ELECTRIZADOS

      Somos muchos los ciudadanos que nos lamentamos de que España no cuente con una empresa pública energética como en su día lo fue Endesa y que hoy nos hallemos a merced del oligopolio de las empresas que controlan el mercado del sector. Por ello es bueno recordar cómo se produjo la privatización de Endesa que, tal y como señala Jesús Cintora en su libro No quieren que lo sepas (2022), tiene sus fases y sus responsables.

     Hay que remontarse a los años del Gobierno de Felipe González en el cual se inició el proceso de apertura de Endesa al capital privado, cuando el entonces ministro de Economía socialista Carlos Solchaga sacó a Bolsa el 18% de Endesa, con lo cual ésta pasó a ser una empresa semipública.

     Posteriormente, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996, el 67% del capital de Endesa era todavía público pero poco después José María Aznar nombró presidente de Endesa a Rodolfo Martín Villa con el objeto de completar su privatización, lo cual se llevó a cabo mediante la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lo cual suponía, como se lamenta con razón Cintora, que el Gobierno del PP “renunciaba abiertamente a la noción de servicio público” por lo que al sector energético se refiere. Pese a esta evidencia, en entonces ministro de Industria, Josep Piqué, aseguró, sin ningún fundamento, que la privatización redundaría en una bajada de precios para los consumidores al haber mayor competencia, afirmación que los hechos posteriores han desmentido.

    Durante la etapa de Manuel Pizarro como nuevo presidente de Endesa, éste se opuso a la OPA lanzada contra la compañía por Gas Natural y, finalmente, ya durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Endesa pasó, tras competir con la alemana E.ON,  a ser adquirida por la compañía italiana ENEL, que se hizo con el 92% de su capital.

    Durante el proceso de privatización de Endesa, y también después, las puertas giratorias entre la política y la empresa no dejaron de girar pues a Endesa, al igual que ha ocurrido con otras empresas energéticas, les interesa, y mucho, el tener contactos e influencias políticas. De este modo, han percibido elevados sueldos por diversos conceptos de Endesa políticos del PP tan destacados como José María Aznar, Luis de Guindos o Rodrigo Rato: de este último, sumido en diversos casos de corrupción, señala Jesús Cintora, que “había informes verbales por los que se pagaban 40.000 euros”. Pero también ficharon por Endesa políticos socialistas como Pedro Solbes, quien fuera ministro de Economía en el Gobierno de Zapatero, que se incorporó al Consejo de Administración de ENEL, puesto que sin duda se interpretó como un premio por su labor en la fase final de la privatización en beneficio de la compañía italiana. También fichó como consejera de Endesa la socialista Elena Salgado, la que sustituyó a Solbes en el Ministerio de Economía, apenas 3 meses después de dejar su puesto en el Gobierno. Y, en el listado de fichajes políticos por parte de Endesa, también hay que citar el caso de Miquel Roca i Junyent, el cual, a su dilatada trayectoria política, hay que sumar sus amplias conexiones con el mundo empresarial.

    Así las cosas, supone un escándalo la práctica de las puertas giratorias entre la política y las altas esferas del mundo empresarial, de lo cual lo ocurrido en Endesa es un claro ejemplo. Pero hay muchos más: Gas Natural  fichó en el año 2010 a Felipe González o Abengoa, “un curioso paradero de expolíticos” como la define Cintora, compañía en la que han recalado antiguos ministros del PP como Fátima Báñez, Ángel Acebes o Isabel García Tejerina, además de políticos socialistas como Manuel Marín, Antonio Miguel Carmona o Juan Pedro Hernández Moltó y también nacionalistas vascos como Juan Mari Atutxa, una situación que, a los ciudadanos de a pie, nos deja electrizados de indignación. Por ello, no nos debe de extrañar que el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) dependiente de Consejo de Europa, haya instado a España a actuar contra la práctica de las puertas giratorias, regulando de forma estricta las incompatibilidades que impidan estas prácticas viciadas, tal y como ocurre en Francia, donde estas situaciones de evidente trato de influencias e información privilegiada, están castigadas por el Código Penal.

    A modo de conclusión, y volviendo al caso de las compañías eléctricas, que se enriquecen de forma desmesurada e inmoral en estos tiempos en los que sobre una buena parte de la población se eleva la amenaza de la llamada “pobreza energética”, parece evidente que resulta necesario, además de aplicarles una fiscalidad acorde a sus beneficios, retomar la idea de la necesidad de una empresa energética pública potente, a ejemplo de ENEL y EDF, empresas controladas, respectivamente, por los estados italiano y francés, como forma de evitar los desmanes de las insaciables compañías eléctricas privadas que vivimos (y sufrimos) en la actualidad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 diciembre 2022)