UNA LEY POLACA
En fechas recientes, el Senado de Polonia ha aprobado una polémica Ley sobre el Holocausto la cual prohíbe cualquier afirmación, aunque sea cierta y documentada, relativa a considerar a la población o autoridades polacas como responsables o cómplices de los crímenes de lesa humanidad, del genocidio cometido por los nazis contra la población judía en su territorio durante la II Guerra Mundial, hecho éste que puede comportar penas de 3 años de prisión para sus infractores. En consecuencia, dicha ley ha generado una oleada de protestas de los supervivientes de dicho genocidio y sus descendientes, así como de países como Ucrania, Estados Unidos y, sobre todo, de Israel, pues se considera que dicha ley es un “intento de desafiar la verdad histórica” al pretender encubrir la complicidad, directa o indirecta, de sectores de la sociedad polaca en los crímenes cometidos durante el Holocausto, durante la Shoá.
Esta ley polaca ha supuesto, también, una fuerte crítica por parte de los historiadores puesto que no sólo limita la libertad de expresión a la hora de investigar estos acontecimientos, sino que es un claro intento de falsificar hechos históricos evidentes y, por ello, pretende borrar de la historia de Polonia la negra página que, durante el período de la ocupación nazi del país, supuso la complicidad y el colaboracionismo criminal con las autoridades germanas. Ciertamente, Polonia fue derrotada y ocupada por la Alemania hitleriana, lo que supuso una tragedia de dolor y sufrimiento innegable como lo testimonia la muerte de 6 millones de polacos, de los cuales 3 millones, pertenecían a la comunidad judía. Pero también es cierto que una parte de la población, profundamente antisemita, colaboró con el ocupante nazi durante el Holocausto, tema que cual un espectro que siempre retorna, martillea las conciencias y la historia polaca con una pregunta incómoda: ¿cómo fue posible semejante monstruosidad sin cierta complicidad de la población?, algo de lo que, por otra parte, existen numerosas pruebas y que ningún historiador riguroso pone en duda. Primo Levi, superviviente de la Shoá, decía que “los monstruos existen, pero son poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos, los realmente peligrosos son los hombres comunes”, aquellos que fueron los cómplices necesarios, aquellos que, tanto ayer como hoy, olvidan y banalizan de nuevo ese Mal Absoluto que fue el Holocausto, esa “barbarie única, sin precedentes en la historia de Occidente”, como la calificó Bejla Rubin.
Por todas estas razones, el Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalem, refiriéndose a esta polémica ley incidía en que “puede difuminar verdades históricas por los límites que impone en expresiones sobre la complicidad de segmentos de población polaca en crímenes contra judíos cometidos en suelo polaco por su propio pueblo, directa o indirectamente, durante el Holocausto”. Por su parte, como señalaba Heather Nauert, en relación a este tema, “todos debemos de tener cuidado de no inhibir la discusión y el comentario sobre el Holocausto. Creemos que el debate abierto, la escolaridad y la educación, son los mejores medios contra el discurso inexacto e hiriente”.
Esta nueva ley, impulsada por el gobierno derechista y ultranacionalista del Partido Ley y Justicia (PiS), tiene la evidente intención de minimizar la responsabilidad de los polacos en el genocidio judío, un “revisionismo de Estado”, lo cual supone una innegable adulteración de la verdad histórica, con el propósito por parte de la derecha nacionalista, como afirma Adam Michnik, de mandar un mensaje de orgullo a la nación, de superación de las humillaciones históricas sufridas en tiempos recientes por Polonia, una nación siempre aplastada, dominada y cercenada, por parte de sus dos poderosos vecinos: Alemania y Rusia y, de este modo, esconder bajo la alfombra de la “historia oficial” las profundas raíces del antisemitismo polaco y sucesos tan dramáticos como la masacre ocurrida en el pueblo de Jedwabne el 10 de julio de 1941, donde 1.683 judíos fueron quemados vivos, una matanza llevada a cabo por sus propios vecinos católicos polacos.
Pese al deliberado intento de las autoridades de Polonia por maquillar la historia, como advertía el diplomático israelí Emmanuel Nahshon, “ninguna ley cambiará los hechos”, por muy trágicos que estos sean, a la vez que resulta preocupante el hecho que la tramitación de tan polémica ley, ha provocado un aumento de la intolerancia, xenofobia y el antisemitismo en la sociedad polaca, país donde junto a su deriva autoritaria, parece orientarse, como advertía Antonio Claret, hacia un nacionalismo agresivo que quiere quitarse de encima las culpas del pasado. Y así, por ejemplo, sobre el levantamiento del guetto de Varsovia (abril-mayo 1943) y el asesinato de sus defensores, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, repartió la responsabilidad de la matanza no sólo en “la nación alemana”, sino, también, de forma tendenciosa y sorprendente, “en los que no vinieron a ayudar, es decir, en los aliados” (¡!).
Lo que ocurre en Polonia no resulta nada extraño ya que los síntomas de la adulteración histórica no son exclusivos de este país, sino que se extienden por toda Europa impulsados por sectores revisionistas, reaccionarios y negacionistas, algo de lo que España no está exenta dado que la larga sombra del franquismo (y sus profundas raíces) siguen muy presentes en nuestra sociedad. Asistimos, pues, a una expansión de lo que ha dado en llamarse “posverdad”, concepto que la RAE ha incorporado a nuestro Diccionario de la Lengua y que define como “distorsión deliberada de la realidad, mediante la manipulación de creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales”, esto es, el empleo de la manipulación interesada y la mentira a la hora de referirse a determinados hechos o períodos históricos. Visto lo que subyace tras esta ley polaca, debemos tener muy presente que ninguna sociedad democrática, debe consentir la propagación de planteamientos negacionistas y de ideas racistas y xenófobas, alentadas por el preocupante auge de los grupos de la extrema derecha a lo largo de toda Europa.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 22 abril 2018)
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