Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     Recientes todavía los ecos del 1º de Mayo,  Día Internacional de los Trabajadores, cuyos derechos se hallan hoy más amenazados  que nunca, hay otra fecha en el calendario de  la memoria y conciencia cívica:  la del pasado 8 de Mayo, el Día de la Victoria aliada contra los regímenes fascistas que, en 1945, puso fin a la sangrienta II Guerra Mundial. Aunque oficialmente España no fue beligerante en la contienda pese a que el régimen franquista apoyó a las potencias fascistas (recordemos la División Azul) y sólo se desmarcó de ellas al soplar vientos de derrota para los países del Eje, recordamos ahora el 8 de Mayo en homenaje a la activa participación de los republicanos españoles en la victoria aliada, los cuales  combatieron en todos los frentes y bajo diversas banderas, sumándose a grupos guerrilleros  o bien alistándose en los ejércitos aliados: desde Narvik  a Camerún y Níger; desde Chad hasta los desiertos africanos de Egipto, Libia, Túnez o Argelia; desde las playas de Normandía hasta la inmensa URSS, batiéndose en los frentes de Leningrado, Moscú, Stalingrado o el Caúcaso, los españoles lucharon con coraje contra el fascismo.

     En el caso de la vecina Francia, donde se hallaba al inicio de la II Guerra Mundial el mayor contingente del exilio republicano, según  el libro Los españoles en la Resistencia Francesa y su aportación a la lucha antifranquista  de Sixto Agudo, más de 20.000 compatriotas nuestros participaron en los combates de liberación de Francia en las filas de las FFI. Por su parte, el historiador Jean Ortiz, en su libro Guerrilleros en Béarn, destaca que el número de republicanos españoles en las filas de la Resistencia supuso un 10 % de sus efectivos totales por lo que, proporcionalmente, fue “muy superior a la de los franceses”. En el Béarn se integraron mayoritariamente en la Unión Nacional Española (UNE) y su brazo armado (el XIV Cuerpo de Guerrilleros) que más tarde se convertiría en la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE). Ortiz señala de forma especial la participación en la Resistencia pirenaica de los republicanos aragoneses, la mayor parte de ellos militantes del PCE, como fue el caso de Julio Ferrer, (uno de los fundadores del MOI, que se convertirá en la primera organización resistente en el Béarn), Carmen Blasco (vinculada a la Unión de Mujeres Españolas) o Félix Burguete, jefe de la 226ª Brigada guerrillera.

     Tras la ocupación hitleriana de la llamada “zona libre” de Francia (noviembre 1942), se reactivaron los núcleos del maquis, especialmente en el valle de Ossau. Allí surgió la  10ª Brigada de Guerrilleros que tenía su base de operaciones en el Col de Marie-Blanque y estaba al mando de Hilario Borau, natural de Canfranc que, al igual que otros jefes aragoneses del maquis que actuaban en el Pirineo francés, como Francisco Cavero o Ricardo Sánchez, habían combatido durante nuestra Guerra Civil en la 43ª División bajo el mando de Antonio Beltrán, “El Esquinazau”.

     Cuando el 15 de agosto de 1944 tuvo lugar el desembarco aliado en Provenza y el consiguiente repliegue del XIX Ejército Alemán, se produjo una ofensiva guerrillera en el Pirineo así como la liberación de amplias zonas del sur de Francia desde Burdeos a Toulouse. A pesar de la masacre de Buzy-Buziet del 17-18 de julio de 1944 en que la fueron asesinados 15 combatientes españoles por las tropas de las SS, la citada 10ª Brigada tuvo un papel decisivo en la liberación  de los valles pirenaicos de Aspe y Ossau. Por  ello, como recordaba Sixto Agudo, “no hay ciudad pirenaica que no recuerde con cariño a los maquis españoles. Sus nombres están grabados al lado de los combatientes de las FFI en las estelas y monumentos erigidos en su honor en diversos lugares testigos de los gloriosos combates en los que participaron”. Por su parte, Jean Ortiz califica de “auténtica epopeya” la lucha de los guerrilleros antifascistas españoles, aquellos a que tras la liberación de Francia, por la que tanta sangre vertieron, se vieron abandonados por los aliados a la hora de acabar con la dictadura de Franco. Fueron, en expresión de Vázquez Montalbán, unos “atletas morales” que supieron hacer frente a todo tipo de adversidades y así, escribir, según Jean Ortiz, “una de las más bellas páginas del siglo XX, un siglo de grandes propósitos idealistas”.

     Este 8 de Mayo, como ocurre desde 1945, todos estos luchadores de la libertad han recibido un homenaje en los memoriales que los recuerdan y las flores adornan las tumbas en las que reposan : ¡Qué lejos está todavía España en el camino de la dignificación de la memoria de los republicanos, de todos aquellos paisanos nuestros que, todavía, siguen yaciendo en las fosas de la ignominia, esas fosas que salpican nuestra geografía, estas tierras de España por las que, como escribió Antonio Machado, “cruza errante la sombra de Caín”!.

     En estos tiempos de retrocesos en derechos y libertades, cuando se están perdiendo los tímidos avances logrados en la defensa de la memoria histórica republicana (recordemos lo sucedido con el juez Garzón o la supresión por la derecha de las políticas públicas de la memoria como ha ocurrido en Aragón con el Programa Amarga Memoria), adquiere especial sentido la afirmación de Émile Zola cuando decía que “la verdad y la justicia son soberanas, porque sólo ellas garantizan la grandeza de las naciones”, algo que debemos recordar  en estos tiempos en que se atisba en Europa la amenaza emergente de los movimientos fascistas y xenófobos, una amenaza real para los valores cívicos en los que se sustenta nuestra sociedad democrática.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 10 mayo 2012)

Etiquetas: Memoria, histórica, republicanismo, antifascismo

     Desde una perspectiva política, la ciudad de Zaragoza se caracterizó durante el s. XIX por el fuerte arraigo del liberalismo progresista, una ciudad donde el recuerdo heroico de la jornada del 5 de marzo de 1838 se convirtió en un símbolo popular de la defensa de la libertad frente a la reacción carlista.

     Sobre esta base progresista, con el paso de los años se fue formando un importante núcleo republicano, mayoritariamente afín al federalismo que se opuso con firmeza a la deriva autoritaria de los gobiernos de la desacreditada monarquía de Isabel II. Triunfante la revolución de septiembre de 1868 (“La Gloriosa”) que en Zaragoza tuvo lugar el día 29, al popular grito de “¡Viva la Soberanía Nacional y Abajo los Borbones!”,  durante el período del Sexenio Democrático, los republicanos federales tuvieron su momento de mayor dinamismo político tras la creación del Partido Republicano Democrático Federal (PRDF) que en Zaragoza contó figuras tan destacadas como Joaquín Gil Bergés, Marceliano Isábal o José López Montenegro, que más tarde derivaría hacia posiciones libertarias.

     Tal y como se refleja en este grabado, El PRDF asumió en su programa político las principales demandas sociales de los sectores populares de la época, entre ellas, la abolición del odioso sistema de quintas entonces imperante, (“la contribución de sangre”, como la llamaban los federales) dado que el reclutamiento para el largo y penoso servicio militar (de 7 años) pesaba sobre los sectores humildes de la sociedad, aquellos que no podían “redimirse” de la quinta mediante el pago de la elevada cantidad en metálico de 8.000 reales. Frente a esto, los federales demandaban un ejército formado por voluntarios el cual pusiera fin a las frecuentes intromisiones de los militares (“espadones”) en la vida política española del s. XIX. Otra de las características esenciales del federalismo, una vez derrocada la dinastía borbónica, era la articulación de España en torno a una República Democrática Federal, sinónimo de democracia plena, sociedad laica y unión libremente pactada de los territorios que formaban la federación: como diría Víctor Pruneda, fundador del federalismo turolense y Gobernador Civil de Zaragoza durante la I República, la federación debía de ser “el suave lazo que a todos une y a ninguno ata”.

     Los federales zaragozanos apoyaron el Pacto Federal de Tortosa (mayo 1869), se sublevaron en las calles de la capital aragonesa en defensa de los valores de la revolución septembrina “bastardeados” por la regencia del General Serrano (octubre 1869) e intentaron consolidar en 1873 la I República, ideal regenerador de efímera existencia dada la multitud de enemigos y adversidades a las que tuvo que hacer frente.

     Hoy como ayer, con una monarquía abatida por escándalos diversos, con una difícil situación social debida a una crisis que golpea con fuerza a los sectores populares, resurge de nuevo la rebeldía cívica, la misma que refleja este grabado, en la que viene a nuestra memoria el viejo lema de los federales aragoneses: “Salud, Fraternidad y República Federal”.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en La Calle de todos: revista de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, nº 95, abril-2012)

     En estas últimas fechas, estamos asistiendo por parte de la derecha política y mediática a un rebrote de un nacionalismo español de tintes rancios y caducos. El último ejemplo ha sido la defensa de la multinacional (¿española?) Repsol-YPF ante el proceso nacionalizador iniciado por la Presidenta  argentina  Cristina Fernández y que el Gobierno de Rajoy  ha interpretado como una ofensa, un agravio a España. Sorprende ver el coraje ardoroso demostrado por nuestros gobernantes en la defensa de los intereses, exclusivamente económicos, de una multinacional que,  ni representa a  España ni su capital mayoritario es español, mientras que esos mismos gobernantes fustigan a sus propios ciudadanos con  una dura y continuada política de ajustes.

     Algo similar ocurrió durante la pasada huelga general del 29 de marzo cuando la prensa conservadora cargó toda su artillería contra el movimiento sindical y los ciudadanos que libre y conscientemente optamos por ejercer este derecho constitucional  como protesta ante una reforma laboral impuesta a los trabajadores y que resulta, indudablemente, inútil, ineficaz e injusta como el tiempo demostrará y que sin embargo fue presentada como una actitud “antiespañola” en dichos medios afines a la derecha. Así, pudimos ver la portada antihuelga del diario La Razón con aquel “Trabaja por España” envuelto en la bandera o el demagógico editorial de La Gaceta de “España quiere trabajar, los sindicatos la paran”, como ejemplos evidentes de la patrimonialización interesada del sentimiento nacional.

   Recordando estos hechos, pienso que, como señalaba Mario Onaindía, se confunden con frecuencia los conceptos de “nacionalismo” y de “patriotismo” cuando en realidad se trata de dos visiones contrapuestas: frente al nacionalismo que supone una exaltación estatal de la raza, la lengua y la historia, siempre confeccionada a medida, existe un tipo de patriotismo distinto que concibe a la nación como “un espacio de libertades, de amparo y de seguridad de derechos y de participación ciudadana”, ideas que entroncan con el  término de “patriotismo constitucional” acuñado por Jünger Habermas, y con  el “republicanismo cívico” de Philip Petit. Es por ello que, como advertía Onaindía, aunque el lenguaje corriente considera sinónimos el “amor a la patria” y la “lealtad a la nación”, “patriotismo” y “nacionalismo” deben diferenciarse puesto que “para los patriotas de inspiración republicana, el valor principal es la República y la forma de vida libre que ésta permite; en cambio, los nacionalistas consideran que los valores primordiales son la unidad espiritual y cultural del pueblo, dejando en segundo término u olvidando totalmente la lealtad hacia las instituciones que garantizan las libertades”. Milton decía que “la patria de uno es allí donde se siente libre”, idea coincidente con Diderot, para quien el verdadero patriotismo no era la vinculación a una tierra sino el afecto que el pueblo siente por las comunidades de hombres libres “que viven juntos por el bien común”, algo que resulta oportuno recordar ahora que cada vez somos menos libres ante la dictadura de los mercados y el bien común colectivo está siendo arrumbado por el individualismo insolidario y el naufragio de ideales y valores en que nos ha sumido la crisis global.

     Desde este punto de vista, el verdadero patriotismo, además de las libertades formales es el que, defiende, en los tiempos actuales, los derechos laborales, la educación y la sanidad pública, las prestaciones de dependencia, la aspiración de avanzar de forma decidida hacia una auténtica democracia económica, la fiscalidad progresiva, todo aquello que conforma el “Estado social y democrático de Derecho” que consagra el artículo 1º de nuestra Constitución.  Esto es el verdadero patriotismo constitucional, como lo es el ejemplo de aquellos empresarios que, como ocurre en Alemania o Francia, han solicitado públicamente pagar más impuestos como compromiso cívico en estos tiempos de recesión: en cambio, en España, no se tiene noticia de que ninguna figura relevante del empresariado haya manifestado una actitud similar.

    En la Constitución de Cádiz de 1812, de la que ahora se cumple su bicentenario,  se señala que “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de la sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen” (art. 13), esto es, el derecho constitucional a ser felices, una aspiración que debemos retomar en estos tiempos de zozobra, desánimo y depresión, no sólo económica sino también social.

   Todos estos valores propios del verdadero patriotismo, tan contrarios a los patrioteros de salón a los que se refería Cándido Marquesán en un reciente artículo publicado en este mismo periódico, están alejados de las posiciones de esa derecha, caracterizada históricamente por su visión conservadora y restrictiva de las libertades cívicas, esa derecha que prioriza el concepto etéreo de “nación”, de España, y olvida las aspiraciones y demandas de la ciudadanía. Por todo ello, el verdadero patriotismo, aún en estos tiempos de globalización, se manifiesta en la defensa de los valores cívicos, de los derechos y libertades ante la actual amenaza que estos sufren de recortes y retrocesos y se desvincula de los caducos y marchitos conceptos idealizados por el conservadurismo de ayer y de hoy. Y es que, desde este punto de vista, es más patriota el trabajador que defiende sus derechos y aspira en avanzar hacia mayores cotas de justicia social, que aquellos otros que, envueltos en una bandera, la emplean como coartada para desmantelar logros históricos del acosado Estado de Bienestar y que, tras ser beneficiarios de una reforma laboral hecha a su medida y de una generosa amnistía fiscal,  no tienen ningún escrúpulo en ser cómplices del enorme fraude fiscal  aunque ello esté hundiendo a (su) querida España.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 29 abril 2012)

     Tras el gran desastre que supuso la caída de febrero de 1948, la  UGT aragonesa entró en una profunda decadencia de la cual ya no se recuperaría durante el resto de la dictadura franquista. Pese a ello, a partir de 1948 se intentó llevar a cabo en Zaragoza una precaria reorganización por parte de Ángel Vázquez Copa (a) “El Pipas” (UGT), Adolfo Barbacil (PSOE) y Francisco Laguna Conde  (JSE) junto con otros militantes como Eusebio Díez, Celestino Torres (a) “Caspe”, o Francisco Simón Ullate.

     Durante estos años oscuros destacó de forma especial Pascual Marco Mateo (1920-2006) (a) “El Maño” y “Teruel”, el cual realizó una importante labor de enlace con los núcleos socialistas de Calatayud, Logroño, Soria y, sobre todo, con Euskadi. Estas tareas encubiertas pudo efectuarlas como chofer de Transportes Ochoa, a cuyos  locales,  (actual sede del PSOE aragonés en la zaragozana calle de Conde de Aranda, 138), llegaba la propaganda clandestina que  recibía la UGT aragonesa procedente de Euskadi y Francia. A partir de 1956, Marco fundó la Academia de Conductores Gran Vía, lo cual le permitió seguir realizando frecuentes desplazamientos a los núcleos ugetistas antes indicados. Igualmente, Marco se encargó de mantener contacto directo con las Ejecutivas del PSOE-UGT en el exilio establecidas en Toulouse, presididas, respectivamente,  por Rodolfo Llopis y Pascual Tomás. Otra de las tareas llevadas a cabo por Marco sería la de poner a salvo a compañeros que huían de la represión policial trasladándolos a Euskadi para pasarlos posteriormente a Francia.

     La implacable acción policial siguió debilitando al pequeño núcleo ugetista que aún se mantenía activo en Zaragoza. De este modo, en mayo de 1950 se produjo una nueva caída (fueron apresados Barbacil, Laguna y Simón Ullate)  mientras que otros compañeros (Horacio González, Benito Landa o Vázquez Copa) no pudieron ser detenidos ya que Pascual Marco consiguió ponerlos a salvo. 

    La detención, tortura y asesinato de Tomás Centeno, secretario general del PSOE el 20 de febrero de 1953 y la posterior caída del Comité Ejecutivo Nacional socialista, tuvo consecuencias en Zaragoza, donde fueron detenidos algunos ugetistas locales, entre ellos, Pascual Marco. Ante este desmantelamiento organizativo,  las Ejecutivas del PSOE y la UGT en el exilio se hicieron cargo de ambas organizaciones en el interior de España, las cuales, desde abril de 1954, pasaron a depender directamente de Toulouse.

     A partir de 1955, Marco contactó con los  líderes de la UGT vasca, entre ellos, Nicolás Redondo y, sobre todo, Ramón Rubial (a) “Pablo”, el máximo dirigente del PSOE en el interior entre 1958 y 1972. A pesar de las duras consecuencias derivadas de la caída de Antonio Amat (8 noviembre 1958), y la desarticulación de los núcleos socialistas de Madrid, Oviedo, Granada, Barcelona, Sevilla y San Sebastián, en Aragón siguió activo el pequeño grupo  de Zaragoza y Pascual Marco continuó manteniendo, pese a todas las dificultades,  abiertos sus contactos con Madrid, Euskadi y Toulouse.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: La Voz Sindical, órgano de la UGT Aragón, nº 119, abril 2012)

      A las reacciones y protestas de partidos, sindicatos y movimientos sociales ante la brutalidad de las imposiciones neoliberales en la actual crisis global, también la teología de signo progresista ha dejado oír su voz.  Así, Leonardo Boff, uno de los principales exponentes de la teología de la liberación, ya  advertía de la magnitud de una crisis que no era coyuntural sino estructural, fruto de una falta de ética y de una codicia financiera desmedida, fomentada por un capitalismo de una voracidad insaciable. Las consecuencias sociales, recordaba Boff, pesaban de forma abusiva sobre los sectores más débiles de la sociedad, con el agravante de que la crisis ha hecho fracasar en gran medida el ambicioso plan  de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que pretendía reducir a la mitad la pobreza en el mundo para el año 2015 y lo mismo podemos decir en relación al Protocolo de Kyoto o  a los decepcionantes resultados de la XVII Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático de  Durban. Toda esta situación resulta especialmente escandalosa pues, si lamentablemente se han ido estrangulando a nivel mundial estos proyectos que afectan a la Humanidad en su conjunto, los gobiernos, excepción hecha de Islandia,  no han dudado  en invertir grandes cantidades de dinero  para “salvar” a los bancos.

     Tras el estallido de rebeldía cívica que supuso la irrupción del Movimiento 15-M,  José Ignacio González Faus, destacado teólogo  progresista español, señalaba que “el capitalismo global es incompatible con la democracia” y, consecuentemente, hacía suyas las afirmaciones de Boaventura de Sousa Santos que denuncian la existencia, de facto, de un “fascismo económico” aunque maquillado  de  democracia formal… pero sometida a la dictadura de los mercados. Igualmente, González Faus criticaba la falta de comportamientos éticos en determinados ámbitos de la clase política, y citaba  como ejemplos, además de la corrupción, los escandalosos sueldos (suma de pensiones parlamentarias y emolumentos recibidos de grandes empresas) en el caso de los expresidentes Felipe González y José María Aznar. En contraposición con estas situaciones, González Faus instaba a construir lo que Ignacio Ellacuría,  jesuita asesinado  en El Salvador en 1989, llamaba “una civilización de la sobriedad compartida”.

     En vísperas de la pasada huelga general del 29 de marzo, José Algora, obispo de Ciudad Real y anteriormente de Teruel, publicaba un texto titulado A vueltas con la reforma, y que suponía una contundente crítica hacia la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. Algora dejaba claro  su rechazo a una ley “que rebaja claramente los derechos de los trabajadores respecto a situaciones anteriores” a la vez que denunciaba que en nuestra democracia formal los perdedores “son los mismos y siempre los más débiles”. Por ello, tras rechazar el que  las políticas conservadoras recurran a “usos del pasado que trajeron tanta injusticia y explotación a los trabajadores”, planteaba la necesidad de buscar otras alternativas para construir “un tejido social compacto y fuerte” que haga  “personas y países fuertes para soportar las inclemencias de las coyunturas históricas”.

     Si esto ocurría en España,  esta ola de “indignación teológica” frente a la crisis, también se ha sumado  desde una perspectiva internacional, el Consejo Pontificio Justicia y Paz, el cual, en octubre de 2011 publicó un extenso documento titulado Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia mundial en el que se critica el “liberalismo económico sin reglas y supervisión”, la “ideología de la tecnocracia”, a la vez que denuncia los comportamientos carentes de ética (egoísmo, codicia colectiva o el acaparamiento de bienes a gran escala) que han potenciado la crisis. Interesante resulta la idea de crear una “Autoridad política mundial”, una especie de “Gobierno de la globalización” con competencias en materias tales como: paz y seguridad; desarme y control de armamentos; promoción y tutela de los derechos fundamentales básicos; gobierno de la economía y políticas de desarrollo; gestión de los flujos migratorios y la seguridad alimentaria y también la tutela del medio ambiente. Esta Autoridad política mundial, supondría, en definitiva, reforzar el papel de la ONU tendente a lograr la “justicia social global” y así embridar la actual hegemonía de los poderes económicos, de los mercados sobre los gobiernos y Estados mediante el impulso  de una serie de políticas financieras y monetarias que no dañen a los países pobres, que tengan carácter vinculante y se basen en la lógica de la subsidiariedad y en el principio de solidaridad. Sólo así, priorizando el “bien común mundial” que trasciende a los intereses nacionales, ajeno a toda tentación paternalista o hegemónica, se podrá avanzar hacia una ansiada justicia social global.

     Además, Justicia y Paz pide una profunda reforma del sistema financiero y monetario internacional mediante una serie de medidas concretas como la creación de un Banco Central Mundial que regule el flujo y el sistema de intercambios monetarios; la potenciación del papel del Banco Central Europeo y el establecimiento de una imposición fiscal a las transacciones financieras internacionales. También propone la recapitalización de los bancos, “incluso con fondos públicos”, pero condicionada al desarrollo de comportamientos “virtuosos” que reactiven la economía “real”.

     A modo de conclusión, esta visión teológica de la actual crisis señala que, “en un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una Autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana”. Y es verdad, pues de lo contrario, la humanidad puede adentrarse por los abismos de la Gran Recesión, del aumento insultante de las desigualdades sociales y el riesgo de un colapso ecológico.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 3 abril 2012 y El Periódico de Aragón, 9 abril 2012)

Etiquetas: Religión, Teología, progresista, Crisis, global

     Estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de  nuestras políticas sociales que tanto costó conseguir, al  gradual e imparable deterioro del Estado de Bienestar por las medidas de ajuste y austeridad presupuestaria  que nos están siendo impuestas, los cuales cada vez exigen mayores sacrificios y recortes a los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

     Mientras esto ocurre, la banca privada y sus intereses campan sin freno en medio de la profunda crisis que estamos sufriendo. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una potente Banca Pública estatal, aquella que,  lamentablemente, fue desmantelada en España por sucesivos procesos privatizadores  más que discutibles creando  así un vacío  que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por ello, recuperar la Banca Pública es una exigencia común de los partidos de izquierda, de asociaciones como ATTAC, del Movimiento 15-M y de numerosos colectivos sociales.

     Sin embargo, la cuestión de la Banca Pública no es un tema reciente ya que aparece con frecuencia en el pensamiento del socialismo utópico del s. XIX. Este era el caso de Louis Blanc, que consideraba que el Estado debía de ser “el banquero de los pobres” o de Proudhon, que defendía la necesidad de crear un gran Banco Nacional donde el crédito, concedido a un interés muy bajo (“tendente a cero”), estuviese al alcance de todos y cuyo capital procediese de un impuesto sobre la propiedad. Por su parte, también en el Manifiesto Comunista de 1848 se propugna la centralización del crédito por parte del Estado mediante un Banco Nacional único.

     Volviendo al presente, las autoridades políticas, en vez de impulsar una Banca Pública que, con el respaldo del Banco Central Europeo ayudase a acabar con la sequía crediticia y la consiguiente recesión económica, optaron por  la recapitalización de la banca privada, la misma que, con sus prácticas especulativas, ha llevado a la actual crisis global, desarrollando unas acciones de tan negativos efectos sociales que las economistas Lourdes Benería y Carmen Sarasola califican de “crímenes económicos contra la humanidad”. Además, la recapitalización de la banca, que  ha supuesto para las arcas de los  EE.UU. y Europa la inyección de 5 billones (con b) de euros de dinero público en ayudas directas y garantías, no ha servido para reactivar el motor crediticio en una situación de depresión económica, sino únicamente para salvar a los banqueros, tal y como denunciaba el premio Nobel de Economía  Joseph Stiglitz. Por ello, los economistas críticos con el neoliberalismo  opinan que hubiera sido mucho más eficaz y equitativo que estos recursos  se hubieran destinado a crear un Banco Público, tal y como en su día sugirió Stiglitz a las autoridades españolas y éstas desoyeron.

     En las circunstancias actuales, recuperar la Banca Pública, como recordaba Juan Torres, tendría un triple efecto positivo ya que supondría una alternativa efectiva frente a la tempestad neoliberal, evitaría los costes y el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los pequeños y medianos empresarios y, también, ayudaría a resolver los problemas de financiación que ahogan a los consumidores y empresas, favoreciendo así la recuperación de la demanda, la actividad económica y el empleo. Además, añadimos, permitiría aliviar el drama de los desahucios facilitando una medida tan razonable como la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria.

     El resurgir de la Banca Pública los hallamos hasta en los EE.UU.,  en donde estos tiempos de crisis, ha adquirido cierta notoriedad el ejemplo del Banco Estatal de Dakota del Norte (BND). Este banco público, financiado exclusivamente con impuestos y tasas estatales, ofrece créditos en condiciones muy favorables y tiene prohibido el invertir en actividades especulativas razón por la cual evitó las hipotecas-basura en su práctica bancaria.  El modelo del BND definido por Eric Hardmeyer, su presidente, como “catalizador del crecimiento” ha hecho que Dakota del Norte tenga  el  menor índice de desempleo de  los EE.UU., ejemplo que se está extendiendo a los Estados de Vermont, Virginia, Michigan o Washington.

     En el caso de España, a partir de la revitalización democrática que supuso para nuestra sociedad el Movimiento 15-M,  ha ido amentando la exigencia cívica a favor de una Banca Pública que se caracterice  por una gestión plenamente transparente y democrática,  que,  rechace las prácticas especulativas y que  invierta por medio de actividades éticas y sostenibles en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

     Los economistas Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, autores del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (2011), plantean una profunda reforma del sistema financiero español que pasaría por la nacionalización de las Cajas de Ahorros así como por la creación de una Banca Pública para que ambas sean un contrapeso a la banca comercial privada y frenen así sus excesos y sus interferencias en la política económica nacional, propuestas coincidentes con las demandas del Movimiento 15-M y que suponen cambios sustanciales en los sistemas de propiedad, de gobierno y funciones de las entidades bancarias. En esta misma línea,  como señalaba Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute de los EE.UU., “los bancos públicos son una solución no sólo viable en tiempo de crisis, sino económicamente sostenible porque operan de forma transparente” y, además, no buscan “maximizar los beneficios a corto plazo con aventuras especulativas”. Por ello, recuperar la Banca Pública en España no es una utopía, es una necesidad para impedir que la banca privada y los intereses  que la mueven sigan saqueando despiadadamente vidas y haciendas. Y eso tiene que terminar por el bien de la salud democrática, la cohesión  y  la recuperación económica  de nuestra sociedad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 22 marzo 2012 y El Periódico de Aragón, 26 marzo 2012)

     Hemos  leído con frecuencia que la magnitud de la actual crisis global sólo es comparable con la Gran Depresión de 1929, aquella que, tras aquel 24 de octubre, el “Viernes Negro”,  en que se hundió la Bolsa de Nueva Cork,  produjo una profunda crisis económica que, al igual que ocurre en la actualidad, produjo las dramáticas secuelas de recesión de la producción, desempleo galopante, caída del consumo lo cual, a su vez, originó  más paro, una espiral que, entonces, como ahora, asoló a las sociedades industriales.

     Volviendo al presente, ahora que hablamos de la Tercera Depresión en expresión de Paul Krugman, de la crisis global iniciada a partir del estallido de la crisis financiera de 2007 y cuyo final no se adivina en el horizonte, la comparación entre ambas situaciones nos ofrece algunas reflexiones que nos hacen pensar sobre las alternativas que en cada caso se plantearon para salir de la crisis.

     En primer lugar, el papel que debe desempeñar el Estado como elemento determinante para la reactivación económica. De este modo, frente a las actuales políticas de duro ajuste presupuestario, la aplicación de las políticas económicas de John Maynard Keynes  puestas en marcha en Estados Unidos por el presidente Roosevelt, priorizaron el relanzamiento de la producción y del consumo pues, ante la ausencia de inversión privada y de sequía crediticia, el Estado debe de potenciar políticas de inversión en gasto público que permitan recuperar el empleo y el consumo, aunque ello supusiera un aumento del déficit fiscal. Así se logró combatir el paro en los EE.UU. con un ambicioso programa de obras públicas, a la vez  que la Ley de Reconversión de la Industria Nacional (NIRA) permitió la intervención estatal en el ámbito industrial. Igualmente, frente al drama social que suponían, al igual que ahora,  los desahucios de viviendas para miles de familias, durante la New Deal de  Roosevelt  se aprobó la Ley Nacional de la Vivienda (1934), la cual creaba una Administración Federal de la Vivienda (FHA) que, con fondos públicos, ofreció créditos baratos, estabilizó el mercado inmobiliario y frenó la especulación al responsabilizarse de calcular el valor de los inmuebles. En la actualidad, la FHA continúa siendo un organismo público encargado de financiar las hipotecas y  proyectos de viviendas sociales.

     Otro aspecto a analizar  es el papel del movimiento sindical frente a la crisis. Así, en octubre de 1930 la Federación Internacional de Sindicatos que agrupaba a las organizaciones sindicales socialistas y socialdemócratas,  hizo público un informe en el cual recomendaba que, para hacer frente a tan sombrío panorama económico,  era imprescindible, entre otras medidas,  recuperar la capacidad de compra de la clase trabajadora, disminuir el número de horas de trabajo, a la vez que se exigía una participación activa de los Estados mediante la mejora de los subsidios y el incremento de las obras públicas en la línea de lo que más tarde serían las políticas keynesianas aplicadas con éxito en los Estados Unidos. De hecho, la ya citada NIRA, puesta en marcha en 1934,  así como la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 sirvió para garantizar los convenios colectivos en las empresas, un salario justo para los trabajadores y el reconocimiento de la libertad sindical. De este modo, en aquella aguda crisis, el Gobierno de los EE.UU. intervenía decididamente para equilibrar las relaciones laborales y no aprovechaba la coyuntura para reducir los derechos de los trabajadores como ocurre con la actual reforma laboral de Rajoy que descompensa totalmente las relaciones en beneficio del empresario, fragmenta la negociación colectiva, todo ello con el telón de fondo de una campaña sistemática de acoso y descrédito hacia el sindicalismo de clase. Por ello resulta dramático e injusto el hacer pesar   los costes sociales de la crisis sobre la clase media, cada vez más empobrecida, y, de forma especial, sobre la clase trabajadora. Frente a lo que propugnaba en 1930 la Federación Internacional de Sindicatos para recuperar su capacidad adquisitiva de los trabajadores y así fomentar el consumo y el empleo, ahora asistimos a  todo lo contrario: reformas laborales que favorecen los despidos y, en el mejor de los casos, reducciones y congelación de salarios.  Henry Ford, prototipo del capitalista moderno, consideraba, al igual que Keynes, que la reactivación económica dependía del empleo y del consumo, y frente a los que entonces, como ahora, pretenden hacer pagar las crisis a los trabajadores degradando sus condiciones laborales y reduciendo sus salarios,  recordaba a los empresarios que “Nuestro propio éxito depende de lo que paguemos. Si repartimos mucho dinero, ese dinero se gasta. Enriquecer a los comerciantes, a los detallistas, a los fabricantes y a los trabajadores de todo tipo, y esa prosperidad se traduce en un crecimiento de la demanda de nuestros automóviles”.

     Estas son algunas de las lecciones del pasado pues, tanto en los tiempos de la Gran Depresión de 1929 como ahora, es imprescindible mantener la inversión estatal, los derechos laborales de los trabajadores y las políticas sociales que atenúen los efectos de la crisis para ir dejando atrás estos sombríos tiempos. Y es que cada vez resulta más evidente que con  las medidas de ajuste presupuestario dictadas desde las instancias económicas, no se saldrá de la situación actual de recesión ni tampoco se conseguirá recomponer los desgarros y el aumento de las desigualdades sociales que se han acrecentado como consecuencia de la crisis global.

     Si la historia nos enseña, debemos de intentar aprender de ella y, siempre hallamos lecciones en el pasado, lecciones que deberíamos de aplicar en este incierto futuro nuestro puesto que, como decía Nicolás Redondo, “el conocimiento lúcido del pasado es fundamental para conocer mejor el presente, lo cual resulta, a su vez, imprescindible para proyectar el futuro. Negarse a este tipo de comprensión supone la entrega servil a dejarnos llevar por quienes proyectan otros futuros concebidos a  la medida de sus intereses”.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 12 marzo 2012).

     Desde que el pasado 15 de febrero los jóvenes del Instituto “Luís Vives” iniciaron su protesta, se ha empezado a hablar de una “primavera valenciana”, de una deseable rebeldía juvenil, consciente de los recortes de derechos sociales y de las amenazas que se ciernen sobre la educación pública, cuyas protestas han tenido las consecuencias de todos conocidas: una brutalidad represiva policial, con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, al igual que ocurrió con el procesamiento y condena del juez Garzón, lo cual hace que algunos autores califiquen a España como una “democracia de baja intensidad”.

     No se entiende este movimiento de protesta sin tener presente el negro horizonte que, sobre todo para los jóvenes, presenta la crisis económica y la severa e implacable agenda de ajustes y recortes  que el Gobierno de Rajoy está realizando y, más aún, las que pretende aplicar en un futuro inmediato.

Los jóvenes valencianos han prendido la llama de la indignación en un Instituto que, precisamente, lleva el nombre de Luís Vives, aquel humanista del s. XVI de origen judeoconverso que, como autor del  Tratado del socorro de  los pobres (1525), se le considera el precursor en Europa  de la organización de la asistencia y los servicios sociales, los mismos que ahora son tan cuestionados desde la ortodoxia neoliberal y cuyo desmantelamiento-privatización amenazan su existencia. En su origen, las primeras protestas de los jóvenes del Luís Vives surgieron en solidaridad con sus compañeros de otros institutos alicantinos en los que se carecía de calefacción (en plena ola de frío siberiano) y en protesta por otros síntomas de deterioro de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana tales como la pérdida de personal docente que, como denunciaba FETE-UGT, en los dos últimos años se cifra en una reducción de 2.400 profesores. Era pues, una protesta justificada y legítima ante los recortes en materia educativa del Gobierno conservador valenciano de Albert Fabra.

     Pero estos hechos tuvieron consecuencias lamentables: una desmesurada brutalidad policial (hubo niños de 13 años apaleados), detenciones arbitrarias de menores de edad y, todo ello, silenciado por Canal 9, la televisión autonómica controlada por el PP valenciano. No menos reprochable es la versión tendenciosa de los medios de comunicación conservadores que, como ABC, Intereconomía o La Gaceta, que han tergiversado tanto los hechos que han convertido a los escolares en culpables  a la vez que exculpaban a los responsables políticos y policiales de semejante fiasco. De este modo, se ofrecía una versión tendenciosa de los hechos en la que  los culpables pasaban a ser las “víctimas” y, las auténticas víctimas de una brutalidad inaceptable en una democracia madura, eran criminalizadas gravemente llamándolas “enemigos”, algo que descalifica para siempre quien las pronunció:  Antonio Moreno, Jefe Superior de Policía en la capital levantina, declaraciones tan reprochables como las del ministro de Cultura, José Ignacio Wert que, en sede parlamentaria, acusó al PSOE de  alentar lo que calificó como “protesta violenta” de los estudiantes valencianos, una torpeza más de tan polémico ministro. Y es que la derecha ha desplegado toda su artillería verbal y mediática para condenar las demandas juveniles, las causas que la motivaron, así como para desacreditar a los líderes estudiantiles.

     Y, pese a todo, las protestas se han extendido al igual que la legítima exigencia de pedir la dimisión de Paula Sánchez de León, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y del citado Antonio Moreno. En el horizonte hay un nuevo reto: la futura convocatoria de huelga en todos los Institutos para el día 29 de febrero, fecha que coincide con la convocatoria de nuevas manifestaciones de las centrales sindicales contra la regresiva reforma laboral que pretende imponer el Gobierno del PP y que, de no cambiar mucho las cosas, hará inevitable la convocatoria de una huelga general, tal y como ya vaticinó Rajoy.

     Rememorando la mítica frase de Humphrey Bogart en la película Casablanca, en vez de París, podríamos decir que, “Siempre nos quedará la juventud” y, aunque como en aquella memorable las circunstancias del momento sean difíciles,  la juventud siempre es esperanza, enarbola ideales nobles y su inconformismo nos empuja hacia un futuro por conquistar.

Ahora, cuando la voracidad  de las políticas conservadoras y el incierto desenlace de la crisis global todo lo anegan, la juventud es más que nunca una fuerza regeneradora, cargada de utopía que, como ocurrió con el Movimiento 15-M, del cual dijo Josep Ramoneda que sirvió para “reanimar la democracia”, en esta ocasión “la primavera valenciana” ha irrumpido de  nuevo en la escena social  y está dejando oír su voz con fuerza. Algunos análisis simplistas hablarán  de que se trata de un estallido  propio de movimientos antisistema con la intención de desacreditar este saludable impulso juvenil. Pero hay algo más, y eso es lo importante. La juventud, pese a no ser excesivamente proclive a la militancia política y al compromiso sindical, mantiene vivo el grito de rebeldía, de indignación, ante el demoledor panorama que la crisis global ha supuesto, especialmente para los jóvenes, y supone un aldabonazo a nuestra conciencia cívica, un contundente cuestionamiento de la realidad  de un mundo injusto, de una sociedad que les cierra tantas puertas y que, pese a ello, no se resignan a ser una “generación perdida”, lo cual supondría  un drama social de enorme magnitud.

     El futuro sigue incierto y preocupante y, como canta Carlos Goñi en una de sus canciones, estamos en uno de esos momentos en que el futuro se convierte “en una cobra que se enreda en tus pies” y, por ello, la rebeldía juvenil es necesaria, imprescindible. Mi admirado Willy Brandt  solía afirmar que, “donde el coraje cívico no tiene asiento,  la libertad no llega lejos” y por eso, tal vez hoy, frente a tanta adversidad, Bogart nos diría que “siempre nos quedará la juventud”. Afortunadamente.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 27 febrero 2012)

     En junio de 2010, Paul Krugman, ya advertía de que la economía mundial, como consecuencia de la agudización de la crisis global, iba a entrar en lo que calificó de “la Tercera Depresión” en la historia reciente del capitalismo, y, lamentablemente, su vaticinio ha sido confirmado por los hechos. De este modo, Krugman, nos recordaba los precedentes de situaciones similares: la primera, conocida como la “Larga Depresión”, se produjo en 1870 y generó el llamado “pánico de 1873”; la segunda, a la que se alude con frecuencia, fue la “Gran Depresión” de 1929, y la tercera, es la que en la actualidad nos hallamos sumidos.

     Frente a la ortodoxia neoliberal de los ajustes presupuestarios asumidos por la práctica totalidad de los gobiernos e incluso impuesta mediante las oportunas reformas constitucionales como ha ocurrido en España, Klugman mantiene una postura crítica y alternativa: reprocha  a los gobiernos su obsesión con controlar la inflación y “apretarse el cinturón”, cuando “el problema real es el gasto insuficiente” puesto que, como señala este prestigioso economista, Premio Nobel en 2008, recortar drásticamente el gasto en mitad de una depresión, conduce a una grave deflación y ello, nos advierte, “es realmente autodestructivo”. Y no sólo eso: ante la despiadada voracidad de las políticas neoliberales, de los desgarros sociales que están ocasionando (véase desmantelamiento de aspectos esenciales del Estado del Binestar y regresivas reformas laborales), Krugman denuncia que estas recetas económicas tienen como “principal dogma”, el “imponer el sufrimiento a otras personas” como “modo de demostrar liderazgo en épocas difíciles”, posición que refleja la actitud del FMI, la Comisión Europea, a las reformas auspiciadas por Merkel, Sarkozy o Rajoy. Por ello, Krugman no duda en calificar a esta Tercera Depresión como “el resultado de un fracaso político”,  el de las medidas enarboladas por la política  neoliberal de austeridad, que se han fijado con objetivo “borrar los déficits gubernamentales”, en lugar de optar por “la adopción de una política keynesiana de fuerte estímulo de la economía como medio de salir de la crisis”.

     Ahondando en la idea de la Tercera Depresión de Krugman, otros economistas críticos han analizado la magnitud de la crisis en la que se halla actualmente sumida  la economía mundial. Este es el caso John Bellamy Foster y Fred Magdoff, autores del libro La Gran Crisis Financiera. Causas y consecuencias (2009), obra en la que estos economistas americanos de izquierdas, desde una perspectiva socialista, señalan con acierto que, “el verdadero problema no tiene que ver con la política económica, sino con el desarrollo del propio capitalismo”. Consecuentemente, nos recuerdan los potenciales riesgos en los que nos puede sumir la radicalidad neoliberal a la hora de buscar una salida a la crisis global con arreglo a inconfesables intereses económicos puesto que la Larga Depresión del último tercio del s. XIX fue seguida de “una gran ola de expansión imperialista que debía de llevar a la I Guerra Mundial”,  mientras que  la Gran Depresión de 1929 llevó al auge de los fascismos y a la II Guerra Mundial. Por ello, ambos economistas nos advierten de que en la situación actual, puede haber quienes piensen que, como en las dos depresiones históricas anteriores, la salida de la crisis y la reactivación económica vengan de la mano de una nueva conflagración bélica. Por ello, señalan, resulta un preocupante y “mal augurio” el actual “conflicto imperialista” centrado en el Golfo Pérsico como ha puesto de manifiesto la tensión creciente no sólo en Afganistán e Irak, sino también en Siria y los tambores de guerra que retumban cada vez con mayor fuerza en torno a un Irán a punto de convertirse en potencia nuclear, que podría provocar un conflicto bélico en la zona, lo cual, en caso de producirse un ataque a Irán, tendría “consecuencias desastrosas para la humanidad en su conjunto” y por ello, debemos estar muy alerta para oponernos a esta nueva escalada belicista de quienes pretenden salir de la crisis mediante la locura de una nueva guerra, esta vez contra Irán.

     Además de ese preocupante horizonte prebélico, Bellamy y Magdoff, advierten igualmente de que no   debemos olvidar “la aceleración rápida de la crisis ecológica planetaria”, que cuestiona la supervivencia de la especie humana en un futuro cada vez más incierto.

     Ante tal panorama, retomando la alusión que Keynes hacía en el último capítulo de su Teoría general del empleo, del interés y de la moneda (1936), en la que instaba a la “eutanasia de los rentistas”, (entiéndase también de los especuladores financieros) mediante la implantación de tipos de interés muy bajos que favorezcan la inversión, Bellamy y Magdoff  van más allá y, para salir de la crisis instan a aplicar la “eutanasia del capitalismo”, poniendo fin a un sistema que tanto dolor e injusticias produce y, reemplazándolo  por “una economía orientada hacia el desarrollo humano verdadero, un florecimiento ecológico y la puesta en valor de la verdadera comunidad humana”. En esta misma línea, Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, en su libro Hay Alternativas (2011), planteaban 115 medidas concretas para salir de la actual crisis global, entre ellas, la constitución de un Gobierno Mundial que hiciese frente al poder de los grupos privados internacionales, así como que la ONU asumiese todas las competencias necesarias “para la adopción de decisiones en materia económica y financiera”, las cuales deberían de estar siempre subordinadas a los principios que inspiran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal vez parezca una utopía, pero desde luego, es una alternativa que debemos impulsar las fuerzas y colectivos sociales progresistas  no sólo para superar la Tercera Depresión, sino también para construir un futuro basado en los principios de la justicia social global.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 19 febrero 2012 y El Periódico de Aragón, 20 febrero 2012)

     El procesamiento del juez Garzón  ha dejado en evidencia, como señalaba la Federación Estatal de Foros por la Memoria, no sólo “la plena vigencia del sistema jurídico español de impunidad” a la hora de investigar los crímenes del franquismo, sino, también, la “indefensión legal” de sus víctimas. La imagen de Garzón en el banquillo, ha avivado la polémica política y ciudadana a la vez que está teniendo un importante eco mediático internacional con el consiguiente descrédito para la justicia española.

     Se acusa a Garzón de “prevaricación”, de no ser competente para investigar estos crímenes y, para ello, Manos Limpias, irónico nombre de un colectivo ultraderechista que emponzoña cuanto toca judicialmente hablando, se escuda en la preconstitucional Ley 46/1977 de Amnistía mediante la cual quedaban amnistiados (y prescritos) los crímenes del franquismo. Frente a esta postura, Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona,  plantea dos cuestiones esenciales: la primera, que, dado que estos delitos tienen la categoría jurídica de “genocidio” y de tratarse de miles de desapariciones forzadas en paradero desconocido,  son impresciptibles y, consecuentemente, pueden ser investigados con retroactividad. La otra cuestión importante es la supuesta impunidad que ampara la referida Ley de Amnistía de 1977, la cual, con arreglo a la legislación penal internacional, tendría nulos efectos jurídicos y, consecuentemente, dejaría de ser una barrera, como desea la derecha política y judicial, para investigar (y condenar) los crímenes franquistas y, de paso, acabar con la labor desarrollada por Garzón desde la Audiencia Nacional.

     El procesamiento de Garzón, convertido en símbolo de la justicia democrática y comprometida en defensa de los derechos humanos, ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad  española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Debemos recordar que tanto la ONU como la jurisprudencia internacional, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello,  el pasado 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 a la vez que sugería su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales” así como “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”, exactamente lo mismo que pretendía Garzón con la apertura de su Sumario 53/2008 por el que se inició la investigación de los crímenes franquistas.

     Así las cosas, el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los acuerdos y tratados que, en materia de legislación penal internacional ha suscrito España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España) va a implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada  y sistemática de la desaparición forzada  constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º) los cuales son imprescriptibles y no amnistiables. El hecho de que tras la apertura por Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo, nos da una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión.

     En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales, tal y como se recoge en el artículo 96.1 de la Constitución Española según el cual, “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. En esta misma línea jurídica, el Comité contra la Tortura de la ONU, el pasado 19 de noviembre de 2009 exigía al Gobierno de España que “las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía” y en marzo de 2009, Human Rights Watch reincidía en esta cuestión al señalar que “las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977 en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

     Frente al argumento jurídico de “prevaricación” esgrimido para procesar a Garzón por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela y  Manos Limpias, es importante señalar que la legislación penal internacional  suscrita por España, al ser de rango superior a las normativas nacionales, debe prevalecer sobre ésta y ello implica la nulidad de la polémica Ley de Amnistía de 1977 así como la modificación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica que legalizaba los actos jurídicos represivos del franquismo. Y es que Garzón, pese a su procesamiento, ha abierto el camino imparable para la aplicación en España del principio de justicia universal con sólidos argumentos jurídicos apoyados en la jurisprudencia internacional. Como dijo Albert Camus, “uno no puede ponerse al lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de los que la padecen” y, por ello, Garzón, que ha sido coherente con este ideal,  merece nuestro apoyo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Independiente de Canarias, 8 febrero 2012)

     Si desde 1942 se fue produciendo una gradual expansión orgánica de la clandestina UGT aragonesa, no por ello cesaba el permanente acoso al cual eran sometidos los grupos antifranquistas por parte de las fuerzas represivas. De hecho, según relataba el periódico El Noticiero el 15 de enero de 1946, la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza se vanagloriaba de tener en su archivo 700.000 fichas policiales, ¡en una ciudad que por aquel entonces contaba con 250.000 habitantes!. Este asfixiante acoso policial hizo que, durante estos años hubiese varias caídas y desarticulaciones que fueron debilitando gradualmente a la UGT aragonesa hasta su práctico desmantelamiento en 1948.

     La primera caída tuvo lugar en agosto de 1946 como consecuencia de la filtración de un confidente policial que trabajaba en el Viceconsulado británico de Zaragoza, el cual, hasta entonces, había apoyado a la Organización Socialista clandestina de UGT-PSOE-JSE. Consecuencia de ello fue la detención de diversos ugetistas, entre ellos, Manuel Soto, Eugenio Díez o Francisco Simón Ullate, el cual intentó suicidarse en las dependencias policiales, mientras que otros militantes, como Luís Arbella o Pascual Marco, lograron huir y refugiarse con apoyo de los ugetistas vascos en el barrio bilbaíno de Zamákola.

     En enero de 1947 se produjeron una serie de caídas en cadena tras la desarticulación en la ciudad de Huesca de la CNT y del Socorro  Internacional Pro-Presos, seguida pocos días después de la caída del libertario Comité Comarcal “Espartaco” en la Cuenca Minera de Utrillas, lo cual supuso, además de numerosas detenciones, la desarticulación de 14 comités locales. Dado que esta organización, vinculada a la CNT se integraba a su vez en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), las conexiones entre ambas propiciaron que la policía desarticulase a su vez a la organización zaragozana de la ANFD, cuyos dirigentes principales, entre ellos, los representantes ugetistas, fueron detenidos a lo largo del mes de marzo de 1947, fechas por las que también se produjo una importante caída de los cuadros del PCE con un total de 47 detenidos. De este modo, entre febrero-marzo de dicho año, se produjo una desarticulación parcial del PSOE-UGT en Aragón y algunos de  sus más activos militantes como Celestino Torres, Manuel Soto, Eusebio Díez, Pascual Marco o Adolfo Barbacil, cayeron en manos de la policía., así como diversos militantes ugetistas de San Sebastián, dadas sus conexiones entre éstos y la UGT aragonesa. De igual modo, se desarticuló el Comité Comarcal de las JSE de Alcañiz y parte de la organización ugetista en las Cuencas Mineras turolenses, entre ellos, Juan Mateo, los cuales sufrieron la dureza de los maltratos policiales durante los interrogatorios y, como consecuencia de ello, Francisco Collado perdió un ojo y Antonio Muñoz Sánchez se ahorcó en su celda, todo lo cual fue denunciado en las páginas de Vida Nueva, la publicación clandestina de la UGT aragonesa.

     Esta ola represiva motivó una nueva reorganización del núcleo de UGT existente en Aragón, el cual tuvo lugar tras un Comité Local celebrado en Zaragoza el 21 de septiembre de 1947 y en el cual se eligió a Bonifacio Solá Yubero (presidente) y a Manuel Canteli como secretario, figurando también Peribáñez  (tesorero y vicesecretario) y Grávalos, Larrea, Moisés González y Jesús Gamboa, más tarde incorporado a las filas del PCE y de CC.OO., como vocales. Este nuevo Comité Regional de UGT mantuvo contactos externos con Euskadi (especialmente, Bilbao y San Sebastián), Barcelona, Valencia, Logroño, Soria, con Madrid (de forma esporádica) y con la dirección de UGT en el exilio de Toulouse gracias a la labor constante y tenaz de Pascual Marco Mateo. Como objetivos políticos, se hicieron esfuerzos por reactivar la agónica ANFD, así como mantener la relación con la CNT, a la que se alude como “entidad hermana”, y para coordinar la acción opositora con el pequeño núcleo de la Federación Universitaria Escolar (FUE). existente en la Universidad de Zaragoza. Tampoco se olvidaron temas organizativos como la ayuda a los presos, la financiación y la prensa clandestina de la UGT aragonesa, así como el intento de reactivar, con escaso éxito,  la FNTT, y la FETE, las históricas federaciones de campesinos y maestros ugetistas.

     También se había reorganizado la JSE, la cual, a partir de febrero de 1947, se define como “Juventud Combatiente” y, entre sus miembros, militantes igualmente de la UGT, se planteó el peligroso dilema del recurso a la violencia. De hecho, algunos de ellos, como Daniel González o el alcañizano Bernardo Gracia, evidenciaron, a través de los llamados Grupos de Acción Espacial (GAE), la necesidad de realizar acciones más contundentes que el mero reparto de propaganda clandestina. Por ello, se dotaron de armas para pasar a la acción directa y violenta contra la dictadura en unos momentos en que el contexto internacional y las resoluciones de la ONU parecían haber dejado aislado al régimen del general Franco. Por todo ello, se intentaron poner unas bombas en el Gobierno Civil de Zaragoza que, debido a la inexperiencia de los jóvenes ugetistas no explosionaron, se pretendió realizar un atraco en una sucursal del Banco Zaragoza y, también, se estuvo a punto de asesinar a un confidente policial empleado en la fábrica Tudor en junio de 1947: en el último instante, ésta acción no se llevó a cabo y la cuestión del recurso a la violencia suscitó un profundo debate interno en las filas de las JSE zaragozanas.

     Mientras todo esto ocurría, la policía franquista iba cerrando el cerco sobre la organización socialista clandestina formada por la acción conjunta y coordinada de UGT-PSOE-JSE. Consecuencia de ello fue que, en la madrugada del 10 de febrero de 1948, la Brigada Político-Social detuvo a los 34 principales dirigentes de la UGT, PSOE y JSE en Aragón, a la vez que se incautaba de todo el armamento de la organización y de su aparato de prensa y propaganda. Contra los detenidos se instruyó  la Causa nº 407 por parte del Juzgado de Instrucción Militar nº 3 de Zaragoza bajo las acusaciones de “asociación ilícita, propaganda ilegal, tenencia ilícita de armas” y, en algún caso, de “reincidencia”.

     Los efectos de la caída de febrero de 1948, como señalan David Corellano y Mercedes Yusta, fueron “devastadores para la resistencia socialista aragonesa y, consecuentemente, para la UGT, la cual no se recuperaría hasta la década de los años setenta”. Y, sin embargo, la llama de la UGT clandestina, aunque tenue, siguió viva durante los años siguientes, gracias a la fidelidad de un núcleo reducido de militantes, entre los que se debe destacar de forma especial a Pascual Marco Mateo, tal y como comprobaremos en la siguiente entrega de esta breve historia de la UGT aragonesa.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: La Voz Sindical, órgano de la UGT Aragón, nº 118, diciembre 2011)

     En cierta ocasión, oí hablar de un médico judío, llamado Hans Serelman, miembro de la Resistencia francesa y que fue asesinado por los nazis en las cercanías de Oloron, en uno de cuyos cementerios estaba enterrado.  Desde entonces, he visitado en varias ocasiones su tumba y, en estas fechas en que la cuestión de la memoria histórica ha recibido un nuevo revés por parte del Gobierno de Aragón tras la supresión del Programa Amarga Memoria, lo he vuelto a hacer: ante ella, me reafirmo en el valor cívico y democrático de la memoria, de todo lo cual Francia resulta un ejemplo a imitar, como lo fue la vida de aquel médico antifascista judío.

     Victor Hans Jacob Serelman nació en Berlín en 1898 y era un prestigioso cirujano establecido en Niederlungwitz, en la región alemana de Sajonia cuando llegó Hitler al poder en 1933. A partir de ese momento,  la política racista del nazismo, sobre todo tras la aprobación de las leyes raciales de Nuremberg en 1935,  supuso la segregación y  el  acoso permanente de  la población judía. Fue precisamente en este año, cuando el doctor Serelman, tratando a un paciente grave que necesitaba con urgencia una transfusión sanguínea y, dado que entonces no existían Bancos de Sangre, fue él mismo quien le donó su propia sangre salvando así la vida del paciente, un alemán ario. Pero esta acción humanitaria tuvo, sin embargo,  efectos negativos para el doctor ya que, en  aplicación de la Ley de Protección de la sangre alemana y honor alemán, fue acusado de “contaminar la sangre de la raza alemana” con su sangre judía y, por ello, enviado al campo de concentración de Dachau, donde permaneció durante 7 meses hasta  que fue liberado por la presión de la población a favor de su doctor, según señala Michel Martín, uno de los investigadores que han estudiado su vida.

     Tras salir de Dachau, logró huir de Alemania emigrando a Checoslovaquia y más tarde a Austria. Al estallar la guerra civil española, sus ideales antifascistas hicieron que se incorporase a la Brigada Internacional “Thaëlmann”, formada por militantes de izquierda, sobre todo comunistas alemanes y austriacos. Encuadrado en dicha Brigada, estuvo destacado en diversos frentes, entre ellos, el de Aragón, al igual  que ocurrió con figuras tan destacadas como George Orwell, Tito, André Malraux, Ernest Hemingway o Willy Brandt, que apoyaron de forma activa a la causa republicana. Tras el hundimiento del frente de Aragón y la consiguiente retirada  del Ejército Popular, Serelman tuvo un papel destacado en la evacuación del hospital de Benicasim (abril 1938) y, ante el avance franquista en Cataluña, se unió a la marea de republicanos, combatientes y civiles, que buscó refugio en Francia en febrero de 1939. Una vez en tierras galas, al igual que miles de nuestros compatriotas y brigadistas internacionales, fue internado en el Campo de Gurs, del cual se evadió en 1943.

      Tras su huída de Gurs, se refugió en Jurançon en casa de una familia protestante hasta que, a finales de ese año, se unió al grupo guerrillero “Guy Môquet”, que llevaba este nombre en honor de un joven, hijo de un diputado del PCF, que había sido fusilado en 1941. Dicho grupo  de resistencia antinazi se había formado en 1943 por una docena de jóvenes de Oloron a los que se les unió, además de Serelman, un desertor del ejército alemán llamado Max Karl. Este maquis, que lideraba Étienne Martin (“comandante Valmy”),  realizó diversas acciones armadas en tierras del Béarn como la voladura del puente de Escot, el ataque a un convoy alemán en Herrère o el descarrilamiento de un tren en Lurbe. Serelman, que alcanzó el rango de capitán y que en la Resistencia era conocido como “Víctor”,  participó algunas de estas acciones contra la ocupación nazi pero, sobre todo, desempeñó su papel como médico y, a falta de medicinas, curaba con plantas a los  maquis heridos que luchaban en esas montañas pirenaicas.

     Pero el destino estaba marcado para este grupo de resistentes: el 19 de junio de 1944, Serelman murió junto con otros tres combatientes del maquis, entre ellos su paisano Max Karl, a manos de los nazis  en la granja de Arrouès, en el pueblo de Eysus: Serelman cayó muerto de una ráfaga de ametralladora y, posteriormente, su cuerpo fue quemado con un lanzallamas por los nazis. Al finalizar la guerra, fue enterrado en el cementerio oloronés de Santa María y su nombre figura inscrito en el Memorial de la Shoah, como combatiente judío contra el nazismo.

     La memoria de Serelman ha sido recuperada gracias a las investigaciones de Michel Martin, hijo del “comandante Valmy”, autor de libros sobre el maquis en esta  zona pirenaica francesa colindante con el  Pirineo aragonés como Du Bager à Marie-Blanque y Résistance en Haut Béarn,  así como por la historiadora Dora Schaul, mientras que Bernard Férié, realizó un documental titulado Le Médecin du Maquis. También las instituciones han recordado la figura de este capitán judío, luchador infatigable contra el fascismo y, en 2004 se colocó una placa conmemorativa en su memoria y los demás resistentes asesinados en el “Espace Guy-Môquet” de Eysus, acto al que se sumaron varios familiares de Serelman venidos desde Alemania.

     Cuando tanto se agita la cuestión de la memoria histórica en España, me viene a la memoria lo que ocurre en Francia, donde este tema no suscita la tensión política que genera en nuestro país por el rechazo visceral de la derecha política ante las políticas públicas de la memoria. Difícil es encontrar un lugar en territorio galo en donde no hallemos memoriales, monumentos o lugares de la memoria en los que se honra, con total normalidad democrática, a los combatientes por la libertad, a los luchadores contra el fascismo, sea cual sea su nacionalidad y, por ello, donde se recuerda a muchos de nuestros compatriotas republicanos, que murieron  combatiendo en las filas de la Resistencia francesa durante los sangrientos años de la II Guerra Mundial.

     Tal  vez algún día, la memoria de de miles de republicanos españoles, todavía yacentes en las fosas de la ignominia que salpican la geografía hispana, puedan ser honrados de la misma forma que lo son esos lugares de Francia, igual que lo es la tumba de aquel héroe que vertió su sangre por la libertad llamado Hans Serelman.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 22 enero 2012)

     Exceptuando esta sección, no existen demasiados nexos de unión (históricos y culturales) entre Hungría y las tierras de Aragón. Sin embargo, tiempo atrás destacamos por medio de un artículo, la figura y el legado de Ángel Sanz Briz (1910-1980), aquel digno diplomático zaragozano el cual, estando al frente de la Embajada de España en Budapest durante 1944, salvó la vida a más de cinco mil judíos húngaros que iban a ser enviados a Auschwitz por la barbarie nazi, con la colaboración de sus aliados magiares del Movimiento de la Cruz Flechada ((Nyilas Keresztes Mozagalom).

     En esta ocasión, quiero hacer referencia a un acto cultural: la exposición que, con el título de “Maestros húngaros de la fotografía. Brassaï, Capa, Kertész, Molí-Nagy, Munkácsi” organizada en Zaragoza por la Obra Social de Ibercaja y que ha estado abierta al público desde el 29 de septiembre hasta el 31 de diciembre pasado.

     Esta excelente exposición es la primera vez que presenta en España y consta de fondos del Magyar Fotográfiai Múzeum, institución que lleva 20 años investigando, conservando y difundiendo el asombroso patrimonio fotográfico de Hungría. En ella, se nos ofrece, a partir de 74 fotografías de gran valor,  un interesante recorrido sobre la trayectoria artística de estos cinco fotógrafos húngaros que, a lo largo del siglo XX, realizaron una contribución fundamental al desarrollo técnico y estético de la fotografía. Les une a todos ellos su condición de judíos que, por  razones políticas o económicas, se vieron obligados a emigrar de su Hungría natal y triunfaron innovando el arte de la fotografía moderna. Este fue el caso del fotoperiodismo de Robert Capa, la fotografía documental de Brassaï, los reportajes de moda realizados por Martin Munkácsi, la fotografía artística de André Kertész o la fotografía experimental en el caso de Lászlo Molí-Nagy.

     El recorrido se inicia con las obras de André Kertész (Budapest, 1894 – Nueva York, 1985), el cual, tras su paso por el mundo artístico parisino de Montparnasse y su establecimiento definitivo en los Estados Unidos desde 1936, logró la fama por la espontaneidad de sus fotografías, la modernidad de sus desnudos distorsionados y un uso inteligente de la luz lo cual convirtió muchas de sus obras en una fotografía artística que logró el reconocimiento público.

     Martin Munkácsi (Cluj, 1896 – Nueva York, 1963), considerado como uno de los pioneros del fotoperiodismo, tras huir del nazismo, se estableció también en los Estados Unidos. Allí revolucionó la fotografía de moda, que siempre realizó en blanco y negro, y a quien se considera como el inventor del concepto “sexy” y que, a través de su legado fotográfico, se intuye que siempre pretendió buscar la cara festiva de la vida.

     Lászlo Moholy-Nagy (Bácsborsód, 1895 – Chicago, 1946), tras residir durante un tiempo en Berlín como profesor de la prestigiosa Escuela Bauhaus, también huyó del nazismo y, al igual que Kertész y Munkácsi, se estableció en Estados Unidos siendo profesor del Institute of Design de Chicago. Su fotografía experimental se caracterizó por su innovación y por ser un espíritu vanguardista infatigable.

     Brassaï (Brassó, 1899 – Niza, 1984), este fotógrafo, cuyo verdadero nombre era Gyla Hlász, adoptó como pseudónimo el de su ciudad natal, entonces húngara,  y que actualmente pertenece a Rumanía. Interesado por la pintura y autodidacta de la fotografía, se afincó en París y se hizo famoso por sus fotografías sobre la vida nocturna de la capital francesa, razón por la cual se le llamó “el ojo de París”. También resultan muy notables la fotografías que realizó de muchos de los artistas que, por aquellos años, vivían en la ciudad del Sena, como era el caso de Dalí, Matisse o Picasso.

     Robert Capa (Budapest, 1913 – Thai Bien, Indochina Francesa, 1954), tal vez sea el fotógrafo húngaro más conocido y de mayor proyección personal y artística en España. También tuvo que emigrar de su tierra natal por sus ideas izquierdistas y se estableció en Berlín hasta que, tras el ascenso de Hitler al poder en 1933, buscó nuevo refugio en Francia. Posteriormente, fue enviado por la Agencia Regards para cubrir la información gráfica sobre la Guerra Civil Española, período durante el cual inmortalizó fotografías que reflejaban con total nitidez la desigual lucha que libraba la República Española, abandonada a su suerte por las democracias occidentales, contra el fascismo. No podía faltar en esta exposición la mítica fotografía titulada “Muerte de un miliciano”, en el que la cámara de Capa refleja el instante en que es abatido por las balas de los sublevados un combatiente republicano en Cerro Muriano (Córdoba).

     Posteriormente, Capa tuvo un destacado papel como reportero gráfico durante la II Guerra Mundial. Siempre se mantuvo fiel a su máxima según la cual, “si las fotos no son bastante buenas, significa que no has estado suficientemente cerca” y, por ello, murió al pisar una mina cuando estaba cubriendo la guerra de Indochina. Por todo ello, Robert Capa ha sido considerado el mayor fotógrafo de guerra y ha influido de forma determinante en la obra de casi todos los corresponsales que, hasta la actualidad, han cubierto, con serio riesgo de sus vidas, los diversos conflictos bélicos que han ensangrentado a la Humanidad.

     Por todo lo dicho esta exposición nos acerca a la cultura húngara contemporánea de la mano de estos cinco fotógrafos judíos, exiliados de su patria e innovadores en las técnicas fotográficas, hasta convertir a la imagen en el nuevo arte de nuestro tiempo. En conjunto, esta exposición nos invita a un recorrido por la Europa del siglo XX a través de las personas, los acontecimientos y la historia que les tocó vivir, todo un tiempo de cambios políticos y sociales, de historias cotidianas y, también, experimentos visuales nuevos y búsquedas estéticas innovadoras.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Quincenal de Hungría, nº 122, Budapest, enero 2012)

     No por esperado, ha causado menos malestar la decisión del Gobierno de Aragón,  anunciada el pasado 15 de diciembre por la consejera Dolores Serrat, de suprimir el Programa Amarga Memoria calificándolo de “superfluo”. La coartada perfecta para tomar esta medida ha sido la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, pero la realidad es que el PP, ahora en el Gobierno, nunca ha tenido la voluntad política de acometer el deber moral y cívico que nuestra democracia adeuda, todavía, para con las víctimas del franquismo, una cuestión de salud democrática que debería medirse por otros parámetros distintos a los meramente economicistas.

     La derecha española, también en Aragón, siempre se ha mostrado reacia a romper, de verdad y de forma definitiva,  las amarras emocionales e ideológicas con la herencia del franquismo, a diferencia de lo hecho por otras derechas europeas, como las de Alemania, Italia o Francia, que apoyaron las políticas públicas de la memoria histórica antifascista  y del impulso de la educación cívica en los valores democráticos.

     Debemos recordar la Proposición no de ley 127/06 relativa al impulso de medidas para la recuperación de la memoria histórica del Programa Amarga Memoria, presentada en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista. En los debates de la misma, el año 2006, el PP ya dejó clara su posición. Una lectura atenta del Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón recoge determinadas afirmaciones de Antonio Suárez, entonces diputado portavoz del PP, sobre la referida Proposición no de ley a la que calificaba de “sectaria” y “fundamentalista”, “un camino equivocado”, que sólo pretendía “la confrontación social”.

     A nivel nacional, en pleno debate parlamentario sobre la futura Ley 52/2007 de la Memoria Histórica (LMH) impulsada por el Gobierno de Zapatero, ya advirtió Rajoy de que la derogaría en caso de ganar las elecciones del 2008 y es previsible que, a nivel nacional, como ocurre en Aragón, las políticas del PP pongan fin a la legislación memorialista que, pese a todas sus deficiencias y limitaciones, había abierto, por vez primera, el camino para la plena reparación moral, y tal vez jurídica, de las víctimas de la dictadura franquista. En este sentido es de justicia destacar que el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, bajo el impulso de Jaime Vicente Redón, ha realizado durante estos últimos años una labor encomiable gracias al trabajo realizado por Ana Oliva o Elisa Plana, junto con el apoyo entusiasta de Juan Carlos Gil y demás funcionarios de la Dirección General de Patrimonio Cultural. De este modo, se editaron numerosas publicaciones, se realizaron diversas actividades culturales, jornadas y exposiciones, también en el ámbito educativo (visitas al Campo de Mauthausen o el proyecto de cooperación transfronteriza “Las Rutas de la Memoria”), se elaboró  un mapa de fosas en Aragón (519 localizadas,  uno de los más completos y sistemáticos de España), además de efectuar diversas exhumaciones con las oportunos criterios arqueológicos y antropológicos.

     A fecha de hoy, y mientras siga en vigor la Ley 52/2007, corresponde a los poderes públicos, esto es, al Gobierno de Rajoy en Madrid o al de Rudi en Aragón, amparar y realizar actuaciones concretas en el ámbito de las políticas públicas de la memoria histórica. De hecho, la referida ley insta a la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las victimas “como última prueba de respeto hacia ellos”, tal y como se indica en su artículo 11, así como a la adopción de medidas concretas para lograrlo (arts. 12, 13 y 14). De igual modo,  la LMH  indica expresamente que “es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo rigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos”. Y todo ello, no ha sido, no es, y nunca será algo “superfluo”.

     Una de las razones esgrimidas por el PP para enterrar, y nunca mejor dicho, el Programa Amarga Memoria es la de que había que recuperar “el espíritu de la Transición”. Pero quienes esto dicen, olvidan  los “peajes” que entonces hubo que pagar para consolidar la democracia española, entre ellos, el aprobar la Ley 46/1977 de Amnistía, una ley de “punto final” para con los crímenes del franquismo, el renunciar al restablecimiento de la legalidad republicana o el posponer las justas demandas de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Hoy, después de tres décadas de democracia constitucional, estas demandas de justicia, verdad y reparación que empezaron a abrirse paso, con problemas y dificultades en estos últimos años, no pueden quedar sepultadas por la previsible involución auspiciada por las políticas conservadoras del PP. Calificar estas cuestiones como “superfluas” es, cuando menos, una frivolidad carente de la más mínima sensibilidad cívica puesto que, como señala la LMH, “se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y el marco de la Constitución, no puede dejar de atender”.

     Los familiares de víctimas del franquismo, han llorado durante largos años por sus familiares asesinados, muchos de ellos arrojados a cunetas donde yacen, todavía, para escarnio de nuestra democracia. Hoy vuelven a llorar  por el desinterés de la derecha gobernante en España y también en Aragón por las cuestiones relacionadas con la memoria histórica y, mientras tanto, la herida, esa herida, esa historia sangrante, seguirá sin cerrarse. Nuevas lágrimas recorrerán sus rostros, azotados por tanta incomprensión, sintiendo en su interior el sufrimiento porque la democracia española y las instituciones que la representan, quieren volver a negarles la ayuda para encontrar los restos de sus seres queridos y enterrarlos dignamente. Y mientras tanto, algunos familiares de las víctimas, acabarán sus días sin haber cumplido este anhelo, porque determinados gobernantes consideran que se trata de algo “superfluo”.

     José Ramón Villanueva Herrero (nieto de un carabinero de la República)

     (publicado en El Periódico de Aragón, 29 diciembre 2011)

      Al igual que va a ocurrir con aspectos esenciales del Estado de Bienestar, el futuro Gobierno de Rajoy va a suponer un serio retroceso en la política que, durante éstos últimos años, se ha impulsado desde  la Alianza de Civilizaciones, un proyecto de futuro en el que nunca creyó la derecha española, una iniciativa siempre cuestionada desde sectores conservadores y que, de hecho, no figura en el programa electoral del PP.

     Recordemos que la Alianza surgió a partir de una propuesta de Zapatero presentada en la Asamblea General de la ONU el 21 de septiembre de 2004 con la intención de crear una alianza entre Occidente y el mundo árabe y musulmán con el fin de combatir el terrorismo yihadista por otros caminos distintos a la estrategia militar, en unos momentos en que la sociedad española se hallaba conmocionada ante la tragedia que supusieron los atentados del 11-M, ocurridos seis meses antes. Desde entonces, la iniciativa española, secundada por Recep Tayyip Erdogan,  Primer Ministro de Turquía, fue sumando apoyos y, de este modo, se creó el Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones del cual forman parte en la actualidad 89 países y 17 organizaciones internacionales.

     La propuesta de Zapatero,  adoptada por la ONU en abril de 2007, se articuló en torno a tres puntos fundamentales: la cooperación antiterrorista, la corrección de las desigualdades socioeconómicas y el diálogo cultural. Posteriormente, la Resolución de las Naciones Unidas de 10 de noviembre de 2009, reafirmó los valores y principios que inspiran esta Alianza: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el carácter universal de éstas; la promoción de una cultura de paz y de diálogo y el fomento de la tolerancia y el respeto en los asuntos relacionados con la religión y las creencias. En consecuencia, se planteaba como objeto de “ganar las mentes y los corazones” para los valores antes indicados y contrarrestar así la expansión de todo fundamentalismo e intolerancia. Para ello, la Alianza se estructura a tres niveles: el internacional, mediante la realización de Planes de Acción bianuales, Estrategias Regionales y Cartas de Partenariado suscritas con diversas organizaciones (UNESCO, Consejo de Europa, Unión Europea o la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ISESCO); el nacional, mediante el desarrollo de Planes nacionales específicos, y, finalmente, a nivel local, a través de diversos proyectos que implican a la sociedad civil.

     Además, la ONU, en la referida Resolución, expresó “su apoyo continuo” a la labor de la Alianza,  así como “la pertinencia de los planes nacionales para la Alianza que han sido aprobados por los Estados miembros”, tema éste en el que España, está desarrollando, hasta el presente, una destacada labor: ejemplo de ello es el actualmente vigente II Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones (II PNAC 2010-2014) desarrollado por el Gobierno Zapatero  y cuyo futuro, tras la llegada al poder de la derecha, resulta incierto.

     Debemos tener presente que el II PNAC desarrolla una amplia gama de proyectos y actividades concretas que implican a los ministerios de Educación, Fomento, Trabajo e  Inmigración, Defensa, Interior y al ya desaparecido de Igualdad, centrando sus actuaciones en cuatro ámbitos prioritarios: educación, juventud, migración y medios de comunicación. Si el Primer Plan realizado en España  durante 2008-2010 contó con 57 realizaciones concretas, el actual, cuyo balance de actuaciones se ha presentado en el Foro de Doha los pasados días 11-13 de diciembre, es mucho más ambicioso pues en él se ha impulsado la implicación de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones locales e, igualmente, ha contado con la participación activa de la sociedad civil por medio de la incorporación de objetivos y proyectos propuestos por instituciones culturales como la Casa Árabe, Casa Sefarad-Israel, Fundación Tres Culturas, Fundación Pluralismo y Convivencia, Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Real Instituto Elcano o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre  otras. Especialmente significativas son las actuaciones en el sistema educativo, los proyectos relacionados con el Plan Nacional I+D+i o las actuaciones del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración o del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración Social para la lucha contra el racismo y la xenofobia.

     Como se recoge en el Acuerdo del II PNAC aprobado el  20 de mayo de 2010, todos los proyectos incorporados al mismo se fundamentan “en el compromiso con la legalidad internacional, en el pleno respeto a los Derechos Humanos sin discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el apoyo resuelto al multilateralismo que representan las Naciones Unidas”. En cuanto a la acción exterior, elemento esencial de este Plan, el Gobierno había asumido compromisos para potenciar las Estrategias Regionales de la Alianza para zonas concretas como el Sudeste Europeo (Balcanes ) y el Mediterráneo, así como contribuir a proyectos  de cooperación orientados a la gestión de de la diversidad cultural.

     Sin embargo, nada de todo este ambicioso proyecto de la Alianza de Civilizaciones parece estar en la agenda inmediata de la derecha.  A las repetidas críticas recibidas por parte de Aznar y la FAES, hay que añadir que Rajoy,  en 2006,  definió a la Alianza como “propaganda” y “cantos de sirena” que “no importan a nadie”, un Rajoy que en este tema, como ya le ocurrió con la economía, con un excesivo fervor de militante conservador, exigía a Zapatero que “hiciese una política exterior como Dios manda”. Por ello,  ignoramos si va a mantener el grado de implicación que España ha tenido en esta materia durante el período de los Gobiernos del PSOE, como también resulta una incógnita si Rajoy estará presente en el V Foro de la Alianza de las Civilizaciones a celebrar en Austria el próximo año 2012.Y es que, tras al cambio político conservador ocurrido en España y los efectos de la crisis económica, posiblemente  tenga Rajoy la tentación de entonar el réquiem por la Alianza maquillando su rechazo por este proyecto de diálogo intercultural con la coartada de los apremiantes ajustes presupuestarios exigidos a las cuentas públicas.

     Y, sin embargo, como señalaba Jorge Sampaio, expresidente de la República de Portugal y actual Presidente de la Alianza de Civilizaciones, apostar políticamente por ella supone “una mayor conciencia de gestionar la diversidad cultural como pilar esencial de las relaciones internacionales” y ello significa “un progreso respecto a la concepción tradicional de la diplomacia como una relación Estado a Estado”. Estas son las ideas que, en esencia, presentó Zapatero en la ONU en septiembre de 2004, unas ideas que pese a lo que opine Rajoy, siguen siendo necesarias en un mundo cada vez más multicultural, todo un reto para los dirigentes políticos presentes y futuros, y también para nosotros, los ciudadanos, que convivimos en una sociedad compleja y cambiante.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 18 diciembre 2011)