TIEMPO DE INCERTIDUMBRES

 

     Vivimos una época llena de incertidumbres, un tiempo en el cual, como señalaba Daniel Inerarity, estamos en “una situación propia de las sociedades en las que el horizonte de lo posible se ha abierto tanto que nuestros cálculos acerca del futuro son especialmente inciertos”. Y es verdad, pues, como este mismo autor señalaba en su libro Política para perplejos (2018), tras la indignación social producida por los efectos de la crisis económica del año 2008, se pasó a una decepción generalizada ante la situación general consecuencia de aquella y, posteriormente, a una fase actual de perplejidad, momento que coincide, como ahora ocurre, “cuando el malestar se vuelve difuso”. Por todo ello, es tan importante entender lo que pasa en estos tiempos convulsos e inciertos con los que hemos iniciado el presente siglo XXI y ello, en palabras de Inerarity, “es una tarea más revolucionaria que agitarse improductivamente, equivocarse en la crítica o tener expectativas poco razonables” hasta el punto en que “nunca fue más liberador el conocimiento, la reflexión, la orientación y el criterio”.

     Pero la realidad resulta bien distinta. De hecho, Tony Judt, en su libro Sobre el olvidado siglo XX (2020), señalaba que una de las características que han marcado el siglo pasado ha sido, precisamente, lo que él denomina el “agotamiento de las energías políticas”, la crisis de las ideas que, hasta entonces eran el motor que había movido la historia de Occidente. Y es que, “aunque no carece por completo de significado la terminología izquierda/derecha, ya no describe lealtades políticas de la mayoría de los ciudadanos”. A ello se une un evidente escepticismo ante objetivos políticos globales como pudieran ser los de “Nación”, “Historia” o “Progreso” mientras que los objetivos colectivos se reducen a términos exclusivamente económicos (prosperidad, crecimiento, PIB, eficacia, producción, tipos de interés, comportamiento del mercado de valores), “como si no fueran medios para alcanzar colectivamente unos fines sociales o políticos, sino fines suficientes y necesarios en sí mismos”.

Así las cosas, Judt considera que nos hallamos en una “época apolítica” y, por ello, nos advierte de forma premonitoria de los riesgos que ello comporta, ya que, “las democracias en las que no hay opciones políticas significativas, en las que la política económica es todo lo que realmente importa y en las que la política económica está en buena parte determinada por actores no políticos (bancos centrales, agencias internacionales o corporaciones transnacionales), o bien dejarán de ser democracias que funcionen o volverán a presenciar la política de la frustración, del resentimiento populista”.

    Pero este “apoliticismo” no es tal puesto que no hay nada más ideológico que los imperantes planteamientos de que “todos los asuntos y políticas, públicas o privadas, deban inclinarse ante la globalización económica, las leyes inevitables y sus insaciables demandas”. De hecho, las políticas, en opinión de Inerarity, “no saben con precisión qué deben hacer, pero cuando lo saben no se arriesgan a la pérdida de poder que eso implicaría”. Tal es así, que, ante el avasallador embate de la globalización neoliberal, este autor considera que muchas políticas evidencian “una mezcla fatal de negación de los problemas, postergación de las soluciones, falsas esperanzas, persistencia de las rutinas, vetos mutuos y cortoplacismo que termina reduciendo al mínimo su capacidad transformadora”.

     En este contexto de incertidumbre, también se abren paso las consecuencias de la “política del miedo”, la cual se ha ido convirtiendo en un ingrediente activo de la vida política en las democracias occidentales, y ello explica la aparición o revitalización de grupos, partidos y programas basados en el miedo, bien sea éste hacia los extranjeros, ante los cambios, ante las fronteras abiertas o frente a la diversidad social y la libertad de expresión. Ante este panorama, dado que “la política de la inseguridad es contagiosa” y que puede socavar nuestras democracias, la posición de Judt es clara y rotunda: resulta imprescindible lograr la cohesión pública y la confianza política necesaria para una prosperidad estable mediante la provisión colectiva de servicios sociales y una política fiscal progresiva, algo que sólo los Estados democráticos tienen los recursos y la autoridad necesarios para gestionarlos y hacerlos efectivos.

    Así las cosas, hoy más que nunca resulta obvio, y necesario, el papel de los Estados democráticos en estos tiempos de globalización puesto que, como señalaba Judt, “una democracia saludable, lejos de estar amenazada por el Estado regulador, en realidad depende de él” ya que, “en un mundo cada vez más polarizado entre individuos aislados e inseguros y fuerzas globales no reguladas, la autoridad legítima del Estado democrático puede ser la mejor institución intermedia concebible”.

     Por su parte Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI (2019) nos ofrece otra clave para hacer frente a estos tiempos de incertidumbres, para estos tiempos en los que, según sus palabras, la Humanidad “se enfrenta a revoluciones sin precedentes, todos nuestros relatos antiguos se desmoronan y hasta el momento no ha surgido ningún relato para sustituirlos”. Y, por ello, Harari opta por destacar el valor de la educación, por la enseñanza en las escuelas de “las cuatro ces” (pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad), en las cuales deberían formarse las nuevas generaciones para disipar tantas incertidumbres que nos acosan. Y es que, ya lo dijo Nelson Mandela, “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 septiembre 2021)

 

 

LAS LECCIONES DE WEIMAR

 

    En los actuales procesos de involución democrática alentados por grupos de extrema derecha, ya no se producen golpes de Estado como en otros tiempos, sino que la táctica del neofascismo es la de utilizar las instituciones democráticas para irlas socavando desde dentro. En este sentido, se pueden extraer lecciones (y reflexiones) sobre lo ocurrido en la Alemania de entreguerras, período que coincide con el momento del auge del nazismo hitleriano durante los años de la República de Weimar (1918-1933). Recordemos algunos datos.

     Tras la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial y el derrocamiento del káiser Guillermo II, la nueva República alemana, conocida con el nombre de la ciudad de Weimar, lugar donde se reunió la Asamblea Nacional constituyente que elaboró una nueva constitución democrática, pretendió dejar atrás el imperialismo militarista germano, culpable en gran medida de la tragedia de la “Gran Guerra” de 1914-1918. Pese a las esperanzas que despertó, la joven República tuvo que hacer frente a una gravísima depresión económica y a una constante inestabilidad política y social. Por ello, como señalaba Madeleine Albright, el contexto de la República de Weimar no pudo ser más adverso, caracterizado por “una Europa rencorosa, una América indiferente y una ciudadanía herida”.

     A la altura de 1932, la población alemana sufría una brutal crisis económica y social agravada con el asfixiante pago de las reparaciones de guerra exigidas por las fuerzas aliadas vencedoras en la Gran Guerra, temas éstos que serían demagógicamente utilizadas por Hitler para captar un considerable apoyo popular. El semanario socialista zaragozano Vida Nueva se hizo eco por aquellas fechas en diversos artículos de la situación en Alemania, cuya democracia estaba cada vez más amenazada por el nazismo, a la vez que denunciaba con dureza las simpatías de las fascistizadas derechas españolas para con la emergente figura de Hitler y la admiración de éstas con el auge electoral del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), el partido nazi.

      Por su parte, Hitler era consciente de que, tras el fracaso del golpe de Estado de 1923, si quería conquistar el poder tenía que hacerlo de forma gradual y por la vía legal. Así, en las elecciones federales del 14 de septiembre de 1930, supo canalizar el voto de los descontentos y logró un amplio apoyo entre pequeños empresarios, mujeres, campesinos y jóvenes, lo cual convirtió al NSDAP en el segundo partido del Reichtag, tras los socialdemócratas del SPD y seguido del comunista KPD. Especialmente destacable resulta el hecho de que, tras estos comicios, se diluyó el centro político y, a partir de este momento, la pugna electoral se trasladó al enfrentamiento entre la izquierda (SPD, KPD) contra la extrema derecha nazi (NSDAP) apoyada por otros grupos derechistas.

     El siguiente peldaño del ascenso al poder de Hitler tuvo lugar en las elecciones presidenciales celebradas a dos rondas los días 13 de marzo y 10 de abril de 1932. En ellas, Hitler, respaldado por el NSDAP y todos los grupos nacionalistas de derechas, se enfrentó al anciano mariscal Paul von Hindelburg, y aunque Hitler fue derrotado, logró 13 millones de votos (1/3 del electorado) gracias a su perversa utilización del revanchismo germano y de su negativa a que Alemania pagase las onerosas indemnizaciones de guerra que le habían sido impuestas. Otro factor que favoreció el creciente apoyo político y electoral a Hitler fue la involución política de la derecha parlamentaria alemana, cada vez más escorada hacia el nazismo, lo cual supuso un serio e irreversible debilitamiento de la democracia representada por la República de Weimar.

     En las siguientes elecciones federales del 31 de julio de 1932 se produjo un choque frontal entre el Bloque de la derecha, integrado por el NSDAP nazi y el Partido Popular Nacional Alemán (DNVP) que obtuvieron 267 escaños, frente al Bloque de la izquierda (SPD, KPD), al cual se unió el Zentrum católico (DZP), que logró 317 diputados. Ante una situación políticamente enquistada hubo que convocar nuevas elecciones federales para el 6 de noviembre de 1932, pero éstas dieron unos resultados similares a los de los comicios del pasado julio, pese a lo cual el NSDAP perdió 2 millones de votos, se produjo un auge del KPD y un retroceso del SPD, hecho éste último, consecuencia de la suicida rivalidad entre comunistas y socialistas, táctica alentada por Stalin y que dinamitó la imprescindible unidad de la izquierda para frenar al nazismo. Por su parte, el presidente Hindelburg, tenía un dilema: seguir convocando nuevas elecciones con muy pocas posibilidades de obtener un resultado concluyente, o encomendar la Cancillería a Hitler. Se decidió por esta última opción y el 30 de enero de 1933 Hitler, del que alguien dijo que era “un hombre enfurecido en una época enfurecida”, se convertía en canciller a pesar de no haber ganado una votación parlamentaria, aunque ciertamente lo hizo por medios constitucionales. Como recordaba Madeleine Albright, Hitler, un demagogo delirante caracterizado por “su ambición criminal, su racismo visceral y su absoluta inmoralidad” llegó al poder “tras haber logrado que millones de alemanes se sintieran atraídos por su figura y sus mensajes”.

    Este fue el triste epílogo de la República de Weimar, pues, como señalaba el semanario socialista zaragozano Vida Nueva el 13 de febrero de 1933, “la mayoría del país quiere vivir a la voz de mando del tirano, antes que colaborar como ciudadanos libres en la gran obra de la democracia”. La historia posterior es bien conocida y, tras acabar con la democrática República de Weimar, Hitler implantó una brutal dictadura totalitaria.  Y, para ello, a Hitler y al nazismo les resultó muy útil el empleo demagógico de los desastrosos efectos de la depresión económica, la connivencia y complicidad de las viejas derechas parlamentarias y la suicida división de las izquierdas, incapaces de articular un Frente Popular para contener los zarpazos de la bestia parda nazi. Estas son las lecciones de Weimar que hoy resulta oportuno recordar para estar alerta ante el preocupante auge de los populismos de extrema derecha y de los nuevos fascismos del siglo XXI.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 16 septiembre 2021)

 

DONDE LA HISTORIA SE AVERGÜENZA

 

     Hay lugares y donde se tuvieron lugar páginas negras de la historia  y que como tales han quedado en la memoria colectiva. Tal vez el ejemplo más evidente (y sangrante) de ello sea Auschwitz, la encarnación del mal absoluto que supuso el nazismo, pero con distinta graduación y circunstancias hay otros muchos si repasamos la historia reciente de Europa.

    Este año he pasado las vacaciones en Francia, cerca de la localidad de Montoire-sur-le-Loir, población que evoca una página, también negra, de la historia francesa. Allí tuvo lugar, el 24 de octubre de 1940, la entrevista entre el mariscal Philippe Pétain y Adolf Hitler, el primero, representando a la Francia vencida por la entonces imparable maquinaria de guerra alemana, el otro, el todopoderoso dictador nazi. Hitler, que el día anterior se había reunido con el general Franco en la estación de Hendaya, pretendía con el encuentro de Montoire, sentar las bases de la relación entre el III Reich y la Francia pétainista, o lo que es lo mismo, lograr la completa sumisión de ésta a los dictados políticos, económicos y militares de Berlín.

     El apretón de manos entre Pétain y Hitler en la estación de Montoire ha quedado para la memoria de Francia como el símbolo del vergonzoso  y humillante colaboracionismo del régimen pro-nazi galo con la Alemania hitleriana. En dicha reunión Pétain aceptó colaborar con el III Reich pero no logró ninguna de sus demandas como la liberación de varias decenas de miles de prisioneros de guerra o la reinstalación del Gobierno pétainista ni en Versalles ni en París, por lo que éste fijó su sede definitiva en la ciudad de Vichy. Y ello a pesar de que Pétain ofreció su apoyo a la Alemania nazi para combatir a Gran Bretaña y no puso obstáculos para una mayor colaboración política y económica con Berlín. Pero Hitler se mostró intransigente y no aceptó ninguno de los ofrecimientos de Pétain pues sólo deseaba asegurar la colaboración política (incluida la represión de resistentes y la deportación de judíos) y la explotación económica de Francia en beneficio del esfuerzo de guerra germano. En el terreno militar, Hitler estaba interesado en que Pétain defendiera el imperio colonial francés de ataques británicos o de las Fuerzas Francesas Libres (FFL) del general De Gaulle, todo ello sin ninguna compensación a cambio que pudiera "justificar" la colaboración del régimen de Vichy con la Alemania nazi.

     Aún hoy en día, en la historia oficial de Francia,  aquella que presenta a nuestro país vecino como unido contra el nazismo bajo la bandera de la Resistencia y de la figura del general De Gaulle, el tema del colaboracionismo con la Alemania hitleriana sigue siendo una página polémica, un período asociado a las ciudades de Vichy y de Montoire, que todavía cargan con ese estigma.

      En la actualidad, del episodio vergonzoso de Montoire queda el edificio histórico de la vieja estación, convertida en un pequeño museo que recuerda el significado de aquel encuentro, considerado todo un oprobio para el orgullo chovinista galo. A modo de desagravio, en la fachada de la estación, una placa recuerda la liberación de Montoire por el Ejército de los Estados Unidos el 11 de agosto de 1944. Igualmente, en los jardines que se hallan frente a la estación, está plantado un "Árbol de la Libertad", evocando el legado de la Revolución Francesa y los valores republicanos de "Libertad-Igualdad-Fraternidad", que fueron aplastados tanto por la ocupación nazi  como por el régimen pétainista de Vichy.

    Otro vestigio relacionado con el encuentro de Montoire se encuentra en sus proximidades: se trata del túnel ferroviario de Saint-Rimay que estaba destinado a proteger a "Erika", el tren blindado de Hitler, en caso de ataque aéreo durante su entrevista con Pétain. Más tarde, en 1943, se convirtió en Cuartel del Alto Mando alemán y estaba cerrado por enormes puertas blindadas, protegido por búnkeres y baterías antiaéreas y que contaba con una guarnición permanente y una central eléctrica y telefónica que conectaba directamente con  Berlín. Curiosamente, estas instalaciones nunca fueron objeto de ningún ataque aéreo durante la guerra. Aunque el acceso al túnel está prohibido y un cartel advierte de que, en caso de hacerlo, se puede ser sancionado con una multa de 3.750 euros y una sanción de 6 meses de cárcel, dado que la vía férrea sigue siendo operativa, era  tentador adentrarse en el túnel y así lo hice, para contemplar sus impresionantes puertas blindadas que todavía se conservan en su interior, así como el techo del mismo, reforzado con planchas de acero y que, pese a ello, nunca llegó a ser utilizado como refugio para el tren de Hitler.

     Es evidente que Francia ha ajustado cuentas y memoria con su pasado, mientras que en España todavía tenemos muchas deudas pendientes con aquellos lugares vinculados al franquismo donde, también, la historia se avergüenza. Baste recordar las miles de fosas y tapias que nos recuerdan, en infinidad de lugares,  la represión genocida desatada por los sublevados aquel fatídico 18 de julio de 1936. También avergüenzan aquellos otros lugares donde, como señalaba Paul Preston, el general Franco firmaba las sentencias de muerte de los condenados "mientras comía", "tomando café antes de la sienta" o "viajando en coche", miles de sentencias que el dictador siempre firmó con la "E" de "Enterado", de forma fría, impasible y sin el menor remordimiento moral, pues como el mismo Franco dijo a su cuñado Ramón Serrano Suñer, eran "cosas de trámite". Estos hechos avergüenzan la historia de España, al igual que en la memoria francesa sigue siendo un hecho oprobioso el encuentro de Montoire, y como tal se estudia en los libros de texto, mientras que en España sigue habiendo profundas lagunas curriculares a la hora de analizar la dictadura franquista.

      Por todo ello, es tan importante la memoria democrática pues, como dejó escrito Luis Buñuel, "Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada".

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 de agosto de 2021)

 

 

QUÉ FUE DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

 

    Cuando la entonces mayoría parlamentaria del Partido Popular aprobó la Ley Orgánica 1/2014, mediante la cual se modificaba la Ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial, se consagraba, legalmente, la limitación a la jurisdicción universal, lo cual supuso un duro golpe al principio de justicia universal,  dado que se imposibilitaba el que los tribunales españoles pudieran investigar y enjuiciar delitos penados por el derecho internacional tan graves como el genocidio, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas o la tortura, quedando sobreseídos, de forma automática,  todas las causas de esta índole que estuvieran abiertas en la Audiencia Nacional. De este modo, el entonces Gobierno presidido por Mariano Rajoy, consagraba la impunidad de los crímenes contra la humanidad, todo un cínico ejercicio de utilitarismo frente a los valores de la ética y la justicia, impidiendo de este modo investigar y enjuiciar a genocidas y criminales de guerra tan repugnantes como Franco, Pinochet, George Bush o Jiang Zemin.

    Hay que tener en cuenta que la jurisdicción universal es uno de los mayores instrumentos con los que cuenta la justicia por poder juzgar crímenes de derecho internacional tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura o desaparición forzada. Es por ello que esta herramienta permite a los jueces de todos los países del mundo poder abrir investigaciones sobre estas violaciones graves de derechos humanos, llevando ante los tribunales a los autores de estos crímenes.

   Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2014, son muchos las causas e investigaciones abiertas en tribunales españoles que han quedado impunes tras su archivo “legal”. Este sería el caso de las diversas causas abiertas por genocidio como el cometido contra la población maya en Guatemala (1999), por el sufrido por el grupo religioso Falun Gong en China (2003) o los relativos al Tibet (2005), Ruanda (2005), los crímenes provocados por autoridades marroquíes en el Sahara Occidental ocupado (2006) o el cometido en los campos de concentración nazis (2008). Otras causas investigaban los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza (2008) o en el ataque a la llamada “Flotilla de la Libertad” (2010) por unidades del Ejército israelí. También se archivarían las investigaciones abiertas en torno al asesinato de José Couso en Irak, la del jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador o la del diplomático Carmelo Soria durante la dictadura de Pinochet en Chile, así como las causa en torno a los vuelos clandestinos de la CIA o las torturas cometidas en la base de Guantánamo por militares norteamericanos.

     Dicho esto, resulta obvio que la puesta en práctica de la Ley Orgánica 1/2014, ha tenido importantes consecuencias negativas dado que ha supuesto un golpe devastador para la jurisdicción universal al permitir que tan graves crímenes queden impunes. Al mismo tiempo, supone una flagrante violación de las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por España en esta materia, en concreto las Convenciones de Ginebra de 1949, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007 (ratificado por España en 2009), dado que la legislación española no puede dejar sin efecto o derogar las obligaciones contraídas por España en materia de derecho internacional dado que éstas tienen supremacía sobre el derecho nacional.

    Además, según algunos juristas, la referida limitación legal a aplicar por parte de España la justicia universal podría exceder las facultades legislativas del Congreso de los Diputados, dado que estaría cerrando de manera generalizada todas las investigaciones relativas a estos graves crímenes, lo cual supone una clara interferencia que vulnera la independencia del poder judicial. Y, también, semejante involución legislativa no sólo daña la imagen internacional de España en materia de defensa de los derechos humanos e investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad, sino que incluso podría llevar a nuestro país ante la Corte Penal Internacional o ante los comités de la ONU contra la tortura o contra las desapariciones forzadas por incumplimiento de sus obligaciones en esta materia dado que el consenso de la comunidad internacional es claro: estos crímenes, que golpean a la conciencia de la humanidad, han de ser castigados y es deber de todo Estado investigar a sus responsables. Además, es importante señalar que ninguno de estos tratados menciona la posibilidad de limitar la persecución de graves crímenes de derecho internacional como ha pretendido la Ley Orgánica 1/2014 a cuya aprobación no fueron ajenas las presiones de Estados Unidos, China o Israel sobre el entonces gobierno de Mariano Rajoy.

    Cuando en el año 2014 se produjo tan grave involución legislativa, ante semejante golpe a la aplicación efectiva de la justicia universal, 91 asociaciones y colectivos vinculados a los derechos humanos, suscribieron un manifiesto en el cual instaban a España a que respetase y mantuviese sus compromisos y obligaciones internacionales suscritos al firmar los acuerdos antes indicados, así como a que se garantizase que cualquier reforma de las normas que regulan la jurisdicción universal esté acorde con el derecho internacional. Así las cosas, estas cuestiones siguen pendientes a fecha de hoy y, consecuentemente, esta situación debería ser subsanada cuanto antes para que España vuelva ser un adalid en la defensa de la justicia universal, aquel camino que inició el entonces juez Baltasar Garzón cuando el 16 de octubre de 1998 dictó la orden de detención contra el dictador Augusto Pinochet, todo un hito en la aplicación del principio de justicia universal, o cuando el mismo Garzón inició el sumario 53/2008 sobre las víctimas del franquismo y  en el que constan los nombres de 143.353 víctimas causadas por la represión fascista durante la guerra civil y la posterior dictadura, por lo que sigue habiendo 143.353 razones para que los demócratas españoles defendamos la aplicación de la legislación penal internacional. Por todo ello, la reactivación de la justicia universal, con todas sus consecuencias, debería de ser una tarea asumida sin dilación por el actual Gobierno de coalición progresista español.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón. 10 agosto 2021)

 

 

 

 

ANNUAL: EL CENTENARIO DE UN DESASTRE

 

     Entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, hace ahora cien años, se produjo en Marruecos el conocido como “desastre de Annual”, sufrido por el ejército español, una tragedia causada no sólo por las tribus rifeñas lideradas por Abd-el-Krim, sino también por la ineptitud de los mandos, por un impropio afán de gloria y conquista colonial, así como por los intereses económicos de la clase política y militar que sustentaba la monarquía de Alfonso XIII.

    Tras la pérdida en 1898 de los últimos restos del imperio colonial hispano (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), los políticos de la Restauración dirigieron su mirada hacia el indómito Marruecos, con la pretensión de revivir allí viejos sueños de potencia colonizadora. Es por ello que, tras la Conferencia de Algeciras (1906) y la posterior creación del Protectorado Franco-Español (1912), las tierras de Marruecos fueron repartidas entre Francia, que se llevó la mayor parte del territorio, y España, a la que le correspondió una pequeña franja, un territorio agreste, habitada por 66 cabilas o tribus, una zona indómita cuyos nativos, en expresión del sargento de Regulares Enrique Meneses, eran “gentes sin civilizar” y para los que “la guerra es su pasión, su diversión favorita”.

    Varias fueron las razones por las cuales los políticos y estamentos militares del momento fijaron su interés en Marruecos. En primer lugar, para intentar “restañar las heridas” ocasionadas por la pérdida de las colonias en 1898; por otra, el deseo del Ejército de dar salida a una oficialidad que, tras el desastre colonial, se había visto privada de 8.000 destinos. Además, la intervención en Marruecos, a la que se le quiso dar un tinte “civilizador”, pretendía en realidad recuperar el prestigio perdido por la clase política y el Ejército en aquella España decadente que, a duras penas, intentaba sobreponerse de las consecuencias del desastre de 1898. Y, a todo ello, habría que añadir los intereses económicos españoles en la zona, esto es, la explotación de los yacimientos de hierro y plomo marroquíes.

   Desde el primer momento, los sectores populares españoles se opusieron a la aventura colonial en Marruecos: recordemos que fue éste precisamente el motivo del estallido de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, el mismo año en que se produjo el desastre del Barranco del Lobo cerca de Melilla. No obstante, los sucesivos gabinetes de la época, en gran medida alentados por Alfonso XIII, continuaron con sus pretensiones coloniales en Marruecos. De este modo, a partir de 1919, el Gobierno de Romanones reactivó la campaña militar para hacerse con el control efectivo del territorio del Protectorado asignado a España y que contaba con una población bereber hostil a cualquier dominación extranjera y que culminó con la conquista de Xauén en el otoño de 1920.

    Posteriormente, el protagonismo militar correspondió al general Manuel Fernández Silvestre, cuya impetuosa e insensata actitud, apoyado y protegido directamente por el rey Alfonso XIII, sería el detonante del desastre. Así, fue Fernández Silvestre el responsable del temerario avance hacia la bahía de Alhucemas, “excesivamente osado y falto de consistencia” como señaló el historiador Daniel Macías, lo cual ocasionó graves problemas de comunicación y la imposibilidad de abastecer de material y, sobre todo de agua en el abrasador verano marroquí, a los “blocaos” o posiciones españolas, por otra parte, escasamente dotadas de hombres y armamentos y débilmente fortificadas, tal es así que, Fermín Galán, entonces  un joven oficial destinado en la zona, definía con estas palabras la lamentable situación de los soldados en los blocaos: “Están famélicos, barbudos, no tienen fuerzas, se caen. Están destrozados”.

    El ataque de las cabilas rifeñas, unificadas bajo el mando de Abd-el-Krim, cercó a las tropas españolas de Fernández Silvestre e iniciada la retirada en medio de un caos total, se produjo el desastre: una insurrección general se abatió sobre los soldados, a los que no se les concedió cuartel y que causó la muerte de más de 10.000 militares españoles (entre ellos, el mismo general Fernández Silvestre), muchos de cuyos cadáveres fueron objeto de todo tipo de vejaciones, tal y como ocurrió tras la rendición de las tropas en Monte Arruit.

  El impacto social de la derrota militar fue grande y el gabinete de Manuel Allendesalazar se vio obligado a dimitir. La ciudadanía pidió la depuración de responsabilidades, se crearon comisiones parlamentarias, el general Picasso redactó el informe que lleva su nombre y es que, “el desastre de Annual” como empezó a ser denominado, puso en el punto de mira no sólo al sistema político de la Restauración, sino también la responsabilidad que en el mismo tuvo el rey, al que muchos hacían responsable de lo sucedido.

   Este triste aniversario nos recuerda cómo miles de cadáveres de soldados, la inmensa mayoría pertenecientes a familias humildes que, a diferencia de las más pudientes no pudieron eludir el servicio militar imperante en aquella tierra hostil, fueron el elevado precio que se pagó por trasnochadas e  ilusorias ambiciones coloniales y militaristas, unidas a los intereses de la carcomida clase política sobre la que se sustentaba el trono de Alfonso XIII, una monarquía que, pese al intento desesperado de apuntalarla mediante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera durante 1923-1930, había entrado en su declive definitivo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 19 julio 2021)

 

TIEMPOS POS-PANDÉMICOS

 

    En un reciente artículo publicado por Antón Costas en este mismo periódico, titulado “Año 1 después del covid-19”. nos recordaba que la salida de la actual crisis generada por la pandemia universal sería un error plantearla solamente en términos económicos, dado que “no podemos olvidar que además de una recesión económica, estamos sufriendo una recesión social y una recesión democrática que viene del aumento del populismo autoritario”.  Así las cosas, Costas consideraba con acierto que había que dar prioridad a la recuperación social y, para ello, defendía la necesidad de impulsar la mejora de las políticas sociales, elemento esencial del Estado de bienestar tan acosado en la actualidad por las políticas neoliberales. A su vez, apuntaba la idea de que, para lograr la recuperación social se necesitaban políticas e instituciones nuevas que afronten la pobreza infantil y de los jóvenes tales como la universalización de la gratuidad de la enseñanza preescolar de o a 3 años, favorecer el acceso a la vivienda asequible, que se  experimenten nuevas políticas de empleo para que la digitalización y la automatización puedan crear más y mejores empleos de los que destruyen, así como que se actué de forma decidida en la regulación tecnológica y la fiscalidad de los robots y los algoritmos de las plataformas digitales.

    En esta misma línea, Rosa Duarte recordaba que la pandemia actual obligará a revisar el modelo económico y ello pasa, necesariamente, por tomar conciencia de la importancia del sector público (sistemas sanitarios, educativos, asistenciales y tecnológicos) y ello será imprescindible para que la recuperación sea plenamente inclusiva, para que nadie se quede atrás.

   En ese futuro post-pandémico que nos espera, Antón Costas aludía a que el principal reto que tenemos como sociedad es la falta de buenos empleos, por lo cual éste debería de ser el principal objetivo de la recuperación, tanto desde una perspectiva económica y social. Pero el tema del empleo va a ser tan incierto como cambiante y es por ello que Yuval Noah Harari en su célebre libro 21 lecciones para el siglo XXI (2020), afirma de forma rotunda que “No tenemos idea alguna de cómo será el mercado laboral en 2050”, debido a efectos de la automatización y de la inteligencia artificial (IA) sobre el empleo. Pero sí que nos advierte, de forma premonitoria, de que “ningún empleo humano quedará jamás a salvo de la automatización futura, porque el aprendizaje automático y la robotización continuarán mejorando”. Además, augura que, al igual que la industrialización creó la clase obrera, la IA hará emerger una “clase inútil”, laboralmente hablando, en un contexto en el que el beneficio del capital dependa cada vez menos del trabajo asalariado y más de la especulación financiera. Igualmente, ello podría generar una inestabilidad laboral ya que el auge de la automatización y de la IA, hará más difícil organizar sindicatos o conseguir mejoras laborales dado que los nuevos empleos en las economías avanzadas implicarán “trabajo temporal no protegido, trabajadores autónomos y trabajo ocasional, todo lo cual es muy difícil de sindicalizar”.

    Toda esta auténtica revolución del mercado laboral futuro consecuencia del proceso, por otra parte, imparable, de la robotización y de la IA, para reducir su impacto sobre el empleo, debe obligar a los gobiernos a realizar reajustes de sus modelos económicos y sociales. Es por ello que Harari asume el lema de los gobiernos nórdicos de “proteger a los obreros, no los empleos” con objeto de garantizar las necesidades básicas de la población, su nivel social y autoestima. Así, las cosas, si Antón Costas aludía a la implantación de un “Ingreso Mínimo Vital”, Harari propone la necesidad de una “Renta Básica Universal” (RBU) la cual se financiaría grabando a las grandes fortunas y a las empresas que controlan los algoritmos y los robots para utilizar ese dinero para pagar “a cada persona un salario generoso que cubra sus necesidades básicas”. En este sentido, la RBU debe responder a sus dos adjetivos: “básica”, tanto en cuanto debería satisfacer las necesidades humanas básicas, las condiciones objetivas de toda persona (alimentación, educación, sanidad e incluso el acceso a Internet en un mundo globalizado), como “universal”, ya que los impuestos de las grandes compañías, por ejemplo, Amazon o Google, deberían destinarse a personas desempleadas en cualquier lugar del mundo, de ahí el sentido global de la RBU.

     En el futuro post-pandémico, marcado por unos previsibles cambios radicales en lo que al mercado del empleo se refiere, Harari considera que lo deseable sería conseguir combinar “una red de seguridad económica universal con comunidades fuertes y una vida plena”, lo cual enlazaría con la prioridad que apuntaba Antón Costas a la hora de una recuperación social como objetivo prioritario. Y ello, aún contemplado en una perspectiva que no obvia ni minimiza el impacto indudable que va a tener, cada vez más, la automatización robótica y la IA en el mercado laboral tal y como ahora lo conocemos. Pese a este cambio radical, Harari, de forma premonitoria nos advierte de que, “a pesar del desempleo masivo, aquello que debería preocuparnos mucho más es el paso de la autoridad de los humanos a la de los algoritmos, lo que podría acabar con la poca fe que queda en el relato liberal y abrir el camino a la aparición de dictaduras digitales”. Toda una advertencia para los tiempos post-pandémicos que nos esperan en el futuro.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 de julio de 2021)

 

PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL RENOVADO

 

     El franquismo hizo un enorme daño a la idea de España y de lo español al monopolizar estas ideas y sentimientos desde una perspectiva reaccionaria y excluyente, algo que, todavía está lastrando, tras varias décadas de democracia, el sentimiento identitario español, lamentable situación a la que poco ayudan recientes actitudes de las derechas, especialmente en el caso del sectarismo de que hace gala Vox. Y es que, como señalaba Paul Preston, el franquismo se basó en “el mito de la eterna lucha entre España y la anti-España, justificación última de la Guerra civil y única fuente de legitimación de la dictadura” y es por ello que el hispanista británico recordaba cómo Franco insistió “hasta el final de sus días en perpetuar la idea de una España dividida en vencedores y vencidos, Bien y Mal, cristianismo y comunismo, civilización y barbarie, catolicismo y laicismo”, rasgando durante décadas la convivencia y perpetuando la nefasta y cainita idea de  que había una “buena España”, la representada por el franquismo, y una “anti-España” en la cual se encuadraban todos los valores, ideales, ciudadanos y partidos contrarios a la dictadura a la cual había que destruir.

     Frente a esta visión visceral de raíz fascista que pretendió monopolizar el sentido patriótico, fue surgiendo, de forma gradual, otro tipo de nacionalismo español, de innegable carácter progresista y democrático, inspirado por el llamado “patriotismo constitucional”. Este concepto, acuñado a finales de los años 70 en Alemania por Dolf Sternberger y más tarde popularizado por Jürger Habermas, supuso una respuesta cívica al nacionalismo agresivo alemán, de tan fatales consecuencias en la historia reciente de Europa. Por su parte, Habermas sostenía que el patriotismo constitucional era el mejor medio para vertebrar las sociedades democráticas, para proporcionarles beneficios materiales y culturales, un grado de bienestar y cohesión social aceptable y, por ello, pensaba que el único mecanismo viable para la construcción de ese patriotismo constitucional necesario es, en la práctica, el Estado socialdemócrata europeo.

     En el caso de España, según Laborda Martín, fue a partir de los años 90 cuando fueron llegando estas ideas, “cuando los mitos nacionales de democratización, modernización y europeización se hubieron extendido y asentado”, momento que, como apunta Sebastián Balfour, se produjo una “reformulación del nacionalismo español de izquierda”, sobre todo en el ámbito socialista, momento en el cual se emprendió la creación de “un nuevo mito duradero”: esto es, el de la Constitución de 1978, como elemento unificador e integrador de los españoles. Este nuevo patriotismo constitucional partía de la idea de que España era una nación políticamente unida por un “contrato democrático” tal y como fue establecido en la Carta Magna de 1978 la cual sirvió de cimiento para la aparición de un novedoso nacionalismo de izquierdas en forma de patriotismo constitucional, el cual se articula en torno a las ideas de España como país moderno, democrático y europeo. Se trata pues de un patriotismo plenamente cívico, basado en el consenso y que vincula de forma nítida la españolidad con la democracia, todo lo contrario de lo que simbolizaban los nacionalismos étnicos decimonónicos o los patrioterismos de corte fascista.

     Ahora bien, en estos tiempos en que se cuestiona el llamado “régimen del 78”, resulta preciso e inaplazable debatir en torno a las ideas y los valores en que se debe sustentar este patriotismo constitucional para el siglo XXI, una reformulación que resulta inaplazable en las actuales circunstancias, en este tiempo de cambios, y también de incertidumbres, en que nos ha tocado vivir. Esto resulta especialmente urgente dado que el patriotismo constitucional reformado debe servir de dique de contención contra el riesgo de la deriva ideológica de una derecha cada vez más descentrada, que se contagia de ideas reaccionarias, que se alía sin pudor con la ultraderecha, lanzando de forma coordinada un peligroso embate contra los cimientos de nuestra convivencia democrática. Es por todo ello por lo que muchos ciudadanos vemos con pesar cómo, de nuevo, las derechas vuelven a apropiarse con descaro de la idea de España y del sentimiento patriótico, el mismo que también se alberga en muchos de nosotros, de los ciudadanos que creemos en los valores del patriotismo constitucional, en una sociedad tolerante y respetuosa con la diversidad, razón por la cual volvemos a ser calificados como en su día hizo la dictadura, de ser “la anti-España”.

     Así las cosas, frente a los que socavan desde posiciones de ultraderecha nuestros valores democráticos, frente al os que, desde posiciones independentistas, por otra parte, legítimas, consideran plenamente superado el marco constitucional de 1978, hoy más que nunca resulta necesario un patriotismo constitucional español renovado. Consecuentemente, hemos de ser conscientes de que ello implica, sin duda, una profunda reforma de la Constitución de 1978 la cual, inevitablemente debería afrontar cuestiones de gran calado político tales como el definir el modelo de Estado configurado en forma de monarquía o república mediante un referéndum que refleje la libre y soberana voluntad de la ciudadanía. También resulta inaplazable abordar la articulación territorial desde una perspectiva plenamente federalista y solidaria que, tal vez en un futuro, contemplase la unión con Portugal en una República Federal Ibérica como propone el hispanista Ian Gibson, y por último, declarar a todos los derechos económicos y sociales (trabajo, vivienda, educación, sanidad, pensiones y servicios sociales dignos, etc.), tan vulnerados en los últimos años como derechos inalienables garantizados de forma efectiva por la constitución con todas sus consecuencias. Así las cosas, y como señalaba Alejandro Balfour, la lealtad de los ciudadanos a una carta magna asumida y aceptada, “es lo que garantiza no sólo el consenso cívico necesario entre los españoles para convivir en el mismo Estado democrático, sino también la existencia de la patria española, independientemente del origen étnico de sus miembros”.

     Estos podrían ser unos buenos cimientos para asentar de forma sólida el necesario patriotismo constitucional español renovado, pues se lo debemos no sólo a la sociedad actual en la que vivimos, sino también a las generaciones futuras que nos sucederán.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 junio 2021)

 

 

LENGUAJES PERVERSOS

 

   Primo Levi dejó escrito que “cada época tiene un fascismo: sus señales premonitorias se evidencian por doquier” y esos síntomas son los que, de forma alarmante están apareciendo en la civilizada Europa como consecuencia del resurgir de los movimientos de extrema derecha en sus distintas acepciones. Son síntomas que, como decía Olga Merino, indican que “la democracia se resquebraja y que el mundo, tal y como lo conocíamos, se tambalea”. Sin duda, la impetuosa irrupción parlamentaria de una derecha desacomplejada, reaccionaria y en muchos casos abiertamente fascista, es una seria advertencia de los riesgos que amenazan el futuro de nuestra democracia.

     Estamos asistiendo a un ataque frontal a lo que de forma despectiva Vox califica como “consenso progre”, entendiendo por tal su rechazo al multiculturalismo, a la política de fronteras abiertas y a las ideologías de género, con lo cual pretenden desvirtuar el valor respetuoso y tolerante de la palabra “consenso” por parte de todos aquellos que vocean lenguajes reaccionarios.

    Si algo caracteriza a los fascismos es su apropiación descarada y excluyente del concepto y de la palabra “patria” ya que ellos se consideran los únicos dignos de portarla. Los demás, los que nos oponemos a sus actitudes prepotentes e intolerantes, somos calificados de “antipatriotas”, de ser “la anti-España”, a la que hay que combatir, a la que hay que destruir: y nuestra historia reciente está llena de lamentables ejemplos en este sentido. Este patriotismo reaccionario y excluyente nada tiene que ver con la que de este concepto tenía el P. Feijoo en el s. XVIII para el que esta idea, inspirada en el republicanismo de la antigua Roma, se asociaba al concepto de “amor justo, debido, noble y virtuoso” del ciudadano para con su patria, mientras que condenaba sin paliativos lo que  denominaba “la pasión nacional” y que Feijoo asociaba, negativamente, a la “vanidad” y a la “emulación”, estando por tanto desprovista de las virtudes cívicas del auténtico patriotismo de inspiración republicana. Es por ello que el verdadero patriotismo, y más en estos tiempos difíciles, se demuestra en el grado de honestidad con que cumplimentamos cada año nuestra declaración de la renta, con la transparencia en el pago de los impuestos que nos corresponden, y ello es algo que debe comprometer desde al rey emérito hasta a cualquier trabajador asalariado, empresario, trabajador autónomo o a las profesiones liberales.

    Esta misma utilización perversa del concepto de patriotismo se hace extensiva a esos grupos de militares nostálgicos del franquismo, esos que aparentan defender la democracia española, nunca amenazada por otra parte, y que acusan de forma perversa y demagógica al actual Gobierno de coalición progresista de pretender una “dictadura” asentada sobre el “pensamiento único”, temas éstos, de los cuales, estos militares franquistas tanto saben y tanto añoran.

    Estos grupos reaccionarios pretenden presentarse como adalides del “pueblo”, de ese pueblo puro e inmaculado al que reclaman su apoyo y al que enardecen presentando enemigos a batir, bien sea un Gobierno progresista, los inmigrantes, los nacionalismos periféricos, los grupos de distinta orientación sexual, los movimientos feministas e incluso a los sectores cristianos progresistas, a los que califican “catocomunistas”, ataque reaccionario este último del cual no se libra ni el mismo Papa Francisco. Estos son ejemplos de populismos autoritarios, que instrumentalizan a su favor la crisis sanitaria, la seguridad ciudadana o un creciente anti europeísmo. Así, partidos como Vox, dicen pretender “dar voz a los sin voz”, como si ello no fuera posible, per se, en una democracia avanzada y participativa en la que, por otra parte, no creen.

    También resulta perverso el lenguaje reaccionario cuando pretende defender al “pueblo autóctono”, rechazando la multiculturalidad consustancial a la realidad europea actual, incluso los valores del europeísmo, tal y como hace el Partido Popular danés (DF), o el nacionalismo excluyente de Verdaderos Finlandeses (PS), todos ellos caracterizados por un fuerte componente de populismo antiinmigración. Y es que la bandera del rechazo a la migración, tan demagógicamente utilizada por la extrema derecha, le está reportando a ésta unos preocupantes réditos electorales: ahí están los casos de la Liga Norte de Matteo Salvini, Alternativa por Alemania (AfD), el partido húngaro Fidesz de Víktor Orbán, Lo mismo podemos decir de los alegatos de un ultranacionalismo desacomplejado de Vox en España, el mismo que ha retomado el empleo del término “reconquista” no sólo para “frenar” una supuesta “invasión” de población migrante, sino, también, con la deliberada intención de “liberar” a España de toda “contaminación ideológica” de izquierdas, del separatismo o de los movimientos laicistas o feministas. Este es un nacionalismo excluyente, una actitud nítidamente fascista, que reclama la ilegalización de los partidos nacionalistas periféricos, tan legítimos como cualquier otro, en toda sociedad democrática que se precie de ello.

    Otra variante de este lenguaje perverso es su descarada manipulación de la historia y de la memoria. Como señalaba Christopher Clark en su libro Visiones de la historia. Desde la Guerra de los Treinta Años al Tercer Reich, “los populismos quieren sustituir nuestros futuros con nuevos pasados” y eso es, “falsificar el pasado”. Por eso es tan importante la defensa de la memoria democrática (y antifascista) porque, como señalaba este mismo autor, “si perdemos la memoria hay riesgo de resurgimiento de extremismos”, razón por la cual “hay que estar vigilante ante los que quieren romper el orden democrático”. Y es que, como decía Kierkegaard, “la vida hay que vivirla siempre hacia adelante, pero resulta imposible de entender si no se mira hacia atrás”.

    Así las cosas, y para evitar todos estos síntomas de deriva autoritaria, nuestras democracias deben reconstruir la cohesión social y corregir las desigualdades causadas no sólo por el vendaval neoliberal, sino también, por los devastadores efectos sociales causados por la actual pandemia, para así frenar los vientos ultras que azotan a Europa, para neutralizar, como decía Carles Planas Bou, ese virus que alienta a la extrema derecha, el de “la explotación del miedo al diferente y la obsesión por los culpables externos”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 junio 2021)