Política-España

EL FEDERALISMO NECESARIO

 

     Asistimos a un creciente y tedioso enfrentamiento entre un nacionalismo español que ha cobrado nuevo impulso desde la llegada del PP al poder y sus intentos de  recentralización competencial y, de otra, el auge de  nacionalismos periféricos que, al no sentirse cómodos en España, desean emprender un camino de la independencia como recientemente se ha comprobado en Cataluña: ello nos recuerda el eterno dilema entre “convivir” o “conllevarse” que  expuso Manuel Azaña con motivo de los debates sobre el Estatuto de Cataluña de 1932 en las Cortes de la II República.

     Desde una perspectiva radicalmente democrática resulta evidente que el actual Estado Autonómico ha entrado en crisis, está “agotado”, como señalaba Josep Ramoneda,  pues se creó con la intención de articular a Euskadi y Cataluña en España y, en cambio, ahora la situación es más tensa que nunca en relación a dichas nacionalidades históricas. Por ello, tres son las salidas posibles para lo que ha dado en llamarse la “España post-autonomica”: la recentralización que defiende la derecha nacionalista española,  la secesión independentista o el federalismo.

     Soy partidario de la vía  federalista como alternativa a la recentralización y a la secesión, por ser solución aceptable para encauzar las derivas nacionalistas tanto del centralismo como de la periferia y por ofrecer un camino válido para redefinir el nuevo mapa territorial de España. El futuro siempre es incierto, pero coincido con Pere Navarro, Primer Secretario del PSC en que, dadas las actuales circunstancias, la España futura, “será federal o no será”. Por ello, el reto  es  articular y una nueva España federal que sea aceptable, asimétrica (ya no vale el “café para todos”) y solidaria para con todos los ciudadanos y, tal vez, en un futuro cercano, bajo una forma de gobierno republicana. En este modelo federal, deberán clarificarse cuestiones esenciales tales como los sistemas de financiación, los modelos de coordinación territorial, una corresponsabilidad política y financiera aceptable, sin olvidar la redefinición del papel del Senado: sólo así se sentarán las bases de un  federalismo solidario, ideal al que aspiró eel frustrado Proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873 o el Proyecto de Pacto o Constitución Federal del Estado Aragonés de 1883, inspirados ambos en la idea del “pactismo”, herencia del pensamiento de Francesc Pí y Margall, esto  la libre, democrática y leal  unión pactada  por los pueblos hispánicos en una estructura política común: la Federación.

     La necesidad de  reformular el modelo territorial del Estado Español va a obligar a emprender una nueva transición política y un gran pacto de estado que, con el añorado “espíritu de consenso”, vincule a todas las fuerzas políticas posibles. En esta misma línea, la importante resolución hecha pública por la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE y su homónima Esquerra Socialista del PSC el pasado 30 de septiembre, plantea la necesidad de un pacto federal que debe desembocar en una profunda reforma de la Constitución de 1978, que ciertamente no es una norma eterna, inmutable  ni infalible, mediante la cual se redefina el papel del Senado, se configure el Estado plurinacional español reconociendo las identidades nacionales que lo conforman, las posibilidades de máximo autogobierno, sin olvidar “la cohesión social y solidaridad interterritorial que reclaman los  derechos de la ciudadanía”. Y añado: también deberían de suprimirse las diputaciones provinciales como último vestigio de un fenecido Estado unitario.

     Sumidos en este incierto siglo XXI, las propuestas federalistas siguen siendo válidas para articular de forma armoniosa la España plural en la que muchos creemos y superar así de forma definitiva cualquier tentación centralista o sentimiento insolidario por parte de los distintos territorios que conforman esta “nación de naciones” que es España. En este sentido, y frente a los intereses de la burguesía catalana, resulta fundamental el papel de la izquierda política y sindical en defensa del federalismo, una lucha histórica que siempre mantuvieron durante la República, la dictadura y la transición, en defensa de la nación catalana dentro de una España plurinacional, recuperando la idea del presidente Companys cuando proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Por ello, el papel a desempeñar por el PSC, como principal fuerza de la izquierda en Cataluña, un partido que asumió las ideas del legado federalista de Pi y Margall, especialmente en diversos posicionamientos expuestos por  Isidre Molas, Pasqual Maragall o Raimon Obiols, va a ser decisivo De este modo, el PSC, comprometido con la España plural desde sus posiciones federalistas y catalanistas, las dos almas que subyacen en el socialismo catalán, debería desempeñar un papel determinante apoyando el derecho a decidir desde una reafirmación de su federalismo y presionando al conjunto del PSOE para que opte con valentía por la senda federal, sobre todo en aquellos sectores del mismo que siguen siendo reticentes a ella.

     La apuesta por un “federalismo cooperativo” es la mejor opción al pluralismo constitutivo de la nación española. De este modo, hay que avanzar, en expresión de José Antonio Pérez Tapias  hacia un “federalismo diferencialista”  como alternativa ante el confederalismo de algunos partidos nacionalistas  y la reactivación de un nuevo nacionalismo español de signo centralista apoyado por los partidos de la derecha tradicional. Retomando una expresión de Víctor Pruneda, el dirigente histórico del federalismo turolense del s. XIX, el modelo propugnado por la República Federal Española es que los territorios que libremente la conformen,  “se sientan unidos por un suave lazo que a todos une y a ninguno ata”: ese es el ideal al que aspiramos los federalistas para España y para el conjunto de esa gran federación que es la Unión Europea.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 8 octubre 2012)

 

 

 

75 AÑOS DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

 

     En este año se cumple  el 75º aniversario de de Radio Nacional de España (RNE),  emisora inaugurada en Salamanca el 19 de enero de 1937 en medio del desgarro dramático que supuso  la guerra civil, para servir de órgano de propaganda de los sublevados contra la República, esto es, del bando llamado “nacional”, de ahí el adjetivo adoptado por dicha emisora.

      Quisiera dedicar unas líneas al origen de RNE no sólo por el reciente aniversario de la misma, sino, también, por el hecho de que fuese su primer director un destacado franquista alcañizano, un jerarca del régimen de larga trayectoria política,  Emilio Díaz Ferrer y Gascón (1896-1966), el cual fue alcalde de Alcañiz durante 13 años (1942-1955) y procurador en las Cortes franquistas durante cuatro legislaturas.

     Emilio Díaz, en una entrevista que publicó El Noticiero el 5 de febrero de 1956, relataba cómo surgió RNE y la  importante labor propagandística de la emisora al servicio de la España franquista. Así, Díaz, voluntario falangista al inicio de la guerra, fue más tarde nombrado delegado de Falange en el periódico zaragozano Amanecer y estuvo como corresponsal en el frente de Madrid durante noviembre de 1936 en lo que se suponía la inminente conquista de la capital por las fuerzas franquistas. La heroica defensa republicana de la misma desbarató los planes militares de los sublevados de poner fin de una forma rápida a la contienda, la cual, a partir de entonces, se convirtió en una lucha  larga y sangrienta.

     Fracasado el ataque frontal contra Madrid, Emilio Díaz fue enviado a Salamanca, en donde se hallaba el cuartel general de Franco. Allí, como el falangista alcañizano relata, se reencontró con su viejo amigo el general Millán Astray y éste, “me puso a sus inmediatas órdenes”. Millán Astray, fundador con Franco de la Legión, hombre rudo y violento que protagonizó el 12 de octubre de 1936 un sonado enfrentamiento con un Unamuno anciano y desencantado cuando bramó aquel grito cavernario de “Muera la inteligencia!”, había sido nombrado por Franco Primer Delegado de Prensa y Propaganda de la España nacional con el objeto de que “organizase sin dilación un organismo rector de la divulgación de las noticias de la guerra”. De este modo, Millán Astray  hizo uso de una pequeña emisora de 2,5 Kw instalada en un estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad salmantina sito en el palacio de Anaya. Allí  se colocó un micrófono conectado con un cable a las instalaciones de Radio Salamanca: este fue el origen de RNE.

     Entre el personal encargado de poner en marcha la nueva emisora “nacional”, además de Millán Astray, (que obligaba a los periodistas a sus órdenes a cuadrarse y alinearse a toque de silbato como si de un cuartel se tratara), estaban Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Montes y Emilio Díaz. No obstante, la salida de Jiménez Caballero a realizar tareas propagandísticas en la Italia fascista, hizo que Emilio Díaz fuese nombrado “segundo jefe de la Delegación y director de Radio Nacional”. Gradualmente se fueron incorporando otros colaboradores como Vicente Gay, Juan Aparicio, Víctor de la Serna, Antonio de Obregón, Mariano Rodríguez de Rivas, Antonio Asenjo, José Antonio Jiménez Arnau y el dominico P. Getino, responsable de una sección que Díaz define como “la guerra vista a través de la Teología”, claro ejemplo de la instrumentalización del sentimiento religioso por parte de los sublevados. De las tareas de locutor se encargó el mismo Emilio Díaz hasta que más tarde se contrató al actor Fernando Fernández de Córdoba, cuya voz leyó, con el habitual tono castrense, el último parte militar de la guerra.

     La inauguración oficial de RNE tuvo lugar el 19 de enero de 1937 por parte de Franco, acompañado de Vicente Gay (segundo Delegado del Estado para Prensa y Propaganda), el embajador de la Alemania nazi (Von Faupel) y, a su lado,  Emilio Díaz, el primer director de la emisora, tal y como se refleja en las fotografías de la época. Para entonces, las instalaciones de RNE habían mejorado considerablemente puesto que se había comprado una emisora nueva en la Alemania hitleriana de 79 kw de potencia y “montada en siete camiones”. A ella se refería con admiración Emilio Díaz: “era una emisora formidable entonces y de grandes ventajas para una nación en guerra, ya que llevaba generadores para producirse ella misma la energía que se gastaba”. Todos estos equipos fueron instalados por el ingeniero alemán Von Krasner en el Frontón Salamanca, en donde se contaba con diversos estudios de grabación y, también,  con una antena telescópica de 40 metros. Emilio Díaz permaneció al frente de RNE hasta finales de abril de 1937, momento en que fue sustituido por el periodista Jacinto Miquelarena.

     Nada queda de aquellos orígenes fascistas de RNE excepción hecha del adjetivo de “nacional”  y las alusiones coloquiales a los  “partes”, término de reminiscencia militar, en referencia a los boletines de guerra del bando franquista que, precedidos de un toque de corneta, eran leídos con aire marcial y retórica franquista durante la contienda civil. Y es que también RNE tiene su historia, tiene su memoria histórica, vinculada en sus orígenes a un fascista turolense de incómoda memoria y que ahora, cuando se han cumplido los 75 años de vida de dicha emisora,  hemos querido recordar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 4 junio 2012)

 

UNA DERIVA AUTORITARIA

 

     Cumplido ya el primer aniversario del Movimiento 15-M,  se constata cómo el Gobierno de Rajoy ha puesto en su punto de mira al espíritu de rebeldía cívica que éste representa: desde una visión arcaica y restrictiva del derecho a la libertad de expresión, no oculta su rechazo a que la ciudadanía manifieste su indignación en las calles y plazas de España…y ha pasado a la ofensiva. De hecho, estamos asistiendo a un plan sistemático de desprestigio y acoso con dos objetivos muy concretos: la demonización del 15-M y la adopción de medidas  para neutralizarlo socialmente.

     Esta deriva autoritaria está obsesionada con desacreditar todo lo que significa el 15-M y sus protestas ciudadanas (acampadas “ilegales”, estudiantes considerados “enemigos”, acusaciones de “radicalidad ideológica” etc.). Ello supone, como señalaba Democracia Real Ya (DRY), un intento político e ideológico de la derecha para  criminalizar la indignación, los movimientos sociales el malestar generado por la gestión (antisocial) de la crisis económica.

     Esta ofensiva involucionista pretende amedrentar a los ciudadanos como es el uso creciente y desproporcionado de la policía en tareas represivas, algo que cada vez tiene más similitudes con las prácticas policiales del franquismo: el PP, obsesionado con el “principio de autoridad”, parece mantenerse fiel a la peor herencia del legado político de Manuel Fraga, aquella que se resumía en su nefasta frase de “la calle es mía”. Así las cosas, contrasta la dureza con que se cercenan las protestas ciudadanas con la sumisión manifiesta de Rajoy ante los recortes y ajustes que, en materia económica, nos impone  la dictadura de los mercados. Por ello, variando el sentido de los versos que García Lorca dedicó a Ignacio Sánchez Mejías, podríamos decir de nuestro Gobierno: “¡Qué blando con las espuelas, que duro con las espigas!”, esto es, ¡ qué servil con los poderosos, que implacable con los sectores más débiles de la sociedad!.

     En esta línea, resulta preocupante las pretensiones gubernamentales de endurecer el Código Penal (restricción del derecho de reunión, ampliación de las conductas constitutivas de “atentado contra la autoridad”   y de los delitos de “desorden público” y de   “integración en organización criminal”):  es lo que Gerardo Pisarello y Jaume Asens, juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), han calificado como una auténtica campaña de “demagogia punitiva” que tiene por objeto la “criminalización” de las protestas ciudadanas, y eso es muy preocupante en una sociedad democrática. Especialmente grave es la prevista aplicación de “organización criminal” a la actuación del movimiento indignado y que, según el artículo 570 bis del Código Penal viene definida como  una agrupación en la que, “de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas”, algo que, bajo ningún concepto puede aplicarse al 15-M, un movimiento pacífico con un profundo sentido democrático. Este endurecimiento del Código Penal que pretende convertir la resistencia pasiva en una nueva modalidad de “atentado contra la autoridad”, podría llevar a aberraciones tales como que,  de aplicarse este criterio, Mahatma Ghandi sería encarcelado si las pretendidas reformas penales de los ministros Fernández Díaz y Gallardón estuviesen en vigor en España.

     Ante esta situación, Amnistía Internacional (AI) advertía al Gobierno español que, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cualquier reforma del Código Penal debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica. Más aún, según la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 17 de julio de 2008, se establece que las autoridades deben mostrar “cierta tolerancia hacia las reuniones pacíficas para no privar de todo contenido a la libertad de reunión”, algo de lo que deberían tomar nota el Ministerio del Interior y Cristina Cifuentes, la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. En cuanto a las posibles responsabilidades derivadas de actos violentos, Esteban Beltrán, Director de AI en España, recordaba que, según las Directrices sobre Libertad de Reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), “los organizadores  de manifestaciones no serán responsables de los actos de cada participante” y que, en caso de incidentes, “son las personas que presuntamente hayan cometido dichas infracciones quienes deberán responder de las mismas y no los organizadores”, evitando, de este modo, penalizar, como se hace desde la derecha política y mediática, a todo el colectivo del 15-M por las acciones reprochables (y aisladas) de elementos violentos que no representan, en absoluto, ni al espíritu ni a la mayoría de este movimiento cívico.

     Con una ciudadanía cada vez más empobrecida y controlada, estamos asistiendo a un recorte de derechos cívicos que nos avoca a una democracia devaluada. Por ello, ante la amenaza de la deriva autoritaria que nos sobrevuela, resulta obvio que, como opinan Pisarello y Asens, “frente al uso demagógico del discurso securitario sólo hay una respuesta: ganar la calle y exigir la seguridad en el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población”. Ese es el camino pues, como decía Julio Cortázar, “tenemos que obligar a la realidad a que obedezca a nuestros sueños”, los sueños de esa esperanza que nació un 15 de mayo de 2011.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 21 mayo 2012)

 

EL VERDADERO PATRIOTISMO

 

     En estas últimas fechas, estamos asistiendo por parte de la derecha política y mediática a un rebrote de un nacionalismo español de tintes rancios y caducos. El último ejemplo ha sido la defensa de la multinacional (¿española?) Repsol-YPF ante el proceso nacionalizador iniciado por la Presidenta  argentina  Cristina Fernández y que el Gobierno de Rajoy  ha interpretado como una ofensa, un agravio a España. Sorprende ver el coraje ardoroso demostrado por nuestros gobernantes en la defensa de los intereses, exclusivamente económicos, de una multinacional que,  ni representa a  España ni su capital mayoritario es español, mientras que esos mismos gobernantes fustigan a sus propios ciudadanos con  una dura y continuada política de ajustes.

     Algo similar ocurrió durante la pasada huelga general del 29 de marzo cuando la prensa conservadora cargó toda su artillería contra el movimiento sindical y los ciudadanos que libre y conscientemente optamos por ejercer este derecho constitucional  como protesta ante una reforma laboral impuesta a los trabajadores y que resulta, indudablemente, inútil, ineficaz e injusta como el tiempo demostrará y que sin embargo fue presentada como una actitud “antiespañola” en dichos medios afines a la derecha. Así, pudimos ver la portada antihuelga del diario La Razón con aquel “Trabaja por España” envuelto en la bandera o el demagógico editorial de La Gaceta de “España quiere trabajar, los sindicatos la paran”, como ejemplos evidentes de la patrimonialización interesada del sentimiento nacional.

   Recordando estos hechos, pienso que, como señalaba Mario Onaindía, se confunden con frecuencia los conceptos de “nacionalismo” y de “patriotismo” cuando en realidad se trata de dos visiones contrapuestas: frente al nacionalismo que supone una exaltación estatal de la raza, la lengua y la historia, siempre confeccionada a medida, existe un tipo de patriotismo distinto que concibe a la nación como “un espacio de libertades, de amparo y de seguridad de derechos y de participación ciudadana”, ideas que entroncan con el  término de “patriotismo constitucional” acuñado por Jünger Habermas, y con  el “republicanismo cívico” de Philip Petit. Es por ello que, como advertía Onaindía, aunque el lenguaje corriente considera sinónimos el “amor a la patria” y la “lealtad a la nación”, “patriotismo” y “nacionalismo” deben diferenciarse puesto que “para los patriotas de inspiración republicana, el valor principal es la República y la forma de vida libre que ésta permite; en cambio, los nacionalistas consideran que los valores primordiales son la unidad espiritual y cultural del pueblo, dejando en segundo término u olvidando totalmente la lealtad hacia las instituciones que garantizan las libertades”. Milton decía que “la patria de uno es allí donde se siente libre”, idea coincidente con Diderot, para quien el verdadero patriotismo no era la vinculación a una tierra sino el afecto que el pueblo siente por las comunidades de hombres libres “que viven juntos por el bien común”, algo que resulta oportuno recordar ahora que cada vez somos menos libres ante la dictadura de los mercados y el bien común colectivo está siendo arrumbado por el individualismo insolidario y el naufragio de ideales y valores en que nos ha sumido la crisis global.

     Desde este punto de vista, el verdadero patriotismo, además de las libertades formales es el que, defiende, en los tiempos actuales, los derechos laborales, la educación y la sanidad pública, las prestaciones de dependencia, la aspiración de avanzar de forma decidida hacia una auténtica democracia económica, la fiscalidad progresiva, todo aquello que conforma el “Estado social y democrático de Derecho” que consagra el artículo 1º de nuestra Constitución.  Esto es el verdadero patriotismo constitucional, como lo es el ejemplo de aquellos empresarios que, como ocurre en Alemania o Francia, han solicitado públicamente pagar más impuestos como compromiso cívico en estos tiempos de recesión: en cambio, en España, no se tiene noticia de que ninguna figura relevante del empresariado haya manifestado una actitud similar.

    En la Constitución de Cádiz de 1812, de la que ahora se cumple su bicentenario,  se señala que “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de la sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen” (art. 13), esto es, el derecho constitucional a ser felices, una aspiración que debemos retomar en estos tiempos de zozobra, desánimo y depresión, no sólo económica sino también social.

   Todos estos valores propios del verdadero patriotismo, tan contrarios a los patrioteros de salón a los que se refería Cándido Marquesán en un reciente artículo publicado en este mismo periódico, están alejados de las posiciones de esa derecha, caracterizada históricamente por su visión conservadora y restrictiva de las libertades cívicas, esa derecha que prioriza el concepto etéreo de “nación”, de España, y olvida las aspiraciones y demandas de la ciudadanía. Por todo ello, el verdadero patriotismo, aún en estos tiempos de globalización, se manifiesta en la defensa de los valores cívicos, de los derechos y libertades ante la actual amenaza que estos sufren de recortes y retrocesos y se desvincula de los caducos y marchitos conceptos idealizados por el conservadurismo de ayer y de hoy. Y es que, desde este punto de vista, es más patriota el trabajador que defiende sus derechos y aspira en avanzar hacia mayores cotas de justicia social, que aquellos otros que, envueltos en una bandera, la emplean como coartada para desmantelar logros históricos del acosado Estado de Bienestar y que, tras ser beneficiarios de una reforma laboral hecha a su medida y de una generosa amnistía fiscal,  no tienen ningún escrúpulo en ser cómplices del enorme fraude fiscal  aunque ello esté hundiendo a (su) querida España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 29 abril 2012)

 

 

SIEMPRE NOS QUEDARÁ LA JUVENTUD

 

     Desde que el pasado 15 de febrero los jóvenes del Instituto “Luís Vives” iniciaron su protesta, se ha empezado a hablar de una “primavera valenciana”, de una deseable rebeldía juvenil, consciente de los recortes de derechos sociales y de las amenazas que se ciernen sobre la educación pública, cuyas protestas han tenido las consecuencias de todos conocidas: una brutalidad represiva policial, con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, al igual que ocurrió con el procesamiento y condena del juez Garzón, lo cual hace que algunos autores califiquen a España como una “democracia de baja intensidad”.

     No se entiende este movimiento de protesta sin tener presente el negro horizonte que, sobre todo para los jóvenes, presenta la crisis económica y la severa e implacable agenda de ajustes y recortes  que el Gobierno de Rajoy está realizando y, más aún, las que pretende aplicar en un futuro inmediato.

Los jóvenes valencianos han prendido la llama de la indignación en un Instituto que, precisamente, lleva el nombre de Luís Vives, aquel humanista del s. XVI de origen judeoconverso que, como autor del  Tratado del socorro de  los pobres (1525), se le considera el precursor en Europa  de la organización de la asistencia y los servicios sociales, los mismos que ahora son tan cuestionados desde la ortodoxia neoliberal y cuyo desmantelamiento-privatización amenazan su existencia. En su origen, las primeras protestas de los jóvenes del Luís Vives surgieron en solidaridad con sus compañeros de otros institutos alicantinos en los que se carecía de calefacción (en plena ola de frío siberiano) y en protesta por otros síntomas de deterioro de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana tales como la pérdida de personal docente que, como denunciaba FETE-UGT, en los dos últimos años se cifra en una reducción de 2.400 profesores. Era pues, una protesta justificada y legítima ante los recortes en materia educativa del Gobierno conservador valenciano de Albert Fabra.

     Pero estos hechos tuvieron consecuencias lamentables: una desmesurada brutalidad policial (hubo niños de 13 años apaleados), detenciones arbitrarias de menores de edad y, todo ello, silenciado por Canal 9, la televisión autonómica controlada por el PP valenciano. No menos reprochable es la versión tendenciosa de los medios de comunicación conservadores que, como ABC, Intereconomía o La Gaceta, que han tergiversado tanto los hechos que han convertido a los escolares en culpables  a la vez que exculpaban a los responsables políticos y policiales de semejante fiasco. De este modo, se ofrecía una versión tendenciosa de los hechos en la que  los culpables pasaban a ser las “víctimas” y, las auténticas víctimas de una brutalidad inaceptable en una democracia madura, eran criminalizadas gravemente llamándolas “enemigos”, algo que descalifica para siempre quien las pronunció:  Antonio Moreno, Jefe Superior de Policía en la capital levantina, declaraciones tan reprochables como las del ministro de Cultura, José Ignacio Wert que, en sede parlamentaria, acusó al PSOE de  alentar lo que calificó como “protesta violenta” de los estudiantes valencianos, una torpeza más de tan polémico ministro. Y es que la derecha ha desplegado toda su artillería verbal y mediática para condenar las demandas juveniles, las causas que la motivaron, así como para desacreditar a los líderes estudiantiles.

     Y, pese a todo, las protestas se han extendido al igual que la legítima exigencia de pedir la dimisión de Paula Sánchez de León, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y del citado Antonio Moreno. En el horizonte hay un nuevo reto: la futura convocatoria de huelga en todos los Institutos para el día 29 de febrero, fecha que coincide con la convocatoria de nuevas manifestaciones de las centrales sindicales contra la regresiva reforma laboral que pretende imponer el Gobierno del PP y que, de no cambiar mucho las cosas, hará inevitable la convocatoria de una huelga general, tal y como ya vaticinó Rajoy.

     Rememorando la mítica frase de Humphrey Bogart en la película Casablanca, en vez de París, podríamos decir que, “Siempre nos quedará la juventud” y, aunque como en aquella memorable las circunstancias del momento sean difíciles,  la juventud siempre es esperanza, enarbola ideales nobles y su inconformismo nos empuja hacia un futuro por conquistar.

Ahora, cuando la voracidad  de las políticas conservadoras y el incierto desenlace de la crisis global todo lo anegan, la juventud es más que nunca una fuerza regeneradora, cargada de utopía que, como ocurrió con el Movimiento 15-M, del cual dijo Josep Ramoneda que sirvió para “reanimar la democracia”, en esta ocasión “la primavera valenciana” ha irrumpido de  nuevo en la escena social  y está dejando oír su voz con fuerza. Algunos análisis simplistas hablarán  de que se trata de un estallido  propio de movimientos antisistema con la intención de desacreditar este saludable impulso juvenil. Pero hay algo más, y eso es lo importante. La juventud, pese a no ser excesivamente proclive a la militancia política y al compromiso sindical, mantiene vivo el grito de rebeldía, de indignación, ante el demoledor panorama que la crisis global ha supuesto, especialmente para los jóvenes, y supone un aldabonazo a nuestra conciencia cívica, un contundente cuestionamiento de la realidad  de un mundo injusto, de una sociedad que les cierra tantas puertas y que, pese a ello, no se resignan a ser una “generación perdida”, lo cual supondría  un drama social de enorme magnitud.

     El futuro sigue incierto y preocupante y, como canta Carlos Goñi en una de sus canciones, estamos en uno de esos momentos en que el futuro se convierte “en una cobra que se enreda en tus pies” y, por ello, la rebeldía juvenil es necesaria, imprescindible. Mi admirado Willy Brandt  solía afirmar que, “donde el coraje cívico no tiene asiento,  la libertad no llega lejos” y por eso, tal vez hoy, frente a tanta adversidad, Bogart nos diría que “siempre nos quedará la juventud”. Afortunadamente.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 27 febrero 2012)

LUÍS BUÑUEL Y LA GUERRA CIVIL

     

     Resulta sorprendente la rica y variada creatividad de Luís Buñuel (1900-1983), quien, al igual que Servet o Goya, es sin duda el aragonés más universal. Fascinante fue su capacidad de plasmar en imágenes cinematográficas, ya míticas, sus conceptos vitales y artísticos, el simbolismo de sus sueños y de su rico mundo creativo. Sin embargo, tal vez sea menos conocida su faceta como hombre comprometido con la realidad política de su tiempo, siempre desde la perspectiva de la vanguardia progresista de la cultura española, en la cual tuvo un papel relevante el ilustre calandino, tal y como quedó reflejado en sus memorias publicadas en 1982 con el título de Mi último suspiro.

     Durante los últimos años de la decrépita monarquía de Alfonso XIII, hallamos a Buñuel en París en donde, atraído por el surrealismo, filma Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), películas que empiezan a labrar su prestigio como cineasta. Posteriormente, y tras una breve estancia en  Hollywood, regresó a Madrid en abril de 1931, “dos días antes de la marcha del rey y de la alborozada proclamación de la República Española”. De este modo, Buñuel, al igual que el sector progresista de la intelectualidad y la cultura española,  recibió con alegría y esperanza el proyecto regenerador que II República suponía para España. Sin embargo, al poco tiempo volvió a París, de donde no retornaría hasta 1934: para entonces, todo había cambiado y, “la alegría que en un principio era general, se ensombreció rápidamente, para dejar paso a la inquietud primero y, después a la angustia”, constatando con pesar el acoso al que las derechas sometían a la joven República y a la política reformista por ella iniciada.

     Cuestión polémica será si, durante estos años llegó a militar Buñuel en el PCE, lo cual niega repetidamente en sus memorias, a pesar de que reconoce que fue “un gran simpatizante” del mismo y que formó parte de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. En cambio, Román Gubert y Paul Hammond, sostienen documentalmente en su libro Los años rojos de Luís Buñuel (2009), que el cineasta calandino estuvo afiliado el PCE desde 1932 hasta 1938, fecha ésta última en que, al llegar a los EE.UU., abandonó la militancia comunista “por pura supervivencia”.

     La sublevación militar de julio de 1936  sorprendió a Buñuel en Madrid, donde pudo escuchar los combates ocurridos en el Cuartel de la Montaña. En aquellos dramáticos momentos, rechaza la sublevación fascista pero, a su vez, los sucesos revolucionarios lo encuentran, según sus propias palabras, “desorientado” e “incrédulo”. Siente miedo y critica la violencia incontrolada e irracional de los milicianos anarquistas puesto que “no podía soportar su comportamiento arbitrario, imprevisible y su fanatismo”. Con especial dolor, sintió las brutalidades cometidas tanto por éstos como por los fascistas en su querida Calanda, uno de los pueblos más ensangrentados de aquella España cainita que, rememorando la imagen del Saturno de Goya, devoraba sin piedad a sus propios hijos. No obstante, y volviendo a Madrid, Buñuel consiguió salvar la vida del cineasta José Luís Sáenz de Heredia,  primo de José Antonio Primo de Rivera y más tarde principal símbolo de la filmografía de la dictadura franquista. En cambio, no tuvo la misma suerte en el caso de su amigo Federico García Lorca al que, unos días antes de comenzar la guerra, quiso retener de forma infructuosa en Madrid: de haberlo logrado, tal vez Federico hubiese salvado la vida, una vida que tuvo un trágico final con el  asesinato del poeta en el barranco granadino de Víznar.

     Pero al margen de tantas tragedias, de tantos crímenes como se estaban cometiendo en el fragor de una guerra civil e implacable, Buñuel se comprometió de forma decidida con la causa republicana. De este modo, y a instancias de Luís Araquistáin, entonces embajador en París,  se trasladó a la capital gala para desempeñar tareas de propaganda e información en la legación diplomática republicana. Así, entre otras funciones, supervisó la producción y realización de la película  España Leal en Armas, se encargó de la programación cinematográfica del pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937, la misma en la que se expuso el inmortal “Guernica” de Picasso, una obra de la que por cierto, Buñuel no tenía una opinión muy favorable. También realizó otro tipo de misiones: en una ocasión llegó a hacer de guardaespaldas de Juan Negrín, el presidente del Gobierno de la República en una de sus visitas a la capital francesa e incluso se trasladó a la localidad vasco-francesa de Bayona con la misión de ocuparse “del lanzamiento por encima de los Pirineos de pequeños globos cargados de octavillas” con la ayuda de un grupo de amigos comunistas. Durante su tiempo de estancia en París, lamentó amargamente la actitud del Gobierno francés que se negó a prestar su apoyo a la asediada República Española, “y ello por cobardía, por miedo a los fascistas franceses, por temor a complicaciones internacionales”. Y, sin embargo, destaca con emoción cómo, en contraste, el pueblo francés, “y en particular, los obreros miembros de la CGT, nos aportaban una ayuda considerable y desinteresada”.

     En la fase final de la contienda, Marcelino Pascua, en nuevo embajador republicano en París,  lo envió a Hollywood para trabajar como asesor histórico de películas en apoyo a la República Española. Allí encontró un nuevo territorio hostil puesto que la Asociación General de Productores Americanos, obedeciendo órdenes directas de Washington, prohibió las películas sobre la guerra civil. Tampoco halló Buñuel excesivo apoyo en las estrellas del momento: Charles Chaplin se negó a firmar un manifiesto a favor de la República  mientras que John Wayne, ultraconservador y antirrepublicano,  organizó un Comité de artistas favorables al bando franquista, del cual fue su presidente y que hizo todo lo posible por obstaculizar la misión de Buñuel. Su fracaso en Hollywood hizo que el calandino se trasladase a Nueva York. Poco antes, había sido movilizada su quinta y, por ello, intentó volver a España pero Fernando de los Ríos, el embajador republicano en los EE.UU., le hizo desistir de esta idea. Pocas semanas después, terminada la guerra, Buñuel, al igual que miles de nuestros compatriotas, sufrió la amargura de la derrota republicana y de un obligado exilio.

     Ante el asfixiante ambiente desatado por la Comisión de Actividades Antiamericanas promovida por el senador Joseph McCarthy, abandonó los EE.UU. y fijó su residencia en México, en donde se convirtió en una de las figuras más relevantes de la cultura republicana en el exilio, realizando en el país azteca buena parte de su filmografía. Buñuel se mantuvo fiel al ideal republicano y, durante sus años de exilio, solía desplazarse a Francia, en donde pasaba unos días en las localidades de Pau y San Juan de Luz, a donde acudía, desde Aragón, a visitarlo su familia, cruzando los Pirineos, aquellas mismas montañas por las que, años antes, el cineasta calandino lanzaba globos con propaganda republicana.

     Ahora, cuando se cumple el 75º aniversario del inicio de nuestra trágica guerra civil, ahora que algunos quieren olvidar y silenciar aquel drama, frente quienes desearían sumirnos en una amnesia colectiva, unas palabras de Buñuel nos recuerdan la importancia y el sentido de la memoria:  “Una vida sin memoria , no sería vida, como la inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada”. Unas palabras que resuenan con especial fuerza en la conciencia de todas las personas, asociaciones o iniciativas institucionales como el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, que estamos comprometidos en la defensa y dignificación de la memoria histórica republicana.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 17 julio 2011 y Diario de Teruel, 25 julio 2011)

 

 

 

TRAS LA TEMPESTAD (II)

     Los resultados de las elecciones del pasado 22 de mayo, han supuesto un auténtico “tsunami popular”, en expresión de Miguel Ángel Revilla, el todavía presidente de Cantabria, cuyos efectos han ocasionado un verdadero cataclismo electoral para el PSOE, una tempestad que ha arrasado, salvo contadas excepciones y pendientes de los oportunos pactos, con todas las parcelas de poder local y autonómico hasta entonces regidas por los socialistas.

     La derrota electoral era previsible, no tanto la magnitud que alcanzó la tempestad que tanto ha zarandeado el barco socialista amenazándolo con un grave naufragio. Se podrá decir que el desastre ha sido consecuencia  de la crisis económica, y es verdad, como también lo es que el Gobierno socialista ha sido incapaz de ofrecer una salida socialdemócrata a la crisis, una alternativa mucho mas justa, solidaria y progresista que el duro ajuste neoliberal que le ha sido impuesto desde el exterior…y que ha aceptado disciplinadamente, con el consiguiente desconcierto primero, y creciente indignación, después, de las bases sociales y electorales socialistas.

     Tiene razón Pepe Blanco, cuando, tras el desastre electoral señalaba que “no es el momento para  lamentarse, sino para levantarse”. Es cierto: algunos dirigentes, deberían de asumir su responsabilidad ante semejante catástrofe electoral, levantarse de su puesto…y dimitir. Sería algo que, como ha hecho la Ejecutiva de ERC, les honraría. De lo contrario, y recordando casos como el fiasco ocurrido en Alcañiz, en donde el aparato provincial socialista  impuso una lista electoral contraria a la voluntad mayoritaria la militancia, ha llegado el momento de exigir las responsabilidades políticas correspondientes. Es por ello que resulta lamentable la falta de autocrítica de la dirección socialista (a excepción  de Zapatero, cuya autoinmolación política es un hecho): retomando las palabras de Carme Chacón, es el momento de que algunos dirigentes, aquellos que han fracasado estrepitosamente en estos comicios, dieran un paso atrás (dimitieran) para que el partido diera un paso adelante, propiciando así  la necesaria y urgente renovación de las personas y  de la acción política del PSOE.

     Así las cosas, tras la tempestad, el barco socialista debe de marcar un nuevo rumbo, el cual sólo puede ser fijado por dos claras coordenadas: un imprescindible y urgente giro a la izquierda de sus políticas, y un aumento de la democracia interna en el partido ampliando los cauces de participación y respetando la voluntad de su militancia…aunque sea contraria a los intereses del “aparato”.

     En cuanto al giro a la izquierda, la crisis de la socialdemocracia exige que ésta redefina su función, recupere sus valores, y asuma con valentía su papel para volver a liderar un modelo sostenible que suponga una alternativa efectiva a la ofensiva neoliberal en campos clave como el financiero, el fiscal y el social: ese debe de ser el reto de la Conferencia Política convocada para el próximo mes de septiembre. Además, resulta necesario, como señalaban recientemente Iñaki Gabilondo, y también Santiago Carrillo, reorganizar  (o refundar) los partidos de izquierda para que sean capaces de ofrecer una salida social a la crisis, como también lo es que, en ese camino, habrá que tener muy en cuenta a fenómenos tan interesantes como Movimiento 15-M tanto en cuanto tienen de valioso como regeneradores de nuestra democracia y abanderados de las demandas y propuestas de progreso social de amplias capas de la ciudadanía, que, como los jóvenes, no se sienten representados por los partidos convencionales, convertidos en máquinas electorales y en “empresas de poder”. Y es que, como se destacaba en el célebre Manifiesto de los economistas aterrados promovido por la AFEP (Association Française d’Economie Politique) de septiembre de 2010, “a medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas”. Y así ha sido, tal y como lo ha puesto de manifiesto la expansión del movimiento de los “Indignados” y de “Democracia real ya”.

     La segunda coordenada que debe seguir el barco socialista es la de profundizar en su democracia interna, tal y como se contempla en el artículo 6º de nuestra Constitución. Resulta evidente que hay que fomentar medidas tales como la implantación de primarias (el mejor proceso de legitimación democrática) a la hora de elegir los candidatos idóneos en los distintos niveles de representación orgánica o institucional, las listas abiertas o la limitación de mandatos. En definitiva, medidas que fomenten la participación y la capacidad de decisión de los militantes (e incluso de los simpatizantes) reduciendo el poder, muchas veces excesivo, de los “aparatos” partidarios, siempre tendentes a autoperpetuarse, y que con frecuencia recurren a prácticas opacas, al clientelismo y a la “dedocracia”, nefasto sucedáneo de una auténtica democracia en la vida orgánica partidaria. Sólo con una mayor transparencia y participación efectiva, se lograría interesar por la política a amplios sectores que se muestran desafectos con el funcionamiento de los partidos actuales y, de este modo acabar con el creciente distanciamiento entre éstos y una realidad social cambiante, con unos colectivos que han tenido el coraje de dar un paso adelante y plantear toda una batería de propuestas y alternativas tendentes a la necesaria regeneración de la práctica política democrática.

     Y, sin embargo, la dirección socialista, aferrada a la “solución Rubalcaba”, parece quedar sumida en un peligroso autismo: torpedeadas las primarias tras la forzada renuncia de Carme Chacón, un acuerdo de salón entre los barones socialistas, cual si de una nueva versión del Pacto de El Pardo de 1885 se tratara, ratificado en el pasado Comité Federal del 28 de mayo, pretende hurtar a las bases socialistas su derecho a opinar (y decidir) en esta encrucijada. Para que las primarias no sean una farsa, todavía queda la esperanza de que haya uno o varios candidatos alternativos que,  como caso del catedrático sevillano José Carlos Carmona, no sean cortocircuitados por el “aparato”  y que enarbolen las aspiraciones esenciales del giro a la izquierda y la profundización de la democracia interna, tan puesta en cuestión tras las últimas decisiones adoptadas por la dirección federal del PSOE. Todo ello resulta imprescindible para empezar a recomponer la desarbolada nave socialista y es que, tras la tempestad y, volviendo al símil náutico, el problema no es sólo qué capitán es el más idóneo para pilotar el barco socialista, sino cuál es el rumbo que éste debe tomar para llegar a buen puerto.

     Como señalaba Willy Brandt, “las derrotas forjan, con tal de que no sean demasiadas” y, por ello, tras la tempestad, habrá que asumir los pasados errores para cambiar el rumbo político de la socialdemocracia, porque,  de no hacerlo, la singladura de la nave socialista podría acabar en un naufragio definitivo y ello sería no sólo trágico para un partido de la historia del PSOE, sino también para nuestro sistema democrático.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 5 junio 2011)

MALOS TIEMPOS

    

 

     Corren malos tiempos para las ideas y las fuerzas políticas progresistas. Ante la crisis global que todo lo invade, la marea neoliberal parece empeñada en retrasar el reloj de la historia, desmantelando logros esenciales del Estado de Bienestar, desregulando las relaciones laborales a semejanza de lo que ocurría en el s. XIX y desacreditando a los sindicatos de clase, el último dique de contención ante la desaforada ofensiva a que estamos sometidos los trabajadores  por la cada vez más poderosas fuerzas neoliberales,  de cuyo latente peligro totalitario que en ellas subyace nos advertía recientemente Tzvetan Todorov, todo lo cual resulta especialmente grave máxime si tenemos presente que frente a este riesgo real de “pensamiento único”, nos encontramos con el evidente desconcierto, cuando no claudicación de muchos partidos socialdemócratas que han ido aceptando en mayor o menor medida los postulados social-liberales y la primacía de los “mercados”, lo cual contraviene a su razón de ser y a su legado ideológico.

     Resulta triste recordar la visita del pasado día 21 de Zapatero a Nueva York y sus reuniones con el Consejo Editorial del Wall Street Journal y también con los 13 principales inversores de los EE.UU, entre ellos, George Soros, Laurence Fink, John Paulson o los representantes de Citygroup, Morgan Stanley o Goldam Sachs. Zapatero pretendía con ello “tranquilizar” a los mercados sobre la situación de la economía española: tal vez logró este objetivo explicando las “decisiones esenciales” y el  duro ajuste que impuso, sin duda presionado por altas instancias económicas internacionales, a partir de un nefasto 12 de mayo. Pero, también, pienso que, a cambio de solicitar la “confianza” de la banca y los mercados, ha sembrado grandes dosis de desconfianza y decepción entre amplios sectores de la ciudadanía y, sobre todo, entre las filas socialistas y entre su base electoral, además de haber dinamitado el diálogo social con el movimiento sindical.

     Es cierto que, en su intervención en la neoyorquina Universidad de Columbia, Zapatero criticó a los “mercados ciegos” y al comportamiento “pernicioso” de éstos, propiciado por el proceso de desregulación financiera; también es cierto que en estos últimos días Zapatero se ha mostrado finalmente partidario de aplicar una tasa a las transacciones financieras internacionales y de que se potencie la creación de un ente supervisor de los mercados financieros, o  que se va a implantar un nuevo tramo del IRPF para las rentas altas, más simbólico que efectivo dado su escaso impacto recaudatorio el cual se estima tan sólo en torno a 185 millones de euros.

     Pese a todo ello, la dura realidad de los hechos  me recuerda al famoso cuadro de Velázquez “La rendición de Breda” en el cual, ahora, Zapatero parece entregar las llaves de su política económica al ganador de la contienda, al general “Mercado”, y las lanzas de las tropas vencedoras son en esta ocasión sustituidas  por las atentas miradas y los intereses desmedidos de los nuevos caballeros, los grandes inversores de Wall Street (recordemos que John Paulson, ya manifestó a Zapatero en la aludida reunión sus deseos de invertir en el sector de las cajas de ahorros una vez culmine el proceso de privatización de las mismas).

     Son malos tiempos, se ha perdido la batalla ante los mercados por parte de los gobiernos democráticos, y ello resulta especialmente dramáticos en el caso de los países con gobiernos socialistas como Grecia, Portugal y España, ante los cuales, no es casualidad, se han lanzado repetidos y tendenciosos rumores sobre la solvencia de sus respectivas economías.

     Ahora, cuando estamos en vísperas de una huelga general, totalmente justificada, como consecuencia de unas duras medidas económicas de ajuste que cargan el peso de la crisis sobre las víctimas de la misma (trabajadores, pensionistas, empleados públicos, parados y personas dependientes) y no sobre los que la han creado (el capital especulativo financiero), recuerdo con emoción las declaraciones de Nicolás Redondo, el histórico dirigente de UGT, quien el pasado 22 de septiembre, denunciaba públicamente el “grave deslizamiento“ de Zapatero hacia posiciones liberales en materia económica, a la vez que se lamentaba de la crisis en la que está sumida la política socialdemócrata internacional (también en España) y, consiguientemente, apoyaba la huelga general del 29-S, con la misma contundencia que en su día lo hizo contra Felipe González y sus políticas de ajuste.

     Por ello, resulta urgente reconducir la situación económica por otros parámetros de mayor justicia social. Para ello, el primer paso debería ser el que la huelga general del 29-S tuviese un contundente respaldo y que, tras ella, se produjera una profunda rectificación en la política económica de Zapatero. Y es que resulta vital que los estados progresistas tengan el suficiente coraje para embridar a los mercados y así, fijar sus políticas económicas sin menoscabo de sus progresos sociales, salvaguardando el Estado de Bienestar, rechazando la creciente ola de xenofobia y racismo, apostando por el respeto a la multiculturalidad y la integración, acometiendo con valentía una salida corresponsable a la crisis, lo cual pasa, sin duda, por apostar decididamente por una auténtica progresividad fiscal, por una mayor justicia fiscal de signo socialdemócrata.

     Ante estos malos tiempos que estamos viviendo, debemos recuperar la alternativa real al neoliberalismo para volver a avanzar por el camino del progreso y no por el tenebroso sendero de la dictadura de los mercados, el negro futuro que pretenden imponernos las aceradas lanzas de los grandes inversores de Wall Street, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o de la mayoría conservadora que impera en la Unión Europea. Hoy por hoy, los mercados han ganado la batalla a los estados y a los ciudadanos, pero no pueden ganarnos el futuro.

   (publicado en El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 2 octubre 2010)