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POPULISMOS

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     En la realidad política actual son muchos los ciudadanos que creen que se ha superado la histórica distinción entre izquierdas y derechas y, por ello, en determinados sectores de opinión se alude a la contraposición entre “buenos y malos populismos”. De este modo, algunos politólogos distinguen entre los populismos democratizadores y democráticos, como los existentes en España o Portugal, y otro tipo de populismos, por desgracia emergentes, de signo reaccionario, aquellos que confunden al adversario político con el enemigo del pueblo y, por ello, los excluyen de la comunidad política, un tipo de populismo que arraiga con fuerza en las tierras regadas por la intolerancia.

      Estos dos tipos distintos de populismo, confrontan, en esencia, una base ideológica innegable. Así, es propio de los populismos conservadores su escaso entusiasmo por las reformas constitucionales, por  los movimientos sociales,y por los plebiscitos o la participación ciudadana en general. En cambio, la izquierda populista, por el contrario, como recalcaba Innerarity en su libro Política para perplejos (2018), “acostumbra a sobrevalorar esas posibilidades”, aquellas que los populismos conservadores rechazan, lo cual le lleva a “desentenderse de sus límites y riesgos”, soñando, en ocasiones, con el anhelo, siempre deseable por otra parte, de alcanzar la utopía, o en el lenguaje más reciente de Podemos, de “conquistar los cielos”.  De este modo, existe en la actualidad un contraste, una contraposición evidente entre ambos populismos, entre los de signo conservador y los que se alientan desde posiciones de la izquierda progresista y así, los primeros “dan las alternativas como imposibles y los otros por evidentes” ya que, mientras para los populismos conservadores “cualquier cosa que se mueva es un desbordamiento” y para los populismos progresistas “la espontaneidad popular es necesariamente buena”.

     La confrontación entre ambas posiciones es evidente, como una nueva línea de fractura social entre la derecha conservadora y la izquierda que pretende transformar la realidad política y social que se considera injusta. Así, el populismo conservador, enarbola la bandera política de un supuesto “antipopulismo”, negando la evidencia de que también ellos, a su manera, son populistas, de derechas, pero populistas en definitiva, bandera ésta que pretende ser un “instrumento de legitimación” de las posiciones conservadoras, mientras que el populismo progresista se considera a sí mismo, como “el verdadero antídoto frente al elitismo conservador hegemónico”.

     Por todo lo dicho, Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política y ensayista, una de las mentes más lúcidas del pensamiento contemporáneo, reivindicaba el “principio de realidad”, esto es, el tener siempre presentes las capacidades reales de las transformaciones que se pretenden realizar, para no caer en la quimera ni el desencanto ante el ansia de intentar lograr objetivos irrealizables. De este modo, aunque como hemos visto el término “populismo” se aplica a partidos políticos concretos, se habla de populismos reaccionariosy ultraconservadores, como es el caso de los mensajes que airea Vox, o de populismos progresistas de izquierdas como el que representa Podemos, los cierto es que el populismo, como nos recuerda Innerarity, “tendría que entenderse como un modo de gestionar lo público, “del que no se libra casi nadie”.

      En el caso del populismo progresista, el que despertó en las plazas de toda España un esperanzador 15 de marzo y que hoy ocupa parcelas de poder en muchos niveles, incluido el Gobierno de España de la mano de Unidas Podemos, parece que ha seguido el consejo del tantas veces citado Innerarity cuando ya en el 2018 recomendaba, de forma genérica pero pareciendo querer dirigirse a este nuevo soplo de aire fresco en la política española que supuso el partido morado que, “tenemos que renunciar a la agitación improductiva del corto plazo. Hace falta anticipar futuros posibles” y apuntaba alguno de ellos: la transformación del modelo económico, la lucha contra el cambio climático o la reforma del sistema público de pensiones, temas éstos que consideraba con toda razón “cuestiones de fondo” que se tienen que acometer con valentía, aunque, políticamente, no supongan beneficios a corto plazo. Lo mismo podemos decir de la defensa de feminismo o la lucha por la igualdad de género, temas que han irrumpido con fuerza en la agenda política y que exigen compromisos y decisiones valientes, especialmente, en estos tiempos en que la demagogia populista conservadora parece que, en algunos de estos temas pretendiera retroceder el reloj de la historia a tiempos pasados.

    Todos estos futuros posibles están reflejados en gran medida en el llamado Programa para un Gobierno Progresista que tantas esperanzas ha despertado, un programa que, con el impulso de ese buen populismo, honesto y progresista, ha alentado tantas ilusiones en que, paso a paso, el cambio es posible, aunque nunca lleguemos a conquistar los cielos, pero por lo menos, se puede lograr un mundo, una sociedad y una convivencia más digna, justa y habitable. Siendo conscientes de todas las adversidades que intentarán frenar estos cambios, esperamos que las ilusiones que ello ha generado no se vean defraudadas porque, de ser así la involución de populismo conservador podría tener efectos devastadores.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 julio 2020)

 

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01/07/2020 09:21 kyriathadassa Enlace permanente. Política-España No hay comentarios. Comentar.

LA IDEA DE ESPAÑA EN EL NACIONALISMO CONSERVADOR

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     El siempre complejo y espinoso tema del nacionalismo español, tan desacreditado por el perverso uso que del mismo hizo la dictadura franquista es también, ahora, una cuestión que genera una amplia polémica por el uso (y abuso) que de él hace una derecha cada vez más conservadora en lo político, retrógrada en lo social y recentralizadora en lo referente al modelo territorial autonómico vigente.

      Es cierto que, tras la muerte del general Franco y el inicio de la Transición, la derecha fue reformulando su concepto de España.  Eran unos momentos en los que la nueva derecha postfranquista quería reivindicar un nuevo nacionalismo español puesto que, como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), tenía una sensación de “pérdida de la identidad nacional”, como consecuencia al miedo al “super-Estado europeo”, esto es, a la integración en la actual Unión Europea, a un creciente temor a los efectos de la inmigración, así como al aumento de las “identidades alternativas en la periferia”, esto es, a los nacionalismos de Euskadi y Cataluña, de sobrada trayectoria democrática y antifranquista.

     Para mejor desvincularse del legado franquista, la derecha trató de construir una    nueva legitimidad histórica enraizada con los modelos conservadores y, de este modo, como indicaban los autores citados, dar “continuidad con el liberalismo español de finales del s. XIX y principios del XX”, reivindicando de forma especial la figura y el legado político de Antonio Cánovas del Castillo, político conservador que, pese a sus déficits democráticos (siempre se opuso a la implantación del sufragio universal, por ejemplo), ofrecía como modelo “un sistema bipartidista estable capaz de oponer resistencia a las demandas desintegradoras” de los nacionalismos subestatales a los cuales, por otra parte, se consideraba que se habían hecho excesivas concesiones desde la Transición, a pesar de que reiteradamente se buscó el apoyo parlamentario del PNV y de la antigua CiU en aquellos tiempos en los cuales el políglota José María Aznar hablaba catalán en la intimidad.

     La derecha democrática, en su obsesión por demostrar unas credenciales no manchadas por la huella del franquismo, reivindicó, también, el legado del Regeneracionismo, de Joaquín Costa,  Unamuno o de Ortega y Gasset, e incluso Aznar llegó a reivindicar la figura de Manuel Azaña  tanto en cuanto éste aspiró al establecimiento de una sociedad plenamente democrática, valorando el esfuerzo del que fuera Presidente de la Segunda República española, y del cual en este año se cumple el 80º aniversario de su fallecimiento en el exilio francés de Montauban, por fomentar “la cohesión nacional entre los españoles”. De este modo, Aznar no sólo intentaba emparentar a los conservadores con la idea de progreso, sino que indirectamente trataba de desligar al PP de sus vínculos con el franquismo.

     Tras el logro de la mayoría absoluta por el PP liderado por Aznar en las elecciones del año 2000, fue el momento que marcaría el inicio para la derecha de la recuperación del concepto de España como nación democrática, un concepto que consideraban que prácticamente había desaparecido como resultado de los esfuerzos combinados del franquismo, por un lado, y los nacionalismos periféricos, por otro. Así, en el Congreso del PP de 2002 se aprobó el documento titulado El Patriotismo constitucional del s. XXI, redactado por Josep Piqué y María San Gil, un catalán y una vasca con una visión más abierta del concepto de España, en el cual se rechazaba la tentación de los sectores españolistas más tradicionales del partido de reeditar el viejo nacionalismo español. De este modo, el documento citado ofrecía un nuevo concepto de España articulado en torno a la defensa de la Constitución de 1978, la libertad, la pluralidad y la responsabilidad cívica, acercándose de éste modo a los postulados defendidos por estas mismas fechas por el PSOE en la línea del patriotismo constitucional de Jürgen Habermas.

     Pese a ello, la posición del PP era en realidad un “patriotismo constitucional encubierto” que, en vez de girar al centro, pretendía frenar a los nacionalismos periféricos, sacralizar la Constitución de 1978 y defender una España unida frente a las crecientes demandas federales y confederales. Además, históricamente, el nacionalismo conservador siempre se ha reafirmado, históricamente, frente al “otro” extranjero, bien fuera éste “el moro”, “el francés” o “la Rusia soviética”, conceptos éstos que en democracia no son políticamente correctos...excepto para la extrema derecha, razón por la cual han sido en la actualidad retomados con pasión por la impetuosa irrupción de Vox, nítida imagen política de los peores vicios del nacionalismo reaccionario.

     En la actualidad asistimos a una fragmentación política del nacionalismo español conservador que hasta hace bien poco se cobijaba en su práctica totalidad en las filas del PP y que hoy lo hacen, también, en las posturas tan preocupantes como involucionistas de Vox o en la errática volatilidad ideológica de Ciudadanos, unos momentos en que el nacionalismo español, en su triple versión política, ofrece una imagen de retorno a su cerril centralismo tradicional y una intensificación de la hostilidad hacia los nacionalismos periféricos. Esta involución ha sido propiciada como consecuencia del conflicto catalán y se ha ido incrementando en estas últimas fechas por una derecha extrema que, sin ningún escrúpulo moral y con una actitud tan reprobable como obscena, se ha empeñado, prietas las filas e impasible el ademán, en combatir por todos los medios posibles al actual Gobierno de España, bombardeado de forma inmisericorde con insultos, descalificaciones y agrios debates parlamentarios, demostrando una vez más que la derecha ha priorizado su obsesión por recuperar el poder en vez de colaborar con patriotismo para superar todos unidos la crisis pandémica generada por el covid-19, de efectos tan devastadores en nuestra sociedad. Mal camino el emprendido por las derechas si con ello pretendían dignificar la idea de España, bien al contrario, el tema de consolidar un nacionalismo español de signo conservador, pero moderno y democrático, sigue siendo la asignatura pendiente de esta derecha que padecemos y que ha preferido optar por el tenebroso sendero que le conduce a una peligrosa involución.

    José Ramón Villanueva Herrero

    (publicado en: El Periódico de Aragón, 12 junio 2020)

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14/06/2020 15:18 kyriathadassa Enlace permanente. Política-España No hay comentarios. Comentar.

PUTIN Y LA RUSIA ETERNA

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     Cuando ya pensábamos que los líderes providenciales eran una especie política en vías de extinción, emergió desde las estepas rusas la figura de Vladimir Putin, el nuevo zar de todas las Rusias, poderoso, luchador, implacable con sus adversarios, sin demasiado apego a la democracia y vencedor de varias elecciones en el peculiar panorama político de la Federación Rusa.

     El 1 de enero de 2000 comenzaba el nuevo milenio con una estrella rutilante sobre la inmensa Rusia: Vladimir Putin, el hijo del cocinero de Stalin, el veterano espía de la KGB de la época soviética reconvertido en político, alcanzaba la presidencia de la Federación Rusa  con un doble objetivo: reactivar la economía tras la debacle de los años 90 en que, tras el desmoronamiento de la URSS, durante  la convulsa  transición a la  democracia en tiempos  de Boris Yeltsin, el PIB se redujo  en  un -50%, así como recuperar el prestigio internacional de Rusia, objetivos que en gran medida ha logrado con su política firme y autocrática.

   Tras 20 años de putinismo, en los cuales ha ocupado en tres ocasiones la presidencia del Gobierno y en otra la de Primer Ministro, su poder se ha ido acrecentando: en las últimas elecciones presidenciales celebradas el 18 de marzo de 2018 Putin obtuvo una victoria histórica al lograr el 76,6% de los sufragios, victoria ésta no exenta de denuncias de cientos de irregularidades. En la actualidad, tras la reciente reforma de la Constitución de la Federación Rusa, Putin, cuyo mandato como presidente concluye en 2024, podrá tener nuevas formas de perpetuar su influencia y poder, ya que exime al actual Jefe del Estado de la prohibición de presentarse a la reelección. A pesar de que el referéndum constitucional convocado para tal fin el próximo 22 de abril ha sido aplazado como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19, todo parece indicar que Putin tiene todas las bazas a su favor para perpetuarse en el poder hasta 2036, lo cual le convertiría, de facto, en presidente vitalicio, a pesar de que su índice de popularidad ha descendido por su cuestionable gestión a la hora de combatir el virus en la inmensa Federación Rusa.

    Durante estos años, el poder de Putin se ha ido acrecentado a costa de retirárselo a los gobernadores provinciales, a la Asamblea Legislativa (Duma), a los tribunales de justicia, al sector privado y a la prensa, en un proceso tendente a asentar lo que Putin define como “Estado vertical”. Tal es así que el sistema político ruso se articula en torno a un partido hegemónico, Nuestra Casa Rusia, y una serie de partidos de oposición, la mayoría de los cuales no son más que una pantalla para dar la impresión de que se compite, democráticamente, por el poder. De este modo, las elecciones se han convertido, como señalaba Madeleine Albraight en su libro Fascismo. Una advertencia, en “simples rituales para prolongar el tiempo en el poder de los candidatos privilegiados”, esto es, los que cuentan con el beneplácito del Kremlin. A ello hay que sumar que las cadenas de televisión son meros órganos de propaganda oficial y la escasa oposición interna, como ocurrió con Alekséi Navalny, es descalificada desde el putinismo acusándola de ser meras marionetas manejadas por poderes extranjeros que atentan contra la identidad y el alma de Rusia.

     Siendo cierto todo lo anterior, también lo es que el dirigente ruso ha conseguido no sólo restaurar el Estado centralizado, sino que ha tenido la habilidad de reconciliar las tradiciones de los dos imperios perdidos, el zarista y el soviético, todo ello con el apoyo decidido de la Iglesia Ortodoxa rusa, convertida en entusiasta aliada de Putin, el nuevo zar de todas las Rusias. Consecuentemente, se ha extendido la convicción mayoritaria de que Putin ha devuelto a Rusia el estatuto de gran potencia mundial al mismo tiempo que enarbola la bandera de defensor de los pueblos eslavos y reafirma el nacionalismo ruso tras la anexión de Crimea, así como con su apoyo a los rebeldes del Donetsk y juega fuerte en el tablero internacional confrontando con Occidente, utilizando las redes sociales como arma informática a través de las fake news con el triple objetivo de desacreditar a las democracias occidentales, dividir a Europa, debilitar la colaboración transatlántica euro-norteamericana y, también, atacar a los gobiernos contrarios a Moscú. A todo ello ay que sumar que el auge de la proyección internacional de la Rusia de Putin se evidencia en su participación destacada en conflictos bélicos como el que desangra a Siria en apoyo del dictador Bachar al Assad o el respaldo a la República Bolivariana de Venezuela, como freno a los afanes belicistas de los Estados Unidos sobre dicho país.

    No obstante, lo que ha quedado también patente durante los años en que Putin rige con mano de hierro los destinos de Rusia es la inexistencia de una oposición política sólida y capaz de ofrecer una alternativa a la autocracia instaurada por Putin, el cual fue definido por Madeleine Albraight como “bajo, cetrino y tan frío que parece un reptil”.

     Pese a la cuestionable manera de entender la política, en una gran parte del alma colectiva del pueblo ruso se ha encumbrado el mito de Putin, una sociedad no obstante en la cual el árbol de la democracia y la libertad nunca fue demasiado frondoso, pues de podarlo a conciencia ya se habían encargado en otros tiempos tanto la autocracia zarista como la dictadura soviética de corte estalinista. Y, sin embargo, el poder del dirigente ruso, que en el libro En primera persona se define a sí mismo como “el más puro y brillante ejemplo de una educación patriótica soviética”, parece querer entroncar con ambas tradiciones, la zarista y la de la antigua URSS, a través del mito de la “Rusia eterna”. Es por ello que, como señalaba Mira Milosevich-Juaristi, Putin se presenta a sí mismo como “el salvador” de su pueblo en un doble sentido: en primer lugar, como el restaurador del Estado centralizado ruso que se desmoronó tras la desintegración de la Unión Soviética (1991) y, en segundo lugar, y no por ello menos importante, mediante su hábil alianza de intereses con la Iglesia Ortodoxa. De este modo, la política autocrática de Putin pretende según la citada politóloga Mira Milosevich-Juaristi, “reconciliar dos legados”: la condición de gran potencia de la antigua URSS y la tradición imperial ortodoxa del zarismo y, así retomar en beneficio propio el mito de la Rusia Eterna, de aquella que en tiempos de adversidad fue salvada por grandes líderes providenciales, condición que él mismo se atribuye y que la propaganda oficial se encarga de divulgar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 mayo 2020)

 

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24/05/2020 16:19 kyriathadassa Enlace permanente. Política internacional No hay comentarios. Comentar.

MAUTHAUSEN EN LA MEMORIA, SIEMPRE

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     En estas fechas se conmemora el 75º aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis y, por ello, es un momento oportuno para recordar (y reparar) la memoria de los republicanos españoles que allí fueron deportados y muchos de ellos, asesinados.

   Derrotada la España leal a la República en 1939, miles de republicanos se refugiaron en Francia, pero un año después cayeron en manos de las tropas hitlerianas cuando estas ocuparon dicho país en mayo de 1940. Los prisioneros republicanos españoles quedaron a la espera de que el gobierno de Franco indicase a sus amigos nazis qué se debía de hacer con ellos. El dictador decidió abandonar a su suerte a estos compatriotas nuestros y, desposeyéndolos de la nacionalidad española, quedaron convertidos en apátridas. Su dramático destino quedó sellado en la entrevista de Ramón Serrano Suñer  con Hitler del 25 de septiembre de 1940 en Berlín. En ella, el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, acordó la entrega de los republicanos españoles a la Gestapo para ser deportados a los campos de concentración donde debían realizar trabajos forzados hasta el límite de sus fuerzas. Mariano Constante recordaba la indignación que produjo entre los presos republicanos este hecho puesto que “hemos descubierto que Franco les dijo [a los nazis] que no quería que ningún español saliera vivo y también quería que nos explotaran trabajando”. De la connivencia de las autoridades franquistas a la hora de consumar la tragedia, se ofrecen testimonios reveladores en el excelente documental “El convoy de los 927” de Montse Armengou.

   Posteriormente, los republicanos españoles, los llamados “rot-spanien” (rojos españoles) fueron deportados al campo de Mauthausen (Austria). Allí fue a parar el grueso de los más de 10.000 deportados, esto es, unos 7.000 compatriotas, de los cuales, 1.015 eran originarios de Aragón, como recordaba el historiador Juan Manuel Calvo Gascón. Otros grupos de “rot-spanien” fueron enviados a otros campos de de triste recuerdo: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Ravensbruck o el castillo de Hartheim, en donde fueron objeto de macabros experimentos y operaciones. En todos estos lugares, convertidos en auténticos infiernos de inhumanidad y violencia extrema, hallaron la muerte varios miles de republicanos españoles.

    El campo de concentración de Mauthausen se creó el 8 de agosto de 1938 y funcionó hasta el 5 de mayo de 1945 en que fue liberado por las tropas norteamericanas. Durante estos años, se estima que en Mauthausen y en su campo auxiliar de Güsen, fueron asesinadas o murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas y los trabajos forzados en torno a 150.000 personas. Por las mismas fechas en que nuestros compatriotas morían de agotamiento y enfermedades en la cantera de Mauthausen o con inyecciones de bencina en Güsen, el general Franco mantenía su delirio filonazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14 de febrero de 1942, afirmaba que, “si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían” para defender la capital del Reich. Sobran los comentarios.

   Durante décadas, un puñado de supervivientes españoles recordaba tanta barbarie reuniéndose cada año en Mauthausen bajo el digno tremolar de la bandera republicana, siendo especialmente destacable la labor desarrollada por la Asociación Amical Mauthausen para recuperar la memoria de esta trágica página de nuestra historia colectiva. Poco a poco, se han ido realizando en toda España homenajes y reconocimientos oficiales para recuperar la memoria y la dignificación de nuestros compatriotas republicanos deportados. Citemos, en el caso de Aragón, cómo, ya en el año 2002 el Gobierno de Aragón concedió a Mariano Constante la Medalla de Oro a los Valores Humanos, la cual se hacía extensiva “a los aragoneses que fueron víctimas de los campos de exterminio nazis”. Igualmente, algunos ayuntamientos, como es el caso de Calanda, Alcorisa, Fraga, Monzón o Sabiñánigo, entre otros, han recuperado la memoria de sus paisanos muertos en el holocausto nazi. Por su parte, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, en su artículo 6, reconoce la condición de víctimas a quienes “padecieron confinamiento, torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de concentración y exterminio europeos o bajo dominación fascista”, a la vez que contempla la necesidad de realizar homenajes en dichos campos (Disposición adicional séptima).

    Lamentablemente, este año, como consecuencia de la pandemia que padecemos, no habrá conmemoraciones institucionales de recuerdo en dicho campo, ni tampoco podrá realizarse el viaje de escolares aragoneses, organizado por Amical Mauthausen y el Gobierno de Aragón con motivo de los actos que iban a tener lugar entre el 8-10 de mayo en memoria de la liberación de Mauthausen. Sin embargo, en estos días recordamos, con especial emoción, la lección moral que su recuerdo supone: la reafirmación cívica en nuestros valores y la importancia de mantener viva la memoria democrática para convertirla en una lección moral. Estas reflexiones nos previenen ante cualquier rebrote de xenofobia racista o de fascismo que se pudieran incubar, como el huevo de la serpiente, en nuestra sociedad actual. Y es que la memoria histórica es, siempre, una memoria necesaria y será, siempre, un imperativo moral.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 mayo 2020)

 

 

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10/05/2020 08:05 kyriathadassa Enlace permanente. Memoria histórica No hay comentarios. Comentar.

LA REVOLUCIÓN PORTUGUESA DEL 25 DE ABRIL DE 1974

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     En estas fechas se recuerda  la revolución portuguesa del 25 de abril de 1974, la también llamada “Revolución de los Claveles”, aquel estallido de una primavera de libertad y esperanza democrática en nuestro país hermano,  evocamos ahora los acontecimientos que durante aquellos días históricos tuvieron lugar en Portugal, en unos momentos que coincidían, además, con el  tramo final, y también biológico, de la dictadura franquista en España y del general superlativo que la encarnó durante cuatro décadas. Pero para que la primavera llegara, hubo primero que acabar con la dictadura que atenazaba a Portugal desde hacía ya casi medio siglo.

 

EL PORTUGAL SALAZARISTA

 

     Derrocada la monarquía portuguesa en 1910, y tras unos años de agitación política y crisis económica, en 1926 se hizo con el poder el general António Óscar de Fragoso Carmona el cual instauró una dictadura “de base nacional y fuerte”, el llamado “Estado Novo”, del cual será elegido su presidente en 1928. En este mismo año, el general Carmona nombró ministro de Hacienda a António de Oliveira Salazar (1889-1970), un oscuro profesor de Derecho y Economía, cuya trayectoria política marcará la historia de Portugal durante buena parte del s. XX.

     Por aquel entonces, eran los años del ascenso de los movimientos totalitarios en Europa y, Salazar, que en 1932 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, influido por el modelo del fascismo corporativo, estableció en Portugal su propia versión del mismo, y así, la nueva Constitución de 1933, configuraba el Estado Novo, el modelo de fascismo portugués, mediante la cual se reforzaba el poder ejecutivo;  se creaba una Cámara Corporativa, en sustitución de la Asamblea Nacional; se articulaba un sindicalismo vertical estructurado en corporaciones; se disolvían todos los partidos políticos, excepción hecha de la Unión Nacional (UN), el partido único del régimen, a la vez que se restringían todos los derechos y libertades. Surgía así la dictadura salazarista, la de más larga duración de las surgidas en la Europa de entreguerras, la cual se prolongaría hasta la Revolución del 25 de abril de 1974.

    El ideario del Estado Novo lo sintetizó Salazar en su libro Una revolución para la paz (1937), en el que se perfilaba el Estado corporativo fascista portugués, el cual alguien lo definió como “un fascismo gris y chato, sin primavera ni canción”, un régimen que se decía, tenía como señas de identidad “las tres efes”: fado, fútbol y Fátima.

    La dictadura salazarista contaba con un importante aparato represivo y, en este sentido, hay que mencionar a la siniestra Policía Internacional para la Defensa del Estado (PIDE), la cual, articulada por el agente de la Gestapo nazi Kramer en 1941, estaba formada por 22.800 miembros adscritos, entre inspectores, subinspectores, jefes de brigada, agentes funcionarios e informantes. Por ello, en tiempos de la dictadura salazarista se solía decir que “ni las hojas se mueven sin que lo sepa la PIDE”, dado que ésta se hallaba infiltrada en todos los sectores y grupos de la sociedad portuguesa: desde las fuerzas armadas, hasta los sindicatos corporativos, pasando por la Iglesia y hasta en el Partido Comunista. Además, el régimen contaba con diversas fuerzas paramilitares tales como la Legión Portuguesa, la Brigada Naval, la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Guardia Nacional Republicana (GNR). A todo ello habría que añadir la existencia de una férrea censura de prensa, tarea ésta encomendada a la llamada Comisión de Examen Previo.

    La lánguida y autárquica dictadura portuguesa se prolongó tras retirada del poder de Salazar por motivos de salud en 1968, siendo continuada en la figura de Marcelo Caetano. No obstante, por entonces, estaba claro, como señalaba Vicente Talón en su libro Portugal, ¿golpe o revolución? (1974) que “el régimen es un gran parásito instalado sobre el país, al que consume. Un parásito sordo, ciego y voraz al que no queda más solución que eliminar”.

    A esta situación se había llegado no sólo por la absoluta carencia de libertades públicas propia de una dictadura, sino también por una desastrosa situación económica. Así, a la altura de 1973, Portugal soportaba una inflación superior al 20%, los ingresos per cápita eran los más bajos de la OCDE y la sangría migratoria había supuesto la pérdida del 30% de su población activa y, por ello, en 1974, tan sólo en Francia, se contabilizaban casi 500.000 portugueses viviendo en los barrios obreros de las ciudades galas.

    A todo ello hay que sumar la agudización de las guerras por la independencia de las colonias portuguesas de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, iniciadas en 1961, que hicieron que la dictadura destinase el 40% del presupuesto estatal a gastos militares para así hacer frente a estos conflictos y mantener un ejército de 220.000 efectivos, de los cuales 147.000 estaban destinados en ultramar. Hay que tener igualmente presente que la dictadura estableció para los jóvenes portugueses un servicio militar obligatorio de 4 años, de los cuales 2 eran en destinos de la metrópoli y los 2 restantes, en las colonias. Esta situación explicaría el profundo rechazo existente en las fuerzas armadas portuguesas hacia el régimen y, consecuentemente, el que éstas fueran el detonante de la Revolución del 25 de Abril de 1974 que puso fin a medio siglo de dictadura salazar-caetanista y que, en palabras de Miller Guerra supuso “el fin de la dictadura conservadora más antigua del mundo, el fin del último de los imperios coloniales y el fin del aislamiento de Portugal”, de aquella autarquía, de aquel falso orgullo patrio del cual se vanagloriaba Salazar con su lema de “Orgullosamente solos”.

 

EL GOLPE DEL 25 DE ABRIL

 

   Eran las 0:30 horas del 25 de abril cuando en Radio Renascença sonaron las célebres estrofas cantadas por José Afonso: “Grándola, vila morena / Terra da fraternidade / O povo é quem mais ordena / Dentro de ti, ó cidade”. Se desencadenaba a partir de ese momento un amplio movimiento militar, muy bien coordinado por el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), sobre todo en Lisboa, que se apodera de los puntos neurálgicos de la capital. A su vez, el MFA emite un comunicado por medio de la emisora Rádio Clube Português con un texto histórico: “Se informa al país que las Fuerzas Armadas han desencadenado en la madrugada de hoy una serie de acciones con vistas a la liberación del país del Régimen que desde hace ya largo tiempo lo domina”.

    La resistencia encontrada fue mínima, tan sólo se produjeron unos tiroteos en torno a la sede de la Dirección General de Seguridad y de la PIDE que produjeron 4 muertos y medio centenar de heridos. También hubo leves incidentes frente a los reductos salazaristas del diario Época, de la sede de la Legión Portuguesa y de las oficinas de la Comisión de Examen Previo, encargada de la censura. No obstante, quedó patente el civismo de los portugueses dado que no hubo ajustes de cuentas, ni paseos, ni violencias contra los salazaristas, los cuales, una vez identificados, fueron entregados a las tropas afines al MFA.

    Finalmente, a las 17:45 de aquel histórico día se produce la rendición del Primer Ministro Marcelo Caetano, y poco después lo harían el Presidente de la República, el almirante Americo Thomas, que se hallaba junto algunos exministros salazaristas refugiados en cuarteles que estaban cercados por las tropas del MFA.

 

LA REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES

 

    Mientras todos estos hechos sucedían, quedará para la historia la imagen de los ciudadanos portugueses colocando claveles en las bocas de los fusiles de los soldados del MFA que los han liberado de la dictadura, la “Revolución de los claveles” había triunfado.

    El 26 de abril, se constituye la Junta de Salvación Nacional (JSN), como máximo estamento del MFA cuando los sublevados ya habían asumido el control de todo el país, la cual se fijó como objetivos: garantizar la libertad de expresión y de pensamiento, el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente y la devolución del poder a las instituciones democráticas surgidas de la Revolución de los Claveles. Además, la JSN, presidida por el general Antonio Spínola, que tiene el poder de facto, impulsó la formación de un Gobierno Provisional en el que, bajo la presidencia del profesor Palma Carlos, formarán parte políticos retornados del exilio como el socialista Mario Soares o el comunista Alvaro Cunhal, junto al liberal Sá Carneiro, todos los cuales desempeñarían posteriormente un importante papel en la nueva etapa que se abría para el Portugal democrático. Además, la JSN cedió a los partidos democráticos las sedes de antiguos edificios del régimen, hasta entonces ocupados por la Legión Portuguesa, la Acción Nacional Popular, el partido único del régimen, continuador de la Unión Nacional salazarista o de Mocidade Portuguesa.

    El mismo 26 de abril, además de la liberación de todos los presos políticos, una gran manifestación, una enorme explosión de alegría democrática inundaba la Plaça del Rossío. Como dijo Mario Soares, las fuerzas armadas “han restituido la voz y la alegría al pueblo portugués” y “su gloria consiste en haberle devuelto la libertad al pueblo y acto seguido haberse quitado de en medio”, esto es, haber devuelto el poder a las nuevas instituciones democráticas.

   Entre las primeras medidas adoptadas tuvo una especial significación el desmantelamiento el 28 de abril del aparato represor de la dictadura, de la PIDE, la Dirección General de Seguridad y demás fuerzas paramilitares. Al día siguiente, la escoba revolucionaria seguía barriendo por doquier el solar de Portugal: se destituye a todos los rectores universitarios afines al salazarismo, así como a los responsables de hospitales, organismos excorporativos y profesionales de la Emisora Nacional, todos ellos afectos a la dictadura; se suprime la censura, se ordena la disolución de Acción Nacional Popular  (ANP), nuevo nombre de la UN, el partido único de la dictadura, y se exonera de sus cargos al Presidente de la República (Americo Thomas), al Presidente del Consejo de Ministros (Marcelo Caetano), así como a los gobernadores civiles y a los gobernadores generales de las colonias de ultramar. Finalmente, el 30 de abril un Decreto retira del mando a los principales jefes militares salazaristas, entre ellos, 5 almirantes, 12 generales del Ejército y 5 de la Fuerza Aérea. Por el contrario, se reintegran en sus funciones todos aquellos portugueses que habían sido separados de sus cargos por razones políticas.

    A todo ello, hay que añadir que, desde diversas fuentes se reclamó la dimisión de todos los obispos portugueses por su connivencia con la dictadura caída. De este modo, un Manifiesto hecho público en estas fechas denunciaba que el episcopado luso, “lejos de hacerse eco de las injusticias sociales, de los abusos de poder y del horror de la guerra colonial, apoyaron al Salazar-caetanismo por medio de declaraciones públicas, de homilías y de pastorales”.

    Finalmente, el 1º de Mayo tuvo lugar un gran acto político y sindical en el Estadio Lisboeta. Con tan emblemática fecha en la historia del movimiento obrero, se cerraba la semana más transcendente de la historia del Portugal moderno, la semana que puso fin a una dictadura que no sólo había arrebatado a nuestro pueblo hermano la libertad, sino, también, el pan y la sonrisa. A partir de aquel momento, el Portugal democrático acometió de forma gradual los tres enormes retos que se le planteaban en el horizonte, las “tres D”, como eran conocidos: la Democracia, la Descolonización y el Desarrollo. Consolidada la democracia, tras las elecciones de 1975 y la aprobación de una nueva Constitución (1976), se logró un proceso de descolonización que desembocó en la independencia de las antiguas colonias de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique, así como de las islas de Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, el desarrollo económico y social recibió un fuerte impulso tras la entrada de Portugal en la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE) en el año 1985.

    Desde España la revolución portuguesa fue seguida con especial atención. Para el régimen franquista fue un tema inquietante que dinamitaba el caduco Pacto Ibérico firmado en 1942 entre ambas dictaduras por lo que el ministro Laureano López Rodó manifestó su temor de que la Revolución del 25 de abril derivase hacia “una situación frentepopulista o incluso marxista”, y por su parte, el general Franco, con una salud ya tan decrépita como su régimen, llegó no obstante a plantear la posibilidad de invadir Portugal. En cambio, para la oposición antifranquista española lo ocurrido en nuestro país hermano fue todo un rayo de esperanza.  De este modo, Enrique Tierno Galván ensalzó el papel desempeñado por el Movimiento de las Fuerzas Armadas portugués que, a diferencia de lo que ocurría en España donde el Ejército seguía siendo un firme puntal de la dictadura, en Portugal fue quien abrió el camino a la libertad y a la democracia, dignificado por el hecho de “haber devuelto el poder político a quien realmente los debe tener, es decir, al pueblo”.

   Si el poeta Luis de Camoens decía que “Portugal ha dado mundos al mundo”, lo cierto es que la Revolución del 25 de abril de 1974 dio al mundo un ejemplo de dignidad y democracia ya que, juntos, las fuerzas armadas y el pueblo al que se deben, acabaron con la dictadura Salazar-caetanista, la más larga y anacrónica del continente europeo. Por eso hoy, aniversario de la Revolución del 25 de abril, la Revolución de los Claveles, merece nuestro recuerdo y homenaje.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 25 abril 2020)

 

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25/04/2020 11:30 kyriathadassa Enlace permanente. Política internacional No hay comentarios. Comentar.

LA GOBERNANZA NECESARIA

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     La actual situación de pandemia global está propiciando profundos cambios en muchos aspectos de nuestra vida, valores y modelo social cuya magnitud se intuye, aunque todavía no sabemos a dónde nos va a conducir. En un reciente y brillante artículo de Cristina Monge titulado “Algunas encrucijadas que definirán la sociedad postcoronavirus”, tras reconocer que ya nada será como antes, planteaba que nos hallamos ante dos serios desafíos, el científico-sanitario, obvio, pero también el de las ideas, el cuestionamiento de nuestro modelo económico y social que nos ha abocado a la actual situación.

     Vivimos unos tiempos en que los Estados nacionales han sido desplazados por los grandes poderes económicos como actores determinantes de la política internacional. En esta intrincada selva en la que domina el neoliberalismo, en la que, como decía Zygmunt Bauman, esos conglomerados empresariales, de localización incierta, pero de actuación global y sin fronteras, escapan a cualquier control político y se sienten impunes dado que no deben dar cuenta de sus actuaciones ante ningún electorado, algo esto último, que resulta esencial en cualquier sociedad democrática. Al estar fuera de control, desbocados, voraces e insaciables, los grandes poderes económicos imponen sus reglas con arreglo a sus intereses, mueven los hilos de la deslocalización con el mismo descaro con que, por su afán de lucro desmedido, condicionan las decisiones de los Estados y gobiernos legítimos. Y es que, como señalaba Daniel Innerarity en su libro Política para perplejos (2018), los cambios producidos en el mundo contemporáneo afectan a la política de forma radical y todo parece indicar que se trata de cambios “irreversibles”, que no responden a una moda pasajera, sino que son estructurales, entre ellos, la globalización de la economía y la configuración de la sociedad del conocimiento.

     Se habla con frecuencia de “la crisis de la política” la cual, como apunta Innerarity, respondería a problemas tales como que la política “no hace aquello para lo que estaba prevista”; la existencia de una falta de adecuación ante problemas nuevos como es el caso de los efectos negativos de la globalización.  Es por todo ello que resulta imprescindible buscar un dique de contención, un modelo alternativo que pueda ejercer unas funciones similares al desbordado Estado-nación en una dimensión global, máxime en las circunstancias actuales en las cuales la pandemia producida por el Covid-19 ha demostrado lo anacrónicas que resultan las viejas fronteras nacionales. La triste realidad de los hechos nos ha puesto de manifiesto que, en nuestro mundo globalizado, las instituciones supranacionales han sido incapaces de actuar de forma coordinada, y que en el caso de la Unión Europea, las resistencias de algunos gobiernos están minando el ideal europeísta en aras a un nostálgico anhelo de volver a encerrarse tras las viejas fronteras nacionales. Y, sin embargo, ahora es cuando más necesario resulta el reivindicar el concepto de una “globalización inteligente” como decía Cristina Monge, de una “gobernanza global”.

     El concepto de “gobernanza” surge ante la necesidad de oponer una alternativa frente a la idea neoliberal de un modelo de Estado reducido a su mínima expresión, que ha desmantelado el sector público, y sin embargo tan necesario y vital como los hechos recientes han demostrado, una gobernanza que sea capaz de fijar los parámetros democráticos y de planificación económica que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Esa es la razón de ser actual de los conceptos de gobernanza, así como los de “Estado activador” y de “sociedad civil” como respuesta y contrapeso a la creciente desestabilización neoliberal.

     El nuevo concepto de “gobernanza” tiene tres ámbitos diferenciados. En primer lugar, desde una perspectiva política, hace referencia a las nuevas formas de gobernar tanto dentro como por encima de las limitadas fronteras del Estado-nación y ello supone, en palabras de Innerarity, “una transformación de la estabilidad en las democracias que se ve obligada a transitar desde las formas jerárquicas y soberanas hacia modalidades más cooperativas”. Desde el ámbito económico, la gobernanza plantea la necesidad de regulación de los mercados internacionales y, tras el postcoronavirus, con una economía en estado de shock, que exigirá una reestructuración de las políticas económicas y fiscales a nivel global, reclama la salvaguardia de lo público y de las políticas de protección social. En esta línea, como señalaba Joseph Stiglitz, “en un mundo en el que la política se confía a las representaciones cuantitativas, la lucha por el modo de medir se ha convertido ya en una tarea genuinamente democrática” y, por ello, planteaba, a la hora de calcular el PIB de las naciones, el incluir temas tales como las desigualdades sociales o las cuestiones medioambientales. Y, finalmente, desde un ámbito jurídico, la gobernanza ofrece una nueva perspectiva en cuestiones que van desde la reforma de las Administraciones públicas a la función del Derecho en un mundo globalizado.

    A modo de síntesis, el concepto de gobernanza, en sentido amplio, hace referencia, retomando las palabras de Innnerarity, a todo “un profundo cambio en la acción social y en las formas de gobierno de las sociedades contemporáneas, que deben resituarse en medio de un ámbito, no exento de tensiones, configurado por el Estado, el mercado y la sociedad, en un contexto marcado por la globalización y la interdependencia”. Por todo lo dicho, el concepto (y la necesidad práctica) de la gobernanza democrática supone hoy en día la posibilidad de salvar el poder político de la devastación económica y social generada por las políticas neoliberales y, al mismo tiempo, y no por ello menos importante, de transformar profundamente la sociedad para que el ciudadano, y no el negocio económico, vuelva a ser el eje de toda acción política digna de tal nombre. Por todo ello, ante la necesidad de encarar de forma global la devastadora pandemia que nos atenaza, con sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales que de ella se derivan, resulta preciso impulsar, cada vez más, el ideal de una gobernanza global regida por valores democráticos, de justicia social y de solidaridad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 6 abril 2020)

 

 

 

 

 

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06/04/2020 10:09 kyriathadassa Enlace permanente. Economía global No hay comentarios. Comentar.

LAS FOSAS DE LOS VENCIDOS, LAS FOSAS DE LOS VENCEDORES

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     El pasado día 3 de marzo tuvieron lugar en Calatayud los actos del Día de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como se contempla en la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón. Especialmente emotivo resultó el homenaje a las víctimas asesinadas por el franquismo en el Barranco de La Bartolina, en aquel árido paraje, regado con tanta sangre inocente, recuerdo permanente del dolor y de trágica memoria para muchas familias de la comarca de Calatayud.

     Evocando estos sucesos, rasga el alma el comprobar, en los taludes del barranco, las señales, todavía visibles, dejadas por las palas excavadoras que, en el año 1999, destrozaron la fosa existente al trasladar los restos de los cuatro centenares de víctimas allí asesinadas al cercano vertedero de basuras, hoy sellado, algo que desgarra nuestra conciencia por la forma tan infame y humillante con que se pretendió ocultar los crímenes allí cometidos.

     Contemplando lo que fue la fosa del Barranco de La Bartolina es inevitable pensar en el doloroso contraste existente entre el tratamiento dado por el régimen franquista a la memoria y a las fosas de los fallecidos en las filas rebeldes durante la Guerra de España de 1936-1939 y el absoluto olvido y desprecio para con las de sus adversarios, de los españoles que defendieron y fueron leales al gobierno legítimo de la Segunda República, los cuales, fueron olvidados, despreciados, humillados y destruidos, al igual que sus fosas, tal y como ocurrió en Calatayud, también en período democrático, por la insensibilidad de cierta corporación local. Y es que el franquismo no sólo perpetuó durante toda su existencia la división social entre “vencedores” y “vencidos” que sobrevivieron a la contienda con las consecuencias que son de todos conocidas, sino que esta división, tan brutal como injusta, también se hizo extensiva a la condición y el trato que recibieron los muertos, las fosas comunes, bien fueran de “sus caídos” o bien fueran de las que siempre, de forma despectiva, se calificaban como “de los rojos”.

    Frente a este olvido y desprecio, del cual es ejemplo patente el Barranco de La Bartolina, contrastan lo que sucedió con “las otras fosas”, las de los caídos en combate en el bando sublevado, así como las de los asesinados en zona republicana, pues todas ellas fueron objeto de una intensa atención conmemorativa por parte del franquismo desde el primer momento. Y es que, el culto a los “caídos” fue siempre un elemento simbólico esencial para el régimen franquista. Así lo hacía constar el juez Baltasar Garzón en las Diligencias previas al procedimiento abreviado 399/2006 V, de 16 de octubre de 2008 al señalar que, “un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos  y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y recuperación de las víctimas caídas en la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto a los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado”. Y así fue, pues una vez terminada la guerra, mientras la España de los vencedores, la España franquista, se lanzó a lo que se ha dado en llamar una “perpetua orgía necrofílica”, lo cual se explica por el incesante movimiento de colocación de lápidas y monumentos funerarios, cambios de denominación de las vías públicas para mantener siempre presente el recuerdo “a los caídos”, a los combatientes franquistas y a sus gestas, mientras que la otra media España, la España de los vencidos, fue obligada a callar negándole,  incluso, que pudiera expresar su duelo por tanto dolor y muerte arrastrados en silencio.

    Y en este contexto, es donde hay que situar el tratamiento especial que dio el franquismo a “sus fosas”, a la vez que ignoraba totalmente la existencia de las fosas con víctimas republicanas. Es por ello que resulta muy esclarecedora la lectura atenta de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de abril de 1940, firmada por Ramón Serrano Suñer, en la que se dispone “que por los Ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista” (BOE del 5 de abril). En dicha Orden, y a diferencia de lo sucedido con las fosas de víctimas republicanas, se puede leer la total prioridad que se concede a las fosas de los “caídos” del bando rebelde, las cuales llegan a recibir la consideración de “tierra sagrada” al señalarse que, “el homenaje debido a nuestros mártires exige que, hasta tanto puedan ser recogidos dichos restos en el Panteón de los Caídos [entiéndase, en la obra del Valle de los Caídos cuya construcción se acababa de iniciar] se adopten con carácter provisional las medidas que aseguren el respeto de los expresados lugares, convirtiéndolos en tierra sagrada, bajo el cuidado de los Ayuntamientos”.

    Quedaba clara la voluntad de las autoridades franquistas por proteger y respetar aquellos lugares en donde existieran fosas con víctimas del bando rebelde hasta el momento en que fueran exhumados los restos de “sus caídos”, todo lo contrario, al abandono y desprecio en que quedaron sumidas aquellas otras fosas con víctimas del bando leal a la República. En consecuencia, según dicha Orden, los Ayuntamientos debían de “acotar y cerrar esos lugares en el fin de evitar posibles profanaciones, y que reúnan las precisas garantías de seguridad aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de personas asesinadas por los rojos, que no han sido identificadas o reclamadas por sus familiares” (art. 1º). Además de esta protección por parte de las autoridades municipales para con estas fosas, la referida Orden solicitaba de las autoridades eclesiásticas la concesión, al lugar acotado donde éstas se hallaban ubicadas, del carácter de “tierra sagrada”, en la misma forma que si se tratase de un cementerio municipal (art. 2º). Por otra parte, en aquellos casos en que el número de cadáveres fuera reducido, la Orden de 4 de abril de 1940 mandaba a los Ayuntamientos su traslado a una parcela designada para este exclusivo efecto en el respectivo Cementerio Municipal, haciéndose constar dicho traslado (art. 3º). Para todas estas labores de exhumación, se permitía igualmente el acceso a los terrenos de las fosas, sin que los propietarios de los terrenos tuviesen ningún derecho a indemnización o reclamación (art. 4º), a la vez que se instaba a los Ayuntamientos a que diesen cuenta a los Gobernadores civiles “en el término de ocho días, de haber iniciado las obras” a las que se refería la presente Orden (art. 5º).

     Como conclusión de todo ello se deduce que los restos de los llamados “mártires de la Cruzada” estuvieron en todo momento localizados por las autoridades locales, provinciales y nacionales para su posterior exhumación, tanto si eran reclamados por sus familiares, o bien para un futuro traslado de estos restos al panteón del Valle de los Caídos, tal y como ocurrió en este último caso en los años previos a 1959, fecha en la que el general Franco, con motivo del 20º aniversario de “la Victoria”, inauguró el faraónico panteón sito en Cuelgamuros y que, a fecha de hoy, sigue siendo una ofensa permanente a la memoria de los vencidos.

    Tras la exhumación, todo fueron facilidades para las familias de los combatientes fallecidos que apoyaron el golpe militar y, de este modo, la Ley de 16 de marzo de 1939, firmada por Franco, en cuyo artículo único  facultaba a los Ayuntamientos “para dispensar o reducir las exacciones municipales  que gravan las inhumaciones, exhumaciones o traslado de cadáveres víctimas de la barbarie roja o muerta en el frente” (sic), cuyos enterramientos se hubieran realizado “en lugares inadecuados”, lo cual suponía para sus familias exenciones del arbitrio de pompas fúnebres y de las tarifas y ordenanzas de los cementerios municipales.

    Igualmente, algunos de los “mártires de la Cruzada” podían ser inhumados en edificios religiosos, tal y como ya se recogía en la Orden de 31 de octubre de 1938 sobre enterramientos templos y criptas (BOE de 3 de noviembre). Para ello, sólo se requería dirigir una petición de inhumación al Ministerio de la Gobernación justificando documentalmente haber cumplido las prescripciones sanitarias vigentes, así como haber hecho previamente un donativo económico a las autoridades eclesiásticas “para que se invirtieran en la reconstrucción de los templos devastados”. De este modo, se lograba un enterramiento digno para quienes eran considerados “buenos cristianos y españoles”, mientras que la caridad cristiana ignoraba, una vez más, los terrenos en donde yacían los restos miles de republicanos asesinados.

     Pasaron muchos años, interminables décadas de silencio y dolor sobre las fosas de los vencidos, pero, recuperada la democracia, la justicia reparadora va abriéndose camino, de forma lenta, pero firme. Así, junto a la incesante y meritoria labor de las asociaciones memorialistas, en la Ley 52/2007, conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, las fosas de víctimas republicanas fueron reconocidas como “de utilidad pública” (arts. 11 al 14). A partir de entonces, diversas asociaciones e instituciones realizaron labores de exhumación de las fosas republicanas dado que, según datos oficiales, a la altura del 2011, se tenía constancia de la existencia en España de, al menos, 1.203 fosas comunes con víctimas del franquismo. Igualmente, diversas comunidades autónomas legislaron sus propias normas en este ámbito de elemental justicia democrática y, de este modo, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, es un claro ejemplo y compromiso de ello.

   Todas estas reflexiones me producen el recuerdo del emotivo homenaje que tuvo lugar el pasado día 3 de marzo en el Barranco de La Bartolina, un lugar que, por razones de dignidad y de justicia reparadora, con arreglo a la citada Ley 14/2018, merece su consideración como Lugar de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como en su caso propuso ARICO y es voluntad del Gobierno de Aragón.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 15 marzo 2020)

 

 

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15/03/2020 15:44 kyriathadassa Enlace permanente. Memoria histórica No hay comentarios. Comentar.

AQUEL 25 DE FEBRERO

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      La ciudad de Amsterdam siempre ha sido un ejemplo de libertad y tolerancia. Es por ello que, cuando en 1579 las entonces llamadas Provincias Unidas de los Países Bajos, esto es, la actual Holanda, lograron la independencia del dominio español, frente a la intolerancia religiosa imperante en tantos lugares, al quedar liberados del asfixiante dominio de la Inquisición, la nueva nación neerlandesa declaró que nadie sería allí perseguido por sus creencias religiosas.  Es por ello que allí encontraron refugio desde finales del s. XVI numerosos judíos sefardíes procedentes de España y de Portugal, comunidad cuyos fundadores fueron Jacob Israel Belmonte, Samuel Pallache o Jacob Tirado, contando entre sus miembros a prestigiosos médicos como David Nieto o Josef Bueno, así como con filósofos de la talla de Baruc Spinoza. Más tarde, durante la segunda mitad del s. XVII llegaron a Amsterdam grupos de judíos askenazíes huyendo de las persecuciones de que eran objeto en Polonia, Lituania y Ucrania. Tal es así que, como señalaba el historiador Cecil Roth, Amsterdam, la Venecia del Norte, pasó a ser conocida, también como “la Jerusalem holandesa” y, por ello, fue muy importante para la ciudad la aportación económica judía, la cual que favoreció la expansión comercial del imperio holandés, así como su desarrollo cultural. Por todo ello, aludían a Amsterdam como “mokum”, que en lengua yiddish quiere decir “lugar seguro”, una ciudad donde fueron acogidos, se integraron plenamente y prosperaron durante varios siglos.

      Pero todo cambió con el auge del totalitarismo nazi. Durante la II Guerra Mundial, el 10 de mayo de 1940 las tropas hitlerianas invadieron Holanda y, tras el brutal bombardeo de Rotterdam, el país capituló ante Alemania, que quedó sometido bajo las fuerzas de ocupación y la autoridad del Reichskommissar Arthur Seyss-Inquiart. Durante esta negra etapa de la historia, Holanda y, por supuesto, dejó de ser mokum, el lugar seguro para los 140.000 judíos residentes en el país. Bien pronto, en junio de 1940, los nazis empezaron a aplicar las primeras medidas antijudías y resulta destacable que, desde el primer momento, la población civil holandesa, se opuso a ellas a la vez que se solidarizaba con sus vecinos y amigos judíos con los que habían convivido desde siempre. Así, en noviembre de 1940, miles de estudiantes de la Universidad de Leiden y del Instituto Politécnico de Delf, protestaron por la destitución de todos los docentes judíos. A partir de finales de 1940 y principios de 1941 se incrementaron las medidas antisemitas de las autoridades nazis y de los colaboracionistas holandeses de Anton Mosset, cuyas milicias provocaban constantes altercados en el barrio judío (Jodenbuurt) destrozando comercios y maltratando a sus habitantes. En una ocasión, el 11 de febrero, los nazis holandeses se enfrentaron a un grupo de jóvenes judíos que salían de un gimnasio, desconociendo que éstos eran boxeadores y, en la pelea murió uno de los atacantes. La reacción de las autoridades hitlerianas no se hizo esperar: al día siguiente, el barrio judío quedó cerrado con alambradas y barreras y unos días después, el 22 y 23 de febrero, 427 jóvenes judíos fueron deportados a Buchenwald y Mauthausen donde morirían.

    Esta situación, los constantes ataques sufridos por los judíos en Amsterdam provocaron una gran indignación y el 25 de febrero estalla una huelga general: se produjo una paralización total de todos los transportes públicos y de otros servicios, de los astilleros, estibadores e industrias del acero, de las oficinas y muchos estudiantes de unieron a las movilizaciones dejando de ir a clase, lo que suponía un rechazo masivo a la ocupación nazi y al antisemitismo. La huelga se extendió rápidamente de forma espontánea y solidaria por otras ciudades holandesas como Haarlem o Utrech, teniendo un seguimiento masivo.

      Las autoridades alemanas estaban sorprendidas porque nunca se habían tenido que enfrentar a una huelga general como protesta por la aplicación de sus medidas antisemitas. Tras dos días de protestas, la reacción de las fuerzas nazis fue brutal: los huelguistas fueron obligados a volver al trabajo y varios centenares de ellos serían arrestados, condenados a largas penas de prisión y algunos de ellos fusilados.

      Es igualmente reseñable que las Iglesias católicas y reformadas holandesas alzaron su voz en protesta por el genocidio judío, lo cual desató la represión de los nazis contra éstas y, en particular, sobre todos los católicos de origen judío como fue el caso de Edith Stein, monja de origen judío convertida al catolicismo con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, que compartió el fatal destino de su pueblo en las cámaras de gas de Auschwitz.

      La huelga del 25 de febrero ha quedado marcada, para siempre, en la conciencia cívica y democrática de los holandeses, pues se ha convertido en una de las acciones de resistencia masiva en la lucha contra el nazismo y el antisemitismo. Cada año se conmemora el 25 de febrero ante el monumento al Dokwerker (el obrero estibador), ejemplo de la resistencia antinazi, como una forma de recordar que es esencial la defensa de la libertad y de los derechos humanos, especialmente en los momentos en que éstos resultan amenazados por la intolerancia y el fascismo.

     La huelga del 25 de febrero de 1941 no impidió el genocidio de la comunidad judía holandesa, víctima de las deportaciones masivas producidas a partir de 1942 con destino a los campos de la muerte, dado que las ¾ partes sería exterminada pues más de 104.000 de los mismos murieron durante la ocupación o fueron deportados a Auschwitz y Sobibor de donde nunca volvieron.

    Recorriendo Amsterdam, tan llena de vida, tolerancia y diversidad, visitando la sinagoga portuguesa-israelita, lo que fue el Jodenbuurt, o la emotiva visita a la casa de Ana Frank en Prinsengracht, 263, evoco aquel 25 de febrero, todo un ejemplo de dignidad cívica cuya memoria merece ser conocida y recordada.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 25 febrero 2020)

 

 

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25/02/2020 07:22 kyriathadassa Enlace permanente. Memoria histórica No hay comentarios. Comentar.

SEGURIDAD HUMANA

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      En un mundo cada vez más globalizado, sometido a tensiones multipolares, a crisis de modelos sociales y políticos, obsesionado por amenazas reales o imaginarias, desde el terrorismo al riesgo de colapso medioambiental, se ha ido abriendo paso una tan importante como creciente preocupación por el concepto de “seguridad humana”. Este nuevo valor a reivindicar apareció como consecuencia de las transformaciones que se produjeron en el ámbito de la llamada “seguridad global” durante la última década del pasado siglo: fue en concreto el economista paquistaní Mahbub Ul Haq uno de los responsables de que el nuevo concepto de “seguridad humana” lograra relevancia internacional como consecuencia de su aparición en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El citado Informe es un rotundo alegato y compromiso a favor del Desarrollo Humano Sostenible ya que, de entrada, afirma que: “ninguna Nación del planeta podrá alcanzar ninguno de sus objetivos principales: ni la paz, ni la convivencia democrática, ni la protección del medio ambiente, ni la vigencia de los derechos humanos, ni la reducción de las tasas de fecundidad, ni la integración social, si no es en un marco de desarrollo humano sostenible que priorice la seguridad de todos los habitantes del planeta”. En consecuencia, todos estos objetivos esenciales quedaban supeditados a la elaboración de un nuevo sistema de organización social mundial que priorice el desarrollo de las personas, esto es, la seguridad humana, pues “el verdadero fundamento del desarrollo humano es el reconocimiento de las reivindicaciones vitales de todos”.

      En consecuencia, la idea esencial es pasar de priorizar la seguridad de los Estados, la “seguridad nacional”, a la seguridad de las personas, a la “seguridad humana” y, de este modo, esta aspiración “equipara la seguridad con las personas en lugar de con los territorios, con el desarrollo en lugar de con la potencia militar” y, por ello, la seguridad humana ya no es un concepto defensivo, como le ocurre a la seguridad territorial o militar, sino que es un valor integrador, que reconoce con carácter universal la prioridad de las personas, de sus valores, dignidad y derechos que le son implícitos. Por ello resulta una necesidad ética realizar la transición del viejo concepto de seguridad nacional al más amplio de seguridad humana, el cual según recoge el Informe de Desarrollo Humano de 1994 tiene cuatro características: es una preocupación universal, independientemente del grado de desarrollo de cada país; los componentes que la condicionan son interdependientes, pues superan las fronteras nacionales, como es el caso del tráfico de drogas, el terrorismo, los desastres medioambientales o la inmigración; es más eficaz para la seguridad humana la acción preventiva temprana que la intervención posterior ante un desastre y, por último, la seguridad humana, a diferencia del concepto tradicional de seguridad, se centra en la persona y por eso incluye condiciones de vida y la protección de las oportunidades de la persona para elegir libremente sus condiciones de desarrollo.

      Es por todo ello que el PNUD de 1994 citado anteriormente acordó la creación de un Fondo Mundial de Seguridad Humana con el que hacer frente a las variables que afectan a nivel global a la seguridad humana tales como las consecuencias del hambre, las epidemias, los desastres ambientales, la violencia étnica o religiosa, las corrientes de refugiados, el tráfico de drogas, el terrorismo internacional o la proliferación nuclear. Y, por todo ello, la seguridad humana es una parte del desarrollo humano pues, como señalaba Kofi Annan, “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo sin no se respetan los derechos humanos”. Es natural, pues, que para el PNUD (1994) resulte fundamental que el concepto de seguridad evolucione de manera urgente en dos sentidos: pasar de la visión exclusiva de la seguridad territorial al de seguridad de la población y, también, pasar de la seguridad mediante armamentos, a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible, entendiendo por tal el derecho humano inalienable en virtud del cual todas las personas  y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizar plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del mismo. Sólo así se podrán garantizar plenamente todos los elementos que conforman la seguridad humanas, cual son: la seguridad económica, demandando la implantación de ingresos básicos; la seguridad alimentaria, para hacer accesible la disponibilidad de alimentos y recursos a los que toda la población pueda acceder; la seguridad en salud, mediante una cobertura adecuada del sistema sanitario; la seguridad medioambiental, garantizando el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible; la seguridad personal, esto es, la ausencia de violencia física o la seguridad política, que respete  los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

    De todos modos, la seguridad humana es, todavía, según Karlos Armiño, un concepto impreciso, dado que todavía está madurando y en evolución por lo que existen distintos enfoques que la delimitan: así, mientras la escuela japonesa tiene un “enfoque amplio de la seguridad”, concebida como libertad respecto a la miseria, la escuela canadiense, que tiene un “enfoque más restringido”, la entiende como libertad para vivir sin miedo. No obstante, en el panorama actual, la seguridad humana no ha conseguido desplazar, aún, a la seguridad del Estado ya que, lamentablemente, los temas relacionados con desarrollo humano no están al mismo nivel ni se consideran tan prioritarios como los que afectan a la clásico concepto de seguridad nacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 febrero 2020)

 

 

 

 

 

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20/02/2020 13:57 kyriathadassa Enlace permanente. Derechos civiles No hay comentarios. Comentar.

AUSCHWITZ EN LA MEMORIA

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     El 27 de enero de 1945, hace hoy 75 años, el ejército soviético liberó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, exponente máximo de la barbarie criminal nazi, lugar donde fueron asesinadas en torno a 1.100.000 personas. El recuerdo de lo que supuso la tragedia sufrida en Auschwitz hizo que, tras el final de la II Guerra Mundial se establecieran unas nociones claves en torno a la memoria tales como el concepto mismo de memoria, la noción de víctima, el desarrollo de los derechos humanos, la cuestión de la culpabilidad alemana, la dimensión legal del recuerdo, el impulso de la idea de la justicia reparadora ante los crímenes contra la humanidad, entre ellos los genocidios, así como el inicio de la aplicación de la Justicia Penal Universal.

    Para recordar y educar a las nuevas generaciones sobre lo que supuso el Holocausto, la Shoah en hebreo, la ONU instauró en el año 2005 que el 27 de enero fuera declarado como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, como un llamamiento al “deber de memoria”, asumiendo así el sagrado compromiso de recordar aquella inmensa tragedia, como una reflexión de lo que supuso aquel pasado trágico y, también, como una lección permanente para el futuro de toda sociedad que pretenda regirse por los valores de la democracia, la tolerancia y el respeto a la diversidad de las personas que la conforman.

     En este deber de memoria resulta fundamental hacer frente a cualquier tipo de negacionismo, esa hidra venenosa de indisimuladas simpatías neofascistas que, frente a las aplastantes evidencias históricas, pretende minimizar, negar e incluso justificar el Holocausto, máxime en unos momentos en que el auge de la extrema derecha está convirtiéndose en una seria amenaza para nuestros valores y convivencia democrática, aupada por su perversa manipulación de temas tales como la migración o la xenofobia. Y es que, las sociedades democráticas debemos defendernos, desde la legalidad, contra la expansión de este tipo de actitudes indeseables y ello exige hacerles frente en todos los terrenos, la justicia y la educación incluidas.

     En materia legislativa, la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y en concreto de su artículo 607.2, aunque penaliza la incitación al genocidio, ha despenalizado la negación del mismo como consecuencia de la sentencia del 235/2007 del Tribunal Constitucional, lo cual, ciertamente, resulta un grave retroceso en estos tiempos de resurgir de los fascismos. De hecho, dicha sentencia, en opinión del magistrado del Tribunal Constitucional Pascual Sala, que en su momento emitió un voto particular, se fundamenta en la creencia errónea de que puede existir una negación “aséptica” del Holocausto, cuando la realidad demuestra que quien lo niega, continuará justificándolo o haciendo apología del mismo. Y es que, este negacionismo no es nunca un ejercicio académico fundado en la libertad de investigación histórica y expresión, es habitualmente un instrumento que sirve al fascismo y al antisemitismo puesto que quienes propagan la patraña de que el Holocausto no fue lo que dicen los historiadores y determinados tribunales, persiguen un propósito político y tienen una intención puramente racista que nada tiene que ver con las libertades públicas. Y es por ello que el negacionismo no debe ampararse en la libertad de expresión puesto que, como señala Alejandro Martínez Rodríguez, “hay interpretaciones de la historia que no se limitan a proponer otro punto de vista sobre los acontecimientos, sino que inciden en un ejercicio de olvido, son proyectos de negación y no sencillas relecturas subjetivas del pasado”. Y ello vale para analizar objetivamente todo tipo de genocidios, desde el sufrido por el pueblo armenio en 1915, el de los españoles leales a la República durante la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, o la dramática situación del pueblo palestino en la actualidad.

     La mejor forma de combatir el negacionismo es contar la verdad y, para ello, el papel de la educación resulta fundamental. En este sentido, tanto la Unión Europea, como la OSCE o la ONU insisten en la necesidad de realizar programas de educación sobre el Holocausto “para transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de combatir el odio y la intolerancia en todas sus formas” ya que no hay que trivializar el crecimiento de la xenofobia y el racismo en detalles tales como la encuesta elaborada en un ya lejano año 2008 por el Movimiento contra la Intolerancia según la cual el 15% de los adolescentes “echaría a los judíos de España”… aunque nunca hayan visto o conocido a ninguno, por puro prejuicio, o como las recientes postales navideñas enviadas por Vox Cádiz en las que ya no aparecía el rey (negro) Baltasar y todo ello nos recuerda, una vez más,  la necesidad de establecer una asignatura de Educación para la Ciudadanía en nuestro sistema educativo como eficaz dique contra estos prejuicios y actitudes.

     Por todo lo dicho, el Papa Juan Pablo II, natural de Polonia en donde tuvieron lugar los crímenes de Auschwitz, recordando estos hechos dijo: “Nadie puede pasar de largo ante la tragedia de la Shoah, aquel intento de acabar programadamente con todo pueblo se extiende como una sombra sobre Europa y el mundo entero; es un crimen que mancha para siempre la historia de la humanidad. Que sirva de advertencia para nuestros días y para el futuro: no hay que ceder ante las ideologías que justifican la posibilidad de pisotear la dignidad humana, basándose en la diversidad de raza, del color de la piel, de lengua o de religión”.  Todo un reto en estos tiempos convulsos pues, recordando a Marlene Dietrich cuando le preguntaron por qué era antifascista, ella declaró “simplemente, por decencia”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 enero 2020

 

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27/01/2020 07:22 kyriathadassa Enlace permanente. Memoria histórica No hay comentarios. Comentar.

CON TODOS LOS CAÑONES ARTILLADOS

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     Con esta gráfica expresión se refería con acierto Iñaki Gabilondo a la actitud del navío en el que se ha embarcado la triple derecha del PP, Ciudadanos y Vox de confrontación total con el nuevo gobierno de coalición progresista formado por el PSOE y Unidas Podemos. Así quedó patente en las agrias sesiones del debate de investidura de Pedro Sánchez y esa crispación, puesta de manifiesto por la beligerante artillería derechista, la misma que se considera defensora de las esencias del nacionalismo español, está dirigiendo a éste a una peligrosa involución, ofreciendo así su peor rostro, el de una intolerancia plagada de actitudes dudosamente democráticas. Y es que, el siempre complejo y espinoso tema del nacionalismo español, tan desacreditado por el perverso uso que del mismo hizo la dictadura franquista es también, ahora, una cuestión que genera una amplia polémica por su uso (y abuso) del cual hace una derecha cada vez más conservadora en lo político, retrógrada en lo social y recentralizadora en lo referente al modelo territorial autonómico vigente.

     Es cierto que, tras la muerte del general Franco y el inicio de la Transición, la derecha fue reformulando su concepto de España.  Eran unos momentos en los que la nueva derecha posfranquista quería reivindicar un nuevo nacionalismo español puesto que, como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), tenía una sensación de “pérdida de la identidad nacional”, como consecuencia al miedo a la gradual integración en la actual Unión Europea, unido a un creciente temor a los efectos de la inmigración, así como al aumento de las “identidades alternativas en la periferia”, a los nacionalismos de Euskadi y Cataluña, de sobrada trayectoria democrática y antifranquista.

     Para mejor desvincularse del legado franquista, la derecha trató de construir una nueva legitimidad histórica enraizada con los modelos conservadores y, de este modo, como indicaban los autores citados, dar “continuidad con el liberalismo español de finales del s. XIX y principios del XX”, reivindicando de éste modo, de forma especial, la figura y el legado político de Antonio Cánovas del Castillo, político conservador que, pese a sus déficits democráticos (siempre se opuso a la implantación del sufragio universal, por ejemplo), ofrecía como modelo “un sistema bipartidista estable capaz de oponer resistencia a las demandas desintegradoras” de los nacionalismos subestatales a los cuales, por otra parte, se consideraba que se habían hecho excesivas concesiones desde la Transición, a pesar de que reiteradamente se buscó el apoyo parlamentario del PNV y de la antigua CiU en aquellos tiempos en los cuales el políglota Aznar hablaba catalán en la intimidad.

     En esta línea de redefinición ideológica de loa derecha democrática, en su obsesión por demostrar unas credenciales no manchadas por la huella del franquismo, asumió, también, el legado del Regeneracionismo, del pensamiento de Joaquín Costa, de Unamuno o de Ortega y Gasset, e incluso José María Aznar llegó a reivindicar la figura de Manuel Azaña (obviando su republicanismo) tanto en cuanto éste aspiró al establecimiento de una sociedad plenamente democrática (aunque Aznar obvia su republicanismo) y su esfuerzo por fomentar “la cohesión nacional entre los españoles”. De este modo, Aznar no sólo intentaba emparentar a los conservadores con la idea de progreso, sino que indirectamente trataba de desligar al PP de sus vínculos con el franquismo.

    Tras el logro de la mayoría absoluta por el PP liderado por Aznar en las elecciones del año 2000, fue el momento que marcaría el inicio para la derecha de la recuperación del concepto de España como nación democrática, un concepto que consideraban que prácticamente había desaparecido “como resultado de los esfuerzos combinados del franquismo, por un lado, y los nacionalismos periféricos, por otro”. Así, en el Congreso del PP de 2002 se aprobó el documento titulado El Patriotismo constitucional del s. XXI, redactado por Josep Piqué y María San Gil, un catalán y una vasca con una visión más abierta de la idea de España, en el cual se rechazaba la tentación de los sectores españolistas más tradicionales del partido de reeditar el viejo nacionalismo español. De este modo, el documento citado ofrecía un nuevo concepto de España articulado en torno a la defensa de la Constitución de 1978, la libertad, la pluralidad y la responsabilidad cívica, acercándose de éste modo a los postulados defendidos por estas mismas fechas por el PSOE en la línea del patriotismo constitucional de Jürgen Habermas. No nos debe de extrañar que esta redefinición del patriotismo de derechas sentase mal a los sectores más conservadores del PP, razón por la cual fue criticado por intelectuales afines como González Quirós, mientras que Edurne Uriarte lo consideraba “demasiado habermasiano”.

     Pese a lo dicho, el PP, en vez de girar al centro, pretende frenar a los nacionalismos periféricos, sacralizando la Constitución de 1978 y defendiendo una España unida frente a las crecientes demandas federales y confederales. Además, el nacionalismo conservador siempre se ha reafirmado, históricamente, frente al “otro” extranjero, bien fuera éste “el moro”, “el francés” o “la Rusia soviética”, conceptos éstos que en democracia no son políticamente correctos...excepto para la extrema derecha, razón por la cual han sido en la actualidad retomados con pasión por la impetuosa irrupción de Vox, nítida imagen política de los peores vicios del nacionalismo reaccionario.

    En la actualidad asistimos a una fragmentación política del nacionalismo conservador español que hasta hace bien poco se cobijaba en su práctica totalidad en las filas del PP y que hoy lo hacen, también, en las posturas tan preocupantes como involucionistas de Vox o en la errática volatilidad ideológica de Ciudadanos, unos momentos en que el nacionalismo español, en su triple versión política, ofrece una imagen de retorno a su cerril centralismo tradicional y una intensificación de la hostilidad hacia los nacionalismos periféricos, lo cual supone una seria involución propiciada por las consecuencias del conflicto catalán como telón de fondo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 enero 2020)

 

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15/01/2020 07:19 kyriathadassa Enlace permanente. Política-España No hay comentarios. Comentar.

ANSIEDAD COLECTIVA

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    Vivimos en un mundo convulso y nuestra sociedad es reflejo de ello, como nos recordaba recientemente Daniel Innerarity en su libro Política para perplejos (2018), en el cual alude a esa “ansiedad colectiva” consecuencia de un mundo que se intuye cada vez más incierto e inseguro. Esta ansiedad tiene un fuerte impacto en nuestras vidas y en nuestras sociedades tanto en cuanto, como señala dicho autor, “desmonta los sueños e ilusiones por un futuro mejor”, y se halla motivada por diversos factores tales como las condiciones laborales cada vez más inciertas y precarias, el desconcierto que producen los cambios causados por la globalización o las dificultades para distinguir entre información veraz y rumorología.

     A todos los temas anteriores habría que añadir la amenaza del terrorismo y sus zarpazos, tan imprevisibles como desgarradores, en un ámbito de actuación que no tiene fronteras. Es por ello que resulta especialmente clarificador el impacto causado por el fenómeno terrorista y la gestión preventiva que se pueda hacer del mismo. Tal es así que este genera, inevitablemente, desconfianza y temor, lo cual nos sumerge en una peligrosa espiral ya que, “la vigilancia incrementa la sospecha y, a su vez, la sospecha impulsa a aumentar la vigilancia”. Es entonces cuando se corre el riesgo de caer en una sospecha generalizada y ello comporta toda una serie de efectos negativos ya que, “borra la diferencia entre la racionalidad y pánico, entre anticipación razonable y ansiedad fuera de control”. Y así las cosas, es cuando debe prevalecer la serenidad pues, como señala Innerarity, ésta “es lo más revolucionario  ante este círculo infernal” de desconfianzas, bien sean estas motivadas por parte de los gobernantes o por la ciudadanía, algo que se debería tener siempre muy presente a la hora de afrontar los efectos de las acciones terroristas, dejando siempre de lado actitudes viscerales y pasionales carentes de la serenidad necesaria para hacerles frente: en este sentido, nos viene inevitablemente a la memoria lo sucedido tras los atentados del 11 de marzo de 2004 y su nefasta gestión por parte del Gobierno de José María Aznar.

   Y es que, ciertamente, vivimos en “sociedades exasperadas”, en las que se multiplican “los movimientos de rechazo, rabia o miedo” como lo evidencian la creciente aversión hacia la clase política, con frecuencia tan arrogante como distante de los problemas reales de la ciudadanía.

     A esta situación añadimos que asistimos, impotentes, a todo un profundo y radical cambio de nuestras formas de vida lo cual hace que reaccionemos con irritación ante ellas, de formas diversas y a la vez antagónicas, bien apoyando los movimientos de los indignados, o lo que es más peligroso, alentando el auge de las ideas y grupos afines a la extrema derecha.

    Así las cosas, el malestar se extiende y se magnifica tanto por los medios de comunicación como por las redes sociales, y la percepción que de ello se deriva nos confirma la idea de que vivimos en una “sociedad irascible”. Ante esta evidencia, Innerarity no considera este hecho como un factor negativo puesto que reivindica “la grandeza de la cólera política”, de esa “voluntad de rechazar lo inaceptable y su insaciable exigencia de justicia, contra la falta de atención que la sociedad de los dominantes presta a los perjudicados”. Pero, acto seguido nos advierte de que no todas las indignaciones son iguales, dado que hay variedad de iras colectivas, desde las que son negativas tanto en cuanto enarbolan las negras banderas de la homofobia o el racismo, hasta otras que defienden los ideales de la lucha contra las desigualdades y la justicia social. Por ello, Innerarity advierte: “Hay que distinguir en todo momento entre la indignación frente a la injusticia y las cóleras reactivas que se interesan en designar a los culpables mientras fallan estrepitosamente cuando se trata de construir una responsabilidad colectiva”. En este cúmulo de indignaciones, más interesadas en denunciar que en construir, es cuando se plantea el problema de “cómo conseguir que la indignación no se reduzca a una agitación improductiva y de lugar a transformaciones efectivas de nuestras sociedades”,  Estas reflexiones nos traen a la memoria el entusiasmo por la aparición del Movimiento 15-M y posteriormente de Podemos, pone sobre la mesa una cuestión que da sentido a esta nueva forma de entender la política y la necesidad de “convertir esa amalgama plural de irritaciones en proyectos transformadores reales” para así “dar cauce y coherencia a esas expresiones de rabia” y, por último, “configurar un espacio público de calidad donde todo ello se discuta, pondere y sintetice”, un proyecto político que, como los hechos posteriores han demostrado, no he respondido plenamente a las expectativas que suscitó en su origen, además de por errores propios, también por la implacable actitud hostil de los partidos nostálgicos del viejo bipartidismo.

     Estamos en una fase de nuestra historia en la que parece que todas las certezas en que creíamos o confiábamos se han desvanecido, en que tenemos la sensación de que en política cualquier cosa puede suceder, “que lo improbable y lo previsible ya no lo son tanto”: y si no, quién nos iba a decir hace un tiempo que el Brexit iba a triunfar en el Reino Unido, que un personaje como Donald Trump iba a llegar a la Casa Blanca o que el auge creciente de la ultraderecha iba a amenazar la línea de flotación  de nuestras sociedades y valores democráticos. Por ello, Innerarity concluye, a modo de reto, con una potente reflexión: “Necesitamos urgentemente nuevos conceptos para entender las transformaciones de la democracia contemporánea y no sucumbir en medio de la incertidumbre que provoca su desarrollo imprevisible”. Tal vez así, la ansiedad que nos ahoga y la indignación que ello nos causa tenga un efecto positivo para nosotros como ciudadanos y para la sociedad que ansiamos transformar en sentido progresista y regida por los valores de la justicia social.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 diciembre 2019)

 

 

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23/12/2019 17:40 kyriathadassa Enlace permanente. Política internacional No hay comentarios. Comentar.

DESPLUMAR EL POLLO

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     Resulta significativo que el Informe Anual de Human Rights Watch (HRW) de 2017, que llevaba el título de «El peligroso ascenso del Populismo», ya advertía de los embates que están sufriendo diversos países democráticos por parte de movimientos y partidos marcadamente antiliberales, algunos de los cuales no ocultan sus afinidades con el fascismo, un grave problema que, lejos de decaer, se ha ido agudizando en la actualidad.

     Mussolini, con su habitual bravuconería verbal, decía que, para acumular poder, que es el primer paso para la fascistización de una sociedad, “lo mejor es hacerlo como quien despluma un pollo, pluma por pluma, de manera que cada uno de los graznidos se perciba aislado respecto de los demás y el proceso entero sea tan silencioso como sea posible”. Hoy en día, siguiendo el consejo mussoliniano, determinados partidos pretender el desplume de la democracia, pluma por pluma, para de este modo hacer retroceder el reloj de la historia y arrebatarnos derechos que creíamos consolidados. De este modo, el pollo empieza a ser desplumado cuando algunos gobiernos silencian medios de comunicación, ilegalizan partidos políticos, despojan a una minoría o colectivo social de sus derechos, cuando se desmantelan servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, cuando se cuestiona la viabilidad del sistema de pensiones como forma de solidaridad intergeneracional, cuando se reducen los derechos laborales, cuando se concede un poder arbitrario y sin control a las fuerzas del orden o cuando, como ocurre en determinados países europeos, también en España, la derecha democrática se escora hacia la ultraderecha, de la cual necesita sus votos y su apoyo y actúa mediatizada por los desplumadores neofascistas,  cuyo mensaje pretenden blanquear, socavando así los valores democráticos y constitucionales.

     No hay que olvidar que el camino que se inicia con medidas autoritarias y que en última instancia desemboca en el fascismo, es gradual, pluma a pluma, pero el objetivo final sigue siendo el mismo: dinamitar la democracia. Por eso, como recordaba acertadamente Madeleine Albright en su interesante y revelador libro Fascismo. Una advertencia (2018), el fascismo suele avanzar en nuestras sociedades “paso a paso en lugar de dar saltos gigantescos”. Y a este desplume, al cual también pretenden dedicarse los “cruzados” de Vox, se suman actitudes tales como el descrédito de la democracia y de los políticos como servidores públicos, el fomento del odio y la división social desde ideas intolerantes, o lo que Albright califica como “la apelación a la grandeza de la nación por parte de personas que sólo parecen tener un sentido retorcido de lo que esto significa”, esto es, la demagógica exaltación visceral de los nacionalismos excluyentes, sean éstos del signo que sean. De este modo, cada paso que da el fascismo en nuestras democracias, cada pluma arrancada, no sólo provoca daños a las personas y a la sociedad en su conjunto, sino que prepara la continuación del desplume. Además, hemos de ser conscientes de que estas medidas antidemocráticas son bien recibidas por una parte de la población en un porcentaje variable según los países y, ahí está, por ejemplo, las insolidarias actitudes de rechazo a la inmigración, tan demagógicamente instrumentalizadas por los partidos xenófobos, lo cual explica el auge electoral de éstos, tal y como ha ocurrido con Alternativa por Alemania (AfD), que la ha convertido en el tercer partido en número de escaños del Reichtag.

     Ejemplos de desplumadores de pollos tenemos varios y los más preocupantes son aquellos que detentan el poder político y que están llevando a sus países a una involución de difícil retorno. Todos ellos, emplean tácticas de desplume comunes, entre ellas, la reforma de sus respectivas constituciones para reforzar y ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo, siempre en detrimento del Poder Legislativo; intentar interferir, cuando no controlar abiertamente, al Poder Judicial mediante el nombramiento de jueces afines; neutralizar los medios de comunicación que les son contrarios, o reformular los planes de estudios introduciendo contenidos ultranacionalistas y excluyentes. Ahí está el caso de Recep Tayip Erdogan, embarcado en un proceso de islamización gradual de Turquía, el cual está socavando los cimientos laicos y democráticos de la República instaurada por Kemal Attaturk. Por lo que al interior de la Unión Europea (UE) respecta, resulta paradigmático el caso de Viktor Orbán en Hungría, “un nacionalista xenófobo y antidemocrático con una cruel política antirrefugiados” como lo define Carol Giacomo y, aunque tal vez se exagerado calificarlo de fascista, lo cierto es que su antieuropeísmo y su radical ultranacionalismo, al igual que ocurre con Fidesz, su partido, hacen que difícilmente resulte homologable con actitudes y posiciones de la derecha democrática. Y algo similar podemos decir de las políticas llevadas a cabo en su momento por Matteo Salvini en Italia o de la involución que está sufriendo Polonia desde que en 2015 ganó las elecciones el Partido Ley y Justicia (PiS).

     Ante semejante panorama, el citado libro de Madeleine Albright nos advierte de que “se está creando un público para los demagogos, que saben unir a los humillados y ofendidos para que viertan su cólera sobre los demás” y ello, ciertamente, resulta una grave amenaza para los valores y las instituciones democráticas.

 

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 6 diciembre 2019)

 

 

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10/12/2019 10:21 kyriathadassa Enlace permanente. Política internacional No hay comentarios. Comentar.

EL VALOR DE TERUEL EXISTE

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     Mucho se ha hablado y escrito en estos últimos días sobre el aldabonazo que ha supuesto la exitosa irrupción electoral de Teruel Existe en el mapa político tras las pasadas elecciones del 10 de noviembre al logar un diputado y dos senadores, convirtiéndose así en el partido más votado en la provincia. Este hecho ha suscitado toda clase de comentarios y, también, de aceradas críticas, en mi opinión injustas, surgidas desde aquellos partidos que se han sentido perjudicados por la competencia electoral de Teruel Existe, esos partidos y esos dirigentes políticos que creían patrimonializar en beneficio propio unos escaños que, no lo olvidemos, han de ganarse (o revalidarse) en cada elección con arreglo a la coherencia de sus propuestas o la eficacia de la gestión de gobierno realizada.

      Estas críticas no han entendido en toda su dimensión el hartazgo de buena parte de la ciudadanía turolense ante la frustración generada por la escasa atención que han recibido por parte de los sucesivos gobiernos de España, bien fueran éstos del PP o del PSOE, ante unas justas demandas ansiadas durante tantos años. No han comprendido que Teruel Existe ha recogido ese hartazgo, esa frustración por las promesas incumplidas, captando así un voto transversal que, procedentes de diversas tendencias ideológicas, lo ha convertido en el voto de la ilusión y la esperanza de unas tierras que, frente a toda adversidad, luchan por un futuro digno.

    En consecuencia, aunque la participación en nuestro sistema democrático se canaliza a través de los partidos políticos, en esta ocasión era un deber moral, un elemento regenerador, el que diese el salto a la política una candidatura novedosa como la presentada por la Plataforma Ciudadana Teruel Existe: aunque los partidos tradicionales lo han visto como un rival que les disputaba votos, otros lo hemos visto como una opción noble y sincera en defensa de los intereses de nuestra provincia, sin ninguna ambición personal que la desvirtuase. Por ello, el éxito de Teruel Existe no es fruto de un victimismo provinciano, de un catastrofismo plañidero que a nada conduce, sino la respuesta activa ante la desidia de los gobernantes hacia una provincia que, aunque cada vez más vaciada de población, con escaso peso político y muy pocos escaños a disputar, merece una atención urgente, un impulso a sus infraestructuras (ahí está el tema de la A-68, la A-40 o el trazado ferroviario) que le den esperanzas de futuro y que ponga fin a tantos agravios y promesas incumplidas.

     Si hacemos un poco de historia veremos que las demandas actuales de Teruel Existe nos traen a la memoria los que supuso el movimiento regeneracionista de finales del s. XIX, y es que más de un siglo más tarde, muchos de los problemas y demandas de entonces siguen estando, todavía, pendientes. Por ello, hemos de recordar que el Regeneracionismo decimonónico turolense está asociado a figuras de la talla de Domingo Gascón y Guimbao, Santiago Contel Marqués o Federico Andrés y Tornero. En todos estos casos hallamos a turolenses que, desde distintas ópticas políticas, desde el republicanismo posibilista de Gascón, al republicanismo federal de Contel o al incipiente regionalismo de Andrés y Tornero, coincidieron en una desconfianza evidente hacia los partidos políticos hegemónicos del llamado “turno pacífico”, esto es, el Partido Conservador y el Partido Liberal, el equivalente de entonces del bipartidismo que ha regido la vida política española hasta fechas recientes. Es por ello que el Regeneracionismo turolense supuso, en la línea del pensamiento de Joaquín Costa, una crítica frontal al sistema oligárquico-caciquil que caracterizó la Restauración borbónica.

     Dicho esto, hay que señalar que el Regeneracionismo turolense tuvo como punto de partida la toma de conciencia del endémico atraso turolense, de la “postración” como entonces se decía, en la que se hallaba sumida la provincia. Domingo Gascón y Guimbao, en su célebre Miscelánea Turolense publicada entre 1891-1901, se hacía eco de esta dramática situación al señalar que, “la provincia de Teruel, tan rica por un don especial de la naturaleza en producciones de su suelo, como sistemáticamente abandonada, necesita más que otra región alguna el esfuerzo individual y colectivo de sus hijos para sacarla de la postración y abatimiento en que se halla sumida”. Así se fue extendiendo la imagen de que Teruel era la “cenicienta” de las provincias españolas, tal y como denunciaba Pablo Feced en 1894 al aludir a ella como “la más olvidada y arrinconada de todas […] De Teruel nunca se oye aquí [en Madrid] nada, nunca se cuenta nada, nunca se lee nada. Parece en Madrid que en Teruel no hay gente”. Esta misma idea la hallamos también en Santiago Contel el cual aludía en 1897 a la provincia de Teruel como “cenicienta de las españolas, la desheredada, la desatendida, la olvidada, la preterida siempre, para la que no llega nunca el reparto de los beneficios”.

    Esta penosa situación llevó a todos estos regeneracionistas a denunciar, una y otra vez, la falta de apoyo gubernamental para salir de tan endémica postración y, por ello, Federico Andrés y Tornero reprochaba en 1896 a los diputados y senadores de la provincia el que “no han querido o no han podido conseguir los recursos necesarios para sacar a Teruel de su dramática situación”. Y es que todos los regeneracionistas turolenses tenían clara una idea: la responsabilidad de impulsar el progreso provincial correspondía a los turolenses conscientes y, por ello no confiaban demasiado en hipotéticas ayudas externas, que por otra parte nunca llegaban, tanto desde el Gobierno de Madrid como de las nulas iniciativas de los “partidos del turno” que usufructuaban alternativamente el poder.

      Como principal causa de la postración turolense los regeneracionistas insistían, en primer lugar, en la falta de comunicaciones y medios de transporte adecuados, especialmente en el caso de los trazados ferroviarios, ya que a la altura de 1896 tan sólo estaba en explotación el tramo Val de Zafán-Alcañiz y en construcción el Ferrocarril Central de Aragón Calatayud-Teruel-Valencia. Tal vez por ello, Federico Andrés se lamentaba de la infinidad de proyectos planteados sobre el papel que nunca se llevaban a cabo, pues “apenas habrá tantos en provincia alguna, pero de proyectos nunca pasan”, lo cual achacaba a “la desdeñosa mirada de nuestros gobernantes”.

     Otras demandas regeneracionistas las recogía el alcañizano Santiago Contel, al que se dio en llamar “el Joaquín Costa bajoaragonés”, impulsor del desarrollo minero provincial, al reclamar la realización de los pantanos de Santolea y Beceite, así como la construcción del ferrocarril transversal turolense, elemento esencial para vertebrar la provincia, el cual debía unir la capital provincial con Alcañiz, esto es, con el Bajo Aragón, además de, por supuesto reclamar la conclusión del trazado del Val de Zafán hasta San Carlos de la Rápita, propuestas éstas que quedaron expuestas en la conocida como Asamblea Regionalista de Alcañiz celebrada el 24 de octubre de 1897.

     Así las cosas, entonces como ahora, existía una sensación de “agravio” que sufría Teruel por parte de los poderes públicos y por ello los regeneracionistas eran conscientes de la responsabilidad moral del Estado para con las provincias pobres para hacer llegar “su acción protectora” a estas tierras olvidadas en demasía desde Madrid. En este sentido, Federico Andrés consideraba que las demandas turolenses eran no sólo lógicas sino también legítimas desde el punto de vista de la justicia solidaria que se reclamaba al Estado para que, de este modo, se enmendase la indolencia de tantos gobiernos para con la provincia.

    Una vez hecho este repaso histórico y transcurrido ya más de un siglo desde entonces, cuando ahora tanto de habla de la España vaciada como consecuencia de la acelerada despoblación de provincias como Teruel, cuando siguen faltando comunicaciones desde siempre anheladas, cuando asistimos al final de las explotaciones mineras, del ciclo del carbón, la pregunta sigue siendo la misma que entonces: saber si Teruel y sus gentes pueden tener un futuro digno y si nosotros seremos capaces, cuando menos, de intentarlo. Para ello, resulta fundamental el articular la unidad de acción entre Teruel y el Bajo Aragón, superar suspicacias y desencuentros de otros tiempos y aunar las fuerzas e iniciativas de estos dos ejes principales de nuestra provincia y, en este sentido, el que Teruel Existe cuente con un senador alcañizano va en la línea correcta para defender unitariamente los intereses del conjunto de la provincia de Teruel. Por todo ello, hoy, Teruel Existe asume ese reto desde la representación lograda tras las elecciones y, al margen de cualquier discrepancia política e ideológica, merece nuestro respeto y confianza.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 noviembre 2019)

 

 

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25/11/2019 07:26 kyriathadassa Enlace permanente. Historia Teruel No hay comentarios. Comentar.

LA TORMENTA DE VOX

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     Las elecciones del 10 de noviembre han confirmado lo que las encuestas iban advirtiendo: el meteórico ascenso electoral de Vox, acaudillado por Santiago Abascal, que ha sabido captar el voto afín a la derecha extrema de indisimuladas nostalgias neofranquistas, así como el malestar de un sector de la ciudadanía, desafecta con la actual situación política y económica de España. De este modo, Vox se ha convertido en la tercera fuerza política a nivel nacional con el apoyo de 3.640.063 ciudadanos (15,09 % de los sufragios) y que, con sus 54 diputados, ha doblado su presencia en el Congreso de los Diputados.

      En Aragón también Vox ha sido el tercer partido más votado (118.461 papeletas, el 17% de los sufragios). Pese a ello, solamente ha revalidado el escaño por Zaragoza de Pedro Fernández Hernández, un político “cunero” que compatibiliza su acta de diputado con la concejalía que también ostenta en el Ayuntamiento de Madrid. Por otra parte, resulta significativo el que, mientras en las provincias de Teruel y Huesca sólo en unas pequeñas localidades ha sido el partido más votado, en el entorno de la ciudad de Zaragoza, en donde obtuvo el 19% de los votos, existen toda una serie de poblaciones en las que ha sido la lista más votada como La Muela (31%), La Joyosa (31%), María de Huerva (28%), Villanueva de Gállego (27%) o Alfajarín (26%).

    El indudable auge electoral de Vox se ha visto favorecido por una serie de circunstancias, entre ellas, la actitud pusilánime y complaciente del PP y de Ciudadanos, que necesitados de sus votos, no han tenido reparos en blanquear a esta extrema derecha emergente y a sus postulados más radicales y antidemocráticos, con tal de alcanzar cotas de poder en diversas instituciones autonómicas y municipales: ahí está el caso de la llegada a la alcaldía de Zaragoza de Jorge Azcón con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Además, temas como el conflicto catalán, que retroalimenta a los nacionalismos excluyentes de uno y otro signo, la exhumación del general Franco, la cuestión migratoria o la seguridad ciudadana, elevaron sus expectativas electorales ofreciendo una imagen de derecha autoritaria, machista, xenófoba y neofranquista que ha tenido un preocupante respaldo en las urnas.

     Posiblemente, muchos de los votantes de Vox no habrán leído las 25 páginas de su programa electoral que, bajo el título de “100 medidas para la España Viva”, condensan todos los planteamientos de claro signo anticonstitucional de este partido, cuya lectura resulta alarmante de lo que propugna la supuesta “alternativa patriótica” que enarbola Vox. Por todo ello, hoy resulta imprescindible, como ocurre en cualquier país democrático europeo, levantar un cordón sanitario que frene el crecimiento social e institucional de Vox. Y es que, como dijo Iván Espinosa de los Monteros, “Vox es la tormenta” … pero una tormenta que amenaza nuestra democracia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 noviembre 2019)

 

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13/11/2019 06:48 kyriathadassa Enlace permanente. Política-España No hay comentarios. Comentar.

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