Kyriathadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

      Durante los duros años del franquismo, en la inmediata posguerra, hubo dos turolenses que tuvieron un papel relevante en la política de la dictadura pues ambos fueron ministros del régimen: uno fue José Ibáñez Martín, responsable del Ministerio de Educación Nacional entre 1939-1952, y el otro, posiblemente menos conocido, fue Demetrio Carceller Segura (1894-1968), nacido en Las Parras de Castellote y que ocupó la cartera de ministro de Industria y Comercio entre octubre de 1940 y julio de 1945. A éste me referiré seguidamente.

     Demetrio Carceller era hijo de una familia campesina que, como tantas otras, emigró desde las tierras turolenses a Cataluña en búsqueda de un futuro mejor. Establecidos en Tarrasa, pasados los años Demetrio llegó a ser ingeniero textil en esta industriosa ciudad catalana. Durante los años de la II República, inició su andadura política en las filas de la derecha fascista, razón por la cual colaboró con José Antonio Primo de Rivera en la fundación de Falange Española (1933).

     Iniciada la Guerra Civil, consiguió, al igual que Ibáñez Martín, evadirse de la zona leal a la República y llegar a la zona rebelde, en donde participó en la recién creada Comisión de Industria y Comercio de la Junta de Defensa de Burgos. Carceller, por aquel entonces con importantes intereses vinculados a los negocios petrolíferos desde la fundación de CAMPSA (1927) y CEPSA (1929), desempeñó un papel decisivo ("intervención capital", según Ramón Garriga), para conseguir los vitales suministros de carburante que precisaban los sublevados para sus tropas en los primeros instantes de la contienda, antes de que recibieran el masivo apoyo procedente de las potencias fascistas, esto es, de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. Tal es así que los contactos del turolense Carceller hicieron que la multinacional petrolera americana Standard Oil suministrara de forma inmediata éstos a los generales Mola y Franco, cabezas visibles de la sublevación liberticida contra la República.

     Durante la Guerra Civil, Carceller, a quien ya se empezaba a conocer como "el cerebro económico de la Falange", fue ganando prestigio y poder político en la jerarquía franquista. Concluida esta y en pleno delirio filonazi, Carceller formó parte de la nutrida delegación que, al mando de Serrano Suñer, viajó a Berlín en septiembre de 1940 con el propósito de acordar la entrada de la España franquista en la guerra mundial al lado de las potencias del Eje. Carceller había recibido el mandato de Franco de estudiar los métodos puestos en práctica por la Alemania nazi para obtener dos productos que el régimen consideraba vitales en la depauperada España de posguerra: la fabricación de gasolina sintética y de abonos químicos, razón por la cual el turolense efectuó diversas reuniones con técnicos alemanes y trató con los jerarcas nazis importantes temas económicos.

     La estrella de Carceller era ascendente y un sentimiento de admiración hacia el político turolense se extendía entre la delegación española enviada a Berlín, hasta el punto de que algunos querían ver en él a "un mago de la obra de reconstrucción económica de España". Pero el objetivo último que con ello se pretendía no era otro que servir a los fines de un quimérico expansionismo "imperial" aireado por el franquismo al socaire de su abierta alineación con la Alemania nazi, la misma que estaba despedazando a la vieja Europa. De hecho, se pensaba que, si la España franquista resolvía el problema del autoabastecimiento de gasolina y fertilizantes, podría jugar un "papel decisivo" en la guerra y el consiguiente reparto de un botín colonial que se intuía próximo.

     A su regreso de Berlín, Franco, que confiaba plenamente en los planes económicos de Carceller, lo nombró ministro de Industria y Comercio (17 octubre 1940), con lo cual dejaba en manos del falangista de Las Parras de Castellote la inmensa tarea de reconstruir la economía de aquella triste España de la posguerra, sumida en la miseria y la represión y cuyo primer eslabón fue la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en septiembre de 1941.

     La gestión del flamante ministro turolense, compañero en el Gobierno de su paisano Ibáñez Martín, se caracterizó en un primer momento por su entusiasmo germanófilo. Convencido como estaba de la inminente victoria del III Reich, era de la opinión de que había que ayudar a la Alemania nazi en todo lo posible, suministrándole todo cuanto pidiera (sobre todo hierro y wolframio para su industria bélica) sin exigir, como contrapartida apenas nada, lo cual se resumía con total nitidez en una frase del mismo Carceller: "A la hora de la victoria verá Hitler quienes han sido sus verdaderos amigos y recibiremos el premio que nos hemos merecido".

     Pero la realidad fue bien distinta: la gestión de Carceller propició los desastrosos balances comerciales hispano-germanos de 1940, 1941 y 1942. No fue hasta finales de 1942 cuando el astuto Carceller percibió que la guerra cambiaba de signo tras las derrotas nazis de Alamein y Stalingrado y por ello mudó su inicial servilismo pronazi por una mayor presión económica sobre Alemania bajo el lema de "Te daré lo que me pides, si recibo aquello que necesito". Fue entonces cuando intentó desarrollar, con tecnología alemana, los proyectos para la elaboración de gasolina sintética y abonos químicos a partir de pizarras bituminosas y lignitos de baja calidad. En este contexto hay que situar la creación en noviembre de 1942, dentro del INI, de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes con el objeto de explotar las cuencas de Puertollano y Teruel y cuya producción, según el régimen debía de cubrir el 25-30 % de consumo nacional, pues se pensaba en producir mensualmente la irreal cifra de 10.000 Tm. de gasolina sintética.

     De Carceller debemos señalar igualmente que fue el primer ministro de Franco que volvió la espalda a la Alemania nazi cuando percibió la futura derrota de ésta y jugó, hasta su cese el 18 de julio de 1945, la carta del triunfo aliado pues pensaba que los capitalistas de todo el mundo, entre ellos los nuevos ricos surgidos al amparo del franquismo, como era su caso, debían de ser "buenos amigos" para hacer frente al enemigo que se vislumbraba en el horizonte en caso de una victoria soviética en la Guerra Mundial una vez abatida la Alemania hitleriana.

     Continuando con la trayectoria política del ministro turolense Demetrio Carceller digamos que, cuando Franco lo cesó como ministro de Industria y Comercio el 18 de julio de 1945, tras cuatro años y medio en el cargo, el político nacido en Las Parras de Castellote era ya uno de los hombres más ricos de España, pues cuando dejó el gabinete contaba ya con una inmensa fortuna. Según datos aportados por el eminente historiador Josep Fontana en el VII Congreso de la Asociación de Historia Económica celebrado en Zaragoza en septiembre de 2001 sobre el tema "La economía del primer franquismo", el ingeniero falangista acumuló su fortuna como consecuencia de que "ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas, puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasaron "miles y miles de millones de pesetas", pero no sin dejar "peaje", por lo que a Carceller se le ha considerado el iniciador de la corrupción en gran escala generada por el franquismo, el cual ya poseía una fortuna considerable derivada de sus negocios de refino de petróleo cuando fue nombrado ministro en 1940.

     Una anécdota curiosa de ésta época de ministro refleja el peculiar carácter de Carceller. En cierta ocasión, hablando con el agregado comercial de los Estados Unidos, le preguntó cómo podría obtener un coche Buick del último modelo que acababa de salir de fábrica. El americano, amablemente, le contestó que él se encargaría de que el ministro tuviera el vehículo que tanto deseaba. "Acepto –respondió Carceller- , pero nada de regalos. Lo quiero pagar". Pasaron unas semanas y el mismo diplomático se presentó para anunciar: "Señor ministro: a la puerta del Ministerio está el Buick que usted deseaba. Le sugiero un paseo a prueba". Carceller abandonó todos los asuntos y subió al coche. Terminada la prueba y encantadísimo de su Buick, dijo al norteamericano: "Me tiene que decir lo que le debo, pues quedamos que lo quería pagar". "Me debe 500 pesetas", replicó el norteamericano al indicar un precio simbólico con el cual deseaba congraciarse con el ministro Carceller. Acto seguido, éste sacó la cartera y alargó un billete de 1.000 pesetas. "No tengo cambio", se excusó el yanqui. "No importa –respondió el ministro- quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick" fue la respuesta del ministro turolense.

     Así fue como se asentó la dinastía Carceller, una dinastía de gran poder económico que ha ido creciendo, año tras año, hasta la actualidad. De este modo, el patrimonio del político y empresario turolense, cimentado inicialmente en los negocios petrolíferos (CAMPSA, CEPSA), energéticos (Hidrocantábrico) y financieros (Banco Herrero), fue continuado por su hijo Demetrio Carceller Coll, mediante el control de la industria cervecera Damm, de la cual era presidente y el mayor accionista así como desde la presidencia del Banco Comercial Transatlántico (Bancotrans), del cual era propietario del 11 % de sus acciones, o su participación en Sevillana de Electricidad, empresa vinculada a Endesa.

     Pero la expansión de la dinastía Carceller alcanzó su cenit de la mano de Demetrio Carceller Arce, el "nietísimo" del ministro de Las Parras de Castellote y que, a fecha de hoy, es una de las fortunas más potentes de España. Su inmenso patrimonio se extiende desde sus participaciones en la Bolsa (que superan los 1.000 millones de euros), hasta un amplio conglomerado de empresas: la familia Carceller extiende su poderío económico por todo un holding empresarial del que forman parte la Sociedad Anónima Damm (presidente y máximo accionista con el 23 % del capital de la cervecera), así como empresas del sector petrolífero y energético como Disa Corporación Petrolífera, que controla la distribución de carburantes en las islas Canarias, en donde se halla domiciliada por cuestiones fiscales, así como CEPSA, Repsol, Atlántica Petrogas, Unión Fenosa, Gas Natural o Hidrocantábrico. El emporio se extiende igualmente al sector de las empresas constructoras e inmobiliarias: Demetrio Carceller Arce es propietario del 6,04 % de las acciones de Sacyr-Vallehermoso y fue uno de los impulsores del asalto protagonizado por esta constructora para hacerse con el control del BBVA; además, es miembro de los Consejos de Administración de diversas industrias del sector alimentario como es el caso de Ebro-Puleva e, incluso de otras empresas diversas como la dedicada a la producción de pinturas CIN-Valentine.

     Ciertamente, nadie sabe con certeza la cuantía del patrimonio de Demetrio Carceller Arce, cabeza visible de la fortuna amasada por la familia del político de origen turolense. Su nieto, austero, discreto, alejado siempre de los medios de comunicación, profundamente enraizado con la más selecto de la burguesía española a pesar de tener su residencia en Londres, es el símbolo de una familia poderosa que ha pasado durante muchos años desapercibida para el conjunto de la sociedad que desconoce su trayectoria y el poder económico acumulado desde los tiempos de su abuelo, aquel antiguo ingeniero textil embarcado más tarde en negocios petrolíferos, ministro franquista de Industria y Comercio en los años más duros de aquella España triste, hambrienta, autárquica y víctima de la inmisericorde represión por parte de los vencedores de una trágica guerra civil mientras que los adictos al régimen medraban en la política y la economía del franquismo.

   Esta es la breve historia de una familia, de la dinastía Carceller, una familia que no sufrió los rigores de la España del racionamiento y la pobreza, que se enriqueció al amparo de la dictadura franquista y que hoy es una de las mayores fortunas en la España democrática, una familia que, a buen seguro, tampoco sufrirá los efectos de la crisis económica global. Así es la vida, así es la historia de los poderosos.

Cuando el pasado 24 de octubre tuvo lugar un homenaje para el reconocimiento y reingreso en el PSOE de Juan Negrín López y 35 militantes socialistas que, como él, fueron expulsados del partido en 1946, se reparaba, finalmente, una profunda injusticia para con aquel brillante científico, para con quien fue Presidente del Gobierno de la República y que simbolizó la dignidad y el espíritu de resistencia republicana contra el fascismo durante los años más duros de nuestra trágica Guerra civil.

Sobre la recuperación de la memoria del Presidente Negrín, aquel médico socialista que soñó con una España democrática y social, habían pesado un cúmulo de tendenciosas acusaciones y perversas calumnias. De hecho, contra la memoria histórica de Negrin convergieron, en extraña alianza, no sólo los apologistas de la dictadura franquista, sino también del sector del PSOE afín a Indalecio Prieto en un intento de ajustar cuentas y responsabilidades tras la amarga derrota de la legalidad republicana ante el fascismo en 1939. A ellos habría que añadir los que, en plena Guerra Fría, acusaron a Negrín de “procomunista”, (los “prietistas”, entre ellos) en un momento y en un contexto en el cual tal calificativo era sinónimo de anatema político. Todas estas circunstancias ennegrecieron, hasta fechas bien recientes, la figura y la memoria de Negrín, haciendo que una penumbra intencionada oscureciese su trayectoria política.

Desde las filas de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE hacía años que reivindicábamos la memoria de Negrín, y, en el 37º Congreso del PSOE (julio 2008) apoyamos una propuesta de resolución (que fue aprobada) en la que se pedía su rehabilitación política y el reingreso (a título póstumo) en el PSOE de Negrín y sus compañeros del sector “negrinista” entre ellos, Ramón González Peña (que fue presidente del PSOE y secretario general de UGT entre 1938-1944), Ramón Lamoneda (secretario general del PSOE durante la Guerra civil) y otros destacados militantes como Julio Álvarez del Vayo, Ángel Galarza, Julia Álvarez, Amaro del Rosal o el escritor Max Aub.

Sin embargo, ha sido la labor de historiadores como Ricardo Miralles o Ángel Viñas quienes, desde el rigor metodológico, han logrado dignificar la figura de Negrín, despojándola de acusaciones y mitos descalificadores carentes de toda veracidad histórica divulgados por sus enemigos políticos. Es por ello que, en estas fechas, resulta de especial interés la lectura del  libro de Ángel Viñas titulado El honor de la República. Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin (Barcelona, Crítica, 2008) en el que se analiza la gestión del Gobierno Negrín (mayo 1937-marzo 1939) y se aclaran diversas controversias y mitos en torno al político socialista. Para ello, Viñas recurre a un estudio exhaustivo de las fuentes documentales, muchas de ellas inéditas, como es el caso de los archivos soviéticos. De este modo, logra desmontar diversos bulos divulgados por los historiadores franquistas y, también, por los seguidores del revisionismo histórico actual.

Varios son los falsos mitos que se derrumban a partir del excelente trabajo de Viñas. En primer lugar, la acusación de que Negrín fue un títere  de la URSS con miras a implantar en España una dictadura comunista, lo cual, en base a la documentación ofrecida por los archivos soviéticos, se demuestra que es una “mera calumnia”. Es cierto que Negrín estimaba a los comunistas por su disciplina, organización  y tenacidad en la lucha contra el fascismo, pero también lo es que no estaba dispuesto a verse dirigido por ellos. Viñas recalca como, en diversas ocasiones, Negrín y el PSOE se opusieron con éxito a los designios del todopoderoso Stalin en relación a cuestiones que afectaban a cuestiones políticas y militares. Por otra parte, la dependencia de la República de la URSS se hizo vital debido al abandono en que la dejaron las democracias (Francia y Gran Bretaña). Pese a ello, la política diplomática de Negrín buscó hasta el final el apoyo de las democracias occidentales (también de los EE.UU.), lo cual descuadra la interpretación que de él hicieron los propagandistas profranquistas y los que Viñas define como “guerreros de la Guerra Fría”. De este modo, se ofrece una descalificación contundente de las maliciosas afirmaciones de Vidal sobre la supuesta existencia de un pacto Negrín-Stalin, definiendo a este polémico historiador como “asiduo practicante” de lo que Reig Tapia calificaba como “historietografía”, propia de los seguidores del revisionismo histórico de corte conservador cuando no neofascista.

También desmonta Viñas la acusación de que Negrín prolongó innecesariamente la guerra, para lo cual hace un sereno análisis de la estrategia de resistencia negrinista. Tras definir a Negrín como el único dirigente del Frente Popular que “no se hundió en la adversidad”, y que como ministro de Defensa Nacional reorganizó el Ejército Popular, destaca Viñas la faceta de un Negrín empeñado en mantener la resistencia, pese a los reveses militares, como forma de salvar, a la larga, el mayor número posible de vidas republicanas. Intuía, como sí fue, que, tras la derrota, se desencadenaría una represión implacable contra los vencidos, forma mediante la cual, Franco pretendía “romper de una vez para siempre, la espina dorsal de la izquierda española” (p. 544). Pero, ante el empuje de las armas franquistas, de nada sirvieron los esfuerzos republicanos de resistir, como confiaba Negrín, hasta enlazar con un inminente conflicto europeo o inducir a Franco a negociar en condiciones que no fueran la capitulación total y absoluta.

La guerra estaba perdida y el golpe de Casado (5 marzo 1939) fue la puntilla definitiva a la política de resistencia antifascista de Negrín. Franco, que tenía al alcance de la mano la victoria militar, consideró “inaceptables” las condiciones de Negrín planteadas en la última reunión que celebraron las Cortes republicanas en territorio español (castillo de Figueras, 1 febrero 1939) para una posible mediación tendente a la paz: garantías para la independencia de España (y retirada fuerzas extranjeras), garantías de que el pueblo español pudiera decidir libremente su destino en un plebiscito y, sobre todo, garantías de que no se ejercería ningún tipo de represalias ni persecuciones sobre los republicanos.

De forma premonitoria, en un telegrama que envió Negrín al presidente norteamericano Roosevelt el 6 de enero de 1939, advertía a éste de las consecuencias de la derrota republicana:

“El resultado de la lucha en España decidirá lo que ha de ser Europa y marcará el rumbo del mundo por venir. La historia será inexorable con aquellos hombres de Estado que hayan cerrado sus ojos a la evidencia y con los que por indecisión hayan dejado poner en riesgo los principios de tolerancia, convivencia, libertad y sana moral que inspiran la Democracia […] Si pereciésemos, habríamos al menos cumplido como colectividad nacional nuestra misión histórica y como individuos con el mandato de nuestra conciencia”.

Lo que sucedió tras la derrota es de todos conocido: no se equivocó Negrín en su intuición sobre el futuro que esperaba a los vencidos. Las responsabilidades de la derrota se cargaron sobre las espaldas y la memoria del Presidente Negrín, quien se había negado a rendir las armas mientras quedase una parte del territorio español leal a la República.

Tras tantos años de olvidos, los mitos se derrumban y las controversias se aclaran. Hoy, al igual que señalaba Carmen Negrín, la nieta del político socialista canario, sentimos una profunda alegría porque  “no haya desaparecido la historia” de su abuelo. Y es que, tras un largo y difícil recorrido, al reingresar Negrín en el PSOE, se ha recuperado con la dignidad que siempre mereció, una parte de la memoria histórica socialista, aquella que, frente al embate del fascismo, defendió con honor Juan Negrín López.

(Diario de Teruel, 17 noviembre 2009)

Hoy, 1 de noviembre, se cumplen 200 años del nacimiento del político republicano federal Víctor Santos Pruneda Soriano (Ferrol, 1809 – Teruel, 1882), aquel joven gallego que un día recaló en las tierras turolenses, a las que amó apasionadamente y que, en mi opinión, puede considerarse como el político más destacado del Teruel del siglo XIX, el de mayor coherencia y honestidad, siempre impulsado por una profunda ética en la práctica política en defensa de sus ideales democráticos, republicanos y federalistas.

En estos últimos años, los turolenses hemos hecho justicia con la figura de Pruneda, recuperando su memoria y su legado político. De este modo, han ido apareciendo investigaciones históricas sobre Pruneda y otras se hallan en proceso de elaboración, se ha recuperado su nombre en la toponimia urbana turolense y el Ateneo Republicano de esta ciudad ha asumido la tarea de divulgar su pensamiento político, hechos éstos que me producen una profunda satisfacción.

No pretendo ahora incidir en la importancia histórica de su figura, en la multitud de motivos que, recogidos en la biografía política que le dediqué hace ya unos años (Víctor Pruneda, una pasión republicana en tierras turolenses, 2001), me reafirman en la idea de considerarlo el político más importante de cuantos estuvieron vinculados a la historia de la provincia de Teruel durante el siglo XIX. Al margen de su importante, intensa y agitada trayectoria política, quisiera reseñar tres aspectos del pensamiento prunedista que tienen plena vigencia en la actualidad y que bueno sería tenerlos en cuenta como ciudadanos y como turolenses.

En primer lugar, el republicano Pruneda es todo un ejemplo de cómo, en tiempos difíciles, la firmeza de los referentes éticos resulta imprescindible en la actividad política, tan denostada en la actualidad en determinados ámbitos. De este modo, al margen de las preferencias partidarias de cada cual, Pruneda fue de esas personas que dignificaron el noble ejercicio de la política, entendida como un servicio cívico para lograr mejoras progresivas en la sociedad que le tocó vivir. Pruneda comprendió que cuando se actúa en política desde la ética y la coherencia, cuando se es fiel a los ideales, siempre por encima de los personalismos, cuando se enarbola la defensa de los humildes, es cuando verdaderamente la acción política se convierte en una herramienta capaz de abrir nuevos horizontes de libertad y progreso, de anticipar un futuro mejor para todos. Este hecho fue destacado incluso por sus más enconados adversarios (y tuvo muchos) pues siempre reconocieron en Pruneda los valores de la coherencia, la tenacidad para afrontar los sacrificios que la defensa de la libertad nos exige en tiempos adversos, y el hecho de que muriese pobre, esto es, que jamás emplease la política (y ocasiones tuvo) para medrar o enriquecerse. Todo un ejemplo en los tiempos que corren.

En segundo lugar, el pensamiento de Pruneda representa lo que puede definirse como un nuevo patriotismo republicano español, esto es, la aspiración a establecer una España plenamente democrática tanto en el ámbito ciudadano como en la relación con sus territorios, con aquellos que libremente aceptan compartir un futuro común bajo en modelo de una República Federal. Retomando el lema de “Soberanía del pueblo. Economías. Reformas” de El Centinela de Aragón, el mítico periódico republicano fundado por Pruneda en Teruel en 1841, la República Federal era su ideal político, sinónimo de igualdad de derechos democráticos para todos los ciudadanos (sin privilegios de cuna o posición social), máxima descentralización de los poderes públicos y de una sociedad secularizada libre de interferencias clericales. En el fondo del pensamiento prunedista subyacen ideas progresistas tan actuales como el llamado “patriotismo constitucional” en una nueva España plural entendida como “nación de naciones”, lo cual supone redefinir el sentido de “lo español”, libre de nostalgias del pasado, así como asumir sin recelos ni prejuicios la realidad plurinacional de España, que sólo puede hallar un armonioso engarce territorial por medio de un modelo federal y republicano.

En tercer lugar, Pruneda nos dejó el ejemplo de su amor apasionado por las tierras y las gentes de Teruel. Sorprende comprobar cómo llegó a sentir tan hondo el alma y el carácter de esta tierra, en la que por espacio de más de 50 años compartió penas, adversidades políticas y, también, anhelos de libertad, progreso y regeneración económica. Especialmente reseñable resulta su vínculo emocional con la ciudad de Teruel, a la cual unión para siempre su destino. Recordemos que, allá por agosto de 1856, desde su exilio en Louvie-Juzon (Francia), aludía a Teruel como la “población para mí tan querida, una población donde resido hace veinte y dos años y por la cual me sacrificaría siempre, una población donde tengo mi familia, mis amigos y mis más caras afecciones, una población a la que estoy unido por los suspiros del alma, del corazón”.

Hoy, cuando se cumple el bicentenario del nacimiento de quien fue definido en su tiempo como “el decano de la democracia española”, bueno sería asumir el legado prunedista con relación a Teruel. Su ejemplo nos impulsa a esforzarnos día a día por conquistar un futuro digno para nuestra provincia por encima de tantos olvidos e  injusticias: ahí están, a modo de ejemplo, sus campañas a favor de las comunicaciones ferroviarias en las cuales depositaba toda su confianza para la regeneración económica turolense y que, a fecha de hoy, siguen siendo una deuda pendiente para con nuestra tierra. Hoy, que recordamos el bicentenario de su nacimiento, todos, ciudadanos e instituciones, cada cual desde su responsabilidad, debemos  asumir el reto de reactivar la pasión prunedista por Teruel. Este sería nuestro mejor homenaje a Pruneda y un ejemplo de que el legado de la acción y el pensamiento prunedista siguen abriendo horizontes de futuro para el progreso de Teruel.

(Diario de Teruel, 1 noviembre 2009)

      En un artículo reciente, titulado “La fiscalidad progresiva” publicado en este mismo periódico, ya hacía referencia a que, ante épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal, aspecto esencial del modelo de estado de bienestar socialdemócrata con el cual me identifico. Además, con arreglo al artículo 31 de la Constitución referente a que los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, era evidente que las circunstancias actuales exigían una revisión global del sistema tributario. Ello debe suponer, en la práctica, el priorizar una política fiscal basada en los impuestos directos por ser éstos los que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta. De este modo, resulta esencial el impulsar actuaciones concretas tendentes a incidir de forma más efectiva en la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías por ventas de acciones o viviendas, seguros de vida), cuya tributación se efectúa por una triple vía:   el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de no residentes.

Algo, no todo, de este camino hacia una mayor justicia fiscal se ha vislumbrado tras la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, tema éste sobre el que quisiera hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, era importante abordar el incremento de  los impuestos que gravan las rentas del capital, las cuales se elevan, según los casos, al 18 y 21 % de las plusvalías obtenidas. También puede tener efectos positivos la reducción al 20 % (5 puntos menos) del Impuesto sobre Sociedades que afecta a las PYMEs  con la condición de que mantengan o incrementen su plantilla durante los próximos 3 años.

Sin embargo, ha sido decepcionante el que en dicho Proyecto de Ley no se haya acometido la necesaria reforma tributaria de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), convertidas en un pseudofondo de inversión, instrumento de ahorro de las grandes fortunas y, por ello, uno de los más utilizados por las personas con grandes capitales y que actualmente goza de importantes ventajas fiscales (exención en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), con objeto de subir su actual e irrisoria tributación del 1 % sobre sus plusvalías. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el tercer trimestre de 2008 existían 3.369 SICAVs, las cuales contaban con 439.395 socios (la mayoría, hombres de paja, testaferros o “mariachis”, interpuestos por los auténticos dueños) que acumulaban un patrimonio de 27.143,2 millones de euros, esto es, el 76,50 % de lo que casi 17 millones de familias españolas tenían consignadas como rentas de capital mobiliario en el años 2008, según datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Pero, en lugar de tributar al 25 % (al tratarse de una sociedad anónima) o al 18 % (al tratarse de una renta del capital, que es la que pagan los declarantes del IRPF, esto es, las familias y trabajadores), lo hacen a tan sólo al  citado 1 % sobre sus beneficios. En consecuencia, sería necesaria la aplicación de medidas concretas como el que las Cortes Generales restablezcan la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado (IHE)  (en la actualidad, es el único beneficio fiscal que no fiscaliza la IHE), una mayor implicación del Tribunal Económico Administrativo Central con las inspecciones de este tipo de sociedades o la exigencia a las SICAVs de la diferencia entre la tributación del Impuesto de Sociedades  y el 1 % que habían aplicado indebidamente debido a que, aunque en teoría eran instituciones de inversión colectiva, en la práctica se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios, así como la eliminación legal de los inversores ficticios (testaferros o “mariachis”).

Aunque desborda el ámbito de la política fiscal española, también sería necesario avanzar hacia un mayor control fiscal sobre las Unit Linked y de los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas con el único objeto de maximizar su rentabilidad y que, ante la situación financiera actual, es preciso que tengan una regulación más rigurosa. Tal vez cuando España ocupe la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) a partir del 1 de enero de 2010 sea el momento de impulsar medidas concretas para la regulación de los mercados financieros internacionales tales como potenciar el papel del Banco Central Europeo (BCE), dotar de carácter vinculante a las disposiciones de los nuevos organismos recientemente creados (Sistema Europeo de Vigilancia Financiera y Comité Europeo de Riesgos Sistemático), imponer una tasa internacional sobre las transacciones financieras, avanzar hacia una fiscalidad ecológica y, por supuesto, eliminar los paraísos fiscales, empezando por los existentes en la misma UE (Luxemburgo, Jersey o Gibraltar).

En las circunstancias actuales, sigo pensando que el Gobierno Socialista debe restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio para recuperar los 1.800 millones de euros/año que ha dejado de recaudar la Hacienda Pública. Igualmente, la agenda de reformas fiscales no debe olvidar el estudio sobre el establecimiento en un futuro de un impuesto adicional sobre las grandes fortunas o el fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de consejos de Administración y otros colectivos vinculados al sector financiero o a las industrias multinacionales (como las del automóvil) que han solicitado y recibido ayudas públicas, pues es notorio que, en demasiadas ocasiones, la actuación de estos ejecutivos evidencia una opacidad fiscal fragrante, inaceptable y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

Por principio, resulta difícilmente asumible la subida de cualquier impuesto indirecto que grave el consumo por los efectos sociales que de ello se derivan (perjudica a las familias de rentas bajas) y porque  responde a los postulados de las políticas económicas propias del neoliberalismo que no debemos de asumir ni imitar. Además, el pasado 13 de junio ya fueron elevados los impuestos indirectos sobre los hidrocarburos el tabaco con objeto de obtener una recaudación adicional de 1.097 millones de euros. Por ello no resulta aceptable la subida del IVA, tanto en su tipo general (18 %) como en su tipo reducido (8 %), a pesar de que la aplicación de dicho incremento se posponga hasta el 1 de julio de 2010. La subida del IVA sólo servirá para incrementar la presión fiscal sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad y tendrá además el efecto perverso de incrementar la picaresca generada en torno al fraude fiscal. Consecuentemente, la prioridad debe de ser acabar con las bolsas de fraude del IVA antes que plantear una elevación del mismo, para lo cual hay que dotar a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Hacienda del Estado de todos los recursos personales y materiales necesarios.

Pese a lo dicho, queda pendiente el impulsar una fiscalidad verde, la creación de un impuesto ecológico (ecotasa) de carácter finalista. Confiemos en que estos avances en fiscalidad se incluyan en la futura Ley sobre la Economía Sostenible que prepara el Gobierno Socialista. En ella, y a modo de propuesta, también debería de estudiarse igualmente la posibilidad de que, partiendo del cumplimiento estricto del Protocolo de Kyoto, se gravase con algún tipo de tasa arancelaria los productos importados procedentes del aquellos países que, como China o EE.UU. y otros, lo incumplen flagrantemente al ser los principales emisores de gases contaminantes a la atmósfera y, consecuentemente, responsables de la amenaza que el cambio climático supone para el futuro de la Humanidad.

       Ante la necesidad inaplazable de acometer una reforma fiscal en profundidad, las medidas adoptadas por el Gobierno, a fecha de hoy,  resultan tímidas e insuficientes dado que, para avanzar hacia una mayor justicia fiscal, debería de haberse incidido más en la presión tributaria sobre las rentas altas y no haber basado el afán recaudatorio en el fácil recurso de elevar los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. Con todo ello, la sensación general que se extiende entre la ciudadanía es que los que más pueden  no aportan todo lo que debieran, mientras que los trabajadores y clases medias van a ser, como siempre, los que van a soportar no sólo el peso de la crisis, sino, también, los esfuerzos tributarios necesarios para superarla y para  garantizar la inversión productiva y los gastos sociales. Por todo lo dicho, y con arreglo a las propuestas concretas antes citadas, se lograría un sensible avance hacia una mayor justicia fiscal y, además, se consolidaría el modelo social en el cual la redistribución de las rentas por medio de una fiscalidad progresiva, permita alcanzar mayores cotas de progreso y bienestar solidario.

(Diario de Teruel, 6 octubre 2009)

Sumidos como estamos en una profunda crisis económica, el Gobierno ha planteado la necesidad de subir los impuestos a los perceptores de determinados tramos de renta como medida para hacer frente a los gastos sociales derivados de la citada crisis.

Esta medida, de elemental justicia social, ha sido, como era de esperar, atacada por la derecha política y económica, incapaz de asumir con hechos, y no con palabras, la defensa de los desfavorecidos, de los sectores que se hallan más vulnerables a los embates de la adversa coyuntura económica que atravesamos, una crisis cíclica del capitalismo cuyos efectos comprobamos día a día.

No es casualidad que el subconsciente de la derecha asuma como propias las ideas del economista  Friedrich von Hayek (1899-1992), uno de los grandes teóricos del conservadurismo moderno, padre del neoliberalismo  y fundador, por ello, de la Mont Pèlerin Society (1947). Hayek, contrario a cualquier intervención del Estado en la economía (desde la planificación estatal comunista hasta la progresividad fiscal socialdemócrata), sacralizaba las supuestas “virtudes” del neoliberalismo (como eran el libre mercado y la libertad de contratación  y despido), consideraba que el neoliberalismo debía de eliminar “ciertos instintos naturales”  como era el caso de la solidaridad y las políticas sociales a favor de los desfavorecidos a los cuales dejaba abandonados a su suerte. Por ello, la derecha política se encrespa cuando, desde posiciones socialistas, se plantea el aumento del gasto social, la subida de los impuestos directos y la regulación de los mercados económico-financieros como instrumentos para paliar las consecuencias negativas de la crisis sobre los sectores sociales más desprotegidos e indefensos.

Frente a las  posiciones insolidarias de la derecha en la que se enrocan los fervorosos seguidores del neoliberalismo, el camino debe ser bien distinto y debe pasar por la aplicación efectiva de políticas valientes de marcado signo social y, por ello, la profundización en la progresividad fiscal resulta esencial. En este sentido, el ejemplo que la socialdemocracia sueca nos ofrece puede ser de interés.

El Partido Socialdemócrata Sueco (SAP), fundado en 1889, entró por vez primera en el gobierno en el año 1932, cuando los efectos de la crisis económica de 1929 se hacían sentir con toda su crudeza en buena parte del mundo capitalista. Pese a ello, realizó una buena gestión en tan adversa coyuntura y su política social hizo que se estableciesen en Suecia por vez primera las pensiones de vejez, los subsidios para los alquileres o las vacaciones pagadas para los obreros. En consecuencia, en 1936, mientras en España empezaba la sangría de la guerra civil, en Suecia el SAP lograba en las elecciones la mayoría absoluta (45,9 %) y se iniciaban entonces varias décadas de gobiernos socialdemócratas en el país nórdico, fruto de los cuales se consolidó una sociedad de bienestar avanzada, progresista, regida por valores de justicia social y solidaridad internacional, todo un modelo para multitud de partidos y militantes socialistas.

El modelo social sueco surgió de un amplio acuerdo de concertación social conocido como la Convención de Saltsjöbaden (20 diciembre 1938),  sobre el cual se cimentó la llamada “paz social continua” con objeto de impulsar de forma permanente el desarrollo económico industrial y la calidad de vida de los trabajadores, cuyos resultados han sido, a lo largo de los años, excelentes. Había surgido así la sociedad mixta sueca, en la cual  la economía de mercado y la intervención de la política socialdemócrata en la economía se repartían las tareas. De este modo, el SAP aceptaba a las empresas privadas como elemento esencial de la producción (aunque debían de pagar un impuesto sobre los beneficios del orden del 50 %) y el Estado, liderado por las políticas del SAP, asumía el deber de contribuir a la regulación de las actividades económicas asegurando el pleno empleo, las inversiones en regiones desfavorecidas, el apoyo a industrias en dificultades, la reestructuración del sector industrial y el desarrollo de una legislación laboral avanzada y progresista. Frente a las posiciones de la derecha clásica y del actual neoliberalismo, el SAP mantuvo una política económica coherente: el presupuesto estatal debía tener excedentes en períodos de prosperidad pero, también, se debía asumir con total naturalidad el que existiese un déficit en tiempos de recesión: el modelo socialdemócrata debe endeudarse en tiempos de crisis para hacer frente a sus compromisos sociales y para ser un motor de reactivación económica, idea puesta en práctica por los socialistas suecos desde los años 30 del pasado siglo, la misma que ahora defiende el Presidente Zapatero.

Una pieza clave del modelo socialdemócrata sueco ha sido siempre la progresividad fiscal como elemento redistributivo de la riqueza. De hecho, el SAP, desde su fundación, siempre defendió la supresión de los impuestos indirectos y la sustitución de éstos por una tributación directa y progresiva que gravase tanto las rentas como las grandes fortunas. De hecho, tras un período en el cual el SAP optó por una política de nacionalizaciones (1944-1947), se retomó con fuerza desde el gobierno esta idea, pues era esencial que las riquezas generadas por la economía capitalista, fuesen repartidas de la forma más equitativa posible mediante la progresividad fiscal impulsada por la socialdemocracia y la llamada “política salarial solidaria” que suponía la completa igualdad de salarios entre hombres y mujeres (en vigor desde 1960) y la gradual reducción de las diferencias entre los sueldos altos y bajos de los trabajadores suecos.

Por todo lo dicho, el defender la progresividad fiscal en la política española supone no sólo un acto de justicia social sino, también, reafirmar una seña de identidad esencial del modelo económico socialdemócrata, artífice del Estado de Bienestar en los países más avanzados del mundo occidental. La realidad de los hechos y la coyuntura económica actual da las razón a las posiciones que siempre ha defendido la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE: conviene recordar que, en el pasado 37º Congreso Federal del PSOE (julio 2008),  Izquierda Socialista se opuso con sus enmiendas a la supresión del impuesto del Patrimonio y defendió una fiscalidad más potente, progresiva y solidaria que, además de garantizar el sostenimiento  de las prestaciones sociales y de los servicios públicos, tuviese la función redistributiva propia de una sociedad progresista y avanzada como la que defendemos. 

Ahora que el Gobierno del Presidente Zapatero orienta su proa hacia una mayor progresividad fiscal, cuando la derecha se indigna por ello y muestra su rostro más insolidario, es cuando con mayor firmeza hay que apoyar, desde posiciones progresistas, la subida de los impuestos directos  basada en los principios de justicia y solidaridad.

Para finalizar, quiero recordar unas palabras del gran estadista que fue Olof Palme, dirigente carismático de la socialdemocracia sueca, el cual señalaba los objetivos que deben orientar la política económica de los partidos socialistas y que son: “garantizar el crecimiento al mismo tiempo que mantenemos el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”. Estas son las ideas que debe defender con firmeza el socialismo como respuesta, no sólo a la crisis global, sino, también, como alternativa a las ideas neoliberales y a ese capitalismo voraz e insaciable que nos acosan, para que la socialdemocracia del   s. XXI pueda seguir construyendo un mundo más justo y solidario.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 12 septiembre 2009 ; La Comarca, 15 septiembre 2009)

         Con la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, se va a producir un considerable auge de las organizaciones socialistas y, consecuentemente, de la UGT: diversos militantes lograron presencia institucional, (como fue el caso de Bernardo Aladrén, secretario provincial de la UGT, que fue elegido 2º teniente-alcalde del Ayuntamiento republicano de Zaragoza), a lo cual hay que añadir un considerable aumento de la militancia.

Durante los años republicanos la UGT preconizó una acción sindical  orientada en tres aspectos (político, económico y cultural) en defensa de los intereses de la clase trabajadora. De este modo, se defendía la participación activa en la vida política por medio del PSOE para lograr avances sociales;  en lo económico se optó por una línea reformista a la vez que se fomentaba la creación de cajas de resistencia, cooperativas y asociaciones de protección y socorro para los ugetistas y, por ello, se crearon diversas Mutualidades obreras que, como en el caso de Zaragoza, disponían de varias farmacias para los afiliados ugetistas. En el ámbito cultural, por medio de las Casas del Pueblo, la UGT promovió el establecimiento de escuelas, bibliotecas, la realización de charlas y conferencias para elevar la formación de la clase trabajadora y, de este modo,  lograr que los trabajadores tuviesen una mayor capacidad para defender sus derechos con mayor autoridad y firmeza. Este fue el caso de la Escuela obrera creada por la Casa del Pueblo de Teruel, en donde se daban clases gratuitas a los trabajadores ugetistas y a sus hijos. Por su parte, la UGT creó incluso un Cuadro Artístico “Pablo Iglesias” en Zaragoza y otro en la ciudad de Teruel, dedicados a actividades teatrales.

Los representantes de la UGT aragonesa se esforzaron por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores al amparo de la política reformista impulsada por Francisco Largo Caballero, entonces ministro de Trabajo y secretario general de la UGT. Su objetivo era avanzar en la línea reformista institucional impulsada por el gobierno social-azañista basada en una legislación favorable a los obreros. De este modo, la legislación social impulsada por Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo convirtió en leyes muchas de las reivindicaciones del movimiento obrero socialista: se declaró el 1º de Mayo como fiesta oficial, se aprobaron leyes de profundo contenido social como fueron la de Jurados Mixtos, la de Contratos de Trabajo y la de Colocación Obrera o la de Términos Municipales, que mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores; dictó los decretos sobre el Seguro obligatorio de maternidad, sobre Arrendamientos colectivos, sobre Accidentes de trabajo en la agricultura; se implantó de forma efectiva la jornada laboral de 8 horas y se crearon las Delegaciones provinciales de Trabajo además de conferir mayores atribuciones y autoridad a los inspectores de trabajo para evitar los abusos de los patronos sobre los obreros.

Durante el período republicano, la UGT impulsó numerosas medidas para combatir el desempleo mediante el fomento de obras públicas  (tal y como hizo Bernardo Aladrén en la provincia de Zaragoza), se defendió el rescate de los bienes comunales para que el pequeño campesinado y los jornaleros pudieran acceder al cultivo directo de la tierra, especialmente en las Cinco Villas o en Teruel), se fomentó la creación de Cooperativas de Casas Baratas para el acceso de los trabajadores a viviendas dignas: este fue el caso de la zaragozana “Cooperativa Pablo Iglesias” y la labor del arquitecto socialista Francisco Albiñana, conocido como “el arquitecto de los pobres”, o la propuesta de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento republicano de Teruel para la creación de una Junta Local de Casas Baratas y una oficina para el fomento de este tipo de viviendas en la capital turolense.

Por otra parte, el crecimiento orgánico socialista hizo que se crease la Federación provincial de Sociedades Obreras de la UGT zaragozana (2 mayo 1931) siendo Luis Viesca su presidente y Bernardo Aladrén el secretario general, mientras que la Federación Turolense de Sociedades adheridas a la UGT se fundó el 27 de diciembre de 1931, siendo su primer presidente Daniel Villa García, líder del Sindicato Minero de UGT de Montalbán, el cual sería asesinado en marzo de 1932.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Voz sindical: órgano de la UGT Aragón, nº 111, septiembre 2009)

          En estas fechas estivales se ha recordado con diversos actos el 90º aniversario del nacimiento de Primo Levi (1919-1987), escritor y pensador italiano, judío de origen sefardí, considerado el precursor de la literatura y la memoria histórica del Holocausto (“Shoah”, en hebreo).

La vida de Levi, un joven químico turinés integrado durante la II Guerra Mundial en el grupo partisano “Justicia y Libertad”, quedó marcada para siempre tras su paso por los campos de exterminio (“Lagers”) nazis. Capturado por la Milicia Fascista mussoliniana en diciembre de 1943, fue entregado al ejército de ocupación alemán para ser posteriormente deportado a Auschwitz, el más siniestro de los campos de exterminio hitlerianos, donde permaneció hasta la liberación del mismo por el Ejército soviético en enero de 1945. De los 650 judíos italianos (“piezas”, en la terminología nazi) que fueron deportados en el mismo convoy que Levi, sólo sobrevivieron cuatro personas.

El tremendo drama de la Shoah, vivido y sufrido por Levi, lo plasmó en su libro Si esto es un hombre (1947), una obra fundamental de la literatura contemporánea, una de las publicaciones más importantes del s. XX, la cual ha tenido múltiples ediciones en diversos idiomas y ha sido objeto de varias versiones radiofónicas y teatrales.

Ciertamente, en estas fechas en que se honra a Levi, resulta una lectura recomendable. He empleado la edición española (Barcelona, Muchnick Editores, 1987). Debemos de señalar, de entrada, que el libro no añade nada nuevo en lo referente a los detalles atroces que caracterizaban a los campos de exterminio nazis sino que, como Levi indica, el objeto de su obra  es “proporcionar documentación para el estudio sereno de algunos aspectos del alma humana” en situaciones límite como las que existían en Auschwitz. Y es que no había palabras para expresar lo que Levi denomina como “la destrucción del hombre”, el trato brutal al cual eran sometidos las prisioneros considerados como “infrahumanos” por los nazis (judíos, gitanos, eslavos), su explotación sistemática y cruel, su muerte programada con una frialdad y metódica precisión (Levi nos recuerda que, Auschwitz logró la “horrenda primacía” entre todos los campos de exterminio al lograr la enorme cifra de “24.000 muertos en un solo día en agosto de 1944”. Una frase del libro resume la destrucción física y anímica del ser humano a manos del nazismo: “hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse”.

Levi distingue dos tipos de prisioneros: los “hundidos”, los que se desmoronan ante aquel inmenso cúmulo de sufrimientos, los que pierden toda capacidad de resistencia y acaban irremisiblemente en la cámara de gas y el crematorio, y los “salvados”, aquellos que con mayor fortaleza física y anímica, luchan a cada instante por sobrevivir. Muchos años después, Levi volvería a este tema en su libro titulado así, precisamente, Los hundidos y los salvados (1986).

A lo largo del libro se alude a diversos personajes y grupos de deportados: habla con emoción de los judíos griegos deportados de Salónica (admirables, tenaces y solidarios), muchos de ellos con seculares raíces que se remontaban a los judíos expulsados de Aragón en 1492; recuerda la llegada masiva de deportados húngaros durante la primavera de 1944, momento en el cual el diplomático zaragozano Ángel Sanz Briz intentaba desesperadamente salvar a la comunidad sefardí de Budapest. Con profunda emoción alude Levi a algunos presos que, en medio de aquel infierno, supieron mantener la dignidad humana, sobreponiéndose a tanta depravada deshumanización. Este fue el caso de “Lorenzo”, que salvó la vida de Levi y que “con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo y fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo”.

Es importante señalar que Si esto es un hombre es un libro incluido desde hace años en los contenidos didácticos del sistema educativo de Italia, destinado a la educación cívica de los escolares. Es por ello que, en 1976, Levi le incorporó un apéndice en el cual recogía las preguntas y respuestas más habituales que los estudiantes le fueron haciendo durante años en relación a la tragedia de la Shoah. En dicho apéndice trata temas como su rechazo a odiar a Alemania y los alemanes por sus crímenes, lo cual no supone que conceda un “perdón indiscriminado” hacia los culpables. Frente a los que maquillan la tragedia en base a teorías negacionistas y revisionistas afines al neofascismo, afirma que el pueblo alemán sabía que se estaba perpetrando un genocidio de inmensas proporciones y, por ello, lo considera “plenamente culpable”  ya que, “quien sabía no hablaba, quien no sabía no preguntaba, quien preguntaba no obtenía respuesta”. Alude también a la dificultad de huir y de efectuar  rebeliones masivas en los Lager (pese a que las hubo en Treblinka, Sobibor, Birkenau o el “ejemplo de extraordinaria fuerza moral” del levantamiento del guetto de Varsovia); analiza el odio fanático del nazismo para con los judíos, o el eterno dilema de los supervivientes entre olvidar la tragedia o recordarla para mantener viva su memoria. En este sentido, Levi es claro y contundente ya que nos recuerda que “meditar sobre lo que pasó es deber de todos”.

Tras reconocer que sin la dramática experiencia de Auschwitz el químico Levi es muy probable que nunca se hubiese dedicado a la literatura (que le hizo merecedor de varios premios y ser candidato al Nobel) y a la defensa de la memoria histórica, admite que sobrevivió porque tuvo suerte y voluntad, ya que pudo sustraerse a aquella “total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual”  y pudo seguir siendo un hombre, mantuvo su dignidad y valores.

Levi no fue un historiador, ni lo pretendió ser, fue un testigo que relata los hechos para que la memoria permanezca viva en las generaciones futuras. Por ello, sentó las bases del testimonio, ya que fue un pensador a partir del cual se empezaron a elaborar las teorías filosóficas y educativas en relación a la Shoah, el papel y la necesidad del testigo en la historia para que el lector tome conciencia de la barbarie fascista, lo condene y actúe cimentando la sociedad sobre los valores del respeto y la libertad. Es por ello que, como indica en el libro, utilizó “el lenguaje mesurado y sobrio del testigo; no el lamentoso lenguaje de la víctima ni el iracundo lenguaje del vengador: pensé que mi palabra resultaría tanto más creíble cuanto más objetiva y menos apasionada fuese; sólo así el testigo en un juicio cumple su función, que es la de preparar el terreno para los jueces: los jueces sois vosotros”.

Esa es la fuerza moral, el impulso ético y la necesidad de mantener siempre viva la memoria histórica. Por ello este libro lo siguen estudiando los escolares italianos porque, como pensaba Levi, sólo la educación cívica de la juventud será la mejor garantía para salvaguardar los valores democráticos y evitar en un futuro tragedias como la Shoah, Gernika, Sarajevo, Rwanda o tantas otras.

Por ello, 22 años después de su muerte, Primo Levi sigue vivo en la memoria y la lectura de Si esto es un hombre (y el estremecedor poema que da título al libro), es un buen homenaje para aquel judío italiano de origen sefardí que nos compromete en el permanente deber ético de la defensa de la memoria histórica y la dignidad humana frente a todo tipo de fascismo.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 24 agosto 2009)

      Ahmadinejad, aprovechando la popularidad que había alcanzado como alcalde de Teherán, decidió presentarse a las elecciones presidenciales del 2005. Era éste un momento de claro avance del neofundamentalismo islamista y de movilización del electorado pobre, coincidiendo con una fase de desmotivación del electorado reformista y, en las que Ahmadinejad, convertido ya en el abanderado de los sectores fundamentalistas, se enfrentó a Alí Akbar Hashemi Rafsanyani, un conservador pragmático partidario de introducir algunas reformas en la República Islámica.

      Contra todo pronóstico y, ante la sorpresa general, venció Ahmadinejad en la segunda vuelta el 24 de junio de 2005, logrando el 61,7 % de los votos. En estas elecciones, en la cual la participación fue del 59,6 % del censo, se denunciaron numerosas irregularidades hasta el punto que el Ministerio del Interior intentó suspender las votaciones, pero, como acaba de ocurrir en los comicios del 12 de junio de 2009, el Consejo de los Guardianes de la Revolución lo impidió favoreciendo, en ambos casos, las aspiraciones políticas de Ahmadinejad y del fundamentalismo.

      El el programa electoral con el que venció Ahmadinejad, junto a medidas tendentes a crear empleo para los jóvenes o reducir las tasas del paro, apuntaba una política internacional de liderazgo en el conjunto del fundamentalismo defensor de los valores islámicos y revolucionarios jomeinistas. En su discurso de toma de posesión, ya dejó claros los tres objetivos básicos de su programa político : desarrollo de un programa nuclear iraní, oposición frontal a la « invasión cultural » de Occidente en el mundo musulmán y lucha contra el liberalismo económico.

      El programa político de Ahmadinejad creó de inmediato inquietud no sólo en Oriente Medio sino en el conjunto del mundo occidental pues optaba por apoyar a diversos movimientos terroristas chiítas en Iraq, Líbano o Palestina como Hizbullah o Hamas. Junto a esto, y, lo que es todavía más peligroso, Ahmadinejad optó por impulsar un ambicioso programa para dotar de armas nucleares al régimen de los ayatollahs, desoyendo las presiones contrarias en este sentido que le hicieron la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la ONU, la Unión Europea o los mismos Estados Unidos. Por esta razón, Ahmadinejad dejó sin efecto el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) del cual Irán era firmante, ha incumplido la resolunción 1.737 de la ONU y ha iniciado un programa nuclear propio en las instalaciones de Isfahan y Natanz (protegidas con baterías antiaéreas) y en la planta de producción de agua pesada de Arak con la intención última de producir plutonio que, aunque se alegaba que era « para usos civiles », podía servir para cargar, también, bombas logísticas. De este modo, Ahmadinejad ha popularizado un nuevo lema de su régimen : « la energía nuclear es nuestro derecho indiscutible », el cual es coreado con entusiasmo por sus seguidores.

      Pero si el programa nucelar iraní ya era de por sí una seria preocupación internacional, Ahmadinejad volvió a desatar una nueva tormenta política cuando el 26 de octubre de 2005 pronunció, con un lenguaje virulento y agresivo, una polémica conferencia titulada « El mundo sin el sionismo ». Si la tensión política era alta con el Irán de Ahmadinejad, todavía subió unos cuantos grados más por sus encendidas afirmaciones contra Israel que en dicho acto fueron vertidas tales como que « Israel debe ser borrado del mapa », « Si Dios quiere, seremos testigos de un mundo sin Estados Unidos y sin la entidad sionista » o « la comunidad de fieles no permitirá a su enemigo histórico vivir en su corazón ». Las incendiarias declaraciones de Ahmadinejad originaron diversas reacciones de repulsa en Occidente, además de abrir un riesgo cierto de una futura respuesta militar israelí pero, también, hizo que el dirigente iraní se granjease el apoyo entusiasta del fundamentalismo radical de todo el mundo musulmán.

      A todo lo anterior habría que añadir los frecuentes alusiones de Ahmadinejad en las que, contra toda evidencia histórica, se empecina en negar el Holocausto judío a manos del nazismo. Estas afirmaciones movidas por su odio antijudío e idénticas a las posiciones defendidas por el neofascismo, recogen ideas tales como las expuestas en su discurso en la ciudad de Zahedan el pasado 14 de diciembre de 2005 en las que el líder fundamentalista llegó a afirmar que « Ellos [las democracias occidentales] se han inventado una leyenda en la cual los judíos fueron masacrados y les pusieron por encima de Dios, las religiones y los profetas ». De este modo, sus frecuentes comentarios antijudíos y alusiones contrarias al Estado de Israel han logrado reforzar la posición de Irán en el resto del mundo islámico, un régimen que, por cierto, se halla implicado en el sangriento atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) ocurrido en 1994 y que ocasionó 84 muertos.

      Si las razones del éxito político de Ahmadinejad en las presidenciales de 2005 fueron su populismo y su radicalismo islámico que le granjearon el apoyo de las clases pobres, algo similar ha vuelto a ocurrir en las elecciones del pasado 12 de junio de este año. Pese a la innegable existencia de un fraude electoral a su favor, pese al despertar gradual de la oposición reformista como está quedando patente estos días en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes, lo cierto es que, mal que nos pese, la mayoría social de la República Islámica parece que se ha mantenido fiel (por convicción o por temor a las fuerzas represivas) a la línea política fundamentalista que Ahmadinejad representa con todo lo que supone de inmovilismo en materia de política interna y de factor desestabilizador en las relaciones internacionales y, sobre todo, de la geopolítica de Oriente Medio.

      No es casualidad que ya en la victoria electoral de Ahmadinejad de 2005, éste popularizase un lema similar al que, recientemente, tan buen resultado le dió a Barack Obama para llegar a la Casa Blanca : « Es posible y nosotros lo podemos hacer ». Lo preocupante de este reto político enarbolado por el dirigente fundamentalista iraní durante estos años, no es sólo lo que haga con su rígida y represiva política interna, sino, como decíamos antes, el factor de tensión internacional que genera (y seguirá generando) el régimen de Ahmadinejad. Por ello, tampoco debemos olvidar otra afirmación, frecuentemente empleada por el pensamiento reaccionario que mueve la acción política de Ahmadinejad : « Esta revolución [islámica] trata de alcanzar un gobierno mundial ». Toda una preocupante amenaza para los valores y principios políticos sobre los que se sustenta nuestro modelo de sociedad libre y pluralista.

      José Ramón Villanueva Herrero

       (La Comarca, 10 julio 2009)

      En los últimos días está siendo triste actualidad la tensa situación interna de la República Islámica de Irán tras la celebración de las elecciones presidenciales del pasado 12 de junio en las que Mahmoud Ahmadinejad ha revalidado su cargo con el estimable apoyo del aparato del régimen así como de las numerosas irregularidades cometidas frente al moderado Mir Hossein Mussavi, el candidato en el que los sectores aperturistas iraníes y las democracias occidentales habían depositado sus esperanzas de cambio político.

      La realidad es dura y amarga : la victoria de Ahmadinejad supone la continuidad y el enrocamiento del régimen islámico iraní, una teocracia a punto de convertirse en potencia nuclear, soporte e instigadora de los partidos fundamentalistas de Líbano (Hizbullah) y de Palestina (Hamas) y, por ello, un elemento de desestabilización en la convulsa zona de Oriente Medio.

      En estos días, en que tanto se ha hablado de Irán y del candidato Mussavi, quisiera recordar algunos datos sobre la enigmática y fuerte personalidad de Ahmadinejad, el reelegido presidente de Irán, tan idolatrado por los sectores populares islamistas de su país como odiado en la todavía débil oposición aperturista y democrática interna y que tan mala imagen y temor produce en el mundo libre.

      Mahmoud Ahmadinejad, nacido en 1956 en Aradan, provincia de Garmsar, es el cuarto hijo de siete hermanos de una familia de origen humilde. Pese a ello, consiguió realizar estudios superiores titulándose como ingeniero civil en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán.

      Su militancia política islamista se inicia, siendo un joven universitario, en las jornadas revolucionarias de 1979 que supusieron la caída de la monarquía dictatorial del sha Mohammad Reza Pahlevi y la instauración de la República Islámica de Irán liderada por el ayatollah Ruhollah Jomeini. Es por entonces cuando Ahmadinejad, miembro de la Asociación de Estudiantes Islámicos, participó en el asalto a la embajada de los Estados Unidos en Teheran (4 noviembre 1979) que generó la « crisis de los rehenes », la cual se prolongó durante 444 días y de la cual ahora se van a cumplir 30 años. Durante estos sucesos, Ahmadinejad propuso asaltar, también, la embajada de la URSS, aunque finalmente, los estudiantes islamistas no se decidieron a llevarla a cabo.

      Ahmadinejad, como miembro fundador de la ultraconservadora Oficina para el Reforzamiento de la Unidad (DTV) (Daftar-e Tahkim-e Vahdat) entre los estudiantes universitarios y los seminarios de teología integristas, desempeñó un importante papel en la campaña de purgas de elementos liberales y secularizados en las universidades iraníes iniciadas en 1980 siendo, durante ellas, delator, comisario político, interrogador y torturador. En este mismo año de 1980 se integró en las milicias de los Guardianes de la Revolución (Pasdarán), las tropas de élite jomeinistas, encargados de la represión interna y de la vigilancia de la moral y las costumbres en la rígida sociedad islamista iraní.

      En 1986, ingresó como voluntario en las fuerzas especiales de los Pasdarán, la llamada Fuerza Qods (Jerusalem), encargada de realizar acciones de comando y sabotaje durante la guerra que enfrentó a Irán contra el régimen iraquí de Saddam Hussein (1980-1988) y del asesinato de disidentes en el extranjero : determinadas fuentes lo consideran implicado en el asesinato de Abdul Rahman Ghassemlou, secretario general del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) iraní y dos de sus colaboradores ocurrido en Viena en julio de 1989.

      Al año siguiente, como ingeniero de planificación de tráfico y transporte, va a desempeñar diversos cargos como funcionario de rango intermedio tales como los de gobernador de las ciudades de Maku y Joy, asesor del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica y gobernador de la provincia de Azarbayján-e-Sharqui hasta que dimitió de dicho cargo como consecuencia de la llegada al poder de Muhammad Jatami y los reformistas moderados.

      Durante los años en que ocupó Jatami la presidencia de la República Islámica de Irán (1997-2005), Ahmadinejad fue radicalizando sus posiciones políticas y, tras doctorarse en Ingeniería del Transporte, se vinculó a la organización « Seguidores del Partido de Dios » (Ansar-i- Hizbullah) que mantenía estricta fidelidad a la autoridad de los ayatollahs más fundamentalistas y que estaba liderada por Seyyed Ali Hoseyni Jamenei, el sucesor de Jomeini como líder espiritual de la República Islámica. Desde allí, Ahmadinejad realizó una intensa labor de oposición a la política reformista de Jatami, impulsó la formación de una nueva derecha fundamentalista de la cual surgió la Alianza de los Constructores del Irán Islámico (2003), cuyos mensajes se centraban en la recuperación de los ideales y de las políticas del jomeinismo posrevolucionario de principios de los años ochenta.

      El ascenso político de Ahmadinejad se puso de manifiesto tras su elección como alcalde de Teherán (mayo 2003) a pesar de que el porcentaje de participación electoral fue de un irrisorio 12 %. Durante sus dos años de alcalde de la capital iraní, llevó a la práctica su rigorismo fundamentalista y, pese a ser laico, superó en celo moralista y religioso a muchos clérigos chiitas. Entre las medidas que adoptó durante este tiempo, podemos citar : el cierre de los restaurantes de comida rápida, el expurgar los programas culturales de eventos « no islámicos », convertir las galerías de arte en salas de oración o establecer en los lugares de trabajo ascensores diferentes para cada sexo. Sin embargo, fracasó en su intento de convertir los parques públicos en mausoleos militares y en la extensión del velo islámico (chador) a las mujeres.

      Como alcalde de Teherán, Ahmadinejad se ganó el apoyo de los sectores humildes mediante la concesión de créditos sin intereses a las parejas recién casadas y por la distribución de sopa caliente en las barriadas pobres. De igual modo, se cimentó su imagen de alcalde incorruptuble y de austeridad espartana que rechazaba el sueldo y el coche oficial y que seguía viviendo en su modesto apartamento.

      Con este vagaje político, se presentó a las elecciones presidenciales de junio de 2005 y, contra todo pronóstico, venció al hodjatoleslam Ali Akbar Hashemi Rafsanyani. A su período como nuevo presidente de la República Islámica de Irán dedicaremos el próximo artículo.

      José Ramón Villanueva Herrero

      (La Comarca, 7 julio 2009)

Todavía no se han apagado en Zaragoza los ecos de la polémica ciudadana por el hecho de que, a iniciativa del alcalde Belloch, se haya dedicado una calle a San Josemaría Escrivá de Balaguer, inmerecido honor para con el fundador del Opus Dei. Ciertamente, el santo aragonés fue, a lo largo de toda su vida, un ejemplo de actitudes religiosas retrógradas además de sectarias y, también, defensor de un posicionamiento servil para con la dictadura franquista, razón por la cual, la decisión de Belloch sólo sirve para alentar, además de un rechazo cívico, el que, en contraste, se produzca una nueva ola de añoranzas clericales por parte de los sectores más rancios de la derecha política y religiosa.

Mientras el alcalde socialista Belloch ha honrado desmedidamente a Escrivá de Balaguer, a quien Franco le concedió el título nobiliario de “Marqués de Peralta”, la periodista Pilar Urbano, destacada figura del Opus Dei, “acusó” al Presidente Zapatero de ser “masón”, al igual que, en fechas recientes, lo han hecho diversos medios de comunicación de la derecha clerical con Francisco Caamaño, el nuevo ministro de Justicia: para la “caverna” reaccionaria, el ser masón sigue utilizándose como un insulto hiriente y es que, como señalaba Enric Sopena, la masonería “es un filón inacabable para la demagogia conservadora”. En cambio, en una sociedad democrática, este hecho responde a la libertad individual de cada ciudadano y, por ello, respetable y ajena a toda polémica o acusación peyorativa.

La caverna clerical, en su abierta ofensiva contra el Gobierno Socialista de Zapatero, ha empleado todo tipo de metralla y munición, como la campaña contra la legislación sobre el aborto, los matrimonios homosexuales o contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, lo cual es un caso único en la Europa Occidental dado que la Iglesia ha lanzado una auténtica “cruzada” contra esta asignatura que educa en valores cívicos y democráticos. Habría que recordar que esta actitud es bien distinta a la que mantuvo en su día la jerarquía eclesiástica con la nefasta Formación del Espíritu Nacional (FEN) de la dictadura, una asignatura obligatoria al servicio del adoctrinamiento franquista y que el régimen liberticida nos impuso a varias generaciones de españoles.

Las nostalgias clericales no entienden los valores del Estado laico y, por ello, interfieren en el  normal y libre desarrollo de la vida pública con harta frecuencia. Por ello, no es cierto que la libertad religiosa se halle amenazada por lo que el cardenal Bertone llamaba “predominio cultural del agnosticismo y del relativismo” y, bien al contrario, se percibe un cierto frenazo por parte del Gobierno a las medidas de impulso del Estado laico como lo serían la aprobación de un Estatuto de Laicidad que supondría, entre otras cosas, la desaparición de los símbolos religiosos en las instituciones y edificios públicos y la ausencia de ritos católicos en los actos oficiales y en los funerales de Estado.

Pero en España, pese al buen trato que, en todo momento ha recibido la Iglesia por parte del poder civil, la jerarquía eclesiástica mantiene una permanente actitud de frontal hostilidad hacia el Gobierno Socialista: ahí están los exabruptos de la Cadena COPE como flagrante evidencia. Con esta actitud, la jerarquía parece añorar pasados tiempos, épocas de preeminencia y poder, tiempos del nacional-catolicismo, aquellos tiempos en que, como ocurrió en diciembre de 1957, esta derecha de sotana y sacristía, quiso, incluso, honrar al general Franco haciéndolo cardenal de la Iglesia Católica. Y, sin embargo, pese a quien pese, la sociedad civil considera que ha llegado el momento de revisar las exenciones fiscales concedidas a la Iglesia en los acuerdos firmados por España con la Santa Sede sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979 y, también, la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa; que hay que avanzar en las investigaciones biomédicas y que, los matrimonios homosexuales, tienen plena legitimidad en la sociedad civil.

Lejos, muy lejos quedan los tiempos en que un clericalismo asfixiante era el vigilante severo de las vidas y conciencias de los españoles. Hay que recordar el riguroso control que de la moral, tanto individual como social, se abrogaba el clericalismo militante, fiel servidor de la dictadura: ahí están las atribuciones sobre la censura de obras de creación literaria, teatral y cinematográfica por parte de la Iglesia. A modo de ejemplo, resulta curiosa la amonestación episcopal de Fray León Villuendas, obispo de Teruel, quien en 1948 condenó en los más duros términos la proyección de la película “Gilda”, un melodrama pasional protagonizada por Glenn Ford y Rita Hayworth, y en la que la actriz, de origen hispano-judío (su verdadero nombre era Margarita Carmen Cansino), enfundada en un vestido de satén negro y, en actitud insinuante, se quitaba un guante mientras cantaba “Put the Blame On Mame”, escena de una mítica sensualidad que ha pasado a la historia del cine. El texto del obispo Villuendas, publicado en el diario Lucha el 15 de mayo de 1948, decía así:

“Enterados con profundo dolor de nuestra alma de que próximamente se intenta proyectar en nuestra ciudad la película “Gilda”, GRAVEMENTE ESCANDALOSA [sic], en cumplimiento de uno de nuestros más sagrados deberes del oficio pastoral, y como ya lo han hecho muchos de nuestros Venerables Hermanos del Episcopado Español, prohibimos la dicha película cinematográfica “Gilda”, y amonestamos, amadísimos hijos, haciendo saber a los empresarios que no pueden exhibir esta película, y a los fieles que no podrán presenciarla sin GRAVAR SU CONCIENCIA CON PECADO MORTAL [sic].

De la docilidad y religiosidad de nuestros fieles diocesanos esperamos la más fiel obediencia, a esta NUESTRA AMONESTACIÓN EPISCOPAL [sic].

Teruel, 14 de mayo de 1948.

Fr. León, Obispo de Teruel”.

Ciertamente, aquellos eran otros tiempos, unos tiempos que añoran, todavía, quienes defienden las nostalgias clericales de un caduco nacional-catolicismo, el mismo que siempre defendió Escrivá de Balaguer, el mismo que parece mantener todavía firmes seguidores entre los sectores más inmovilistas de la Iglesia Católica en España.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 14 junio 2009)

En estos días, ha sido noticia la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicato "Manos Limpias" contra el juez Garzón por su iniciativa de abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo por medio del Sumario 53/2008 E de 18 de diciembre.

Bajo el irónico nombre de "Manos Limpias", se esconde un colectivo fundado en 1995 por Miguel Bernard, exsecretario general de Fuerza Nueva, que se define como "sindicato de ámbito independiente" y que afirma tener por objetivo hacer frente al "deterioro del Estado de Derecho", en el cual, por cierto, nunca han creído ni han defendido, bien al contrario, las mentes ultramontanas que se agrupan en "Manos Limpias". Por cierto, hasta su nombre es ofensivo y muestra su subconsciente retrógrado: ¿es que acaso la ciudadanía y la mayor parte de la clase política española contrarios a sus ideas ultras tenemos las manos sucias?. Ellos son los que ensucian las libertades que la democracia les concede cuando nunca han hecho nada para defenderlas y, por el contrario, han estado siempre cercanos a la ideología liberticida del franquismo.

"Manos Limpias" emponzoña cuanto toca, judicialmente hablando: en estos últimos años, han sembrado los juzgados de toda una serie de denuncias, querellas y recursos que indican bien a las claras la ideología que impregna este colectivo: desde las denuncias presentadas contra el Presidente Zapatero por haber iniciado un proceso de paz con ETA (que fue autorizado por el Parlamento, no lo olvidemos), hasta diversas querellas contra dirigentes nacionalistas (la de Juan Mari Atutxa fue la más sonada) u otras en defensa de la monarquía, la fe católica o la teoría conspiratoria en torno al 11-M, tema recurrente de la derecha política y mediática. Pero si algo ha caracterizado a "Manos Limpias" en estos últimos años ha sido su obsesión por procesar a Garzón y, tras múltiples querellas y denuncias contra el, a la dieciochoava vez, lo han conseguido y ésta ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

En el recurso de amparo de Garzón contra esta querella "por prevaricación", apunta los principales argumentos en defensa de su actuación en el Sumario 53/2008 por medio del cual pretendía abrir un proceso contra el franquismo y hacerse eco de las justas demandas de las víctimas y sus familiares, tema éste que tuvo una amplia repercusión política, judicial y ciudadana. De hecho, Garzón señala en su recurso cuestiones obvias cual son: que no hay indicios de delito en la apertura del Sumario, que no fue motivado por una actuación presuntamente injusta, que no hizo nada "esperpéntico" y, desde luego, que actuó con arreglo a la legalidad con objeto de lograr la necesaria protección de las víctimas con arreglo a la Ley 52/2007, de la Memoria Histórica.

Dicho esto, y ante la cruzada desatada contra el juez Garzón por la derecha política, judicial y mediática, creo oportuno recordar y defender su actuación en relación a tan polémico tema. Para ello, debemos recordar, en primer lugar, que la jurisprudencia y el derecho internacional amparan las actuaciones judiciales de Garzón en el proceso que intentó abrir contra los crímenes del franquismo ya que éstos, al tener la consideración de "crímenes contra la humanidad", son delitos vigentes a fecha de hoy pues no prescriben nunca, tal y como se recogen en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Por ello, la competencia de Garzón en este tema estaba plenamente justificada con arreglo al principio de "justicia universal" el cual debe abrirse paso en los ámbitos nacionales y, por ello, considero un grave un error político el reciente pacto PSOE-PP para restringir su actuación en esta materia por parte de los tribunales españoles: en un mundo globalizado, los valores y los principios de la justicia universal y el derecho penal internacional, también deben de ser de aplicación en cualquier lugar y circunstancia.

Por todo ello, releyendo de nuevo el Sumario 53/2008, me reafirmo en estas ideas y en la defensa de la actuación jurídica de Garzón, que, al margen del afán de protagonismo de que siempre se le acusa, lo cierto es que abrió un debate jurídico y social sobre un tema que hay que afrontar con valentía de una vez por todas: el proceso, todavía pendiente, a los crímenes del fascismo y la dignificación moral y también jurídica de todas sus víctimas, una deuda que todavía no ha saldado nuestra democracia constitucional.

En dicho Sumario, convertido en un documento fundamental de los delitos de estado cometidos por el franquismo, se señala, ya de entrada, la "existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra". En cuanto a los razonamientos jurídicos, éstos son calificados como "crímenes contra la Humanidad, en conexión con un delito contra Altos Organismos de la Nación y de la Forma de Gobierno" (p. 5), esto es, delito de rebelión contra el legítimo Gobierno republicano. Se trata por ello de "delitos permanentes, cuya comisión a efectos jurídicos son actuales" puesto que continúan miles de víctimas desaparecidas, asesinadas en multitud de fosas, y miles de niños, hijos de republicanos, fueron sustraídos a la fuerza de las manos de sus padres y entregados a otras familias adictas al régimen.

La magnitud de estos crímenes hace que Garzón apunte en el Sumario una cuestión jurídica de enormes efectos políticos: la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 a este tipo de delitos cometidos por el franquismo. Como bien señala Garzón, los crímenes contra la humanidad son aquellos "actos punibles con independencia de la responsabilidad que pueda establecer el derecho interno, no son amnistiables" pues lo contrario sería conceder "una patente de impunidad" a éstos y a sus responsables.

Quiero acabar estas reflexiones en apoyo de la actuación de Garzón en este tema con dos párrafos recogidos del ya famoso Sumario 53/2008:

"España no es diferente a otros países de la comunidad internacional, ni puede serlo, cuando se trata del reconocimiento de delitos horrendos como los aquí enunciados y la necesidad y obligación de investigar y luchar contra la impunidad, y por ello está obligada, como los demás países a cumplir aquellas normas y jurisprudencia que le afectan en el marco jurídico internacional al que pertenece con trascendencia sobre el orden jurídico interno […] España está obligada y muy particularmente el Ministerio Fiscal y el órgano judicial competente. Obstaculizar la investigación, luego de la omisión durante años, sería contravenir flagrantemente aquellos artículos del Convenio Europeo"

Y es que, como concluye el Sumario, "los hechos son los que son y este instructor [Garzón] no los ha inventado". Por ello, la limpia actuación del juez Garzón, reconocida unánimemente por las asociaciones de la memoria histórica no merece ser desvirtuada por unas manos sucias, las manos de la rancia derecha, los nostálgicos de una dictadura, convertida en la página más negra y dramática de nuestra historia colectiva.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 6 junio 2009)

Coincidiendo con la Cumbre Unión Europea (UE)- Estados Unidos (Praga, 5 abril 2009), Barack Obama, con talla de estadista, que es tanto como decir político con visión de futuro, manifestó abiertamente lo que muchos ciudadanos europeos pensamos: “Turquía debe estar en la UE”. Esta frase, convertida en un importante reto político, no sólo responde al deseo del actual gobierno turco de Recep Tayip Erdogan, sino que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad turca que está convencida de que la modernidad y el progreso para su país sólo pueden venir desde la UE. Y es que, el camino para la  integración de Turquía, aún siendo consciente de todas las dificultades que comporta, es sin duda una oportunidad y un reto histórico que no se debe minusvalorar ni mucho menos rechazar de forma visceral.

Haciendo un poco de historia, hay que recordar que la solicitud y petición formal de Turquía en la UE se remontan a la lejana fecha de julio de 1959. Más tarde, se firmó un acuerdo de asociación entre la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y Turquía el 12 de diciembre de 1963. Sin embargo, las complejas negociaciones quedaron congeladas como consecuencia del golpe de estado y la dictadura militar turca (1980-1983). Ello hizo que, en 1987, se realizase una nueva solicitud de ingreso que sería rechazada en 1990 por la CEE. Posteriormente, tras varias iniciativas, el Consejo Europeo celebrado en Bruselas en diciembre de 2004, decidió iniciar formalmente las negociaciones de adhesión a partir del 3 de octubre de 2005. Se iniciaba así un largo proceso cuyo final no se adivina en el horizonte y que deberá concluir  con Turquía como miembro de pleno derecho de la UE, una vez que esta nación haya realizado todas las reformas que, como requisito previo, le exige la UE.

Entre las reformas exigidas a Turquía, se halla la cuestión de los avances en los derechos humanos: pese a que se han producido importantes logros como la supresión de la pena de muerte, el polémico artículo 301 del Código Penal turco sigue siendo un escollo en el proceso de integración. Este artículo, que limita la libertad de expresión y castiga con penas de cárcel “el insulto a la identidad turca” ha sido utilizado para procesar a intelectuales y periodistas, como es el caso del premio Nobel de literatura Orhan Pamuk. Por ello, la UE ha solicitado la derogación del llamado “artículo infame”, para continuar el proceso de adhesión que, como ocurre con otros países aspirantes, se ha ralentizado, además, como consecuencia de la crisis económica global.

Otras cuestiones a resolver por Turquía son complejas como el caso del contencioso de Chipre, desde la ocupación militar del norte de la isla por el ejército turco en 1974, el no menos complejo problema del Kurdistán, o el excesivo peso que, en la vida política tiene el ejército como garante de las conquistas logradas por el reformismo inspirado en el pensamiento de Atatürk.

La integración turca hay que analizarla desde una perspectiva positiva, desde los beneficios mutuos que para ambas partes comportaría y no desde el rechazo visceral motivado por prejuicios anacrónicos. De hecho, Turquía ocupa un lugar geográfico vital en el centro de Eurasia, esto es, en la confluencia del Mediterráneo Oriental, los Balcanes, el Caúcaso, Asia Central y el Próximo Oriente, por lo que su integración contribuiría de forma decisiva a la paz y la seguridad de Europa, además de servir para extender los valores democráticos, las libertades civiles y el progreso social en una región tan convulsa como importante desde el punto de vista geoestratégico.

Por otra parte, su integración supondrá una importante aportación a la UE, pues Turquía es una economía dinámica (la 20º del mundo) y con una población joven (en dos décadas llegará a los 85 millones de habitantes). Esto tendrá importantes consecuencias  pues cambiará la estructura geográfica de una Europa envejecida y fortalecerá nuestro dinamismo económico (más de 80.000 empresas turcas tienen relaciones comerciales con la UE). Tampoco hay que olvidar que, con Turquía en la UE, se garantizaría el vital transporte de recursos energéticos por medio del oleoducto  Bakú-Ceyhan, evitando de este modo que, como se ha comprobado el pasado invierno, Europa quede a merced de las veleidades de Rusia y su control energético sobre buena parte de nuestro continente.

Pero si todas estas cuestiones de tipo económico son importantes, más lo son en mi opinión las motivaciones de tipo político, cuestión que, como el Presidente Zapatero ha manifestado en la Reunión de Alto Nivel España-Turquía (Estambul, 5 abril 2009), en la que ha respaldado plenamente la aspiración turca de integración, la cual pretende impulsar durante la presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010. Por ello, resulta  gran transcendencia política la aceptación por parte de Turquía de los valores enunciados en el apartado 1 del art. 6 del Tratado de la  UE en el que se señala que “la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros”. Ello supone la extensión de estos valores que, al ser universales, pueden lógicamente ser compartidos por países de distintas culturas y confesiones religiosas. De ahí la importancia y la valentía política de apostar por integrar plenamente a Turquía en la UE. Y es que, los valores de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, el pluralismo, la justicia, la no-discriminación y la tolerancia, pueden también aplicarse a un país laico y moderno de población musulmana, como es el caso de Turquía. De este modo, la funesta profecía que algunos agoreros del “choque de civilizaciones” predican, se disiparía como un mal sueño ya que, al ofrecer la UE   libertades y calidad de vida a Turquía, esto se convertiría en un ejemplo de libertad y progreso para todo Oriente Medio y podría ser seguido por otros países.

Consecuentemente, la integración de Turquía en la UE debe suponer, una alianza estratégica de futuro. Esta decisión política, valiente y decidida, es un buen paso en el camino  para construir un mundo más justo, respetuoso, tolerante y de progreso, unas  ideas que debemos hacer realidad, uniendo los esfuerzos y voluntades de la UE con los de un dinámico país de tradición musulmana como es la Turquía heredera del espíritu de Kemal Atatürk.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 26 mayo 2009 , Diario de Teruel, 28 mayo 2009)

           Cuando en 1453 los ejércitos turcos otomanos conquistaron Constantinopla, la actual Estambul, poniendo fin al Imperio bizantino, hacía ya un siglo que el Imperio Turco y controlaba amplias zonas de los Balcanes y de la Península Egea, esto es, ya estaba establecido sobre territorio europeo. Consecuentemente, desde la caída de Bizancio, se puede considerar con toda propiedad al Imperio Otomano como una potencia europea. No es casualidad que el sultán Mehmet II Fatih, tras conquistar Constantinopla,  se autoproclamase  “Kayzer-i-Rum” (César de Roma) al considerarse continuador de la labor civilizadora desempeñada durante siglos por el Imperio Romano de Oriente (Bizancio) en esta región en donde convergen Asia y la Europa mediterránea oriental.

Pese a que es una cuestión que levanta polémica en diversos países como Francia, Alemania o Austria, así como en sectores políticos, sociales y hasta religiosos, lo cierto es que Turquía, desde hace más de cinco siglos, forma parte indisoluble de la historia de Europa. De hecho, conviene recordar que, el Tratado de París de 1856 ya admitió al Imperio Turco en el llamado “sistema europeo de Estados”, además, Turquía forma parte en la actualidad de los principales organismos internacionales vinculados a Europa, como es el caso del Consejo de Europa, del cual es miembro desde 1949 (España se integró en 1977), de la OTAN (desde 1952), de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (desde 1960), y ello le legitima para aspirar a integrarse en un futuro en la Unión Europea (UE).

Si resulta innegable que la historia de Turquía y Europa se entrecruzan, también lo es que el que en la actualidad se hable de la integración de Turquía en la UE supone una decisión política de un enorme calado político y de una gran transcendencia histórica que, por ello, pienso que hay que apoyar decididamente. Ello debe significar tener una visión abierta y plural de Europa, alejada de todo tipo de prejuicios y firme defensora (y difusora) de los valores cívicos y democráticos sobre los que se sustenta la UE. Sin duda, la integración turca es un proceso complejo, no exento de dificultades, que requerirá su tiempo y que, por lo que respecta a Turquía, significará un paso decisivo en el camino hacia la modernidad, una aspiración constante desde que la revolución liderada por Mustafá Kemal Atatürk pusiese fin en 1923 a un decrépito sultanato y sentase las bases de la Turquía moderna.

          Atatürk proclamo la República con dos objetivos básicos: crear una nación no definida por la raza o la religión sino por el concepto moderno de ciudadanía y, en segundo lugar, conseguir para Turquía un lugar entre las naciones más civilizadas de Europa. Para lograr estos objetivos, impulsó toda una serie de medidas secularizadoras lo cual supuso entonces todo un hecho revolucionario en el mundo musulmán, lo cual resulta ahora especialmente destacable cuando el fundamentalismo islámico se halla en auge en muchos países. Conviene recordar que, en un país mayoritariamente musulmán como Turquía, Atatürk unificó y secularizó el sistema educativo (laico, gratuito y obligatorio para ambos sexos) (1925), suprimió la ley islámica (sharia) y el Islam dejó de ser la religión oficial del Estado (1928), así como que también permitió el derecho de voto y elección para las mujeres (1934). Por otra parte, pretendió “europeizar” a Turquía adoptando el calendario gregoriano, nuestro sistema de pesas y medidas e, incluso cambió la tradicional grafía árabe por el alfabeto latino, caso único en un país de cultura musulmana (1928).

Todas estas reformas se articulaban sobre la base de los principios ideológicos del pensamiento político de Atatürk tales como su nacionalismo (entendido como elemento unificador de las 18 etnias que existen en Turquía), o su republicanismo (basados en el principio de soberanía nacional, base de la sociedad igualitaria tras la abolición de los títulos y privilegios del Imperio). A ello hay que añadir su profundo secularismo: muy influido por el modelo de Francia, tenía por objeto la separación de la religión y la política en un país de tan profundas raíces musulmanas. De hecho, el laicismo ha tenido un papel fundamental en el proceso de modernización de Turquía, lo cual ha generado una sociedad más abierta y tolerante en comparación con la situación que se vive en otros países musulmanes de su área geográfica, especialmente en el caso de Irán, su vecino oriental. A todo lo anterior, habría que añadir una potenciación del papel del Estado, al cual Atatürk le confirió atribuciones para intervenir y modernizar la hasta entonces anacrónica economía turca.

El espíritu reformista de Atatürk ha prevalecido desde la revolución de 1923 con el anhelo constante de crear una nación moderna, libre de dogmas religiosos y, de este modo, merecer un lugar entre las otras naciones de Europa. De hecho, debemos destacar en este sentido el activo papel que Turquía está desempeñando como elemento moderador en el eterno conflicto palestino-israelí o, más recientemente, en la Alianza de Civilizaciones, de la cual es copatrocinadora junto con España. El ambicioso objetivo de la Alianza de Civilizaciones, no siempre valorado en su justa medida, es el de definir los problemas de entendimiento, convivencia y percepción entre diferentes civilizaciones y buscar remedios para superar los problemas con el fin de construir un mundo más justo y tolerante. Supone, por ello, el proyecto político de mayor calado a nivel planetario de los últimos años y, en el que el papel de Turquía, al igual que el de España, resulta muy destacable.

El sueño de Atatürk y de su revolución secularizadora y europeísta, tiene su continuación en el deseo de la sociedad turca actual de integrarse en un futuro en la UE. Turquía es sin duda una democracia laica que, con sus imperfecciones, tiene como referente político y económico a la UE: frente a quienes en otros tiempos han tomado como ejemplo y aliado futuro de Turquía a Rusia e incluso al Irán islámico, el sentir mayoritario de la población turca es optar por la integración en la UE y marcar distancias con su poderoso vecino del norte (Rusia) o con el abanderado del islamismo (Irán), modelos poco homologables de democracia y respeto a los derechos humanos.

Ciertamente se trata de todo un reto que, una vez superado, será positivo para ambas partes pero que, en su camino encontrará, todavía, complejos problemas y reticencias diversas que habrá que ir venciendo.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 12 mayo 2009 ; Diario de Teruel, 27 mayo 2009)

Un año más, nos hallamos aquí para honrar a todos los que dieron su vida por la defensa de la libertad, de la República y del Socialismo. Nunca los debemos olvidar porque, como me dijo hace años un anciano en las ruinas del pueblo viejo de Belchite, “si los olvidamos, es como si los hubieran matado dos veces”.

Por eso es tan importante mantener y reivindicar la memoria, la memoria histórica de los valores republicanos y socialistas, aquellos valores por los que lucharon y lo dieron todo, también su vida, los compañeros que aquí reposan. La memoria es un acto de justicia que repara tiempos de olvido y desprecio para con las víctimas de la dictadura; es un deber ético que forma parte del espíritu de todo ciudadano en una sociedad libre: por eso es tan importante transmitir estos valores a las jóvenes generaciones.

El pasado fin de semana, Ángel Lacueva y yo asistimos en la localidad francesa de Oloron, a una serie de actos en recuerdo y homenaje a los republicanos exiliados en la región del Béarn  con motivo del 70º aniversario del final de la guerra civil y de la apertura del campo de concentración de Gurs, por el que pasaron 32.295 de nuestros compatriotas. Conversamos largamente con Emilio Vallés, vicepresidente de Amical du Camp de Gurs, un republicano exiliado que nació en Alcañiz en 1936 y que es un activo militante del Partido Socialista francés. Recordando su trayectoria vital y la de su familia, refugiados en Francia desde 1939, pienso en las otras víctimas, a veces olvidadas de la tragedia que la guerra y la posterior dictadura supuso para todos los españoles leales a la República.

Siempre hablamos de las víctimas y las distinguimos de los supervivientes y, sinceramente, pienso que es una distinción inadecuada puesto que todos fueron víctimas del fascismo: las víctimas mortales, los miles de asesinados en multitud de prisiones, cementerios y en los centenares de fosas comunes que todavía salpican la geografía española y también, las víctimas supervivientes, los que perdieron familiares, los que se vieron obligados a abandonar su país y unirse a la dramática sangría del exilio, los que perdieron sus empleos como los miles de maestros republicanos que fueron expulsados de la docencia por la dictadura, los miles de ciudadanos anónimos que fueron constantemente humillados y despreciados, día a día, por la prepotencia de un régimen que aplastó a todos los que fueron leales a la República, que desoyó la petición de “paz, piedad y perdón” del Presidente Manuel Azaña, aquella dictadura que nunca quiso la reconciliación entre los españoles. Emilio Vallés nos lo decía muy claramente: los republicanos que se exiliaron, perdieron la patria y ganaron la libertad; los republicanos que sobrevivieron en España bajo la bota de la dictadura, se mantuvieron en su patria, pero perdieron la libertad. Unos y otros, todos perdieron, todos perdimos.

Por eso, hoy, 1º de Mayo de 2009, no sólo reivindicamos el valor cívico y democrático de la memoria histórica sino que, como trabajadores, en momentos de una crisis económica global, estamos más convencidos que nunca de que el futuro se construye desde los ideales del socialismo, desde la solidaridad, para construir una sociedad más justa en la que todo ser humano, sin exclusiones,  tenga cabida, tenga las mismas posibilidades. Ese era el espíritu del artículo 1º de la Constitución de la II República que decía: “España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia”.

En nuestra cada vez más multicultural sociedad española, el socialismo tiene que seguir defendiendo a los más desfavorecidos, a los sectores sociales más débiles y, por supuesto, a los inmigrantes, para que puedan construir una vida mejor para ellos y para sus hijos en una España solidaria, al igual que los republicanos españoles del exilio pudieron rehacer sus vidas en los países que les acogieron hace ahora setenta años.

Defendamos con convicción los valores republicanos de la libertad, igualdad y fraternidad, hoy más necesarios que nunca ahora que la crisis global parece fomentar la insolidaridad, la xenofobia y el racismo amenazas que debemos combatir con firmeza como socialistas.

Por todo ello, hoy, 1º de Mayo, no sólo honramos a las víctimas, a las mortales y a los supervivientes, de la causa republicana y del Socialismo, sino que también reafirmamos nuestro orgullo de pertenecer a la clase trabajadora, la que con su esfuerzo y sacrificio, ha empujado la historia hacia delante, destruyendo opresiones y privilegios clasistas, siempre en defensa del permanente ideal de construir una sociedad más justa e igualitaria, para hacer posible, algún día,  el ideal socialista de que el mundo sea la patria de la humanidad redimida de todo tipo de injusticias y opresiones.

¡Viva el Primero de Mayo!

¡Viva la clase trabajadora!

¡Viva la libertad!

Los pasados días 25 y 26 de abril han tenido lugar en la localidad francesa de Oloron-Sainte Marie una serie de actos en recuerdo del 70º aniversario del final de la Guerra Civil Española y de la apertura del campo de concentración de Gurs, por donde pasaron 32.285 republicanos españoles y voluntarios de las Brigadas Internacionales y, más tarde, varios millares de judíos, los cuales serían deportados al campo de exterminio de Auschwitz durante el Holocausto (Shoah).

Durante esos días, tuve ocasión de compartir momentos de sentida emoción, recuerdo y homenaje al valor y al sufrimiento de quienes, como los republicanos españoles, los resistentes franceses o la comunidad judía, fueron víctimas de la barbarie fascista entre 1936-1945. Los actos, organizados conjuntamente por el Ayuntamiento de Oloron y las asociaciones Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER) y l’Amicale du Camp de Gurs, supusieron un hito histórico en esta zona del Alto Béarn en donde los hijos y nietos del exilio republicano tienen una arraigada presencia desde el final de nuestra guerra civil. Y es que, además de una delegación de los lander alemanes del Sarre y Baden, así como de representantes de la comunidad judía de estas regiones germanas, era la primera vez que el recuerdo de lo que supuso el Campo de Gurs en la memoria del exilio republicano en el Béarn, contaba con una destacada presencia institucional española. Allí estaban Isidre Molas (vicepresidente del Senado y presidente del PSC), José Luís Tapia (Cónsul General de España en Pau) y Jesús Loza Aguirre (diputado del Partido Socialista de Euskadi y vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa) en representación del Parlamento Vasco. En la caso de Aragón, la delegación estaba encabezada por María Victoria Broto, consejera de Educación, Cultura y Deporte, Jaime Vicente Redón (Director General de Patrimonio Cultural), Pedro Salas (Director General de Acción Exterior) y el senador socialista alcañizano Ángel Lacueva.

En la tarde del 25 de abril tuvo lugar la colocación de una placa conmemorativa en la estación ferroviaria de Oloron en recuerdo de los republicanos españoles, brigadistas internacionales y judíos que allí llegaron  para ser internados en el Campo de Gurs. La ceremonia y los discursos tuvieron lugar bajo una lluvia constante, lo cual no impidió la asistencia de numeroso público acompañado de banderas republicanas, de asociaciones de antiguos combatientes de la Resistencia francesa y de vivas a la República Española.

Acto seguido tuvo lugar la inauguración de un conjunto de exposiciones agrupadas bajo el título “De la Guerra de España a la Shoah. 70º aniversario de la apertura del Campo de Gurs”. En la misma, también la presencia aragonesa es destacada: el Gobierno de Aragón está presente con una excelente exposición sobre “La Brigada Lincoln en Aragón” que incluye diversas fotografías del paso de los brigadistas norteamericanos por algunas poblaciones bajoaragonesas como Alcañiz, Alcorisa o Híjar. Por su parte, el Círculo Republicano de Jaca participa con una exposición sobre la sublevación de Jaca de diciembre de 1930 y documentación sobre los 400 asesinados por la represión fascista en la capital jacetana. Además, se pueden contemplar exposiciones bibliográficas relativas al Programa “Amarga Memoria” del Gobierno de Aragón, así como de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón o de la Fundación de Investigaciones Marxistas “José Antonio Rey del Corral” vinculada al PCA-PCE.

Otra exposición especialmente emotiva era la relativa al Campo de Gurs y a la deportación: en una vitrina, se podía contemplar el sombrío “pijama de rajas” de un judío deportado a Auchwitz el cual logró sobrevivir y que, en su silla de ruedas, estaba al lado de este triste recuerdo mostrando a un grupo de jóvenes su número de deportado tatuado en su brazo.

En los actos de Oloron, en medio de tantas emociones contenidas, coincidimos tres alcañizanos: además del senador Ángel Lacueva y yo mismo, estaba también Emilio Vallés, exiliado republicano y actual vicepresidente de l’Amical du Camp de Gurs y, al día siguiente, puede conocer al hijo de otro exiliado alcañizano apellidado Quílez Ibáñez, residente en la cercana localidad de Gan. Y es que, como decía Bernard Uthurry, alcalde socialista de Oloron, su cuidad debe mucho al “coraje” de todos los republicanos españoles que aquí lucharon contra la ocupación nazi y que, tras la liberación, se establecieron en la acogedora ciudad oloronesa.

No menos emotivos fueron los actos que tuvieron lugar al día siguiente en el Campo de concentración de Gurs. Seguía lloviendo como si el cielo quisiera unirse a las lágrimas que recorrían nuestras mejillas mientras se realizaban las ofrendas florales y los minutos de respetuoso silencio ante los monumentos a los prisioneros republicanos de Euskadi y  al de los republicanos españoles y los brigadistas internacionales situado en un ala del Cementerio Judío de Gurs. Ciertamente, como me decía Bernard Uthurry, “con lluvia o con sol, en Gurs siempre se siente la misma emoción”.

El acto final tuvo lugar ante el monumento a los deportados judíos, rodeado por las tumbas de los 1.073 hijos de Israel que allí reposan. Cubiertas en señal de respeto nuestras cabezas con el kipá ritual, un rabino recitó los tristes sones de un kadish, la oración fúnebre judía, en memoria de todas las víctimas de la barbarie nazi. El dolor y la memoria ante tanto sufrimiento nos hermanaba a todos los allí presentes: republicanos españoles, resistentes franceses y judíos. Algunos de los antiguos “gursiens” habían venido de distintos puntos de Europa e, incluso, de Canadá, para estar presente en este acto.

En los discursos finales, no sólo se recordó lo que supuso el nazismo como encarnación del “mal absoluto”, sino que, enlazando con el presente, se alertó de que en tiempos de crisis como los actuales, están rebrotando actitudes xenófobas, racistas y antisemitas. Resulta alarmante la involución de los derechos civiles en países democráticos como Italia o la misma Francia: en ésta última, “el país de los derechos del hombre”, y símbolo universal de la libertad, como consecuencia de las regresivas políticas inmigratorias de Sarkozy, se está planteando el penalizar con 5 años de cárcel y una sanción de varios miles de euros, a todo ciudadano francés que acoja o proteja a un “sin papeles”, esto es, a un inmigrante no regularizado.

Como vemos, la eterna lucha por la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso social, la misma lucha por la que se batieron los republicanos españoles, sigue vigente mientras existan opresiones e injusticias de todo tipo que combatir. Esa es la lección de la historia y la memoria de Gurs, ayer, hoy y siempre.

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 3 mayo 2009)