EL VALLE DE LOS CAÍDOS, UNA CRUZ PARA LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA
Cada año, en torno al 20 de noviembre, se suceden las mismas escenas de los nostálgicos del franquismo queriendo honrar a Franco en el Valle de los Caídos, imágenes que, como viejos espectros del pasado, agitan nuestra memoria reciente cual si se tratara de una pesada cruz que todavía arrastra nuestra democracia 35 años después de la muerte del dictador.
El Valle de los Caídos, imponente y faraónica memorial, símbolo por excelencia del franquismo, sigue siendo sin duda el lugar más emblemático para el fascismo español. Así, en la página web de la Fundación Francisco Franco hallamos un amplio dossier bajo el engañoso título de “Lugar de reconciliación y de paz” en el que podemos leer todo un cúmulo de despropósitos escritos en el más rancio lenguaje de otras épocas, llegándose incluso al cinismo de denunciar la que califica de “campaña contra el Valle de los Caídos con la pretensión de convertirlo en un monumento laico, desatada desde sectores comunistas y que propugnan la ruptura de la unidad de España, con datos inexactos, cuando no tergiversados”. Resulta igualmente indignante el que la Fundación franquista, ignorando deliberadamente la realidad histórica, sigue negando que dicha obra fue realizada por presos políticos republicanos, que muchos de ellos murieron durante los 20 años que duró su construcción, o que dichas obras “supusiesen un dispendio para las finanzas públicas”.
Los franquistas de ayer y de hoy siempre han querido presentarnos el Valle de los Caídos como “un monumento representativo de la reconciliación nacional” por el hecho de que en el mismo hay enterrados casi 40.000 españoles que lucharon en ambos bandos durante la guerra civil. Esa misma idea, ya la recogió el corresponsal en Madrid del New York Times el día de su inauguración, el 1 de abril de 1959, el “Día de la Victoria” en el calendario del régimen y cuando se cumplían los 20 años del final de la contienda: en pleno idilio anticomunista entre el régimen y los EE.UU., en dicha crónica, se podía leer que, con este monumento, “Franco ofreció el ramo de olivo de la paz a los millones de españoles que entre 1936 y 1939 lucharon al lado del Gobierno republicano vencido”. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad: ni el franquismo se reconcilió con los vencidos en pues todavía quedaban 16 duros años de dictadura, ni este memorial, por su origen, su significado, su construcción (realizada, para mayor ignominia con el trabajo y sufrimiento de miles de presos políticos republicanos entre 1940 y 1959) ni por su objeto último (ser lugar de enterramiento del dictador y de José Antonio Primo de Rivera), tenía nada que ver con una ansiada y necesaria reconciliación entre las dos Españas desgarradas por el enfrentamiento fratricida y por las consecuencias del mismo.
Ante esta situación, en estos últimos años, diversas asociaciones memorialistas han querido poner las cosas en su sitio, denunciar la apología del franquismo que suponía la utilización partidista del Valle de los Caídos a la vez que honrar la memoria de las víctimas republicanas. Ahí están las iniciativas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), los Foros por la Memoria, o la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados por el Franquismo (AFARIIREP) tendentes a adecuar y redefinir el sentido que debe tener el Valle de los Caídos en nuestra sociedad democrática. Algo se ha avanzado con la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, que en su artículo 16.2 prohíbe la celebración en el mismo de “actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”, pero no es suficiente. Tal y como proponen estas asociaciones, resulta evidente que, dado que el Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional, debe ser un lugar aconfesional y, por ello, sería necesario desacralizar su basílica y trasladar a la comunidad monástica que lo habita. De igual modo, los restos de Franco y José Antonio se deben de entregar a sus familias, así como también identificar a varios miles de combatientes allí sepultados y exhumar los restos de todos aquellos que, como fue el caso de los republicanos, fueron llevados a este lugar sin el consentimiento de sus familias, un inaudito robo de cuerpos para intentar simbolizar una reconciliación que nunca existió durante el franquismo, esto último aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre. Otra de las demandas memorialistas pide que se investigue a las empresas que se lucraron durante su construcción con mano de obra esclava republicana indemnizando a sus supervivientes o a sus familias, tema éste inédito en España, a diferencia de lo ocurrido en otros países como Alemania tras la derrota del nazismo. Y la exigencia fundamental: que el conjunto del Valle de los Caídos se convierta en lo que moralmente debe ser: un Memorial que honre a las víctimas del franquismo y recuerde lo que la dictadura supuso en nuestra historia reciente.
No estoy de acuerdo con quienes pretenden volar o desmantelar la gran cruz que preside la basílica. Y ello por dos razones: porque representa la utilización por parte del franquismo de los símbolos y valores cristianos en beneficio exclusivo de su dictadura contando para ello con la entusiasta connivencia de gran parte de la Iglesia católica. Pienso que no se entendería lo que supuso el franquismo sin esa amalgama de ideas fascistas, pensamiento conservador y clericalismo. Se convierte, pues, en un símbolo, triste símbolo, de esa vuelta anacrónica a la unión de la cruz y la espada, de tan funestos recuerdos en nuestra historia, de la manipulación del verdadero mensaje evangélico, del cual tan responsable fue la Iglesia adicta y legitimadora del franquismo. Tampoco estoy de acuerdo en demolerla por una segunda razón pues, de hacerlo, desaparecería una parte del dolor y del sufrimiento que supuso su construcción para los presos políticos republicanos, como tampoco hay que destruir los restos de los campos de exterminio nazis para que así sean lugares de la memoria y, con ellos, educar a las futuras generaciones en lo que supuso la magnitud del genocidio nazi (o el franquista) y así inmunizarlas ante cualquier delirio fascistoide, xenófobo o racista.
Por todo ello, considero que ha llegado el momento de que los poderes públicos asuman las propuestas de las asociaciones memorialistas. Ello requiere, una voluntad política por parte del Gobierno, que deberá reformar en este punto y otros muchos la Ley de la Memoria Histórica. Sólo así, el Valle de los Caídos dejará de ser una cruz que pesa como una losa sobre la conciencia democrática española.
(publicado en El Periódico de Aragón, 27 noviembre 2010 ; Diario de Teruel, 28 noviembre 2010)
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