue el caso de El País, en donde el historiador Isidro González, especialista en el judaísmo español contemporáneo publicó un artículo titulado “El silencio y la soledad de un gran diplomático: Ángel Sanz Briz” (3 octubre) o el que apareció en el diario El Mundo firmado por Samuel Bengio, presidente de la Comunidad Israelita de Madrid con el título de “El Ángel de Budapest en el centenario de su nacimiento” (28 septiembre).

     En torno a la figura de Sanz Briz, al rememorar su digna labor en los tristes días de la Budapest de 1944, en que se inició el exterminio de los judíos húngaros por parte de las SS hitlerianas (Alemania había invadido el país en el mes de marzo) y de sus aliados magiares del Nyilas Keresztes Mozagalom (Movimiento de la Cruz Flechada), conviene, a mi modo de ver, hacer dos consideraciones.

     En primer lugar, destacar que el compromiso personal asumido por Sanz Briz a favor de la comunidad judía condenada al exterminio, respondió a un impulso ético, a un acto de su conciencia inspirada por sus profundos principios cristianos. De este modo, ante la brutalidad del nazismo, ante el silencio cómplice del régimen franquista y en especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, optó por actuar por cuenta propia sin esperar instrucciones de sus superiores (que nunca llegaron), y se implicó plenamente en salvar cuantas vidas de judíos húngaros le fue posible, cifra estimada en torno a 5.200 personas, (más de las que salvó Oskar Schindler, por cierto), expidiéndoles pasaportes y visados españoles lo cual evitó la deportación de éstos al campo de exterminio nazi de Auschwitz.

     Aunque años después la dictadura franquista quiso lavar su imagen de connivencia con los regímenes nazi-fascistas derrotados en la II Guerra Mundial haciendo suya la labor llevada a cabo por Sanz Briz y otros diplomáticos españoles comprometidos en la salvación de los judíos perseguidos en los países de la Europa ocupada, lo cierto es que su actuación respondió a la actuación personal de éstos ante la magnitud del genocidio que estaba desarrollándose ante ellos y no a instrucciones emanadas de Madrid como en 1961 pretendió hacer creer el ministro Fernando María Castiella.  En este sentido, el periodista Diego Carcedo, en su libro Un español frente al Holocausto. Así salvó Ángel Sanz Briz a 5.000 judíos (Madrid, Temas de Hoy, 2000), no duda en calificar de “actitud timorata” el comportamiento del Gobierno franquista y en especial la del Francisco González Jordana, entonces ministro de Asuntos Exteriores,  a quien Sanz Briz envió un detallado dossier sobre el exterminio que se estaba cometiendo con el pueblo judío titulado “Informe sobre los campos de trabajo de Birkenau y de Auschwitz”. Nunca tuvo respuesta desde Madrid pese al estremecedor relato ofrecido por Sanz Briz y ello  desmonta el argumento esgrimido por la dictadura franquista según el cual ésta desconocía la existencia y la magnitud del holocausto que se estaba perpetrando por parte de su amiga la Alemania nazi.

     Igualmente, Sanz Briz coordinó su  labor humanitaria con otras legaciones diplomáticas de países neutrales (oficialmente, la España franquista lo era) en la Hungría ocupada por los nazis y ante la cual avanzaba ya el Ejército soviético. Este fue el caso de los representantes de Suecia (Raoul Wallenberg y Carl Daniellson), de Suiza (Karl Liz), Portugal (conde Pongracz), el nuncio del Vaticano (Angelo Rotta) y el delegado de la Cruz Roja Internacional (Friedrich Born). Todos ellos firmaron, junto con Sanz Briz, una nota de enérgica protesta pidiendo el cese inmediato de las deportaciones de judíos ante Döme Sztójay, jefe del filonazi Gobierno húngaro  y ante las fuerzas e ocupación alemanas comandadas por el todopoderoso Karl Adolf Eichmann, jefe de los temidos Einsatzgruppen de las SS y uno de los artífices de la tristemente conocida como “solución final” hitleriana destinada a exterminar al pueblo judío en la Europa ocupada.

     La segunda reflexión tiene un componente ético. El recuerdo de Sanz Briz no es sólo necesario desde la perspectiva de la memoria histórica. Su ejemplo y compromiso  nos interpela ante hechos preocupantes que ocurren ante nosotros: ahí están las políticas  racistas hacia la comunidad gitana de los gobiernos conservadores de Berlusconi y Sarkozy, el vergonzoso silencio de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (también de Zapatero), incapaces  de hacer el más mínimo reproche  a Sarkozy por sus deportaciones de ciudadanos gitanos en la cumbre del pasado 16 de septiembre, o el preocupante auge de grupos abiertamente xenófobos como  la Plataforma per Catalunya de Josep Anglada. Por ello, el recordar ahora que se ha cumplido el centenario de su nacimiento, la figura de Sanz Briz supone asumir y defender en todo momento y lugar el valor y la dignidad del ser humano, de todos los seres humanos, por encima de tentaciones  insolidarias, excluyentes o racistas. Ese es el legado de Sanz Briz para las instituciones democráticas progresistas y para los ciudadanos comprometidos, un camino para hacer más habitable y justa la sociedad que nos ha tocado vivir.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 14 octubre 2010)

      El procesamiento del juez Garzón ha generado una marea cívica en defensa de la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo, tema éste que ha centrado buena parte del debate político interno a la vez que está teniendo un importante eco mediático en la escena internacional con el consiguiente descrédito para la justicia española.

     La cuestión de fondo es la exigencia de aplicar en España, con todas sus consecuencias, la legislación penal internacional y el principio de justicia universal. Mientras la derecha, deseosa de acabar con la carrera judicial de Garzón se aferra al manido mensaje de mitificar la Transición y la Ley 46/1977 de Amnistía, con la que se trató de que los crímenes del franquismo no pudieran ser juzgados, la izquierda debe mantener una postura firme y unitaria en este tema. Ciertamente, la Transición fue lo que fue y se hizo como se pudo según las circunstancias del momento para no soliviantar a los poderes fácticos vinculados al fenecido régimen franquista. Tuvo sus luces (indudables), pero también sus sombras, algunas muy sangrantes y dolorosas para los demócratas…y la aceptación de la Ley de Amnistía fue una de ellas y ahora, pasadas más de tres décadas desde entonces, debemos decirlo con toda claridad.

     El debate sobre la memoria histórica, especialmente tras el procesamiento de Garzón, convertido en símbolo de la justicia democrática y comprometida en defensa de los derechos humanos, ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad  española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos.

     Está claro que la derecha se opone frontalmente a tratar el tema de la controvertida Ley de Amnistía, la cual considera “intocable”, mientras que la izquierda debe mantener una postura clara, firme y coherente. En este sentido, el 10 de abril la Coordinadora Federal de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE aprobó en Madrid una resolución de apoyo al juez Garzón en la cual, en su punto 6º, se decía textualmente: “Instamos al Ministerio Fiscal a investigar los crímenes del franquismo, los cuales, con arreglo a la legislación penal internacional son imprescriptibles y tampoco pueden ser amnistiados, razón por la cual la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 no puede ser pretexto para amparar la impunidad de los victimarios ni convertirse en una ley de punto final”. En esta misma línea, el 21 de abril IU-ICV presentó en el Congreso de los Diputados una interesante Proposición de Ley relativa a reabrir el debate de la vigencia de la Ley de Amnistía y la necesidad de introducir en ella modificaciones que la adapten a la legislación penal internacional.

     En este tema, debemos recordar que tanto la ONU, como la jurisprudencia internacional y los organismos de derechos humanos tales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello,  el Gobierno de Raúl Alfonsín tuvo la valentía de  derogar la Ley de Autoamnistía nº 22.924 de 1983, con la cual la dictadura argentina pretendió lograr la impunidad para sus crímenes.  No es este el caso de España puesto que el pasado 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 a la vez que sugería su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales” así como “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”, exactamente lo mismo que pretendía Garzón con la apertura de su Sumario 53/2008.

     Así las cosas, y, aun sin ser jurista, considero que el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los compromisos que, en materia de legislación penal internacional tiene asumidos España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España el 24 de septiembre de 2009), va a implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada  y sistemática de la desaparición forzada  constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º) los cuales son imprescriptibles y no amnistiables. Teniendo en cuenta que, tras la apertura por Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5  de la Audiencia Nacional del cual es titular el propio Garzón, podemos hacernos una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión.

     En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales, tal y como se recoge en el artículo 96.1 de la Constitución Española según el cual, “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. De igual modo, con arreglo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (ratificado por España en 1979), se señala en su artículo 7.2 que “no se impedirá el juicio o condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. En esta misma línea jurídica, el Comité contra la Tortura de la ONU, el pasado 19 de noviembre de 2009 exigía al Gobierno de España que “las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía” y el pasado mes de marzo de 2009 la prestigiosa asociación Human Rights Watch reincidía en esta cuestión al señalar que “las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977 en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”. 

          José Ramón Villanueva Herrero
          (Diario de Teruel, 25 abril 2010)

Por fin lo han conseguido. Los enemigos del juez Garzón, el magistrado más valiente y comprometido de la judicatura española va a ser procesado acusado de prevaricación por haber tenido el coraje cívico de iniciar, mediante el Sumario 53/2008 E, el proceso contra los crímenes del franquismo.

La fotografía de Garzón en el banquillo, a buen seguro, dará la vuelta al mundo para deshonra de la Justicia española pues este insólito hecho va a suponer un gravísimo descrédito para la independencia del poder judicial. No existe otro caso en el mundo civilizado en el cual un juez, que ha iniciado, con arreglo a la legislación penal internacional y al principio de justicia universal, la investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo, vaya a ser procesado por unas querellas interpuestas, precisamente, por grupos ultraderechistas como el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad o la Falange Española y de las JONS, herederos ideológicos y emocionales de la dictadura franquista.

Tampoco es ajeno al procesamiento de Garzón un amplio espectro de la derecha política actual representada por el PP que, inquieta como estaba por las investigaciones realizadas por este juez en el “caso Gürtel”, el mayor escándalo de corrupción política de nuestra democracia, se había fijado como objetivo neutralizarlo en tan comprometedor asunto para lo cual el procesamiento de Garzón era el primer paso para lograr su inhabilitación como juez.

 La tenacidad de Garzón en investigar temas de tanto calado como los crímenes del franquismo o la corrupción política, la cual salpica a diversas esferas del PP, era demasiado para sus enemigos,  que no han dudado en unir sus fuerzas para acabar con la carrera judicial de Garzón. Al margen de su a veces criticado afán de protagonismo mediático, resulta innegable que, tanto en estos temas como en la lucha judicial contra el terrorismo, ha desplegado una actividad incansable y, con ello, ha dignificado como pocos el papel que debe desempeñar la justicia progresista en una sociedad democrática avanzada.

Ante tal cúmulo de ataques como los que está sufriendo Garzón, tan injustos como movidos por perversos y oscuros intereses, considero que, como ciudadanos, debemos dejar oír nuestra voz. Por ello, como miembro de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón, suscribo plenamente la Declaración conjunta de UGT y CC.OO. en apoyo a Garzón del pasado 26 de marzo. En ella se advierte con total nitidez de la “deriva judicial” que está tomando la causa incoada contra Garzón desde el momento en que tuvo el coraje de iniciar la investigación de los crímenes del franquismo, causa en la cual, recordémoslo, la UGT se personó como acusación particular dado que miles de nuestros militantes, como fue el caso de Bernardo Aladrén, secretario provincial de la UGT zaragozana,  fueron asesinados durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista.

Se recuerda igualmente que estamos ante una “causa especial contra un Juez íntegro” que, para mayor escarnio, es víctima de unas querellas interpuestas por “reconocidos grupos fascistas” y, lo que es más grave, no sólo se trata de un ataque personal contra Garzón, sino que su procesamiento pone en cuestión la credibilidad del sistema judicial español pues, tal y como se pregunta la Declaración de UGT-CC.OO.: “¿El sistema judicial de un sistema democrático puede rehusar investigar la desaparición de personas?¿Puede inhibirse ante quienes reclaman su intervención para recuperar los restos de familiares desaparecidos a la vez que da cauce a las iniciativas de grupos filofascistas?¿Entenderíamos esta actitud respecto a otros casos como los crímenes nazis o los desaparecidos de la dictadura argentina?”.

Por ello, se defiende en la Declaración sindical conjunta la actuación judicial de Garzón en la “histórica causa” de los crímenes del franquismo, siempre en interés de las víctimas: recordemos que, a fecha de hoy, todavía quedan en torno a 35.000 republicanos asesinados cuyos restos yacen en cunetas y fosas comunes a lo largo de todo el territorio español para sufrimiento de sus familiares y oprobio de nuestra conciencia cívica.

Nadie duda que a las querellas contra Garzón no han sido ajenas sus actuaciones judiciales ante graves delitos de corrupción política como lo prueban los datos conocidos de la trama “Gürtel”, los cuales se extienden como una mancha de aceite para desasosiego de los dirigentes del PP. Y es que todo este proceso, cual si de un nuevo “affaire Dreyfuss” se tratara, está mediatizado por razones extrajudiciales, las cuales no sólo comprometen gravemente nuestro Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, sino que van a tener consecuencias fatales  para la imagen de la Justicia española tanto en el seno de nuestra sociedad como en el ámbito internacional.

Por todo lo dicho, junto a la solidaridad con Garzón y el reconocimiento público de su trayectoria ejemplar en defensa de los derechos humanos, la Declaración conjunta de UGT-CC.OO., solicita del Tribunal Supremo que se termine de manera inmediata la persecución injusta contra Garzón y también que se resuelva de una vez por todas las cuestiones pendientes sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo.

Recuerdo cómo en el varias veces citado Sumario 53/2008 E, Garzón manifestaba con toda firmeza que correspondía al Ministerio Fiscal español investigar los crímenes del franquismo dado que éstos, con arreglo a la legislación penal internacional  “no están prescritos ni amnistiados”. Acto seguido, Garzón añadía unas frases que ahora recuperan toda su vigencia: “Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional” (p. 74).

El 26 de marzo pasado, el mismo día en que se hacía pública la Declaración conjunta de UGT-CC.OO. en apoyo a Garzón, me hallaba en la localidad francesa de Oloron-Sainte Marie realizando una charla sobre el exilio republicano español. Durante el extenso coloquio que siguió, cuando aludí a la involución que suponía el que un juez como Garzón fuese procesado por los herederos del franquismo por haberse atrevido a investigar los crímenes de la dictadura, todo el público, de forma unánime y espontánea, prorrumpió en un cerrado aplauso en solidaridad con Garzón. Y es que no sólo en la sociedad española sino también fuera de nuestras fronteras, se sigue con interés este proceso de indudable trascendencia histórica, social y jurídica pues se hallan en juego aspectos esenciales de nuestra democracia y de la credibilidad de nuestro sistema judicial. Por ello, me sumo a cuantos en estos días están manifestando su apoyo y solidaridad para con el  juez Garzón, comprometido en combatir sin titubeos los cánceres que amenazan nuestra democracia cuales son el terrorismo, los rebrotes de los nostálgicos del franquismo y la corrupción política.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 9 abril 2010, El Periódico de Aragón, 10 abril 2010 y La Comarca, 13 abril 2010)

      Durante los duros años del franquismo, en la inmediata posguerra, hubo dos turolenses que tuvieron un papel relevante en la política de la dictadura pues ambos fueron ministros del régimen: uno fue José Ibáñez Martín, responsable del Ministerio de Educación Nacional entre 1939-1952, y el otro, posiblemente menos conocido, fue Demetrio Carceller Segura (1894-1968), nacido en Las Parras de Castellote y que ocupó la cartera de ministro de Industria y Comercio entre octubre de 1940 y julio de 1945. A éste me referiré seguidamente.

     Demetrio Carceller era hijo de una familia campesina que, como tantas otras, emigró desde las tierras turolenses a Cataluña en búsqueda de un futuro mejor. Establecidos en Tarrasa, pasados los años Demetrio llegó a ser ingeniero textil en esta industriosa ciudad catalana. Durante los años de la II República, inició su andadura política en las filas de la derecha fascista, razón por la cual colaboró con José Antonio Primo de Rivera en la fundación de Falange Española (1933).

     Iniciada la Guerra Civil, consiguió, al igual que Ibáñez Martín, evadirse de la zona leal a la República y llegar a la zona rebelde, en donde participó en la recién creada Comisión de Industria y Comercio de la Junta de Defensa de Burgos. Carceller, por aquel entonces con importantes intereses vinculados a los negocios petrolíferos desde la fundación de CAMPSA (1927) y CEPSA (1929), desempeñó un papel decisivo ("intervención capital", según Ramón Garriga), para conseguir los vitales suministros de carburante que precisaban los sublevados para sus tropas en los primeros instantes de la contienda, antes de que recibieran el masivo apoyo procedente de las potencias fascistas, esto es, de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. Tal es así que los contactos del turolense Carceller hicieron que la multinacional petrolera americana Standard Oil suministrara de forma inmediata éstos a los generales Mola y Franco, cabezas visibles de la sublevación liberticida contra la República.

     Durante la Guerra Civil, Carceller, a quien ya se empezaba a conocer como "el cerebro económico de la Falange", fue ganando prestigio y poder político en la jerarquía franquista. Concluida esta y en pleno delirio filonazi, Carceller formó parte de la nutrida delegación que, al mando de Serrano Suñer, viajó a Berlín en septiembre de 1940 con el propósito de acordar la entrada de la España franquista en la guerra mundial al lado de las potencias del Eje. Carceller había recibido el mandato de Franco de estudiar los métodos puestos en práctica por la Alemania nazi para obtener dos productos que el régimen consideraba vitales en la depauperada España de posguerra: la fabricación de gasolina sintética y de abonos químicos, razón por la cual el turolense efectuó diversas reuniones con técnicos alemanes y trató con los jerarcas nazis importantes temas económicos.

     La estrella de Carceller era ascendente y un sentimiento de admiración hacia el político turolense se extendía entre la delegación española enviada a Berlín, hasta el punto de que algunos querían ver en él a "un mago de la obra de reconstrucción económica de España". Pero el objetivo último que con ello se pretendía no era otro que servir a los fines de un quimérico expansionismo "imperial" aireado por el franquismo al socaire de su abierta alineación con la Alemania nazi, la misma que estaba despedazando a la vieja Europa. De hecho, se pensaba que, si la España franquista resolvía el problema del autoabastecimiento de gasolina y fertilizantes, podría jugar un "papel decisivo" en la guerra y el consiguiente reparto de un botín colonial que se intuía próximo.

     A su regreso de Berlín, Franco, que confiaba plenamente en los planes económicos de Carceller, lo nombró ministro de Industria y Comercio (17 octubre 1940), con lo cual dejaba en manos del falangista de Las Parras de Castellote la inmensa tarea de reconstruir la economía de aquella triste España de la posguerra, sumida en la miseria y la represión y cuyo primer eslabón fue la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en septiembre de 1941.

     La gestión del flamante ministro turolense, compañero en el Gobierno de su paisano Ibáñez Martín, se caracterizó en un primer momento por su entusiasmo germanófilo. Convencido como estaba de la inminente victoria del III Reich, era de la opinión de que había que ayudar a la Alemania nazi en todo lo posible, suministrándole todo cuanto pidiera (sobre todo hierro y wolframio para su industria bélica) sin exigir, como contrapartida apenas nada, lo cual se resumía con total nitidez en una frase del mismo Carceller: "A la hora de la victoria verá Hitler quienes han sido sus verdaderos amigos y recibiremos el premio que nos hemos merecido".

     Pero la realidad fue bien distinta: la gestión de Carceller propició los desastrosos balances comerciales hispano-germanos de 1940, 1941 y 1942. No fue hasta finales de 1942 cuando el astuto Carceller percibió que la guerra cambiaba de signo tras las derrotas nazis de Alamein y Stalingrado y por ello mudó su inicial servilismo pronazi por una mayor presión económica sobre Alemania bajo el lema de "Te daré lo que me pides, si recibo aquello que necesito". Fue entonces cuando intentó desarrollar, con tecnología alemana, los proyectos para la elaboración de gasolina sintética y abonos químicos a partir de pizarras bituminosas y lignitos de baja calidad. En este contexto hay que situar la creación en noviembre de 1942, dentro del INI, de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes con el objeto de explotar las cuencas de Puertollano y Teruel y cuya producción, según el régimen debía de cubrir el 25-30 % de consumo nacional, pues se pensaba en producir mensualmente la irreal cifra de 10.000 Tm. de gasolina sintética.

     De Carceller debemos señalar igualmente que fue el primer ministro de Franco que volvió la espalda a la Alemania nazi cuando percibió la futura derrota de ésta y jugó, hasta su cese el 18 de julio de 1945, la carta del triunfo aliado pues pensaba que los capitalistas de todo el mundo, entre ellos los nuevos ricos surgidos al amparo del franquismo, como era su caso, debían de ser "buenos amigos" para hacer frente al enemigo que se vislumbraba en el horizonte en caso de una victoria soviética en la Guerra Mundial una vez abatida la Alemania hitleriana.

     Continuando con la trayectoria política del ministro turolense Demetrio Carceller digamos que, cuando Franco lo cesó como ministro de Industria y Comercio el 18 de julio de 1945, tras cuatro años y medio en el cargo, el político nacido en Las Parras de Castellote era ya uno de los hombres más ricos de España, pues cuando dejó el gabinete contaba ya con una inmensa fortuna. Según datos aportados por el eminente historiador Josep Fontana en el VII Congreso de la Asociación de Historia Económica celebrado en Zaragoza en septiembre de 2001 sobre el tema "La economía del primer franquismo", el ingeniero falangista acumuló su fortuna como consecuencia de que "ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas, puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasaron "miles y miles de millones de pesetas", pero no sin dejar "peaje", por lo que a Carceller se le ha considerado el iniciador de la corrupción en gran escala generada por el franquismo, el cual ya poseía una fortuna considerable derivada de sus negocios de refino de petróleo cuando fue nombrado ministro en 1940.

     Una anécdota curiosa de ésta época de ministro refleja el peculiar carácter de Carceller. En cierta ocasión, hablando con el agregado comercial de los Estados Unidos, le preguntó cómo podría obtener un coche Buick del último modelo que acababa de salir de fábrica. El americano, amablemente, le contestó que él se encargaría de que el ministro tuviera el vehículo que tanto deseaba. "Acepto –respondió Carceller- , pero nada de regalos. Lo quiero pagar". Pasaron unas semanas y el mismo diplomático se presentó para anunciar: "Señor ministro: a la puerta del Ministerio está el Buick que usted deseaba. Le sugiero un paseo a prueba". Carceller abandonó todos los asuntos y subió al coche. Terminada la prueba y encantadísimo de su Buick, dijo al norteamericano: "Me tiene que decir lo que le debo, pues quedamos que lo quería pagar". "Me debe 500 pesetas", replicó el norteamericano al indicar un precio simbólico con el cual deseaba congraciarse con el ministro Carceller. Acto seguido, éste sacó la cartera y alargó un billete de 1.000 pesetas. "No tengo cambio", se excusó el yanqui. "No importa –respondió el ministro- quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick" fue la respuesta del ministro turolense.

     Así fue como se asentó la dinastía Carceller, una dinastía de gran poder económico que ha ido creciendo, año tras año, hasta la actualidad. De este modo, el patrimonio del político y empresario turolense, cimentado inicialmente en los negocios petrolíferos (CAMPSA, CEPSA), energéticos (Hidrocantábrico) y financieros (Banco Herrero), fue continuado por su hijo Demetrio Carceller Coll, mediante el control de la industria cervecera Damm, de la cual era presidente y el mayor accionista así como desde la presidencia del Banco Comercial Transatlántico (Bancotrans), del cual era propietario del 11 % de sus acciones, o su participación en Sevillana de Electricidad, empresa vinculada a Endesa.

     Pero la expansión de la dinastía Carceller alcanzó su cenit de la mano de Demetrio Carceller Arce, el "nietísimo" del ministro de Las Parras de Castellote y que, a fecha de hoy, es una de las fortunas más potentes de España. Su inmenso patrimonio se extiende desde sus participaciones en la Bolsa (que superan los 1.000 millones de euros), hasta un amplio conglomerado de empresas: la familia Carceller extiende su poderío económico por todo un holding empresarial del que forman parte la Sociedad Anónima Damm (presidente y máximo accionista con el 23 % del capital de la cervecera), así como empresas del sector petrolífero y energético como Disa Corporación Petrolífera, que controla la distribución de carburantes en las islas Canarias, en donde se halla domiciliada por cuestiones fiscales, así como CEPSA, Repsol, Atlántica Petrogas, Unión Fenosa, Gas Natural o Hidrocantábrico. El emporio se extiende igualmente al sector de las empresas constructoras e inmobiliarias: Demetrio Carceller Arce es propietario del 6,04 % de las acciones de Sacyr-Vallehermoso y fue uno de los impulsores del asalto protagonizado por esta constructora para hacerse con el control del BBVA; además, es miembro de los Consejos de Administración de diversas industrias del sector alimentario como es el caso de Ebro-Puleva e, incluso de otras empresas diversas como la dedicada a la producción de pinturas CIN-Valentine.

     Ciertamente, nadie sabe con certeza la cuantía del patrimonio de Demetrio Carceller Arce, cabeza visible de la fortuna amasada por la familia del político de origen turolense. Su nieto, austero, discreto, alejado siempre de los medios de comunicación, profundamente enraizado con la más selecto de la burguesía española a pesar de tener su residencia en Londres, es el símbolo de una familia poderosa que ha pasado durante muchos años desapercibida para el conjunto de la sociedad que desconoce su trayectoria y el poder económico acumulado desde los tiempos de su abuelo, aquel antiguo ingeniero textil embarcado más tarde en negocios petrolíferos, ministro franquista de Industria y Comercio en los años más duros de aquella España triste, hambrienta, autárquica y víctima de la inmisericorde represión por parte de los vencedores de una trágica guerra civil mientras que los adictos al régimen medraban en la política y la economía del franquismo.

   Esta es la breve historia de una familia, de la dinastía Carceller, una familia que no sufrió los rigores de la España del racionamiento y la pobreza, que se enriqueció al amparo de la dictadura franquista y que hoy es una de las mayores fortunas en la España democrática, una familia que, a buen seguro, tampoco sufrirá los efectos de la crisis económica global. Así es la vida, así es la historia de los poderosos.

 José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 22 y 29 noviembre 2009)

          En estas fechas estivales se ha recordado con diversos actos el 90º aniversario del nacimiento de Primo Levi (1919-1987), escritor y pensador italiano, judío de origen sefardí, considerado el precursor de la literatura y la memoria histórica del Holocausto (“Shoah”, en hebreo).

La vida de Levi, un joven químico turinés integrado durante la II Guerra Mundial en el grupo partisano “Justicia y Libertad”, quedó marcada para siempre tras su paso por los campos de exterminio (“Lagers”) nazis. Capturado por la Milicia Fascista mussoliniana en diciembre de 1943, fue entregado al ejército de ocupación alemán para ser posteriormente deportado a Auschwitz, el más siniestro de los campos de exterminio hitlerianos, donde permaneció hasta la liberación del mismo por el Ejército soviético en enero de 1945. De los 650 judíos italianos (“piezas”, en la terminología nazi) que fueron deportados en el mismo convoy que Levi, sólo sobrevivieron cuatro personas.

El tremendo drama de la Shoah, vivido y sufrido por Levi, lo plasmó en su libro Si esto es un hombre (1947), una obra fundamental de la literatura contemporánea, una de las publicaciones más importantes del s. XX, la cual ha tenido múltiples ediciones en diversos idiomas y ha sido objeto de varias versiones radiofónicas y teatrales.

Ciertamente, en estas fechas en que se honra a Levi, resulta una lectura recomendable. He empleado la edición española (Barcelona, Muchnick Editores, 1987). Debemos de señalar, de entrada, que el libro no añade nada nuevo en lo referente a los detalles atroces que caracterizaban a los campos de exterminio nazis sino que, como Levi indica, el objeto de su obra  es “proporcionar documentación para el estudio sereno de algunos aspectos del alma humana” en situaciones límite como las que existían en Auschwitz. Y es que no había palabras para expresar lo que Levi denomina como “la destrucción del hombre”, el trato brutal al cual eran sometidos las prisioneros considerados como “infrahumanos” por los nazis (judíos, gitanos, eslavos), su explotación sistemática y cruel, su muerte programada con una frialdad y metódica precisión (Levi nos recuerda que, Auschwitz logró la “horrenda primacía” entre todos los campos de exterminio al lograr la enorme cifra de “24.000 muertos en un solo día en agosto de 1944”. Una frase del libro resume la destrucción física y anímica del ser humano a manos del nazismo: “hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse”.

Levi distingue dos tipos de prisioneros: los “hundidos”, los que se desmoronan ante aquel inmenso cúmulo de sufrimientos, los que pierden toda capacidad de resistencia y acaban irremisiblemente en la cámara de gas y el crematorio, y los “salvados”, aquellos que con mayor fortaleza física y anímica, luchan a cada instante por sobrevivir. Muchos años después, Levi volvería a este tema en su libro titulado así, precisamente, Los hundidos y los salvados (1986).

A lo largo del libro se alude a diversos personajes y grupos de deportados: habla con emoción de los judíos griegos deportados de Salónica (admirables, tenaces y solidarios), muchos de ellos con seculares raíces que se remontaban a los judíos expulsados de Aragón en 1492; recuerda la llegada masiva de deportados húngaros durante la primavera de 1944, momento en el cual el diplomático zaragozano Ángel Sanz Briz intentaba desesperadamente salvar a la comunidad sefardí de Budapest. Con profunda emoción alude Levi a algunos presos que, en medio de aquel infierno, supieron mantener la dignidad humana, sobreponiéndose a tanta depravada deshumanización. Este fue el caso de “Lorenzo”, que salvó la vida de Levi y que “con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo y fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo”.

Es importante señalar que Si esto es un hombre es un libro incluido desde hace años en los contenidos didácticos del sistema educativo de Italia, destinado a la educación cívica de los escolares. Es por ello que, en 1976, Levi le incorporó un apéndice en el cual recogía las preguntas y respuestas más habituales que los estudiantes le fueron haciendo durante años en relación a la tragedia de la Shoah. En dicho apéndice trata temas como su rechazo a odiar a Alemania y los alemanes por sus crímenes, lo cual no supone que conceda un “perdón indiscriminado” hacia los culpables. Frente a los que maquillan la tragedia en base a teorías negacionistas y revisionistas afines al neofascismo, afirma que el pueblo alemán sabía que se estaba perpetrando un genocidio de inmensas proporciones y, por ello, lo considera “plenamente culpable”  ya que, “quien sabía no hablaba, quien no sabía no preguntaba, quien preguntaba no obtenía respuesta”. Alude también a la dificultad de huir y de efectuar  rebeliones masivas en los Lager (pese a que las hubo en Treblinka, Sobibor, Birkenau o el “ejemplo de extraordinaria fuerza moral” del levantamiento del guetto de Varsovia); analiza el odio fanático del nazismo para con los judíos, o el eterno dilema de los supervivientes entre olvidar la tragedia o recordarla para mantener viva su memoria. En este sentido, Levi es claro y contundente ya que nos recuerda que “meditar sobre lo que pasó es deber de todos”.

Tras reconocer que sin la dramática experiencia de Auschwitz el químico Levi es muy probable que nunca se hubiese dedicado a la literatura (que le hizo merecedor de varios premios y ser candidato al Nobel) y a la defensa de la memoria histórica, admite que sobrevivió porque tuvo suerte y voluntad, ya que pudo sustraerse a aquella “total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual”  y pudo seguir siendo un hombre, mantuvo su dignidad y valores.

Levi no fue un historiador, ni lo pretendió ser, fue un testigo que relata los hechos para que la memoria permanezca viva en las generaciones futuras. Por ello, sentó las bases del testimonio, ya que fue un pensador a partir del cual se empezaron a elaborar las teorías filosóficas y educativas en relación a la Shoah, el papel y la necesidad del testigo en la historia para que el lector tome conciencia de la barbarie fascista, lo condene y actúe cimentando la sociedad sobre los valores del respeto y la libertad. Es por ello que, como indica en el libro, utilizó “el lenguaje mesurado y sobrio del testigo; no el lamentoso lenguaje de la víctima ni el iracundo lenguaje del vengador: pensé que mi palabra resultaría tanto más creíble cuanto más objetiva y menos apasionada fuese; sólo así el testigo en un juicio cumple su función, que es la de preparar el terreno para los jueces: los jueces sois vosotros”.

Esa es la fuerza moral, el impulso ético y la necesidad de mantener siempre viva la memoria histórica. Por ello este libro lo siguen estudiando los escolares italianos porque, como pensaba Levi, sólo la educación cívica de la juventud será la mejor garantía para salvaguardar los valores democráticos y evitar en un futuro tragedias como la Shoah, Gernika, Sarajevo, Rwanda o tantas otras.

Por ello, 22 años después de su muerte, Primo Levi sigue vivo en la memoria y la lectura de Si esto es un hombre (y el estremecedor poema que da título al libro), es un buen homenaje para aquel judío italiano de origen sefardí que nos compromete en el permanente deber ético de la defensa de la memoria histórica y la dignidad humana frente a todo tipo de fascismo.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 24 agosto 2009)

En estos días, ha sido noticia la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicato "Manos Limpias" contra el juez Garzón por su iniciativa de abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo por medio del Sumario 53/2008 E de 18 de diciembre.

Bajo el irónico nombre de "Manos Limpias", se esconde un colectivo fundado en 1995 por Miguel Bernard, exsecretario general de Fuerza Nueva, que se define como "sindicato de ámbito independiente" y que afirma tener por objetivo hacer frente al "deterioro del Estado de Derecho", en el cual, por cierto, nunca han creído ni han defendido, bien al contrario, las mentes ultramontanas que se agrupan en "Manos Limpias". Por cierto, hasta su nombre es ofensivo y muestra su subconsciente retrógrado: ¿es que acaso la ciudadanía y la mayor parte de la clase política española contrarios a sus ideas ultras tenemos las manos sucias?. Ellos son los que ensucian las libertades que la democracia les concede cuando nunca han hecho nada para defenderlas y, por el contrario, han estado siempre cercanos a la ideología liberticida del franquismo.

"Manos Limpias" emponzoña cuanto toca, judicialmente hablando: en estos últimos años, han sembrado los juzgados de toda una serie de denuncias, querellas y recursos que indican bien a las claras la ideología que impregna este colectivo: desde las denuncias presentadas contra el Presidente Zapatero por haber iniciado un proceso de paz con ETA (que fue autorizado por el Parlamento, no lo olvidemos), hasta diversas querellas contra dirigentes nacionalistas (la de Juan Mari Atutxa fue la más sonada) u otras en defensa de la monarquía, la fe católica o la teoría conspiratoria en torno al 11-M, tema recurrente de la derecha política y mediática. Pero si algo ha caracterizado a "Manos Limpias" en estos últimos años ha sido su obsesión por procesar a Garzón y, tras múltiples querellas y denuncias contra el, a la dieciochoava vez, lo han conseguido y ésta ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

En el recurso de amparo de Garzón contra esta querella "por prevaricación", apunta los principales argumentos en defensa de su actuación en el Sumario 53/2008 por medio del cual pretendía abrir un proceso contra el franquismo y hacerse eco de las justas demandas de las víctimas y sus familiares, tema éste que tuvo una amplia repercusión política, judicial y ciudadana. De hecho, Garzón señala en su recurso cuestiones obvias cual son: que no hay indicios de delito en la apertura del Sumario, que no fue motivado por una actuación presuntamente injusta, que no hizo nada "esperpéntico" y, desde luego, que actuó con arreglo a la legalidad con objeto de lograr la necesaria protección de las víctimas con arreglo a la Ley 52/2007, de la Memoria Histórica.

Dicho esto, y ante la cruzada desatada contra el juez Garzón por la derecha política, judicial y mediática, creo oportuno recordar y defender su actuación en relación a tan polémico tema. Para ello, debemos recordar, en primer lugar, que la jurisprudencia y el derecho internacional amparan las actuaciones judiciales de Garzón en el proceso que intentó abrir contra los crímenes del franquismo ya que éstos, al tener la consideración de "crímenes contra la humanidad", son delitos vigentes a fecha de hoy pues no prescriben nunca, tal y como se recogen en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Por ello, la competencia de Garzón en este tema estaba plenamente justificada con arreglo al principio de "justicia universal" el cual debe abrirse paso en los ámbitos nacionales y, por ello, considero un grave un error político el reciente pacto PSOE-PP para restringir su actuación en esta materia por parte de los tribunales españoles: en un mundo globalizado, los valores y los principios de la justicia universal y el derecho penal internacional, también deben de ser de aplicación en cualquier lugar y circunstancia.

Por todo ello, releyendo de nuevo el Sumario 53/2008, me reafirmo en estas ideas y en la defensa de la actuación jurídica de Garzón, que, al margen del afán de protagonismo de que siempre se le acusa, lo cierto es que abrió un debate jurídico y social sobre un tema que hay que afrontar con valentía de una vez por todas: el proceso, todavía pendiente, a los crímenes del fascismo y la dignificación moral y también jurídica de todas sus víctimas, una deuda que todavía no ha saldado nuestra democracia constitucional.

En dicho Sumario, convertido en un documento fundamental de los delitos de estado cometidos por el franquismo, se señala, ya de entrada, la "existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra". En cuanto a los razonamientos jurídicos, éstos son calificados como "crímenes contra la Humanidad, en conexión con un delito contra Altos Organismos de la Nación y de la Forma de Gobierno" (p. 5), esto es, delito de rebelión contra el legítimo Gobierno republicano. Se trata por ello de "delitos permanentes, cuya comisión a efectos jurídicos son actuales" puesto que continúan miles de víctimas desaparecidas, asesinadas en multitud de fosas, y miles de niños, hijos de republicanos, fueron sustraídos a la fuerza de las manos de sus padres y entregados a otras familias adictas al régimen.

La magnitud de estos crímenes hace que Garzón apunte en el Sumario una cuestión jurídica de enormes efectos políticos: la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 a este tipo de delitos cometidos por el franquismo. Como bien señala Garzón, los crímenes contra la humanidad son aquellos "actos punibles con independencia de la responsabilidad que pueda establecer el derecho interno, no son amnistiables" pues lo contrario sería conceder "una patente de impunidad" a éstos y a sus responsables.

Quiero acabar estas reflexiones en apoyo de la actuación de Garzón en este tema con dos párrafos recogidos del ya famoso Sumario 53/2008:

"España no es diferente a otros países de la comunidad internacional, ni puede serlo, cuando se trata del reconocimiento de delitos horrendos como los aquí enunciados y la necesidad y obligación de investigar y luchar contra la impunidad, y por ello está obligada, como los demás países a cumplir aquellas normas y jurisprudencia que le afectan en el marco jurídico internacional al que pertenece con trascendencia sobre el orden jurídico interno […] España está obligada y muy particularmente el Ministerio Fiscal y el órgano judicial competente. Obstaculizar la investigación, luego de la omisión durante años, sería contravenir flagrantemente aquellos artículos del Convenio Europeo"

Y es que, como concluye el Sumario, "los hechos son los que son y este instructor [Garzón] no los ha inventado". Por ello, la limpia actuación del juez Garzón, reconocida unánimemente por las asociaciones de la memoria histórica no merece ser desvirtuada por unas manos sucias, las manos de la rancia derecha, los nostálgicos de una dictadura, convertida en la página más negra y dramática de nuestra historia colectiva.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 6 junio 2009)

Los pasados días 25 y 26 de abril han tenido lugar en la localidad francesa de Oloron-Sainte Marie una serie de actos en recuerdo del 70º aniversario del final de la Guerra Civil Española y de la apertura del campo de concentración de Gurs, por donde pasaron 32.285 republicanos españoles y voluntarios de las Brigadas Internacionales y, más tarde, varios millares de judíos, los cuales serían deportados al campo de exterminio de Auschwitz durante el Holocausto (Shoah).

Durante esos días, tuve ocasión de compartir momentos de sentida emoción, recuerdo y homenaje al valor y al sufrimiento de quienes, como los republicanos españoles, los resistentes franceses o la comunidad judía, fueron víctimas de la barbarie fascista entre 1936-1945. Los actos, organizados conjuntamente por el Ayuntamiento de Oloron y las asociaciones Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER) y l’Amicale du Camp de Gurs, supusieron un hito histórico en esta zona del Alto Béarn en donde los hijos y nietos del exilio republicano tienen una arraigada presencia desde el final de nuestra guerra civil. Y es que, además de una delegación de los lander alemanes del Sarre y Baden, así como de representantes de la comunidad judía de estas regiones germanas, era la primera vez que el recuerdo de lo que supuso el Campo de Gurs en la memoria del exilio republicano en el Béarn, contaba con una destacada presencia institucional española. Allí estaban Isidre Molas (vicepresidente del Senado y presidente del PSC), José Luís Tapia (Cónsul General de España en Pau) y Jesús Loza Aguirre (diputado del Partido Socialista de Euskadi y vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa) en representación del Parlamento Vasco. En la caso de Aragón, la delegación estaba encabezada por María Victoria Broto, consejera de Educación, Cultura y Deporte, Jaime Vicente Redón (Director General de Patrimonio Cultural), Pedro Salas (Director General de Acción Exterior) y el senador socialista alcañizano Ángel Lacueva.

En la tarde del 25 de abril tuvo lugar la colocación de una placa conmemorativa en la estación ferroviaria de Oloron en recuerdo de los republicanos españoles, brigadistas internacionales y judíos que allí llegaron  para ser internados en el Campo de Gurs. La ceremonia y los discursos tuvieron lugar bajo una lluvia constante, lo cual no impidió la asistencia de numeroso público acompañado de banderas republicanas, de asociaciones de antiguos combatientes de la Resistencia francesa y de vivas a la República Española.

Acto seguido tuvo lugar la inauguración de un conjunto de exposiciones agrupadas bajo el título “De la Guerra de España a la Shoah. 70º aniversario de la apertura del Campo de Gurs”. En la misma, también la presencia aragonesa es destacada: el Gobierno de Aragón está presente con una excelente exposición sobre “La Brigada Lincoln en Aragón” que incluye diversas fotografías del paso de los brigadistas norteamericanos por algunas poblaciones bajoaragonesas como Alcañiz, Alcorisa o Híjar. Por su parte, el Círculo Republicano de Jaca participa con una exposición sobre la sublevación de Jaca de diciembre de 1930 y documentación sobre los 400 asesinados por la represión fascista en la capital jacetana. Además, se pueden contemplar exposiciones bibliográficas relativas al Programa “Amarga Memoria” del Gobierno de Aragón, así como de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón o de la Fundación de Investigaciones Marxistas “José Antonio Rey del Corral” vinculada al PCA-PCE.

Otra exposición especialmente emotiva era la relativa al Campo de Gurs y a la deportación: en una vitrina, se podía contemplar el sombrío “pijama de rajas” de un judío deportado a Auchwitz el cual logró sobrevivir y que, en su silla de ruedas, estaba al lado de este triste recuerdo mostrando a un grupo de jóvenes su número de deportado tatuado en su brazo.

En los actos de Oloron, en medio de tantas emociones contenidas, coincidimos tres alcañizanos: además del senador Ángel Lacueva y yo mismo, estaba también Emilio Vallés, exiliado republicano y actual vicepresidente de l’Amical du Camp de Gurs y, al día siguiente, puede conocer al hijo de otro exiliado alcañizano apellidado Quílez Ibáñez, residente en la cercana localidad de Gan. Y es que, como decía Bernard Uthurry, alcalde socialista de Oloron, su cuidad debe mucho al “coraje” de todos los republicanos españoles que aquí lucharon contra la ocupación nazi y que, tras la liberación, se establecieron en la acogedora ciudad oloronesa.

No menos emotivos fueron los actos que tuvieron lugar al día siguiente en el Campo de concentración de Gurs. Seguía lloviendo como si el cielo quisiera unirse a las lágrimas que recorrían nuestras mejillas mientras se realizaban las ofrendas florales y los minutos de respetuoso silencio ante los monumentos a los prisioneros republicanos de Euskadi y  al de los republicanos españoles y los brigadistas internacionales situado en un ala del Cementerio Judío de Gurs. Ciertamente, como me decía Bernard Uthurry, “con lluvia o con sol, en Gurs siempre se siente la misma emoción”.

El acto final tuvo lugar ante el monumento a los deportados judíos, rodeado por las tumbas de los 1.073 hijos de Israel que allí reposan. Cubiertas en señal de respeto nuestras cabezas con el kipá ritual, un rabino recitó los tristes sones de un kadish, la oración fúnebre judía, en memoria de todas las víctimas de la barbarie nazi. El dolor y la memoria ante tanto sufrimiento nos hermanaba a todos los allí presentes: republicanos españoles, resistentes franceses y judíos. Algunos de los antiguos “gursiens” habían venido de distintos puntos de Europa e, incluso, de Canadá, para estar presente en este acto.

En los discursos finales, no sólo se recordó lo que supuso el nazismo como encarnación del “mal absoluto”, sino que, enlazando con el presente, se alertó de que en tiempos de crisis como los actuales, están rebrotando actitudes xenófobas, racistas y antisemitas. Resulta alarmante la involución de los derechos civiles en países democráticos como Italia o la misma Francia: en ésta última, “el país de los derechos del hombre”, y símbolo universal de la libertad, como consecuencia de las regresivas políticas inmigratorias de Sarkozy, se está planteando el penalizar con 5 años de cárcel y una sanción de varios miles de euros, a todo ciudadano francés que acoja o proteja a un “sin papeles”, esto es, a un inmigrante no regularizado.

Como vemos, la eterna lucha por la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso social, la misma lucha por la que se batieron los republicanos españoles, sigue vigente mientras existan opresiones e injusticias de todo tipo que combatir. Esa es la lección de la historia y la memoria de Gurs, ayer, hoy y siempre.

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 3 mayo 2009)

En un momento en que el debate de la memoria histórica está de plena actualidad, en medio de las pugnas jurídicas y el debate político y social que ha generado en la sociedad española, ha entrado también en escena la jerarquía eclesiástica con unas declaraciones lamentables. El pasado 24 de noviembre, el cardenal Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, se opuso con una actitud tan cínica como hipócrita, a la necesaria recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo al señalar que, “a veces, es necesario saber olvidar” en lo que él denomina, haciendo gala de una doble moral, de “una auténtica y sana purificación de la memoria”.

Debe quedar claro que, bajo ningún concepto, resulta aceptable que la Iglesia, que nunca aceptó la República laica de 1931, que apoyó con entusiasmo la sublevación fascista, que sacralizó el golpe militar calificándolo de “Cruzada”, que legitimó la dictadura franquista, que silenció sus crímenes, que tantos privilegios obtuvo del régimen y que nunca ha tenido la valentía de pedir perdón  por su responsabilidad y connivencia con la represión desatada durante cuatro décadas por el franquismo, nos pida a todos los ciudadanos, creyentes o no, que olvidemos nuestra memoria histórica reciente. Esto no es sino una amnesia selectiva ya que, mientras Rouco nos pide el olvido para las víctimas republicanas, la Iglesia sigue promoviendo procesos de beatificación de las víctimas de la persecución religiosa, ciertamente abominable, desatada como consecuencia del golpe fascista de julio de 1936. Pero, también en esto la Iglesia tiene una memoria selectiva pues nunca ha honrado a los sacerdotes nacionalistas vascos o a los dirigentes de Unió Democrática de Catalunya, católicos todos ellos…pero asesinados por los franquistas por sus convicciones democráticas, nacionalistas y por haberse opuesto a la sublevación militar. Rouco nos pide un olvido de la memoria, pero miles de iglesias españolas siguen teniendo en sus fachadas, como recuerdo permanente e hiriente de la contienda, las lápidas de “Caídos por Dios y por España”.pese a lo dispuesto en la nueva Ley de la Memoria Histórica.

Por todo ello, bueno sería que Rouco y el resto de la jerarquía católica leyese el sobrecogedor Sumario 53/2008E del juez Garzón del pasado 18 de noviembre. A lo largo de sus 152 páginas, una muy fundada argumentación jurídica y un denso acopio de jurisprudencia, ponen de manifiesto el carácter de “crímenes contra la humanidad” cometidos por el franquismo, los cuales no sólo nunca fueron denunciados por la Iglesia, sino que, en ocasiones, tuvo una colaboración activa y directa en algunos de estos delitos.

Una parte destacada del Sumario 53/2008E está dedicada a “los niños perdidos del franquismo”, esto es, a la “sustracción o eliminación de custodia sobre los hijos de las madres republicanas”, proceso en el cual determinadas instituciones eclesiásticas tuvieron un papel destacado. Hay que recordar que la Declaración de Condena de la Dictadura Franquista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, dedicó varios puntos a esta cuestión, señalando que, “varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a Instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación” (Punto 73).

Igualmente, se ofrecen datos sobre el secuestro de niños de familias republicanas por parte del Servicio Exterior de Falange en diversos países europeos; sobre el funcionamiento de la Prisión de Madres Lactantes, donde los hijos de presas republicanas eran separados de éstas, en muchas ocasiones de forma definitiva, cuando los niños cumplían los 3 años; sobre la desaparición en 1944 de un centenar de niños en la prisión vizcaína de Saturrarán, arrrancados de sus madres por parte de los funcionarios y las religiosas allí destinadas. Se alude a la numerosa normativa “legal” del régimen sobre la “tutela” de niños republicanos, cuyo número se cifra en 12.042 a la altura de 1944 (7.538 de ellos internados en centros religiosos) que llegaron a ser 30.960 en la década 1944-1954, dependiendo del Patronato San Pablo, adscrito al Ministerio de Justicia. Muchos de ellos fueron entregados en adopción y nunca se devolvieron a sus verdaderos padres. El Sumario de Garzón, nos ofrece también datos sobre cómo determinados sacerdotes, como fue el caso de Juan A. Gordio, capellán de la Casa Cuna Provincial de Sevilla, alteraban los datos de las partidas de nacimiento de niños de familias republicanas para que pudieran ser adoptados por familias adictas al régimen. Se llega a aludir a casos de apropiación de niños en el mismo momento del parto, tal y como refleja el testimonio de Emilia Girón: “lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron…tú estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y lo llevan y nada más” (p. 64).

Dramáticos resultan los testimonios recogidos por Fr. Gumersindo de Estella, capellán en la prisión zaragozana de Torrero referentes a la “sustracción de hijos de mujeres presas por religiosas, sin autorización de las madres”, o el caso de las presas embarazadas como consecuencia de violaciones a las que, como señala Garzón, “se mantenía con vida hasta el alumbramiento e inmediatamente después eran ejecutadas. Los hijos eran entregados a centros religiosos o del Estado a pesar de que las madres, antes de morir, se habían negado explícitamente a ello” (p. 65).

En todos estos hechos criminales, en la sustracción de niños, en la falsificación de partidas de nacimiento y bautismo, tiene una profunda responsabilidad la Iglesia de la posguerra. Por ello, miles de niños fueron separados de forma dramática de sus padres y se criaron en familias adoptivas, al igual que ocurrió en la dictadura argentina de los años 70. Por todo ello, el texto de Garzón interpela a nuestras conciencias al señalar que, “olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos” (p. 74).

Por todo ello, si Rouco leyese en su integridad el Sumario 53/2008E, tal vez se estremeciese su habitual hieratismo y, superando su patológica amnesia interesada, empezase a reconocer y pedir perdón por el papel desempeñado por la Iglesia en la represión franquista. Y es que tanto dolor y tantas víctimas, muchas de ellas todavía yacentes en fosas comunes, no se supera con el olvido intencionado y cómplice que Rouco predica, sino con información, verdad, reparación y educación ciudadana para las nuevas generaciones. Esta si que sería una actitud verdaderamente cristiana pues, como nos recuerda Jesús de Nazaret, “la verdad os hará libres”, que, en este caso, supondría una auténtica liberación del sufrimiento y el dolor, de odios y rencores acumulados durante décadas y que ha llegado el momento de superar, no desde el olvido, sino desde la memoria, la verdad y la dignidad para con las víctimas, con todas las víctimas. Y esta si que es, cardenal Rouco, y no la suya, una actitud verdaderamente evangélica.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 2 diciembre 2008 ; Diario de Teruel, 7 diciembre 2008)

        El pasado 19 de junio, un grupo de supervivientes españoles del Holocausto nazi presentaba en la Audiencia Nacional una querella penal para solicitar a los Estados Unidos la entrega de cuatro criminales nazis para ser juzgados por los tribunales españoles bajo la acusación de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Esta querella, redactada por el Equipo Nizkor (palabra hebrea que significa “Recordemos”), un colectivo de juristas y especialistas en defensa de los derechos humanos, fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional y supone, de hecho, que España es el primer país del mundo en investigar crímenes nazis contra la humanidad desde los famosos juicios de Nüremberg de 1946. Este hecho histórico, importante avance a favor del ejercicio de la Justicia Universal contra los crímenes de genocidio y lesa humanidad, se concreta en la referida querella contra cuatro integrantes de la organización criminal SS-Totenkopf-Sturmbann (“El Batallón de la Calavera”) llamados Johan Leprich, Antón Tittjung, Josias Kumpf y John (Iwan) Demjamjuk, los cuales ejercieron su siniestra labor en los campos de exterminio nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flössenburg, en las que fueron asesinados varios miles de republicanos españoles.

Sin ser especialista en materia judicial, me ha resultado muy interesante la lectura del Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, del cual es titular el juez Ismael Moreno. En el mismo, se destaca la competencia de la Justicia española en este caso dado que se trata de delitos de genocidio y lesa humanidad previstos en los arts. 607 y 607 bis del Código Penal (CP) realizados mediante la práctica sistemática de torturas (arts. 173 y siguientes del CP). Estos delitos se fundamentan igualmente en el “principio de legalidad” aplicable a los delitos internacionales (Convenio sobre prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 (ratificado por España en 1968), o el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por España en 1977).

Amparado en el “principio de justicia universal” recogido en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se reconoce la jurisdicción universal para, entre otros, el delito de genocidio, con el único límite de “cosa juzgada”. Para ejercer la justicia universal, se argumenta jurídicamente que, “sin género de dudas”, el delito denunciado es un “genocidio”, así como que existan “indicios serios y razonables de la inactividad judicial” en el país en el que se cometieron estos delitos que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad, para la persecución efectiva de los crímenes. En este caso, tal y como señala el Auto del juez Ismael Moreno, “en modo alguno aparece que se hayan ejercitado las correspondientes acciones judiciales en el territorio donde los hechos se han producido”. Hay que señalar también que, como señala el Auto, tampoco puede considerarse un “ejercicio abusivo del derecho” como lo sería si en la querella existiese una “absoluta ajeneidad del asunto o por no acreditar los querellantes interés directo o relación con los hechos denunciados”, extremos éstos que, obviamente, no se dan en este caso.

Hay que tener también presente que la Corte Penal Internacional (CPI) vinculada a la ONU, resulta inoperante en este tema dado que no puede juzgar estos delitos, pues tiene competencia únicamente para los cometidos desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma la CPI (1998).

Consecuentemente, admitida a trámite la querella, reconocido el carácter de genocidio del delito y en base a la aplicación del principio de extraterritorialidad de la ley penal dada la existencia de víctimas españolas, se ha iniciado un proceso de dignidad y justicia: dignidad para las víctimas (a las que por vez primera se les reconoce la condición de tales), y de justicia para lo que supuso la barbarie nazi.

Esta querella, independientemente de su resultado final, supone un suceso procesal inédito en España cual es la investigación de los crímenes del nazismo, proceso que, en un comunicado conjunto fechado el 30 de junio, ha recibido el apoyo de más de 60 organizaciones de víctimas. De hecho, la querella significa un innegable reconocimiento jurídico para con las víctimas españolas del nazismo durante la II Guerra Mundial. Tal es así que, como señala dicho comunicado, “es un claro avance en el tratamiento jurídico de los crímenes graves ante la jurisdicción ordinaria y significa un signo de esperanza para todas las asociaciones que viene defendiendo la aplicación del derecho internacional para los crímenes que afectaron a ciudadanos españoles, tanto por parte del nacionalsocialismo, como del fascismo y del franquismo”. Por su parte, el comunicado critica la Ley de Memoria Histórica que declara “legales las leyes franquistas que consolidaron la exclusión legal de estas víctimas del sistema del derecho de gentes europeo” y aprovecha para recordar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad así como su aplicación retroactiva con arreglo a la Decisión de la Sección Cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de enero de 2006 y las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de la ONU de 1946.

Por todo lo dicho, el comunicado concluye de forma rotunda y contundente: “No hay ninguna razón procesal, ni de fondo, para que el Estado Español no haga frente a sus obligaciones ante el derecho internacional y ante las víctimas españolas del régimen nazi y solicite la entrega formal a los EE.UU. de los criminales para ser puestos a disposición de la justicia”.

Tal vez, al final del proceso, se consiga, siquiera sea en parte, el deseo de David Moyano, uno de los querellantes y superviviente de Mauthausen: “antes de morir quiero ver cómo los tribunales hacen justicia con los españoles asesinados en el Holocausto”.

Una noble causa, un reto y un deber moral para las autoridades y la Justicia española, así como para el pleno desarrollo de una justicia universal que defienda con valentía los derechos humanos y persiga los crímenes de genocidio y lesa humanidad independientemente del lugar en el que éstos hayan sido cometidos.

 (La Comarca, 12 septiembre 2008 ; Diario de Teruel, 15 septiembre 2008)

Mucho se está hablando estos días del Auto del juez Baltasar Garzón del pasado 28 de agosto para elaborar un censo de las víctimas del franquismo, de los republicanos desaparecidos desde el golpe militar del 18 de julio de 1936 hasta el final de la dictadura. Ante esta decisión valiente de Garzón, auténtico agitador de conciencias cívicas, permanente defensor de la causa de los derechos humanos, ha bramado de nuevo con su habitual saña la derecha política, sociológica y mediática con sus manidos argumentos de siempre, lo cual ha obligado a Garzón a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial en demanda de “protección y defensa de la independencia judicial”.

En un brillante artículo de Manuel Rivas titulado “Garzón, Antígona y la memoria histórica” (El País, 7 agosto 2008), aludía a esa “amnesia retrógrada” que caracteriza a la derecha española, cuyos síntomas son su beligerancia contra el proceso de recuperación de la memoria histórica, su oposición a la exhumación de las víctimas de la represión franquista, así como su desinterés hacia el exilio republicano y su absoluta indiferencia a honrar a los luchadores de la resistencia contra la dictadura o a los muertos españoles en los campos de exterminio nazis. Por ello, si la derecha española desea de caminar realmente hacia el centro político, entre otras cosas, debería de dar un paso moral en apoyo de la dignificación de la memoria de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, un paso que todavía no ha tenido la valentía de dar…y que todos esperamos.

        Frente a esta “amnesia retrógrada” de la derecha española, con excesivos lastres de un pasado en su bagaje político, se opone la decisión de Garzón y su Auto judicial en el cual solicita información sobre la “desaparición de personas a partir del 17 de julio de 1936 y que continúan hasta el día de hoy” con objeto de elaborar el referido censo de víctimas del franquismo a diversos organismos y entidades tales como el Archivo General de la Administración, la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, así como al Rector de la Universidad de Granada, a los cuales se les solicita el nombre de las personas allí enterradas, las “circunstancias y hechos que concurrieron en estos enterramientos masivos”, la fecha de los mismos, así como si las muertes constan anotadas en algún registro público. Igualmente, Garzón recaba documentación al Centro Documental de la Memoria Histórica, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Conferencia Episcopal Española, “para que comunique a todas y cada una de las parroquias de España que deberán permitir el acceso a la Policía Judicial”, así como a las personas responsables de las exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas “a fin de que dichas exhumaciones puedan ser controladas por este Juzgado". Este Auto del juez Garzón supone, sin duda, un paso tan valiente como importante en relación con la forma futura de afrontar esta triste página de nuestra historia colectiva.

Resulta innegable que esta decisión, repito que valiente, del juez Garzón, se hace eco de las demandas presentadas por la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, la Asociación “Fòrum per la Memòria del País Valencià”, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, la Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas y la Confederación General del Trabajo (CGT) que, ante las carencias y limitaciones de la Ley de la Memoria Histórica, han puesto su confianza en que la justicia les ofrezca, no tanto una depuración de responsabilidades por estos crímenes, que es prácticamente imposible, sino que, se conozca de forma transparente esta tragedia fraticida y, al menos, poder tener el elemental derecho de enterrar dignamente a sus muertos, muchos de ellos yacentes, todavía, en multitud de fosas comunes.

La decisión de Garzón, que tanto ha indignado a la derecha, se halla no obstante amparada por la nueva doctrina jurídica del Tribunal Penal Internacional que permite investigar, perseguir y condenar los crímenes contra la humanidad y, no lo olvidemos, los cometidos por el franquismo insurrecto durante la guerra civil y la posterior dictadura, tienen esta consideración jurídica, pese a que la amnistía de 1977 diese cobertura legal a “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado”.

 Por ello, una mayor conciencia de la necesidad de ejercer la justicia universal, esto es, la legislación penal internacional (que España asumió en 1985), resulta de capital importancia para evitar la comisión de estos crímenes, los cuales son, por ley, imprescriptibles. Sonados fueron los procesos que, desde esta perspectiva legal, se incoaron contra el dictador chileno Pinochet, impulsado también por el juez Garzón, o los que han juzgado los recientes genocidios cometidos en Rwanda o en la antigua Yugoslavia, sin olvidar los procesos abiertos contra Marruecos por la represión del pueblo saharaui o contra el intocable régimen chino por su absoluto desprecio por los derechos humanos, tal y como se ha puesto de manifiesto en el Tíbet, un país que próximamente cumplirá el triste aniversario de llevar 60 años de ocupación por la dictadura china.

Independientemente del resultado final de estos procesos judiciales, como el que acaba de iniciar el juez Garzón, el sólo hecho de incoarse, ya supone ya una auténtica lección moral, una actitud ejemplarizante por parte de una justicia, valiente y comprometida. Este despertar de la conciencia cívica pretende defender, con profunda convicción, los valores y la dignidad humana, y por ello, combatir frontalmente delitos tan abyectos e imprescriptibles, siempre imprescriptibles, como lo son los crímenes de guerra, de lesa humanidad o el genocidio, se cometan donde se comentan... también en España. Ciertamente, la decisión de Garzón es toda una llamada de atención a las Administraciones Públicas y a la Iglesia ante una cuestión dolorosa, pero de absoluta justicia.

En un mundo globalizado, la justicia y la legislación penal no pueden quedar limitadas por las fronteras, deben ser universales, como lo son el conjunto de valores que conforman toda  sociedad libre y democrática que se precie. Y, como ejemplo, ahí está el caso, también reciente, de la querella presentada en la Audiencia Nacional por parte de varios supervivientes republicanos españoles para procesar a cuatro criminales nazis al amparo de la legislación internacional en materia de derechos humanos, genocidio y crímenes contra la humanidad, tema éste al que nos referiremos en un nuevo artículo.

(La Comarca, 9 septiembre 2008)

Era mediodía y apretaba el sol aquel 17 de julio de 1944 en el pequeño pueblo de Buziet situado en el valle pirenaico de Ossau, en la Francia entonces ocupada por el ejército alemán. Los nazis buscaban a un grupo de guerrilleros republicanos españoles responsables de diversas acciones de guerra y sabotaje contra las tropas hitlerianas: los SS rodearon Buziet, sitiaron la casa en donde se refugiaban los republicanos españoles y, tras más de tres horas de combate, asesinaron a 14 compatriotas nuestros, saquearon el pueblo casa por casa y fusilaron a varios vecinos tanto de Buziet como del pueblo cercano de Buzy.

Estos trágicos hechos nunca se han olvidado en Buziet, pueblo por cierto que limita con Louvie-Juzon, localidad en la que estuvo exiliado el republicano turolense Víctor Pruneda en 1856.  Aunque de los crímenes cometidos en Buziet han pasado 64 años, desde aquel trágico 17 de julio de 1944, todos los años tiene lugar un homenaje cívico a los guerrilleros republicanos españoles y a las víctimas civiles asesinadas allí por los nazis. Este año, dicho acto tuvo lugar el sábado 19 de julio y contó con la presencia de numerosas autoridades civiles, militares, así como con la representación de 22 banderas de la ANACR (Association des Anciens Combattants de la Résistance) de otras tantas localidades bearnesas de la zona.  La jornada se inició con una ofrenda floral en el cementerio de Buzy en las tumbas de las víctimas civiles. Posteriormente, en la pequeña iglesia de Saint-Justin de Buziet, tuvo lugar un oficio religioso, muy emotivo y lleno de solemnidad en recuerdo de los republicanos españoles. Durante toda la ceremonia, las banderas de la ANACR, arropando a una bandera tricolor republicana, ocuparon un lugar preferente en el altar: ciertamente resultaba inimaginable que un acto así, con una bandera republicana presidiendo un altar, pudiera tener lugar en España. Más tarde, el portador de esta última, francés e hijo de un republicano español (de Vélez-Málaga), me habló del orgullo con que portaba aquella tricolor, que él “llevaba en el corazón”, una bandera por la cual fue fusilada su abuela, una bandera que llevó a su padre al exilio.

Acto seguido tuvo lugar una ofrenda floral en el cementerio de Buziet ante la tumba colectiva donde yacen los 14 republicanos españoles asesinados por los nazis. En medio de un emotivo silencio, se fueron pronunciando, uno a uno, los nombres de nuestros compatriotas, que eran los siguientes: Diego Carrión, Francisco Amado, Andrés Piniés, Ángel Andrés, José Ferrando, Francisco Giménez, Gregorio Gil, Antonio Felipe, Antonio Ruenes, Antonio Carmona, Benjamín Zaragoza, Agapito Sotomayor, Antonio Fernández y Adolfo Villanueva. En su tumba colectiva se puede leer “Guerrilleros españoles, brazo armado de Unión Nacional. Muertos por la libertad y la fraternidad franco-española”, tumba que, como cada año, quedó cubierta por una gran bandera republicana, junto a las coronas de flores de las asociaciones Mémoire de l’Espagne Républicaine y de Les Amis de la Résistance-ANACR y de otra con una hermosa dedicatoria: “Ensemble pour la Paix”.

Durante este acto, tuve ocasión de conocer a descendientes de exiliados republicanos vascos, madrileños, andaluces y de otros lugares. Pude saludar a Carmen Villalba que, a sus 96 años y con la insignia tricolor en su vestido, era la más anciana de los asistentes, fiel, año tras año, a la ceremonia de Buziet.

El emotivo homenaje concluyó con otra ofrenda floral ante el Memorial de los Guerrilleros, situado en la aledaña plaza, llamada por ello “du 17 de julliet de 1944”. El “Himno del Partisano” y los briosos sones de “La Marsellesa” resonaron con fuerza en Buziet recordando a estos republicanos españoles, asesinados hace ya 64 años y que, desde entonces, en esta fecha, y con tal motivo, reúne en Buziet con tal motivo familiares, amigos, asociaciones y autoridades para honrar a las víctimas de la lucha contra el nazismo.

Al día siguiente, el 20 de julio, se recordaba en toda Francia el “Día Nacional en memoria de los crímenes racistas y antisemitas del Estado Francés”, esto es, los cometidos por el régimen pro-nazi del general Pétain durante la II Guerra Mundial, algo así como si en España se dedicase un día a la memoria de las víctimas de la dictadura franquista. Con este motivo, asistí al acto organizado en el antiguo campo de concentración de Gurs en homenaje a los judíos franceses perseguidos, deportados y asesinados por el régimen de Vichy y las fuerzas de ocupación alemanas. Destacable fue la intervención de Laurence Mazza-Poutet, representante de la Comunidad Judía de Pau, así como las oraciones recitadas por un rabino en el Cementerio Israelita de Gurs, ante más de un millar de tumbas de hermanos judíos que allí reposan.

Entre la emoción y el recuerdo de la Shoah, del Holocausto, también me volví a encontrar con algunos de los asistentes el día anterior a los actos de Buziet, como Carmen Villalba, que estuvo 27 meses presa en Gurs entre 1941-1943 y que, al salir del campo, a sus 31 años, sólo pesaba 35 kilos. También pude conocer a Virgilio Peña, veterano militante comunista que, con 95 años, mantiene una admirable vitalidad y lucidez. Natural de Espejo (Córdoba), combatiente del Ejército Republicano, miembro de la Resistencia en Francia, fue apresado en 1943 y enviado al campo de exterminio nazi de Buchenwald, al cual sobrevivió: no tuvo tanta suerte su hermano que murió en Mauthausen. Conocí también a Béatrice García, pariente de Adrián García Ramos, un histórico dirigente del PSOE en el exilio,  y responsable de la asociación Mémoire de l’Espagne Républicaine. Las conversaciones con todos ellos giraban siempre en torno a los mismos temas: la necesidad de recuperar el legado del exilio republicano y la aspiración futura al advenimiento de la III República. No faltaron tampoco las críticas a la Ley de la Memoria Histórica por sus evidentes carencias y limitaciones.

El encuentro con resistentes franceses, veteranos republicanos españoles y la comunidad judía me reafirmó en la importancia de mantener siempre viva la memoria histórica como garante de los valores civiles y baluarte contra los que, siempre desde la derecha, pretenden silenciar y manipular determinadas páginas de nuestra historia. Por ello, los actos de Buziet y Gurs fueron toda una lección de ejercicio cívico de la memoria histórica, todo un ejemplo para los que creemos que, como decía Sixto Agudo, “hay que olvidar el rencor, pero no la Historia”.

(Diario de Teruel, 10 agosto 2008)

(La Comarca, 15 agosto 2008)

El pasado 8 de Mayo se celebró en varios países europeos el Día de la Victoria en recuerdo del triunfo de los aliados frente a las potencias nazi-fascistas en la II Guerra Mundial. Este mismo hecho, que en la Rusia heredera de la  URSS y en otros países del antiguo bloque soviético se conmemora el día 9, responde al sagrado deber de recordar el significado de la victoria frente al Eje liderado por la Alemania nazi, la encarnación del mal absoluto, la barbarie uniformada, la culpable de conducir a la Humanidad a la más devastadora guerra conocida, la cual ocasionó una inmensa secuela de destrucción y casi 62 millones de muertos.

El el combate contra el fascismo, los exiliados republicanos españoles escribieron páginas memorables, reanudando la misma lucha que habían iniciado unos años antes en defensa de la República contra el brutal embate de los militares insurrectos. Los llamados « rojos españoles » combatieron en todos los frentes y bajo todas las banderas, sumándose a grupos guerrilleros antifascistas o bien alistándose en los ejércitos aliados. Desde Narvik (Noruega) a Camerún y Níger ; desde Chad hasta los desiertos africanos de Egipto, Libia, Túnez o Argelia en donde lucharon en las unidades del VIII Ejército británico de Montgomery, en la Legión Extranjera de la Francia Libre y hasta en las fuerzas de los EE.UU; desde las playas de Normandía (en donde desembarcaron 3.000 españoles encuadrados en la División Leclerc) hasta la inmensa URSS, combatiendo en los frentes de Leningrado, Moscú, Stalingrado o el Caúcaso, los españoles lucharon con coraje, enarbolando la bandera republicana, la bandera de la libertad frente al fascismo.

Pese a todo lo dicho, fue en la vecina Francia, en la Francia derrotada por la máquina militar hitleriana en 1940, donde la actuación de los combatientes republicanos españoles fue más destacada. De hecho, más de 20.000 compatriotas nuestros participaron en la la liberación de Francia encuadrados en las Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), a través de la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE) afín al PCE o de los combatientes de la Agrupación Democrática Española (ADE), mayoritariamente anarquistas y socialistas. Además, se estima en unos 60.000 los españoles que participaron de forma activa en la Resistencia : sólo en la ciudad de París, se cifraban en torno a 4.000 el número de los resistentes republicanos antifascistas. Recordemos que los primeros blindados de la famosa IX Compañía del Regimiento del Chad, mayoritariamente compuesta por españoles, de la II Divisón Leclerc que liberaron París, llevaban las banderas tricolores en sus torretas y los nombres de batallas de nuestra guerra civil pintados en sus blindados como «Teruel », « Belchite », « Madrid », « Jarama », « Ebro », « Gernika », « Guadalajara », « Brunete » o « Don Quijote », este último llamado asi, según Federico Moreno, jefe de sección de « la Nueve », como era conocida popularmente esta unidad militar, « por ser el papel que estamos desempeñando nosotros [los republicanos] desde que salimos de nuestra tierra ».

Además de la participación de nuestros compatriotas en los combates para la liberación de París, Toulouse, Burdeos, Nantes, Rennes, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble o Marsella, debemos recordar el decisivo papel desempeñado por los antifascistas españoles en la liberación del sur de Francia durante el verano de 1944. Fueron ellos los que arrebataron a los nazis toda la zona pirenaica francesa sin necesidad de intervención militar aliada : republicanos españoles fueron los liberadores de multitud de ciudades y pueblos del sur de Francia, en ocasiones, tras derrotar a importantes contingentes de tropas nazis, tal y como ocurrió en la batalla de La Madelaine (22 agosto 1944).

A modo de ejemplo, aludamos a lo ocurrido en el valle francés de Aspe, que se extiende desde el puerto del Somport hasta la ciudad de Oloron-Sainte Marie. Aunque incialmente se hallaba en el territorio del État Français, el régimen pronazi de Vichy, fue invadido en noviembre de 1942 por las tropas hitlerianas, por lo que quedó integrado en la llamada « área vedada » que discurría a lo largo de la frontera franco-española. En el valle de Aspe, los combates entre petainistas y nazis frente a los maquis españoles fueron constantes durante estos años, logrando de éste modo los republicanos, no sólo liberar las principales poblaciones del valle como Bedous, sino obtener la rendición de la guarnición nazi del Fort du Portalet, en las cercanías de Urdos.

El heroísmo de los republicanos regó con su sangre la libertad de los valles pirenaicos franceses limítrofes con Aragón. Testigos de todo ello son los monumentos que en honor de los españoles muertos por la libertad de Francia se levantan en Lhées-Athás, Etsaut u Oloron. En esta última población, el Monumento a la Resistencia y a la Deportación está plagado de mártires de la libertad con apellidos españoles como Arbués, Duaso, Galarza, Larraz, Regueiro, Sánchez, Soguero, Fontán o Herrer. Lo mismo podemos decir de los aragoneses que yacen en el cercano cementerio republicano del Campo de Concentración de Gurs, en el de Lurbe-Saint Christau,  o los 17 españoles asesinados por los nazis en Buziet, en el cercano valle de Ossau en julio de 1944, en cuyo memorial tiene lugar todos los años una ceremonia de recuerdo y homenaje. Son sólo unos ejemplos, no todos, del testimonio dejado por nuestros compatriotas en la lucha contra el fascismo en un valle pirenaico francés, al igual que ocurrió a lo largo de todo el territorio galo durante la II Guerra Mundial. Como recordaba Roy-Tanguy, dirigente del PCF, exbrigadista en la Guerra de España y jefe de la insurrección parisina contra la ocupación nazi, en más de 50 departamentos, « los combatientes españoles formaron valerosas unidades de la Resistencia francesa », razón por la cual, añadía, « no hay una gran ciudad en esos departamentos, y en primer lugar en París,  que no tenga una deuda de reconocimiento hacia esos hijos y esas hijas de España ».

A todos ellos, en estos días en que la fiesta del 8 de Mayo celebra la victoria aliada, debemos también recordarlos pues ello, es otro capítulo más de nuestra memoria histórica colectiva que debemos no sólo recuperar sino, también, dignificar por su ejemplo y sacrificio para las generaciones futuras. A estos combatientes republicanos que lucharon, murieron y yacen en tantos países distintos, José María Valente los recordaba así : « No reivindicaron más privilegio que el de morir, para que el aire fuera más libre en las alturas, y más libres los hombres ». Por ello, cuando se acaban de cumplir 63 años de aquel 8 de Mayo de 1945 que liberó a Europa (que no a España) del fascismo, debemos recordar siempre con emoción, orgullo y dignidad a nuestros compatriotas, a nuestros combatientes republicanos españoles.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 13 mayo 2008)

(Diario de Teruel, 14 mayo 2008)

Un año más, nos reunimos el 1º de Mayo con emoción, orgullo y dignidad, familiares, amigos y compañeros para honrar a los mártires de la libertad que fueron asesinados en los Pozos de Caudé.
Mientras nuestras banderas tremolan al viento, en nuestros corazones palpitan con fuerza los ideales republicanos de libertad, justicia y emancipación social, los mismos ideales por los que murieron nuestros familiares, amigos y compañeros, víctimas de la barbarie fascista.

El mantener viva la memoria de nuestro pasado, por triste y trágico que este sea, el derecho y el deber de recordar, es en sí mismo un acto revolucionario. Y lo es porque nos hace recordar nuestras raíces personales, políticas y sindicales, nos reafirma en ellas y, consecuentemente, nos compromete con nuevos bríos en la tarea de la transformación social, el ideal de todos los trabajadores conscientes que hoy, 1º de Mayo, hacemos oír nuestra voz y nuestras demandas en todo el mundo para anticipar un futuro en el que la Tierra sea, de verdad, la patria común de la Humanidad emancipada.

Por todo ello es tan importante el mantener viva la memoria, como lo es el asumir un compromiso político y sindical: es la mejor forma de honrar a las víctimas de aquella represión implacable que, desatada en el verano de 1936 y continuada durante los largos años de la dictadura franquista, tiñó de sangre y de dolor a nuestras familias, a nuestros pueblos y a nuestra historia colectiva.

El 28 de octubre del pasado año 2007 se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, la cual ha supuesto innegables avances en el reconocimiento moral para con las víctimas del franquismo. Esta Ley supone un compromiso de los poderes públicos en una materia de tan profundo calado ético cual es la de las políticas públicas en materia de memoria histórica. Igualmente, por lo que al caso de Aragón respecta, se enmarcan en este contexto actuaciones tales como la dignificación por parte del Gobierno Autónomo de este espacio, de este memorial de los Pozos de Caudé, así como el impulso político dado al Programa “Amarga Memoria” mediante el cual se han podido exhumar fosas de víctimas de la dictadura, recuperar lugares emblemáticos de la guerra civil o de la lucha guerrillera o editar publicaciones que recuperan la historia de los defensores de la legalidad republicana.

Se ha conseguido igualmente suprimir algunos símbolos, toponimias y denominaciones franquistas que resultaban inaceptables el que perdurasen en nuestra sociedad democrática actual. Este ha sido el caso de la supresión de los nombres de los centros educativos dedicados a la memoria del todopoderoso ministro franquista José Ibáñez Martín, como los que llevaban su nombre en Utrillas o la misma ciudad de Teruel y que han pasado a denominarse “Villa de Utrillas” y “Vega del Turia” respectivamente.

Todas estas actuaciones se han iniciado con la hostilidad frontal de una derecha política, sociológica y mediática a la que le pesa mucho (todavía) su pasado y sus orígenes ideológicos franquistas. No hay más que recordar, ya que estamos en Teruel, los orígenes del diputado popular Manuel Pizarro Moreno, nieto del máximo represor de la guerrilla antifranquista, el general Manuel Pizarro Cenjor, no sólo en nuestra tierra turolense, sino también en las provincias limítrofes de Cuenca, Valencia y Castellón.

La recuperación de la memoria histórica ha realizado, con la acción coordinada de los poderes públicos y de las Asociaciones dedicadas a este fin, una labor efectiva y meritoria. Pero ello no nos debe de ocultar las limitaciones de la actual Ley de la Memoria Histórica que deberán subsanarse en un futuro para hacer plena justicia a las víctimas dado que éstas todavía no han logrado el reconocimiento jurídico que siempre han demandado. En este sentido, hay que recordar que, ya el 27 de octubre de 2004, se presentó una iniciativa conjunta por parte de la UGT, la Fundación Francisco Largo Caballero y la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el franquismo para lograr la completa restitución jurídica y moral de todas aquellas personas que sufrieron la represión franquista. Y para ello, resulta imprescindible declarar por ley la nulidad de todos los consejos de guerra sumarísimos dictados por los tribunales franquistas, tanto durante la guerra como después de la misma. Ello no sólo supondría la rehabilitación jurídica de las víctimas, sino que, además, adecuaría la legislación española a las leyes y jurisprudencia internacional sobre crímenes contra la humanidad.

Queremos memoria, reparación moral y también jurídica. Lo merecen la dignidad de las víctimas y ello no sólo es un acto de elemental ética democrática, sino también, un acto de justicia histórica.

Por todo ello, hoy, 1º de Mayo, nos hermanamos todos los ciudadanos, partidos y sindicatos que acudimos a este acto en los Pozos de Caudé para reafirmar nuestro compromiso con la memoria y la rehabilitación moral y jurídica de los mártires de la libertad de Caudé. Así se hará cierta la frase que Karl Marx dedicó a las víctimas de la brutal represión de la Comuna de París, la primera revolución obrera contemporánea ocurrida en 1871, cuando decía: “Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera”.

Por todo ello, una vez más, gritamos en honor de los mártires de Caudé:

¡Viva la Libertad!
¡Viva la clase trabajadora!
¡Viva el 1º de Mayo!

        Tras la caída de Cataluña en poder de las tropas franquistas en febrero de 1939, una marea humana de miles de republicanos españoles buscó refugio en Francia, donde quedaron hacinados en improvisados campos en la costa del Rosellón como Argèles, Le Barcarès o Saint-Cyprien. Vista la desastrosa situación sanitaria en la que se hallaban los exiliados allí retenidos, las autoridades francesas decidieron crear 6 nuevos “Campos de Acogida”, siendo uno de ellos el de Gurs. Este, situado en este pequeño pueblo de la región del Béarn, cercano a la frontera pirenaica aragonesa, se convirtió de este modo en un lugar vinculado a la dramática historia del exilio republicano español de posguerra.

       El campo de internamiento de Gurs, construido sobre una landa cenagosa en el tiempo récord de 42 días, estaba formado por 428 barracones de madera (382 para los refugiados, 46 para la tropa) agrupados en 13 manzanas (“ilôts”), situadas a ambos lados de una ruta central de 2 km. Cada barracón tenía unas dimensiones de 24 x 6 m., albergando a 60 refugiados. De este modo, la capacidad total de Gurs era de 18.500 internos, razón por la que, en 1939, se convirtió en la tercera población del Departamento, entonces llamado de los Bajos Pirineos, después de Pau, la capital, y de la ciudad de Bayona.

       Gurs estuvo en funcionamiento entre 1939-1945 y por su campo pasaron un total de 60.000 personas: republicanos españoles y brigadistas internacionales primero y, después, de forma sucesiva, ciudadanos de la Europa Central huidos de la barbarie nazi (entre ellos la filósofa judía Hanna Arendt), militantes de izquierda, gitanos, apátridas y, sobre todo judíos.

       Los primeros republicanos españoles fueron enviados a Gurs a principios de abril de 1939 procedentes de los campos del Rosellón francés. Durante este año, llegaron a pasar por Gurs un total de 24.530 republicanos españoles y brigadistas internacionales, cifra ésta que el historiador Claude Laharie desglosa del siguiente modo: combatientes vascos (6.555), aviadores republicanos (5.397), brigadistas (6.808) y otros soldados republicanos (5.770) de los que, señala Laharie, “ils sont sourtout Aragonais”.

       En cuanto a los brigadistas, procedían de 53 países distintos y estaban agrupados por nacionalidades, muchos de ellos veteranos luchadores de las brigadas Dombrowsky (polaca), Garibaldi (italiana) y Thaelmann (alemana). Predominaban los judíos comunistas, aguerridos en la lucha antifascista y de una sólida formación ideológica.

       A la altura de agosto-septiembre de 1939, la mayoría de los internados habían dejado Gurs. Las razones fueron diversas: unos 6.000 republicanos fueron repatriados a España, donde muchos de ellos padecieron consejos de guerra, siendo una parte de ellos ejecutados o condenados a largos años de cárcel. Otra parte, salieron del campo al encontrar trabajo en empresas o explotaciones de la región del Béarn pero, la mayor parte, tras estallar la guerra entre Francia y Alemania (3 septiembre 1939), se integraron en las Compagnies de Travalleurs Étrangères (CTE) como personal auxiliar para la realización de obras de fortificación. Otros muchos, especialmente los brigadistas, se alistaron en el ejército francés para combatir al nazismo: tanto unos como otros, cayeron prisioneros de las tropas hitlerianas tras la rápida ocupación de Francia, siendo deportados al campo de exterminio de Mauthausen, donde un gran número de ellos encontró la muerte.  Finalmente, otros pequeños grupos se integraron en el maquis pirenaico: para estos guerrilleros republicanos, la guerra mundial había empezado en realidad en 1936 y no cesaría hasta la caída del nazismo y de la dictadura franquista.

       Tras el armisticio de Francia (22 junio 1940), el país galo fue dividido en una zona ocupada directamente por Alemania y otra, llamada “zona libre”, en la que se estableció el régimen fascista de Vichy, aliado de los nazis y presidido por el general Pétain. De este modo, Gurs pasó a depender de Vichy y se convirtió en un campo de prisioneros donde el régimen petainista internó a quienes consideraba que eran la “anti-Francia”, esto es, a los resistentes, a los militantes de izquierda y, sobre todo, a los judíos. Fue por ello que, entre 1940-1943 pasaron por Gurs 18.185 judíos y, de ellos, 3.907 fueron enviados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y, el resto, transferidos a otros campos para su posterior deportación. Así, Gurs se convirtió en un importante eslabón del sistema de internamiento masivo del régimen de Vichy al servicio del horror nazi.

       Tras la liberación del Béarn en agosto de 1944, Gurs pasó a tener nuevos inquilinos pero esta vez eran prisioneros alemanes, colaboracionistas y miembros del pronazi Partido Popular Francés (PPF). Finalmente, Gurs se cerró definitivamente en 1945, se quemaron los barracones y se plantó un bosque sobre las 79 has. sobre las que se extendía dicho campo.

       El recuerdo de Gurs permaneció en el silencio hasta que en 1980 se creó l’Amicale du Camp de Gurs y se fue recuperando la memoria histórica de esta página negra de la historia de Francia. Hoy, Gurs es un Memorial nacional de la República Francesa en homenaje a las víctimas de las persecuciones racistas y antisemitas y de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el régimen de Vichy.

       Emociona de forma especial la visita al cementerio judío de Gurs, donde 1.073 tumbas idénticas hermanan a todos los que allí sufrieron y murieron. En el centro, un monumento recuerda a las víctimas judías y, en uno de sus lados, una estela honra a los republicanos españoles y a los brigadistas internacionales de los cuales, otra lápida conmemorativa nos recuerda que, “Pagaron con su vida su combate por la libertad y la democracia”. Todas sus tumbas están adornadas con cintas tricolores y una flor, junto al silencioso respeto de los que las visitamos. Entre ellas, se hallan las de algunos aragoneses, como la del zaragozano Gregorio Luna Fernández o la de Francisco Pérez-Cativiela, de Ansó.

       Una reflexión final. En fechas recientes, el Gobierno Vasco erigió un monumento en las cercanías del cementerio judío y plantó simbólicamente un retoño del árbol de Gernika. Sin embargo, no existe ningún memorial erigido por el Gobierno de España ni tampoco del Gobierno Autónomo de Aragón, de donde eran originarios centenares de republicanos de los “ilôts”  K, L y M. Sería necesario honrar a nuestros paisanos allí exiliados como un acto de justicia y dignificación de esta página, amarga pero cierta, de nuestra historia y memoria colectiva.

       Teniendo presente lo que representó Gurs, y ajenos a todo rencor y odio, resulta muy oportuna la frase de Artur London cuando decía que “se recuerda para preparar un futuro más justo, más fraternal y sin guerras”. Esa es la lección de Gurs, para hoy, para siempre.  

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 26 agosto 2007)  

En el debate entre Zapatero y Rajoy del pasado 25 de febrero, volvió a constatarse que la derecha ha apostado fuerte por la estrategia de la demagogia para recuperar el poder que perdió hace cuatro años. Frente a la corrección, que no debilidad, de Zapatero argumentando sus principios y realizaciones políticas, Rajoy ofreció un catastrofismo sembrador de incertidumbres en el área económica, minusvaloró los innegables avances en materia social de esta legislatura, ridiculizó una política exterior basada en la defensa de la paz y la cooperación y ayuda al desarrollo. Escandalosa fue la demagogia de Rajoy en temas tan sensibles como la inmigración así como el tratamiento obsceno que hizo sobre el terrorismo etarra y el dolor que genera, no sólo en las víctimas directas y sus familias, sino también en el conjunto de la sociedad española. Indignante fue el desprecio con que Rajoy trató a destacados miembros de la cultura, así como su rechazo a una política de valores e ideales impulsada por Zapatero en temas tales como la educación o la Alianza de Civilizaciones.

Me dolió de forma especial el desprecio con el que Rajoy aludió a la Ley de la Memoria Histórica (LMH) que, según él, "no interesa a nadie". Ya lo había dicho tiempo atrás Miguel Ángel Rodríguez, portavoz que fue del Gobierno de Aznar entre 1996-1998 de forma insultante en el programa 59 segundos de TVE: "En plena época de Internet y de la Play Station, es estúpido que a estas alturas estemos recordando lo que pasó hace 70 años". Una vez más, la derecha pone de manifiesto que no le gusta hablar de memoria histórica, pues ello es tanto como aludir a sus raíces ideológicas y personales (ahí está el caso de Pizarro para demostrarlo).

Es cierto que la LMH tiene limitaciones (ahí está el no reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura) pero resulta innegable que esta ley ha supuesto una serie de avances en la dignificación moral y en el reconocimiento de derechos para todos aquellos españoles que sufrieron y murieron por ser leales a la democracia republicana. Bueno sería que esta derecha adusta e intolerante conociese mejor nuestra historia, esa historia que nos ocultaron y que ahora recuperamos. Como por ejemplo visitando la exposición titulada "Visados para la libertad. Diplomáticos españoles  ante el Holocausto" que, organizada por Casa Sefarad Israel, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español, sirve para honrar a un conjunto de diplomáticos que actuaron en defensa del pueblo judío durante el Holocausto (la Shoah, en hebreo) en los negros años de la II Guerra Mundial.

En medio de tanto sufrimiento, la actitud de estos diplomáticos españoles  contrasta con la pasividad mantenida por las autoridades franquistas y el silencio de la Iglesia católica ante el exterminio a que estaban siendo sometidos millones de judíos a manos del nazismo. Pese a los angustiosos informes que todos ellos remitían al Ministerio de Asuntos Exteriores, la España franquista, que tanto debía a Hitler por su ayuda durante la guerra civil, no tuvo nunca una política decidida en defensa de los judíos. Sin embargo, tras la derrota de las regímenes fascistas, las acciones individuales de estos diplomáticos, fueran utilizadas por la propaganda franquista para congraciarse a las potencias aliadas ante el nuevo contexto internacional surgido después de la II Guerra Mundial.

La exposición ofrece información sobre todos estos "Schindler españoles" y, de forma destacada, del zaragozano Ángel Sanz Briz, entonces un joven diplomático, secretario y encargado de negocios en la embajada de España en Budapest (1942-1944). Pese a la actitud timorata del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores (Gómez de Jordana), Sanz Briz, logró salvar la vida de más de 5.000 judíos húngaros al concederles pasaportes y salvoconductos españoles, los cuales les libraron de ser deportados al campo de exterminio de Auschwitz. Lo mismo podemos decir de Sebastián Romero Radigales, Cónsul General en Atenas (1943-1944), que salvó a varios centenares de judíos de Salónica, comunidad con fuertes lazos con los sefardíes expulsados de Aragón cinco siglos antes. Otros diplomáticos a los que se honra en esta exposición es a Eduardo Propper de Callejón (primer secretario de la Embajada española en París, 1939-1941) y Bernardo Rolland de Miota (cónsul general de España en París, 1939-1943) que, desoyendo las directrices del entonces ministro Serrano Suñer, concedieron numerosos "visados especiales de tránsito" que salvaron a vida de los judíos franceses perseguidos. Se alude igualmente a Julio Palencia y Tubau (ministro de la Legación española en Bulgaria, 1940-1943) y a José Rojas Moreno (embajador de España en Rumanía, 1941-1943). De este modo, Palencia, que llegó a adoptar a los hijos de Leon Arie, un judío asesinado por los nazis, fue declarado "persona non grata" y expulsado de Bulgaria por las autoridades fascistas, a la vez que sus superiores en Madrid lo amonestaban por su "excesivo celo" en la defensa de los judíos búlgaros. Por su parte, Rojas Moreno, también evitó la deportación de judíos rumanos, aunque no pudo repatriarlos a España ante la negativa de las autoridades franquistas. La exposición honra también a José Ruiz Santaella (agregado en la embajada de España en Berlín durante 1944) y a su esposa  Carmen Schroeder, que, en la misma capital del III Reich, lograron salvar la vida de varias mujeres judías.

Gracias a las acciones de estos compatriotas nuestros, varios miles de judíos salvaron la vida y algunos de ellos se afincarían definitivamente en España, como fue el caso del brillante intelectual Jaime Vándor. Por ello, sus nombres merecen ser recordados con honor. Igual que el de todas las víctimas inocentes del franquismo. Y es que, señor Rajoy, el tema de la memoria histórica nos interesa a muchos españoles y, por ello, nunca debería hablar sobre el mismo con desprecio. Su actitud, señor Rajoy, como ya se puso de manifiesto durante la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica, hiere la sensibilidad de muchas víctimas de la dictadura y de la Shoah que se sienten, y éstas de verdad, agredidas por sus palabras, su desprecio y su ignorancia (real o interesada) de esta parte de nuestra historia colectiva.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 4 marzo 2008)

      En fechas recientes recordábamos los 50 años de TVE, un período en el que la historia reciente de España y nuestras emociones y vivencias personales se entrecruzaban en un tiempo de memoria y nostalgia. Sin embargo, ha pasado bastante desapercibida otra efeméride relacionada con otro medio de comunicación público: el 70º aniversario de la fundación de Radio Nacional de España (RNE),  emisora inaugurada en Salamanca el 19 de enero de 1937 en medio del desgarro dramático que supuso  la guerra civil y creada para servir de órgano de propaganda de los sublevados contra la República, esto es, del bando llamado “nacional”, de ahí el adjetivo adoptado por dicha emisora. 

     Quisiera dedicar unas líneas al origen de RNE no sólo por el reciente aniversario de la misma, sino, también, por el hecho de que fuese su primer director un destacado franquista alcañizano, un jerarca del régimen de larga trayectoria política,  Emilio Díaz Ferrer y Gascón (1896-1966), el cual fue alcalde de Alcañiz durante 13 años (1942-1955) y procurador en las Cortes franquistas durante cuatro legislaturas.

     Emilio Díaz, en una entrevista que publicó El Noticiero el 5 de febrero de 1956, ofrecía algunos datos de interés de cómo surgió RNE y su  importante labor propagandística al servicio de la España fascista. Díaz, voluntario falangista al inicio de la guerra, como consecuencia de un quiste intestinal y una posterior operación, fue destinado a la retaguardia franquista. Allí se le nombró delegado de Falange en el periódico zaragozano Amanecer y estuvo como corresponsal en el frente de Madrid durante noviembre de 1936 en lo que se suponía la inminente conquista de la capital por las fuerzas franquistas. La heroica defensa republicana de la misma desbarató los planes militares de los sublevados de poner fin de una forma rápida a la contienda, la cual, a partir de entonces, se convirtió en una lucha  larga y sangrienta.

     Fracasado el ataque frontal contra Madrid, Emilio Díaz fue enviado a Salamanca, en donde se hallaba el cuartel general de Franco. Allí, como el falangista alcañizano relata, se reencontró con su viejo amigo el general Millán Astray y éste, “me puso a sus inmediatas órdenes”. Millán Astray, fundador con Franco de la Legión, hombre rudo y violento que protagonizó el 12 de octubre de 1936 un sonado enfrentamiento con un Unamuno anciano y desencantado cuando bramó aquel grito cavernario de “Muera la inteligencia!”, había sido nombrado por Franco Primer Delegado de Prensa y Propaganda de la España nacional con el objeto de que “organizase sin dilación un organismo rector de la divulgación de las noticias de la guerra”. De este modo, Millán Astray  hizo uso de una pequeña emisora de 2,5 Kw instalada en un estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad sito en el palacio de Anaya. Allí  se colocó un micrófono conectado con un cable a las instalaciones de Radio Salamanca: este fue el origen de RNE.

     Entre el personal encargado de poner en marcha la nueva emisora “nacional”, además de Millán Astray, (que obligaba a los periodistas a sus órdenes a cuadrarse y alinearse a toque de silbato como si de un cuartel se tratara), estaban Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Montes y Emilio Díaz. No obstante, la salida de Jiménez Caballero a realizar tareas propagandísticas en la Italia fascista, hizo que Emilio Díaz fuese nombrado “segundo jefe de la Delegación y director de Radio Nacional”. Gradualmente se fueron incorporando otros colaboradores como Vicente Gay, Juan Aparicio, Víctor de la Serna, Antonio de Obregón, Mariano Rodríguez de Rivas, Antonio Asenjo, José Antonio Jiménez Arnau y el dominico P. Getino, responsable de una sección que Díaz define como “la guerra vista a través de la Teología”, claro ejemplo de la instrumentalización del sentimiento religioso por parte de los sublevados. De las tareas de locutor se encargó el mismo Emilio Díaz hasta que más tarde se contrató al actor Fernando Fernández de Córdoba, cuya voz leyó, con el habitual tono castrense, el último parte militar de la guerra.

     La inauguración oficial de RNE tuvo lugar el 19 de enero de 1937 por parte de Franco, acompañado de Vicente Gay (segundo Delegado del Estado para Prensa y Propaganda), el embajador de la Alemania nazi (Von Faupel) y, a su lado,  Emilio Díaz, el primer director de la emisora, tal y como se refleja en las fotografías de la época. Para entonces, las instalaciones de RNE habían mejorado considerablemente puesto que se había comprado una emisora nueva en la Alemania hitleriana de 79 kw de potencia y “montada en siete camiones”. A ella se refería con admiración Emilio Díaz: “era una emisora formidable entonces y de grandes ventajas para una nación en guerra, ya que llevaba generadores para producirse ella misma la energía que se gastaba”. Todos estos equipos fueron instalados por el ingeniero alemán Von Krasner en el Frontón Salamanca, en donde se contaba con diversos estudios de grabación y, también,  con una antena telescópica de 40 metros.

     Emilio Díaz permaneció al frente de RNE hasta finales de abril de 1937, momento en que fue sustituido por el periodista Jacinto Miquelarena.

     Nada queda de aquellos orígenes fascistas de RNE excepción hecha del adjetivo de “nacional”  y las alusiones coloquiales a los  “partes”, término de reminiscencia militar, en referencia a los boletines de guerra del bando franquista que, precedidos de un toque de corneta, eran leídos con aire marcial y retórica franquista durante la contienda civil. Y es que también RNE tiene su historia, tiene su memoria histórica, vinculada en sus orígenes a un fascista turolense de incómoda memoria y que ahora, cuando se han cumplido los 70 años de vida de dicha emisora,  hemos querido recordar. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 15 febrero 2007)  

     En un artículo anterior aludí a papel desempeñado por Ibáñez Martín como depurador del personal docente durante la dictadura franquista. Ahora quiero referirme brevemente al pensamiento que inspiró su política educativa durante los 12 años que fue ministro de Educación Nacional (1939-1951).
     Ibáñez Martín, catedrático de Geografía e Historia, fue un fervoroso intelectual franquista, admirador de la obra unificadora de los Reyes Católicos que soñaba con el resurgir, de la mano de Franco, de nuevos tiempos y glorias imperiales. Ello le hizo admirar el pensamiento de Menéndez Pelayo, cuyas Obras Completas prologó en 1940, y al que definía como “el más glorioso español de todos los tiempos” puesto que el legado del polígrafo cántabro, según Ibáñez Martín, era eficaz y oportuno en los momentos presentes en que se trata de fundar sobre base firme y cristiana la nueva España”. Por ello, Ibáñez Martín se apoyaba en el pensamiento del ultramontano Menéndez Pelayo, incluso para legitimar el golpe militar, al afirmar en dicho prólogo que “nuestra guerra ha sido en realidad una consecuencia necesaria del desvío y abandono del camino tradicional de la cultura española desde comienzos del siglo XIX”, alusión recurrente del pensamiento reaccionario que atribuía la decadencia de España al liberalismo, positivismo y al materialismo, a los que se consideraba enemigos viscerales de la tradición hispana.
     Con este bagaje ideológico, Ibáñez Martín, impregnado de un españolismo tan férreo como dogmático, asumió en 1939 el cargo de ministro de Educación Nacional. Vinculado desde los años de la II República a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y con una intensa relación con el Opus Dei por medio de su amigo José María Alvareda, acometió con fervor la tarea de “recristianizar” España mediante la construcción de una nueva tradición nacional-católica al servicio del franquismo. Por ello, fue el artífice de la legislación educativa de los primeros años de la dictadura: la Ley de Ordenación Universitaria (1943), la Ley de Ordenación de la Enseñanza Primaria (1945), así como los decretos que establecían la obligatoriedad de la enseñanza religiosa de 26 de enero de 1944 y el que imponía los cursos de formación política de 10 de abril de 1944.
     Las ideas básicas de la política educativa de Ibáñez Martín se recogen en la citada Ley de 29 de julio de 1943 de Ordenación Universitaria. En ella, se enfatizaba el carácter confesional de la educación en España al indicarse en su preámbulo que, “además de reconocer los derechos docentes de la Iglesia en materia universitaria, quiere ante todo que la Universidad del Estado sea católica”. Por esta razón, Ibáñez Martín concedió privilegios a la Iglesia, propició la entrada del Opus Dei en el ámbito universitario, ampliando más tarde la preeminencia de la Iglesia también, en la enseñanza primaria y media. Igualmente, la citada Ley de 1943 dejaba claro el carácter político al servicio del régimen de los estudios superiores, al señalar textualmente que “la República lanzó a la Universidad por la pendiente del aniquilamiento y la desespañolización, hasta el punto de que brotaron en su propia entraña las más monstruosas negaciones nacionales. La Ley, en todos sus preceptos y artículos, exige el fiel servicio de la Universidad a los ideales de la Falange”.
     De este modo, tanto en la Universidad, como también en los otros niveles educativos, Ibáñez martín pretendía crear, a semejanza del nazismo, un nuevo modelo de “estudiante patriota” que, como indicaba el ministro turolense en un discurso pronunciado en la Universidad de Valencia en 1944, sin que este “lo deforme y corrompa la soberbia científica”. Hay que recordar que, por medio de diversas órdenes ministeriales dictadas por Ibáñez Martín, las vacantes producidas en el Magisterio como consecuencia de la depuración de maestros republicanos, se cubrieron en parte por militares y excombatientes. Así, la Orden de 15 de febrero de 1940 tenía por objeto “dar el máximo de facilidades a los alféreces provisionales del Ejército que deseen acudir a la convocatoria de ingreso en el Magisterio Nacional”, para los cuales se convocaron un total de 4.000 plazas a cubrir por estos militares-maestros.
El carácter de adoctrinamiento político en el ámbito educativo quedaba reforzado con la imposición de la asignatura de Formación del Espíritu Nacional la denostada FEN.
     Por todo lo dicho, la política educativa de Ibáñez Martín se caracterizó por su fuerte dogmatismo político y religioso y sus caducos métodos pedagógicos, que separaban la enseñanza de la investigación y que sometían el conocimiento a la ideología (franquista). Este entramado educativo conocido como el nacional-catolicismo, fue el que sufrieron, sufrimos, varias generaciones de españoles. Un triste legado que no merece ser recordado manteniendo el nombre de José Ibáñez Martín en un centro educativo de la ciudad de Teruel y en otro de la villa de Utrillas. Sus respectivos Consejos Escolares tienen la palabra para superar este anacronismo contrario a los valores democráticos de nuestro actual sistema educativo, y a la dignidad y la memoria de tantos docentes y alumnos que sufrieron la implacable depuración de personas e ideas promovida por José Ibáñez Martín.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 1 septiembre 2006)

     No podía imaginar José Ibáñez Martín, un joven profesor de geografía e historia nacido en Valbona que, con su primer destino docente en Murcia, iniciaría una carrera política que le llevaría desde las filas del conservadurismo católico y monárquico, hasta convertirse en un fervoroso fascista, en uno de los jerarcas del franquismo. Allí fue uno de los dirigentes de la Unión Patriótica, el partido creado por la dictadura de Primo de Rivera, con el que llegó a ser presidente de la Diputación Provincial murciana y, durante la II República, siendo ya catedrático, se integró en la CEDA y fue elegido diputado por Murcia, su provincia adoptiva.
     Tras la sublevación del 18 de julio, consiguió pasar a la zona insurrecta poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco. A partir de este momento, y hasta su fallecimiento en 1969, ocupó numerosos cargos y obtuvo infinidad de distinciones como símbolo destacado de la “intelectualidad” adicta a la dictadura.
     Durante el largo mandato de Ibáñez Martín como Ministro de Educación Nacional (1939-1951), del cual dependía la censura franquista y el aparato de propaganda del régimen, centró su labor en dos aspectos básicos sobre los que se cimentó la política educativa del franquismo: la depuración sistemática de todo el personal vinculado a la educación y a la cultura, así como también a la implantación de un sistema educativa dogmático y confesional: el nacional-catolicismo.
     El integrismo político de Ibáñez Martín y su admiración por los Reyes Católicos, le hicieron emular la labor de la Inquisición en fenecidos tiempos imperiales. Por ello acometió con entusiasmo una auténtica purga del personal y los contenidos del sistema educativo español durante su largo mandato como ministro. Tras la enorme sangría que la guerra y el exilio supuso para la docencia y la intelectualidad leal a la República, el Ministerio regido por Ibáñez Martín, fue implacable con los vencidos, tal y como recordaba Laín Entralgo, también turolense y nada sospechoso de izquierdista: “sistemáticamente se prescindió de los mejores, si estos parecían mínimamente sospechosos de liberalismo o republicanismo. Los ejemplos menudean y sangran”.
     Esta depuración, que el historicismo unitarista de Ibáñez Martín pretendía legitimar enlazando la labor de Isabel la Católica con la de Franco, esto es, la Inquisición con la dictadura, hacía afirmar al ministro turolense en la Universidad de Zaragoza en 1951, que “en más de una ocasión un riguroso escarmiento produce mayor número de bienes que una falsa bondad”. La represión quedaba legitimada de este modo por el pensamiento reaccionario de Ibáñez Martín…y, convertido en un nuevo inquisidor del s. XX, a ello se aplicó con fervor y adhesión inquebrantable.
     Ibáñez Martín impulsó y aplicó con dureza en el ámbito educativo y cultural toda la normativa represiva generada por la dictadura desde el mismo momento de la sublevación militar: el Decreto nº 66 de 8 de noviembre de 1936, que creaba las Comisiones provinciales de Depuración; la Orden de 18 de marzo de 1939, sobre depuración de funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Nacional mediante la cual se creaba la Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración que condenaba a los docentes desafectos a sanciones de traslado forzoso, inhabilitación, postergación o separación definitiva del servicio. Ya como ministro, dictó la Orden de 2 de noviembre de 1939 regulando los traslados forzosos de los docentes depurados, bien fuera dentro de su misma provincia o destinados a otra provincia por “orden de la Superioridad”.
     Otra Orden del ministro turolense, la de 30 de marzo de 1942, creaba el Juzgado Superior de Revisión que, continuando la labor de la Comisión Superior Dictaminadora, siguió encargándose de la labor depuradora durante bastantes años, hasta el punto de que una Orden de 1956, cuando ya habían pasado 20 años del inicio de la guerra, todavía reformaba el funcionamiento del citado Juzgado Superior.
Una lectura atenta del Boletín Oficial del Estado de estos años nos ofrece infinidad de expedientes de depuración de docentes (maestros, profesores de enseñanza media o de la Universidad), todos ellos firmados por Ibáñez Martín.
     La mentalidad represora de Ibáñez Martín, síntesis de actitudes inquisitoriales y pensamiento fascista, se resume plenamente en su muy conocido discurso pronunciado durante la apertura del curso 1940-1941 en la Universidad de Valladolid: “Era vital para nuestra cultura amputar en energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era el del profesorado”.
     Así pensaba Ibáñez Martín, el gran depurador de la educación y la cultura española.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 31 agosto 2006)

     Se han celebrado recientemente en la provincia de Teruel distintos actos en recuerdo de la II República Española y en honor de todos los ciudadanos que, leales a ella, sufrieron y murieron durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Este es el caso de diversas Jornadas como las organizadas por la Asociación Pozos de Caudé, las que bajo el título “Los valores de la II República” han tenido lugar en Teruel y Alcañiz o las que la Comarca del Bajo Martín, en las que se homenajeó en Urrea de Gaén a los deportados republicanos y también se presentó en Híjar el libro de Cándido Marquesán que honra la memoria de José Gálvez Oliver, “el tío Rullo”. No olvido tampoco los actos celebrados en Alcorisa y, de forma especial, la inauguración por parte de su Ayuntamiento, de un monumento en memoria de todos los alcorisanos deportados a los campos de exterminio nazis. Todo ello demuestra que, desde diversos ámbitos políticos y sociales turolenses, se asume con valentía la necesidad de recuperar la memoria histórica. Esta actitud, de impecable dignidad democrática, resulta imprescindible para hacer justicia a todos los que lucharon por los valores de libertad, progreso y emancipación social que representaba la II República y ello nos debe de llenar de satisfacción, máxime en este año que ha sido declarado por el Congreso y el Senado como el Año de la Memoria Histórica.

     El eminente historiador Paul Preston recordaba el pasado día 19 de mayo en Teruel que “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, para reafirmar los principios cívicos de nuestra democracia. Por ello, Preston nos insta a hacer frente al llamado “revisionismo histórico”, el cual se ha convertido en los últimos años en un valioso aliado de los sectores e intereses de la más rancia derecha española. Este revisionismo histórico minimiza la auténtica magnitud de la represión franquista, tiene una actitud benevolente hacia la dictadura (cuando no una abierta reivindicación de la misma), y critica de forma global al conjunto de las fuerzas políticas y sociales antifranquistas.

     Las ideas revisionistas, cargadas de manipulación histórica, han sido jaleadas por sectores de la derecha para convertirlas en un ariete político contra el actual Gobierno de España y, de forma especial, contra el Presidente Zapatero, el cual, con todo orgullo y dignidad, se define como “heredero de los valores de la II República”. Un ejemplo, el 29 de enero pasado, hablando de la memoria histórica en una tertulia nocturna de la Cadena COPE, escuché al eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras aludir a la “obsesión morbosa” y al “impulso diabólico” (es textual) del Presidente Zapatero por este tema, cuyo objetivo último, según el político popular, era llevar a España al “totalitarismo”, un tema del que, por cierto, tanto sabe la derecha (reciclada) franquista.

     El tema de la recuperación de la memoria histórica es visto con recelo , cuando no con abierta oposición por parte de la derecha. Así, en un acto de la Fundación FAES celebrado el 27 de noviembre de 2005, José María Aznar se refería con desdén a “eso que engañosamente se llama recuperación de la memoria histórica” y que, según su opinión, no era otra cosa que “la utilización del pasado como arma política”. Ello demuestra que, en el fondo, la derecha sigue sin asumir nuestro triste pasado colectivo, pues ello le supondría reconocer sus poco democráticos orígenes ideológicos así como su connivencia con la dictadura franquista.

     Esta actitud no nos debe de extrañar si tenemos en cuenta que el franquismo sociológico se halla políticamente encuadrado en las filas del PP. En la encuesta realizada con motivo del 30º aniversario de la muerte de Franco, sólo el 13 % de los encuestados valoraba positivamente la dictadura… pero, de ellos, el 29 % se definían como votantes del PP. De igual modo, a la pregunta de si el 18 de julio fue un golpe de estado, sólo el 15 % lo negaban, pero, un 24 % de los que así pensaban votaban al PP, lo cual resulta muy significativo.
Considero que hoy más que nunca resulta imprescindible recuperar nuestra memoria histórica, esa que unos nos ocultaron y otros quisieron que olvidásemos por medio de una amnesia colectiva. Reivindicarla es un compromiso ético que deba de asumir toda nuestra sociedad: instituciones, colectivos sociales y políticos, medios de comunicación, historiadores y, sobre todo, la ciudadanía. Confiemos en que la futura Ley de la Memoria Histórica tenga la valentía democrática de lograr el imprescindible reconocimiento jurídico y moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y, de este modo, reconciliarnos de verdad, con nuestro pasado, por triste y doloroso que haya sido. A este compromiso moral e institucional, debe sumarse con convicción la derecha política para que, de una vez por todas, rompa amarras (ideológicas y emocionales) con el franquismo.

     En recuerdo de las víctimas, tantos años olvidadas, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es y será siempre una memoria necesaria.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 15 junio 2006)

     La Ley de la Memoria Histórica (LMH), aprobada el pasado 31 de octubre, ha estado envuelta en la polémica desde el primer momento, desde que fue planteada por el Gobierno del presidente Zapatero. La derecha se ha opuesto a ella con el manido argumento de que “reabría las heridas” de nuestro trágico pasado colectivo, un pasado sobre el cual siempre ha pretendido que se mantuviese una espesa bruma, una amnesia colectiva, cuando no un silencio cómplice sobre lo que supuso el aspecto más cruel de la dictadura franquista cual fue la represión sobre los vendidos, sobre la España leal a la República. En cambio, otros sectores, como ERC o las 70 organizaciones de víctimas del franquismo, no han dudado en calificar a la LMH de “ley aberrante”, dadas sus lagunas y deficiencias. Para ello se apoyan en varias razones: se ignoran las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo; se incumple el derecho internacional sobre crímenes contra la humanidad; impulsa la realización de exhumaciones ilegales sin garantías jurídicas (esto es, sin la presencia de un juez); no alude a la cuestión de los bienes incautados a ciudadanos republicanos y, sobre todo, no resuelve ninguno de los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la no declaración de nulidad de los juicios y ejecuciones sumarias, sin olvidar tampoco el que, de hecho, se mantiene la impunidad para los victimarios, para los responsables de los crímenes del franquismo.

     Siendo todo ello cierto, considero que la LMH que, en su día planteó con valentía el Presidente Zapatero, no ha cubierto las expectativas que en un primer momento suscitó entre las asociaciones de víctimas. Su texto tiene un perfil político de nulas consecuencias jurídicas que ha decepcionado a diversos sectores y colectivos, entre los cuales me incluyo. En mi opinión, se trata de una ley incompleta e imperfecta, y, pese a ello, resulta necesaria en la medida que permite avances en la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Algo similar ocurrió con la aprobación de la Constitución de 1978 que, pese a sus deficiencias, ha permitido la consolidación democrática y la modernización de España. Sin duda, no se trata de la mejor Ley de la Memoria posible, pero tal vez sea la ley posible en el momento actual. Y es que se ha intentado con un texto de menor calado político no crispar a la derecha más de lo que ya estaba, lo cual explica las deficiencias y carencias de esta ley. Y sin embargo, esto no ha servido de nada dado que la derecha ha seguido con su táctica política bronca y dura en la que lleva instalada desde que perdió el poder en el 2004.

     Dicho todo esto, quisiera comentar un aspecto concreto de la LMH cual es la supresión de los símbolos franquistas. Este tema, al que se alude en el art. 15, insta a las administraciones públicas a que deberán hacer desaparecer de los edificios y espacios públicos “los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Esta medida, que ya había sido acordada en la pasada legislatura por las Cortes de Aragón el 12 de febrero de 2004, ha permitido el que diversas localidades turolenses hayan suprimido los topónimos franquistas del callejero urbano. Sin embargo, siguen quedando algunos nombres de nefasta memoria como el Colegio Público “Emilio Díaz” de Alcañiz, o la Residencia Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín que honra a una falangista alcañizana asesinada durante la Guerra Civil, o en la capital turolense el Colegio “Juan Espinal” o el I.E.S. “José Ibáñez Martín” aunque, en este caso, se ha iniciado el deseable proceso de su cambio de nombre para adecuarlo a la legalidad constitucional. Igualmente, considero inadecuada la denominación del Hospital “Obispo Polanco” por la instrumentalización ideológica que, de la figura del obispo mártir asesinado en trágicas circunstancias, hizo el régimen franquista.

     En cuanto a los edificios privados, y de forma muy especial a las iglesias, el art. 15 de la LMH, que fue una iniciativa del PNV, un partido de ideología demócrata-cristiana por cierto, insta a que se supriman las lápidas alusivas a los “caídos por Dios y por España” advirtiendo que, en caso de no hacerlo, estos edificios religiosos dejarían de recibir subvenciones públicas. No obstante, negociaciones parlamentarias de última hora atemperaron esta medida de presión hasta el punto de aprobarse una enmienda transaccional pactada entre el PSOE y CiU mediante la cual la supresión de símbolos y lápidas en edificios privados “no serán de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”, lo cual parece lógico pero, también, y he aquí la cesión del PSOE para lograr el mayor grado de consenso posible, “cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Dicho esto, me resulta muy difícil imaginar qué lápida o inscripción de las existentes en la práctica totalidad de las iglesias de la provincia de Teruel reunirían estas razones para justificar su permanencia: pienso sinceramente que ninguna. Estas lápidas resultan un vestigio flagrante de aquella Iglesia fiel aliada del franquismo, unida con fervor a la “Cruzada salvadora”, que apuntaló al régimen y silenció sus crímenes, de esa Iglesia que olvidó el mensaje evangélico del perdón. Siempre he pensado que el lugar de una lápida en homenaje a los muertos, a todos los muertos, hijos de una localidad concreta, además del cementerio, debería de ser un edificio civil, el atrio o las lonjas de los ayuntamientos, como ocurre en Italia, y no en un templo religioso de una confesión religiosa concreta.

     Por todo lo dicho, mucho queda por hacer: hay que suprimir los símbolos de la dictadura y ver en ello un gesto de elemental salud democrática, tal y como ocurrió en todos los países europeos que sufrieron el embate del fascismo. Pero tan importante como la supresión de símbolos, es el que todos sepamos suprimir los odios, rencores y prejuicios que con excesiva frecuencia nos atenazan. Por ello, pese a sus muchas deficiencias, la LMH nos permite abrir un debate cívico que era inaplazable: el de la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas olvidadas del franquismo. El camino está abierto y hay que empezarlo a caminar, también en nuestras tierras turolenses.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 5 noviembre 2007)

     Mucho se ha hablado y escrito últimamente sobre la polémica suscitada en torno a la posible devolución  de los fondos conservados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Este, recordémoslo,  tuvo su origen en un expolio sistemático de fondos republicanos por parte del régimen franquista, hecho condenado expresamente  por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de La Haya sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto bélico. 

     Ante las justas demandas de restitución a sus legítimos propietarios, han surgido opiniones encontradas, algunas no exentas de demagogia y oportunismo. Como advertía el historiador José Álvarez Junco, la polémica  está evidenciando una inmensa distorsión debida a la “ignorancia y superficialidad  informativa” alentada por la “irresponsabilidad y mala voluntad” de quienes se oponen a la devolución de los mismos.

     Sobre el origen de este Archivo, hay que remontarse a la creación en abril de 1937 de la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), la cual tenía por objeto la confiscación de toda la documentación política procedente del bando republicano, tarea que sería continuada desde 1938 por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación (DERD), la cual debía “recuperar, clasificar y custodiar” los fondos procedentes de “entidades y personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional [...] que sean susceptibles de facilitar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Esta actividad, la continuó desde 1944 la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD) que, de forma significativa, se integró en la Dirección General de Seguridad (1958).

     El volumen de documentación incautada en el territorio republicano (800 Tm., 20.000 cajas, procedentes de 17 provincias, de ellas, 145 con fondos aragoneses), tenía una finalidad exclusivamente represiva. En base a la misma, la dictadura franquista elaboró 3 millones de fichas y decenas de miles de expedientes correspondientes a personas con antecedentes políticos republicanos con los que, posteriormente, muchos antifascistas fueron juzgados y condenados. Años atrás, hasta las máquinas de escribir Underwood existentes en el Archivo de Salamanca, llevaban una etiqueta que decía:  “incautada a los rojos”: ese era el ambiente que allí se respiraba. 

     Esta finalidad represiva se mantuvo hasta que, con la transición democrática, se suprimió en 1977 la DNSD, pasándose a integrar en el Ministerio de Cultura. Dos años después, en mayo de 1979, se creó la “Sección Guerra Civil” del Archivo Histórico Nacional y, finalmente, por el RD 426/1999, de 12 de marzo, surgía el actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca.

     Tras esta recapitulación histórica, y frente a los que claman ante el riesgo de una hipotética desmembración del AGGCE, éstos parecen “olvidar” que allí no se conservan la totalidad de los fondos relativos a nuestra trágica guerra civil. Ello se debe a varias razones. En primer lugar, durante la incautación, se destruyó abundante documentación (unas 72 Tm.), al considerarla de importancia “menor” para los fines represivos que se pretendían. Otra parte, perteneciente a ciudadanos derechistas, previamente incautada por las autoridades republicanas y que se incluía en estos fondos, fue devuelta a sus legítimos propietarios. También salió  documentación de Salamanca para ser utilizada en la Causa General, así como a otros tribunales franquistas (Auditorías de Guerra, Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, tribunales de Responsabilidades Políticas y tribunales de Depuración) o bien al “Archivo de la Guerra de Liberación” o al Servicio Histórico Militar. Por último, con la normalización democrática, los fondos republicanos de las Cortes y del Consejo del Estado fueron devueltos a sus instituciones homónimas alegando la continuidad de ambas bajo el actual sistema democrático monárquico. Esta  misma razón, la continuidad institucional, es la que alega la Generalitat de Cataluña para demandar, con todo fundamento jurídico y moral, sus fondos incautados una vez que se restableció el autogobierno catalán  por el RD Ley de 29 septiembre de 1977.

     Además de los fondos republicanos incautados, durante muchos años la DNSD generó su propia documentación. El conjunto de ambas  confiere al AGGCE una gran importancia, según destaca la Comisión de Expertos creada para asesorar al Gobierno en este tema, las convierte en “un ejemplo único de lo que fue la represión franquista y constituye un referente insustituible en la configuración de la memoria histórica de los españoles”.

     Siendo conscientes de esta realidad, en un próximo artículo reflexionaremos sobre el futuro del AGGCE, teniendo siempre presentes las justas demandas de restitución planteadas por algunos de sus legítimos propietarios. 

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 2 junio 2005)

     A la demanda de devolución de los fondos incautados por la dictadura franquista, promovida por la Generalitat de Cataluña, se han sumado diversas instituciones de toda España. En el caso de Aragón, entre otros,  citamos al Ayuntamiento de Mas de las Matas, al Consejo Comarcal del Bajo Aragón o a las mismas Cortes de Aragón, los cuales han aprobado acuerdos tendentes a la restitución de los fondos procedentes del Aragón republicano.

     El contencioso, iniciado por la Generalitat  en 1978, ha tenido un complejo desarrollo. Ya en 1982, se firmó un convenio con tal objeto entre la Generalitat y el Mº de Cultura y  el 17 de marzo de 1995, el Gobierno de Felipe González  autorizó su devolución, aunque ésta quedó en suspenso y el posterior Gobierno Aznar, paralizó definitivamente el proceso de restitución. Con el nuevo ejecutivo de Rodríguez Zapatero, se retomó el diálogo, se constituyó una Comisión de Expertos con la tarea de elaborar un Informe y, en base a éste, el Gobierno del PSOE aprobó el pasado 15 de abril la restitución a la Generalitat de sus fondos incautados. Por ello, frente  a las tendenciosas acusaciones que se hacen tras esta decisión contra el Gobierno socialista, resulta obvio que ésta no supone un entreguismo ante las pretensiones de Cataluña (o de ERC), sino la culminación valiente y decidida de un proceso iniciado hace ya 27 años.

     El Informe de la Comisión de Expertos ofrece algunas consideraciones jurídicas interesantes: destaca el origen ilegítimo de las incautaciones que dieron lugar al actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca, e insiste en la necesidad de precisar la titularidad de los fondos, punto básico para proceder a posteriores demandas de devolución. Ello plantea problemas pues algunas instituciones, como el Gobierno de Aragón, no tenían personalidad jurídica en el momento en que se produjeron las incautaciones de los fondos republicanos.

     El problema básico  es el de conciliar dos intereses, ambos legítimos: las justas demandas de devolución y, a la vez, garantizar la unidad del AGGCE, como auténtico memorial histórico de lo que supuso la represión franquista. Ambos fines no resultan incompatibles puesto que la unidad de archivo quedaría garantizada, en caso de devolución de los originales, al conservarse en el AGGCE copias microfilmadas y digitalizadas de éstos. Como indica el Informe, la cuestión se reduciría “a saber quién sería el depositario de la copia y quién del original, pero no se plantea un problema de ruptura de la integridad del archivo”.

     El Informe se pronuncia a favor de la devolución de los fondos a la Generalitat, demanda que considera “justa” y “legítima”, recordando que la Ley de Patrimonio Histórico permite que estos bienes se reintegren a su Administración de origen (art. 28.2). En cambio, ofrece una solución más polémica para el caso de los ayuntamientos: sugiere la entrega a los entes locales de copias digitalizadas y no la devolución de los originales. No obstante, para evitar posibles agravios, deja abiertas otras posibilidades como las cesiones temporales o definitivas de algunos fondos.

     Dejando claro que la localización física de los documentos originales no es tan importante como su conservación y accesibilidad, el Informe insiste en la necesidad de transformar profundamente el Archivo de Salamanca para convertirlo en un fondo documental de primera referencia sobre la Guerra Civil y la Represión franquista. Para ello, además de dotarlo de los adecuados medios humanos y materiales,  propone que vuelvan al AGGCE todos aquellos fondos que en su día salieron con destino a la Causa General y a otros lugares; igualmente propone concentrar el Salamanca todas las causas de los Consejos de Guerra hoy dispersas por instituciones militares de toda España y, también, la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de historia oral  sobre este trágico período de nuestra historia.

     Frente a las voces que, desde la derecha, claman contra las medidas de restitución, bueno sería recordar que hace ya 25 años, un político tan poco afín al Gobierno Zapatero y a ERC como es Manuel Fraga, ya pedía la devolución de estos fondos: el 18 de marzo de 1980 presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno Suárez para que “se traspasen a la Generalitat de Catalunya aquellos documentos que constituyeron, en su día, los archivos de la misma” (BOCE, 16 abril 1980). Por ello, tal vez hoy sus compañeros del PP tengan que volver a decir, como con su polémico abrazo a Raúl Castro, que “esto son cosas de Don Manuel...”

     Ante problemas difíciles, es preciso adoptar soluciones valientes...y eso es lo que ha hecho el Gobierno en relación al contencioso de la documentación de la Generalitat. Pero, para ser justos, este proceso debería de continuar ante las demandas de otras corporaciones locales que, aunque más humildes que la institución catalana, las asisten las mismas razones a la hora de defender sus legítimos intereses. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 3 junio 2005)

En estas fechas en que se conmemora el 60º aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis, es un buen momento para recordar (y reparar) el injusto olvido que, durante décadas, ha sufrido la memoria de los millares de republicanos españoles que allí fueron asesinados.

Derrotada la España leal a la República en 1939, miles de republicanos se refugiaron en Francia, cayendo en manos de las tropas hitlerianas cuando estas ocuparon dicho país en mayo de 1940. Los prisioneros republicanos españoles quedaron a la espera de que el gobierno de Franco indicase a sus amigos nazis qué se debía de hacer con ellos. El dictador decidió abandonar a su suerte a estos miles de compatriotas y, desposeyéndolos de la nacionalidad española, quedaron convertidos en apátridas. Su dramático destino quedó sellado en la entrevista de Serrano Suñer  con Hitler del 25 de septiembre de 1940. En ella, el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, acordó la entrega de los republicanos españoles a la Gestapo para ser deportados a un campo de concentración donde debían realizar trabajos forzados hasta el límite de sus fuerzas. Mariano Constante recordaba la indignación que produjo entre los presos republicanos este hecho puesto que “hemos descubierto  que Franco les dijo [a los nazis] que no quería que ningún español saliera vivo y también quería que nos explotaran trabajando”. De la connivencia de las autoridades franquistas a la hora de consumar la tragedia, se ofrecen testimonios reveladores en el excelente documental “El convoy de los 927”.

Los republicanos españoles fueron deportados al campo de Mauthausen (Austria). Allí fue a parar el grueso de los más de 10.000 deportados, aunque otros grupos fueron enviados a campos de concentración de triste recuerdo: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Ravensbruck o el castillo de Hartheim, en donde fueron objeto de macabros experimentos y operaciones. En todos estos lugares, convertidos en auténticos infiernos de inhumanidad y violencia extrema, hallaron la muerte miles de republicanos españoles en el más absoluto olvido.

El campo de concentración de Mauthausen  se creó el 8 de agosto de 1938 y funcionó hasta el 5 de mayo de 1945 en que fue liberado por las tropas norteamericanas. Durante estos años, se estima que en Mauthausen y en su campo auxiliar de Güsen, fueron asesinadas o murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas y los trabajos forzados en torno a 150.000 personas, de las cuales no menos de 7.000 eran republicanos españoles y de ellos, 196 eran turolenses. A la altura de 1942,  más de la mitad de los prisioneros eran de origen español. Por esas mismas fechas, en que nuestros compatriotas morían de agotamiento y enfermedades en la cantera de Mauthausen o con inyecciones de bencina en Güsen, el general Franco mantenía su delirio filonazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14 de febrero de 1942, afirmaba que “si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían” para defender la capital del Reich. Sobran los comentarios.

Durante décadas, un puñado de supervivientes españoles recordaba tanta barbarie reuniéndose cada año en Mauthausen bajo el digno tremolar de la bandera republicana. Poco a poco, se han ido tomando en toda España algunas iniciativas  para recuperar el recuerdo de nuestros compatriotas. Citemos, en el caso de Aragón, cómo, en el año 2002 el Gobierno de Aragón concedía a Mariano Constante la Medalla de Oro a los valores humanos, la cual se hacía extensiva “a los aragoneses que fueron víctimas de los campos de exterminio nazis”; también recordamos cómo el Ayuntamiento de Calanda, a principios de 2003, recuperó igualmente la memoria de sus paisanos muertos en el holocausto nazi, al igual que habían hecho tiempo antes la ciudad de Fraga y la comarca del Bajo Cinca o en Sabiñánigo.

Este año, cuando se va a recordar el 60º aniversario de la liberación de los campos hitlerianos, es la ocasión propicia para que todos, instituciones y ciudadanos, contribuyamos a que perviva en el futuro la memoria de la deportación republicana antifascista. En esta ocasión, será la primera vez que un representante del Gobierno democrático de España, el Presidente Zapatero, asista a un homenaje cargado de dignidad y de emoción.

Las ceremonias que se celebren, además de hacer justicia con los olvidados españoles que allí murieron, deben de tener un sentido de reafirmación cívica en nuestros valores, actualizar el pasado para convertirlo en una lección moral. Estas reflexiones nos previenen ante cualquier rebrote de xenofobia racista o de fascismo que se pudieran incubar, como el huevo de la serpiente, en nuestra sociedad actual. Y es que la memoria histórica es, siempre, una memoria necesaria y será, siempre, un imperativo moral.

         José Ramón Villanueva Herrero

         (Diario de Teruel, 8 mayo 2005)

     Resulta sorprendente la polémica suscitada días atrás ante la propuesta planteada en Alcañiz por el PSOE para suprimir las denominaciones con que dicha ciudad recuerda a dos personas vinculadas con la dictadura franquista: el Colegio Público "Emilio Díaz" y la calle General Cebollino. Dicha propuesta, de elemental sentido democrático, ha originado posicionamientos encontrados: mientras la derecha local la rechaza sin argumentos consistentes, el PSOE estima, con toda razón,  que ya es hora de eliminar de la toponimia urbana los nombres de tan destacados partidarios del régimen liberticida franquista.

     El Grupo Municipal Socialista de Alcañiz ha propuesto, con valentía y coherencia, que se cambien ambas denominaciones de signo antidemocrático, así como la necesidad de consensuar los nombres más adecuados para estos dos espacios ciudadanos. Ello no ha sido posible ante el frontal rechazo de esta moción por parte de la derecha gobernante local que, de este modo, ha dejado pasar una buena ocasión para limpiar y democratizar el callejero urbano.

     De Emilio Díaz Ferrer y Gascón (1896-1966) no pretendo destacar su abundante currículum como servidor fiel y entusiasta de la dictadura, simplemente por el hecho de que no lo considero como "meritos" homologables ni aceptables para una sociedad madura y plenamente democrática como la actual. Por ello, resulta preciso recordar que, cuando desde determinadas instancias políticas se  indica que Emilio Díaz fue "un personaje relevante" y del que se dice "que trajo la enseñanza a la ciudad de Alcañiz", habría que recordar cómo era la enseñanza en aquellos años del franquismo en el primer Instituto que, siendo Díaz alcalde se estableció en la ciudad: qué educación era aquella, saturada de autoritarismo, pensamiento único  y conformismo social. En este sentido sería bueno recordar que, la enseñanza, vino a Alcañiz varios siglos antes, de la mano de los humanistas alcañizanos del Renacimiento, en los que hallamos muchos más valores éticos  que en el triste páramo cultural en que convirtió a España la dictadura al reprimir de forma implacable la libertad de pensamiento. Igualmente, el decir que, durante el prolongado mandato de Díaz como alcalde, procurador en Cortes y jerarca del partido único se alcanzó un cierto grado de "progreso", es una perversa deformación histórica que sólo pretende justificar diversos aspectos de la dictadura: es como exaltar al franquismo porque hacía pantanos, a Hitler porque inició la construcción de autopistas  o a Mussolini porque desecaba zonas pantanosas. Cuando esto se dice, se olvida lo esencial: el respeto a la libertad, la valoración de la misma, que es el componente básico de toda sociedad y, de no existir ésta, de poco vale el supuesto "progreso" que se puedan arrogar las dictaduras y sus serviles colaboradores.

     Emilio Díaz defendió siempre sus intereses de clase: primero como monárquico conservador maurista y, cuando pasados los años vió estos amenazados por la política reformista de la II República, optó por financiar primero y, alistarse después con entusiasmo combativo, en las filas del  naciente fascismo español. Tras la victoria militar de los sublevados, su labor política la desarrolló en los años más duros de la dictadura (1940-1955), en los que la represión era más implacable y la miseria más acuciante.

     En cuanto al general Joaquín Cebollino von Lindeman (1889-1938), militar franquista que ocupó Alcañiz durante la guerra civil y que tuvo una destacada actuación en las batallas de Jarama, Alfambra y Ebro, tampoco tiene ningún sentido que una calle honre la memoria de un militar  que se sublevó y combatió al gobierno legítimo de la República. A Cebollino, el ayuntamiento franquista de Alcañiz, presidido por Emilio Díaz, le dedicó una calle en 1944: y todavía se mantiene, algo que resulta incomprensible.

     Como decía la voz siempre comprometida de Susan Sontag, fallecida recientemente, en ocasiones, "la política no es algo hermoso, pero tomar partido sí lo es". Por eso, hoy, ante temas como este, soy de los que toman partido por una causa que, como la planteada por el PSOE alcañizano, considero de absoluta justicia. 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 17 enero 2005)   

     En la actualidad, se alude con frecuencia a la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica colectiva, aquella que nos hurtó y manipuló durante décadas la dictadura franquista. Este fenómeno, que tantos recelos genera en determinados sectores, supone, no obstante, un claro síntoma de la vitalidad democrática de nuestra sociedad civil y, por ello, pienso que debe de ser apoyado y respaldado por la ciudadanía y, por supuesto, por todas las instituciones públicas.

     Dicho esto, resulta sorprendente y penoso a un tiempo constatar  la flagrante y ofensiva pervivencia, todavía, de determinados nombres que, en nuestra toponimia urbana, exaltan a determinadas figuras de la dictadura franquista. Y es que,  transcurridos 30 años desde la muerte del dictador y 25 de existencia de ayuntamientos democráticos, aún figuran en algunos edificios públicos los nombre de destacados partidarios del régimen liberticida que fue el franquismo y que simboliza la página más negra de nuestra historia reciente. Ello se debió a que, durante la Transición, tal vez por excesiva prudencia, no se culminó la necesaria supresión de toda la toponimia urbana de signo franquista.

     Es preciso recordar que  esto no ocurre en ningún país de nuestro entorno que haya sufrido una dictadura similar a la padecida en España: sería impensable encontrar en Alemania, Italia, Francia o Portugal calles o centros escolares que honrasen en la actualidad a personalidades vinculadas con el nazismo, el fascismo, el régimen colaboracionista de Vichy o el salazarismo respectivamente. Y ello por una razón obvia: porque estas denominaciones fascistas y liberticidas no tienen cabida en una sociedad libre y democrática. Pero en España, todavía no podemos decir lo mismo: desgraciadamente, muchos poderes fácticos, muchas inercias y muchos temores infundados mantienen nombres que ofenden a nuestra conciencia ciudadana. No nos engañemos: este no es un debate entre izquierda y derecha, es pura y llanamente una reafirmación de nuestras más elementales convicciones democráticas.

     Este hecho resulta especialmente grave en lo que afecta a los centros educativos que, después de tantos años, todavía conservan nombres vinculados al franquismo. Como recordaba el diputado socialista González Serna, "en una democracia madura, como la nuestra, no se puede permitir que haya niños y niñas que acudan a diario a centros educativos que llevan por nombre el del dictador o el de alguno de sus colaboradores" (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 133, 3 noviembre 2004). Por ello, en nuestra provincia de Teruel, tenemos los casos del Instituto " José Ibáñez Martín" de Teruel, así como el del Colegio Público de idéntico nombre ubicado en Utrillas, el C. P. "Emilio Díaz" de Alcañiz o el C. P. "Juan Espinal", en la capital turolense. Todos estos nombres, dedicados a personas adictas a la dictadura y que no representan en absoluto los valores de libertad, justicia, progreso social y pluralismo que rigen nuestra sociedad actual, deberían ser sustituidos de forma inmediata mediante el oportuno consenso entre los respectivos Consejos Escolares y las fuerzas políticas e instituciones locales.

     No está de más recordar que, tras la reciente aprobación de la Proposición no de Ley sobre retirada de los símbolos de la dictadura franquista de los edificios públicos del Estado donde aún persisten de 3 de noviembre de 2004, se considera no sólo como "simbolos franquistas" a los monumentos y lápidas, sino también los nombres de las calles y centros educativos cuyas denominaciones resultan contrarias a los valores de la legalidad democrática constitucional. Por ello, estos anacronismos ofensivos para nuestra conciencia de ciudadanos libres, deberían subsanarse cuanto antes y con el mayor consenso político y social del que, desde el respeto, pero también desde la firmeza democrática, seamos capaces. 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 13 enero 2005)