LA DIGNIDAD ÉTICA DEL JUEZ GARZÓN

     

Por fin lo han conseguido. Los enemigos del juez Garzón, el magistrado más valiente y comprometido de la judicatura española va a ser procesado acusado de prevaricación por haber tenido el coraje cívico de iniciar, mediante el Sumario 53/2008 E, el proceso contra los crímenes del franquismo.

La fotografía de Garzón en el banquillo, a buen seguro, dará la vuelta al mundo para deshonra de la Justicia española pues este insólito hecho va a suponer un gravísimo descrédito para la independencia del poder judicial. No existe otro caso en el mundo civilizado en el cual un juez, que ha iniciado, con arreglo a la legislación penal internacional y al principio de justicia universal, la investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo, vaya a ser procesado por unas querellas interpuestas, precisamente, por grupos ultraderechistas como el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad o la Falange Española y de las JONS, herederos ideológicos y emocionales de la dictadura franquista.

Tampoco es ajeno al procesamiento de Garzón un amplio espectro de la derecha política actual representada por el PP que, inquieta como estaba por las investigaciones realizadas por este juez en el “caso Gürtel”, el mayor escándalo de corrupción política de nuestra democracia, se había fijado como objetivo neutralizarlo en tan comprometedor asunto para lo cual el procesamiento de Garzón era el primer paso para lograr su inhabilitación como juez.

 La tenacidad de Garzón en investigar temas de tanto calado como los crímenes del franquismo o la corrupción política, la cual salpica a diversas esferas del PP, era demasiado para sus enemigos,  que no han dudado en unir sus fuerzas para acabar con la carrera judicial de Garzón. Al margen de su a veces criticado afán de protagonismo mediático, resulta innegable que, tanto en estos temas como en la lucha judicial contra el terrorismo, ha desplegado una actividad incansable y, con ello, ha dignificado como pocos el papel que debe desempeñar la justicia progresista en una sociedad democrática avanzada.

Ante tal cúmulo de ataques como los que está sufriendo Garzón, tan injustos como movidos por perversos y oscuros intereses, considero que, como ciudadanos, debemos dejar oír nuestra voz. Por ello, como miembro de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón, suscribo plenamente la Declaración conjunta de UGT y CC.OO. en apoyo a Garzón del pasado 26 de marzo. En ella se advierte con total nitidez de la “deriva judicial” que está tomando la causa incoada contra Garzón desde el momento en que tuvo el coraje de iniciar la investigación de los crímenes del franquismo, causa en la cual, recordémoslo, la UGT se personó como acusación particular dado que miles de nuestros militantes, como fue el caso de Bernardo Aladrén, secretario provincial de la UGT zaragozana,  fueron asesinados durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista.

Se recuerda igualmente que estamos ante una “causa especial contra un Juez íntegro” que, para mayor escarnio, es víctima de unas querellas interpuestas por “reconocidos grupos fascistas” y, lo que es más grave, no sólo se trata de un ataque personal contra Garzón, sino que su procesamiento pone en cuestión la credibilidad del sistema judicial español pues, tal y como se pregunta la Declaración de UGT-CC.OO.: “¿El sistema judicial de un sistema democrático puede rehusar investigar la desaparición de personas?¿Puede inhibirse ante quienes reclaman su intervención para recuperar los restos de familiares desaparecidos a la vez que da cauce a las iniciativas de grupos filofascistas?¿Entenderíamos esta actitud respecto a otros casos como los crímenes nazis o los desaparecidos de la dictadura argentina?”.

Por ello, se defiende en la Declaración sindical conjunta la actuación judicial de Garzón en la “histórica causa” de los crímenes del franquismo, siempre en interés de las víctimas: recordemos que, a fecha de hoy, todavía quedan en torno a 35.000 republicanos asesinados cuyos restos yacen en cunetas y fosas comunes a lo largo de todo el territorio español para sufrimiento de sus familiares y oprobio de nuestra conciencia cívica.

Nadie duda que a las querellas contra Garzón no han sido ajenas sus actuaciones judiciales ante graves delitos de corrupción política como lo prueban los datos conocidos de la trama “Gürtel”, los cuales se extienden como una mancha de aceite para desasosiego de los dirigentes del PP. Y es que todo este proceso, cual si de un nuevo “affaire Dreyfuss” se tratara, está mediatizado por razones extrajudiciales, las cuales no sólo comprometen gravemente nuestro Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, sino que van a tener consecuencias fatales  para la imagen de la Justicia española tanto en el seno de nuestra sociedad como en el ámbito internacional.

Por todo lo dicho, junto a la solidaridad con Garzón y el reconocimiento público de su trayectoria ejemplar en defensa de los derechos humanos, la Declaración conjunta de UGT-CC.OO., solicita del Tribunal Supremo que se termine de manera inmediata la persecución injusta contra Garzón y también que se resuelva de una vez por todas las cuestiones pendientes sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo.

Recuerdo cómo en el varias veces citado Sumario 53/2008 E, Garzón manifestaba con toda firmeza que correspondía al Ministerio Fiscal español investigar los crímenes del franquismo dado que éstos, con arreglo a la legislación penal internacional  “no están prescritos ni amnistiados”. Acto seguido, Garzón añadía unas frases que ahora recuperan toda su vigencia: “Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional” (p. 74).

El 26 de marzo pasado, el mismo día en que se hacía pública la Declaración conjunta de UGT-CC.OO. en apoyo a Garzón, me hallaba en la localidad francesa de Oloron-Sainte Marie realizando una charla sobre el exilio republicano español. Durante el extenso coloquio que siguió, cuando aludí a la involución que suponía el que un juez como Garzón fuese procesado por los herederos del franquismo por haberse atrevido a investigar los crímenes de la dictadura, todo el público, de forma unánime y espontánea, prorrumpió en un cerrado aplauso en solidaridad con Garzón. Y es que no sólo en la sociedad española sino también fuera de nuestras fronteras, se sigue con interés este proceso de indudable trascendencia histórica, social y jurídica pues se hallan en juego aspectos esenciales de nuestra democracia y de la credibilidad de nuestro sistema judicial. Por ello, me sumo a cuantos en estos días están manifestando su apoyo y solidaridad para con el  juez Garzón, comprometido en combatir sin titubeos los cánceres que amenazan nuestra democracia cuales son el terrorismo, los rebrotes de los nostálgicos del franquismo y la corrupción política.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 9 abril 2010, El Periódico de Aragón, 10 abril 2010 y La Comarca, 13 abril 2010)