Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

    Tras la inmensa catástrofe que fue la II Guerra Mundial, la creación de la ONU en 1945 supuso el establecimiento de una institución transnacional y mundial que, afirmando los valores universales, impidiese, como señalaba Jean Ziegler, “el retorno de los monstruos”, de aquellos fascismos que desataron la contienda que ahora concluía.

   La ONU pretendía, también, superar la ineficacia de la Sociedad de Naciones, surgida en 1919, tras el final de la I Guerra Mundial (1914-1918), dado que éste sólo permitía la negociación y el arbitraje entre las naciones en conflicto y carecía de poder coercitivo, esto es, de la posibilidad de recurrir a la fuerza armada cuando fuese necesario. Por estas razones, la Sociedad de Naciones fue incapaz de frenar las anexiones territoriales de la Alemania nazi y de la Italia fascista, tampoco pudo evitar la Guerra de España de 1936-1939, además de contar con el rechazo de la URSS y su debilidad quedó patente por el hecho de que los EE.UU. nunca llegara a formar parte de ella.

    En contraposición con lo sucedido con la fenecida Sociedad de Naciones, la actual ONU, pese a sus limitaciones, sí que contempla la posibilidad del empleo de la fuerza armada, de la “Acción en caso de amenaza contra la paz, de quebrantamiento de la paz y de acto de agresión”, tal y como se recoge en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En base a ello, la ONU puede actuar en dichos supuestos, contando para ello, además, con el consentimiento de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EE.UU., Rusia, China, Gran Bretaña y Francia). Así ocurrió en casos tales como las guerras de Corea (1950-1953), Katanga (1960-1964), sur del Líbano (2006), Kuwait (1990) o Irak (2003). Estas intervenciones armadas, avaladas por la ONU, se llevaron a cabo en aras en llamado “Principio de injerencia humanitaria”, aplicable cuando un gobierno viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos, como una forma de poner la fuerza al servicio del derecho, en aras al principio de “la responsabilidad de proteger”, una obligación que emerge de la Carta de las Naciones Unidas, a pesar de que esta injerencia humanitaria suponga una violación de la soberanía de los Estados en conflicto. De este modo, la ONU ha intentado, con éxito desigual, ser la garante de la paz pues, como dijo Willy Brandt, “la paz no los es todo…pero sin la paz, todo es nada”.

    En la actualidad, la ONU es toda una galaxia en la que cohabitan, junto a su administración central, 23 organizaciones especializadas, altos comisariados, agencias, fondos, programas, etc. La mayor parte de estas instancias son independientes en términos administrativos y cuentan con sus propios presupuestos. Algunas de estas organizaciones han tenido una destacada trayectoria y proyección mundial como, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisariado para los Refugiados (ACR) o el Alto Comisariado para los Derechos Humanos.

   Jean Ziegler, relator y en su día vicepresidente del Comité Asesor de Derechos Humanos de la ONU, en su libro Hay que cambiar el mundo, reivindica el renacimiento de la ONU y la defensa de la estrategia política de la diplomacia multilateral en contraste con la estrategia imperial impulsada por los EE.UU. o el obstruccionismo que también sufren las Naciones Unidas por otros países como China, Rusia o Israel. En este ámbito, la diplomacia multilateral de la ONU, además de su labor en pro de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto, también hay que destacar que ha tenido éxitos importantes en la lucha contra las epidemias a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como hemos comprobado recientemente durante la crisis causada por la Covid-19. Lo mismo podemos decir del caso de la OIT, fundada en 1919 tras el Tratado de Versalles, momento en el cual sus fundadores estaban convencidos de que la mejora de la suerte de los trabajadores y la justicia social eran condiciones indispensables para lograr una paz universal y durable”.

    Sin embargo, como recordaba Ziegler, en la actualidad la ONU “está anémica” dado que “se ha roto el sueño que la impulsaba, esto es, el deseo de instaurar un orden público mundial”. Pese a ello, hay esperanza porque, como señalaba dicho autor, “el horizonte último de la historia es la organización colectiva del mundo, bajo el imperio del derecho, con la justicia social, la libertad y la paz planetaria como objetivos primordiales”, ideales recogidos en el art. 1º de la Declaración Universal de Derecho Humanos del 10 de diciembre de 1948: “Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

    Tal vez por todo ello, Kofi Annan, el que fuera secretario general de la ONU, planteó en 2006 un ambicioso plan para la reforma del Consejo de Seguridad, el cual, lamentablemente, no ha obtenido el apoyo y los resultados deseados. Dicho Plan contemplaba, en primer lugar, que “el derecho a veto” no será admisible con conflictos que impliquen crímenes contra la humanidad. Y, en segundo lugar, Annan planteaba que los asientos permanentes del Consejo de Seguridad deberían de ser rotatorios, de forma que se adaptara en mayor medida a los equilibrios económicos, financieros y políticos actuales, propuesta que, como era de suponer, contó con el rechazo frontal de los 5 miembros permanentes. Por ello, para que la reforma concebida por Kofi Annan se convierta algún día en realidad, dependerá en el futuro de “la intensidad de las presiones que podrá impulsar la sociedad civil internacional”.

    En la coyuntura actual, la situación de la ONU la resume Ziegler como un momento en que “los combates emprendidos son muchos, sus resultados son todavía inciertos. Pero esta sociedad civil internacional, dotada especialmente de las armas de una ONU regenerada, abre el horizonte de un mundo por fin humano”. Un sueño digno de todo esfuerzo para hacerlo realidad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 11 septiembre 2023)

Etiquetas: política, internacional, ONU, resolución, pacífica, conflictos

     El Holocausto, la Shoah (catástrofe, en hebreo), devastó al pueblo judío europeo y, por ello, aniquiló, también, los grandes focos de poblaciones de origen sefardí, de los descendientes de los judíos que fueron expulsados en 1492 de España, de su siempre añorada Sefarad

     Antes de la II Guerra Mundial la comunidad sefardí europea se concentraba en Grecia, Yugoslavia y Bulgaria, siendo sus principales focos las ciudades de Sarajevo, Belgrado, Sofía y Salónica. Iniciada la guerra, la zona de los Balcanes quedó bajo control militar de las fuerzas del Eje, especialmente tras la ocupación por parte de la Alemania nazi de Yugoslavia y Grecia en 1941. A partir de este momento, y con la ayuda de los regímenes fascistas de Bulgaria y de la Croacia de Ante Palevich, se desató una campaña de humillaciones, acoso y persecución de la población judía, y, entre ella, de las comunidades sefardíes las cuales, a pesar de los siglos pasados desde su expulsión de España, seguían conservando un fuerte vínculo emocional con Sefarad, y mantenían vivo, todavía, su lengua, el ladino o judeo-español.

     Fue a partir de 1943 cuando, puesta en marcha la “Solución Final” por parte de la Alemania hitleriana, se intensificó la destrucción y exterminio de las comunidades judías que serían finalmente deportadas a los siniestros campos de exterminio nazis. Especialmente dramático fue el caso de lo ocurrido en la ciudad griega de Salónica, que por aquellas fechas contaba con una población de 250.000 habitantes, de los cuales, en torno a 50.000 eran de ascendencia judía sefardí, la mayor comunidad de hablantes de ladino o judeo-español. Un dato: según Marcos M. Bermejo, hacia 1927 se vendían en Salónica miles de  ejemplares de periódicos escritos en judeo-español, sobre todo, del titulado El Puevlo (sic), que era el más popular. Salónica era una ciudad donde existían sinagogas o congregaciones que mantenían el nombre de su lugar de procedencia de la antigua Sefarad, razón por la cual una de dichas sinagogas y calles de la judería llevaba el nombre de “Aragón”, a la vez que a sus judíos se les denominaba, también, como “saragosanos”, tal y como nos recordaban Adela Rubio y Santiago Blasco en su libro El Cal Aragón: los judíos aragoneses en Salónica. La importancia del legado judío en la ciudad llegó a ser tan importante que en el s. XVI Salónica era conocida como “la Madre de Israel” y, también, como “la Jerusalem de los Balcanes”.Todo cambió cuando los nazis ocuparon Grecia y, de este modo, el delirio asesino nazi puso fin en aquella hermosa ciudad griega a una cultura judía con profundas raíces hispanas que en ella había arraigado durante 450 años, cuya deportación y exterminio fue ordenada personalmente por Adolf Hitler.

     Las deportaciones masivas de los judíos de Salónica tuvieron lugar entre el 15 de marzo y el 7 de agosto del año 1943. La mayoría, en torno a 48.000, fueron enviados en tren al siniestro campo de exterminio de Auchwitz II–Birkenau, donde fueron gaseados de inmediato. Otros grupos llegaron a los campos de Treblinka y Bergen-Belsen. De este modo, se estima que alrededor del 96,5% de la comunidad, la mayoría de ellos descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, murieron durante la Shoah.

     Pese a la meritoria labor del diplomático aragonés (de Graus) Sebastián Romero Radigales, por aquel entonces Cónsul general de la Embajada de España en Grecia, que salvó la vida de varios centenares de judíos helenos, la Shoah también supuso la destrucción de otras pequeñas comunidades judías como la de la isla de Rodas. En cambio, mejor suerte tuvieron los judíos de Atenas donde muchos de ellos pudieron salvar la vida con la ayuda de la población cristiano-ortodoxa local. Este hecho contrasta con lo ocurrido en Salónica, donde la actitud de sus vecinos cristianos, como señalaba Marcos H. Bermejo, “osciló entre el colaboracionismo y la indiferencia”. Ello se debió a un intento evidente de “helenizar” la ciudad dado que los cristianos recelaban de la “lealtad” de los judíos para con su nueva nación, para con Grecia: recordemos que Salónica fue incorporada a Grecia tan sólo dos décadas antes, en 1912, después de siglos de haber pertenecido al Imperio Otomano. Como ha estudiado el historiador Leon Satiel, la comunidad cristiana deseaba “reconvertir Salónica en un idílico paraíso bizantino sin apenas judíos ni musulmanes”. De hecho, cuando los nazis arrasaron el cementerio judío de Salónica, lo hicieron a instancias de la comunidad cristiano ortodoxa, que quería levantar allí la Universidad Aristóteles. Solo en fechas recientes se ha reconocido y disculpado el colaboracionismo de la comunidad cristiana griega con los nazis por su responsabilidad en el fatal destino que sufrieron la mayoría de la población judía de Salónica.

    De toda aquella inmensa tragedia, en la actualidad tan sólo quedan unos 1.000 judíos en Salónica, los cuales apenas hablan ya ladino. También existe en la ciudad, a modo de testimonio para las generaciones futuras, un Museo del Holocausto de Salónica, que pretende ser testimonio para las generaciones futuras, como un permanente deber de memoria, de la que fue el hogar de la comunidad judía sefardí de iberodescendientes más grande de Europa,  pues, como dejó escrito Elie Wiesel, “el olvido significaría peligro e insulto”, peligro de que resurja de nuevo “la demencia asesina”, y olvido, porque ello sería “un insulto a la memoria de las víctimas”. Reflexiones muy a tener presentes ahora que se cumplen 80 años de aquellos trágicos sucesos y en estos tiempos de emergentes mensajes y movimientos neofascistas.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 agosto 2023)

Etiquetas: Holocausto, cultura, sefardí, Grecia

    Estamos asistiendo en multitud de países a lo que Josep Ramoneda define como “formas de avance del autoritarismo post-democrático”, esto es, al preocupante ascenso social y electoral de las derechas autoritarias, de las extremas derechas de distinto signo y cada vez más desacomplejadas y arrogantes. Es por ello que hay que tener muy presente la advertencia de la organización Freedom House que señalaba que, en muchos lugares, “la democracia está asediada y en franco retroceso”.

    Primo Levi, que sobrevivió al infierno de Auschwitz, decía que “cada época tiene su fascismo” y, de hecho, unos meses antes de su suicidio, dio la alerta en la revista New Republic de que un nuevo fascismo, con su cáncer de intolerancia, desprecio y sometimiento, podía nacer bajo otros nombres y era preciso armarse de valor y oponerle resistencia.

   Los neofascismos y movimientos autoritarios actuales ya no asaltan frontal y violentamente las fortalezas de las democracias, sino que las socavan desde su interior, cual nuevos caballos de Troya, y eso es lo realmente peligroso, tal y como expusieron los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias. En esta misma línea, José Saramago nos advertía con lucidez años atrás de que “los fascismos del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o de Mussolini. No van a tener aquel gesto de duro militar. Van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír. Sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio, y pocos van a percibir que la historia se está repitiendo”. Y es que el fascismo no murió con Hitler, Mussolini o Franco, porque las semillas que ellos sembraron han echado raíces en demasiados cerebros fanatizados. Y es que, como en su día dijo el presidente de los EE. UU. Harry Truman, “es más fácil acabar con los tiranos y los campos de concentración que erradicar las ideas que los engendraron”.

    Los neofascismos actuales ya no desfilan por nuestras calles uniformados y con el brazo en alto, sino que visten como cualquiera de nosotros, y lo que es más grave, en los últimos años han tenido la capacidad de “normalizarse” en la sociedad, contando para ello con la inestimable e imprescindible colaboración de las derechas parlamentarias y sus cuestionables pactos, con esas “alianzas fatídicas” que corroen los principios y valores de nuestras democracias. En este sentido, Ian Kershaw decía que “el movimiento fascista, por carismático que sea, sólo puede llegar al poder si las élites tradicionales resultan incapaces de controlar los mecanismos de gobierno y si en último término están dispuestas a ayudar en las maquinaciones para la toma del poder por el fascismo y a colaborar en el gobierno fascista”.

   Toda esta situación, esta involución política reaccionaria a la que asistimos con preocupación, está generando una quiebra social que puede agrandarse en el futuro. Es un tema que hay que tomarse muy en serio pues ignorar esta amenaza, sería tanto como, en palabras de Imanol Zubero, “seguir bailando alegremente sobre la cubierta del Titanic”.

   Un síntoma bien preocupante en este sentido es el auge de las actitudes antiparlamentarias, las cuales surgen, “inevitablemente”, según Franz Neumann, “en cuanto se eligen diputados de un partido progresista de masas que amenazan con transformar el parlamento en instrumento de cambios sociales profundos”: el caso de la situación política de la España actual corrobora plenamente esta afirmación.

    Pero hay más evidencias de estas quiebras sociales, de estos procesos de involución antidemocráticos. En este sentido, para el politólogo Sami Naïr, “las señales de identidad que remiten al pasado” serían: una reacción primaria frente a la gobernanza supranacional, los efectos sociales de la globalización neoliberal, el intento de construir instituciones europeas postnacionales y, el propósito de poner en jaque la actual construcción europea en nombre de la soberanía nacional. Estos malestares concentrados, hábilmente utilizados por los neofascismos, les han permitido lograr crecientes éxitos electorales favorecidos por diversos motivos, tal y como nos recordaba el citado Sami Naïr: el coste humano de la salida de la crisis económica de 2007-2008, la quiebra del pacto social generador del Estado del Bienestar promovido por los democristianos y los socialdemócratas al final de la II Guerra Mundial, así como, también, el aumento de los flujos migratorios, presentados demagógicamente como una supuesta “competencia desleal ante las clases medias urbanas empobrecidas”. Esta es la “política de las emociones”, que no de las “razones”, pero que es suficiente y útil para que la extrema derecha atraiga a una parte de las sociedades defraudadas, lo cual explica, en buena medida, su pesca de votos en los, hasta hace poco, caladeros tradicionales de la izquierda.

   Así las cosas, el historiador Mark Bray, en su libro Antifa: el manual antifascista, propone toda una serie de estrategias para hacer frente al “nuevo fascismo” y, la primera de ellas, es la imperiosa necesidad de tender un “cordón sanitario” por parte de los partidos democráticos frente a las fuerzas y discursos reaccionarios, algo de lo que tendrían que tomar buena nota las derechas parlamentarias y, en el caso de España, el PP, tan proclive y necesitado a pactar con Vox.

   Pero, por encima de todo, resulta fundamental el papel de la ciudadanía consciente, firmemente comprometida en la defensa de los valores democráticos, pues, como decía Jesús Cintora, “un pueblo activo, vivo, reivindicativo, despierto, no resignado, es un activo imprescindible”, no sólo para lograr conquistas y avances sociales, sino, también, para defenderlos de la ola reaccionaria que nos amenaza, de quienes están empeñados en quebrar nuestra convivencia, nuestro Estado de Bienestar y nuestra democracia.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 17 julio 2023)

Etiquetas: neofascismo, actitudes, antidemocráticas

    Una reciente biografía, de la cual es autor Héctor Vicente Sánchez, titulada Las vidas de un republicano. Sebastián Banzo y su entorno (1883-1956), nos recupera la memoria de una de las principales figuras del republicanismo zaragozano del primer tercio del s. XX. La referida obra recorre la trayectoria política y vital de Sebastián Banzo Urrea desde que en 1906 se vinculó a la Juventud Republicana en el distrito zaragozano de San Pablo, el mismo año de su adhesión al Patronato de Escuelas Laicas, entidad que defendía la coeducación de niños y niñas, y, posteriormente, cuando se unió a la Sociedad de Librepensadores, evidenciando así sus firmes convicciones a favor de impulsar el laicismo en la sociedad zaragozana de su época.

     Años después, afiliado al Partido Republicano Radical (PRR) de Alejandro Lerroux, en las elecciones municipales de 1913, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, período durante el cual su actuación política se centró en el fomento de la educación, la defensa de las clases trabajadoras y la defensa del laicismo, oponiéndose así a la presencia del Ayuntamiento en los actos religiosos. En 1922 será de nuevo elegido concejal, planteando numerosas mociones en torno a temas tales como la búsqueda de trabajo para desempleados, la petición de responsabilidades por el desastre de Annual de 1921, o para la creación de escuelas en los barrios rurales zaragozanos.

     Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), se exilió en Burdeos y se integró en la masonería con el nombre simbólico de Víctor Hugo. Posteriormente, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la Conjunción Republicana-Socialista (CR-S) se impuso de forma rotunda en las principales ciudades de España, lo cual propició la proclamación de la II República. En el caso de Zaragoza, la CR-S obtuvo 32 concejales frente a los 15 logrados por el Bloque Monárquico. Sebastián Banzo, el candidato más votado, será elegido alcalde republicano de la ciudad de Zaragoza.

   Un tiempo de esperanza y regeneración política se abría en aquella histórica primavera de 1931 y en ello se centró el alcalde Banzo: impulsó la Beneficencia municipal (El Albergue y El Refugio), fomentó obras de alcantarillado, abastecimiento e infraestructuras en los barrios rurales zaragozanos y gestionó la instalación de la Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcciones con objeto de proceder a la edificación de casas baratas para la clase obrera. Igualmente, propuso todo un programa de secularización municipal tendente a la libertad de cultos, la escuela laica y la separación Iglesia/Estado. En este punto, Banzo apoyó la eliminación del presupuesto estatal para el culto y el clero, la legalización de las ceremonias civiles (bodas y entierros), la secularización de los cementerios, adoptando medidas tales como la retirada de la imagen de la Virgen del Pilar del Salón de Plenos del Ayuntamiento o la supresión de la partida municipal para sufragar las obras de reparación de la Basílica del Pilar. A la ingente tarea municipal se unió el que, en las elecciones parciales del 4 de octubre de 1931, Banzo resultase elegido diputado constituyente por Zaragoza imponiéndose con sus 11.001 votos al candidato derechista que no era otro que Ramón Serrano Suñer que logró 5.717 papeletas.

    No obstante, el 10 de junio de 1932 Sebastián Banzo dimitió como alcalde, siendo sustituido por Manuel Pérez Lizano. A partir de este momento, y, sobre todo, tras la victoria de las derechas en las elecciones generales de noviembre de 1933, favorecida por la desunión de los partidos de izquierdas y por el abstencionismo de los anarquistas (el 20% del electorado zaragozano), se produjo su declive político y ya no ocupó cargos de responsabilidad municipal aunque en 1934 figuraba como Presidente del Comité Político local del PRR, hasta que, en 1935, abandona Zaragoza junto con su familia para establecerse en Barcelona.

     En la ciudad condal le sorprendió el estallido de la guerra, se afilió a la UGT y en ella permaneció hasta que, obligado por el avance de las tropas franquistas, la familia Banzo-Agulló cruzó la frontera francesa el 2 de febrero de 1939 para nunca regresar a España. A partir de este momento, se sucedieron los tiempos difíciles y tristes del exilio: la familia fue dispersada y tuvieron multitud de problemas hasta que lograron reagruparse, estableciéndose finalmente en la ciudad bretona de Rennes. Al poco estalló la II Guerra Mundial y ella también tuvo dramáticas consecuencias para los exiliados aragoneses pues su hijo Fernando Banzo, que se había unido a la Resistencia, fue apresado y desapareció en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen: nunca más se supo de él pese a la multitud de gestiones que hizo su padre para saber de su paradero.

     Liberada Francia del yugo nazi, continuaron las penurias económicas y desgracias: el 23 de agosto de 1949 falleció su esposa Asunción Agulló, lo cual, como señala Héctor Vicente Sánchez, afectó profundamente a un Sebastián Banzo, cansado y desilusionado tras haber afrontado “la dolorosísima pérdida de su mujer y de su hijo”. Además, la persecución implacable del aparato judicial franquista hizo que el 8 de junio de 1951, transcurridos 12 años del final de la Guerra de España, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, le abriese un expediente sancionador. Pero el golpe definitivo fue el fallecimiento el 8 de junio de 1955 de su hija Aurora, por lo cual se sumió en una profunda depresión de la cual nunca se recuperó y “el día que se cumplía el primer aniversario de la muerte de Aurora, Banzo decidía poner fin a su vida tirándose a las aguas del canal de Rennes a los 73 años de edad”.

    Hoy, el retrato de Sebastián Banzo Urrea figura en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza donde fue colocado en 1998 a iniciativa de su nieta Aurora Arruego Banzo. Igualmente, desde 2009, una calle zaragozana lleva su nombre. De este modo, a través de esta obra, como señala su autor, se ha logrado “restaurar la memoria de una personalidad de gran calado en la vida política y cultural de Zaragoza de las primeras décadas del s. XX”. Un acto de absoluta justicia reparadora.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 julio 2023)

Etiquetas: republicanismo, historia, de, Zaragoza

    La figura de Henry Kissinger pasará a la historia como uno de los personajes más influyentes del s. XX, cuyo legado en materia de política internacional está plagado de sombras, las cuales, ahora que acaba de cumplir sus 100 años, bueno es recordar.

    Heinz Alfred Kissinger nació en la ciudad alemana en Fürth el 27 de mayo de 1923 en el seno de una familia judía que, ante el ascenso del nazismo hitleriano, se vio obligada en 1935 a emigrar a los Estados Unidos, donde, años después, desarrollaría una intensa actividad política y diplomática. Vanidoso y arrogante, siempre se sintió atraído por la figura y el legado del canciller austríaco Klemens von Metternich (1773-1859), arquitecto de la “Europa de hierro” implantada en el Viejo Continente tras la caída del Imperio Napoleónico mediante el Congreso de Viena de 1815.

    Kissinger es conocido por su papel como Consejero de Seguridad Nacional (1969-1975) y como Secretario de Estado durante los años 1973-1977 en los mandatos de los presidentes Richard Nixon y Gerard Ford. Fue el tiempo en que Nixon aplicó a que dio en llamarse “estrategia imperial” por parte de los EE.UU., la cual se oponía frontalmente a la política de la diplomacia multilateral defendida por la ONU como forma civilizada de resolver de los grandes conflictos internacionales de aquellos años. En cambio, la tesis central de Kissinger para “legitimar” la “estrategia imperial” de los EE.UU. era que la bienintencionada diplomacia multilateral “sólo produce caos”, y que el respeto a la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los Estados no garantizaban la paz. En consecuencia, según recordaba Jean Ziegler en su libro Hay que cambiar el mundo (2018), Kissinger pensaba que sólo una potencia de ámbito mundial, como es el caso de los EE.UU., “dispone de los medios necesarios para intervenir rápidamente en cualquier lugar durante un período de crisis. Sólo ella es capaz de imponer la paz”. Tan arrogante se manifestaba Kissinger a la hora de defender el papel de “gendarme” de los EE.UU. en el ámbito de la política mundial que, tal y como defiende en su libro Armas nucleares y política exterior (1957-1969), considera que EE.UU. es el único país del mundo que está legitimado para utilizar la bomba atómica con completa libertad… y a su antojo.

    El legado de Kissinger se plasmó en temas tales como la gestión diplomática de los años de la Guerra Fría, sobre todo tras la visita del presidente Nixon a Moscú en 1974, la normalización de las relaciones con China desde 1972, y, también con el final de la Guerra de Vietnam (1973) lo cual no ocultó, la mayor derrota militar de la superpotencia norteamericana.

    No obstante, la implacable y fría “realpolitik” desarrollada por Kissinger nos ofreció su peor rostro, sus mayores sombras, en Latinoamérica, considerada despectivamente por los EE.UU. como su “patio trasero”. De este modo, bajo la inspiración de Kissinger, Washington apoyó la represión de todos los movimientos emancipadores y gobiernos progresistas allí existentes, mediante los golpes de Estado habidos durante las décadas de 1960 y 1970, en Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia, así como el apoyo al terrorismo de Estado mediante la puesta en marcha de la siniestra Operación Cóndor, auténtica “internacional del terror coordinado” de las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina.

    Resulta un amargo sarcasmo que Kissinger recibiese en 1973 el premio Nobel de la Paz con motivo del fin de la guerra de Vietnam, y que ello tuviera lugar el mismo año en que el político norteamericano conspiró y alentó el golpe de Estado del general Pinochet contra el presidente constitucional de Chile Salvador Allende del 11 de septiembre de 1973, tras el cual se asentaría el general genocida en el poder mediante una sangrienta dictadura. Este hecho resulta imperdonable para los EE.UU. y en especial para Kissinger, su principal inductor, que debió olvidar que, siendo de origen judeoalemán, tuvo que abandonar su patria natal para huir de la barbarie nazi y ahora apoyaba sanguinarias dictaduras fascistas fieles a los intereses geoestratégicos de Washington.

    Por todo lo dicho, Kissinguer puede ser considerado, sin ningún género de dudas, como un criminal de guerra según el Derecho Internacional. Y no sólo porque fue el promotor de los citados golpes de Estado habidos en América Latina, sino que también propició las masacres provocadas por el general indonesio Suharto en Timor Oriental en 1975, y, sobre todo, por la guerra a sangre, fuego y naplam, llevada a cabo por EE.UU. en Vietnam, especialmente en crímenes tales como el bombardeo de Hanoi en la Navidad de 1972 o el empleo masivo del “agente naranja” en los bosques de Indochina. Pese a estas evidencias, Kissinger nunca ha sido juzgado por crímenes de guerra y contra la Humanidad. En este sentido, Greg Granderi considera a Kissinger, que sigue teniendo amplia influencia en el ámbito político norteamericano, como “el inspirador, el ideólogo, el padre de todas las guerras provocadas por EE.UU. a finales del s. XX e inicio del XXI”.

    Así era y así sigue siendo, a sus 100 años, Henry Kissinger, definido por José María de Loma en un reciente artículo publicado en El Periódico de Aragón, como “un hombre simpático que podía tomar decisiones terribles”, como “un killer en defensa de los intereses de los Estados Unidos”.

    Estas son las 100 sombras de Henry Kissinger, un político centenario, influyente y en activo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 19 junio 2023)

Etiquetas: política, exterior, norteamerica

Lo sucedido en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de abril, donde un tsunami de las fuerzas de la derecha y la extrema derecha ha barrido de forma inapelable a las diversas y divididas candidaturas progresistas, no es ajeno a un fenómeno que ocurre en diversos países de nuestro entorno. Y es que, el tema de fondo que subyace, es la confrontación política entre dos modelos sociales: el progresista, que defiende el Estado de Bienestar inspirado por las políticas de signo socialdemócrata, y el conservador y ultraliberal que sacraliza la libertad de mercado y la desigualdad social por encima de las políticas redistributivas y de los derechos cívicos.

Son estos malos tiempos para la izquierda en los cuales la implantación del supuesto dogma neoliberal, enarbolado por las derechas de distinto signo, parece imparable, como lo son sus nefastos efectos sociales. De nada ha valido la buena gestión del Gobierno de coalición progresista que ha sido incapaz de rentabilizar electoralmente sus innegables éxitos en políticas sociales y económicas en una difícil coyuntura, agravada, además por la pandemia y la guerra en Ucrania, lo cual no ha impedido esta derrota de dimensiones históricas para las izquierdas, pues, aunque no debía ser así, resulta indudable que, en estos comicios, la ciudadanía ha votado en clave de política nacional: unos, contra el llamado “sanchismo”, otros, a favor de preservar las candidaturas plurales progresistas.

Así las cosas, con el horizonte de unos nuevos comicios previstos para el 23 de julio, como en su día señaló el politólogo Emir Sader, en estos tiempos en que la izquierda europea se debilita al mismo tiempo que se fortalece el amenazante entente entre la derecha y la extrema derecha, el desafío sigue siendo la construcción de nuevas alternativas políticas, de lograr la convergencia de los movimientos sociales y de las fuerzas de izquierda como respuesta (y freno) a las políticas neoliberales y antisociales que pretenden aplicar las derechas triunfantes, máxime si logran, también, la victoria en las inminentes elecciones generales: por ello, Emir Sader reclamaba “convertir la fuerza acumulada en la resistencia en fuerza política”.

La necesidad de una alternativa política y socialmente progresista tiene un nombre: Movimiento Sumar, una alternativa que ponga su énfasis en la defensa a ultranza de las políticas sociales, que recupere el papel del Estado en un mundo globalizado, que respete la diversidad territorial de nuestra España como Estado plurinacional. Además, el Movimiento Sumar tiene que estar siempre vigilante para que el PSOE, su aliado natural, no se escore políticamente hacia el centro, pues, como decía Oskar Lafontaine, cuando se renuncia (o se olvidan) los principios y las políticas clásicos de la socialdemocracia, el centro, siempre está a la derecha. Es por ello que, en estos momentos, es más necesario que nunca revalidar (y reforzar) un nuevo Gobierno de coalición progresista que sirva de dique frente a las políticas ultraliberales y reaccionarias que, enarboladas no sólo por el PP y Vox, sino también por los medios de comunicación que les son afines y les alientan, y que pueden socavar los cimientos de nuestro Estado de Bienestar e, incluso, de nuestra sociedad democrática. Ante estos riesgos, el politólogo Sami Naïr alude a un proceso de “americanización” de la sociedad, caracterizada por la privatización de los servicios públicos y la reducción de los derechos laborales, todo lo cual genera grandes bolsas de pobreza en las sociedades occidentales.

La situación es difícil. El ánimo mermado, pero el reto es inaplazable para garantizar la tolerancia a la diversidad y poner fin a la creciente crispación que está arraigando en nuestra sociedad. Esa es la dura realidad del momento presente pues, como ya dijo Babeuf en 1795, “la verdad debe aparecer siempre clara y desnuda”. Pero para evitar esta involución que nos amenaza, el compromiso cívico de la ciudadanía consciente resulta esencial.

El tristemente desaparecido Tony Judt, uno de los mayores pensadores contemporáneos, historiador y ensayista, nos advertía con total lucidez en su libro Algo va mal (2010), de los riesgos del neoliberalismo, a la vez que rechazaba con firmeza los principales postulados en que éste se sustenta, tales como su admiración acrítica por los mercados no regulados, el desprecio por el sector público y la ilusión en un crecimiento económico infinito. A su vez, Judt, apasionado defensor de los valores colectivos y del compromiso político, elementos esenciales para hacer frente al neoliberalismo insolidario, analizaba el riesgo que, sobre todo en tiempos de crisis, supone para la sociedad civil la desconfianza, el desinterés y la apatía ciudadana, todo lo cual favorecen el furioso avance de los postulados neoliberales que, de no frenarlos, camino llevan de convertirse en el pensamiento dominante. Por ello, Antonio Muñoz Molina destacaba que la obra de Judt supone para los ciudadanos comprometidos “un valeroso manifiesto: una declaración de principios progresistas, una vindicación de la legitimidad de lo público y de lo universal como valores de la izquierda”. Y es verdad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 junio 2023)

Etiquetas: neoliberalismo, socialdemocracia

     Mientras la II Guerra Mundial devastaba el mundo, el 14 de agosto de 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt y el premier británico Winston Churchill, hicieron pública la que es conocida como Carta del Atlántico, mediante la cual, se sentaron las bases de la política internacional y los derechos humanos para “lograr un porvenir mejor para el mundo”. Dicho documento, se basaba en cuatro pilares esenciales: el derecho de todo pueblo a elegir la forma de gobierno bajo la que desea vivir; la restitución de los derechos soberanos a los que fueron privados de ellos por la fuerza; la prohibición de la guerra entre Estados a través de un mecanismo coercitivo que asegurase la seguridad colectiva y, la garantía universal del disfrute y protección de todos los derechos humanos, así como el logro de la justicia social en todo el mundo. De este modo, la Carta del Atlántico fue el germen, tras la victoria militar de los aliados frente a las potencias fascistas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la posterior Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    Así las cosas, tras la Asamblea fundacional de la ONU, que tuvo lugar en San Francisco en entre abril-junio de 1945, tuvo lugar un intenso debate entre los delegados de los 50 países asistentes, todos aquellos que habían declarado la guerra a las potencias fascistas, a la hora de ponerse de acuerdo en la lista de los derechos que debían incluirse en una anhelada Declaración Universal de los Derechos Humanos. La falta de acuerdo hizo que se encargase a una Comisión, presidida conjuntamente por Francia y Estados Unidos, la elaboración de dicha Declaración en un plazo de 3 años.

     A partir de este momento, se produjo un serio enfrentamiento, con profunda carga ideológica, entre el bloque formado por la URSS y sus países satélites, y el formado por las democracias occidentales. De este modo, mientras el bloque soviético quería priorizar los derechos económicos, sociales y culturales y, sobre todo, el derecho a la alimentación, los países occidentales, defendían los derechos civiles y políticos (libertad de reunión, de expresión, de conciencia, de religión, de movimiento y del derecho a la autodeterminación de los pueblos). Ello generó, en expresión de Jean Ziegler, “un debate furioso”, con la Guerra Fría como telón de fondo, entre Occidente y la URSS y sus países afines hasta el punto de que el embajador británico clamó contra los regímenes estalinistas que “¡No queremos ningún esclavo bien alimentado!” a lo que el representante de la Ucrania, entonces satélite de Moscú, respondió “¡Incluso los hombres libres pueden morir de hambre!”.

    En esta pugna, venció finalmente el bloque occidental y, por ello, cuando finalmente el 10 de diciembre de 1948 se aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quedó patente en ella una fuerte influencia de la declaración de independencia de los Estados Unidos de 1776 y, sobre todo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano rubricada en la Francia revolucionaria de 1789. De este modo, los derechos económicos, sociales y culturales, quedaron postergados y tan sólo aparecen mencionados en un solo artículo, el 22º,  y en términos bastante vagos.

    Dicha carencia, fue en gran medida subsanada cuando a instancias del entonces secretario general de la ONU, el egipcio Boutros- Ghali, se ratificó la Declaración de Viena del 25 de junio de  1993. En tan importante documento, se logró incluir que, a partir de entonces, todos los derechos humanos (civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales), se declarasen no sólo universales, sino también, indivisibles e interdependientes. Ello supuso un gran avance a la hora de considerar de una forma global los derechos que asisten a todo ser humano sin ningún tipo de distinción y que la comunidad internacional, en este caso, la ONU, y los respectivos Estados, tienen el deber de proteger y garantizar. No obstante, como vuelve a advertirnos Jean Ziegler, en su libro Hay que cambiar el mundo (2018), Estados Unidos se abstuvo y, “hasta el día de hoy, se niegan a reconocer los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, el derecho a la alimentación”, sea esto dicho en demérito de la democracia norteamericana.

     En una entrevista reciente, publicada en El Periódico de Aragón a Guillermo Altares en torno a su libro Los silencios de la libertad, nos advertía de que “la libertad, la democracia y los derechos humanos son un privilegio y que tenemos que luchar por mantenerlos”. Por ello, hoy resulta esencial recordar el valor y la vigencia de los derechos humanos ante el preocupante avance de los neofascismos, en sus diversas versiones, en lo que Josep Ramoneda define como “autoritarismos post-democráticos”, y que se han convertido en la principal amenaza de nuestras democracias. Por ello, es tan importante la defensa de todos los derechos humanos, sin excepción, para garantizar, una vez concluida la II Guerra Mundial, ese porvenir mejor para el mundo que, a bordo de un embravecido océano, soñaron Roosevelt y Churchill a bordo del buque USS Augusta, mientras navegaba, “en algún punto del Atlántico”.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 mayo 2023)

Etiquetas: derechos, humanos, política, internacional, democracia

     Es bien conocida la aversión visceral que siempre ha tenido el fascismo hacia la cultura y la libertad de expresión. Ejemplo de ello es la frase atribuida a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del III Reich, que decía: “Cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola”. Con este ambiente como telón de fondo propio de cualquier fascismo, tuvieron especial simbolismo, por reaccionario y repugnante a un tiempo, las quemas de libros, los bibliocaustos. De estos “autos de fe” anticulturales, hallamos diversos ejemplos en la Alemania nazi y también, en la España franquista, alentados en los años de la II Guerra Mundial, por la entusiasta Falange germanófila del momento.

    A este tema, dedicó un excelente artículo Cándido Marquesán titulado “El libro sectario, el peor estupefaciente”, publicado en El Periódico de Aragón en el cual detallaba las similitudes en el tema de la quema de libros entre la España franquista, heredera de la vieja y negra mentalidad de la Inquisición, y la Alemania nazi, a la vez que recordaba el papel que, en lo que la historiadora Ana Martínez Rus calificó de “bibliocausto franquista” tuvo Gonzalo Calamita Álvarez, quien clamó con destinar al “fuego purificador” a las que definía como “bibliotecas criminales”, y cuya siniestra memoria todavía sigue viva en una calle zaragozana que lleva su nombre, y en el título de “Rector Honorario” de la Universidad de Zaragoza, que todavía ostenta  y aún no ha sido revocado.

    Hoy quisiera recordar un ejemplo concreto de este delirio anticultural que recoge Diego Carcedo en su libro Un español frente al Holocausto (2005) en el cual honra la digna memoria de Ángel Sanz Briz, el cual salvó la vida de varios miles de judíos de la barbarie exterminadora nazi. En dicha obra, se relata cómo el joven diplomático zaragozano, estando destinado como Encargado de Negocios en la Embajada de España en Budapest, cuyo régimen filonazi de Dóme Sztójay,  hizo gala de un profundo antisemitismo, tuvo la desgracia de presenciar en la capital húngara el 16 de junio de 1944, un acontecimiento que nunca conseguiría olvidar: la quema pública de 447.627 libros con lo cual el fascismo húngaro pretendió “destruir todo testimonio impreso que tuviera algo que ver con los judíos”, un “auto de fe fascista” en el cual se destruyeron las obras de 120 autores húngaros y 130 extranjeros de origen judío. La macabra ceremonia se inició con un repulsivo discurso de Kolozsvary, Secretario de Estado del Gobierno fascista húngaro, rebosante de visceralidad y odio antijudío que Sanz Briz escuchó con el corazón encogido:

    “Los judíos, que tanto daño causaron y causan a nuestros pueblos, siempre se han servido de los libros para, aprovechándose de la ingenuidad de muchas personas, sembrar sus maléficas ideas de destrucción de nuestra raza y nuestra cultura. Vamos a acabar con sus libros, vamos a impedir que sus libros sigan contaminando nuestros hogares. Es la primera destrucción pública de libros judíos, pero reitero, es la primera y sólo la primera. El comienzo de una limpieza que no culminará hasta que todas las publicaciones de esta naturaleza hayan desaparecido de nuestro país y de la faz de la tierra”.

    Iniciado el macabro ritual público, el cual sorprendió de forma fortuita a Sanz Briz en las calles de Budapest, al que asistió compungido, mientras “no salía de su indignada sorpresa”. Observa cómo los asistentes celebraban con especial alegría el que ardiera algún ejemplar de El Capital de Karl Marx, algún libro sagrado judío elegantemente encuadernado en pergamino o El Estado Judío de Theodor Herzl, fundador del movimiento sionista y una de las “bestias negras locales del antisemitismo húngaro”, así como ciertos libros bíblicos, a pesar de que éstos también eran venerados por el cristianismo, o las obras de Sigmund Freud, “quizás el judío más odiado por los nazis después de Marx”. Durante esta quema masiva de libros, quedó a los pies de Sanz Briz la que sin duda era una maravilla bibliográfica, la obra Mishné Torah, de la cual era autor el sabio judío español Moshé Maimónides y, a punto estuvo de recogerlo lo cual, hubiera provocado, sin duda, un grave incidente diplomático por parte de Sanz Briz, en su condición de representante de la legación diplomática española, y el régimen filonazi húngaro. Pensó en agacharse y “recogerlo del suelo con el mimo que el libro merecía, limpiarle el polvo con cuidado, y arriesgarse a guardarlo como una doble reliquia del recuerdo y la intolerancia contra los judíos que siglo tras siglo nunca tuvo fronteras”. Pero, finalmente, el libro también fue quemado y Sanz Briz abandonó el lugar “antes de que sus ojos estallasen en lágrimas de rabia”.

   Recordando estos hechos, ocurridos aquel fatídico 16 de junio de 1944 en Budapest, resulta toda una advertencia ante el actual auge de los totalitarismos neofascistas que, además de manipular la historia, pretenden, de nuevo, acabar con nuestras libertades, la tolerancia y con la riqueza que supone la diversidad cultural, todo cual sólo puede desarrollarse en democracia. Alerta.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 mayo 2023)

Etiquetas: Memoria, Democrática

     Con este título, podemos leer un capítulo del interesante libro escrito por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, politólogos de la Universidad de Harvard titulado Cómo mueren las democracias (2018). Si partimos del símil de que la democracia es un tren que no debe descarrilar, la idea central de dicho capítulo es que, para evitarlo, la sociedad debe mantener todo un conjunto de sólidas normas democráticas que, aunque no figuren en el texto de una Constitución, sean “ampliamente conocidas y respetadas” para evitar que “la pugna política cotidiana desemboque en un conflicto donde todo vale”. En este sentido, Letitsky y Ziblatt señalan dos normas que resultan básicas pues, ambas, “se apuntalan mutuamente”, cual son la tolerancia mutua y la contención institucional.

     La tolerancia mutua entre adversarios políticos parte del supuesto de que “siempre que nuestros adversarios acaten las reglas constitucionales, aceptamos que tienen el mismo derecho a existir, competir por el poder y gobernar que nosotros”. Por ello, la tolerancia mutua es la disposición colectiva de los políticos a acordar no estar de acuerdo, a considerarse como contrincantes, que no enemigos, algo que hay que evitar de todos los modos posibles, pues “cuando los partidos rivales se convierten en enemigos, la competición política deriva en una guerra y nuestras instituciones se transforman en armas” y, por ello, como señalan dichos autores, el resultado es “un sistema que se halla siempre al borde del precipicio”.

    En cuanto a la otra norma básica, la contención institucional, se basa en la voluntad de “evitar realizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces su espíritu” y, por ello, significa una renuncia expresa al empleo de trucos sucios y a tácticas brutales mediante las cuales intentar lograr un determinado rédito político o electoral. En este sentido, se incluiría el rechazo a las tácticas de filibusterismo político como forma de bloquear la aprobación de determinadas leyes. Para ello, se precisa de dosis de cortesía que evite los ataques personales y moderación en el uso del poder personal con el fin de no generar un antagonismo manifiesto en la vida política.

     De no existir estos dos guardarraíles políticos, se entraría en lo que el politólogo Eric Nelson definía como “un ciclo de extremismo constitucional creciente”, como ocurrió en la crispación política vivida en Chile y alentada por la derecha extrema tras la victoria electoral de la Unidad Popular en 1970 y que culminó con el golpe de Estado del general Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Y es que la “polarización” puede despedazar las normas democráticas ya que genera una percepción de “amenaza mutua” entre las fuerzas políticas confrontadas, lo cual dinamita la convivencia, tanto institucional como social, y alienta el auge de los grupos antisistema que rechazan las reglas democráticas. Por ello, es importante tener presentes los planteamientos de Martin Van Buren, para sustituir la política de enfrentamiento total por la tolerancia mutua, pues, como decía George Washington, modelo de contención presidencial, “el poder se conseguía mostrando disposición a ceder”.

    Pero no siempre fue así. Tomando el modelo de los Estados Unidos, hay que recordar el período de los negros años del MacCartismo, ejemplo patente de un auténtico asalto a la democracia norteamericana por su visceral campaña anticomunista en los años más intensos de la Guerra Fría. Y es que, “conforme los guardarraíles de la democracia se debilitan, nos volvemos más vulnerables a los líderes antidemocráticos”. Además, cuando se erosionan estas normas de contención, los partidos empiezan a comportarse como partidos políticos antisistema y el síndrome de la polarización política, se extiende incrementando “una honda hostilidad” entre los partidos y se agudizan las diferencias ideológicas. Un ejemplo evidente, y reciente, de este descarrilamiento democrático tuvo lugar en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump (2016-2020), una amenaza que vuelve a vislumbrarse, de nuevo en el horizonte político norteamericano con sus consecuencias fatales en el conjunto de las relaciones políticas internacionales. Trump vuelve a lanzar de nuevo todo su arsenal antidemocrático para volver a ocupar la Casa Blanca: ataques viscerales a sus adversarios políticos, dudar de la legitimidad e imparcialidad del Poder Judicial, cuestionar los resultados electorales, uso de la mentira de forma sistemática, falta de civismo político y absoluto desprecio por la prensa libre e independiente. Trump ha vuelto, con todo ello, a enfangar el tablero político y no parece preocuparle que la democracia, en Estados Unidos, o en cualquier otro país, descarrille, toda una caja de Pandora que los admiradores del trumpismo, bien sean el bolsonarismo en Brasil o Vox en España, que se ha hartado de calificar de “ilegítimo” al actual Gobierno de coalición progresista, no dudan en poner en práctica siempre que tienen ocasión. Hemos de estar alerta, porque, como nos advierten Levitsky y Ziblatt, y tal y como estos días comprobamos con las protestas cívicas y las masivas movilizaciones ciudadanas contra las medidas reaccionarias y antidemocráticas que intenta implantar el gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel, “ningún dirigente político por sí sólo puede poner fin a la democracia, y tampoco ningún líder político puede rescatarla sin la ciudadanía. La democracia es un asunto compartido. Su destino depende de todos nosotros”.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 abril 2023)

Etiquetas: valores, democráticos, amenazas, populistas

     En la historia del movimiento feminista español figura, de manera destacada, la escritora Concepción Gimeno Gil (1850-1919), natural de Alcañiz, que en 1901 escribió un importante libro titulado La mujer intelectual, en el cual reivindicaba todo un ideario tendente a la emancipación de la mujer mediante el acceso a la educación y la cultura.

     De entrada, la autora contrapone la imagen de la “Eva moderna” libre y consciente de su misión, frente a la “Eva antigua”, aquella a la que se aludía en su época con términos peyorativos tales como “frágil”, “impura”, “germen del pecado” o “espíritu del mal”. Gimeno, dispuesta como estaba a romper con tan arcaica imagen, arremetió contra las mentes reaccionarias defensoras de mantener la sumisión absoluta de la mujer, calificando a los que así pensaban como “ciegos de espíritu”.

   Acto seguido, Gimeno desmota los argumentos de quienes se oponían a la emancipación de la mujer alegando que con ello perderían parte de su feminidad. Bien al contrario, el feminismo defendido por la alcañizana debía ser interpretado como una prueba evidente de progreso social y, por ello, demandaba la participación de la mujer en todo tipo de colectivos sociales, especialmente en el caso del naciente movimiento pacifista en el cual, como señalaba, éstas estaban desempeñando un activo papel por medio de la Liga de Mujeres para el Desarme Internacional.

    Por otra parte, Gimeno confiaba en que esta “Eva moderna”, junto a su compromiso pacifista, debía de irrumpir con fuerza en el nuevo siglo que entonces se iniciaba por medio del acceso sin trabas a la educación y la cultura. Se observa en sus ideas una influencia del Regeneracionismo como lo prueba su confianza en la educación como elemento de modernidad y de europeización, tan necesarios en la anacrónica España que despertaba al siglo XX. En este sentido, la postura de Gimeno resulta rotunda: “si lo que se gasta en cañones se invirtiera en instrucción pública, los pueblos serían más felices porque el vicio y la corrupción nacen de la ignorancia y la miseria”.

     Estas manifestaciones de energía y compromiso público serían para Gimeno rasgos distintivos de la “Eva moderna” por la que ella aboga. Prueba de ello sería también el acceso de la mujer a un número cada vez mayor de profesiones, las cuales enumera llena de entusiasmo: “La mujer de otros tiempos no debía ver, oír ni hablar; la de nuestros días discute en Ateneos, preside Congresos, forma parte de tribunales, asóciase a la vida espiritual del hombre, a la vida del progreso”. No obstante, reconocía, mal que le pese, que estos avances son mucho más evidentes en el mundo anglosajón pues la situación resultaba bien distinta en la Europa latina y, por ello, también en España, razón por la cual dedica un capítulo completo a destacar la libertad de que entonces disfrutaba la mujer norteamericana: educación mixta desde la infancia, y divorcio legal, disposiciones éstas impensables en la España de 1901. Acto seguido y, tras enumerar a diversas mujeres norteamericanas destacadas tanto en el mundo de las ciencias como en el de las letras, incidirá Gimeno de un modo especial en las feministas yanquis, las cuales formaban por aquel entonces la vanguardia del movimiento emancipador “que repercutió en todo el mundo” como era el caso d Leila J. Robinson, Virginia L. Minor, Lucrecia Mott, Elisabeth Cady S. Tanton, Marguerite Fuller, Hannah Lee, Mercy Otis Warren o Abigail Adams. La simpatía de Gimeno hacia la mujer norteamericana resulta evidente puesto que, a una sociedad más libre que la española, habría que añadir las mayores posibilidades de desarrollo cultural, lo cual hace que ésta se muestre “ampliamente abierta a todos los modernismos”. Con ello, la mujer, en palabras de Gimeno, ha dado “un impulso intelectual que la ha hecho entrar de lleno en la vía del progreso”.

    Tampoco olvida en su libro a las escritoras progresistas portuguesas. Tras destacar el gran desconocimiento que en España se tenía de la actividad cultural existente en el país hermano, especialmente en el caso de las literatas lusas,  Gimeno citará a Alicia Pestana, fundadora de la Liga Portuguesa por la Paz y autora de importantes estudios sociológicos y de pedagogía entre ellos, uno relativo a los centros femeninos de Segunda Enseñanza por lo que Gimeno la define como “apasionada adepta de la moderna evolución feminista”, a Angelina Vidal, “alma del socialismo portugués”, Alice Moderno, políglota y miembro de la International Women Union y a Olivia Telles de Menezes, amiga personal de Gimeno, de la cual nos dice que “publicó artículos muy notables sobre la emancipación de la mujer”.

    El libro concluye con un apasionado alegato de Gimeno para que las españolas sigan el ejemplo de las norteamericanas y portuguesas. Para ello, además de la toma de conciencia previa, no había más camino que el acceso de éstas a la cultura, la adquisición de una sólida formación intelectual que equipare a la mujer de entonces con el hombre pese a los, a veces, poco indisimulados recelos que ello pudiera despertar entre los varones:

 “¡Hombres, no desalentéis a la mujer que quiera ilustrarse; facilitadle los medios indispensables! Rebajar a vuestra compañera es rebajaros; al despreciarla os envilecéis.

    Si algunos insensatos se oponen todavía a que la mujer se instruya y la declaran inepta para adquirir ilustración, otros varones discretos creen que educar un hombre es formar un individuo, mientras que educar a una mujer es formar futuras generaciones…”

    Con esta aproximación a una de las obras más significativas del Concepción Gimeno Gil, he pretendido recordar su memoria, la misma que ha honrado Alcañiz, su ciudad natal, al dar su nombre a un colegio público, donde se cimenta la educación en valores e igualdad de las nuevas generaciones. Una decisión que honra a la comunidad educativa alcañizana.

 José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 marzo 2023)

Etiquetas: feminismo, educación

     Conocidas son las teorías racistas nazis, pero menos lo es el eco que éstas tuvieron en la España franquista, empeñada en identificar “el gen rojo”, encarnación de todos los males que la Nueva España asociaba con el marxismo. Fue por ello que el Consejo de Europa, en su declaración de 17 de marzo de 2006 de condena de la dictadura franquista (Recomendación 1736), titula su apartado 65, “Psiquiatras militares que efectuaron experimentos sobre presos para identificar los “genes rojos”.

     La historia sobre este siniestro proyecto se remonta al telegrama nº 1565, de 23 de agosto de 1938, mediante el cual el general Franco autorizó al Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, el doctor Antonio Vallejo-Nájera Lobón, la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, “cuya finalidad primordial será investigar las raíces psicofísicas del marxismo”, siguiendo el modelo del Instituto para la Investigación y Estudios de la Herencia creado en la Alemania nazi por Heinrich Himmler. Fue por ello que, en ese mismo año de 1938, algunos presos de las Brigadas Internacionales que se hallaban en la Prisión Habilitada de San Pedro de Cardeña (Burgos), así como las mujeres republicanas encarceladas en la Prisión de Málaga, fueron sometidos a extraños test físicos y psicológicos. Se trataba de las primeras tentativas sistemáticas de poner a la psiquiatría al servicio de la ideología franquista. Este proyecto fue ideado por Vallejo-Nájera con objeto de identificar lo que él definía como el “biopsiquismo del fanatismo marxista”. Algunas de las conclusiones relativas a la existencia de un supuesto “gen rojo” quedaron plasmadas por parte de Vallejo-Nájera, profundamente imbuido del ideario y las teorías racistas nazis, en su libro La locura de la guerra. Psicopatología de la guerra española, obra en la cual se pueden leer afirmaciones tan delirantes como que, “La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos […] La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme transcendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”.

     En las elucubraciones pseudo-psicológicas de Vallejo-Nájera, también tuvo cabida su obsesión por combatir “el virus democrático”. Así, en su libro Niños y jóvenes anormales, publicado en 1941, alertaba sobre el “daño” que, según él, causaba el “ambiente democrático” en los niños y niñas que habían sido educados en ambientes republicanos y, por ello, consideraba que deberían ser segregados, separados de sus padres  y llevados a centros adecuados en los que se promoviese “una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotipo”: como vemos, la influencia de las teorías racistas es obvia.

     Estas teorías, tan reaccionarias como aberrantes, tuvieron una aplicación práctica por parte de la dictadura franquista en la inmediata posguerra, especialmente en el caso de los hijos de las presas republicanas, tal y como señalaba el citado Gabinete de Investigaciones Psicológicas en un artículo titulado “Psiquismo del fanatismo marxista”, publicado el 8 de octubre de 1938 en la revista Semana Médica Española:

  “La enorme cantidad de prisioneros de guerra en manos de fuerzas nacionales salvadoras de España, permite efectuar estudios en masa en favorabilísimas circunstancias, que quizás no vuelvan a darse en la historia del mundo. Con el estímulo y beneplácito del Excmo. Sr. Inspector de los Campos de Concentración, iniciamos investigaciones seriadas de individuos marxistas, al objeto de hallar las relaciones que pueden existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-comunista”.

    La enfermiza obsesión de Vallejo-Nájera por identificar el “gen rojo” hizo que tuviese una especial saña para con las mujeres republicanas, a las que imputaba una “crueldad femenina” congénita. Así, en un artículo suyo, publicado en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, fechado en mayo de 1939, podemos leer: “Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista su característica labilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad…”. Y sigue Vallejo-Nájera con su demencial argumentación: “Cuando desaparecen los frenos que contiene socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones frenatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértanse en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginables precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas […] El hecho es tanto más digno de atención cuanto que la mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas le hayan impulsado en los últimos años a mezclarse enteramente en ella, aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”. Sin comentarios.

    Como consecuencia de estos “estudios” se entiende cómo, durante la dictadura franquista, los más elementales derechos de la mujer fueron anulados y su papel quedó limitado al ámbito doméstico y sometida completamente a la voluntad del varón.  Igualmente, las teorías de Vallejo-Nájera sirvieron para “legitimar” y dar aires de falsa legalidad a la sustracción o eliminación de la custodia sobre aquellos niños y niñas que tenían el estigma por parte del régimen de ser “hijos de familias rojas”. Ello propició la pérdida de identidad de miles de niños, hijos de los vencidos, sobre todo en la década de los años 40. El dramático hecho de los “niños robados”, se prolongaría durante los años sucesivos, algo que, no lo olvidemos, tiene la consideración de “crimen contra la humanidad” y cuya reparación, en gran medida, todavía está pendiente por parte de la democracia española.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 marzo 2023)

Etiquetas: dicatadura, franquista, racismo, represión

    Hay políticos cuya memoria emerge con fuerza y su legado político trasciende fronteras. Este es el caso de Olof Palme (1927-1986), el carismático político socialdemócrata sueco asesinado el 28 de febrero de 1986, y que sigue siendo un referente y símbolo para quienes seguimos apostando por la utopía del progreso y la justicia social, sin que por ello dejemos de ser conscientes de la realidad dura, tantas veces adversa, que es necesario transformar. Y es que Olof Palme siempre insistía en la necesidad de la utopía en el trabajo político cotidiano para que el reformismo socialdemócrata no se convirtiesen un mero gestor del sistema sin plantearse su transformación.

    Olof Palme ya nos advirtió en su tiempo de algo que resulta muy actual en el momento presente, de que “las fuerzas del mercado dirigirán esta sociedad con mano de hierro”, a no ser que la socialdemocracia practicase lo que él llamaba “una política de bienestar constructiva”, avanzando gradualmente en la extensión  y prestaciones propias del Estado de Bienestar, “porque uno tiene que agarrar la realidad por algún sitio para transformarla”, oponiéndose de este modo con firmeza a cualquier reforma que supusiera un retroceso en los derechos laborales o sociales logrados con tanto esfuerzo.

     El legado del pensamiento político de Olof Palme nos insta a reafirmar los ideales y valores propios de la socialdemocracia clásica: igualdad, justicia social, ideales que deben superara fronteras con arreglo a una permanente solidaridad internacional, todo ello unido a la defensa del medio ambiente y del pacifismo. Por todo ello, era y es, fundamental la cooperación constante entre la socialdemocracia y el movimiento sindical para avanzar no sólo en la política salarial y el diálogo social, sino, también, para dar pasos decididos en la democratización de la vida económica y de las empresas.

     Olof Palme recordaba con especial orgullo que “fue la socialdemocracia, en país tras país, la que tuvo que conquistar los derechos humanos fundamentales y los derechos sindicales en lucha contra las clases dominantes de la sociedad burguesa”, una tarea que hoy resulta más necesaria que nunca mediante la unión o convergencia de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales de signo progresista.

     Olof Palme siempre fue un firme defensor del Estado de Bienestar, tan zarandeado por las políticas neoliberales alentadas al socaire de la crisis global y, ya en 1984, advertía de que “los conservadores atacan la idea misma de la sociedad del bienestar, la idea de que la bienestar del individuo depende de la comunidad”, ideas éstas que las políticas conservadoras nunca han terminado de aceptar por motivos ideológicos y políticos, escudándose en una defensa de un liberalismo individualista a ultranza, lo cual les lleva a sacralizar el “mercado” en la misma medida que denostar la intervención reguladora de los poderes públicos en aras a su lucha contra las diferencias sociales y a favor de las políticas de igualdad. Es por ello que Palme incidía tanto en la necesidad de extender el sector público estatal pues lo consideraba esencial para el buen funcionamiento de una economía avanzada y, por ello, por lo que al caso español se refiere, añoramos la existencia, en las circunstancias actuales, de una potente Banca Pública que generase un crédito rápido y barato, la de un sector público industrial y energético, pues todos ellos fueron desmantelados en su día por razones más que cuestionables.

    Dado que el nudo gordiano de la situación actual es la política económica, cuyo enfoque y gestión acertada no sólo nos afecta a nosotros sino también a las generaciones futuras, Palme le recordaba a Felipe González, allá por el año 1985, los objetivos que debía tener una política socialdemócrata avanzada, objetivos de total y absoluta vigencia en los tiempos que vivimos: “una política económica que garantice el crecimiento al mismo tiempo que mantenga el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos en la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”, todo un legado a tener en cuenta para enarbolar con firmeza  ante la actual dictadura de los mercados que imponen sus medidas ante los gobiernos democráticamente elegidos, razón por cual algunos pensadores no dudan en señalar, y razón no les falta,  que estamos sufriendo un auténtico “fascismo económico”, que ha degradado de forma preocupante la calidad democrática de nuestra sociedad, los valores sobre los que se sustenta nuestra democracia representativa. Y, ante esta amenaza real, Palme destacaba la importancia de abrir horizontes de progreso y justicia social, para lo cual, "la condición indispensable para llevar adelante el desarrollo es la existencia de ciudadanos conscientes, críticos y activos” puesto que, “sin esperanza, no hay prisión tan abrumadora como el futuro”.

     Este es el legado que ahora, a los 37 años de su asesinato, nos dejó Olof Palme, un hombre honesto, sencillo y coherente, al que el poder nunca le cambió porque, como él mismo decía, “para que no se le embote a uno la humanidad, es necesario tener el coraje de salir del bunker del Gobierno y, como cualquier persona corriente, irse una tarde al cine, y caminar por la calle encharcada de nieve hacia el Metro”. Y así fue, Palme, Primer Ministro de Suecia, fue asesinado el 28 de febrero de 1986 cuando salía, como un ciudadano más, de un cine de Estocolmo. No llevaba escolta.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 febrero 2023)

Etiquetas: socialdemocracia

     No hay lugar en Francia en donde los republicanos españoles no hayan dejado memoria de su lucha contra el fascismo durante los años de la II Guerra Mundial, una memoria, muchas veces sellada con la sangre de nuestros compatriotas.

     En la ciudad de Nantes, en la Francia ocupada por la Alemania nazi, los primeros núcleos de la Resistencia contaron con la participación activa de republicanos españoles, antiguos combatientes del Ejército Popular (EP) republicano exiliados en territorio galo tras la victoria de las armas franquistas, apoyadas por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, en la Guerra de España de 1936-1939. Estos republicanos pasaron a formar parte de la Organisation Spéciale (OS), dentro de los Francs-Tireurs et Partisans (FTP), movimiento de resistencia armado creado en Francia a finales de 1941 para combatir, mediante sabotajes y ataques, no sólo a la ocupación nazi, sino, también, a los colaboracionistas del fascista Parti Populaire Français (PPF). Pero bien pronto la Gestapo les sigue la pista y, a finales de junio de 1942, empieza a desmantelar al brazo armado de la Resistencia y detiene a 150 franceses y a 43 españoles.  Las autoridades nazis, una vez torturados los detenidos, pretendieron llevar a cabo un juicio ejemplarizante para acabar con la Resistencia en la zona del Departamento de Loira – Inferior y, también para atemorizar a la población civil: fue el conocido como El proceso de los 42, el cual juzgó a 45 resistentes y no a 42 como fue popularmente conocido.

    El 13 de enero de 1943 comparecieron ante un Consejo de Guerra alemán 43 hombres y 2 mujeres acusados de diversos atentados contra los nazis y sus colaboracionistas y de pertenecer a una “organización terrorista”. El juicio fue una auténtica farsa, con sus sesiones en alemán, idioma que ninguno de los acusados entendía (ni siquiera llegaron a saber de qué se les acusaba), un proceso lleno de irregularidades y que, no obstante, se saldó con 37 penas de muerte, sentencias que fueron dictadas el 28 de enero. Entre los condenados figuraban cinco republicanos españoles, militantes del PCE, y que formaban parte de un grupo de la OS, dirigidos por Alfredo Gómez Ollerías, que había sido capitán del EP, y del cual formaban parte Benedicto Blanco Dobarro, Miguel Sánchez Tolosa, Ernesto Prieto Hidalgo y el aragonés Basilio Blasco Martín, un joven natural del pequeño pueblo turolense de Rudilla. Fueron fusilados el 13 de febrero de 1943 en el campo de tiro de Bêle, cerca de Nantes y posteriormente enterrados en el cementerio de Chapelle-Basse-Mer.

    Pero su memoria, nunca se olvidó: el 17 de febrero de 1946, un año después de concluida la guerra, se colocó una placa con sus nombres en dicho cementerio por el Comité Departamental por la Solidaridad Española. Además, el recuerdo de estos trágicos hechos ha sido mantenido vivo por la asociación Collectif du Procès des 42, entidad creada para perpetuar la memoria de quienes lucharon en la Resistencia en Nantes y perdieron la vida a manos del nazismo. De este modo, desde el año 2004 se empezaron a realizar homenajes a los 5 republicanos españoles, declarados héroes nacionales en Francia y en 2006 se inauguró una escultura, con las fotografías de nuestros cinco compatriotas sobre la fosa en la que reposan, escultura pagada por suscripción popular y en cuyo acto se contó con la presencia de 400 personas. Desde entonces, se les rinde un homenaje todos los años.

    Durante muchos años, se desconocía el lugar de procedencia de Basilio Blasco Martín, asesinado a sus 22 años de edad, hasta que se supo que era natural de la citada población turolense de Rudilla. Basilio, que con tan sólo 18 años se alistó al Cuerpo de Carabineros de la República, tras la derrota al final de la guerra, sufrió el exilio al igual que miles de compatriotas nuestros, pasó por los campos de Argèles y Barcarès, se enroló en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) y, tras la rendición de Francia ante la Alemania nazi (junio 1940), se integró en la OS, colaborando con la Resistencia hasta su detención por la Gestapo el 17 de septiembre de 1942.

    Su hermano, Julian Blasco, que fue el último habitante permanente de Rudilla, y con el cual mantuve largas conversaciones, siempre me hablaba de que la última vez que vio a Basilio fue en la Barcelona de 1938, cuando la guerra ya se intuía perdida para la España leal, y que, desde entonces, siempre tuvo la angustia de no saber qué había sido de su hermano. Así fue hasta que a través de un artículo publicado en el año 2006 en Heraldo de Aragón y firmado por Mariano García titulado “Un homenaje en Nantes a los fusilados españoles: el misterio de Basilio Blasco”, se hizo eco del homenaje a los 5 españoles asesinados y de la trayectoria vital de Basilio y de su origen aragonés, de que había nacido en Rudilla y no en Roudellac, Pondellac, Bondellar, Ruella o Novellac, como aparecía erróneamente transcrito en otros testimonios y documentos. Julián siempre lo buscó y nunca tuvo noticias de él. La posguerra fue dura para la familia: su padre Carlos fue encarcelado por sus ideas izquierdistas y su madre Gregoria y sus hermanas abandonaron Rudilla. Por su parte, Julián, decidió salir de la España franquista: trabajó primero en Brasil y luego, en Australia. Al poco de acabar la II Guerra Mundial, el azar del destino hizo que sus hermanas recibieran una carta, escrita en italiano, en la cual, como relató Mariano García, se “mencionaba mucho a Basilio”, pero ellas, al desconocer el idioma, “se la acabaron danto al cura para que la tradujera. Ni les dijo cuál era su contenido, ni se la devolvió”. Se perdió así la posibilidad de saber lo que le había ocurrido a Basilio tras el Proceso de los 42 de Nantes. Julián supo de esta carta mucho después y así pasaron siete décadas hasta que la historia de Basilio pudo ser conocida por sus familiares.

   Conocí y aprecié durante años a Julián, sentí siempre el dolor que le supuso el no saber nada del destino de su hermano, más tarde, la pena de conocer que fue asesinado por los nazis y, a la vez, el orgullo de que, igual que su padre Carlos, su hermano Basilio había tenido el coraje de enfrentarse al fascismo. Ello le dio paz en sus últimos años y creo que con esa misma paz murió sintiendo que la memoria de Basilio no sólo había sido recuperada, sino que también, como cada año, sigue siendo honrada en una pequeño y lejano cementerio de Francia. De ello se cumplen ahora 80 años.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2023)

Etiquetas: exilio, republicano, resistencia, antifascista, guerra, mundial, en, Francia

     En estos tiempos de creciente crispación política y que es previsible que aumentará a medida que nos adentremos en las futuras campañas electorales de este año 2023, sería recomendable que determinados políticos leyeran con detenimiento el libro de Victoria Camps y Salvador Giner titulado Manual de civismo. Dicha obra, parte de la idea clave de que “el comportamiento cívico es la base de la buena convivencia” y en él se ofrecen diversas reflexiones sobre el valor y la necesidad del civismo.

     Sin duda, “vivir es convivir” y “convivir es un arte” ya que la coexistencia genera conflictos, como vemos cada día, y, por ello, resulta necesaria la existencia de todo un conjunto de normas, modales de buena conducta y reglas de convivencia, para hacer más habitable nuestra sociedad.  En este sentido, el civismo es definido por los citados autores como “aquella ética mínima que debería suscribir cualquier ciudadano liberal y demócrata. Mínima para que pueda ser aceptada por todos sea cual sea su religión, procedencia o ideología. Ética, porque sin normas morales es imposible convivir en paz y respetando la libertad de todos”. De este modo, el civismo tendría una doble acepción, pues se entiende por tal la conducta respetuosa con propios y extraños (buenos modales, buena educación) y, también, la cultura pública de convivencia de los ciudadanos que conforman una sociedad democrática. Por ello, el civismo tiene una evidente utilidad puesto que nos hace, a todos, la vida más agradable y favorece lograr, “de forma pacífica e incruenta, el desenlace feliz de los enfrentamientos sociales, la superación de los conflictos laborales, la armonización de voluntades políticas encontradas y la buena convivencia entre familiares”. De este modo, el civismo se convierte en un principio fundamental de toda democracia, pues es ésta es “la expresión política del civismo”.

     Partiendo de la evidencia de que toda democracia necesita “ciudadanos cívicos”, portadores de valores, y dos de ellos son fundamentales para la convivencia: la solidaridad y la fraternidad, los cuales son los cimientos de “toda sociedad decente”. Por ello, resulta esencial la corresponsabilidad cívica pues, como señalaban Camps y Giner, “Nadie, sobre todo el que más tiene, puede desentenderse del bienestar y la felicidad del resto. Ese es el compromiso que obliga al ciudadano de una democracia”.

     Otro factor del civismo democrático es la tolerancia en nuestras sociedades, cada vez más diversas, plurales y multiculturales. Ciertamente, el reto del multiculturalismo es una gran ocasión para que nos eduquemos en la tolerancia activa, que nos interesemos los unos por los otros y que descubramos, “bajo la capa de la diferencia, nuestra común humanidad”. Pero esta tolerancia, como actitud personal y social, tiene sus límites y los citados autores son rotundos al afirmar que, “el conocimiento y la comprensión del otro no deben llevar a la relativización de lo que no es relativizable, como los derechos fundamentales y los valore más básicos. Las diferencias son aceptables sólo en la medida que no discuten la igualdad de la mujer, las libertades individuales, la superioridad de la ciencia y el conocimiento objetivo frente a los prejuicios y la superchería, el derecho de todos a la información imparcial y a la educación”.

     El civismo se esfuerza, día a día, por la consecución de una auténtica democracia plena, por avanzar en el logro de lo que ha dado en llamarse “derechos de la tercera generación” y es que, “no basta con proteger las libertades (derechos civiles y políticos), no basta con procurar una igualdad mínima (derechos económicos y sociales), hay que protegerse también contra ciertos avances tecnológicos que contaminan las libertades porque impiden vivir una vida de calidad”. Por ello, entre estos derechos de tercera generación, se encuentras tres que resultan esenciales: la preocupación por el medio ambiente para hacer frente al desastre ecológico; la importancia de una alimentación saludable y la preocupación por el equilibrio anímico, como forma de frenar el auge del estrés y las depresiones en nuestra sociedad.

   El civismo también defiende la ética de la responsabilidad, lo cual supone la utilización razonable de los bienes públicos, evitando el fraude y el derroche, tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones, en temas tan sensibles como son el correcto pago de impuestos conforme a una correcta justicia fiscal o el adecuado uso de los recursos de la Sanidad Pública y demás servicios públicos.

     Pero convivir también supone manifestar en ocasiones nuestro desacuerdo y, por ello, podemos discrepar con firmeza, pero siempre con civismo, ya que “no hay convivencia sin intereses encontrados” pero la discrepancia siempre ha de exponerse de modo civilizado para ser eficaz puesto que, “sin buenas maneras, naufragan los principios”. El civismo reconoce y respeta en los demás el derecho a ser diferente siguiendo la máxima de Baltasar Gracián según la cual “cada uno debe obrar como quien es, no como le obligan”.

    Por todo lo dicho, el civismo es una ética laica compartible por cualquier persona que quiera participar en la vida colectiva y, por ello es una forma de vivir, la más adecuada para la convivencia en sociedad, algo que, como en su día dijo Aristóteles, se aprende practicándolo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 enero 2023)

Etiquetas: convivencia, tolerancia, respeto, democracia

    En las pasadas fechas de Navidad y Año Nuevo, las celebraciones festivas tienen lugar, habitualmente, en torno a una mesa, abundantemente surtida, muchas veces en exceso, como forma de sociabilidad y de reencuentros familiares.

   Con esta imagen como telón de fondo, en no pocas ocasiones se produce un despilfarro alimentario que, tal y como señalaba Paolo De Castro en su obra Comida. El desafío global (2015), que, ya entonces, estimaba en más de 1.000 millones de toneladas de alimentos los se pierden o se tiran a la basura cada año en el mundo. Esta situación resulta especialmente lamentable habida cuenta de que, ahora que la población mundial ha llegado a los 8.000 millones de habitantes, el hambre en el mundo es una lacra que está lejos de erradicarse. Como señala De Castro, a diferencia de lo que ocurre en nuestro opulento Occidente, en los países en vías de desarrollo, “no hablamos de nutrientes, no hablamos de obesidad, de calorías o proteínas, hablamos simplemente de sobrevivir”.

     En este contexto, hay que situar el concepto de “seguridad alimentaria”, esto es, el “acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos” para toda la población mundial, del cual deriva, lógicamente, el derecho a una alimentación sana, segura y en cantidad adecuada, tal y como señala en su artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948. De hecho, el “derecho a la alimentación”, tal y como señalaba De Castro, es “un componente de la ciudadanía global” y, por ello, “ha dejado de ser visto como un tema que concierne no sólo a los pobres y desheredados del mundo, para definirse cada vez más como un derecho que engloba a la condición humana en su conjunto”. Hay que tener presente que, en la actualidad, la combinación de tres factores (económicos, ecológicos y políticos) hace que el derecho a la alimentación se convierta en un “meta desafío” de nuestros tiempos. Así se contempla en el Informe final del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, aprobado en la Asamblea General de la ONU del 7 de agosto de 2013. Por su parte, algunos países, como es el caso de Sudáfrica y Kenia, han incorporado el derecho a la alimentación en su Constitución y en sus leyes.

    En este sentido, a la hora de introducir en la agenda política internacional la importancia del derecho a la alimentación, han tenido un papel destacado los países del llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) los que, como potencias emergentes que disputan la supremacía mundial a los EE.UU. y Europa, se marcaron como objetivo el  liberar definitivamente a sus ciudadanos de la pesadilla del hambre.

Fue a partir de 2008, coincidiendo con la crisis de los precios agrarios, cuando los conceptos de “derecho a la alimentación” y “seguridad alimentaria” fueron objeto de atención en las agendas de las cumbres internacionales. Así ocurrió en la Declaración sobre seguridad alimentaria de Hokkaido (2008) y en las cumbres del G-8 de Aquila (2009) y de Camp David (2012). En esta última, a iniciativa de Barack Obama, entonces presidente de los EE.UU., se planteó la Alianza sobre Seguridad Alimentaria, la cual proponía políticas de desarrollo, no sólo por iniciativas estatales, sino que también pretendía implicar, con tal fin, a las grandes empresas además de apoyar la meritoria labor llevada a cabo por diversas ONGs. Por su parte, el Plan de Acción sobre la volatilidad de los precios y la agricultura (2011), impulsado por el G-20, ha supuesto el esfuerzo más concreto que hasta ahora se ha realizado a nivel global para dar respuesta política a los nuevos desafíos de la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación.  Dicho Plan, abrió el debate sobre temas tales como el de limitar el derecho de los Estados a bloquear las exportaciones de alimentos en casos de crisis de precios, aspecto éste que, por motivos políticos, también debería de ser aplicable en la actualidad para frenar el obstruccionismo de Rusia a la libre salida de las exportaciones de cereal desde Ucrania.

   Los objetivos para lograr la seguridad alimentaria global y el derecho a la alimentación son ambiciosos dado que pretendían borrar de la faz de la tierra la pobreza extrema y el hambre para el año 2030 y la malnutrición infantil para 2025, para lo cual se requiere una firme voluntad política de los países desarrollados y una activa movilización de la opinión pública. No obstante, las consecuencias de la pandemia del Covid-19, la actual Guerra en Ucrania y los efectos de la misma en el caso del suministro y encarecimiento de los cereales a nivel mundial, situaciones éstas que golpean con especial intensidad a los países del Tercer Mundo, sin duda van a dificultar y retardar el logro de tan encomiables objetivos tendentes al logro del derecho a la alimentación global.

    A modo de conclusión, la crisis de los precios de los alimentos de 2008-2012, la especulación bursátil de los mismos y, más recientemente, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia  del Covid-19 y de un posible desabastecimiento de cereales por causa de la guerra en Ucrania, deben de contribuir a aumentar la conciencia sobre el “meta desafío” que supone lograr la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, objetivos ambos que deben ser garantizados a nivel global, pues ambos son derechos humanos fundamentales.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 enero 2023)

Etiquetas: derechos, humanos, seguridad, alimentaria