EL LEGADO DE OLOF PALME
Hay políticos cuya memoria emerge con fuerza y su legado político trasciende fronteras. Este es el caso de Olof Palme (1927-1986), el carismático político socialdemócrata sueco asesinado el 28 de febrero de 1986, y que sigue siendo un referente y símbolo para quienes seguimos apostando por la utopía del progreso y la justicia social, sin que por ello dejemos de ser conscientes de la realidad dura, tantas veces adversa, que es necesario transformar. Y es que Olof Palme siempre insistía en la necesidad de la utopía en el trabajo político cotidiano para que el reformismo socialdemócrata no se convirtiesen un mero gestor del sistema sin plantearse su transformación.
Olof Palme ya nos advirtió en su tiempo de algo que resulta muy actual en el momento presente, de que “las fuerzas del mercado dirigirán esta sociedad con mano de hierro”, a no ser que la socialdemocracia practicase lo que él llamaba “una política de bienestar constructiva”, avanzando gradualmente en la extensión y prestaciones propias del Estado de Bienestar, “porque uno tiene que agarrar la realidad por algún sitio para transformarla”, oponiéndose de este modo con firmeza a cualquier reforma que supusiera un retroceso en los derechos laborales o sociales logrados con tanto esfuerzo.
El legado del pensamiento político de Olof Palme nos insta a reafirmar los ideales y valores propios de la socialdemocracia clásica: igualdad, justicia social, ideales que deben superara fronteras con arreglo a una permanente solidaridad internacional, todo ello unido a la defensa del medio ambiente y del pacifismo. Por todo ello, era y es, fundamental la cooperación constante entre la socialdemocracia y el movimiento sindical para avanzar no sólo en la política salarial y el diálogo social, sino, también, para dar pasos decididos en la democratización de la vida económica y de las empresas.
Olof Palme recordaba con especial orgullo que “fue la socialdemocracia, en país tras país, la que tuvo que conquistar los derechos humanos fundamentales y los derechos sindicales en lucha contra las clases dominantes de la sociedad burguesa”, una tarea que hoy resulta más necesaria que nunca mediante la unión o convergencia de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales de signo progresista.
Olof Palme siempre fue un firme defensor del Estado de Bienestar, tan zarandeado por las políticas neoliberales alentadas al socaire de la crisis global y, ya en 1984, advertía de que “los conservadores atacan la idea misma de la sociedad del bienestar, la idea de que la bienestar del individuo depende de la comunidad”, ideas éstas que las políticas conservadoras nunca han terminado de aceptar por motivos ideológicos y políticos, escudándose en una defensa de un liberalismo individualista a ultranza, lo cual les lleva a sacralizar el “mercado” en la misma medida que denostar la intervención reguladora de los poderes públicos en aras a su lucha contra las diferencias sociales y a favor de las políticas de igualdad. Es por ello que Palme incidía tanto en la necesidad de extender el sector público estatal pues lo consideraba esencial para el buen funcionamiento de una economía avanzada y, por ello, por lo que al caso español se refiere, añoramos la existencia, en las circunstancias actuales, de una potente Banca Pública que generase un crédito rápido y barato, la de un sector público industrial y energético, pues todos ellos fueron desmantelados en su día por razones más que cuestionables.
Dado que el nudo gordiano de la situación actual es la política económica, cuyo enfoque y gestión acertada no sólo nos afecta a nosotros sino también a las generaciones futuras, Palme le recordaba a Felipe González, allá por el año 1985, los objetivos que debía tener una política socialdemócrata avanzada, objetivos de total y absoluta vigencia en los tiempos que vivimos: “una política económica que garantice el crecimiento al mismo tiempo que mantenga el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos en la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”, todo un legado a tener en cuenta para enarbolar con firmeza ante la actual dictadura de los mercados que imponen sus medidas ante los gobiernos democráticamente elegidos, razón por cual algunos pensadores no dudan en señalar, y razón no les falta, que estamos sufriendo un auténtico “fascismo económico”, que ha degradado de forma preocupante la calidad democrática de nuestra sociedad, los valores sobre los que se sustenta nuestra democracia representativa. Y, ante esta amenaza real, Palme destacaba la importancia de abrir horizontes de progreso y justicia social, para lo cual, "la condición indispensable para llevar adelante el desarrollo es la existencia de ciudadanos conscientes, críticos y activos” puesto que, “sin esperanza, no hay prisión tan abrumadora como el futuro”.
Este es el legado que ahora, a los 37 años de su asesinato, nos dejó Olof Palme, un hombre honesto, sencillo y coherente, al que el poder nunca le cambió porque, como él mismo decía, “para que no se le embote a uno la humanidad, es necesario tener el coraje de salir del bunker del Gobierno y, como cualquier persona corriente, irse una tarde al cine, y caminar por la calle encharcada de nieve hacia el Metro”. Y así fue, Palme, Primer Ministro de Suecia, fue asesinado el 28 de febrero de 1986 cuando salía, como un ciudadano más, de un cine de Estocolmo. No llevaba escolta.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en El Periódico de Aragón, 27 febrero 2023)
BASILIO BLASCO Y EL "PROCESO DE LOS 42"
No hay lugar en Francia en donde los republicanos españoles no hayan dejado memoria de su lucha contra el fascismo durante los años de la II Guerra Mundial, una memoria, muchas veces sellada con la sangre de nuestros compatriotas.
En la ciudad de Nantes, en la Francia ocupada por la Alemania nazi, los primeros núcleos de la Resistencia contaron con la participación activa de republicanos españoles, antiguos combatientes del Ejército Popular (EP) republicano exiliados en territorio galo tras la victoria de las armas franquistas, apoyadas por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, en la Guerra de España de 1936-1939. Estos republicanos pasaron a formar parte de la Organisation Spéciale (OS), dentro de los Francs-Tireurs et Partisans (FTP), movimiento de resistencia armado creado en Francia a finales de 1941 para combatir, mediante sabotajes y ataques, no sólo a la ocupación nazi, sino, también, a los colaboracionistas del fascista Parti Populaire Français (PPF). Pero bien pronto la Gestapo les sigue la pista y, a finales de junio de 1942, empieza a desmantelar al brazo armado de la Resistencia y detiene a 150 franceses y a 43 españoles. Las autoridades nazis, una vez torturados los detenidos, pretendieron llevar a cabo un juicio ejemplarizante para acabar con la Resistencia en la zona del Departamento de Loira – Inferior y, también para atemorizar a la población civil: fue el conocido como El proceso de los 42, el cual juzgó a 45 resistentes y no a 42 como fue popularmente conocido.
El 13 de enero de 1943 comparecieron ante un Consejo de Guerra alemán 43 hombres y 2 mujeres acusados de diversos atentados contra los nazis y sus colaboracionistas y de pertenecer a una “organización terrorista”. El juicio fue una auténtica farsa, con sus sesiones en alemán, idioma que ninguno de los acusados entendía (ni siquiera llegaron a saber de qué se les acusaba), un proceso lleno de irregularidades y que, no obstante, se saldó con 37 penas de muerte, sentencias que fueron dictadas el 28 de enero. Entre los condenados figuraban cinco republicanos españoles, militantes del PCE, y que formaban parte de un grupo de la OS, dirigidos por Alfredo Gómez Ollerías, que había sido capitán del EP, y del cual formaban parte Benedicto Blanco Dobarro, Miguel Sánchez Tolosa, Ernesto Prieto Hidalgo y el aragonés Basilio Blasco Martín, un joven natural del pequeño pueblo turolense de Rudilla. Fueron fusilados el 13 de febrero de 1943 en el campo de tiro de Bêle, cerca de Nantes y posteriormente enterrados en el cementerio de Chapelle-Basse-Mer.
Pero su memoria, nunca se olvidó: el 17 de febrero de 1946, un año después de concluida la guerra, se colocó una placa con sus nombres en dicho cementerio por el Comité Departamental por la Solidaridad Española. Además, el recuerdo de estos trágicos hechos ha sido mantenido vivo por la asociación Collectif du Procès des 42, entidad creada para perpetuar la memoria de quienes lucharon en la Resistencia en Nantes y perdieron la vida a manos del nazismo. De este modo, desde el año 2004 se empezaron a realizar homenajes a los 5 republicanos españoles, declarados héroes nacionales en Francia y en 2006 se inauguró una escultura, con las fotografías de nuestros cinco compatriotas sobre la fosa en la que reposan, escultura pagada por suscripción popular y en cuyo acto se contó con la presencia de 400 personas. Desde entonces, se les rinde un homenaje todos los años.
Durante muchos años, se desconocía el lugar de procedencia de Basilio Blasco Martín, asesinado a sus 22 años de edad, hasta que se supo que era natural de la citada población turolense de Rudilla. Basilio, que con tan sólo 18 años se alistó al Cuerpo de Carabineros de la República, tras la derrota al final de la guerra, sufrió el exilio al igual que miles de compatriotas nuestros, pasó por los campos de Argèles y Barcarès, se enroló en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) y, tras la rendición de Francia ante la Alemania nazi (junio 1940), se integró en la OS, colaborando con la Resistencia hasta su detención por la Gestapo el 17 de septiembre de 1942.
Su hermano, Julian Blasco, que fue el último habitante permanente de Rudilla, y con el cual mantuve largas conversaciones, siempre me hablaba de que la última vez que vio a Basilio fue en la Barcelona de 1938, cuando la guerra ya se intuía perdida para la España leal, y que, desde entonces, siempre tuvo la angustia de no saber qué había sido de su hermano. Así fue hasta que a través de un artículo publicado en el año 2006 en Heraldo de Aragón y firmado por Mariano García titulado “Un homenaje en Nantes a los fusilados españoles: el misterio de Basilio Blasco”, se hizo eco del homenaje a los 5 españoles asesinados y de la trayectoria vital de Basilio y de su origen aragonés, de que había nacido en Rudilla y no en Roudellac, Pondellac, Bondellar, Ruella o Novellac, como aparecía erróneamente transcrito en otros testimonios y documentos. Julián siempre lo buscó y nunca tuvo noticias de él. La posguerra fue dura para la familia: su padre Carlos fue encarcelado por sus ideas izquierdistas y su madre Gregoria y sus hermanas abandonaron Rudilla. Por su parte, Julián, decidió salir de la España franquista: trabajó primero en Brasil y luego, en Australia. Al poco de acabar la II Guerra Mundial, el azar del destino hizo que sus hermanas recibieran una carta, escrita en italiano, en la cual, como relató Mariano García, se “mencionaba mucho a Basilio”, pero ellas, al desconocer el idioma, “se la acabaron danto al cura para que la tradujera. Ni les dijo cuál era su contenido, ni se la devolvió”. Se perdió así la posibilidad de saber lo que le había ocurrido a Basilio tras el Proceso de los 42 de Nantes. Julián supo de esta carta mucho después y así pasaron siete décadas hasta que la historia de Basilio pudo ser conocida por sus familiares.
Conocí y aprecié durante años a Julián, sentí siempre el dolor que le supuso el no saber nada del destino de su hermano, más tarde, la pena de conocer que fue asesinado por los nazis y, a la vez, el orgullo de que, igual que su padre Carlos, su hermano Basilio había tenido el coraje de enfrentarse al fascismo. Ello le dio paz en sus últimos años y creo que con esa misma paz murió sintiendo que la memoria de Basilio no sólo había sido recuperada, sino que también, como cada año, sigue siendo honrada en una pequeño y lejano cementerio de Francia. De ello se cumplen ahora 80 años.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2023)
CIVISMO
En estos tiempos de creciente crispación política y que es previsible que aumentará a medida que nos adentremos en las futuras campañas electorales de este año 2023, sería recomendable que determinados políticos leyeran con detenimiento el libro de Victoria Camps y Salvador Giner titulado Manual de civismo. Dicha obra, parte de la idea clave de que “el comportamiento cívico es la base de la buena convivencia” y en él se ofrecen diversas reflexiones sobre el valor y la necesidad del civismo.
Sin duda, “vivir es convivir” y “convivir es un arte” ya que la coexistencia genera conflictos, como vemos cada día, y, por ello, resulta necesaria la existencia de todo un conjunto de normas, modales de buena conducta y reglas de convivencia, para hacer más habitable nuestra sociedad. En este sentido, el civismo es definido por los citados autores como “aquella ética mínima que debería suscribir cualquier ciudadano liberal y demócrata. Mínima para que pueda ser aceptada por todos sea cual sea su religión, procedencia o ideología. Ética, porque sin normas morales es imposible convivir en paz y respetando la libertad de todos”. De este modo, el civismo tendría una doble acepción, pues se entiende por tal la conducta respetuosa con propios y extraños (buenos modales, buena educación) y, también, la cultura pública de convivencia de los ciudadanos que conforman una sociedad democrática. Por ello, el civismo tiene una evidente utilidad puesto que nos hace, a todos, la vida más agradable y favorece lograr, “de forma pacífica e incruenta, el desenlace feliz de los enfrentamientos sociales, la superación de los conflictos laborales, la armonización de voluntades políticas encontradas y la buena convivencia entre familiares”. De este modo, el civismo se convierte en un principio fundamental de toda democracia, pues es ésta es “la expresión política del civismo”.
Partiendo de la evidencia de que toda democracia necesita “ciudadanos cívicos”, portadores de valores, y dos de ellos son fundamentales para la convivencia: la solidaridad y la fraternidad, los cuales son los cimientos de “toda sociedad decente”. Por ello, resulta esencial la corresponsabilidad cívica pues, como señalaban Camps y Giner, “Nadie, sobre todo el que más tiene, puede desentenderse del bienestar y la felicidad del resto. Ese es el compromiso que obliga al ciudadano de una democracia”.
Otro factor del civismo democrático es la tolerancia en nuestras sociedades, cada vez más diversas, plurales y multiculturales. Ciertamente, el reto del multiculturalismo es una gran ocasión para que nos eduquemos en la tolerancia activa, que nos interesemos los unos por los otros y que descubramos, “bajo la capa de la diferencia, nuestra común humanidad”. Pero esta tolerancia, como actitud personal y social, tiene sus límites y los citados autores son rotundos al afirmar que, “el conocimiento y la comprensión del otro no deben llevar a la relativización de lo que no es relativizable, como los derechos fundamentales y los valore más básicos. Las diferencias son aceptables sólo en la medida que no discuten la igualdad de la mujer, las libertades individuales, la superioridad de la ciencia y el conocimiento objetivo frente a los prejuicios y la superchería, el derecho de todos a la información imparcial y a la educación”.
El civismo se esfuerza, día a día, por la consecución de una auténtica democracia plena, por avanzar en el logro de lo que ha dado en llamarse “derechos de la tercera generación” y es que, “no basta con proteger las libertades (derechos civiles y políticos), no basta con procurar una igualdad mínima (derechos económicos y sociales), hay que protegerse también contra ciertos avances tecnológicos que contaminan las libertades porque impiden vivir una vida de calidad”. Por ello, entre estos derechos de tercera generación, se encuentras tres que resultan esenciales: la preocupación por el medio ambiente para hacer frente al desastre ecológico; la importancia de una alimentación saludable y la preocupación por el equilibrio anímico, como forma de frenar el auge del estrés y las depresiones en nuestra sociedad.
El civismo también defiende la ética de la responsabilidad, lo cual supone la utilización razonable de los bienes públicos, evitando el fraude y el derroche, tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones, en temas tan sensibles como son el correcto pago de impuestos conforme a una correcta justicia fiscal o el adecuado uso de los recursos de la Sanidad Pública y demás servicios públicos.
Pero convivir también supone manifestar en ocasiones nuestro desacuerdo y, por ello, podemos discrepar con firmeza, pero siempre con civismo, ya que “no hay convivencia sin intereses encontrados” pero la discrepancia siempre ha de exponerse de modo civilizado para ser eficaz puesto que, “sin buenas maneras, naufragan los principios”. El civismo reconoce y respeta en los demás el derecho a ser diferente siguiendo la máxima de Baltasar Gracián según la cual “cada uno debe obrar como quien es, no como le obligan”.
Por todo lo dicho, el civismo es una ética laica compartible por cualquier persona que quiera participar en la vida colectiva y, por ello es una forma de vivir, la más adecuada para la convivencia en sociedad, algo que, como en su día dijo Aristóteles, se aprende practicándolo.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 enero 2023)
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
En las pasadas fechas de Navidad y Año Nuevo, las celebraciones festivas tienen lugar, habitualmente, en torno a una mesa, abundantemente surtida, muchas veces en exceso, como forma de sociabilidad y de reencuentros familiares.
Con esta imagen como telón de fondo, en no pocas ocasiones se produce un despilfarro alimentario que, tal y como señalaba Paolo De Castro en su obra Comida. El desafío global (2015), que, ya entonces, estimaba en más de 1.000 millones de toneladas de alimentos los se pierden o se tiran a la basura cada año en el mundo. Esta situación resulta especialmente lamentable habida cuenta de que, ahora que la población mundial ha llegado a los 8.000 millones de habitantes, el hambre en el mundo es una lacra que está lejos de erradicarse. Como señala De Castro, a diferencia de lo que ocurre en nuestro opulento Occidente, en los países en vías de desarrollo, “no hablamos de nutrientes, no hablamos de obesidad, de calorías o proteínas, hablamos simplemente de sobrevivir”.
En este contexto, hay que situar el concepto de “seguridad alimentaria”, esto es, el “acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos” para toda la población mundial, del cual deriva, lógicamente, el derecho a una alimentación sana, segura y en cantidad adecuada, tal y como señala en su artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948. De hecho, el “derecho a la alimentación”, tal y como señalaba De Castro, es “un componente de la ciudadanía global” y, por ello, “ha dejado de ser visto como un tema que concierne no sólo a los pobres y desheredados del mundo, para definirse cada vez más como un derecho que engloba a la condición humana en su conjunto”. Hay que tener presente que, en la actualidad, la combinación de tres factores (económicos, ecológicos y políticos) hace que el derecho a la alimentación se convierta en un “meta desafío” de nuestros tiempos. Así se contempla en el Informe final del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, aprobado en la Asamblea General de la ONU del 7 de agosto de 2013. Por su parte, algunos países, como es el caso de Sudáfrica y Kenia, han incorporado el derecho a la alimentación en su Constitución y en sus leyes.
En este sentido, a la hora de introducir en la agenda política internacional la importancia del derecho a la alimentación, han tenido un papel destacado los países del llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) los que, como potencias emergentes que disputan la supremacía mundial a los EE.UU. y Europa, se marcaron como objetivo el liberar definitivamente a sus ciudadanos de la pesadilla del hambre.
Fue a partir de 2008, coincidiendo con la crisis de los precios agrarios, cuando los conceptos de “derecho a la alimentación” y “seguridad alimentaria” fueron objeto de atención en las agendas de las cumbres internacionales. Así ocurrió en la Declaración sobre seguridad alimentaria de Hokkaido (2008) y en las cumbres del G-8 de Aquila (2009) y de Camp David (2012). En esta última, a iniciativa de Barack Obama, entonces presidente de los EE.UU., se planteó la Alianza sobre Seguridad Alimentaria, la cual proponía políticas de desarrollo, no sólo por iniciativas estatales, sino que también pretendía implicar, con tal fin, a las grandes empresas además de apoyar la meritoria labor llevada a cabo por diversas ONGs. Por su parte, el Plan de Acción sobre la volatilidad de los precios y la agricultura (2011), impulsado por el G-20, ha supuesto el esfuerzo más concreto que hasta ahora se ha realizado a nivel global para dar respuesta política a los nuevos desafíos de la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación. Dicho Plan, abrió el debate sobre temas tales como el de limitar el derecho de los Estados a bloquear las exportaciones de alimentos en casos de crisis de precios, aspecto éste que, por motivos políticos, también debería de ser aplicable en la actualidad para frenar el obstruccionismo de Rusia a la libre salida de las exportaciones de cereal desde Ucrania.
Los objetivos para lograr la seguridad alimentaria global y el derecho a la alimentación son ambiciosos dado que pretendían borrar de la faz de la tierra la pobreza extrema y el hambre para el año 2030 y la malnutrición infantil para 2025, para lo cual se requiere una firme voluntad política de los países desarrollados y una activa movilización de la opinión pública. No obstante, las consecuencias de la pandemia del Covid-19, la actual Guerra en Ucrania y los efectos de la misma en el caso del suministro y encarecimiento de los cereales a nivel mundial, situaciones éstas que golpean con especial intensidad a los países del Tercer Mundo, sin duda van a dificultar y retardar el logro de tan encomiables objetivos tendentes al logro del derecho a la alimentación global.
A modo de conclusión, la crisis de los precios de los alimentos de 2008-2012, la especulación bursátil de los mismos y, más recientemente, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del Covid-19 y de un posible desabastecimiento de cereales por causa de la guerra en Ucrania, deben de contribuir a aumentar la conciencia sobre el “meta desafío” que supone lograr la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, objetivos ambos que deben ser garantizados a nivel global, pues ambos son derechos humanos fundamentales.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 enero 2023)
ELECTRIZADOS
Somos muchos los ciudadanos que nos lamentamos de que España no cuente con una empresa pública energética como en su día lo fue Endesa y que hoy nos hallemos a merced del oligopolio de las empresas que controlan el mercado del sector. Por ello es bueno recordar cómo se produjo la privatización de Endesa que, tal y como señala Jesús Cintora en su libro No quieren que lo sepas (2022), tiene sus fases y sus responsables.
Hay que remontarse a los años del Gobierno de Felipe González en el cual se inició el proceso de apertura de Endesa al capital privado, cuando el entonces ministro de Economía socialista Carlos Solchaga sacó a Bolsa el 18% de Endesa, con lo cual ésta pasó a ser una empresa semipública.
Posteriormente, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996, el 67% del capital de Endesa era todavía público pero poco después José María Aznar nombró presidente de Endesa a Rodolfo Martín Villa con el objeto de completar su privatización, lo cual se llevó a cabo mediante la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lo cual suponía, como se lamenta con razón Cintora, que el Gobierno del PP “renunciaba abiertamente a la noción de servicio público” por lo que al sector energético se refiere. Pese a esta evidencia, en entonces ministro de Industria, Josep Piqué, aseguró, sin ningún fundamento, que la privatización redundaría en una bajada de precios para los consumidores al haber mayor competencia, afirmación que los hechos posteriores han desmentido.
Durante la etapa de Manuel Pizarro como nuevo presidente de Endesa, éste se opuso a la OPA lanzada contra la compañía por Gas Natural y, finalmente, ya durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Endesa pasó, tras competir con la alemana E.ON, a ser adquirida por la compañía italiana ENEL, que se hizo con el 92% de su capital.
Durante el proceso de privatización de Endesa, y también después, las puertas giratorias entre la política y la empresa no dejaron de girar pues a Endesa, al igual que ha ocurrido con otras empresas energéticas, les interesa, y mucho, el tener contactos e influencias políticas. De este modo, han percibido elevados sueldos por diversos conceptos de Endesa políticos del PP tan destacados como José María Aznar, Luis de Guindos o Rodrigo Rato: de este último, sumido en diversos casos de corrupción, señala Jesús Cintora, que “había informes verbales por los que se pagaban 40.000 euros”. Pero también ficharon por Endesa políticos socialistas como Pedro Solbes, quien fuera ministro de Economía en el Gobierno de Zapatero, que se incorporó al Consejo de Administración de ENEL, puesto que sin duda se interpretó como un premio por su labor en la fase final de la privatización en beneficio de la compañía italiana. También fichó como consejera de Endesa la socialista Elena Salgado, la que sustituyó a Solbes en el Ministerio de Economía, apenas 3 meses después de dejar su puesto en el Gobierno. Y, en el listado de fichajes políticos por parte de Endesa, también hay que citar el caso de Miquel Roca i Junyent, el cual, a su dilatada trayectoria política, hay que sumar sus amplias conexiones con el mundo empresarial.
Así las cosas, supone un escándalo la práctica de las puertas giratorias entre la política y las altas esferas del mundo empresarial, de lo cual lo ocurrido en Endesa es un claro ejemplo. Pero hay muchos más: Gas Natural fichó en el año 2010 a Felipe González o Abengoa, “un curioso paradero de expolíticos” como la define Cintora, compañía en la que han recalado antiguos ministros del PP como Fátima Báñez, Ángel Acebes o Isabel García Tejerina, además de políticos socialistas como Manuel Marín, Antonio Miguel Carmona o Juan Pedro Hernández Moltó y también nacionalistas vascos como Juan Mari Atutxa, una situación que, a los ciudadanos de a pie, nos deja electrizados de indignación. Por ello, no nos debe de extrañar que el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) dependiente de Consejo de Europa, haya instado a España a actuar contra la práctica de las puertas giratorias, regulando de forma estricta las incompatibilidades que impidan estas prácticas viciadas, tal y como ocurre en Francia, donde estas situaciones de evidente trato de influencias e información privilegiada, están castigadas por el Código Penal.
A modo de conclusión, y volviendo al caso de las compañías eléctricas, que se enriquecen de forma desmesurada e inmoral en estos tiempos en los que sobre una buena parte de la población se eleva la amenaza de la llamada “pobreza energética”, parece evidente que resulta necesario, además de aplicarles una fiscalidad acorde a sus beneficios, retomar la idea de la necesidad de una empresa energética pública potente, a ejemplo de ENEL y EDF, empresas controladas, respectivamente, por los estados italiano y francés, como forma de evitar los desmanes de las insaciables compañías eléctricas privadas que vivimos (y sufrimos) en la actualidad.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 diciembre 2022)
CARLOS NINO, EL VALOR DE UN JURISTA COMPROMETIDO
En estas fechas, la película Argentina: 1985 ha supuesto un rotundo éxito, no sólo por la calidad de la misma, sino también por el revulsivo ético que nos transmite, aquel juicio histórico en el cual la democracia argentina tuvo el coraje político de procesar a las juntas militares que, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la dictadura consiguiente, dejaron en el país austral un negro legado de miles de muertos, torturados y desaparecidos. No obstante, en dicha película no se destaca, como merecería, la figura de Carlos Santiago Nino, el cual, como señalaba Raúl Voskoboinik, “generó el marco teórico necesario para llegar al juicio” en el que se procesó a los principales responsables de los crímenes perpetrados por la dictadura argentina entre 1976 y 1983.
Carlos Santiago Nino Alaluf (1943-1993), destacado filósofo y jurista argentino, hijo de padres judíos sefardíes originarios de Esmirna, se había doctorado en Oxford, siendo más tarde profesor de la Universidad de Yale y, tras el restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983, siendo asesor del presidente Raúl Alfonsín en materia de derechos humanos, fue quien concibió en un primer instante la necesidad de juzgar a las juntas militares de la dictadura encabezadas por los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Emilio Eduardo Massera, idea que más tarde asumió el presidente Raúl Alfonsín, una experiencia inédita en el mundo: un gobierno civil decide enjuiciar al poder de facto, llevando al banquillo de los acusados a la cúpula militar de la dictadura.
Carlos Nino, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), en donde impartió seminarios sobre filosofía política, parte del concepto del “mal radical” formulado por Hannah Arendt en torno a lo que supuso el nazismo en la sociedad alemana, y lo adapta a lo ocurrido durante la dictadura argentina, la cual también cometió un “autogenocidio”, esto es, “la destrucción interna de una parte del propio grupo nacional”, tal y como lo definió la ONU en 1985. De este modo, Nino ideó cómo aplicar el concepto de “mal radical” al caso argentino, para lo cual lo renombró como “mal absoluto” para evitar que se le asociara, erróneamente, con el partido Unión Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín, entonces presidente democrático de la República Argentina.
De entrada, Nino establece, como punto de partida que todas las normas y disposiciones de la dictadura eran nulas de pleno derecho, porque la condición esencial para que una ley tenga validez es que fuera el resultado de un proceso democrático. En consecuencia, rechaza la autoamnistía que se habían concedido los militares meses antes de dejar el poder mediante un Decreto que exculpaba al Ejército de cualquier delito cometido entre 1976 y 1983, de todo lo cual hace referencia en su libro Un país al margen de la ley en relación al nefasto período que supuso la dictadura militar.
Para Nino resultaba fundamental la necesidad de llevar a cabo un “juicio simbólico” que sirviera para robustecer ética, política y moralmente a la recién recuperada democracia argentina además de para así poder reconstruir un Poder Judicial y lograr una sentencia ejemplar que condenase a los responsables de aquellos dramáticos sucesos. En este sentido, fue muy importante la implicación de la sociedad civil, la elaboración del Informe Nunca más, coordinado por Ernesto Sábato para la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).
Bajo la presidencia de Alfonsín, Carlos Nino formó el Consejo de Consolidación de la Democracia, del cual formaban parte destacados profesionales de ideologías diversas con objeto de buscar consensos en temas de gran relevancia para la política argentina y, el caso del juicio, era sin duda, uno de ellos. Así se optó, tal y como propuso Nino, que el procesamiento a los responsables de la dictadura se llevara a cabo mediante un juicio civil, en el cual el fiscal Julio César Strassera tendría un papel relevante, y no en el ámbito de la jurisdicción militar, como deseaban otra parte de la clase política y de la Administración argentina.
El resultado de este histórico juicio, en palabras del constitucionalista Roberto Gargarella, “evitó que el derecho fuera un instrumento al servicio de la justificación y la impunidad”. Este fue el legado Carlos Santiago Nino Alaluf, un brillante filósofo y jurista argentino, un gran defensor de los derechos humanos, tal y como quedó patente en su papel como impulsor del histórico juicio a la dictadura argentina. Todo un ejemplo para aquellos países en los que es necesario llevar a cabo de forma decidida la justicia reparadora de pasadas dictaduras y el procesamiento de sus respectivos victimarios.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 noviembre 2022)
UNA EXPOSICIÓN DESMEMORIADA
El pasado día 12 de octubre se inauguró en la ciudad de León una exposición titulada “La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía”, la cual ha sido motivo de polémica debido a que en sus paneles explicativos relativos a los períodos de la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, aparecen una serie de imprecisiones, inexactitudes y enfoques poco acordes con la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
En primer lugar, hay que señalar que, al referirse al 18 de julio de 1936, en ningún momento se emplea el término de “golpe de Estado” contra el Gobierno democrático legítimo de la II República y, en cambio, se alude al mismo como “alzamiento” y “sublevación”, obviando el componente militar del mismo. Por otra parte, no se destaca el hecho de que, tras el golpe de Estado, de los 35.000 hombres que entonces componían la Guardia Civil, un porcentaje superior al 40% de sus efectivos, se mantuvo leal al Gobierno republicano, empezando por el general Sebastián Pozas Perea, el entonces Inspector General de la Benemérita, que dio instrucciones de permanecer leales al poder legalmente constituido. Tampoco se alude con la importancia que merece a la conversión de los sectores de la Guardia Civil que se mantuvieron leales en la nueva Guardia Nacional Republicana, creada por Decreto de 29 de agosto de 1936 y que estuvo operativa hasta que fue disuelta el 19 de octubre de 1937, cuando ésta se integró en el nuevo Cuerpo de Seguridad Interior.
Además, esta exposición presenta un tratamiento muy desigual de las víctimas sufridas por el cuerpo. De este modo, se exaltan los hechos heroicos de los guardias civiles que se unieron al golpe militar, al mal llamado “bando nacional”, como es el caso de la participación de éstos en la defensa del Alcázar de Toledo o del Santuario de Santa María de la Cabeza; se destacan los asesinatos de los guardias civiles ocurridos en Albacete o Cartagena por parte de los defensores de la República, se exalta igualmente la biografía de algunos miembros de la Benemérita como el teniente coronel Romero Basart (defensor del Alcázar), el capitán López Anglada (defensor del Cuartel de Gijón, fusilado) o del guardia Antonio Moreno Royo, el cual, tras defender en solitario el cuartel de Caravia (Asturias) fue fusilado “sentado en una silla, por las heridas que sufría”.
En contraste, menor atención merece las biografías de los guardias civiles leales a la República. Este es el caso del general José Aranguren Roldán y el coronel Antonio Escobar Huerta, ambos católicos y conservadores, con hijos combatiendo en el bando rebelde, y que sin embargo se mantuvieron leales a la promesa de fidelidad a la República, razón por la cual ambos serían fusilados por los rebeldes franquistas una vez concluida la contienda: Aranguren, el primer mando de la Guardia Civil que ascendió a general de brigada, que, mandó la IV División Orgánica del Ejército Popular republicano, concluida la guerra, estando herido, se dice que Franco ordenó “Que lo fusilen, aunque sea en una camilla”, y así ocurrió en Barcelona el 21 de abril de 1939, mientras que el general Escobar, jefe del Ejército Popular en el frente de Extremadura, sería fusilado en los fosos del castillo de Montjuich el 8 de febrero de 1940.
Especialmente lamentable resulta también el que en los paneles de la exposición se califique a la guerrilla antifranquista, al maquis de la posguerra, como “sublevados”, lo cual resulta aún más indignante en una ciudad y en una provincia como León, pues fue allí, precisamente, donde surgieron los primeros núcleos guerrilleros españoles que combatían a la dictadura, formándose la Federación de Guerrilleros de León-Galicia y donde, a su vez, más violenta fue su aniquilación, aspecto éste en el que tuvo un protagonismo destacado el general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor, labor represiva, plagada de hechos sangrientos, que continuaría poco después en la provincia de Teruel.
Ante todos estos hechos, varias asociaciones memorialistas manifestaron su indignación por medio de un Manifiesto en defensa del honor y la verdad del maquis, el cual denunciaban la tergiversación de la verdadera historia del movimiento guerrillero antifranquista, así como su “firme y rotunda oposición” a que siga abierta al público, dado que en ella se ofrece una visión en la cual la Guardia Civil se vanagloria “de la violenta represión ejercida”, lo cual va en contra de los principios constitucionales y, también, en contra de la legislación vigente en materia de memoria democrática. Y es que, la exposición ofrece una “banalización de la noble lucha” que supuso el movimiento guerrillero contra la dictadura, “incita al odio”, “falta a la verdad histórica” y, además, “conculca el derecho” de que las nuevas generaciones conozcan “la verdad de los hechos acaecidos en los años de la dictadura franquista”.
De todas estas consideraciones deberían de tomar buena nota tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, para hacer las rectificaciones oportunas de esta exposición, financiada con fondos públicos y que, en algunos de sus paneles, ofrece, como señala el citado Manifiesto, una exaltación de tintes fascistas “totalmente fuera de lugar en una España democrática y libre”.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 noviembre 2022)
DESTRUCCIÓN MUTUAMENTE GARANTIZADA
En estos días en que asistimos con preocupacion al desarrollo de la guerra en Ucrania, cuando el temor a un posible desastre nuclear en la central nuclear de Zaporiyia es un riesgo real, se cumplen 60 años de la crisis de los misiles de Cuba de 1962, momento en el cual se estuvo al borde de un enfrentamiento nuclear entre los EE.UU. y la URSS, riesgo al que se calificó como “Destrucción mutuamente garantizada” (MAD, sus siglas en inglés).
El origen de la crisis comenzó en abril de 1962 cuando el líder soviético Nikita Jruschov decidió aumentar el apoyo militar de la URSS al gobierno de Fidel Castro en Cuba. Dicho apoyo, según señala el historiador Tony Judt en su libro Sobre el olvidado siglo XX, ascendía, en su fase final, a unos 50.000 militares soviéticos, los cuales estaban organizados en 5 regimientos con misiles nucleares, 4 regimientos motorizados, 2 batallones de tanques, un escuadrón de cazas MiG-21, 42 bombarderos ligeros IL-28, 2 regimientos provistos de misiles crucero, 12 unidades antiaéreas SA-2 con 144 lanzacohetes y un escaudrón de 11 submarinos, 7 de ellos equipados con misiles nucleares.
Jruschov decidió rearmar a la Cuba castrista con objeto de proteger a su entontes su único aliado en el continente americano, dar una imagen creíble de la URSS como “adalidad del progreso y de la revolución” y, también, en expresión del líder soviético, para “arrojar un puerco espín a los pantalones del Tío Sam” .
Así las cosas, el 29 de agosto un avión de reconocimiento norteamericano U-2 localizó el emplazamiento de los misiles SA-2 y, ante esta noticia, el presidente Kennedy advirtió a la URSS que admitiría misiles defensivos tierra-aire en Cuba pero que no aceptaría la instalación en la isla de misiles ofensivos dirigidos hacia los EE.UU. Por entonces, Kennedy desconocía que ya se habían desplegado en la isla 36 misiles de alcance medio SS-4 y 24 misiles de alcance intermedio SS-5 con cabezas nucleares, los cuales podían alcanzar cualquier objetivo en los EE.UU. Aunque Jruschov negó esta evidencia, el 14 de octubre un avión U-2 localizaba 3 bases de misiles en construcción para el lanzamiento de los SS-4, razón por la cual Kennedy se sintió engañado y éste fue el momento en que estalló la crisis de los misiles dado que la URSS había desoído las advertencias de no instalar misiles ofensivos en Cuba.
En consecuencia, el 22 de octubre Kennedy anuncia el bloqueo naval de Cuba. Por su parte, en pleno ardor belicista, la Junta de Jefes del Estado Mayor de los EE.UU. se mostró partidaria de dar una respuesta “más extrema” al desafío soviético cual era lanzar sobre la isla bombardeos en alfombra contra las bases militares como paso previo a la invasión de la isla, ya que dertminados miembros de la cúpula militar americana dudaban de las capacidades del joven presidente Kennedy para hacer frente al desafío de la URSS.
Los hechos posteriores demostraron que la decisión del bloqueo fue la opción más correcta, dado que daba tiempo a ambas partes para reconsiderar la situación. Además, Kennedy redujo el área de bloqueo de 800 a 500 millas para dar a los soviéticos “más tiempo para reflexionar y hacer volver a sus barcos”. Finalmente, tras dos semanas de tensión y con el riesgo de que cualquier fatal error hubiese desencadenado el conflicto nuclear, Jruschov ordenó regresar a los barcos que llevaban misiles a Cuba y, como señala Tony Judt fue Jruschov “quien desactivó y resolvió la crisis cubana y la historia debe reconocérselo”. A cambio, Jruschov pidió a Kennedy que levantase el bloqueo y que Cuba no fuera atacada. Además, el líder soviético manifestó su intención de retirar los misiles ofensivos de Cuba a cambio de que la OTAN retirase de Turquía los que apuntaban a la URSS.
Pero en Washington había otra crisis: la pugna entre Kennedy y los militares belicistas pues éstos, aún después de que Jruschov aceptase las condiciones del presidente americano, todavía eran partidarios de ataques aéreos, inmediatos, a gran escala y de una invasión, razón por la cual Tony Judt alude a que “el desprecio de los militares por el joven presidente es palpable y las observaciones del general Le May rayan la insolencia”. En cambio, frente a la opción belicista, Kennedy fue muy bien aconsejado por los diplomáticos profesionales, especialmente por Llewellyn Thomson (ex-embajador en Moscú) y por Robert McNamara (Secretario de Defensa), que también desaconsejó los bombardeos porque estaba convencido de que la crisis debía resolverse por la vía política y nunca por la militar.
Finalmente, el 20 de noviembre, EE.UU. levantó el bloqueo tras la retirada de los bombarderos IL-28 y, para abril de 1963, la OTAN ya había retirado de Turquía los misiles ofensivos, tal y como había demandado la URSS.
Esa es la lección que hoy, 60 años después, nos ofrece el recuerdo de la crisis de los misiles de Cuba, cuando se estuvo al borde del desastre nuclear, y la advertencia permanente de lo peligroso que resulta para la Humanidad el que determinados líderes políticos, como es el caso de Vladimir Putin, tengan la tentación de pulsar el botón nuclear.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en : El Periódico de Aragón, 20 octubre 2022)
EN MEMORIA DE ERNESTO "CHE" GUEVARA
La figura del Ernesto “Che” Guevara (1928-1967) despierta pasiones (a favor o en contra) pero, sin duda, es un símbolo universal de la lucha contra la injusticia social y del idealismo revolucionario. El recuerdo de su participación en la revolución cubana desde que ingresase en 1955 en el Movimiento “26 de Julio” liderado por Fidel Castro, sus combates en Sierra Maestra, su época como ministro de Industria en la Cuba castrista, su aspiración a expandir la lucha contra el imperialismo y las dictadures militares que atenazaban a América Latina, su papel como impulsor de las guerrillas de izquierdas en Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Venezuela y, sobre todo en su Argentina natal y en Bolivia, han concedido al Che la aureola de héroe.
A una vida intensa, le sucedió una muerte heroica: su lucha en Bolivia contra la dictadura de René Barrientos, el combate de la Quebrada del Yuro y su posterior asesinato un 9 de octubre de 1967, con la colaboración de la CIA, en la escuela de la aldea de La Higuera forman parte, ya para siempre, de la épica revolucionaria. Todavía recuerdo cuando años atrás, un joven boliviano, un indio aymara, me hablaba con auténtica veneración de los últimos instantes de la vida del Che, transmitidos de boca en boca por los habitantes de su aldea, de cómo recordaban a aquel joven idealista argentino-cubano que encontró la muerte en tierras bolivianas luchando contra la dictadura de Barrientos a la cual, sucedieron infinidad de regímenes militares. Uno de ellos, el del general Hugo Bánzer, expoliador de las comunidades indígenas, años más tarde maquillado como ”demócrata”, se presentó a las elecciones presidenciales y, tal y como señalaba el joven aymara, comprando cada voto... por una barra de pan.
Ahora, cuando se cumplen 55 años de su asesinato, me gustaría aludir a cómo también el Che es reivindicado, no sólo desde el ámbito político, sino también desde diversos sectores cristianos progresistas, como es el caso de Frei Betto, dominico brasileño y una de las principales voces de la teología de la liberación en América Latina, con una importante actividad política a sus espaldas (torturado y encarcelado por la dictadura militar brasileña por su colaboración con la organización guerrillera Acción Libertadora Nacional). Frei Betto plasma su compromiso social como cristiano en hechos : impulsor del Proyecto Hambre Cero, asesor de movimientos sociales como las Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra por todo lo cual fue asesor especial de Lula cuando éste fue Presidente de Brasil durante los años 2003-2010.
Frei Betto dedicó un emotivo artículo a la figura del Che Guevara en el cual nos recordaba que sus enemigos no consiguieron matarlo puesto que ”hoy está más vivo que en sus cuatro décadas de existencia real” (cuando fue asesinado, tenía 39 años). De hecho, excepción hecha de Mao o Fidel, son raros los casos de revolucionarios que envejecen, ya que ”muchos derramaron temprano su sangre para contribuir al proyecto de un mundo en libertad, justicia y paz” como el mismo Jesús de Nazaret, que lo hizo a los 33 años, o los casos de los revolucionarios americanos Sandino y Farabundo Martí (38), Zapata (39) o José Martí (42).
Por ello, frente a quienes quisieron condenar al Che al olvido, entre ellos, el actual Ayuntamiento de Zaragoza, éste resurge pues, como señalaba Frei Betto, el Che es un símbolo para quienes ”quieren enfatizar que la utopía permanece viva”. Consecuentemente, el dominico brasileño analiza el legado actual del Che, el cual ”nos exige mantener el corazón y los ojos vueltos hacia la preocupante situación de nuestro planeta, donde impera la hegemonía del neoliberalismo” al cual hay que combatir, al igual que a las nefastas consecuencias que genera: individualismo frente al espíritu comunitario, competitividad frente a solidaridad, o ambición desmedida en lugar de un compromiso firme contra la erradicación de la miseria. Frei Betto es contundente al afirmar que ante los que tanto hablan del fracaso cierto del llamado ”socialismo real” en el Este de Europa, nunca aluden al ”fracaso inevitable del capitalismo para los dos tercios de la humanidad”, para los millones de personas que malviven por debajo del umbral de la pobreza. Ante un mundo tan complejo, injusto y contradictorio, Frei Betto plantea, como forma de recordar al Che, que ”el mejor regalo sería ver a las nuevas generaciones creyendo y luchando por otro mundo posible, donde la solidaridad sea hábito, no virtud ; la práctica de la justicia, una exigencia ética ; el socialismo el nombre político del amor”.
Esto es lo que, desde el retrato que le hizo Alberto Korda y que inmortalizó para siempre su rostro rebelde, parece pedirnos a todos la apasionada e intensa mirada de aquel joven revolucionario llamado Ernesto ”Che” Guevara.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en : El Periódico de Aragón, 10 octubre 2022)
LA GUERRA QUE NOS CAMBIÓ
Resulta indudable que, tras el estallido de la guerra de Ucrania aquel fatídico día 24 de febrero, como consecuencia de la brutal agresión de Rusia alentada por los delirios expansionistas de Vladimir Putin, ya nada es igual en el panorama político internacional, con consecuencias imprevisibles sobre la economía y la geopolítico mundial, y también en nuestra actitud ciudadana ante el conflicto.
Emocionalmente, resulta lógica la solidaridad con la parte agredida (Ucrania) y el rechazo hacia la parte agresora (Rusia), así como la solidaridad con el pueblo ucraniano y el rechazo hacia la implacable capacidad destructiva y la brutalidad de las tropas invasoras enviadas por Moscú y que ha quedado patente en actuaciones criminales como las ocurridas en Bucha o en Izium.
Esta lucha desigual no sólo se libra en los frentes de combate, sino también en la pugna entre la información veraz de las causas y desarrollo de la contienda frente a la desinformación intencionada con fines propagandísticos. En este sentido, Putin, empecinado en negar el derecho de Ucrania a ser un país independiente y democrático, ha trufado sus alegatos de mentiras flagrantes como que las tropas pretenden “desnazificar” la Ucrania de Volodomir Zelenski, el cual, por cierto, es judío, o que su “operación militar especial” era un ataque preventivo ante una supuesta y, absolutamente irreal, agresión que programaba la OTAN contra Rusia.
Es evidente que los rusos, recordando la fácil anexión de Crimea en 2014, subestimaron la capacidad de resistencia ucraniana, la valentía y el coraje de un pueblo que lucha por su independencia y libertad, la firmeza de su presidente Zelenski y ello demuestra que, al tomar la decisión de atacar a Ucrania, Putin vivía fuera de la realidad, pues Ucrania no es Afganistán, donde la catastrófica retirada occidental se produjo en gran medida por la ausencia de las autoridades de Kabul y la nula voluntad de lucha del ejército afgano.
Considero que la UE ha tenido una implicación correcta en un conflicto, en una guerra en la cual el agredido, Ucrania, merece ser apoyado. No sería comprensible ni aceptable repetir lo ocurrido en el caso de la Guerra de España de 1936-1939 en la cual el gobierno legítimo de la Segunda República quedó abandonado por parte de las democracias occidentales con la actuación hipócrita del Comité de No Intervención frente a la brutal agresión de que estaba siendo objeto, no sólo por parte de los rebeldes franquistas, sino también por el decisivo apoyo que le brindaron la Alemania nazi y la Italia fascista.
Es probable que esta guerra la gane Putin dada la abismal diferencia de medios militares con que cuenta frente a los que, pese al apoyo occidental, dispone Ucrania. No obstante, también parece obvio que el futuro viable para Ucrania debe pasar porque el país tenga un status de nación neutral y, sin duda, esta es la mejor opción para garantizar su existencia frente a las ambiciones anexionistas rusas, pese a las previsibles pérdidas territoriales que el desenlace del conflicto le suponga. Pero, como señalaba el historiador Niall Ferguson, es muy complicado saber cuáles serán estas pérdidas territoriales, pues no se conoce hasta dónde llegarán los rusos con su aplastante superioridad. Lo que sí está claro es que el objetivo de Putin es el de hacerse con todo el territorio ucraniano posible hasta que las sanciones internacionales hagan mella sensible en la economía rusa (y en los bolsillos de los oligarcas que, hoy por hoy, apoyan al régimen autocrático de Putin). Y, en este sentido, resulta difícil dibujar un escenario futuro de paz en la región.
Dicho esto, hay que olvidar de forma definitiva cualquier propósito de integrar a Ucrania en la OTAN, idea sólo serviría de coartada justificativa por parte de Putin para atacar a Ucrania, incrementando el terremoto geopolítico causado por dicho conflicto en el continente europeo.
Tras el final de la guerra, según Niall Ferguson, se configurará un Nuevo Orden Mundial ya que estamos en plena Segunda Guerra Fría, tal y como ya lo calificó años atrás el presidente chino Xi Jinping y, desde el punto de vista geopolítico, se conecta con otros escenarios de la anterior Guerra Fría, la que concluyó en 1991, como lo son el Oriente Medio y el Lejano Oriente, convertido este último en el principal foco de confrontación entre EE.UU. y China. De este modo, junto al realineamiento de Suecia y Finlandia en las filas de la OTAN, en esta ocasión habrá que estar muy pendiente de los pasos que lleve a cabo Pekín en el mapa geoestratégico mundial, en el cual es muy probable que el gigante asiático se convierta en su principal actor y Rusia pase a ser su socio menor. Y, así las cosas, el emergente poder de China planteará, más pronto que tarde, el espinoso tema de la anexión de Taiwan. Y, cuando esta situación se produzca, Pekín contará con el respaldo de Rusia, cobrándose de este modo su apoyo tácito a Moscú en la actual guerra de Ucrania. Veremos.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 septiembre 2022)
FRACTURAS DEMOCRÁTICAS
Los politólogos de la Universidad de Harvad Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, preocupados por la deriva de Estados Unidos tras la llegada al poder de Donald Trump en 2016, han estudiado en profundidad los fallos de los sistemas democráticos, especialmente en dos períodos concretos : “la muy sombría Europa de la década de 1930”, período que coincide con el auge de los fascismos, así como en “la represiva Latinoamérica de la década de 1970”. Fruto de este análisis fue el libro Cómo mueren las democracias (2018), esclarecedor análisis de los procesos de involución antidemocrática a los cuales estamos asistiendo en estos años en diversos países.
De entrada, dichos autores nos advierten que, frente a aquellas pasadas épocas de golpes de Estado y de dictaduras flagrantes (y sangrantes), en la actualidad “existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un medio menos dramático pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales sublevados, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros, que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder [...] las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables”. Y es cierto, puesto que desde el final de la Guerra Fría, estas quiebras democráticas no las han provocado militares, sino los propios gobiernos electos, y ponen ejemplos : Venezuela, Georgia, Hungría, Nicaragüa, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sri Lanka o Turquía, razón por la cual Levitsky y Ziblatt son contundentes al afirmar que “en la actualidad, el retroceso democrático empieza en las urnas”, tal y como queda patente en lo ocurrido en los países citados.
Por ello, hay que estar alerta ante determinadas medidas gubernamentales que subvierten la democracia, a pesar de su imagen de “legalidad” ya que son aprobadas por el poder legislativo y se venden como formas de “mejorar“ la democracia alegando que, con ello se combate la corrupción o se pretende sanear el proceso electoral. Y esto ocurre en una aparente “normalidad democrática” dado que estas medidas se publican en la prensa (aunque ésta se halle sobornada o al servicio del poder) y la ciudadanía sigue teniendo la sensación de que vive en democracia. Por esto último, advierten de que “la paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo” es que los asesinos de la democracia, para liqudarla, lo hacen de una manera gradual y sutil. En ello siguen el ejemplo de Mussolini que, con su habitual bravuconería verbal, decía que, para acumular poder, que es el primer paso para la fascistización de una sociedad, “lo mejor es hacerlo como quien despluma un pollo, pluma por pluma, de manera que cada uno de los graznidos se perciba aislado respecto de los demás y el proceso entero sea tan silencioso como sea posible”.
Este proceso de involución, en ocasiones imperceptible, tiene fases que pasan desde el intento de controlar los tribunales de justicia, a la compra o descrédito de sus adversarios políticos, hasta llegar a cambiar las reglas del juego político para que los autócratas puedan afianzarse (y perpetuarse) en el poder, para lo cual no dudan en reformar la Constitución o cambiar el sistema electoral tal y como han hecho, entre otros, Vladimir Putin en Rusia o Viktor Orbán en Hungría.
Así las cosas, una de las grandes ironías de por qué mueren las democracias es que la defensa en sí misma de la democracia suele esgrimirse por los potenciales autócratas como pretexto para subvertirla. Y, para ello, se escudan en contextos de crisis económica, desastres naturales o amenazas a la seguridad, ya que, como señalan dichos autores, “la combinación de un autócrata en potencia y una grave crisis puede, por ende, ser letal para la democracia” dado que una crisis representa “una oportunidad de empezar a desmantelar los mecanismos de control incómodos y, en ocasiones, amenazantes inherentes a la política democrática”.
Para evitar esta amenaza, existen dos normas básicas no escritas que garantizan el control y el equilibrio de los sistemas democráticos : en primer lugar, la tolerancia mutua, esto es, “el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos” evitando estériles enfentamientos sectarios y, en segundo lugar, “la contención”, entendiendo por tal la idea de que los políticos deber moderarse a la hora de su labor institucional para que el ensañamiento y el enfrentamiento visceral no socave los cimientos de la democracia de la cual deben ser garantes.
A modo de conclusión, Levitsky y Ziblatt lanzan una advertencia : “Aislar a los extremistas populistas exige valentía. Pero cuando el temor, el oportunismo ó un error de cálculo conducen a los partidos establecidos a incorporar a extremistas en el sistema general, la democracia se pone en peligro”. Una advertencia de la cual deberían tomar buena nota en el Partido Popular cuando lleva a cabo connivencias y ententes políticos con el extremismo reaccionario de Vox como forma de alcanzar el poder, pues ello, ciertamente, puede fracturar nuestra democracia.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en : El Periódico de Aragón, 6 septiembre 2022)
TOTALITARIOS
Fue la filósofa Hannah Arendt quien estudió en profundidad el problema del mal que, en el ámbito político asociaba al concepto de “totalitarismo”, término bajo el cual unió el análisis del nazismo y del estalinismo soviético, sobre todo en los rasgos psicológicos y morales que a ambos les son comunes tales como el dominio y el terror que ejercen sobre los ciudadanos. Su libro El origen del totalitarismo (1951) es revelador en este sentido.
Pese al antagonismo ideológico entre el nazismo y el estalinismo, ambos regímenes totalitarios coinciden, como recordaba Mónica Marcela Guatibonza, en pretender la absoluta obediencia y adoctrinamiento de la ciudadanía, y son el resultado de la deshumanización representada por la ausencia de pensamiento crítico y reflexión. Por su parte, el historiador Tony Judt abunda en esta misma idea al señalar que, pese a sus diferencias, tanto Hitler como Stalin “hablaban el mismo lenguaje, el de la violencia”, razón por la cual “despreciaban los ideales jeffersianos del gobierno popular, el debate razonado, la libertad de expresión, el sistema judicial independiente y las elecciones libres” dado que ambos “aplastaban a sus enemigos sin piedad”.
En este contexto, Hannah Arendt acuñó el concepto de “banalidad del mal”, entendiendo por tal cuando la persona pierde toda capacidad de pensar y reflexionar sobre los actos a los que se enfrenta, cuando los seres humanos aceptan de forma irreflexiva cualquier criterio, por inhumano que éste sea. Ahí está el ejemplo de la obediencia ciega exigida tanto por el nazismo como por el estalinismo y que condujo a las páginas más trágicas de nuestra historia reciente: el Holocausto (en hebreo, “Shoah”) y las purgas y gulags estalinistas.
Hannah Arendt introdujo también el concepto de “mal radical”, lo cual supone la perversidad en su máxima expresión, un horror indecible que no puede ser perdonado, y que ella personalizaba en la figura de Adolf Eichmann, el criminal nazi que fue uno de los principales organizadores de la Solución Final que supuso el asesinato de 6 millones de judíos durante la II Guerra Mundial y que Arendt definió, obviando a Hitler y a Stalin, como “el criminal más grande del siglo XX”. Pese a ello, no lo veía como un monstruo o un demonio, sino, y es ahí lo preocupante, como un simple burócrata del régimen nazi que cometió actos objetivamente monstruosos sin motivaciones malignas específicas y lo que es peor, sin sentir ningún remordimiento por ello, tal y como quedó patente tras su captura, juicio, condena y ejecución por parte del Estado de Israel, proceso que Arendt recogió en su obra Eichmann en Jerusalem (1963). La idea central que destaca Arendt en este libro es la absoluta “incapacidad de Eichmann para acercarse a una conciencia moral reflexiva” por su participación en la Shoah y que llevó a la muerte de millones de hombres, mujeres y niños, su apariencia “normal” durante el juicio, sin ningún tipo de sentimiento de culpa o responsabilidad moral, al igual que ocurrió, por otra parte, con buena parte de la población alemana, que optó por seguir al partido nazi aceptando sus crímenes, ignorando el genocidio que se estaba cometiendo en aras a delirantes e inhumanas teorías que exaltaban la superioridad racial aria.
El proceso Eichmann, además de su función pedagógica para alertar a las jóvenes generaciones sobre las fatales consecuencias del totalitarismo nazi, sirvió para que Hannah Arendt plantease cuestiones fundamentales sobre la memoria y la justicia en el mundo de la posguerra.
Ante todo, y así lo refleja Arendt en sus escritos, resulta clave la necesidad de que la ciudadanía tenga, tengamos, una cultura crítica que nos permita desarrollar una acción política responsable como antídoto contra cualquier tipo de totalitarismo. Y en este sentido es fundamental el papel de los sistemas educativos para formar ciudadanos libres, conscientes y con sentido crítico que los inmunice ante el virus del totalitarismo en sus distintas versiones, el mismo que está rebrotando en nuestro civilizado Occidente de la mano de los neofascismos, al igual que ocurre en el mundo musulmán con el fundamentalismo islamista radical o en las dictaduras de distinto signo existentes en diversos países, incluida la de la todopoderosa China.
A modo de conclusión, Tony Judt nos recordaba que “vivimos en una crisis política cuya magnitud aún no conocemos completamente y debemos actuar (con ideas y con actos) para minimizar el riesgo de repetir las experiencias del pasado”, esto es, las ocurridas, y sufridas durante el pasado y convulso siglo XX como consecuencia de las derivas políticas totalitarias.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 2 agosto 2022)
QUÉ FUE DEL PACIFISMO ISRAELÍ
En el año 2018, Meir Margalit, destacado miembro del Center for Advancement of Peace Iniciative, señalaba con pesar que el pacifismo israelí, del cual él es un activo miembro, estaba “desarticulado”, lo cual atribuía a la convergencia de tres factores: las políticas llevadas a cabo por el binomio Netanyahu-Trump, la impotencia europea y la falta de un liderazgo en la izquierda europea para desatascar las enquistadas y agónicas negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad Palestina. A ello habría que añadir el debilitamiento del llamado “Campo de la Paz” israelí, lo cual ha trastocado profundamente el tablero político del Estado hebreo dada la creciente debilidad de los partidos de izquierda, tanto en el caso del laborista Avodá, como del pacifista Meretz y, por otra parte, el auge, peligroso y alarmante, de un nacionalismo fundamentalista religioso judío, profundamente racista e intolerante, que puede llegar a dinamitar la existencia misma de Israel como estado democrático.
En este sentido, hemos de recordar que el Partido Laborista (Avodá) se halla en declive desde 1993, año de la firma de los Acuerdos de Oslo y del posterior e histórico apretón de manos entre Yitzhak Rabin y Yassir Arafat. Las causas hay que buscarlas, como señalaba Ignacio Álvarez-Ossorio, además de en una evidente crisis de liderazgo, en su falta de definición ante las negociaciones de paz, el apoyo a las políticas derechistas del Likud, así como su distanciamiento de los postulados socialistas y de su abandono de la agenda social, todo lo cual ha hecho que Avodá haya pasado de los 44 diputados que obtuvo en 1992 bajo el liderazgo de Rabin a tan sólo 7 en las últimas elecciones parlamentarias celebradas en marzo de 2021.
Tampoco es mejor la situación del partido Meretz, que, si en 1992 tenía 12 escaños cuando estaba liderado por Shulamit Aloni, en la actualidad Nitzan Horowitz ha frenado su declive logrando 6 diputados en el Knesset en los citados comicios del año pasado, y ello pese a ser un firme defensor del establecimiento de un Estado Palestino y de haberse opuesto siempre a la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania. Finalmente, también el otrora pujante movimiento Paz Ahora (Shalom Ajshav) parece hallarse ahora en horas bajas y en declive. Un dato resulta especialmente revelador: según el Israel Democracy Institute, en la actualidad, tan sólo un 7% de los israelíes consideran prioritarias las negociaciones de paz con los palestinos.
Así las cosas, en los últimos años, el balance de Margalit deja un sombrío panorama para lograr una solución justa al sempiterno conflicto palestino-israelí, por lo que reconocía que “estamos pasando por una de las épocas más turbulentas” de la historia de Israel, debido a “una conjunción de factores estratégicos”: además de que las políticas de Netanyahu y Trump han dado un golpe mortal a las esperanzas de paz en Oriente Medio, la escalada islamista que azota a los países limítrofes y el que la Unión Europea haya desplazado el tema palestino a un segundo plano. Si a todo ello agregamos la impotencia europea, la falta de liderazgo alternativo en la llamada “izquierda israelí” y la debilidad palestina, producto del conflicto interno entre Fatah y Hamas, podemos entender el motivo por el cual el pacifismo israelí está tan desarticulado.
Pese a tan sombrío panorama, tras 50 años de activismo pacifista israelí, según Margalit perviven algunos efectos que tampoco conviene minusvalorar, En primer lugar, el evitar que la ocupación se haya convertido en un hecho consumado, a pesar de los esfuerzos de la derecha israelí “por borrar la Línea Verde”, esto es, la frontera existente en 1967. Ello supone que sigue viva la idea de que los territorios conquistados durante la Guerra de los Seis Días no pertenecen a Israel y que, tarde o temprano, habrá que negociar su devolución definitiva. En consecuencia, el análisis de Margalit, plenamente vigente en el contexto actual, reconoce que, desde la perspectiva de la izquierda pacifista israelí, “estamos pasando tiempos difíciles, pero no cabe duda que lo superaremos porque la situación actual es insostenible y la liberación del pueblo palestino es inevitable”.
Por todo ello, el pacifismo israelí debe articular su acción en socavar los fundamentos del sistema que mantiene la ocupación ilegal de territorios palestinos, así como seguir demostrando que la ocupación atenta contra los fundamentos e intereses de un Israel democrático. Y, por todo ello, concluye Margalit que, la función del debilitado, pero todavía vivo pacifismo israelí debe ser “demostrar que la teoría derechista está basada en una premisa falsa, que por la fuerza no se puede vivir en paz y nuestra función es rebelar esta contradicción interna. Nuestra función es romper este círculo vicioso y estéril de las políticas nacionalistas, destrozar la dialéctica perversa del nacionalismo”. Este es el primer paso para abrir el camino hacia el logro de una paz justa.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 julio 2022)
LA MEMORIA DEL 3 DE JULIO EN TERUEL
Durante el verano de 1874, en plena III Guerra Carlista, los partidarios de Carlos VII controlaban la práctica totalidad de las tierras turolenses y solamente resistían su embate los fortificados enclaves liberal-republicanos de Teruel y Alcañiz. Así las cosas, en la noche del 3 de julio, los carlistas intentaron conquistar la ciudad de Teruel, en un asalto muy similar al de la “Cincomarzada” zaragozana de 1838.
El ataque, iniciado en la zona de la Lombardera y del Arrabal, fue repelido por la Milicia Nacional, al mando de Víctor Pruneda, comandante de la misma y dirigente histórico del republicanismo federal turolense. Pese a ello, los atacantes, en connivencia con algunos carlistas locales, lograron penetrar en el interior del recinto defensivo por el área del corral de Roquillo, de donde fueron desalojados después de 6 horas de combates. Mientras esto ocurría, los carlistas lanzaron otro ataque por la Cuesta de la Jardinera, llegando a colocar escalas sobre la muralla, siendo repelidos por un nutrido fuego de fusilería. Al amanecer, convencidos los atacantes de la imposibilidad de apoderarse de la ciudad, se retiraron no sin antes saquear e incendiar el Arrabal.
Al mes siguiente, el 4 de agosto de 1874, los carlistas, esta vez al mando del infante Alfonso-Carlos de Borbón-Parma (hermano del pretendiente Carlos VII), intentaron de nuevo conquistar Teruel: la determinación de los defensores, nuevamente comandados por Pruneda, repelió el ataque evitando que la reacción carlista se adueñase de la capital.
Estas dos fechas memorables, el “3 de julio” y el “4 de agosto”, le valieron a Teruel la concesión de los títulos de “Heroica” y “Siempre Heroica” que hoy ostenta. Además, en memoria de los turolenses caídos en su defensa, unas lápidas recordaban sus nombres en el Ayuntamiento y, en 1895, se erigió en la Plaza de la Libertad, hoy de Fray Anselmo Polanco, el Monumento a los Mártires de la Libertad de Teruel.
Ambos sucesos pasaron a ser conmemorados anualmente como fiestas cívico-políticas. La celebración se iniciaba a primeras horas de la madrugada con el repique del “campanico del Ángel”, posteriormente un pasacalle-retreta amenizaba al vecindario. El acto central era la “procesión cívica” que, partiendo de la Plaza de la Libertad y a los sones del Himno de Riego, realizaba sendas ofrendas florales en el Corral de Roquillo y en el Monumento a los Mártires de la Libertad. Además, al ser ambas fechas festivas en Teruel, se cerraba el comercio, se engalanaban los balcones, las banderas ondeaba a media asta y, por la tarde, los turolenses salían a merendar a las riberas del Turia, había corrida de toros y una verbena popular en la Glorieta.
Por todo lo dicho, estas fiestas tenían un profundo significado político, pues simbolizaban la defensa de la libertad contra todo tipo de reacción e intolerancia, lo que explica el entusiasmo con que las celebraban los progresistas turolenses, mayoritariamente republicanos. Por el contrario, como consecuencia de la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, se prohibió su celebración: la última vez que tuvo lugar fue el 3 de julio de 1936 en un ambiente político muy tenso, y ya durante la contienda, fueron los requetés carlistas quienes demolieron el venerado Monumento a los Mártires de la Libertad.
Tras la normalización democrática, mientras Zaragoza recuperaba su fiesta de la Cincomarzada, nada se hizo en Teruel para reivindicar, tras años de dictadura y olvido, una de las páginas más memorables de su historia local. La ciudad de Teruel, conocida universalmente por el arte mudéjar o los Amantes, también debería ser identificada como “la ciudad de la Libertad”, la que en 1484 rechazó la implantación de la Inquisición, la que durante todo el s. XIX fue vanguardia de la democracia republicana española, la que en 1874 repelió con valentía a la reacción carlista. Por ello, junto a la recuperación del sentido cívico de estas fechas, casi olvidadas, algún folleto didáctico, alguna mención en los libros de texto, debería de hacerse de esta página de la historia turolense. De igual modo, recordando que el Monumento a los Mártires de la Libertad fue demolido por las fuerzas de la reacción, no estaría de más que algún símbolo recordase su existencia en la antigua Plaza de la Libertad. Sería un hecho de justicia.
En la actualidad, al evocar la memoria de estos hechos, no olvidamos que son otros los combates que hay que librar para asegurar el futuro y el progreso de Teruel, los mismos que laten con fuerza en la conciencia cívica y en los movimientos ciudadanos que luchan con tenacidad y convicción para que Teruel siga existiendo y tenga un futuro digno.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 de julio de 2022)
NICOLÁS REDONDO
Siempre he considerado a Nicolás Redondo Urbieta, quien fuera secretario general de UGT entre 1973-1994, como un ejemplo de ética, coherencia y compromiso sindical. Es por ello que, ahora, cuando el 16 de junio, cumple sus 95 años, he releído de nuevo el libro escrito por Antonio García Santesmases titulado Nicolás Redondo. Historia, memoria y futuro (1927-2007). Esta obra, que editó la Fundación Francisco Largo Caballero con motivo del 80º cumpleaños del histórico sindicalista, supone un homenaje a Redondo, a quien Cándido Méndez, su sucesor al frente de la UGT, define como una persona “de impecable rectitud, austero, íntegro, firme, coherente en sus convicciones”.
El libro recoge, a modo de relato biográfico, las conversaciones mantenidas entre García Santesmases y Redondo en torno a cinco etapas de su trayectoria vital. De este modo, se habla sucesivamente de aquel “niño de la guerra”, hijo de los vencidos (su padre, también socialista, sufrió varias condenas por el franquismo); de su condición de socialista vasco; de su labor como reconstructor de la UGT durante la dictadura. Especial interés tiene el capítulo 4º, titulado “Líder de la movilización obrera”, en que se analizan los años del Gobierno de Felipe González, aquellos duros y dolorosos años en que se produjo el desgarro entre el PSOE y la UGT, la ruptura de la familia socialista, enfrentamiento que culminó con la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988. La última parte de la obra alude a la actividad desarrollada por Redondo tras su salida de la secretaría general de la UGT (abril 1994) en la que, como ciudadano comprometido, y pleno de inquietudes, se ha dedicado a analizar el pensamiento socialista, a la relectura continua y actualizada de Prieto y Largo Caballero, y a activo papel en los movimientos cívicos contra ETA y favor de la libertad y la democracia en el País Vasco, compromiso que le obligó a vivir con escolta.
Son especialmente interesantes las reflexiones de Redondo en torno a la vigencia del pensamiento socialista clásico, sin renuncias, sin adulteraciones neoliberales. Se opone así al sutil calado de las peligrosas ideas social-liberales que priman el mercado sobre el Estado, lo privado sobre lo público, o la empresa sobre el sindicato y los trabajadores. Es por ello que Redondo pretende espolear a la izquierda política para que recupere sus señas de identidad ante la ofensiva de la globalización neoliberal. En este contexto, las ideas de Redondo suponen una reivindicación de la socialdemocracia frente a cualquier pragmatismo o desviación social-liberal. Por ello, es necesario, nos recuerda Redondo, retomar los valores esenciales de la socialdemocracia cuales son: cuestionar el sentido de la propiedad, del modelo de producción y la función del Estado. Hay que priorizar los intereses sociales sobre los económicos y los de los trabajadores sobre las empresas: en definitiva, la defensa permanente de lo sectores más débiles de nuestra sociedad, sin olvidar a la población inmigrante. Redondo es rotundo en este aspecto y por ello reivindica todos los puntos esenciales de la política socialdemócrata, una política que, para lograr la justicia social, debe ser verdaderamente redistributiva. En materia económica debe priorizar el pleno empleo de calidad, con derechos y respetuoso con el medio ambiente; debería haberse mantenido un sector público empresarial estratégico, hoy lamentablemente desmantelado en España; incentivar una inversión pública adecuada, así como una política fiscal progresista basada en la imposición directa, no en la indirecta y, desde luego, contraria a la reducción de impuestos, lo cual está generando en la actualidad lo que Redondo denominaba un “desarme fiscal generalizado”.
Finalmente, otros puntos esenciales de la política socialdemócrata serían la existencia de una protección social avanzada que garantice un sistema público de pensiones suficiente, así como la cobertura para las personas dependientes, puntos éstos en los que el Gobierno Zapatero logró importantes avances. Finalmente, frente a las tentaciones privatizadoras y la presión de la derecha, la socialdemocracia debe mantener siempre un sistema educativo y una sanidad públicos, gratuitos y de calidad.
Redondo, sensible a los cambios actuales, analiza también la globalización, a la cual considera como un hecho irreversible, pero a la cual hay que darle un sentido social para que se convierta en “un instrumento al servicio del bien público y del interés general de la Humanidad”. De este modo, el reto es convertir a la globalización liberal, la de los egoísmos financieros y empresariales, en una nueva globalización de la solidaridad y de la justicia social y, para ello, la socialdemocracia debe retomar sus principios internacionalistas.
Esta es la tarea presente y futura de la socialdemocracia ya que, como afirma Redondo, “para cambiar el mundo es absolutamente necesario el socialismo” pues su tarea esencial sigue siendo loa defensa de los marginados, de los más pobres, de la clase trabajadora.
Este libro nos presenta a un Nicolás Redondo coherente y lúcido que, a sus 95 años, mantiene sus convicciones con la misma constancia y tenacidad de siempre y, por ello, sigue siendo un referente válido para los sectores progresistas de nuestra sociedad.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 16 junio 2022)
