Kyriathadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     Si desde 1942 se fue produciendo una gradual expansión orgánica de la clandestina UGT aragonesa, no por ello cesaba el permanente acoso al cual eran sometidos los grupos antifranquistas por parte de las fuerzas represivas. De hecho, según relataba el periódico El Noticiero el 15 de enero de 1946, la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza se vanagloriaba de tener en su archivo 700.000 fichas policiales, ¡en una ciudad que por aquel entonces contaba con 250.000 habitantes!. Este asfixiante acoso policial hizo que, durante estos años hubiese varias caídas y desarticulaciones que fueron debilitando gradualmente a la UGT aragonesa hasta su práctico desmantelamiento en 1948.

     La primera caída tuvo lugar en agosto de 1946 como consecuencia de la filtración de un confidente policial que trabajaba en el Viceconsulado británico de Zaragoza, el cual, hasta entonces, había apoyado a la Organización Socialista clandestina de UGT-PSOE-JSE. Consecuencia de ello fue la detención de diversos ugetistas, entre ellos, Manuel Soto, Eugenio Díez o Francisco Simón Ullate, el cual intentó suicidarse en las dependencias policiales, mientras que otros militantes, como Luís Arbella o Pascual Marco, lograron huir y refugiarse con apoyo de los ugetistas vascos en el barrio bilbaíno de Zamákola.

     En enero de 1947 se produjeron una serie de caídas en cadena tras la desarticulación en la ciudad de Huesca de la CNT y del Socorro  Internacional Pro-Presos, seguida pocos días después de la caída del libertario Comité Comarcal “Espartaco” en la Cuenca Minera de Utrillas, lo cual supuso, además de numerosas detenciones, la desarticulación de 14 comités locales. Dado que esta organización, vinculada a la CNT se integraba a su vez en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), las conexiones entre ambas propiciaron que la policía desarticulase a su vez a la organización zaragozana de la ANFD, cuyos dirigentes principales, entre ellos, los representantes ugetistas, fueron detenidos a lo largo del mes de marzo de 1947, fechas por las que también se produjo una importante caída de los cuadros del PCE con un total de 47 detenidos. De este modo, entre febrero-marzo de dicho año, se produjo una desarticulación parcial del PSOE-UGT en Aragón y algunos de  sus más activos militantes como Celestino Torres, Manuel Soto, Eusebio Díez, Pascual Marco o Adolfo Barbacil, cayeron en manos de la policía., así como diversos militantes ugetistas de San Sebastián, dadas sus conexiones entre éstos y la UGT aragonesa. De igual modo, se desarticuló el Comité Comarcal de las JSE de Alcañiz y parte de la organización ugetista en las Cuencas Mineras turolenses, entre ellos, Juan Mateo, los cuales sufrieron la dureza de los maltratos policiales durante los interrogatorios y, como consecuencia de ello, Francisco Collado perdió un ojo y Antonio Muñoz Sánchez se ahorcó en su celda, todo lo cual fue denunciado en las páginas de Vida Nueva, la publicación clandestina de la UGT aragonesa.

     Esta ola represiva motivó una nueva reorganización del núcleo de UGT existente en Aragón, el cual tuvo lugar tras un Comité Local celebrado en Zaragoza el 21 de septiembre de 1947 y en el cual se eligió a Bonifacio Solá Yubero (presidente) y a Manuel Canteli como secretario, figurando también Peribáñez  (tesorero y vicesecretario) y Grávalos, Larrea, Moisés González y Jesús Gamboa, más tarde incorporado a las filas del PCE y de CC.OO., como vocales. Este nuevo Comité Regional de UGT mantuvo contactos externos con Euskadi (especialmente, Bilbao y San Sebastián), Barcelona, Valencia, Logroño, Soria, con Madrid (de forma esporádica) y con la dirección de UGT en el exilio de Toulouse gracias a la labor constante y tenaz de Pascual Marco Mateo. Como objetivos políticos, se hicieron esfuerzos por reactivar la agónica ANFD, así como mantener la relación con la CNT, a la que se alude como “entidad hermana”, y para coordinar la acción opositora con el pequeño núcleo de la Federación Universitaria Escolar (FUE). existente en la Universidad de Zaragoza. Tampoco se olvidaron temas organizativos como la ayuda a los presos, la financiación y la prensa clandestina de la UGT aragonesa, así como el intento de reactivar, con escaso éxito,  la FNTT, y la FETE, las históricas federaciones de campesinos y maestros ugetistas.

     También se había reorganizado la JSE, la cual, a partir de febrero de 1947, se define como “Juventud Combatiente” y, entre sus miembros, militantes igualmente de la UGT, se planteó el peligroso dilema del recurso a la violencia. De hecho, algunos de ellos, como Daniel González o el alcañizano Bernardo Gracia, evidenciaron, a través de los llamados Grupos de Acción Espacial (GAE), la necesidad de realizar acciones más contundentes que el mero reparto de propaganda clandestina. Por ello, se dotaron de armas para pasar a la acción directa y violenta contra la dictadura en unos momentos en que el contexto internacional y las resoluciones de la ONU parecían haber dejado aislado al régimen del general Franco. Por todo ello, se intentaron poner unas bombas en el Gobierno Civil de Zaragoza que, debido a la inexperiencia de los jóvenes ugetistas no explosionaron, se pretendió realizar un atraco en una sucursal del Banco Zaragoza y, también, se estuvo a punto de asesinar a un confidente policial empleado en la fábrica Tudor en junio de 1947: en el último instante, ésta acción no se llevó a cabo y la cuestión del recurso a la violencia suscitó un profundo debate interno en las filas de las JSE zaragozanas.

     Mientras todo esto ocurría, la policía franquista iba cerrando el cerco sobre la organización socialista clandestina formada por la acción conjunta y coordinada de UGT-PSOE-JSE. Consecuencia de ello fue que, en la madrugada del 10 de febrero de 1948, la Brigada Político-Social detuvo a los 34 principales dirigentes de la UGT, PSOE y JSE en Aragón, a la vez que se incautaba de todo el armamento de la organización y de su aparato de prensa y propaganda. Contra los detenidos se instruyó  la Causa nº 407 por parte del Juzgado de Instrucción Militar nº 3 de Zaragoza bajo las acusaciones de “asociación ilícita, propaganda ilegal, tenencia ilícita de armas” y, en algún caso, de “reincidencia”.

     Los efectos de la caída de febrero de 1948, como señalan David Corellano y Mercedes Yusta, fueron “devastadores para la resistencia socialista aragonesa y, consecuentemente, para la UGT, la cual no se recuperaría hasta la década de los años setenta”. Y, sin embargo, la llama de la UGT clandestina, aunque tenue, siguió viva durante los años siguientes, gracias a la fidelidad de un núcleo reducido de militantes, entre los que se debe destacar de forma especial a Pascual Marco Mateo, tal y como comprobaremos en la siguiente entrega de esta breve historia de la UGT aragonesa.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: La Voz Sindical, órgano de la UGT Aragón, nº 118, diciembre 2011)

     En cierta ocasión, oí hablar de un médico judío, llamado Hans Serelman, miembro de la Resistencia francesa y que fue asesinado por los nazis en las cercanías de Oloron, en uno de cuyos cementerios estaba enterrado.  Desde entonces, he visitado en varias ocasiones su tumba y, en estas fechas en que la cuestión de la memoria histórica ha recibido un nuevo revés por parte del Gobierno de Aragón tras la supresión del Programa Amarga Memoria, lo he vuelto a hacer: ante ella, me reafirmo en el valor cívico y democrático de la memoria, de todo lo cual Francia resulta un ejemplo a imitar, como lo fue la vida de aquel médico antifascista judío.

     Victor Hans Jacob Serelman nació en Berlín en 1898 y era un prestigioso cirujano establecido en Niederlungwitz, en la región alemana de Sajonia cuando llegó Hitler al poder en 1933. A partir de ese momento,  la política racista del nazismo, sobre todo tras la aprobación de las leyes raciales de Nuremberg en 1935,  supuso la segregación y  el  acoso permanente de  la población judía. Fue precisamente en este año, cuando el doctor Serelman, tratando a un paciente grave que necesitaba con urgencia una transfusión sanguínea y, dado que entonces no existían Bancos de Sangre, fue él mismo quien le donó su propia sangre salvando así la vida del paciente, un alemán ario. Pero esta acción humanitaria tuvo, sin embargo,  efectos negativos para el doctor ya que, en  aplicación de la Ley de Protección de la sangre alemana y honor alemán, fue acusado de “contaminar la sangre de la raza alemana” con su sangre judía y, por ello, enviado al campo de concentración de Dachau, donde permaneció durante 7 meses hasta  que fue liberado por la presión de la población a favor de su doctor, según señala Michel Martín, uno de los investigadores que han estudiado su vida.

     Tras salir de Dachau, logró huir de Alemania emigrando a Checoslovaquia y más tarde a Austria. Al estallar la guerra civil española, sus ideales antifascistas hicieron que se incorporase a la Brigada Internacional “Thaëlmann”, formada por militantes de izquierda, sobre todo comunistas alemanes y austriacos. Encuadrado en dicha Brigada, estuvo destacado en diversos frentes, entre ellos, el de Aragón, al igual  que ocurrió con figuras tan destacadas como George Orwell, Tito, André Malraux, Ernest Hemingway o Willy Brandt, que apoyaron de forma activa a la causa republicana. Tras el hundimiento del frente de Aragón y la consiguiente retirada  del Ejército Popular, Serelman tuvo un papel destacado en la evacuación del hospital de Benicasim (abril 1938) y, ante el avance franquista en Cataluña, se unió a la marea de republicanos, combatientes y civiles, que buscó refugio en Francia en febrero de 1939. Una vez en tierras galas, al igual que miles de nuestros compatriotas y brigadistas internacionales, fue internado en el Campo de Gurs, del cual se evadió en 1943.

      Tras su huída de Gurs, se refugió en Jurançon en casa de una familia protestante hasta que, a finales de ese año, se unió al grupo guerrillero “Guy Môquet”, que llevaba este nombre en honor de un joven, hijo de un diputado del PCF, que había sido fusilado en 1941. Dicho grupo  de resistencia antinazi se había formado en 1943 por una docena de jóvenes de Oloron a los que se les unió, además de Serelman, un desertor del ejército alemán llamado Max Karl. Este maquis, que lideraba Étienne Martin (“comandante Valmy”),  realizó diversas acciones armadas en tierras del Béarn como la voladura del puente de Escot, el ataque a un convoy alemán en Herrère o el descarrilamiento de un tren en Lurbe. Serelman, que alcanzó el rango de capitán y que en la Resistencia era conocido como “Víctor”,  participó algunas de estas acciones contra la ocupación nazi pero, sobre todo, desempeñó su papel como médico y, a falta de medicinas, curaba con plantas a los  maquis heridos que luchaban en esas montañas pirenaicas.

     Pero el destino estaba marcado para este grupo de resistentes: el 19 de junio de 1944, Serelman murió junto con otros tres combatientes del maquis, entre ellos su paisano Max Karl, a manos de los nazis  en la granja de Arrouès, en el pueblo de Eysus: Serelman cayó muerto de una ráfaga de ametralladora y, posteriormente, su cuerpo fue quemado con un lanzallamas por los nazis. Al finalizar la guerra, fue enterrado en el cementerio oloronés de Santa María y su nombre figura inscrito en el Memorial de la Shoah, como combatiente judío contra el nazismo.

     La memoria de Serelman ha sido recuperada gracias a las investigaciones de Michel Martin, hijo del “comandante Valmy”, autor de libros sobre el maquis en esta  zona pirenaica francesa colindante con el  Pirineo aragonés como Du Bager à Marie-Blanque y Résistance en Haut Béarn,  así como por la historiadora Dora Schaul, mientras que Bernard Férié, realizó un documental titulado Le Médecin du Maquis. También las instituciones han recordado la figura de este capitán judío, luchador infatigable contra el fascismo y, en 2004 se colocó una placa conmemorativa en su memoria y los demás resistentes asesinados en el “Espace Guy-Môquet” de Eysus, acto al que se sumaron varios familiares de Serelman venidos desde Alemania.

     Cuando tanto se agita la cuestión de la memoria histórica en España, me viene a la memoria lo que ocurre en Francia, donde este tema no suscita la tensión política que genera en nuestro país por el rechazo visceral de la derecha política ante las políticas públicas de la memoria. Difícil es encontrar un lugar en territorio galo en donde no hallemos memoriales, monumentos o lugares de la memoria en los que se honra, con total normalidad democrática, a los combatientes por la libertad, a los luchadores contra el fascismo, sea cual sea su nacionalidad y, por ello, donde se recuerda a muchos de nuestros compatriotas republicanos, que murieron  combatiendo en las filas de la Resistencia francesa durante los sangrientos años de la II Guerra Mundial.

     Tal  vez algún día, la memoria de de miles de republicanos españoles, todavía yacentes en las fosas de la ignominia que salpican la geografía hispana, puedan ser honrados de la misma forma que lo son esos lugares de Francia, igual que lo es la tumba de aquel héroe que vertió su sangre por la libertad llamado Hans Serelman.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 22 enero 2012)

     Exceptuando esta sección, no existen demasiados nexos de unión (históricos y culturales) entre Hungría y las tierras de Aragón. Sin embargo, tiempo atrás destacamos por medio de un artículo, la figura y el legado de Ángel Sanz Briz (1910-1980), aquel digno diplomático zaragozano el cual, estando al frente de la Embajada de España en Budapest durante 1944, salvó la vida a más de cinco mil judíos húngaros que iban a ser enviados a Auschwitz por la barbarie nazi, con la colaboración de sus aliados magiares del Movimiento de la Cruz Flechada ((Nyilas Keresztes Mozagalom).

     En esta ocasión, quiero hacer referencia a un acto cultural: la exposición que, con el título de “Maestros húngaros de la fotografía. Brassaï, Capa, Kertész, Molí-Nagy, Munkácsi” organizada en Zaragoza por la Obra Social de Ibercaja y que ha estado abierta al público desde el 29 de septiembre hasta el 31 de diciembre pasado.

     Esta excelente exposición es la primera vez que presenta en España y consta de fondos del Magyar Fotográfiai Múzeum, institución que lleva 20 años investigando, conservando y difundiendo el asombroso patrimonio fotográfico de Hungría. En ella, se nos ofrece, a partir de 74 fotografías de gran valor,  un interesante recorrido sobre la trayectoria artística de estos cinco fotógrafos húngaros que, a lo largo del siglo XX, realizaron una contribución fundamental al desarrollo técnico y estético de la fotografía. Les une a todos ellos su condición de judíos que, por  razones políticas o económicas, se vieron obligados a emigrar de su Hungría natal y triunfaron innovando el arte de la fotografía moderna. Este fue el caso del fotoperiodismo de Robert Capa, la fotografía documental de Brassaï, los reportajes de moda realizados por Martin Munkácsi, la fotografía artística de André Kertész o la fotografía experimental en el caso de Lászlo Molí-Nagy.

     El recorrido se inicia con las obras de André Kertész (Budapest, 1894 – Nueva York, 1985), el cual, tras su paso por el mundo artístico parisino de Montparnasse y su establecimiento definitivo en los Estados Unidos desde 1936, logró la fama por la espontaneidad de sus fotografías, la modernidad de sus desnudos distorsionados y un uso inteligente de la luz lo cual convirtió muchas de sus obras en una fotografía artística que logró el reconocimiento público.

     Martin Munkácsi (Cluj, 1896 – Nueva York, 1963), considerado como uno de los pioneros del fotoperiodismo, tras huir del nazismo, se estableció también en los Estados Unidos. Allí revolucionó la fotografía de moda, que siempre realizó en blanco y negro, y a quien se considera como el inventor del concepto “sexy” y que, a través de su legado fotográfico, se intuye que siempre pretendió buscar la cara festiva de la vida.

     Lászlo Moholy-Nagy (Bácsborsód, 1895 – Chicago, 1946), tras residir durante un tiempo en Berlín como profesor de la prestigiosa Escuela Bauhaus, también huyó del nazismo y, al igual que Kertész y Munkácsi, se estableció en Estados Unidos siendo profesor del Institute of Design de Chicago. Su fotografía experimental se caracterizó por su innovación y por ser un espíritu vanguardista infatigable.

     Brassaï (Brassó, 1899 – Niza, 1984), este fotógrafo, cuyo verdadero nombre era Gyla Hlász, adoptó como pseudónimo el de su ciudad natal, entonces húngara,  y que actualmente pertenece a Rumanía. Interesado por la pintura y autodidacta de la fotografía, se afincó en París y se hizo famoso por sus fotografías sobre la vida nocturna de la capital francesa, razón por la cual se le llamó “el ojo de París”. También resultan muy notables la fotografías que realizó de muchos de los artistas que, por aquellos años, vivían en la ciudad del Sena, como era el caso de Dalí, Matisse o Picasso.

     Robert Capa (Budapest, 1913 – Thai Bien, Indochina Francesa, 1954), tal vez sea el fotógrafo húngaro más conocido y de mayor proyección personal y artística en España. También tuvo que emigrar de su tierra natal por sus ideas izquierdistas y se estableció en Berlín hasta que, tras el ascenso de Hitler al poder en 1933, buscó nuevo refugio en Francia. Posteriormente, fue enviado por la Agencia Regards para cubrir la información gráfica sobre la Guerra Civil Española, período durante el cual inmortalizó fotografías que reflejaban con total nitidez la desigual lucha que libraba la República Española, abandonada a su suerte por las democracias occidentales, contra el fascismo. No podía faltar en esta exposición la mítica fotografía titulada “Muerte de un miliciano”, en el que la cámara de Capa refleja el instante en que es abatido por las balas de los sublevados un combatiente republicano en Cerro Muriano (Córdoba).

     Posteriormente, Capa tuvo un destacado papel como reportero gráfico durante la II Guerra Mundial. Siempre se mantuvo fiel a su máxima según la cual, “si las fotos no son bastante buenas, significa que no has estado suficientemente cerca” y, por ello, murió al pisar una mina cuando estaba cubriendo la guerra de Indochina. Por todo ello, Robert Capa ha sido considerado el mayor fotógrafo de guerra y ha influido de forma determinante en la obra de casi todos los corresponsales que, hasta la actualidad, han cubierto, con serio riesgo de sus vidas, los diversos conflictos bélicos que han ensangrentado a la Humanidad.

     Por todo lo dicho esta exposición nos acerca a la cultura húngara contemporánea de la mano de estos cinco fotógrafos judíos, exiliados de su patria e innovadores en las técnicas fotográficas, hasta convertir a la imagen en el nuevo arte de nuestro tiempo. En conjunto, esta exposición nos invita a un recorrido por la Europa del siglo XX a través de las personas, los acontecimientos y la historia que les tocó vivir, todo un tiempo de cambios políticos y sociales, de historias cotidianas y, también, experimentos visuales nuevos y búsquedas estéticas innovadoras.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Quincenal de Hungría, nº 122, Budapest, enero 2012)

     No por esperado, ha causado menos malestar la decisión del Gobierno de Aragón,  anunciada el pasado 15 de diciembre por la consejera Dolores Serrat, de suprimir el Programa Amarga Memoria calificándolo de “superfluo”. La coartada perfecta para tomar esta medida ha sido la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, pero la realidad es que el PP, ahora en el Gobierno, nunca ha tenido la voluntad política de acometer el deber moral y cívico que nuestra democracia adeuda, todavía, para con las víctimas del franquismo, una cuestión de salud democrática que debería medirse por otros parámetros distintos a los meramente economicistas.

     La derecha española, también en Aragón, siempre se ha mostrado reacia a romper, de verdad y de forma definitiva,  las amarras emocionales e ideológicas con la herencia del franquismo, a diferencia de lo hecho por otras derechas europeas, como las de Alemania, Italia o Francia, que apoyaron las políticas públicas de la memoria histórica antifascista  y del impulso de la educación cívica en los valores democráticos.

     Debemos recordar la Proposición no de ley 127/06 relativa al impulso de medidas para la recuperación de la memoria histórica del Programa Amarga Memoria, presentada en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista. En los debates de la misma, el año 2006, el PP ya dejó clara su posición. Una lectura atenta del Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón recoge determinadas afirmaciones de Antonio Suárez, entonces diputado portavoz del PP, sobre la referida Proposición no de ley a la que calificaba de “sectaria” y “fundamentalista”, “un camino equivocado”, que sólo pretendía “la confrontación social”.

     A nivel nacional, en pleno debate parlamentario sobre la futura Ley 52/2007 de la Memoria Histórica (LMH) impulsada por el Gobierno de Zapatero, ya advirtió Rajoy de que la derogaría en caso de ganar las elecciones del 2008 y es previsible que, a nivel nacional, como ocurre en Aragón, las políticas del PP pongan fin a la legislación memorialista que, pese a todas sus deficiencias y limitaciones, había abierto, por vez primera, el camino para la plena reparación moral, y tal vez jurídica, de las víctimas de la dictadura franquista. En este sentido es de justicia destacar que el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, bajo el impulso de Jaime Vicente Redón, ha realizado durante estos últimos años una labor encomiable gracias al trabajo realizado por Ana Oliva o Elisa Plana, junto con el apoyo entusiasta de Juan Carlos Gil y demás funcionarios de la Dirección General de Patrimonio Cultural. De este modo, se editaron numerosas publicaciones, se realizaron diversas actividades culturales, jornadas y exposiciones, también en el ámbito educativo (visitas al Campo de Mauthausen o el proyecto de cooperación transfronteriza “Las Rutas de la Memoria”), se elaboró  un mapa de fosas en Aragón (519 localizadas,  uno de los más completos y sistemáticos de España), además de efectuar diversas exhumaciones con las oportunos criterios arqueológicos y antropológicos.

     A fecha de hoy, y mientras siga en vigor la Ley 52/2007, corresponde a los poderes públicos, esto es, al Gobierno de Rajoy en Madrid o al de Rudi en Aragón, amparar y realizar actuaciones concretas en el ámbito de las políticas públicas de la memoria histórica. De hecho, la referida ley insta a la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las victimas “como última prueba de respeto hacia ellos”, tal y como se indica en su artículo 11, así como a la adopción de medidas concretas para lograrlo (arts. 12, 13 y 14). De igual modo,  la LMH  indica expresamente que “es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo rigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos”. Y todo ello, no ha sido, no es, y nunca será algo “superfluo”.

     Una de las razones esgrimidas por el PP para enterrar, y nunca mejor dicho, el Programa Amarga Memoria es la de que había que recuperar “el espíritu de la Transición”. Pero quienes esto dicen, olvidan  los “peajes” que entonces hubo que pagar para consolidar la democracia española, entre ellos, el aprobar la Ley 46/1977 de Amnistía, una ley de “punto final” para con los crímenes del franquismo, el renunciar al restablecimiento de la legalidad republicana o el posponer las justas demandas de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Hoy, después de tres décadas de democracia constitucional, estas demandas de justicia, verdad y reparación que empezaron a abrirse paso, con problemas y dificultades en estos últimos años, no pueden quedar sepultadas por la previsible involución auspiciada por las políticas conservadoras del PP. Calificar estas cuestiones como “superfluas” es, cuando menos, una frivolidad carente de la más mínima sensibilidad cívica puesto que, como señala la LMH, “se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y el marco de la Constitución, no puede dejar de atender”.

     Los familiares de víctimas del franquismo, han llorado durante largos años por sus familiares asesinados, muchos de ellos arrojados a cunetas donde yacen, todavía, para escarnio de nuestra democracia. Hoy vuelven a llorar  por el desinterés de la derecha gobernante en España y también en Aragón por las cuestiones relacionadas con la memoria histórica y, mientras tanto, la herida, esa herida, esa historia sangrante, seguirá sin cerrarse. Nuevas lágrimas recorrerán sus rostros, azotados por tanta incomprensión, sintiendo en su interior el sufrimiento porque la democracia española y las instituciones que la representan, quieren volver a negarles la ayuda para encontrar los restos de sus seres queridos y enterrarlos dignamente. Y mientras tanto, algunos familiares de las víctimas, acabarán sus días sin haber cumplido este anhelo, porque determinados gobernantes consideran que se trata de algo “superfluo”.

     José Ramón Villanueva Herrero (nieto de un carabinero de la República)

     (publicado en El Periódico de Aragón, 29 diciembre 2011)

      Al igual que va a ocurrir con aspectos esenciales del Estado de Bienestar, el futuro Gobierno de Rajoy va a suponer un serio retroceso en la política que, durante éstos últimos años, se ha impulsado desde  la Alianza de Civilizaciones, un proyecto de futuro en el que nunca creyó la derecha española, una iniciativa siempre cuestionada desde sectores conservadores y que, de hecho, no figura en el programa electoral del PP.

     Recordemos que la Alianza surgió a partir de una propuesta de Zapatero presentada en la Asamblea General de la ONU el 21 de septiembre de 2004 con la intención de crear una alianza entre Occidente y el mundo árabe y musulmán con el fin de combatir el terrorismo yihadista por otros caminos distintos a la estrategia militar, en unos momentos en que la sociedad española se hallaba conmocionada ante la tragedia que supusieron los atentados del 11-M, ocurridos seis meses antes. Desde entonces, la iniciativa española, secundada por Recep Tayyip Erdogan,  Primer Ministro de Turquía, fue sumando apoyos y, de este modo, se creó el Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones del cual forman parte en la actualidad 89 países y 17 organizaciones internacionales.

     La propuesta de Zapatero,  adoptada por la ONU en abril de 2007, se articuló en torno a tres puntos fundamentales: la cooperación antiterrorista, la corrección de las desigualdades socioeconómicas y el diálogo cultural. Posteriormente, la Resolución de las Naciones Unidas de 10 de noviembre de 2009, reafirmó los valores y principios que inspiran esta Alianza: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el carácter universal de éstas; la promoción de una cultura de paz y de diálogo y el fomento de la tolerancia y el respeto en los asuntos relacionados con la religión y las creencias. En consecuencia, se planteaba como objeto de “ganar las mentes y los corazones” para los valores antes indicados y contrarrestar así la expansión de todo fundamentalismo e intolerancia. Para ello, la Alianza se estructura a tres niveles: el internacional, mediante la realización de Planes de Acción bianuales, Estrategias Regionales y Cartas de Partenariado suscritas con diversas organizaciones (UNESCO, Consejo de Europa, Unión Europea o la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ISESCO); el nacional, mediante el desarrollo de Planes nacionales específicos, y, finalmente, a nivel local, a través de diversos proyectos que implican a la sociedad civil.

     Además, la ONU, en la referida Resolución, expresó “su apoyo continuo” a la labor de la Alianza,  así como “la pertinencia de los planes nacionales para la Alianza que han sido aprobados por los Estados miembros”, tema éste en el que España, está desarrollando, hasta el presente, una destacada labor: ejemplo de ello es el actualmente vigente II Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones (II PNAC 2010-2014) desarrollado por el Gobierno Zapatero  y cuyo futuro, tras la llegada al poder de la derecha, resulta incierto.

     Debemos tener presente que el II PNAC desarrolla una amplia gama de proyectos y actividades concretas que implican a los ministerios de Educación, Fomento, Trabajo e  Inmigración, Defensa, Interior y al ya desaparecido de Igualdad, centrando sus actuaciones en cuatro ámbitos prioritarios: educación, juventud, migración y medios de comunicación. Si el Primer Plan realizado en España  durante 2008-2010 contó con 57 realizaciones concretas, el actual, cuyo balance de actuaciones se ha presentado en el Foro de Doha los pasados días 11-13 de diciembre, es mucho más ambicioso pues en él se ha impulsado la implicación de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones locales e, igualmente, ha contado con la participación activa de la sociedad civil por medio de la incorporación de objetivos y proyectos propuestos por instituciones culturales como la Casa Árabe, Casa Sefarad-Israel, Fundación Tres Culturas, Fundación Pluralismo y Convivencia, Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Real Instituto Elcano o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre  otras. Especialmente significativas son las actuaciones en el sistema educativo, los proyectos relacionados con el Plan Nacional I+D+i o las actuaciones del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración o del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración Social para la lucha contra el racismo y la xenofobia.

     Como se recoge en el Acuerdo del II PNAC aprobado el  20 de mayo de 2010, todos los proyectos incorporados al mismo se fundamentan “en el compromiso con la legalidad internacional, en el pleno respeto a los Derechos Humanos sin discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el apoyo resuelto al multilateralismo que representan las Naciones Unidas”. En cuanto a la acción exterior, elemento esencial de este Plan, el Gobierno había asumido compromisos para potenciar las Estrategias Regionales de la Alianza para zonas concretas como el Sudeste Europeo (Balcanes ) y el Mediterráneo, así como contribuir a proyectos  de cooperación orientados a la gestión de de la diversidad cultural.

     Sin embargo, nada de todo este ambicioso proyecto de la Alianza de Civilizaciones parece estar en la agenda inmediata de la derecha.  A las repetidas críticas recibidas por parte de Aznar y la FAES, hay que añadir que Rajoy,  en 2006,  definió a la Alianza como “propaganda” y “cantos de sirena” que “no importan a nadie”, un Rajoy que en este tema, como ya le ocurrió con la economía, con un excesivo fervor de militante conservador, exigía a Zapatero que “hiciese una política exterior como Dios manda”. Por ello,  ignoramos si va a mantener el grado de implicación que España ha tenido en esta materia durante el período de los Gobiernos del PSOE, como también resulta una incógnita si Rajoy estará presente en el V Foro de la Alianza de las Civilizaciones a celebrar en Austria el próximo año 2012.Y es que, tras al cambio político conservador ocurrido en España y los efectos de la crisis económica, posiblemente  tenga Rajoy la tentación de entonar el réquiem por la Alianza maquillando su rechazo por este proyecto de diálogo intercultural con la coartada de los apremiantes ajustes presupuestarios exigidos a las cuentas públicas.

     Y, sin embargo, como señalaba Jorge Sampaio, expresidente de la República de Portugal y actual Presidente de la Alianza de Civilizaciones, apostar políticamente por ella supone “una mayor conciencia de gestionar la diversidad cultural como pilar esencial de las relaciones internacionales” y ello significa “un progreso respecto a la concepción tradicional de la diplomacia como una relación Estado a Estado”. Estas son las ideas que, en esencia, presentó Zapatero en la ONU en septiembre de 2004, unas ideas que pese a lo que opine Rajoy, siguen siendo necesarias en un mundo cada vez más multicultural, todo un reto para los dirigentes políticos presentes y futuros, y también para nosotros, los ciudadanos, que convivimos en una sociedad compleja y cambiante.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 18 diciembre 2011)

     Tras la arrolladora victoria del PP en los comicios del 20-N y los primeros análisis de la debacle de un PSOE castigado por sus bases sociales y electorales por haber renunciado a hacer políticas socialdemócratas en estos tiempos de desánimo global, el tema principal sigue siendo las crisis y sus nuevos dogmas de fe: la necesidad de “calmar”, al precio que sea,  a los “mercados” y de frenar el alza de la prima de riesgo.

     Mientras estas son las preocupaciones en la opulenta (aunque menos) Unión Europea (UE), cuando se acrecienta el temor de los EE.UU. a que las convulsiones financieras crucen de nuevo el Atlántico, hay otras noticias que nos han pasado inadvertidas. Este es el caso de la V Asamblea de la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA) celebrada entre el 23-27 de noviembre pasado en la República de El Salvador. En la COMPA se agrupan asociaciones y comunidades de la mayor parte de los países de América, desde Argentina a Canadá, unidas con el fin de establecer estrategias comunes de resistencia para hacer frente a los negativos efectos de la globalización neoliberal y, a la vez, fomentar modelos de desarrollos económicos alternativos, sostenibles y respetuosos con la ecología del continente.

     La COMPA, surgida tras un encuentro de 128 organizaciones latinoamericanas celebrado en Chiapas en octubre de 2000,  tiene 6 ejes estratégicos: la defensa de unas relaciones comerciales internacionales justas, lo cual supone una dura crítica a los Tratados de Libre Comercio y a la actuación de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la desmilitarización de las sociedades de América Latina en las que tanto pesa, todavía, el imperialismo de los EE.UU. y la actuación de sistemas policiales corruptos y con escaso respeto a los derechos humanos; la exigencia de cancelación de la deuda externa y de la eliminación de los ajustes estructurales; la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente al expolio por parte de los Estados y de las multinacionales para explotar  sus recursos naturales; la promoción de modelos de desarrollo rural sostenibles rechazando los cultivos transgénicos y la biopiratería y, finalmente, una apuesta decidida a favor de la participación de la mujer en la construcción de nuevas alternativas políticas, económicas y sociales.

     Con esta perspectiva, la citada V Asamblea de la COMPA, celebrada en Guacotecti (El Salvador), reunió a 31 organizaciones sociales, indígenas, negras y campesinas de Guatemala, Honduras, México, Cuba, Nicaragua, El Salvador y también de los EE.UU., además de contar con la “presencia solidaria” de representantes de Canadá, Italia y España. En dicha Asamblea, se realizó un profundo análisis de la crisis del capitalismo global, definido como un “sistema de dominación múltiple” que se manifiesta, desde el punto de vista de la COMPA, en la expropiación y saqueo de las tierras, culturas y vidas de los pueblos de América así como en la imposición de tratados de libre comercio y la extensión de una cultura consumista que conduce a la pérdida de la soberanía alimentaria y a la agudización de la deuda externa para dichos países. Igualmente, esta voracidad capitalista pretende la imposición de determinados megaproyectos y modelos extractivos de los recursos naturales en determinadas zonas, como la Amazonía, con graves consecuencias medioambientales. Para lograrlo, los poderes económicos no dudan en recurrir a la violación sistemática de los derechos humanos y de favorecer el avance de gobiernos autoritarios como ha ocurrido recientemente en Guatemala.

     Consecuencia de todo ello, en América Latina, al igual que ocurre en nuestra ahora convulsa UE, se está agudizando una crisis social, política, económico-financiera y, también energética. Pero, como un rayo de esperanza en medio de las tinieblas, en lo que la COMPA no duda en definir como “hora histórica para la Humanidad”, nos recuerda que esta crisis global sirve, también, para “acelerar procesos novedosos y potentes de organización y rebeldías”….y es verdad: lo hemos comprobado con la aldabonazo que ha supuesto para nuestras conciencias y nuestra sociedad la rebeldía cívica de los indignados con la aparición, entre otros, del Movimiento 15-M o el de Democracia Real Ya.

     Por consiguiente, la COMPA, que se define como “movimiento social continental anticapitalista”, que lucha por romper la “lógica de la dominación” con métodos participativos y populares, planteó lo que denomina “ejes de resistencia estratégicos” tales como la defensa de los derechos campesinos en el Bajo Aguán (Honduras) y el respeto al pueblo maya de Guatemala sobre sus territorios y sus recursos naturales. Igualmente defiende la soberanía alimentaria y la “justicia climática” (novedoso y acertado concepto), razón por la cual denuncia las prácticas del llamado “capitalismo verde”, eso es, el cultivo extensivo de biocombustibles en determinados países como Honduras o Brasil a costa de producir artículos de primera necesidad. En consecuencia, estos países se ven obligados a importar el trigo, el maíz o el arroz a los precios que fija el mercado internacional de alimentos el cual, está controlado, curiosamente, por empresas como la Agencia  Goldman Sachs que, insaciable con los inmensos beneficios que obtiene en los mercados financieros, como señalaba recientemente Carlos Enrique Bayo, “se forra provocando hambrunas”, esto es, elevando artificialmente el precio de los mismos:  es por ello que, Joerg Mayer, responsable de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD), denunciaba que, actualmente, “el mercado de los alimentos se ha convertido en un casino”.

     Las asociaciones y colectivos nucleados en la COMPA, tampoco se olvidan de enviar saludos solidarios a todos los indignados, a aquellos que, “desde distintos puntos del planeta, ayudan a abrir las fisuras que ayudan a hacer explotar el sistema”, todo un reto en estos confusos e inciertos tiempos que nos ha tocado vivir. Y es que, tal vez la COMPA nos esté un rumbo a seguir pues, al igual que en las tierras de América, también aquí resulta inaplazable la necesidad de construir, con esfuerzo unitario, alternativas anticapitalistas que sean sustentables, equitativas y solidarias.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 4 diciembre 2011 y Diario de Teruel, 11 diciembre 2011)

     En el día de hoy,  cerca de 150 militantes del PSOE, se han concentrado a las puertas del PSOE de Aragón, atendiendo a la convocatoria  de asamblea, que diversos colectivos, plataformas, agrupaciones socialistas, y militantes de base, habían realizado.

    El orden del día de la asamblea era analizar la situación actual del partido, tras las últimas elecciones, generales. La Asamblea no se ha podido realizar, al encontrarnos con que la sede del Partido había sido cerrada, por órdenes de la Secretaría de Organización Regional del PSOE.

    Ante estos hechos los militantes de base, optaron por reunirse en un bar, forzados por la situación, y realizar un debate sobre éstos hechos. Entre los asistentes a la fallida Asamblea, se encontraban miembros de Nuevo Socialismo, Sexto Espacio, Izquierda Socialista, y del Taller de las Izquierdas, así como afiliados de Huesca, y de la Agrupación de Alcañiz (Teruel), así como afiliados de todas las agrupaciones locales de Zaragoza, siendo destacada en el caso de la Agrupación de San José, queremos manifestar lo siguiente:

    1º) El malestar e indignación de los militantes, ante la decisión de cerrar la sede para evitar la Asamblea, por parte de la dirección del partido, es absoluto. Consideramos que los hechos son de una gravedad extraordinaria, por lo que suponen de conculcación de derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución española, como es el derecho de reunión.

    2º) El malestar con las diversas direcciones del Partido, tanto provinciales como regional, y federal,  tras los resultados obtenidos por el partido el 20N, ha quedado superado por el estupor que esta decisión supone, y que no cabe calificar como un CERROJAZO de la dirección a los militantes.

    3º) Queremos recordar, que tras las elecciones municipales y autonómicas y la clara derrota que supusieron, y ahora con la derrota del 20N, los militantes del Partido, no han podido realizar acto alguno, en el cual se haya dado, ni gestión, ni explicación alguna en comparecencia pública y abierta a un debate con los militantes, por tanto estamos ante un Partido huérfano de debate, después de una doble y estrepitosa derrota, sin paliativos , ni precedentes en la historia del socialismo español, aragonés y zaragozano de los últimos 30 años.

    4º) Además de factores claramente vinculados a la crisis económica, y de características internacionales, o presiones de mercado, que condicionan claramente la acción institucional, y que favorecen un desgaste del Gobierno, los ciudadanos han dado un claro mensaje al PSOE en el sentido de que es necesaria  una apertura del Partido, tanto a la sociedad, como a los militantes. En lugar de atender al clamor general de los militantes, y simpatizantes que piden esa apertura, nos encontramos con una dirección que lo que hace es todo lo contrario de lo que le reclaman los ciudadanos, y militantes, se cierran más todavía los escasos mecanismos democráticos de que dispone el PSOE. Ese mecanismo supremo, es la Asamblea abierta, sin etiquetas, ni liderazgos de ninguna corriente, grupo, agrupación o plataforma interna, simplemente, un debate abierto, entre los militantes de todos los colores, que reflexionan de forma democrática, serena y consciente de la responsabilidad del momento, para tratar de buscar las causas, los fallos, las recomendaciones, etc. En una palabra tratar de mejorar el Partido por la vía de la democracia interna, sin tutelas, ni cargos a repartir, pedimos y por eso se convocó la Asamblea, un debate sin la mediación del interés a corto plazo, de la lucha interna por el poder, sino de la conexión con el pueblo, y comprensión de los graves problemas que padecemos, para ordenar un debate, que permita profundizar tanto en los problemas, como que incorpore la necesaria participación de aquellos que son agentes principales del Partido, de los militantes, la Asamblea, tenía por objetivo, DAR LA PALABRA, a la gente común, procedente de todos los barrios de Zaragoza, y de las diferentes provincias, para hacer una radiografía de la situación actual y realista.

    5º) A los llamados y discursos que hemos oído en la noche del 20 N trasladando por parte de la dirección, una necesaria unidad y cohesión interna, nosotros oponemos el modelo de los socialistas franceses, que de forma ejemplar, en fechas muy recientes, han sabido corregir el rumbo, aprendiendo de sus errores, y han dado la palabra no solo a militantes, sino también a simpatizantes del Partido, por la vía de unas primarias modélicas, con una participación de 2 millones de franceses, incluso pagando 1 euro por votar.

    6º) La posición de la mayoría silenciosa, que representa la sufrida militancia del PSOE, tratando de evitar debates antes de las elecciones, precisamente para no desgastar al Partido, y que ha tenido como referente la prudencia, a pesar de darse de baja nada menos, que la escalofriante cifra de un 65 % de los militantes del Partido en Zaragoza capital, se opone la posición inmovilista de una dirección, que lejos de utilizar la diplomacia y la negociación, ha forzado una innecesaria posición de fuerza, desafiando precisamente a aquellos que no solo les han votado y elegido, sino que además son los depositarios de la soberanía máxima, pues son los militantes, quienes tendrán que votar a la nueva dirección. Ha sido desde esa prudencia, paciencia y disciplina interna, desde la que se han dado demoras a las convocatorias, para esperar a que pasaran las elecciones, pero una vez finalizado el proceso electoral, y coincidiendo con la apertura ya de un nuevo proceso congresual, los militantes no solo tienen el derecho, sino la obligación de ejercer el derecho, tanto a la libertad de expresión, como de reunirse para debatir las propuestas que se han de llevar  a cabo en el futuro más próximo.

    7º) La militancia, consideramos que debe recuperarse el Partido, que actualmente el principal problema consiste en que NO hay partido, sino una mera élite de cargos públicos, que desde la dirección del partido, tratan de blindar su posición mayoritaria, con el agravante de que no se da gestión desde hace años, sobre su actividad pública tanto en las instituciones, como en el Partido.

    8º)  Los militantes de Huesca, han confirmado que de forma subrepticia, también se han intentado convocar a los militantes para debatir la situación, y con otras fórmulas, más sibilinas, también se han puesto en marcha maniobras por parte de la dirección para evitar los debates, y han coincidido con los afiliados de Zaragoza en que la sensación de cerrar el paso por parte de la dirección en Huesca, al libre debate es de las mismas proporciones. Se da el caso referido por uno de los asistentes que incluso ha habido amenazas e insultos, por no participar en la campaña electoral, a la hora de ensobrar la propaganda electoral.

    9º) Por parte de Alcañiz (Teruel), se ha recordado la situación extrema de la agrupación, en la cual hubo primarias, que gano el anterior Comité Local, que a raíz de estos resultados, que no fueron del agrado de la dirección provincial y regional, se disolvió la agrupación, formando una gestora, y que se abrieron 7 expedientes disciplinarios, incluso a un senador, por manifestar su desacuerdo con los criterios de la dirección. La actual dirección del PSOE turolense, desacreditada por los sucesivos fracasos electorales y por haber vulnerado reiteradamente la democracia interna y la voluntad mayoritaria de los socialistas alcañizanos,  es la que ahora demanda, sin ninguna credibilidad por su parte, que hay que “cambiar el partido para hacerlo más participativo”, algo que, los hechos lo demuestran, nunca han permitido y por lo que han sido acosados y expedientados todos aquellos militantes que han tenido el coraje de manifestar posiciones críticas con las imposiciones de la dirección provincial socialista.

    Finalmente consideramos que ir a nuestra casa, que es el Partido, y encontrarla cerrada, provoca unos sentimientos de impotencia y frustración, que lejos de activar la militancia y la ilusión por la recuperación de un programa común, y de unir a los socialistas en estos difíciles momentos, provoca una sensación de utilización de la militancia, única y exclusivamente para el interés y el favor de la adquisición del poder por parte de una casta, que pretende mantenerse al margen de la crítica y la labor colectiva, que es lo que es y así está reconocido por la Constitución un partido político. Como dice la Carta Magna, los partidos políticos son pilares de la democracia, por tanto, aquellos que osen desafiar a la democracia, utilizando maniobras de interés personal, manejando el poder en su favor personal, están condenados a su autoexclusión, pues no es admisible en democracia, el autoritarismo, en que parecen quererse instalar aquellos que han dejado en la calle a los únicos y supremos dueños del Partido, sus militantes, que son la base del socialismo de Pablo Iglesias, y olvidan que al final los militantes decidirán a quien dejan en la calle con su voto en los próximos congresos, pronto lo verán.

 Zaragoza a 22 de Noviembre de 2011

     Abducidos  por la crisis, en estos tiempos de naufragios y renuncias de la socialdemocracia en la práctica totalidad de los países europeos, hay políticos cuya memoria emerge con fuerza y  su legado político trasciende fronteras. Este es el caso de Olof Palme (1927-1986), el carismático político socialdemócrata sueco de cuyo asesinato se ha cumplido este año el 25º aniversario y que sigue siendo un símbolo para todos quienes seguimos apostando por la utopía del progreso y la justicia social, sin que por ello dejemos de ser conscientes  de la realidad diaria, tantas veces adversa, que es necesario transformar. Y es que Olof Palme siempre insistía en la necesidad de la utopía en el trabajo político cotidiano para que el reformismo socialdemócrata no se convirtiese  en un mero gestor del sistema sin plantearse su transformación. De hecho, y ello resulta muy actual en el momento presente, Palme ya nos advertía en su tiempo de que “las fuerzas del mercado dirigirán  esta sociedad con mano de hierro” a no ser que la socialdemocracia practicase  lo que él llamaba “una política de bienestar constructiva”, avanzando gradualmente en la extensión y prestaciones del Estado del Bienestar, “porque uno tiene que agarrar la realidad por algún sitio  para poder transformarla”, oponiéndose de este modo con firmeza a cualquier reforma que supusiera un retroceso en los derechos laborales o sociales logrados con tanto esfuerzo.

     La lección y el mensaje de Palme adquieren especial actualidad en estos tiempos para la desnortada socialdemocracia europea. Por ello, su pensamiento nos insta a recuperar los ideales y los valores propios de la socialdemocracia clásica: igualdad, justicia social, las cuales debían de superar fronteras con arreglo a una permanente solidaridad internacionalista, unido a la defensa del medio ambiente y del pacifismo. Para todo ello, era, y es,  fundamental  la cooperación constante entre la socialdemocracia y el movimiento sindical para avanzar no sólo en la política salarial y el diálogo social, sino, también, dar pasos decididos en la democratización de la vida económica y de las empresas. Con especial orgullo, recordaba que “fue la socialdemocracia, en país tras país, la que tuvo que conquistar los derechos humanos fundamentales y los derechos sindicales en lucha contra las clases dominantes de la sociedad burguesa”, una tarea, que hoy, resulta más necesaria que nunca continuar en unión de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales de signo progresista.

     Olof Palme siempre fue un firme defensor del Estado del Bienestar, tan zarandeado por las políticas neoliberales alentadas al socaire de la crisis global y, ya en 1984, advertía de que “los conservadores atacan la idea misma de la sociedad del bienestar, la idea de que el bienestar del individuo depende de la comunidad”, ideas éstas que las políticas conservadoras nunca han aceptado por motivos ideológicos y políticos, escudándose en su defensa de un liberalismo a ultranza, lo cual les lleva a sacralizar el “mercado”, en la misma medida que denostan la intervención reguladora de los poderes públicos en aras a su lucha contra las diferencias sociales y a favor de las políticas de igualdad. Es por ello que Palme incidía tanto en la necesidad de extender el sector público estatal, pues lo consideraba esencial para el buen funcionamiento de una economía avanzada y, por ello, en el caso español, añoramos la existencia, en las circunstancias actuales, de una potente Banca Pública que generase un crédito rápido y barato para propiciar la reactivación económica, o la de un sector público industrial, pues ambos fueron desmantelados por razones más que cuestionables.

     Dado que el nudo gordiano de la situación actual es la política económica, cuyo enfoque y gestión acertada no sólo nos afecta a nosotros, sino también a las generaciones futuras, Palme le recordaba a Felipe González, allá por el año 1985 los objetivos que, desde una visión socialdemócrata avanzada, debía ésta de tener, objetivos de total y absoluta vigencia en los tiempos que vivimos: “una política económica que garantice el crecimiento al mismo tiempo que mantenemos el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos en la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”, todo un legado para enarbolar con tenacidad ante la actual dictadura de los mercados que imponen sus medidas e intereses ante los gobiernos democráticamente elegidos, razón por la cual algunos pensadores no dudan en señalar, y razón no les falta, que estamos sufriendo un auténtico “fascismo económico” que ha degradado de forma preocupante la calidad democrática de nuestra sociedad, los valores sobre los que se sustenta nuestra democracia representativa

     Por ello, es tan importante estar atento a las principales demandas que legitiman la indignación de una parte considerable de nuestra ciudadanía, de amplios sectores de la juventud, de los parados, jubilados y otros sectores sociales especialmente azotados por la crisis y que se nuclean en torno al Movimiento 15-M. También en este sentido, Palme, ya apuntaba caminos para avanzar hacia una democracia real en cualquier sociedad que pretenda abrir horizontes de progreso y justicia social,  pues consideraba que, “la condición indispensable para llevar hacia delante el desarrollo es la existencia de ciudadanos conscientes, críticos y activos. Y hasta que el individuo, con todas sus particularidades y sus sueños, no pueda influir en la toma de decisiones, la democracia no podrá echar raíces firmes y no podrá construirse una sociedad donde reinen la armonía y la justicia”.

     Este es el legado que, ahora, a los 25 años de su asesinato, nos dejó Olof Palme, un hombre  honesto, sencillo y coherente  al que el poder nunca lo cambió porque, como él mismo decía, “para que no se le embote a uno la humanidad, es necesario tener el coraje de salir del bunker del Gobierno y, como cualquier persona corriente, irse una tarde al cine, y caminar por la calle encharcada de nieve hacia el Metro”.  Y así fue: Palme, Primer Ministro de Suecia, fue asesinado el 28 de febrero de 1986, cuando salía, como un ciudadano más, de un cine de Estocolmo. No llevaba escolta.

     En estos tiempos de desánimo y desconcierto, es más necesario que nunca el recuperar la fuerza de las ideas, de la utopía, pues, como Palme recordaba, “sin esperanza, no hay prisión tan abrumadora como el futuro”.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 20 noviembre 2011)

     El pasado 23 de octubre, en una soleada mañana, tuvo lugar un emotivo acto en el campo de concentración de Gurs, situado en las tierras francesas del Béarn y cercano a la frontera pirenaica aragonesa, construido en abril de 1939 para internar a los combatientes republicanos españoles y a los miembros de las Brigadas Internacionales y que permaneció activo hasta el final de la II Guerra Mundial en 1945. En dicho acto, se inauguró  la Avenida de los Internados, jalonada por 27 columnas de granito que recuerdan a los distintos colectivos de prisioneros y los lugares de procedencia de los mismos que sufrieron o murieron en Gurs. Estas columnas, financiadas por diversas asociaciones e instituciones francesas, españolas y alemanas, constituyen un lugar que apela a nuestra memoria y a nuestra reflexión, al deber moral de recordar lo allí sucedido a las jóvenes generaciones para, así, inmunizarlas ante cualquier mensaje de signo intolerante, xenófobo o racista, los cuales, por desgracia, se están extendiendo peligrosamente en estos tiempos  de profunda crisis global.

     Este acto, en memoria y homenaje a los republicanos españoles, a los resistentes franceses y a los judíos víctimas del Holocausto, los tres principales colectivos hermanados por el sufrimiento común que simboliza el Campo de Gurs, coincidía, además, con este año en el que se cumple el 80º aniversario de la proclamación de la II República Española, un hecho que ha sido recordado con especial emoción por los que nos sentimos republicanos, acontecimiento histórico del que, por el contrario,  apenas se han hecho eco las instituciones públicas españolas.

     En aquella hermosa y emotiva mañana del 23 de octubre, convocados por la Amicale du Camp de Gurs, asistieron numerosas colectivos y asociaciones francesas, españolas y alemanas, entre ellas, la Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER), Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML), dinámica asociación impulsada por el infatigable Raymond Villalba, el Memorial de la Shoah de París o la Asociación de Aviadores de la República Española (ADARE). Igualmente, varias asociaciones aragonesas estuvimos presentes y de este modo, el acto contó con la presencia de miembros del Foro por la Memoria de Aragón, de la Fundación Bernardo Aladrén, de la Asociación Pozos de Caudé, o de la Agrupación de Familiares Asesinados en Torrijo del Campo. En cuanto a instituciones y organismos oficiales, estuvieron igualmente presentes delegaciones de Alemania, Francia, del Gobierno de España y del Gobierno Autónomo de Euskadi, además de numerosos representantes municipales de poblaciones francesas o veteranos  republicanos como Virgilio Peña o Carmen Villalba, que a punto de cumplir los 100 años, nunca falta a todos los actos en homenaje al exilio republicano y a la lucha antifascista.

       Lamentable y muy comentada resultó la ausencia de representantes oficiales del Gobierno de Aragón, máxime tratándose de una comunidad autónoma tan próxima y que, en su día, el Departamento que regía María Victoria Broto,  había financiado una de las columnas en honor a los más de cinco millares de republicanos aragoneses que fueron internados en Gurs. La falta de sensibilidad del nuevo Ejecutivo conservador aragonés por los temas de la memoria quedó de este modo más que patente.

     Diversas intervenciones se sucedieron en el acto de inauguración, entre ellas las del historiador Claude Laharie, del vasco José de Sola o del judío alemán Paul Liedermann, que evocaron episodios de su internamiento en Gurs cuando apenas eran unos niños.  Por su parte, André Laufer, presidente de Amicale du Camp de Gurs y que pese a su condición de judío sobrevivió a la Shoah, no así los 3.907 israelitas que fueron enviados desde Gurs al campo de exterminio de Auschwitz, sintetizó con toda claridad triple lección que nos ofrece hoy en día el mantener vivo el recuerdo de Gurs: recuperar la memoria de las tres grandes colectivos allí internados (republicanos españoles, resistentes franceses y judíos); reflexionar frente a lo que supuso la barbarie hitleriana, instando a mantener una actitud vigilante en la defensa permanente de la libertad y de los derechos humanos y, por último, fomentar la enseñanza y el conocimiento de lo ocurrido en Gurs a los jóvenes, labor que se realiza de forma tenaz y constante mediante de diversas publicaciones y numerosas visitas guiadas de escolares de colegios, liceos e institutos, algunos de ellos aragoneses, a través del Proyecto de cooperación transfronteriza denominado “Las Rutas de la Memoria”.

     Emotiva resultó también la intervención de Emilio Vallés, un republicano nacido en Alcañiz, exiliado en Francia desde 1939 junto con su familia y que actualmente es el vicepresidente de Amicale du Camp de Gurs. Emilio Vallés nos recordó a todos cómo el camino que el fascismo inició con la destrucción de Gernika en 1937, culminó en Auschwitz y los demás los campos de exterminio creados por el delirio criminal del nazismo, cuyo trágico legado simboliza, “un envilecimiento sin precedentes”, tal y como lo definió Gérard Sandoz. Con especial emoción aludió a cómo el Reino de España había financiado, también, una columna en honor a los republicanos españoles, que, aunque vencidos, nunca fueron derrotados en la permanente defensa de los valores de libertad, igualdad y fraternidad que inspiraron su acción política.

     Frente a la ausencia de una representación del Gobierno de Aragón, El Gobierno Vasco estuvo presente en la persona de Inés Ibáñez de Maeztu, Directora de Derechos Humanos del Gobierno de Euskadi, la cual manifestó la voluntad del Ejecutivo presidido por Patxi López  de profundizar en las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, situación bien distinta de la existente en el actual Gobierno de Aragón, que, como hemos indicado, ha dado pruebas más que evidentes de su absoluto desinterés por estas cuestiones.

     Finalmente, quiero señalar que las asociaciones memorialistas, y entre ellas la Fundación Bernardo Aladrén, seguiremos trabajando en defensa de los valores, la memoria y la dignidad que simboliza la República Española y la de todas las personas que, por lealtad a la misma, sufrieron todo tipo de penalidades, sufrimientos y, en tantas ocasiones, la pérdida de su libertad y de su vida.

     La lección de Gurs, a un lado y otro del Pirineo, sigue siendo un legado moral que nos compromete, con la memoria y, también con el presente para evitar que surjan nuevas alambradas y odios que vuelvan a aprisionar y oprimir, como en su día ocurrió en Gurs, a miles de seres humanos por razones políticas, de raza, religión, condición social o económica. Y ello es un deber moral al que la memoria de Gurs, de ayer y también de hoy, nos compromete.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 30 octubre 2011)

  Las inconmensurables víctimas del franquismo siguen estando olvidadas y silenciadas, cuando no ultrajadas y despreciadas en la España de hoy.  El régimen de Franco, criminal e inmisericorde, continúa protegido por la impunidad que le ha otorgado hasta hoy la democracia española.  Las víctimas del franquismo reivindican la misma consideración y las mismas expresiones de solidaridad y compromiso de memoria, que estos días han manifestado para con las víctimas de la banda criminal ETA, con total justicia, desde el Presidente del Gobierno, los parlamentos nacional y autonómicos, el gobierno del Estado, hasta todos los partidos políticos.  Las organizaciones y asociaciones que enarbolamos la bandera de la memoria democrática de los españoles, reivindicamos la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la historia de la democracia española.  La memoria de estas víctimas también debiera acompañar a las futuras generaciones.

Por lo que:

MANIFIESTAN:

1º.- Que, por razones de dignidad, justicia y  reparación histórica, resulta imprescindible, también en estos tiempos de crisis y ajustes presupuestarios, que las Administraciones públicas mantengan los programas y actuaciones destinados a la recuperación de la memoria histórica, la guerra civil, la guerrilla, la dictadura, el exilio, dotándolos de los recursos necesarios. En este sentido, estimamos imprescindible que el actual Gobierno de Aragón continué con el Programa “Amarga Memoria” el cual, en sus diferentes líneas de actuación, ha realizado en estos últimos años una meritoria labor.

2º.- Consideramos igualmente que el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón debe potenciar en el currículum aragonés los contenidos didácticos que permitan el estudio de lo que supuso la República, la Guerra civil, la dictadura franquista, el exilio y la deportación a los campos nazis en relación a la historia de Aragón. Así como la implicación de la juventud en el mantenimiento activo de la memoria histórica, como garantía de la transmisión de la misma a las futuras generaciones.

De igual modo, estimamos que se deben de apoyar y coordinar desde dicho Departamento proyectos de cooperación transfronteriza que, como es el caso de Las Rutas de la Memoria, están destinados a estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y que se están llevando a cabo con buena acogida por parte de alumnos y docentes tanto de Aragón como del departamento francés de los Pyrénnées Atlantiques y que cuenta con el apoyo de las autoridades del Conseil Général de dicho departamento, así como del Conseil Régional d’Aquitaine y del Ayuntamiento de Oloron-Sainte Marie.

3º.- Instamos a las Cortes de Aragón a que, en sesión solemne y plenaria, realice un homenaje institucional a las víctimas de la dictadura franquista.

4º,- Reclamamos la plena aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica referente a la supresión de la toponimia y simbología franquista en todas las ciudades y pueblos de Aragón. En este sentido, queremos hacer especial mención a diversos centros y dependencias del Gobierno de Aragón que mantienen sus denominaciones en honor a personas vinculadas al franquismo como el caso del CEIP “Emilio Díaz” de Alcañiz, el Albergue Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín o el Hospital “Obispo Polanco” de Teruel.

De igual modo, instamos al Gobierno de Aragón a que acuerden con la Iglesia la desaparición de todas las placas y memoriales franquistas existentes en sus templos y, de no hacerlo, que dichos edificios religiosos no sean beneficiarios de ningún tipo de subvención o trabajos de restauración de los mismos con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón.

5º.- Manifestamos nuestras discrepancias ante las lagunas y deficiencias de la vigente Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, la cual ha decepcionado las expectativas que inicialmente se pusieron en ella. Dado que dicha ley resulta manifiestamente mejorable, instamos a los diputados aragoneses de izquierdas que resulten electos el próximo 20 de noviembre, a que impulsen y apoyen iniciativas parlamentarias tendentes a:

- la resolución del los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la exigencia de la declaración de nulidad de todos los juicios, sentencias y ejecuciones sumarias realizadas por los tribunales franquistas.

- la inclusión en dicha ley, en aplicación de la legislación penal internacional (suscrita por España en 1985 y recogida en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y  del principio de justicia universal, de la consideración de “crímenes contra la humanidad” y, por tanto imprescriptibles (art. 7 de los Estatutos de la Corte Penal Internacional) de los cometidos por el franquismo.

En lógica consecuencia, solicitamos la derogación, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria 3ª de la Constitución de 1978, de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 puesto que ésta daba cobertura legal a los crímenes cometidos por la dictadura franquista y que, con arreglo a la legislación penal internacional no pueden ser amnistiables dada su condición de imprescriptibles.

- exigir que todas las exhumaciones de fosas que se lleven a cabo se realicen con garantías jurídicas legales, lo cual supone que deben llevarse a cabo en presencia de un juez.

- dar respuesta a la cuestión de los bienes incautados a las víctimas republicanas, esto es, a la represión económica, muchas veces olvidada.

- acabar con la impunidad de los victimarios, de los responsables de los crímenes franquistas, aplicando de forma retroactiva el principio de justicia universal con arreglo a las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Decisión de la Sección 4ª del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 17 de enero de 2006.

- incluir en el texto de la ley, como fundamentos de derecho, las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo.

6º.- Manifestamos públicamente nuestro apoyo a las iniciativas judiciales planteadas por el juez Garzón en el sumario 53/2008 E relativo a la investigación de los crímenes del franquismo. De igual modo, apoyamos la decidida y valiente actitud de Garzón frente a los procesamientos a los que está siendo sometido por su firme compromiso con las víctimas del franquismo y en defensa de la aplicación de la legislación penal internacional en la cuestión de los crímenes contra la humanidad de la dictadura en España.

Reafirmamos nuestra convicción de que, como señalaba el eminente historiador Paul Preston en una conferencia pronunciada en Teruel el 19 de mayo de 2006, de que “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, porque sirve para reafirmar los principios de nuestra democracia. Por todo ello, en recuerdo de las víctimas tantos años olvidadas, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es, y será, siempre, una memoria necesaria. Y esa es la labor y el compromiso que asumimos las asociaciones memorialistas que firmamos el presente manifiesto.

Zaragoza, 24 de octubre de 2011

Asociaciones que lo suscriben:

• Foro por la Memoria de Aragón (AFMA).
• Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón.
• Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo.
• Asociación Charata de Uncastillo.
• Asociación Cultural Rebellar.
• Asociación de Familiares y Amigos de Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM).
• Asociación de Familiares de Asesinados en Torrijo de la Cañada.
• Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO).
• Asociación Pozos de Caudé (Teruel).
• Círculo Republicano “Galán y García Hernández” de Jaca.
• Ateneo Republicano de Teruel.
• Amical du Camp de Gurs (Francia).
• Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER) (Pau, Francia).
• Terres de Mémoire(s) et de Luttes (Oloron-Sainte Marie, Francia).

Instituciones francesas que se adhieren al manifiesto de las asociaciones memorialistas aragonesas:

• Mairie de Oloron-Sainte-Marie.
• Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
• Conseil Régional d’Aquitaine.

Para ampliar cualquier información contactar con:

  Foro por la Memoria: info@foroporlamemoriaragon.org

  Fundación Bernardo Aladrén:  info@fundacionaladren.com

  Para adherirse a este Manifiesto:

http://www.liberadosdelolvido.org/memoria/manifiesto

     Cuando el pasado 23 de septiembre Mahmud Abbas solicitaba ante la Asamblea General de la ONU el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho, daba un paso adelante, decidido y valiente en defensa de una causa justa, instando, una vez más, a la conciencia de la comunidad internacional para que se implique en la búsqueda de una solución definitiva para la tragedia del pueblo palestino.

     La Autoridad Nacional Palestina (ANP) tomaba la iniciativa política ante tantos años de desesperanza y frustración, con un proceso de paz con Israel en estado agónico y tras constatar la decepcionante actitud de Obama y los EE.UU., incapaces de presionar de forma decidida al gobierno derechista israelí de Netanyahu para que se comprometa en unas negociaciones que culminen con un acuerdo definitivo de paz con arreglo al principio de “dos pueblos, dos Estados”.

     La situación actual no anima al optimismo: tras los frustrados Acuerdos de Oslo (2000) y el estancamiento de la Hoja de Ruta impulsado por los EE.UU. durante los últimos años, el desencanto la población civil palestina ha producido un auge del fundamentalismo islamista,  la ciudadanía israelí continúa obsesionada con la seguridad y el terrorismo, y los políticos siguen reacios de afrontar con valentía concesiones mutuas sobre las que cimentar una paz justa. Es por ello que,  en este difícil contexto, bueno sería también tener presente  las propuestas del casi olvidado Acuerdo de Ginebra de diciembre de 2003. Este, pese a no tener carácter oficial, fue firmado por un grupo de intelectuales y políticos tanto israelíes como palestinos y al cual se llegó tras más de dos años de discretas negociaciones entre ambas partes, lideradas por Yossi Beilin, dirigente del partido de la izquierda pacifista israelí Meretz-Yachad,  y el político palestino Yasser Abed Rabbo, ex ministro de Información de la ANP. En la práctica, el Acuerdo de Ginebra, apoyado por el Cuarteto negociador (EE.UU., Rusia, la ONU y la Unión Europea), supone un plan alternativo al proceso de paz en Oriente Medio, más avanzado y con mayor concreción que la Hoja de Ruta. Sin embargo, los Acuerdos de Ginebra no han sido respaldados por el Gobierno de Israel ni por el Consejo Legislativo palestino y, no obstante, reconoce la creación del Estado Palestino, así como ideas de interés en temas tan espinosos como la división de Jerusalem,  el regreso de los refugiados o el desmantelamiento de los asentamientos judíos.

     De entrada, el Preámbulo del Acuerdo de Ginebra supone toda una declaración de intenciones, al afirmar que el objetivo del mismo es “poner fin a décadas de confrontación y conflicto y de vivir en pacífica coexistencia, dignidad mutua y seguridad basada en una paz justa, duradera y absoluta y logrando una reconciliación histórica”. Consecuentemente, se afirma “el reconocimiento del derecho del pueblo judío y del pueblo palestino a tener su propio Estado” con arreglo a las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), reconociéndose ambos el derecho a “una existencia pacífica y segura dentro de fronteras reconocidas”, estableciendo unas relaciones basadas en la cooperación para así “contribuir al bienestar de sus pueblos”, todo lo cual supondría una reconciliación histórica palestino-israelí, primer paso  para alcanzar una paz que contribuya a la estabilidad, seguridad  y desarrollo de Oriente Medio.

En primer lugar, con arreglo al principio “paz por territorios”, Israel reconocía la creación de un Estado Palestino (art. 2º) lo cual suponía el establecimiento inmediato de relaciones diplomáticas entre ambos y el intercambio de embajadores, relaciones que estarán basadas en la Carta de las Naciones Unidas. Por lo que se refiere al territorio del Estado Palestino (art. 4º), éste quedaba fijado con arreglo a las fronteras de 1967 asumiendo Israel el compromiso de devolver el 97,5 % de los territorios ocupados en 1967, desmantelar todos los asentamientos de Cisjordania (en Gaza ya lo hizo en 2005), y que el monte del Templo y la explanada de las mezquitas quedasen bajo soberanía palestina. También se acepta la división de Jerusalem, la cual pasaría a convertirse en la capital de los dos estados tal y como se señala en el art. 6.2 (“Las partes tendrán sus respectivas capitales, que reconocerán recíprocamente, en áreas de Jerusalem que estén bajo su soberanía”). A cambio, Palestina reconocería la existencia del Estado de Israel, lo cual, todavía, no ha hecho de forma oficial.

     Los 17 artículos del Acuerdo de Ginebra, aunque mejorables en diversos aspectos, suponen una aproximación a una solución política del conflicto puesto que ofrecen una fórmula global para lograr la ansiada paz y, por ello, tal vez fuera necesario retomar en el momento actual sus planteamientos esenciales. La situación es difícil, los programas maximalistas, imposibles. Como en su día señaló Shlomo Ben-Ami, “la cuestión no es  buscar el mejor acuerdo posible, sino el más cercano a la mejor solución”.  El reconocimiento del Estado Palestino es un derecho irrenunciable, al igual que lo es el derecho a la existencia de Israel que, necesita de la paz para evitar que la derecha ultranacionalista  judía no siga avanzando con su mensaje de odio y rencor, un mensaje que en nada se diferencia del que difunde el fundamentalismo islamista radical. Como señalaba Sheva Friedman, secretaria general de la Unión Mundial Meretz, el apoyo al Acuerdo de Ginebra, “es la esperanza para la continuidad de la existencia de Israel  como un Estado libre, democrático y seguro para sus ciudadanos”. Por ello es tan importante no dar pretextos a los extremistas de ambos bandos y consolidar las debilitadas fuerzas de los partidarios de las vías pacíficas y democráticas, tanto palestinos como israelíes, el único camino para acabar con décadas de enfrentamiento sangriento en esta tierra milenaria y sagrada.

      La tenue esperanza de paz que las propuestas recogidas en los Acuerdos de Ginebra ofrecen, sólo pueden ser viables a medio plazo si los políticos israelíes y palestinos asumen compromisos y renuncias mutuas, si la sociedad civil deja oír su voz y si el Cuarteto desarrolla una auténtica labor de mediación y apoyo. Sólo así, mediante una solución justa del eterno conflicto palestino-israelí se zanjaría esta grave línea de fractura que ha tenido, y tiene, tan negativas consecuencias para la estabilidad de Oriente Medio y también para el respeto a  los derechos humanos y a la legalidad internacional.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 24 octubre 2011)

     Tiene razón el diputado Antonio Gutiérrez cuando señalaba que la reciente reforma del art. 135 de la Constitución va a suponer un “dogal económico y social para España”, además de un auténtico “suicidio” para la izquierda socialdemócrata. Y es que, esta reforma es una nueva claudicación ante la codicia insaciable de “los mercados”, a los que se pretende “calmar”, (sin ninguna garantía de lograrlo), aunque, para ello, no les ha importado a los partidos que la apoyan, “desasosegar” a los ciudadanos que rechazamos lo que supone una imposición en nuestra Carta Magna procedente de  poderes económicos externos. Tomás Gómez decía tiempo atrás en voz alta lo que muchos pensamos, que  “los mercados no están para ser tranquilizados sino pare ser gobernados por los gobiernos”, pero para ello es preciso pasar de las palabras a los hechos. Además,  como señalaba Manuel Mata, “constitucionalizar la mayor renuncia de un pueblo a su soberanía económica exige un referéndum” y, por el contrario, en esta reforma, presentada con extrema urgencia y  alarmismo  por parte de Zapatero, se ha tenido especial cuidado (o miedo) en hurtar el debate y la capacidad de decisión a la ciudadanía, en una democracia que, como el Movimiento 15-M ha puesto de manifiesto, requiere (y exige) de unos mayores cauces de participación  en la vida pública.

     Parece no haberle importado demasiado a Zapatero y a la dirección del PSOE el desconcierto que, entre la militancia socialista, están produciendo medidas como esta, que son totalmente contrarias a los principios ideológicos y al programa político del partido que fundó Pablo Iglesias. Ello es tanto como renunciar a las políticas keynesianas basadas en impulsar el gasto público, aunque genere déficit, para reactivar la economía (aumento del empleo y el consumo), así como también renegar de la alternativa socialdemócrata que, además de asumir estos principios, siempre ha defendido una potente progresividad fiscal que hoy resulta más necesaria que nunca. Resulta lamentable constatar cómo esta reforma constitucional, regresiva y antisocial, va a condicionar durante décadas la política económica española: es indudable que el PSOE, sumido en una grave  deriva ideológica, al asumir esta reforma,  ha entregado una importante baza al PP que, obviamente utilizará para legitimar sus medidas de ajuste neoliberal en un previsible futuro gobierno  presidido por Rajoy.

     Frente a esta penosa situación, una vez más debemos recordar que las políticas de ajuste, aquellas que se ha aplicado con arreglo a los dictados del Pacto del Euro en Irlanda, Reino Unido, Grecia, Portugal y España, no han servido para reactivar la economía productiva pues, como advierte Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa” porque, en la práctica, los recortes del gasto público deprimen más la economía y aumentan el paro. En esta misma línea, Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía y ex-economista jefe del Banco Mundial, denuncia igualmente la falacia de que, para reducir el déficit, sólo cabe recortar el gasto público, una idea que responde “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Estado”, los cuales quedan así a merced de los mercados desregulados.  Resulta indudable que priorizar la lucha contra la inflación oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo ha llevado a políticas económicas de “ajuste permanente”, y a que “a ese dios se  ha inmolado cualquier otra realidad”, en palabras de Juan Francisco Martín Seco, razón por la cual este economista considera como “falsas soluciones” las propuestas neoliberales de ajuste asumidas por algunos partidos socialdemócratas, también por el PSOE, basadas en restricciones presupuestarias, flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones salariales, reducción de los impuestos y privatizaciones de determinadas áreas del sector público.

     La austeridad presupuestaria neoliberal que se nos impone, en la práctica supone una involución en toda regla porque afecta a derechos ciudadanos básicos como son la educación, la salud y las prestaciones sociales, razón por la cual algunos economistas equiparan estas medidas regresivas que desmantelan aspectos esenciales del Estado de Bienestar a un auténtico “crimen económico” contra los derechos constitucionales. Así ocurrió cuando este concepto, introducido por Gary Becker, también Premio Nobel de Economía, se extendió como consecuencia de los debates generados por las políticas de ajuste estructural promovidas por el FMI y el Banco Mundial durante los años 80-90.

     La injusticia de estas medidas queda patente dado que todos los negativos efectos de la crisis global se hacen pagar a las víctimas que sufren, sufrimos, sus consecuencias y, ninguno, a los culpables de la misma: los especuladores financieros, los cuales  todavía se han enriquecido más manejando de forma tan perversa como inmoral las primas de riesgo de los estados soberanos. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera del Congreso de los EE.UU. creada por Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, la crisis se pudo evitar de no haberse producido fallos en el sistema de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas en las prácticas contables y auditorias así como en la transparencia de sus negocios bursátiles. Los culpables están identificados, pero nadie ha tenido el coraje político de exigirles las responsabilidades y sanciones que les corresponden.

     Ante tanto desconcierto e indignación, ante la renuncia del PSOE a sostener posiciones socialdemócratas alternativas a la crisis, resulta imprescindible reagrupar a las fuerzas de izquierda en defensa de los derechos ciudadanos que se restringen y del Estado de Bienestar que se socava. En la asamblea del I Foro Social del 15-M celebrada el pasado 26 de julio, Joseph Stiglitz señalaba que la crisis “es una oportunidad para que la economía aporte medidas más sociales” así como para presionar al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales para que  prioricen más la creación de empleo que el control de la inflación.

     En consecuencia, de no actuar de forma crítica y firme contra estas medidas, la izquierda socialdemócrata, tal y como ahora la conocemos, habrá firmado su certificado de defunción y, con ello, concluirá su ciclo histórico como fuerza transformadora de un cambio social progresista por lo que deberá dejar paso a otras izquierdas y movimientos sociales dispuestos a combatir con firmeza y sin renuncias a la “bestia insaciable”, a la dictadura de los mercados, a la dictadura del capital.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 26 septiembre 2011)

Etiquetas: economía, global, política, España

     Tras la derrota de los regímenes fascistas al final de la II Guerra Mundial en 1945, las potencias aliadas no continuaron su lucha contra el fascismo acabando con el régimen del general Franco con el cual, como consecuencia de la nueva política de bloques derivada de la Guerra Fría, terminarían contemporizando, lo cual produjo  una profunda decepción en la oposición antifranquista.

     Sin embargo, la reorganización de la UGT aragonesa continuaba y en la ciudad de Zaragoza, distinguiéndose en la documentación clandestina entre los ugetistas “incondicionales”, bien fueran éstos dirigentes o activistas, y los meros “cotizantes”. De este modo, se reactivaron varias federaciones de industria, gracias al trabajo de diversos militantes: este fue el caso del sindicato Ferroviario (Bonifacio Solá), Metalúrgico (Manuel Canteli), Tranvías (Jesús Gamboa), Construcción (Moisés González), Comercio, Banca y Bolsa (Jerónimo Peribáñez), Camareros y Espectáculos (Tomás Grávalos) o el de Artes Gráficas, Madera y Panaderos (Avelino Larrea). En el caso del Sindicato Metalúrgico, se tiene constancia de que hacia mediados de los años 40 estaba implantado en las principales empresas zaragozanas, como era el caso de Tudor, Escoriaza, Mercier, Laguna de Rins, Zaragoza Industrial y Fundiciones Averly.

     También aparecieron otros focos ugetistas en Soria, Logroño, por aquellos años vinculados a la UGT aragonesa y, sobre todo, en la Cuenca Minera turolense. En este último caso resulta especialmente destacable, tanto por su trayectoria como por su importancia numérica, el caso del Sindicato Provincial Minero. La implantación ugetista en la zona de las Cuencas Mineras hizo que esta comarca se mantuviese leal a la República impidiendo que en ella triunfase la sublevación militar en 1936. Finalizada la contienda, incluso llegó a haber en esta zona un grupo guerrillero, el liderado por “El Soriano”,  formado por socialistas huidos de los batallones disciplinarios de presos políticos destinados a realizar trabajos forzados en diversas explotaciones mineras. Igualmente, desde el verano de 1946 se tiene constancia de la existencia de comités locales de la UGT en Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos y Montalbán. En cuanto a los cuadros ugetistas, sabemos que el sindicato socialista contaba con varios delegados locales como era el caso de Cirilo Bielsa (Montalbán), Isaac Ortega, encargado de las minas “Duquesa” y “Serrana” de Palomar,  o Arsenio Serna y Juan Mateo Noguera en Utrillas. Por otra parte, el médico-dentista Alfonso Alegre hacía funciones de enlace con el Comité Regional del PSOE y la UGT de Zaragoza y el maquinista del tren minero apellidado Barrios se encargaba de hacer llegar a Utrillas la propaganda ugetista procedente de Zaragoza.

     La UGT aragonesa participó entre 1946-1947 en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), un intento de oposición política unitaria en la que, excluido el PCE,   integraba al PSOE, UGT, CNT-Movimiento Libertario Español (MLE) y la Federación Democrática Republicana Española (FDRE) que agrupaba a los partidos IR, UR, PRF y ERC. La ANFD contó con el apoyo del vicecónsul británico en Zaragoza (Antonio Valverde) y, hasta su desarticulación en 1947,  dio signos de actividad en Zaragoza, las Cuencas Mineras turolenses y en Alcañiz, donde en  agosto de 1947,  fueron detenidos un total de 18 personas, de los cuales cuatro de ellos fueron asesinados al aplicárseles la fatídica “ley de fugas” durante el tiempo en que era Gobernador Civil de Teruel el siniestro general Manuel Pizarro Cenjor.

     El anticomunismo imperante entre los socialistas durante los años de la posguerra favoreció el acercamiento entre la UGT y la CNT, los dos sindicatos históricos del movimiento obrero español en aquellos difíciles años de clandestinidad. El Congreso reconstitutivo de la UGT celebrado en Francia (Toulouse, 10-11 noviembre 1944), reafirmó la línea de colaboración con la CNT en aquellos lugares en donde hubiera posibilidades de llevarla a cabo. Este proceso se plasmó en la creación de “comités de enlace” de ambas centrales en donde la existencia de militancia y las circunstancias lo hicieran posible. Por ello, además de en Zaragoza, en el verano de 1946, se constituyo un Comité de Enlace UGT-CNT en las Cuencas Mineras turolenses, una comarca en la cual ambas centrales sindicales habían tenido un tradicional arraigo y en donde todavía contaban con apoyos y simpatizantes. De este modo, entre otras actividades, los Comités de Enlace UGT-CNT lanzaron en diversas localidades aragonesas una campaña conjunta de boicot al referéndum convocado por el franquismo  para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, el cual se celebró el 6 de julio de 1947 y mediante el cual el dictador pensaba dar una cierta apariencia “institucional” a su régimen.

     Durante estos años, la Organización Socialista aragonesa, en donde se integraban de forma coordinada las actividades clandestinas del PSOE, UGT y JSE, llegó a contar con un Comité de Prensa y Propaganda que, por medio de una imprenta Minerva instalada en una parcela del zaragozano barrio de Delicias y pagada “con el importe de una cuota especial” por parte de los militantes, publicaba los tres órganos de las organizaciones pablistas: “Juventud” (“órgano de las JS aragonesas”), “Vida Nueva” (“órgano de la UGT” y posteriormente “órgano de la Federación Socialista Aragonesa y de la UGT”) y, también, “Combate” (“órgano del PSOE” “órgano del Partido Socialista de Aragón”), con una periodicidad quincenal y una tirada de 1.000 ejemplares.

     No se descuidaba el valor de la solidaridad y los ugetistas aragoneses organizaron una red de de apoyo a los presos, perseguidos y huidos: se acogía a perseguidos y refugiados, sino que, por medio de los recursos obtenidos de los afiliados con sus cupones de cotización (1 peseta a la semana), se facilitaban fondos a los presos que se hallaban en peores condiciones: 100 o 125 pesetas semanales, según fueran éstos solteros o casados, de todo lo cual se llevaba una contabilidad secreta que respondía a las palabras clave “Pla”, para el PSOE, “Ugalde”, para la UGT y “Julve”, para las JSE.

     Fueron estos años un breve tiempo de esperanza pero la dictadura no daba síntomas de desmoronarse y pronto llegarían las caídas, sobre todo a partir de 1948, que dejaron prácticamente desarticulada a la Organización Socialista, y de forma muy especial a los núcleos de UGT que con tanta dificultad habían empezado a surgir en Aragón.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (La Voz Sindical: órgano de UGT-Aragón, nº 117, septiembre 2011)

     El modelo de Estado de Bienestar de los países escandinavos (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca) es considerado como el paradigma de una sociedad próspera, justa, progresiva y solidaria. Construido a lo largo de décadas por los gobiernos socialdemócratas  de los países nórdicos, su origen se remonta a los acuerdos de Kanslergade (1933) en la caso de Dinamarca, y a la Convención de Saltsjöbaden de 1938 en Suecia. Este modelo, aúna la intervención planificada del Estado en la política económica interna sin menoscabo de la iniciativa privada, dando lugar a una economía mixta de fuerte componente social que permite una elevada calidad de vida basada en unos amplios y excelentes servicios públicos y asistenciales financiados con una potente progresividad  de los impuestos directos, todo ello unido a unos niveles de corrupción y fraude fiscal mínimos, los menores de Occidente, sobre todo lo cual se cimenta la solidez y estabilidad del modélico Estado de Bienestar nórdico.

     No obstante, en  estos últimos años han empezado a aparecer las primeras grietas en el sistema, tal y como señala Maxililiano Sbarbi para el caso de Suecia, un país que bajo el liderazgo del añorado Olof Palme, se había convertido en un referente ético y social para la izquierda europea. Varios factores explicarían esta situación. En primer lugar, el ascenso al poder en estos países de partidos de centro-derecha que asumieron los postulados del neoliberalismo y, consecuentemente, partidarios de reducir las dimensiones y prestaciones del modelo de Estado de Bienestar socialdemócrata. Este fue el caso de Dinamarca, donde el Partido Liberal ganó las elecciones de 2001 bajo el liderazgo de Anders Fogh Rasmussen, actualmente secretario general de la OTAN. Lo mismo podemos decir de Suecia, donde una coalición de partidos de centro-derecha  encabezada  por Fredrik Reinfeldt, llegó al poder en el 2006   o de Finlandia, donde Jyrki Katainen, dirigente del Partido Conservador, alcanzó el poder en junio de este año al frente de la Coalición Nacional.

     En la actualidad, del otrora uniforme mapa político socialdemócrata nórdico, sólo Noruega se halla gobernada por la izquierda, por el Partido Laborista de Jens Stoltenberg. Fue precisamente en una sociedad tan abierta y tolerante como la noruega, donde el pasado 22 de julio atentó el  ultraderechista Anders Behring Breivik causando 77 muertos, entre ellos los jóvenes socialistas de la isla de Utøya, los mismos que cuatro días antes habían erigido en dicho lugar una placa conmemorativa en honor a los brigadistas internacionales noruegos que defendieron la República Española durante nuestra guerra civil.

     Los gobiernos de centro-derecha  han aplicado políticas neoliberales que han ido socavando el idealizado Estado de Bienestar nórdico. En este sentido, el citado Anders Fogh Rasmussen, principal ideólogo del liberalismo danés, en su libro Del Estado Social al Estado Mínimo (1993), ya abogaba por la reforma del Estado de Bienestar desde la óptica del liberalismo clásico, lo cual supone la reducción del sector público estatal y de los impuestos. Esta misma política ha sido aplicada por el centro-derecha en Suecia, donde se han realizado privatizaciones (banca, telecomunicaciones), se han reducido los impuestos (el primero, el de la riqueza, creado por los socialdemócratas en 1947), se ha recortado el gasto público y se ha reformado el mercado laboral siguiendo el modelo danés que introdujo el peligroso concepto de la “flexiseguridad”. En esta misma línea, el conservador Kaitanen, actual Primer Ministro de Finlandia, pretende  subir la edad de jubilación y rebajar los elevados impuestos que gravan a las grandes empresas, entre ellas, a la todopoderosa Nokia.

     Además, las presiones del FMI, del Banco Mundial y del Banco Central Europeo a favor de la globalización económica, unidos a los “criterios de convergencia” (control del déficit y de la inflación) exigidos a los países que se han integrado en la Unión Europea como es el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia, han supuesto un serio recorte de los programas sociales, razón por la cual, como señala Giddens, “la globalización presente es uno de los más grandes desafíos a la socialdemocracia en este siglo”.

     Elemento referencial del modelo socialdemócrata nórdico ha sido la existencia de una fuerte fiscalidad progresiva, de unos elevados impuestos, apoyados mayoritariamente por la ciudadanía, pues el Estado los gestiona de forma correcta y eficaz. Tal es así que, cuando en 2007 el gobierno liberal de Rasmussen anunció una reducción del 2 % de los impuestos directos, los daneses convocaron huelgas y manifestaciones con el lema “Sí al bienestar para todos, no a la reducción de impuestos”: digamos que, en la actualidad, la fiscalidad media en Dinamarca es del 46 % sobre los niveles de renta.

     Pese a la ofensiva neoliberal, lo esencial del Estado de Bienestar nórdico persiste dado que, como indicábamos, sigue vigente un sistema de fiscalidad progresiva que resulta imprescindible para garantizar unos amplios servicios públicos y asistenciales de calidad y de carácter universal. De hecho, en la actualidad en Suecia, los impuestos se mantienen en una banda que oscila entre el 30 y el 55 % . Ello permite, por ejemplo, que la baja por maternidad, con la percepción íntegra del salario sea de 18 meses, o que la educación sea gratuita a todos los niveles, incluidos los estudios universitarios, tanto si éstos se realizan en Suecia o bien en el extranjero. Las ayudas sociales son también muy elevadas: las familias reciben del Estado 200 euros mensuales por cada hijo hasta que éste cumple los 15 años y, a partir de entonces, y hasta los 18 años, la Administración sueca abona 150 euros mensuales en una cuenta bancaria a nombre de cada hijo. Ello hace que, como norma general, los jóvenes suecos se emancipen de sus padres al llegar a la mayoría de edad, puesto que, desde los 18 años,  reciben del Estado un cheque mensual de 900 euros en concepto de préstamo: de esa cantidad, 200 euros son a fondo perdido y, el resto, debe ser devuelto sin apenas interés en un plazo de 40 años a partir del momento en que el joven tenga un empleo estable.

     A modo de conclusión digamos que también en los civilizados, progresistas y económicamente desarrollados países nórdicos ha sonado la voz de alarma ante la ofensiva neoliberal, aunque su incidencia no tiene, todavía, la magnitud de la que llevada a cabo en los países del resto de la Unión Europea y, de forma especial, en España, en donde, con la coartada de la crisis global, estamos asistiendo a la mayor regresión de derechos laborales y sociales de nuestra historia reciente. Y, frente a esto, reivindicar una vez más el modelo de Estado de Bienestar nórdico de corte socialdemócrata, defensor del endeudamiento y el déficit público para promover el empleo, el consumo y gestionar una amplia gama de prestaciones sociales, sigue siendo una alternativa más justa, racional y positiva en estos tiempos de incertidumbre y desánimo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 23 agosto 2011 y El Periódico de Aragón, 28 agosto 2011)

     Cuando el pasado 21 de julio el Congreso de los Diputados aprobaba  la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, culminaba en España un proceso que, como señalaba la economista Miren Etxezarreta, no sólo afecta a la Unión Europea sino que tiene una dimensión planetaria y cuyas aspectos esenciales figuraban ya en un informe que, en tal sentido, elaboró el Banco Mundial (BM) en el año 1994.

      Este proceso regresivo de reforma de las pensiones (aumento de la edad de jubilación y del número de años para tener derecho a ella y para el cómputo de la prestación) ha venido acelerado como consecuencia de la crisis global y de las políticas de ajuste antisocial impulsadas por el FMI, el BM y la Comisión Europea, las cuales han sido aplicadas diligentemente por el Gobierno Zapatero, de igual modo que lo seguirán siendo en el previsible Ejecutivo que lidere Rajoy en un futuro inmediato. En este sentido hay que situar el llamado Pacto por el Euro aprobado por el Consejo Europeo el pasado 25 de marzo. Este pacto, a pesar de tener como objetivo “responder a la crisis, preservar la estabilidad financiera y establecer fundamentos de un crecimiento inteligente, sostenible, socialmente integrador y creador de empleo”, supone en la práctica una serie de medidas profundamente antisociales: con el pretexto de “impulsar la competitividad”, se reducen los salarios de los trabajadores; con el pretexto de “impulsar el empleo”, se fomenta la flexiseguridad y la reducción de las cotizaciones sociales (que sirven para financiar las bajas por enfermedad, las pensiones contributivas, el seguro de desempleo, los gastos sanitarios y de formación profesional y reciclaje laboral); con el pretexto de  “reforzar la  estabilidad financiera”, se opta por la privatización de las cajas de ahorros, el control de la deuda pública y la coordinación de las políticas tributarias.

     Además de los citados, un cuarto objetivo pretende “contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas” recalcando la necesidad de aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficit públicos por debajo del 3 % del PIB. Para lograrlo, se insta a reformar el sistema de pensiones (aumentando la edad de jubilación  y reduciendo el importe de las mismas al ampliar el número de años para su cómputo), la sanidad pública y las prestaciones sociales. Todo ello, supone, como señala el economista Juan Torres, “debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización de las empresas y servicios públicos”.

     Así las cosas, resulta inaceptable, ética y políticamente, el que estas medidas de ajuste de las finanzas públicas se hagan pesar sobre las rentas del trabajo y no sobre las del capital, ignorando por completo los principios constitucionales de  progresividad fiscal. En el caso de la reforma de las pensiones, resulta evidente que el objetivo último de estas políticas no es tanto luchar contra la deuda sino contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población con ingresos más bajos  para justificar de esta forma su conversión en un negocio privado. De hecho, el célebre Manifiesto de los Economistas Aterrados (septiembre 2010) firmado por Philippe Askenazy, Thomas Coutrot, André Orléan y Henry Sterdyniak, criticaba las políticas neoliberales de “reducir los gastos para reducir la deuda pública” puesto que su aplicación rigurosa supone no sólo el agravamiento de  la crisis económica sino, también, el aumento de las desigualdades sociales. En consecuencia, “para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastres social y político”, proponen mantener los niveles de protección social e incluso mejorarlos. De la misma opinión son Mark Weisbrot y Juan Montecino que, en su trabajo Alternativas a la austeridad fiscal en España, destacan la falsedad de que, para aliviar la deuda, sea suficiente con limitar el gasto público puesto que, con ello, sólo se consigue aumentar el malestar social y, también, la falta de recursos públicos al reducir la actividad económica y, con ello, la generación de ingresos para el Estado, perpetuando de éste modo los desequilibrios presupuestarios. Por su parte, Joseph Stiglitz, advierte que reducir el gasto público responde al intento neoliberal de “debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Gobierno” como rector de la política económica la cual queda así a merced de los “mercados”, esto es, de los intereses del capital.

     Resulta obvio que el Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos pues, además de precarizar el empleo, cada vez más inseguro, temporal y barato, pretende reducir las pensiones y demás prestaciones sociales propias del Estado del Bienestar. De este modo, como señalaba Juan Torres, el Pacto del Euro es “un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa Social” mientras que, por el contrario,  se exime de toda responsabilidad a los verdaderos culpables de la crisis: la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Consecuentemente, asistimos a una involución en toda regla que afecta a derechos ciudadanos básicos (educación, salud, seguridad social) reconocidos constitucionalmente.

     Cada vez más se desvelan con toda su crudeza las imposiciones de una dictadura económica que vulnera todos nuestros valores y principios democráticos. Ni el PSOE actual ni mucho menos el PP, cambiarán el draconiano rumbo marcado por el Pacto del Euro. Lamentable resulta comprobar cómo los partidos y gobiernos socialistas y socialdemócratas (Zapatero y Rubalcaba incluidos)  han asumido dócilmente las medidas de ajuste financiero y recortes sociales que nos impone la dictadura de los mercados y con ello, renunciando a su historia y valores, se han sumado a la tarea de demolición controlada del Estado del bienestar  y de la Europa Social. El recordado Juan José Carreras,  profesor de historia contemporánea en mis años universitarios, aludiendo a la tarea histórica de la socialdemocracia, decía que ésta, en vez de ser “el sepulturero del capitalismo”, se había convertido en “su médico de cabecera”. Ya lo había advertido igualmente Rosa Luxemburgo  al señalar que si la socialdemocracia no aprendía de sus errores, desaparecería “para dejar lugar a los hombres que estén a la altura de un  nuevo mundo” y sean capaces de recomponer  las fuerzas de la izquierda. De no cambiar las cosas, tal y como ha puesto de evidencia el Movimiento del 15-M, será la ciudadanía la que  pase directamente a la acción para lograr los anhelos de bienestar humano y justicia social.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 30 julio 2011 y El Periódico de Aragón, 31 julio 2011)