Memoria histórica

JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN, EL GRAN DEPURADOR (I).

     No podía imaginar José Ibáñez Martín, un joven profesor de geografía e historia nacido en Valbona que, con su primer destino docente en Murcia, iniciaría una carrera política que le llevaría desde las filas del conservadurismo católico y monárquico, hasta convertirse en un fervoroso fascista, en uno de los jerarcas del franquismo. Allí fue uno de los dirigentes de la Unión Patriótica, el partido creado por la dictadura de Primo de Rivera, con el que llegó a ser presidente de la Diputación Provincial murciana y, durante la II República, siendo ya catedrático, se integró en la CEDA y fue elegido diputado por Murcia, su provincia adoptiva.
     Tras la sublevación del 18 de julio, consiguió pasar a la zona insurrecta poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco. A partir de este momento, y hasta su fallecimiento en 1969, ocupó numerosos cargos y obtuvo infinidad de distinciones como símbolo destacado de la “intelectualidad” adicta a la dictadura.
     Durante el largo mandato de Ibáñez Martín como Ministro de Educación Nacional (1939-1951), del cual dependía la censura franquista y el aparato de propaganda del régimen, centró su labor en dos aspectos básicos sobre los que se cimentó la política educativa del franquismo: la depuración sistemática de todo el personal vinculado a la educación y a la cultura, así como también a la implantación de un sistema educativa dogmático y confesional: el nacional-catolicismo.
     El integrismo político de Ibáñez Martín y su admiración por los Reyes Católicos, le hicieron emular la labor de la Inquisición en fenecidos tiempos imperiales. Por ello acometió con entusiasmo una auténtica purga del personal y los contenidos del sistema educativo español durante su largo mandato como ministro. Tras la enorme sangría que la guerra y el exilio supuso para la docencia y la intelectualidad leal a la República, el Ministerio regido por Ibáñez Martín, fue implacable con los vencidos, tal y como recordaba Laín Entralgo, también turolense y nada sospechoso de izquierdista: “sistemáticamente se prescindió de los mejores, si estos parecían mínimamente sospechosos de liberalismo o republicanismo. Los ejemplos menudean y sangran”.
     Esta depuración, que el historicismo unitarista de Ibáñez Martín pretendía legitimar enlazando la labor de Isabel la Católica con la de Franco, esto es, la Inquisición con la dictadura, hacía afirmar al ministro turolense en la Universidad de Zaragoza en 1951, que “en más de una ocasión un riguroso escarmiento produce mayor número de bienes que una falsa bondad”. La represión quedaba legitimada de este modo por el pensamiento reaccionario de Ibáñez Martín…y, convertido en un nuevo inquisidor del s. XX, a ello se aplicó con fervor y adhesión inquebrantable.
     Ibáñez Martín impulsó y aplicó con dureza en el ámbito educativo y cultural toda la normativa represiva generada por la dictadura desde el mismo momento de la sublevación militar: el Decreto nº 66 de 8 de noviembre de 1936, que creaba las Comisiones provinciales de Depuración; la Orden de 18 de marzo de 1939, sobre depuración de funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Nacional mediante la cual se creaba la Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración que condenaba a los docentes desafectos a sanciones de traslado forzoso, inhabilitación, postergación o separación definitiva del servicio. Ya como ministro, dictó la Orden de 2 de noviembre de 1939 regulando los traslados forzosos de los docentes depurados, bien fuera dentro de su misma provincia o destinados a otra provincia por “orden de la Superioridad”.
     Otra Orden del ministro turolense, la de 30 de marzo de 1942, creaba el Juzgado Superior de Revisión que, continuando la labor de la Comisión Superior Dictaminadora, siguió encargándose de la labor depuradora durante bastantes años, hasta el punto de que una Orden de 1956, cuando ya habían pasado 20 años del inicio de la guerra, todavía reformaba el funcionamiento del citado Juzgado Superior.
Una lectura atenta del Boletín Oficial del Estado de estos años nos ofrece infinidad de expedientes de depuración de docentes (maestros, profesores de enseñanza media o de la Universidad), todos ellos firmados por Ibáñez Martín.
     La mentalidad represora de Ibáñez Martín, síntesis de actitudes inquisitoriales y pensamiento fascista, se resume plenamente en su muy conocido discurso pronunciado durante la apertura del curso 1940-1941 en la Universidad de Valladolid: “Era vital para nuestra cultura amputar en energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era el del profesorado”.
     Así pensaba Ibáñez Martín, el gran depurador de la educación y la cultura española.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 31 agosto 2006)

LA MEMORIA HISTÓRICA, UNA MEMORIA NECESARIA

     Se han celebrado recientemente en la provincia de Teruel distintos actos en recuerdo de la II República Española y en honor de todos los ciudadanos que, leales a ella, sufrieron y murieron durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Este es el caso de diversas Jornadas como las organizadas por la Asociación Pozos de Caudé, las que bajo el título “Los valores de la II República” han tenido lugar en Teruel y Alcañiz o las que la Comarca del Bajo Martín, en las que se homenajeó en Urrea de Gaén a los deportados republicanos y también se presentó en Híjar el libro de Cándido Marquesán que honra la memoria de José Gálvez Oliver, “el tío Rullo”. No olvido tampoco los actos celebrados en Alcorisa y, de forma especial, la inauguración por parte de su Ayuntamiento, de un monumento en memoria de todos los alcorisanos deportados a los campos de exterminio nazis. Todo ello demuestra que, desde diversos ámbitos políticos y sociales turolenses, se asume con valentía la necesidad de recuperar la memoria histórica. Esta actitud, de impecable dignidad democrática, resulta imprescindible para hacer justicia a todos los que lucharon por los valores de libertad, progreso y emancipación social que representaba la II República y ello nos debe de llenar de satisfacción, máxime en este año que ha sido declarado por el Congreso y el Senado como el Año de la Memoria Histórica.

     El eminente historiador Paul Preston recordaba el pasado día 19 de mayo en Teruel que “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, para reafirmar los principios cívicos de nuestra democracia. Por ello, Preston nos insta a hacer frente al llamado “revisionismo histórico”, el cual se ha convertido en los últimos años en un valioso aliado de los sectores e intereses de la más rancia derecha española. Este revisionismo histórico minimiza la auténtica magnitud de la represión franquista, tiene una actitud benevolente hacia la dictadura (cuando no una abierta reivindicación de la misma), y critica de forma global al conjunto de las fuerzas políticas y sociales antifranquistas.

     Las ideas revisionistas, cargadas de manipulación histórica, han sido jaleadas por sectores de la derecha para convertirlas en un ariete político contra el actual Gobierno de España y, de forma especial, contra el Presidente Zapatero, el cual, con todo orgullo y dignidad, se define como “heredero de los valores de la II República”. Un ejemplo, el 29 de enero pasado, hablando de la memoria histórica en una tertulia nocturna de la Cadena COPE, escuché al eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras aludir a la “obsesión morbosa” y al “impulso diabólico” (es textual) del Presidente Zapatero por este tema, cuyo objetivo último, según el político popular, era llevar a España al “totalitarismo”, un tema del que, por cierto, tanto sabe la derecha (reciclada) franquista.

     El tema de la recuperación de la memoria histórica es visto con recelo , cuando no con abierta oposición por parte de la derecha. Así, en un acto de la Fundación FAES celebrado el 27 de noviembre de 2005, José María Aznar se refería con desdén a “eso que engañosamente se llama recuperación de la memoria histórica” y que, según su opinión, no era otra cosa que “la utilización del pasado como arma política”. Ello demuestra que, en el fondo, la derecha sigue sin asumir nuestro triste pasado colectivo, pues ello le supondría reconocer sus poco democráticos orígenes ideológicos así como su connivencia con la dictadura franquista.

     Esta actitud no nos debe de extrañar si tenemos en cuenta que el franquismo sociológico se halla políticamente encuadrado en las filas del PP. En la encuesta realizada con motivo del 30º aniversario de la muerte de Franco, sólo el 13 % de los encuestados valoraba positivamente la dictadura… pero, de ellos, el 29 % se definían como votantes del PP. De igual modo, a la pregunta de si el 18 de julio fue un golpe de estado, sólo el 15 % lo negaban, pero, un 24 % de los que así pensaban votaban al PP, lo cual resulta muy significativo.
Considero que hoy más que nunca resulta imprescindible recuperar nuestra memoria histórica, esa que unos nos ocultaron y otros quisieron que olvidásemos por medio de una amnesia colectiva. Reivindicarla es un compromiso ético que deba de asumir toda nuestra sociedad: instituciones, colectivos sociales y políticos, medios de comunicación, historiadores y, sobre todo, la ciudadanía. Confiemos en que la futura Ley de la Memoria Histórica tenga la valentía democrática de lograr el imprescindible reconocimiento jurídico y moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y, de este modo, reconciliarnos de verdad, con nuestro pasado, por triste y doloroso que haya sido. A este compromiso moral e institucional, debe sumarse con convicción la derecha política para que, de una vez por todas, rompa amarras (ideológicas y emocionales) con el franquismo.

     En recuerdo de las víctimas, tantos años olvidadas, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es y será siempre una memoria necesaria.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 15 junio 2006)

MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA

     La Ley de la Memoria Histórica (LMH), aprobada el pasado 31 de octubre, ha estado envuelta en la polémica desde el primer momento, desde que fue planteada por el Gobierno del presidente Zapatero. La derecha se ha opuesto a ella con el manido argumento de que “reabría las heridas” de nuestro trágico pasado colectivo, un pasado sobre el cual siempre ha pretendido que se mantuviese una espesa bruma, una amnesia colectiva, cuando no un silencio cómplice sobre lo que supuso el aspecto más cruel de la dictadura franquista cual fue la represión sobre los vendidos, sobre la España leal a la República. En cambio, otros sectores, como ERC o las 70 organizaciones de víctimas del franquismo, no han dudado en calificar a la LMH de “ley aberrante”, dadas sus lagunas y deficiencias. Para ello se apoyan en varias razones: se ignoran las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo; se incumple el derecho internacional sobre crímenes contra la humanidad; impulsa la realización de exhumaciones ilegales sin garantías jurídicas (esto es, sin la presencia de un juez); no alude a la cuestión de los bienes incautados a ciudadanos republicanos y, sobre todo, no resuelve ninguno de los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la no declaración de nulidad de los juicios y ejecuciones sumarias, sin olvidar tampoco el que, de hecho, se mantiene la impunidad para los victimarios, para los responsables de los crímenes del franquismo.

     Siendo todo ello cierto, considero que la LMH que, en su día planteó con valentía el Presidente Zapatero, no ha cubierto las expectativas que en un primer momento suscitó entre las asociaciones de víctimas. Su texto tiene un perfil político de nulas consecuencias jurídicas que ha decepcionado a diversos sectores y colectivos, entre los cuales me incluyo. En mi opinión, se trata de una ley incompleta e imperfecta, y, pese a ello, resulta necesaria en la medida que permite avances en la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Algo similar ocurrió con la aprobación de la Constitución de 1978 que, pese a sus deficiencias, ha permitido la consolidación democrática y la modernización de España. Sin duda, no se trata de la mejor Ley de la Memoria posible, pero tal vez sea la ley posible en el momento actual. Y es que se ha intentado con un texto de menor calado político no crispar a la derecha más de lo que ya estaba, lo cual explica las deficiencias y carencias de esta ley. Y sin embargo, esto no ha servido de nada dado que la derecha ha seguido con su táctica política bronca y dura en la que lleva instalada desde que perdió el poder en el 2004.

     Dicho todo esto, quisiera comentar un aspecto concreto de la LMH cual es la supresión de los símbolos franquistas. Este tema, al que se alude en el art. 15, insta a las administraciones públicas a que deberán hacer desaparecer de los edificios y espacios públicos “los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Esta medida, que ya había sido acordada en la pasada legislatura por las Cortes de Aragón el 12 de febrero de 2004, ha permitido el que diversas localidades turolenses hayan suprimido los topónimos franquistas del callejero urbano. Sin embargo, siguen quedando algunos nombres de nefasta memoria como el Colegio Público “Emilio Díaz” de Alcañiz, o la Residencia Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín que honra a una falangista alcañizana asesinada durante la Guerra Civil, o en la capital turolense el Colegio “Juan Espinal” o el I.E.S. “José Ibáñez Martín” aunque, en este caso, se ha iniciado el deseable proceso de su cambio de nombre para adecuarlo a la legalidad constitucional. Igualmente, considero inadecuada la denominación del Hospital “Obispo Polanco” por la instrumentalización ideológica que, de la figura del obispo mártir asesinado en trágicas circunstancias, hizo el régimen franquista.

     En cuanto a los edificios privados, y de forma muy especial a las iglesias, el art. 15 de la LMH, que fue una iniciativa del PNV, un partido de ideología demócrata-cristiana por cierto, insta a que se supriman las lápidas alusivas a los “caídos por Dios y por España” advirtiendo que, en caso de no hacerlo, estos edificios religiosos dejarían de recibir subvenciones públicas. No obstante, negociaciones parlamentarias de última hora atemperaron esta medida de presión hasta el punto de aprobarse una enmienda transaccional pactada entre el PSOE y CiU mediante la cual la supresión de símbolos y lápidas en edificios privados “no serán de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”, lo cual parece lógico pero, también, y he aquí la cesión del PSOE para lograr el mayor grado de consenso posible, “cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Dicho esto, me resulta muy difícil imaginar qué lápida o inscripción de las existentes en la práctica totalidad de las iglesias de la provincia de Teruel reunirían estas razones para justificar su permanencia: pienso sinceramente que ninguna. Estas lápidas resultan un vestigio flagrante de aquella Iglesia fiel aliada del franquismo, unida con fervor a la “Cruzada salvadora”, que apuntaló al régimen y silenció sus crímenes, de esa Iglesia que olvidó el mensaje evangélico del perdón. Siempre he pensado que el lugar de una lápida en homenaje a los muertos, a todos los muertos, hijos de una localidad concreta, además del cementerio, debería de ser un edificio civil, el atrio o las lonjas de los ayuntamientos, como ocurre en Italia, y no en un templo religioso de una confesión religiosa concreta.

     Por todo lo dicho, mucho queda por hacer: hay que suprimir los símbolos de la dictadura y ver en ello un gesto de elemental salud democrática, tal y como ocurrió en todos los países europeos que sufrieron el embate del fascismo. Pero tan importante como la supresión de símbolos, es el que todos sepamos suprimir los odios, rencores y prejuicios que con excesiva frecuencia nos atenazan. Por ello, pese a sus muchas deficiencias, la LMH nos permite abrir un debate cívico que era inaplazable: el de la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas olvidadas del franquismo. El camino está abierto y hay que empezarlo a caminar, también en nuestras tierras turolenses.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 5 noviembre 2007)

LOS PAPELES DE SALAMANCA (I).

     Mucho se ha hablado y escrito últimamente sobre la polémica suscitada en torno a la posible devolución  de los fondos conservados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Este, recordémoslo,  tuvo su origen en un expolio sistemático de fondos republicanos por parte del régimen franquista, hecho condenado expresamente  por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de La Haya sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto bélico. 

     Ante las justas demandas de restitución a sus legítimos propietarios, han surgido opiniones encontradas, algunas no exentas de demagogia y oportunismo. Como advertía el historiador José Álvarez Junco, la polémica  está evidenciando una inmensa distorsión debida a la “ignorancia y superficialidad  informativa” alentada por la “irresponsabilidad y mala voluntad” de quienes se oponen a la devolución de los mismos.

     Sobre el origen de este Archivo, hay que remontarse a la creación en abril de 1937 de la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), la cual tenía por objeto la confiscación de toda la documentación política procedente del bando republicano, tarea que sería continuada desde 1938 por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación (DERD), la cual debía “recuperar, clasificar y custodiar” los fondos procedentes de “entidades y personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional [...] que sean susceptibles de facilitar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Esta actividad, la continuó desde 1944 la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD) que, de forma significativa, se integró en la Dirección General de Seguridad (1958).

     El volumen de documentación incautada en el territorio republicano (800 Tm., 20.000 cajas, procedentes de 17 provincias, de ellas, 145 con fondos aragoneses), tenía una finalidad exclusivamente represiva. En base a la misma, la dictadura franquista elaboró 3 millones de fichas y decenas de miles de expedientes correspondientes a personas con antecedentes políticos republicanos con los que, posteriormente, muchos antifascistas fueron juzgados y condenados. Años atrás, hasta las máquinas de escribir Underwood existentes en el Archivo de Salamanca, llevaban una etiqueta que decía:  “incautada a los rojos”: ese era el ambiente que allí se respiraba. 

     Esta finalidad represiva se mantuvo hasta que, con la transición democrática, se suprimió en 1977 la DNSD, pasándose a integrar en el Ministerio de Cultura. Dos años después, en mayo de 1979, se creó la “Sección Guerra Civil” del Archivo Histórico Nacional y, finalmente, por el RD 426/1999, de 12 de marzo, surgía el actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca.

     Tras esta recapitulación histórica, y frente a los que claman ante el riesgo de una hipotética desmembración del AGGCE, éstos parecen “olvidar” que allí no se conservan la totalidad de los fondos relativos a nuestra trágica guerra civil. Ello se debe a varias razones. En primer lugar, durante la incautación, se destruyó abundante documentación (unas 72 Tm.), al considerarla de importancia “menor” para los fines represivos que se pretendían. Otra parte, perteneciente a ciudadanos derechistas, previamente incautada por las autoridades republicanas y que se incluía en estos fondos, fue devuelta a sus legítimos propietarios. También salió  documentación de Salamanca para ser utilizada en la Causa General, así como a otros tribunales franquistas (Auditorías de Guerra, Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, tribunales de Responsabilidades Políticas y tribunales de Depuración) o bien al “Archivo de la Guerra de Liberación” o al Servicio Histórico Militar. Por último, con la normalización democrática, los fondos republicanos de las Cortes y del Consejo del Estado fueron devueltos a sus instituciones homónimas alegando la continuidad de ambas bajo el actual sistema democrático monárquico. Esta  misma razón, la continuidad institucional, es la que alega la Generalitat de Cataluña para demandar, con todo fundamento jurídico y moral, sus fondos incautados una vez que se restableció el autogobierno catalán  por el RD Ley de 29 septiembre de 1977.

     Además de los fondos republicanos incautados, durante muchos años la DNSD generó su propia documentación. El conjunto de ambas  confiere al AGGCE una gran importancia, según destaca la Comisión de Expertos creada para asesorar al Gobierno en este tema, las convierte en “un ejemplo único de lo que fue la represión franquista y constituye un referente insustituible en la configuración de la memoria histórica de los españoles”.

     Siendo conscientes de esta realidad, en un próximo artículo reflexionaremos sobre el futuro del AGGCE, teniendo siempre presentes las justas demandas de restitución planteadas por algunos de sus legítimos propietarios. 

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 2 junio 2005)

LOS PAPELES DE SALAMANCA (II). UNA DEVOLUCIÓN POLÉMICA.

     A la demanda de devolución de los fondos incautados por la dictadura franquista, promovida por la Generalitat de Cataluña, se han sumado diversas instituciones de toda España. En el caso de Aragón, entre otros,  citamos al Ayuntamiento de Mas de las Matas, al Consejo Comarcal del Bajo Aragón o a las mismas Cortes de Aragón, los cuales han aprobado acuerdos tendentes a la restitución de los fondos procedentes del Aragón republicano.

     El contencioso, iniciado por la Generalitat  en 1978, ha tenido un complejo desarrollo. Ya en 1982, se firmó un convenio con tal objeto entre la Generalitat y el Mº de Cultura y  el 17 de marzo de 1995, el Gobierno de Felipe González  autorizó su devolución, aunque ésta quedó en suspenso y el posterior Gobierno Aznar, paralizó definitivamente el proceso de restitución. Con el nuevo ejecutivo de Rodríguez Zapatero, se retomó el diálogo, se constituyó una Comisión de Expertos con la tarea de elaborar un Informe y, en base a éste, el Gobierno del PSOE aprobó el pasado 15 de abril la restitución a la Generalitat de sus fondos incautados. Por ello, frente  a las tendenciosas acusaciones que se hacen tras esta decisión contra el Gobierno socialista, resulta obvio que ésta no supone un entreguismo ante las pretensiones de Cataluña (o de ERC), sino la culminación valiente y decidida de un proceso iniciado hace ya 27 años.

     El Informe de la Comisión de Expertos ofrece algunas consideraciones jurídicas interesantes: destaca el origen ilegítimo de las incautaciones que dieron lugar al actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca, e insiste en la necesidad de precisar la titularidad de los fondos, punto básico para proceder a posteriores demandas de devolución. Ello plantea problemas pues algunas instituciones, como el Gobierno de Aragón, no tenían personalidad jurídica en el momento en que se produjeron las incautaciones de los fondos republicanos.

     El problema básico  es el de conciliar dos intereses, ambos legítimos: las justas demandas de devolución y, a la vez, garantizar la unidad del AGGCE, como auténtico memorial histórico de lo que supuso la represión franquista. Ambos fines no resultan incompatibles puesto que la unidad de archivo quedaría garantizada, en caso de devolución de los originales, al conservarse en el AGGCE copias microfilmadas y digitalizadas de éstos. Como indica el Informe, la cuestión se reduciría “a saber quién sería el depositario de la copia y quién del original, pero no se plantea un problema de ruptura de la integridad del archivo”.

     El Informe se pronuncia a favor de la devolución de los fondos a la Generalitat, demanda que considera “justa” y “legítima”, recordando que la Ley de Patrimonio Histórico permite que estos bienes se reintegren a su Administración de origen (art. 28.2). En cambio, ofrece una solución más polémica para el caso de los ayuntamientos: sugiere la entrega a los entes locales de copias digitalizadas y no la devolución de los originales. No obstante, para evitar posibles agravios, deja abiertas otras posibilidades como las cesiones temporales o definitivas de algunos fondos.

     Dejando claro que la localización física de los documentos originales no es tan importante como su conservación y accesibilidad, el Informe insiste en la necesidad de transformar profundamente el Archivo de Salamanca para convertirlo en un fondo documental de primera referencia sobre la Guerra Civil y la Represión franquista. Para ello, además de dotarlo de los adecuados medios humanos y materiales,  propone que vuelvan al AGGCE todos aquellos fondos que en su día salieron con destino a la Causa General y a otros lugares; igualmente propone concentrar el Salamanca todas las causas de los Consejos de Guerra hoy dispersas por instituciones militares de toda España y, también, la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de historia oral  sobre este trágico período de nuestra historia.

     Frente a las voces que, desde la derecha, claman contra las medidas de restitución, bueno sería recordar que hace ya 25 años, un político tan poco afín al Gobierno Zapatero y a ERC como es Manuel Fraga, ya pedía la devolución de estos fondos: el 18 de marzo de 1980 presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno Suárez para que “se traspasen a la Generalitat de Catalunya aquellos documentos que constituyeron, en su día, los archivos de la misma” (BOCE, 16 abril 1980). Por ello, tal vez hoy sus compañeros del PP tengan que volver a decir, como con su polémico abrazo a Raúl Castro, que “esto son cosas de Don Manuel...”

     Ante problemas difíciles, es preciso adoptar soluciones valientes...y eso es lo que ha hecho el Gobierno en relación al contencioso de la documentación de la Generalitat. Pero, para ser justos, este proceso debería de continuar ante las demandas de otras corporaciones locales que, aunque más humildes que la institución catalana, las asisten las mismas razones a la hora de defender sus legítimos intereses. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 3 junio 2005)

MAUTHAUSEN EN LA MEMORIA, SIEMPRE

  

En estas fechas en que se conmemora el 60º aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis, es un buen momento para recordar (y reparar) el injusto olvido que, durante décadas, ha sufrido la memoria de los millares de republicanos españoles que allí fueron asesinados.

Derrotada la España leal a la República en 1939, miles de republicanos se refugiaron en Francia, cayendo en manos de las tropas hitlerianas cuando estas ocuparon dicho país en mayo de 1940. Los prisioneros republicanos españoles quedaron a la espera de que el gobierno de Franco indicase a sus amigos nazis qué se debía de hacer con ellos. El dictador decidió abandonar a su suerte a estos miles de compatriotas y, desposeyéndolos de la nacionalidad española, quedaron convertidos en apátridas. Su dramático destino quedó sellado en la entrevista de Serrano Suñer  con Hitler del 25 de septiembre de 1940. En ella, el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, acordó la entrega de los republicanos españoles a la Gestapo para ser deportados a un campo de concentración donde debían realizar trabajos forzados hasta el límite de sus fuerzas. Mariano Constante recordaba la indignación que produjo entre los presos republicanos este hecho puesto que “hemos descubierto  que Franco les dijo [a los nazis] que no quería que ningún español saliera vivo y también quería que nos explotaran trabajando”. De la connivencia de las autoridades franquistas a la hora de consumar la tragedia, se ofrecen testimonios reveladores en el excelente documental “El convoy de los 927”.

Los republicanos españoles fueron deportados al campo de Mauthausen (Austria). Allí fue a parar el grueso de los más de 10.000 deportados, aunque otros grupos fueron enviados a campos de concentración de triste recuerdo: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Ravensbruck o el castillo de Hartheim, en donde fueron objeto de macabros experimentos y operaciones. En todos estos lugares, convertidos en auténticos infiernos de inhumanidad y violencia extrema, hallaron la muerte miles de republicanos españoles en el más absoluto olvido.

El campo de concentración de Mauthausen  se creó el 8 de agosto de 1938 y funcionó hasta el 5 de mayo de 1945 en que fue liberado por las tropas norteamericanas. Durante estos años, se estima que en Mauthausen y en su campo auxiliar de Güsen, fueron asesinadas o murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas y los trabajos forzados en torno a 150.000 personas, de las cuales no menos de 7.000 eran republicanos españoles y de ellos, 196 eran turolenses. A la altura de 1942,  más de la mitad de los prisioneros eran de origen español. Por esas mismas fechas, en que nuestros compatriotas morían de agotamiento y enfermedades en la cantera de Mauthausen o con inyecciones de bencina en Güsen, el general Franco mantenía su delirio filonazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14 de febrero de 1942, afirmaba que “si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían” para defender la capital del Reich. Sobran los comentarios.

Durante décadas, un puñado de supervivientes españoles recordaba tanta barbarie reuniéndose cada año en Mauthausen bajo el digno tremolar de la bandera republicana. Poco a poco, se han ido tomando en toda España algunas iniciativas  para recuperar el recuerdo de nuestros compatriotas. Citemos, en el caso de Aragón, cómo, en el año 2002 el Gobierno de Aragón concedía a Mariano Constante la Medalla de Oro a los valores humanos, la cual se hacía extensiva “a los aragoneses que fueron víctimas de los campos de exterminio nazis”; también recordamos cómo el Ayuntamiento de Calanda, a principios de 2003, recuperó igualmente la memoria de sus paisanos muertos en el holocausto nazi, al igual que habían hecho tiempo antes la ciudad de Fraga y la comarca del Bajo Cinca o en Sabiñánigo.

Este año, cuando se va a recordar el 60º aniversario de la liberación de los campos hitlerianos, es la ocasión propicia para que todos, instituciones y ciudadanos, contribuyamos a que perviva en el futuro la memoria de la deportación republicana antifascista. En esta ocasión, será la primera vez que un representante del Gobierno democrático de España, el Presidente Zapatero, asista a un homenaje cargado de dignidad y de emoción.

Las ceremonias que se celebren, además de hacer justicia con los olvidados españoles que allí murieron, deben de tener un sentido de reafirmación cívica en nuestros valores, actualizar el pasado para convertirlo en una lección moral. Estas reflexiones nos previenen ante cualquier rebrote de xenofobia racista o de fascismo que se pudieran incubar, como el huevo de la serpiente, en nuestra sociedad actual. Y es que la memoria histórica es, siempre, una memoria necesaria y será, siempre, un imperativo moral.

 

         José Ramón Villanueva Herrero

         (Diario de Teruel, 8 mayo 2005)

EMILIO DÍAZ Y EL PASADO INCÓMODO

     Resulta sorprendente la polémica suscitada días atrás ante la propuesta planteada en Alcañiz por el PSOE para suprimir las denominaciones con que dicha ciudad recuerda a dos personas vinculadas con la dictadura franquista: el Colegio Público "Emilio Díaz" y la calle General Cebollino. Dicha propuesta, de elemental sentido democrático, ha originado posicionamientos encontrados: mientras la derecha local la rechaza sin argumentos consistentes, el PSOE estima, con toda razón,  que ya es hora de eliminar de la toponimia urbana los nombres de tan destacados partidarios del régimen liberticida franquista.

     El Grupo Municipal Socialista de Alcañiz ha propuesto, con valentía y coherencia, que se cambien ambas denominaciones de signo antidemocrático, así como la necesidad de consensuar los nombres más adecuados para estos dos espacios ciudadanos. Ello no ha sido posible ante el frontal rechazo de esta moción por parte de la derecha gobernante local que, de este modo, ha dejado pasar una buena ocasión para limpiar y democratizar el callejero urbano.

     De Emilio Díaz Ferrer y Gascón (1896-1966) no pretendo destacar su abundante currículum como servidor fiel y entusiasta de la dictadura, simplemente por el hecho de que no lo considero como "meritos" homologables ni aceptables para una sociedad madura y plenamente democrática como la actual. Por ello, resulta preciso recordar que, cuando desde determinadas instancias políticas se  indica que Emilio Díaz fue "un personaje relevante" y del que se dice "que trajo la enseñanza a la ciudad de Alcañiz", habría que recordar cómo era la enseñanza en aquellos años del franquismo en el primer Instituto que, siendo Díaz alcalde se estableció en la ciudad: qué educación era aquella, saturada de autoritarismo, pensamiento único  y conformismo social. En este sentido sería bueno recordar que, la enseñanza, vino a Alcañiz varios siglos antes, de la mano de los humanistas alcañizanos del Renacimiento, en los que hallamos muchos más valores éticos  que en el triste páramo cultural en que convirtió a España la dictadura al reprimir de forma implacable la libertad de pensamiento. Igualmente, el decir que, durante el prolongado mandato de Díaz como alcalde, procurador en Cortes y jerarca del partido único se alcanzó un cierto grado de "progreso", es una perversa deformación histórica que sólo pretende justificar diversos aspectos de la dictadura: es como exaltar al franquismo porque hacía pantanos, a Hitler porque inició la construcción de autopistas  o a Mussolini porque desecaba zonas pantanosas. Cuando esto se dice, se olvida lo esencial: el respeto a la libertad, la valoración de la misma, que es el componente básico de toda sociedad y, de no existir ésta, de poco vale el supuesto "progreso" que se puedan arrogar las dictaduras y sus serviles colaboradores.

     Emilio Díaz defendió siempre sus intereses de clase: primero como monárquico conservador maurista y, cuando pasados los años vió estos amenazados por la política reformista de la II República, optó por financiar primero y, alistarse después con entusiasmo combativo, en las filas del  naciente fascismo español. Tras la victoria militar de los sublevados, su labor política la desarrolló en los años más duros de la dictadura (1940-1955), en los que la represión era más implacable y la miseria más acuciante.

     En cuanto al general Joaquín Cebollino von Lindeman (1889-1938), militar franquista que ocupó Alcañiz durante la guerra civil y que tuvo una destacada actuación en las batallas de Jarama, Alfambra y Ebro, tampoco tiene ningún sentido que una calle honre la memoria de un militar  que se sublevó y combatió al gobierno legítimo de la República. A Cebollino, el ayuntamiento franquista de Alcañiz, presidido por Emilio Díaz, le dedicó una calle en 1944: y todavía se mantiene, algo que resulta incomprensible.

     Como decía la voz siempre comprometida de Susan Sontag, fallecida recientemente, en ocasiones, "la política no es algo hermoso, pero tomar partido sí lo es". Por eso, hoy, ante temas como este, soy de los que toman partido por una causa que, como la planteada por el PSOE alcañizano, considero de absoluta justicia. 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 17 enero 2005)   

CENTROS EDUCATIVOS CON NOMBRES FRANQUISTAS...TODAVÍA

     En la actualidad, se alude con frecuencia a la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica colectiva, aquella que nos hurtó y manipuló durante décadas la dictadura franquista. Este fenómeno, que tantos recelos genera en determinados sectores, supone, no obstante, un claro síntoma de la vitalidad democrática de nuestra sociedad civil y, por ello, pienso que debe de ser apoyado y respaldado por la ciudadanía y, por supuesto, por todas las instituciones públicas.

     Dicho esto, resulta sorprendente y penoso a un tiempo constatar  la flagrante y ofensiva pervivencia, todavía, de determinados nombres que, en nuestra toponimia urbana, exaltan a determinadas figuras de la dictadura franquista. Y es que,  transcurridos 30 años desde la muerte del dictador y 25 de existencia de ayuntamientos democráticos, aún figuran en algunos edificios públicos los nombre de destacados partidarios del régimen liberticida que fue el franquismo y que simboliza la página más negra de nuestra historia reciente. Ello se debió a que, durante la Transición, tal vez por excesiva prudencia, no se culminó la necesaria supresión de toda la toponimia urbana de signo franquista.

     Es preciso recordar que  esto no ocurre en ningún país de nuestro entorno que haya sufrido una dictadura similar a la padecida en España: sería impensable encontrar en Alemania, Italia, Francia o Portugal calles o centros escolares que honrasen en la actualidad a personalidades vinculadas con el nazismo, el fascismo, el régimen colaboracionista de Vichy o el salazarismo respectivamente. Y ello por una razón obvia: porque estas denominaciones fascistas y liberticidas no tienen cabida en una sociedad libre y democrática. Pero en España, todavía no podemos decir lo mismo: desgraciadamente, muchos poderes fácticos, muchas inercias y muchos temores infundados mantienen nombres que ofenden a nuestra conciencia ciudadana. No nos engañemos: este no es un debate entre izquierda y derecha, es pura y llanamente una reafirmación de nuestras más elementales convicciones democráticas.

     Este hecho resulta especialmente grave en lo que afecta a los centros educativos que, después de tantos años, todavía conservan nombres vinculados al franquismo. Como recordaba el diputado socialista González Serna, "en una democracia madura, como la nuestra, no se puede permitir que haya niños y niñas que acudan a diario a centros educativos que llevan por nombre el del dictador o el de alguno de sus colaboradores" (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 133, 3 noviembre 2004). Por ello, en nuestra provincia de Teruel, tenemos los casos del Instituto " José Ibáñez Martín" de Teruel, así como el del Colegio Público de idéntico nombre ubicado en Utrillas, el C. P. "Emilio Díaz" de Alcañiz o el C. P. "Juan Espinal", en la capital turolense. Todos estos nombres, dedicados a personas adictas a la dictadura y que no representan en absoluto los valores de libertad, justicia, progreso social y pluralismo que rigen nuestra sociedad actual, deberían ser sustituidos de forma inmediata mediante el oportuno consenso entre los respectivos Consejos Escolares y las fuerzas políticas e instituciones locales.

     No está de más recordar que, tras la reciente aprobación de la Proposición no de Ley sobre retirada de los símbolos de la dictadura franquista de los edificios públicos del Estado donde aún persisten de 3 de noviembre de 2004, se considera no sólo como "simbolos franquistas" a los monumentos y lápidas, sino también los nombres de las calles y centros educativos cuyas denominaciones resultan contrarias a los valores de la legalidad democrática constitucional. Por ello, estos anacronismos ofensivos para nuestra conciencia de ciudadanos libres, deberían subsanarse cuanto antes y con el mayor consenso político y social del que, desde el respeto, pero también desde la firmeza democrática, seamos capaces. 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 13 enero 2005)