Política-España

EL COMPROMISO SOCIAL DE LA CULTURA

          

     Una vez, siendo estudiante y durante un viaje en tren a Madrid coincidí con una ciudadana argentina. Durante el mismo, comentamos largamente la difícil transición política que estaba teniendo lugar en el país austral recién salido de una siniestra dictadura militar. Eran los tiempos del Gobierno de Raúl Alfonsín en los que, además de esforzarse por consolidar la naciente democracia, se intentaba salir de una profunda crisis económica a la que había conducido la Junta Militar. Mi compañera de viaje me habló de las propuestas económicas  de Alfonsín, del llamado “Plan Primavera”, y, con profundo pesar, me añadió: “todos los políticos nos hablan de la primavera, pero nunca vemos las flores”.

     Estos recuerdos me vienen ahora a la memoria, enfangados como estamos en la vorágine y el desánimo propiciados por la crisis global que todo lo invade. Y es que tampoco ahora los ciudadanos de a pie vemos la primavera…ni las flores, sólo atisbamos la agudización de la crisis, los sacrificios que se nos exigen, un otoño caliente con la convocatoria de una huelga general plenamente justificada y un futuro incierto y lleno de pesimismo.

     En situaciones así, se hace necesaria una actitud  firme de la ciudadanía en la defensa de soluciones progresistas que supongan una salida justa de la crisis, siempre a favor de los sectores económica y socialmente más débiles. Por ello es tan importante el compromiso público con estas causas de la intelectualidad, del mundo de la cultura, de los sectores universitarios, pues ello sirve de referente al conjunto de la ciudadanía.

Enlazando con la idea anterior, en medio de la convulsa situación política de la España de la II República previa a nuestra dramática guerra civil, Federico García Lorca manifestaba su compromiso personal con los valores que defendía la democracia republicana ante Luís Bagaria, célebre dibujante del diario El Sol con estas palabras: “En este momento dramático del mundo, el artista debe reír y llorar con su pueblo; hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas”. Con estas líricas palabras evocaba García Lorca la necesidad de compromiso del mundo de la cultura con las causas justas: un compromiso que Luís Bagaria asumió desde las páginas de la prensa donde publicaba sus caricaturas, compromiso que mantuvo hasta su muerte en el exilio al poco de concluir la contienda.

     Ese mismo compromiso al que se refería García Lorca lo asumió también Jaime Bagaria Juárez, el hijo del citado dibujante. Jaime, siguiendo la estela de su padre, había iniciado una prometedora carrera como caricaturista la cual truncó la guerra civil. De hecho, iniciada ésta, Jaime se unió a las milicias catalanas que partieron hacia el frente de Aragón en defensa de la legalidad republicana. Jaime Bagaria, afiliado al Sindicato de Dibujantes Profesionales de UGT, resultó herido gravemente en un accidente fortuito ocurrido en Caspe: operado de urgencia en el Hospital de Sangre de Alcañiz, falleció en esta ciudad el 27 de julio de 1937, siendo posteriormente enterrado en el cementerio alcañizano. Al día siguiente, el periódico barcelonés La Vanguardia, que entonces se subtitulaba “diario al servicio de la democracia” y en el cual trabajaba su padre, se hizo eco del trágico suceso a la vez que se lamentaba de cómo el joven Jaime Bagaria había muerto “cuando empezaba a gustar las mieles del triunfo como caricaturista intencionado y sagaz”.

     Ciertamente, en aquellas dramáticas circunstancias bélicas, García Lorca, Jaime Bagaria y tantos otros artistas, intelectuales y personas vinculadas al mundo de la cultura, se comprometieron con la realidad social que les tocó vivir, se metieron “en el fango hasta la cintura”, tal y como había dicho el poeta granadino aunque ello les supusiera la vida, la cárcel, el exilio o el ostracismo por parte del fascismo entonces victorioso.

     Ahora, aunque la realidad no es tan dramática como entonces, resulta no obstante igual de necesario e imprescindible el compromiso militante del mundo de la cultura con los temas que preocupan a la ciudadanía: la defensa de los valores democráticos, la denuncia de la corrupción, el rechazo a las guerras, la defensa del medio ambiente y, de forma especial, la búsqueda de una salida progresista y solidaria a la crisis global sin olvidar tampoco la defensa de la dignidad y la memoria histórica republicana (ahí están los casos de los actos en apoyo al juez Garzón y de denuncia de la impunidad judicial de los crímenes del franquismo).

     El joven dibujante Jaime Bagaria enterrado en Alcañiz o Federico García Lorca, yacente todavía en una  fosa del barranco de Víznar, sentirían de este modo que su ejemplo y sacrificio ha merecido la pena para seguir manteniendo encendida la antorcha de la justicia social, la misma antorcha que hace décadas quiso apagar el fascismo, la misma antorcha que ahora quiere apagar la codicia desenfrenada e insaciable del neoliberalismo y la dictadura de los mercados financieros.

 

     (publicado en El Periódico de Aragón, 19 junio 2010 ; Diario de Teruel, 27 junio 2010)

 

DECEPCIONANTE

         

Con profunda decepción asistimos a las medidas hechas públicas por el Presidente Zapatero el pasado 12 de mayo en el Congreso de los Diputados para afrontar la grave crisis económica, una crisis que, como ocurre siempre en el sistema capitalista, la han generado la codicia y los oscuros intereses del capital financiero y la vamos a tener que pagar los trabajadores.

Decepcionante resulta que Zapatero, que aludió en su intervención parlamentaria a la inaplazable necesidad de realizar “un esfuerzo nacional colectivo, equitativo y justificado”, ante las presiones del Mecanismo Europeo de Estabilización acordado el pasado 9 de mayo, haya optado porque el esfuerzo, lógico y necesario por otra parte, se haga pesar, sobre todo, en los sectores sociales más sensibles a la crisis cual son los trabajadores por cuenta ajena, autónomos, empleados públicos y pensionistas.

Decepcionante ha sido el optar por una salida a la crisis social bendecida por la grandes instancias económicas neoliberales internacionales (FMI, OCDE), por los gobiernos conservadores, por la patronal y por las entidades bancarias. De hecho, ello supone el desmantelamiento de algunos de  los principales avances sociales impulsados por Zapatero en su primera legislatura y el avance de las medidas neoliberales de ajuste duro, propias de cualquier partido de derechas pero inaceptables para una formación política (y para su base electoral) de ideología socialista que aspira a una redistribución más justa de la riqueza. Zapatero, cual un nuevo dolorido Abraham, ha parecido querer sacrificar en el altar del mercado, a su hijo Isaac, esto es, a las políticas sociales y económicas, al diálogo social, que eran (y deben seguir siendo) señas de identidad del proyecto socialista. Un sacrificio que le ha supuesto la pérdida de buena parte de su crédito personal, político y electoral.

Decepcionante resulta constatar cómo Zapatero, ante el embate de la crisis, se ha plegado a la aplicación de unas políticas de ajuste duro, impopulares y antisociales que, hasta ahora, eximen del coste de la crisis a sus verdaderos culpables: el gran capital y la diosa “Mercado” ante la cual parece ser que todos los gobiernos, sean del signo que sean, deben postrarse de forma servil.

Decepcionante resulta que un Gobierno Socialista haya priorizado la salida a la crisis mediante la reducción del gasto público y no por el camino de incrementar los ingresos mediante una fiscalidad progresiva. Ciertamente, hay situaciones evidentes en las que la reducción del gasto resulta imprescindible pero también es cierto que la obsesión por reducir el déficit es una medida neoliberal contraria a la doctrina clásica socialdemócrata que considera que se debe de asumir con naturalidad el déficit en tiempos de recesión dado que el endeudamiento público en tiempos de crisis es la forma de hacer frente a los compromisos sociales y ser un motor de reactivación económica, fomento del empleo y de la inversión pública.

Decepcionante resulta el que la política fiscal siga siendo incapaz de adoptar medidas valientes, justas y redistributivas tales como el restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, la creación de un Impuesto sobre Grandes Fortunas, la reforma del IRPF para aplicar con profundidad una mayor progresividad fiscal (recordemos que, en los últimos años, las rentas altas han pasado de tributar del 56 % al 43 %). También habrá que ser firme en el establecimiento de una fiscalidad más estricta sobre las grandes empresas y, lo que es un clamor ciudadano: gravar con una mayor carga fiscal a las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), un instrumento de inversión opaco de las grandes fortunas que cuenta con importantes ventajas fiscales y que sólo tributa al 1 % de sus plusvalías. Habrá que reconsiderar los tramos del Impuesto de Sociedades, el cual, excepto en el caso de los autónomos y las PYMEs, debería de equipararse a la media europea (42 %), la implantación de una fiscalidad ecológica (ecotasa) a todas las industrias contaminantes.

En esta línea de fiscalidad progresiva y, sobre todo progresista, la Banca no puede quedarse al margen. Con la misma rapidez que ha demandado (y conseguido) ingentes cantidades de dinero público para el rescate de las entidades bancarias o para avalar su solvencia, se les debe ahora implantar alguna tasa o impuesto. No resulta admisible que, mientras el nuevo Gobierno conservador británico de David Cameron se plantea la imposición de un nuevo impuesto sobre la banca, un Gobierno Socialista como es el de Zapatero no tenga el coraje político de meter en cintura a la banca que, hasta ahora, recordémoslo, en medio de la tempestad de la crisis global, es la única que se ha beneficiado económicamente. Es por ello que una auténtica política socialista en tiempos de crisis debería de fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos vinculados al sector financiero y a las industrias multinacionales que, como en el caso de las empresas del automóvil, han recibido elevadas ayudas públicas y, de este modo, acabar de una vez por todas con estas bolsas de flagrante opacidad fiscal que, en estos momentos, resultan más inaceptables e insolidarias que nunca.

Además de lo dicho, en la anodina presidencia española de la Unión Europea  que concluye en junio, el Presidente Zapatero debería de impulsar medidas para la regular los mercados financieros internacionales como la implantación del impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, conocido como la “tasa Tobin”, el control fiscal sobre determinadas inversiones especulativas como las United Linked y los Hedge Funds.

Sólo si a corto plazo el Presidente Zapatero tiene coraje para impulsar estas medidas, consustanciales a la política económica socialdemócrata, sentiremos que los costes sociales de la crisis económica son compartidos de una forma justa por el conjunto de la sociedad española. Sólo así, la militancia socialista y la base social y electoral que apoyamos al PSOE, recuperaremos la esperanza de que el proyecto socialista resulta, de verdad, una alternativa viable a las políticas neoliberales, insolidarias y antisociales que, de ningún modo son la solución para salir del oscuro túnel a donde nos ha conducido la crisis económica global alentada por la codicia de los poderosos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(militante de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE)

(Diario de Teruel, 14 mayo 2010 ; El Periódico de Aragón, 15 mayo 2010 ; La Comarca, 25 mayo 2010)

 

 

LA BATALLA DE LAS IDEAS

         

      Mi amigo Vicent Garcés, portavoz federal de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, suele decir que la izquierda actual debe esforzarse por ganar la batalla de las ideas frente a una derecha que se ha ido rearmando ideológicamente en diversas fuentes doctrinales tales como un autoritarismo de raíces (mal disimuladas) franquistas, un revisionismo histórico carente de metodología y objetividad y, también, desde planteamientos neoliberales que, con su codicia insaciable, nos han conducido a la crisis económica global que actualmente padecemos.

      Ante esta situación, tras el desmoronamiento del comunismo soviético y de los regímenes de sus países satélites a partir de 1989, unido a la actual crisis de la socialdemocracia europea, resulta fundamental el que la izquierda recupere los principios y valores que le dan razón de ser como elemento necesario de transformación social con objeto de construir un mundo más justo, libre y solidario. Sin embargo, en el ámbito del debate ideológico, la izquierda parece ir a la defensiva ante la briosa acometida de una nueva derecha dura y sin complejos que cuenta, además, con poderosos medios de comunicación desde los cuales inculcar su peculiar, parcial e interesada visión del mundo.

      No es ajena a esta ofensiva neoconservadora la aparición de una tendenciosa reinterpretación de la historia reciente, una descarada tergiversación de la realidad histórica con una carga ideológica profundamente conservadora, por no decir reaccionaria, puesta al servicio, como siempre, de los intereses materiales e ideológicos de los poderosos. Los ejemplos son abundantes y están en la mente de todos: el revisionismo histórico enarbolado por historiadores como César Vidal, Luís Suárez, Ricardo de la Cierva o aprendices de historiador como el polémico Pío Moa, que reinterpreta nuestra historia contemporánea de forma tan sesgada como falsa denostando a la II República y sus valores en la misma medida que exculpa al franquismo de sus crímenes a la vez que destaca determinados aspectos de la "modernidad" de la dictadura.

      En este sentido, la invasión "troyana" de los activistas del revisionismo histórico reaccionario, transciende del ámbito histórico para ir calando en el campo de la clase política conservadora española como es el caso de las desafortunadas declaraciones de Aleix Vidal-Quadras sobre la II República a la que se atrevió a calificar de "error histórico" o las de Mayor Oreja relativas a la supuesta "placidez" en que vivíamos los españoles bajo la dictadura franquista. Ante afirmaciones tan sesgadas y carentes de fundamento, me viene a la memoria aquella afirmación de Manuel Azaña cuando aludía a que en España arraigaban con mayor fuerza las estupideces que las acacias.

      También en el ámbito de la política local podemos encontrar algún ejemplo de esta visión beligerante y sesgada de la historia, convertida en ariete político contra el socialismo democrático y que con tanta frecuencia emplea la derecha española. Recuerdo, por ejemplo, un artículo firmado por Javier Martínez, presidente de la Junta Local del PP de Alcañiz titulado "La batalla de las palabras" publicado en este mismo Diario de Teruel el 13 de diciembre de 2008, en el cual podíamos leer una descalificación visceral de los nacionalismos, otra de las bestias negras del pensamiento conservador hispano, señalando que, "el nacionalismo separatista en España no es una ideología, es una patología, una enfermedad. Y como toda enfermedad, conlleva una serie de trastornos que afectan incluso al lenguaje". En mi caso, que para nada me siento nacionalista, considero que semejantes expresiones reflejan con claridad el sustrato ideológico, los demonios interiores, que caracteriza el pensamiento político de la derecha española: puede que no nos gusten los movimientos nacionalistas de corte independentista tanto en cuento se basan en criterios excluyentes e insolidarios pero, en democracia, son sin ninguna duda tan legítimos como los defendidos por quienes se sienten orgullosos de considerarse ciudadanos nacionalistas españoles. Es evidente que no comparto (aunque respeto) los ideales que inspiran al nacionalismo vasco, catalán, gallego o aragonés, pero de ninguna forma son una "patología" política que precise una "intervención quirúrgica" pues ello, el subconsciente de la derecha parece siempre querer anhelar la intervención de un "cirujano de hierro" como diría Costa, o algo peor, que extirpe del cuerpo nacional esta supuesta enfermedad: una lectura muy peligrosa a la hora de comprender la realidad política de nuestra España plural, de esta "nación de naciones" que avanza hacia un modelo territorial federal y, tal vez, también republicano.

      Otro uso perverso de las palabras es cuando la derecha suele reprochar el que tanto la izquierda como los nacionalismos no utilicen el término de "España" y lo sustituyan por el de "Estado Español". Cuando esto se dice por parte de los nacionalistas españoles, hay que recordar que ésta última denominación ya aparecía en el art. 7 de la Constitución de la II República de 1931 y que, posteriormente, el término de "Estado Español" fue la denominación oficial de la España franquista entre 1936 y 1975: se empezó a utilizar tras el golpe liberticida de 1936 para así no aludir a la "República sindical" de orientación fascista que quería implantar los falangistas ni tampoco la monarquía tradicional y católica que anhelaban restablecer, una vez derrocada la República laica, el carlismo y los sectores más conservadores del bando sublevado. En la actualidad, aunque prefiero aludir a España cono realidad política e histórica, también es cierto que el término "Estado Español" resulta una denominación lógica y razonable a utilizar por parte de los grupos políticos nacionalistas y soberanistas para aludir a un Estado constituido por varias naciones, tal y como reconoce el texto constitucional.

      La carga ideológica que conferimos a las palabras puede, pues, articular el diálogo y la convivencia entre modelos políticos y sociales distintos pero, cuando se llenan de tendenciosidad y engaño, se convierten en barreras infranqueables, en simas profundas que diferencia y alejan a las personas, los territorios y los modelos de convivencia social. Por ello es tan importante mantener una actitud abierta, honesta, dialogante y objetiva a la hora de analizar nuestra historia y la necesidad de extraer lecciones positivas que nos sirvan, a todos, para cimentar una sociedad basada en el diálogo cívico, el respeto a la diversidad y no en odios atávicos o en mentiras y falsedades interesadas. Ciertamente nos falta talante, esa deseable y escasa virtud cívica, esa actitud abierta, tolerante y respetuosa que, por lo visto, a fecha de hoy, no ha aprobado todavía la derecha política española y que, por ello, sigue estando un tanto descentrada.

      La batalla de las ideas, el debate profundo que debe caracterizar a toda sociedad democráticamente madura, no puede quedar desvirtuado por la utilización perversa del lenguaje y de la historia colectiva. Todo un reto para historiadores, políticos y, desde luego, para el conjunto de todos nosotros, los ciudadanos de esta nuestra España plural.

 

       (Diario de Teruel, 27 diciembre 2009)

 

 

LUCES Y SOMBRAS DE UNA REFORMA FISCAL

         

      En un artículo reciente, titulado “La fiscalidad progresiva” publicado en este mismo periódico, ya hacía referencia a que, ante épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal, aspecto esencial del modelo de estado de bienestar socialdemócrata con el cual me identifico. Además, con arreglo al artículo 31 de la Constitución referente a que los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, era evidente que las circunstancias actuales exigían una revisión global del sistema tributario. Ello debe suponer, en la práctica, el priorizar una política fiscal basada en los impuestos directos por ser éstos los que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta. De este modo, resulta esencial el impulsar actuaciones concretas tendentes a incidir de forma más efectiva en la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías por ventas de acciones o viviendas, seguros de vida), cuya tributación se efectúa por una triple vía:   el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de no residentes.

Algo, no todo, de este camino hacia una mayor justicia fiscal se ha vislumbrado tras la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, tema éste sobre el que quisiera hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, era importante abordar el incremento de  los impuestos que gravan las rentas del capital, las cuales se elevan, según los casos, al 18 y 21 % de las plusvalías obtenidas. También puede tener efectos positivos la reducción al 20 % (5 puntos menos) del Impuesto sobre Sociedades que afecta a las PYMEs  con la condición de que mantengan o incrementen su plantilla durante los próximos 3 años.

Sin embargo, ha sido decepcionante el que en dicho Proyecto de Ley no se haya acometido la necesaria reforma tributaria de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), convertidas en un pseudofondo de inversión, instrumento de ahorro de las grandes fortunas y, por ello, uno de los más utilizados por las personas con grandes capitales y que actualmente goza de importantes ventajas fiscales (exención en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), con objeto de subir su actual e irrisoria tributación del 1 % sobre sus plusvalías. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el tercer trimestre de 2008 existían 3.369 SICAVs, las cuales contaban con 439.395 socios (la mayoría, hombres de paja, testaferros o “mariachis”, interpuestos por los auténticos dueños) que acumulaban un patrimonio de 27.143,2 millones de euros, esto es, el 76,50 % de lo que casi 17 millones de familias españolas tenían consignadas como rentas de capital mobiliario en el años 2008, según datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Pero, en lugar de tributar al 25 % (al tratarse de una sociedad anónima) o al 18 % (al tratarse de una renta del capital, que es la que pagan los declarantes del IRPF, esto es, las familias y trabajadores), lo hacen a tan sólo al  citado 1 % sobre sus beneficios. En consecuencia, sería necesaria la aplicación de medidas concretas como el que las Cortes Generales restablezcan la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado (IHE)  (en la actualidad, es el único beneficio fiscal que no fiscaliza la IHE), una mayor implicación del Tribunal Económico Administrativo Central con las inspecciones de este tipo de sociedades o la exigencia a las SICAVs de la diferencia entre la tributación del Impuesto de Sociedades  y el 1 % que habían aplicado indebidamente debido a que, aunque en teoría eran instituciones de inversión colectiva, en la práctica se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios, así como la eliminación legal de los inversores ficticios (testaferros o “mariachis”).

Aunque desborda el ámbito de la política fiscal española, también sería necesario avanzar hacia un mayor control fiscal sobre las Unit Linked y de los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas con el único objeto de maximizar su rentabilidad y que, ante la situación financiera actual, es preciso que tengan una regulación más rigurosa. Tal vez cuando España ocupe la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) a partir del 1 de enero de 2010 sea el momento de impulsar medidas concretas para la regulación de los mercados financieros internacionales tales como potenciar el papel del Banco Central Europeo (BCE), dotar de carácter vinculante a las disposiciones de los nuevos organismos recientemente creados (Sistema Europeo de Vigilancia Financiera y Comité Europeo de Riesgos Sistemático), imponer una tasa internacional sobre las transacciones financieras, avanzar hacia una fiscalidad ecológica y, por supuesto, eliminar los paraísos fiscales, empezando por los existentes en la misma UE (Luxemburgo, Jersey o Gibraltar).

En las circunstancias actuales, sigo pensando que el Gobierno Socialista debe restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio para recuperar los 1.800 millones de euros/año que ha dejado de recaudar la Hacienda Pública. Igualmente, la agenda de reformas fiscales no debe olvidar el estudio sobre el establecimiento en un futuro de un impuesto adicional sobre las grandes fortunas o el fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de consejos de Administración y otros colectivos vinculados al sector financiero o a las industrias multinacionales (como las del automóvil) que han solicitado y recibido ayudas públicas, pues es notorio que, en demasiadas ocasiones, la actuación de estos ejecutivos evidencia una opacidad fiscal fragrante, inaceptable y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

Por principio, resulta difícilmente asumible la subida de cualquier impuesto indirecto que grave el consumo por los efectos sociales que de ello se derivan (perjudica a las familias de rentas bajas) y porque  responde a los postulados de las políticas económicas propias del neoliberalismo que no debemos de asumir ni imitar. Además, el pasado 13 de junio ya fueron elevados los impuestos indirectos sobre los hidrocarburos el tabaco con objeto de obtener una recaudación adicional de 1.097 millones de euros. Por ello no resulta aceptable la subida del IVA, tanto en su tipo general (18 %) como en su tipo reducido (8 %), a pesar de que la aplicación de dicho incremento se posponga hasta el 1 de julio de 2010. La subida del IVA sólo servirá para incrementar la presión fiscal sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad y tendrá además el efecto perverso de incrementar la picaresca generada en torno al fraude fiscal. Consecuentemente, la prioridad debe de ser acabar con las bolsas de fraude del IVA antes que plantear una elevación del mismo, para lo cual hay que dotar a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Hacienda del Estado de todos los recursos personales y materiales necesarios.

Pese a lo dicho, queda pendiente el impulsar una fiscalidad verde, la creación de un impuesto ecológico (ecotasa) de carácter finalista. Confiemos en que estos avances en fiscalidad se incluyan en la futura Ley sobre la Economía Sostenible que prepara el Gobierno Socialista. En ella, y a modo de propuesta, también debería de estudiarse igualmente la posibilidad de que, partiendo del cumplimiento estricto del Protocolo de Kyoto, se gravase con algún tipo de tasa arancelaria los productos importados procedentes del aquellos países que, como China o EE.UU. y otros, lo incumplen flagrantemente al ser los principales emisores de gases contaminantes a la atmósfera y, consecuentemente, responsables de la amenaza que el cambio climático supone para el futuro de la Humanidad.

       Ante la necesidad inaplazable de acometer una reforma fiscal en profundidad, las medidas adoptadas por el Gobierno, a fecha de hoy,  resultan tímidas e insuficientes dado que, para avanzar hacia una mayor justicia fiscal, debería de haberse incidido más en la presión tributaria sobre las rentas altas y no haber basado el afán recaudatorio en el fácil recurso de elevar los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. Con todo ello, la sensación general que se extiende entre la ciudadanía es que los que más pueden  no aportan todo lo que debieran, mientras que los trabajadores y clases medias van a ser, como siempre, los que van a soportar no sólo el peso de la crisis, sino, también, los esfuerzos tributarios necesarios para superarla y para  garantizar la inversión productiva y los gastos sociales. Por todo lo dicho, y con arreglo a las propuestas concretas antes citadas, se lograría un sensible avance hacia una mayor justicia fiscal y, además, se consolidaría el modelo social en el cual la redistribución de las rentas por medio de una fiscalidad progresiva, permita alcanzar mayores cotas de progreso y bienestar solidario.

(Diario de Teruel, 6 octubre 2009)

 

EL FUTURO DE EUSKADI

         

 

 

Durante la campaña de las elecciones autonómicas vascas, aunque poco se habla de ello en los mítines, sigue latente la idea del actual Gobierno tripartito vasco (PNV, EA, EB) de consultar a la ciudadanía de Euskadi un proyecto político soberanista, el llamado “Plan Ibarretxe”, también conocido como “Nuevo Estatuto Político de Euskadi”: pese a su frustrado (y jurídicamente ilegal) referéndum que se fijó para el pasado 25 de octubre de 2008, este tema sigue condicionando la agenda política vasca.

Al margen del apasionamiento del debate y de la indudable importancia de las cuestiones que en esta cuestión se dilucidan, lo cierto es que, una vez más se plantea un tema de gran calado político cual es la forma de  articular la relación entre Euskadi y el resto de España, una relación que debe responder a una pregunta crucial: saber si lo vasco y lo español, son conceptos “excluyentes”, tesis de Sabino Arana y los partidos nacionalistas (abertzales),  o “complementarios” tal y como defiende el autonomismo constitucional y los ciudadanos que apostamos por un modelo federal para España. Recordando al gran estadista que fue Manuel Azaña refiriéndose a la cuestión del nacionalismo catalán en el seno de la II República, lo importante ahora es saber si con Euskadi, se “convive” de forma armoniosa o simplemente se “conllevan” ambos proyectos políticos (España y Euskadi), dando lugar por ello a permanentes conflictos entre dos realidades nacionales distintas y con frecuencia enfrentadas.

En este contexto, bueno sería hacer algunas reflexiones sobre esa secular relación (no siempre polémica) entre lo vasco y lo español. Recordemos que, Castilla primero, y España después,  tuvieron un especial respeto por los fueros y demás señas de identidad vascas, lo cual garantizó la fidelidad de éstos a la empresa colectiva de la nación española. Cuando en el s. XIX se produjo el conflicto entre el tradicionalismo carlista, de tan fuerte arraigo en las tierras vasco-navarras, y el liberalismo isabelino, la España moderna se iba abriendo paso, con dificultades, hacia los aires de modernidad política, económica, social y cultural que soplaban en Europa. Pese a la derrota del carlismo insurrecto (y reaccionario), tan reivindicado en ocasiones por el nacionalismo vasco (que incluso dedica calles a Zumalacárregui), lo cierto es que se mantuvo la foralidad vasca por parte del liberalismo español. De hecho, tal y como señalaba mi admirado Mario Onaindía, triste y tempranamente fallecido en el año 2003, el victimismo y la tendenciosidad histórica del nacionalismo vasco gobernante ha ignorado de forma deliberada el que, entre 1839 y 1876, arco cronológico que abarca los finales de las dos contiendas civiles alentadas por el carlismo vasco-navarro, el fuerismo del País Vasco resultó compatible con el funcionamiento del Estado centralista isabelino, lo cual suponía un entendimiento razonable, una convivencia efectiva entre el pueblo vasco y la España liberal (vid.: Mario Onaindía, Guía para orientarse en el laberinto vasco, Madrid, Temas de Hoy, 2000). De este modo, los nacionalistas (abertzales), tanto moderados como radicales, olvidan deliberadamente el respeto del liberalismo español para con la foralidad y las señas de identidad vascas. Incluso,  tras la Ley Derogatoria de los Fueros Vascos de 21 de julio de 1876, el conservador Cánovas quiso compensar al País Vasco con la concesión del privilegio que, todavía a fecha de hoy, suponen los Conciertos Económicos. Y todo ello porque, como señalaba Onaindía, “se comprende que el PNV haya ignorado sistemáticamente esta realidad, porque desde el primer momento han intentado presentar al nacionalismo vasco como la única ideología viable para los vascos, dada la imposibilidad de entendimiento con España, que era desmentida precisamente por esa experiencia histórica basada en el liberalismo”.

El engarce territorial de Euskadi con la España moderna fue intentado de nuevo durante la II República mediante la aprobación del Estatuto de Autonomía, lamentablemente malogrado por la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. La ruptura dramática entre lo vasco y lo español, alentada simultáneamente por el franquismo y el nacionalismo (ahí surgió ETA en 1959), parecía definitiva. Recuperadas las libertades democráticas, una vez más la España constitucional manifestó una innegable actitud conciliadora para con el nacionalismo vasco, a quien se quiso integrar en el nuevo tiempo que, tras la muerte del dictador se iniciaba. Ello hizo que se fuese especialmente generoso con el PNV: se aceptaron las peculiaridades vascas y se aprobó el Estatuto de Gernika (25 octubre 1979) que sirvió para, como señalaba Onandía, “desplegar su enorme capacidad de modernización de la sociedad vasca” y que, ahora, cuando va a cumplir 30 años de vigencia, el Plan Ibarretxe considera “superado”. Y sin embargo, el PNV, hay que decirlo, no actuó con la misma generosidad histórica que tuvieron otros partidos como el PCE (que aceptó incluso la monarquía para consolidar la incipiente democracia) puesto que los seguidores de Arana no votaron favorablemente la Constitución de 1978 y propiciaron la ruptura de la gestión eficaz del período de los gobiernos de coalición PNV-PSE (1986-1998) al abandonar el autonomismo del “espíritu de Arriaga” y emprender  la llamada “vía Juan Mari Ollora” defensora de un “marco vasco de decisión”, del cual surgió el Pacto  de Estella (12 septiembre 1998) sobre impulso de la vía soberanista y la territorialidad de Euskalherria.

Así las cosas, con el Plan Ibarretxe un tanto hibernado, pero latente, se vuelve a plantear de nuevo la cuestión del engarce político y territorial de Euskadi. Es innegable que el lastre dramático de la violencia etarra desvirtúa la posibilidad de una plena y libre voluntad de expresión de la ciudadanía vasca que, sin duda, es quien debe decidir su futuro, en el cual la celebración de un referéndum con todas las garantías legales y jurídicas no sería descartable en el momento oportuno. También es cierto, y nos lo recordaba Onaindía, que los partidos constitucionales deberían realizar una valoración crítica del proceso autonómico y asumir algunas medidas “imprescindibles” tales como la conversión efectiva del Senado en una Cámara de representación territorial y la cuestión del desarrollo de un modelo federal pleno para España, fomentando además los cauces de cooperación y colaboración entre los distintos territorios. Por mi parte, considero que habría que abrir también el debate sobre un tema cual es reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación: independientemente de que se ejerza o no y con todas las garantías democráticas exigibles, debería de contemplarse en todas las constituciones progresistas y, por ello, también en la Constitución Española.

Resulta innegable que hay que entender las diferencias entre lo vasco y lo español no como realidades excluyentes, sino complementarias: ambas son culturas completas, con elementos propios, lo cual genera tensiones y contradicciones. Ciertamente, un conflicto político, y este lo es, requiere soluciones políticas inteligentes y valientes. También generosas, como las que el liberalismo español supo ofrecer tras la victoria militar sobre el carlismo en 1839 (Acuerdos de Vergara) y en 1876 (Conciertos económicos). Tal vez, en un futuro próximo, el eterno dilema planteado por Azaña entre convivir o conllevarse, la cuestión de la relación armoniosa (“amable”, diría Ibarretxe) entre Euskadi y el resto de España, encuentre su estabilidad en la libre y voluntaria adhesión vasca a una España federal, a una futura Federación de Naciones Ibéricas, tal y como defendía hace ya muchos años el dirigente socialista eibarrense Toribio Etxebarría o el “pacto entre diferentes” al que alude con frecuencia Patxi López.  Porque el modelo territorial federal para España, como decía en republicano turolense Víctor Pruneda, debería ser “el suave lazo que a todos une y a ninguno ata”. Tal vez esté ahí la solución.

 

 

 

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 24 febrero 2009 ; Diario de Teruel, 12 marzo 2009).

 

 

ZAPATERO Y TERUEL: LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO

     Como en la mítica canción de Bob Dylan, "los tiempos están cambiando", también en la provincia de Teruel. Y es que, durante los últimos años, un rayo de esperanza se ha ido abriendo paso, se ha roto el fatídico ciclo que, desde hacía demasiados años, atenazaba nuestro futuro. Si desde finales del s. XIX la despoblación, el atraso económico y la carencia de comunicaciones adecuadas eran unos lastres insalvables para nuestra tierra, ciertamente algo ha ido cambiando en todos estos aspectos. Recordemos cómo la provincia de Teruel, de la que en numerosos escritos de figuras de la talla de Pruneda, Gascón y Guimbao, Federico Andrés o los bajoaragoneses Contel o Vidiella, se denunciaba el abandono de las instituciones para con esta tierra, lo cual había producido su dramática "postración", como entonces se decía, el ser la "cenicienta" de las provincias españolas, es ahora cuando se empiezan a vislumbrar signos esperanzadores de desarrollo.

     Estas reflexiones parecen recordarnos que, frente a pasadas desidias, desde hace unos años, se ha apostado desde las instituciones de una forma decidida a favor del futuro de Teruel. En este sentido, el pasado día 7 de febrero, el Presidente Zapatero estuvo en Teruel en un acto político que fue un hito histórico y, ante mas de 2.500 turolenses, reafirmó sus compromisos con nuestra tierra. En el mismo, Zapatero transmitió una apuesta firme por este Teruel que renace y que cree en su futuro: por primera vez, y pese a que es cierto que existen demandas pendientes y alguna decepción acumulada, tenemos los turolenses la sensación de que son atendidas algunas de nuestras demandas históricas. En este sentido, Vicente Guillén transmitía cómo Teruel empieza a dar síntomas de ser una provincia que empieza a despegar: cuestiones largamente demandadas por los regeneracionistas turolenses de finales del s. XIX como era el caso de las comunicaciones empezaban a ser una realidad (Autovía Mudéjar), o se hallaban en proyecto de serlo (Alta Velocidad Teruel-Zaragoza, variante de Alcañiz, desdoblamiento de la N-232), al igual que ocurría con las no menos importantes obras hidráulicas (recrecimiento de Santolea, pantanos de Mora y Lechago, elevación de aguas del Ebro a Andorra).

     Todas estas actuaciones, incluidas en el Plan Específico para Teruel, apoyado de forma decidida por el Gobierno Zapatero, no sólo inciden en las infraestructuras y el desarrollo agrario sino que intentan impulsar actuaciones con gran visión de futuro como PLATEA en la capital provincial o la Ciudad del Motor en Alcañiz, ambas llamadas a tener un importante efecto dinamizador en sus respectivas áreas de influencia. A todo ello habría que añadir, en este período expansivo, la creación de 15.000 empleos nuevos en la provincia.

     Otro signo de optimismo es que, por primera vez en más de un siglo, Teruel empieza a incrementar su población y sus nuevos 5.000 habitantes suponen el romper un ciclo dramático de creciente despoblación, tema éste en el que el aporte de la inmigración ha sido determinante.

     Por su parte, Marcelino Iglesias mantuvo en su discurso la firmeza de las posiciones antitrasvasistas, cuestión de dignidad y garantía de futuro para Aragón ante las pretensiones electorales del PP que no oculta sus intenciones en este sentido aunque las maquille con el eufemístico término de "transferencia" de caudales entre cuencas hidrográficas. Igualmente, la importancia del Estatuto para el desarrollo de Aragón, así como una apuesta decidida por las energías renovables, fueron también destacados por el presidente aragonés.

     Esperada era la intervención de Zapatero, el cual llegaba a Teruel, no ya como candidato sino como Presidente del Gobierno y, por ello, con la obligación de rendir cuentas de su gestión, que ha sido mucha, durante esta legislatura a favor de Teruel. Además, era el momento de presentar proyectos de futuro (ahí está el Museo Nacional Etnográfico) y, desde luego, asumir críticas como las presentadas por Teruel Existe.

     Dicho esto, consideramos que Zapatero ofrece razones ciertas para creer, no en ningún dogma, sino en un hombre que, con honestidad, asume compromisos, tiene una visión ética de la política regida por una escala de valores que, como en el caso de Azaña, no sólo dan razón de ser a la acción política sino que la dignifican. En su discurso, los ideales y valores de la izquierda ocuparon un lugar determinante, todos ellos encaminados a impulsar la igualdad, el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Merecen destacarse las medidas de política social impulsadas por Zapatero, leyes todas ellas impregnadas de los valores de justicia social, de solidaridad, de igualdad, de ampliación de libertades: Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004), Ley de matrimonios homosexuales (2005), Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia (2006) o la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres (2007). Además, Zapatero se compromete de forma decidida a que, si logra la victoria electoral, dar en la próxima legislatura un nuevo impulso a las políticas a favor de las mujeres y de los jóvenes. Ciertamente, nos falta todavía perspectiva para calibrar el auténtico calado de las medidas en materia de política social del Gobierno Zapatero desarrolladas durante estos 4 últimos años y que han puesto a España entre los países más avanzados del mundo en esta cuestión, que consolida (y amplía) el estado de bienestar. Pese a las críticas viscerales de la derecha, tenemos serias dudas que, en caso de llegar al poder el PP, se atreviese a derogarlas, al igual que tampoco lo hizo durante los 8 años de Gobierno Aznar con las leyes del divorcio o del aborto.

     Otro eje fundamental de la política de Zapatero es el impulso al desarrollo económico el cual, pese a la desaceleración cierta que percibimos, en absoluto presenta los negros nubarrones que los agoreros de la derecha quieren hacernos creer, un desarrollo que se ha reflejado en estos años en un mayor crecimiento que el de los países de nuestro entorno y que, justo es reconocerlo, no hubiera sido posible sin el aporte debido a los trabajadores inmigrantes, a los cuales la derecha minusvalora con cierto aire xenófobo, así como también a la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral.

     La nobleza de la política es transmitir ética, honestidad, reconocer errores y limitaciones, lograr realizaciones prácticas que, de forma gradual pero continuada, impulsen el progreso de nuestra sociedad y tengan siempre, como primera referencia y compromiso, la defensa de los sectores más débiles y desfavorecidos. Por eso consideramos que, en Teruel, votar socialista es el auténtico voto útil de la izquierda para frenar a la derecha rancia y desabrida, fatalista y rencorosa que sólo anhela recuperar el poder para frenar los avances sociales logrados por las políticas socialistas impulsadas por Zapatero. Y es que, como Bob Dylan, pensamos que los tiempos están cambiando (para mejor) en España y, desde luego en Teruel y todos avances logrados y los que quedan por conseguir, no sólo ennoblecen a la política, sino también a aquellos que, como Zapatero, los impulsan y por ello tenemos no sólo razones para creer sino, también, para darle nuestro decidido apoyo.

 

José Ramón Villanueva Herrero y Cándido Marquesán Millán.

(La Comarca, 15 de febrero de 2008)

(Diario de Teruel, 16 de febrero de 2008)

 

EL DESEMBARCO POLÍTICO DE PIZARRO

      El fichaje de Manuel Pizarro por Mariano Rajoy ha sido recibido por los poderes mediáticos, vinculados con el PP, con gran alegría. Quieren transmitir la sensación de que las elecciones se decantan inexorablemente hacia la derecha. Sin embargo, las cosas son más complicadas. Nadie puede cuestionar que Pizarro tiene una gran experiencia en el mundo empresarial, aunque para moverse en la política ese bagaje no parece suficiente.

      Durante su gestión al frente de Endesa,  no está de más recordar  cómo, cuando se produce la primera Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Gas Natural, las acciones de Endesa languidecían ante la indiferencia del universo inversor: las recomendaciones de compra eran escasas,  no había catalizador, ni plan estratégico, ni idea de negocio. Si hubo una OPA sobre Endesa es porque alguien, llámese como se llame, percibió que estaba barata y que, la razón de que la firma cotizara a esos bajos ratios, era consecuencia de una mala gestión. Nadie está dispuesto a pagar una prima si no puede rentabilizarla. Pero Pizarro entendió que la OPA que la catalana Gas Natural lanzó en 2005 sobre Endesa era fruto de un acuerdo político que suponía quedarse con la eléctrica "por un precio ridículo".

     A partir de ahí comenzaron los procesos judiciales. Para cortar el paso a la empresa catalana, controlada por La Caixa, negoció con el gigante alemán E.ON. El Gobierno intentó evitarla por un decreto-ley que le permitiera reforzar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La pugna por Endesa se cerró en octubre de 2007 tras más de dos años de proceso.

     Pero el acontecimiento más conocido de este nuevo personaje político fue cuando, el 17 de septiembre de 2005, salió en tromba ante los medios de comunicación con un ejemplar de la Constitución para denunciar que la OPA era inconstitucional alegando que en España no había seguridad jurídica y que había que ir a buscarla a Nueva York..

     Muchos accionistas de Endesa le están agradecidos porque elevó un 112 % el valor de las acciones de la empresa. A buen seguro que el PP también lo recordará para ensalzar su capacidad de gestión.

     Ahora Pizarro deja el mundo empresarial para saltar a la política, es decir, la carrera contraria a la de su amigo Rodrigo Rato, que es uno de los consejeros mejor pagados. Pizarro dejó Endesa con una indemnización de unos 12 millones de euros, tras duplicarse el sueldo en 2006 y ganar 3,2 millones. Además, obtuvo cuatro millones por la venta de acciones. Quizá ya ha ganado dinero suficiente y ahora sólo le motiva el poder.

     Que finalmente haya sido atraído por Rajoy a la esfera política, a primera vista podría parecer un tanto sorprendente, si tenemos en cuenta que en declaraciones no muy lejanas en el tiempo a la COPE,  la había descartado de pleno, aunque afirmó que ayudaría a lo que creyera que era mejor para el país. También indicó, sobre su paso a la política, que "las vocaciones tardías son como los amores otoñales".

     De lo que ya no podemos extrañarnos tanto es que dado este paso, lo haya hecho hacia la derecha. Es nieto del general Manuel Pizarro Cenjor Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Teruel, cargo que ocupó desde julio de 1947 hasta 1954, así como también Jefe de la V Región de la Guardia Civil, que llegó a la provincia con el mandato expreso de Franco de sofocar el movimiento guerrillero, al igual que había hecho antes en las provincias de León y Granada. Se consideraba, estrecho colaborador del general Franco, tuvo un carácter duro, autoritario e implacable. Y realmente cumplió la misión que se le había encomendado. Es por ello que podemos imaginar la posición del nieto del general Pizarro en un tema de tan candente actualidad como es el de la recientemente aprobada Ley de la Memoria Histórica.

     Por otra parte, es sabido que ha estado siempre cerca del PP. De hecho, en 1996 ya recibió la primera oferta para incorporarse al Gobierno, pero prefirió quedarse "en la retaguardia", como él decía. Esta posición le permitió mantenerse en la empresa privada, donde ha ganado un patrimonio más que razonable y desde donde ha utilizado sus múltiples contactos políticos. Nunca ha ocultado su amistad con el ex presidente José María Aznar, y se ha convertido en un controlador del poder económico para el PP, además de ponente habitual en los cursos organizados por la FAES.  A todos los asistentes a una conferencia suya impartida en el Colegio Mayor de San Pablo sorprendió al mencionar los comienzos de su actividad intelectual en el seno de un pequeño grupo de liberales convencidos, reunidos en la calle Zorrilla tras las sesiones del Congreso. Este selecto grupo estaba formado en gran parte por diputados del Grupo Popular, como el entonces desconocido José María Aznar, Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Loyola de Palacio, o el mencionado Pedro Schwartz y surgió a principio de la década de los años 80 como reacción al entonces pensamiento único socialista e intervencionista en el ámbito económico, comenzando a oponer a las ideas keynesianas reinantes las tesis liberales del recién fallecido, Milton Friedman. Los componentes de este grupo gestaron el cambio liberal en España.

     Como era de esperar  Pizarro ha sido recibido con los brazos abiertos por los empresarios, tras hacerse público su fichaje como «número dos» de Mariano Rajoy en la candidatura del PP por Madrid. Para el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, Pizarro «ha sido un magnífico gestor» al frente de Endesa, y se mostró convencido de que «lo hará muy bien en la política». Muy al contrario que en Cataluña, ya que antes de dar la empresa a una compañía española radicada en Cataluña prefirió un comprador alemán. En este aspecto Mariano Rajoy arriesga mucho, ya que un partido aspirante a gobernar en toda España no debe arriesgarse a convertirse en una fuerza casi testimonial en Cataluña. Pizarro, que hace alarde de su condición de aragonés (y turolense), suponemos que, en sus nuevas tareas políticas será un firme defensor de su tierra y, por ello, se opondrá con la misma energía de la que hizo gala como presidente de Endesa ante las Opas que consideraba hostiles para su compañía, a los intentos, presentes y futuros, de trasvasar el Ebro, aspecto éste que, defendido por Rajoy e incluido en el programa electoral del PP, sería un factor de desvertebración territorial de España.

     Fallidos los intentos de erosionar al gobierno en los frentes del terrorismo, del territorial o el educativo, los dirigentes del PP iniciaron una nueva ofensiva contra la política económica del Gobierno de España.    Rajoy se encaminaba hacia las próximas elecciones sin ningún peón de prestigio en el ámbito económico con el que oponerse  al consistente y sesudo Solbes, lo que le vaticinaba un auténtico suicidio electoral.  Lo que le hacía necesario tomar una decisión a la desesperada. Por ello,  la batalla electoral sobre el campo de la economía se aventura de alto nivel.

Cándido Marquesán Millán y José Ramón Villanueva Herrero

(Extremadura al día, 17 enero 2008)

(Diario de Teruel, 20 enero 2008)

 

ZAPATERO, UN BUEN PRESIDENTE

      En el transcurso de nuestra joven democracia en España, nunca como ahora un Presidente del Gobierno se había  visto sometido a unas críticas tan duras.  Le llueven  desde la agria oposición del PP y, también, desde  poderosos medios de comunicación (COPE, ABC, El Mundo, La Razón, etc.),  así como también del periódico de mayor tirada en Aragón. Todos ellos tratan de sembrar en la sociedad española la idea de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es un desastre,  que algún cataclismo cósmico está próximo y por ello se hace inevitable una moción de censura o un adelanto de las elecciones. Esta campaña, visceral y demagógica impulsada por el PP, ese “aparato con licencia para mentir”, como hace unos días lo definía Andrés Perelló, recuerda la que,  en tiempos de la II República, hicieron las derechas contra Manuel Azaña, aquel brillante político e intelectual que acometió con valentía las profundas reformas que la España de aquel entonces precisaba.Entendemos que estas críticas contra Zapatero son totalmente  infundadas, dado que,  en poco más de tres años de Gobierno socialista, ha tomado todo un conjunto de importantes decisiones políticas, económicas y sociales que deben ser valoradas en su auténtica dimensión. A algunas de ellas nos referiremos seguidamente. 

     La primera decisión importante de Zapatero fue salir de una guerra injusta, ilegal e inmoral, cual era el conflicto de Irak,  decisión nada fácil si tenemos en cuenta el poder político-militar de los E.E.U.U.. Por ello, se ha mantenido una política exterior digna, europeísta, impulsora de la Alianza de Civilizaciones y solidaria con el Tercer Mundo, mediante la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), de lo cual el Plan África es todo un ejemplo. Por lo que a Aragón respecta, Zapatero paralizó el trasvase del Ebro, tema tan sensible en nuestra tierra,  sin olvidar su apoyo incondicional (político y financiero) a la Expo-2008 de Zaragoza.  

     La situación económica española es buena, con un crecimiento superior a la Unión Europea, EE.UU y Japón, los niveles de paro son los más bajos desde hace 28 años y se ha logrado la histórica cifra de 20 millones de empleos. Todo ello ha hecho que las cuentas públicas se hallen saneadas, con un superávit que permite acometer, en esta legislatura, mayores inversiones en  políticas sociales, educación (+ 63,9 %), investigación (+ 125,2 %),  infraestructuras (+ 21,2 %) y ayuda al desarrollo (106,7 %).

     La inmigración se ha regularizado razonablemente, y a iniciativa española, la Unión Europea ha empezado a desarrollar una política migratoria común . Obviamente hay problemas de adaptación, pero la población inmigrante regularizada, ha servido para nuestra recuperación demográfica, y, mediante sus cotizaciones a la Seguridad Social, garantizan el pago de nuestras pensiones presentes y futuras.  

     Un tema importante como el educativo ha sido encauzado a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE), una Ley que lleva adjunta una Memoria Económica.  Igualmente las dotaciones presupuestarias para becas se han incrementado en un 50 %. Además, el  Estado  ha asumido la responsabilidad de educar a nuestros muchachos mediante la impartición de la asignatura, Educación para la Ciudadanía,  tal y como ocurre en otros países de nuestro entorno, para transmitir los valores de la libertad, de la igualdad, del pluralismo y de la justicia que están en el artículo primero de nuestra Constitución. En definitiva, para que sean ciudadanos libres y conscientes en una sociedad plenamente democrática.

     Zapatero fue igualmente sensible en materia territorial a la necesidad de reformar diversos estatutos de autonomía. De este modo, se aprobó el nuevo Estatuto de Cataluña siguiendo un procedimiento escrupulosamente democrático y,  posteriormente, a este proceso de reformas estatutarias  se sumaron Andalucía, Valencia o Aragón.

     El Gobierno socialista, encabezado por Zapatero, con el apoyo de todas las fuerzas democráticas del Parlamento, y la excepción del Partido PP,  ha tenido la valentía de explorar las posibilidades de alcanzar la paz tras el alto el fuego indefinido de ETA, sin ceder a sus peticiones imposibles. Hizo lo que tenía que hacer: era un deber moral y político, al igual que hicieron otros Gobiernos anteriores, y nadie los critico por ello. Se acusó al Ejecutivo socialista  de hacer concesiones políticas, judiciales y penitenciarias, de haber “vendido” Navarra, de permitir la autodeterminación del País Vasco.  Si las hubiera habido, no se hubiera producido el final de la tregua por parte de ETA. Que nadie le culpe del fracaso de la negociación: todos sabemos quién ha roto el proceso y la derecha debería recordar que lo importante es derrotar a ETA y no a Zapatero.

     Se han aprobado Leyes de profundo calado social pero tenemos la impresión de que no están siendo valoradas convenientemente por la sociedad española. Todas ellas  tienen en común el conceder más derechos a más españoles,  a los colectivos más desfavorecidos, como mujeres, homosexuales o dependientes. Están impregnadas  de valores de justicia social, de solidaridad, de igualdad y de ampliación de las libertades, en definitiva, de los ideales que siempre han caracterizado a la izquierda. Este es el caso de las siguientes: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, sin olvidar el Estatuto del Trabajador Autónomo, del cual se beneficiarán más de 3 millones de españoles. Todo este conjunto de leyes, son tan importantes, que por sí mismas llenarían de contenido toda una legislatura.   

     Por todo lo dicho, consideramos a Zapatero un Presidente con valores, con principios y cumplidor de sus compromisos políticos. Cuando en la noche del 14 de marzo del 2004, recién ganadas las elecciones, los jóvenes le gritaban “¡Zapatero, no nos falles!”, nos venían a la memoria aquellas palabras que Manuel Azaña pronunció en un discurso en Bilbao en  1934: “Es la emoción política un bien escaso porque exige rigor y mesura ante las tentaciones de la inmediatez. Nada más fácil que sucumbir al halago cultivando la imagen que la multitud, con el motivo más peregrino, tiene del dirigente. Ningún empeño más arduo que conservar la frescura y la inocencia del primer discurso público”.  

     Esa frescura e inocencia, así como la firmeza de las convicciones e ideales de progreso que siempre ha defendido Zapatero, hacen que, frente a la soledad a la que pretende condenarlo la demagogia de la derecha (“Anticristo” llegaron a llamarlo en Murcia), sea merecedor del respaldo de la mayoría de los ciudadanos progresistas y, por ello es, en nuestra opinión, un buen Presidente, tal vez el mejor Presidente de la democracia española. 

Cándido Marquesán Millán y José Ramón Villanueva Herrero. 

(Diario de Teruel, 16 julio 2007)