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Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

¿QUÉ HACEMOS CON LAS NACIONES?

¿QUÉ HACEMOS CON LAS NACIONES?

 

He tomado el título de este artículo de un apartado del interesante libro de Daniel Inneratity titulado Política para perplejos (2018) en el cual analiza la cuestión del debate nacionalista, de tan candente actualidad y en el que plantea ideas y cuestiones que bien merecen una reflexión.

     En primer lugar, y sin duda teniendo en mente la cuestión catalana como telón de fondo, nos advierte de diversas actitudes que hacen que estos problemas puedan convertirse en irresolubles y que, por ello, habría que evitar, tales como que éste tema caiga en manos de “quienes los definen de manera tosca y simplificada”, tal y como evidencian las actitudes de la derecha más radicalmente españolista o los sectores más exaltados del independentismo catalán); que el problema se reduzca a cuestiones de “legalidad” y “orden público”; cuando “aparece una idea de legalidad que invita a los jueces a hacerse cargo del asunto”, así como cuando la cuestión se plantea como un enfrentamiento entre un “nosotros” y un “contra ellos”, momento en el cual “se ha eliminado cualquier atisbo de pluralidad”.

     Ante esta problemática Innerarity es rotundo al afirmar que “no tiene la solución al problema territorial del Estado español”, para, acto seguido, dejar constancia de que “las descripciones dominantes son de una simpleza tal que no debemos sorprendernos de que todo se atasque después”. Ante este simplismo, que obvia la complejidad política del problema territorial, tanto en España como en cualquier otro territorio en que existan demandas de nacionalismos periféricos, se impone, por pura lógica, la necesidad de pactos negociados entre las partes en litigio ya que  “lo de las naciones es un verdadero dilema y no tiene solución lógica sino pragmática, es decir, una síntesis pactada para favorecer la convivencia, porque la alternativa es la imposición de unos sobre otros, el conflicto abierto en sus diversas formas”.

    Llegados a este punto, Innerarity demanda una actitud favorable al diálogo y la negociación ya que “debe haber procedimientos para renovar o modificar el pacto que constituye nuestra convivencia política” y es que, descartada por inútil la política de imposiciones de una parte sobre otra, “la única salida democrática es el pacto”. En consecuencia, asumiendo la voluntad (y necesidad) del espíritu pactista tras el cual parece intuirse el eco del pensamiento de Francesc Pi y Margall, lo que Innerarity llama “eje de la confrontación” pasaría de ser entre unos nacionalistas frente a otros, a entre quienes quieren soluciones pactadas frente a los que prefieren la imposición y, por ello, los términos del problema, siempre con la imagen de Cataluña en  perspectiva, ya no sería tanto “elegir entre una nación u otra”, sino “entre el encuentro y la confrontación”, actitudes estas últimas que cuentan con partidarios en ambos bandos. Además, la necesidad del pacto resulta evidente cuando en un mismo territorio “conviven sentimientos de identificación nacional diferentes” y entonces el problema prioritario a resolver no es tanto quién logrará la mayoría social (o electoral) sino cómo garantizar la convivencia para lo cual, como advierte oportunamente a los nacionalistas de ambas orillas, “el criterio mayoritario es de escasa utilidad”. A partir de la voluntad de diálogo y negociación, el pacto se hace imprescindible para encauzar cuestiones claves, vitales para garantizar la convivencia democrática en aspectos tales como el modo de distribuir el poder, qué fórmula de convivencia es la más apropiada, qué niveles competenciales sirven mejor a los intereses públicos o cómo dar cauce a la voluntad mayoritaria sin dañar los derechos de quienes son minoría.

   Y, así las cosas, acto seguido aborda un tema de profundo calado político y emocional cual es la cuestión de la soberanía nacional ya que, en su opinión, “eso de que la soberanía nacional no se discute es un error” en el cual, como apunta, “están sospechosamente de acuerdo los más radicales de todas las naciones”. Y, frente a una visión sacrosanta y monolítica de este concepto, apuesta de forma decidida y valiente por las “soberanías compartidas” argumentando, como la realidad de los hechos demuestran, que las “soberanías exclusivas” son cada vez más una excepción en nuestro mundo globalizado donde son habituales las “ciudadanías múltiples” y ahí tenemos el ejemplo de la Unión Europea, donde se aúnan el sentimiento nacional de cada uno de los países miembros con el de la soberanía compartida que implica el sentirnos, también, ciudadanos europeos.

   Consecuentemente, resulta indispensable “explorar y reformular obligaciones y derechos de manera constructiva”, de lo cual deberían tomar buena nota nuestros dirigentes políticos tales como: ser conscientes de asumir autolimitaciones mutuas en algunos de sus planteamientos maximalistas, entender que el derecho a decidir viene acompañado del deber de pactar y, sobre todo, asumir también lo que él llama “binomio no imponer/no impedir”, por lo que un Estado se compromete a posibilitar todo aquello que haya sido previamente pactado. Es por ello que hay que buscar soluciones “tan imaginativas como dolorosas” y, de este modo propone “hacer un referéndum en toda España preguntando por el derecho de autodeterminación de los catalanes” ya que, como afirma acto seguido, “una pregunta de este tipo da una parte de razón a todos: se acepta que sobre Cataluña puedan decidir todos los españoles, pero se rompe el dogma de que la soberanía española sea incuestionable”.

   Las propuestas de Innerarity demuestran que siempre es “mejor el pacto que la victoria”, máxime cuando se trata de cuestiones básicas de nuestra convivencia y más teniendo en cuenta que los partidarios de una y otra posición “no son abrumadores ni despreciables” en número, tal y como queda patente en Cataluña, donde la ciudadanía se halla fragmentada prácticamente por la mitad entre los partidarios del procés independentista y quienes se identifican con el actual marco constitucional y estatutario. En este sentido, José Andrés Torres Mora afirmaba que lo razonable a la hora de construir un marco de convivencia en una sociedad plural “no es acordar una votación, sino votar un acuerdo”. Y, por todo ello, Innerarity interpela una vez más a los políticos frentistas al recordarles que “contentarse con una victoria cuando podríamos tener un pacto demuestra muy poca ambición política” pero, claro, para eso necesitamos políticos con talla de estadistas y… ¿los tenemos?.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 enero 2021)

 

 

EN TORNO AL AUTÉNTICO PATRIOTISMO

EN TORNO AL AUTÉNTICO PATRIOTISMO

 

     En estos últimos años en los que las derechas españolistas, aprovechando la tensa situación generada por el conflicto catalán primero, la llegada al poder ejecutivo del gobierno progresista de coalición PSOE-Unidas Podemos en enero de 2020, así como las enormes dificultades generadas para el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar la devastadora crisis generada a todos los niveles por la Covid19  como telón de fondo, están intentando  monopolizar el sentimiento patriótico de una manera excluyente y como ariete frente a sus adversarios políticos. Es por todo ello que, una vez más, estamos asistiendo a un airear de banderas y voceríos patrioteros que a nada conducen excepto a crispar hasta extremos inaceptables la convivencia cívica y a cuestionar los valores sobre los que se sustenta nuestra democracia.

    He vuelto a releer estos días el libro del añorado político vasco Mario Onaindía Natxiondo (1948-2003) titulado La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustración (2002) puesto que en él se nos ofrecen algunas claves, de plena actualidad, para distinguir el verdadero significado de ambos conceptos, tan manidos como instrumentalizados, como son los de “patriotismo” y “nacionalismo”.

    Tal y como nos señala José María Portillo en el Prólogo de dicha obra, Onaindía  nos propone una relectura inédita del período de la Ilustración y por ello nos sumerge de lleno en el s. XVIII y, analizando el pensamiento que subyacía tras ella, “se trata de proponer que la nación puede entenderse como república de personas, de sus libertades y sus derechos, sin reválidas de raza, lengua o historia”[1], algo de lo que deberían de tomar buena nota los exclusivismos nacionalistas, como estamos saturados de comprobar tras el conflicto generado por el “procés” en Cataluña,  bien sean éstos de signo españolista o el que defienden tras las esteladas secesionistas catalanas.

    De entrada, la obra de Onaindía, que es una ampliación de su tesis doctoral titulada La tragedia de la Ilustración española, nos recordaba que la idea de “patria” procede del latín “terra patria”, término que constituye “uno de los conceptos fundamentales de la tradición republicana”, concepto éste que, nos advierte, será tomado por el nacionalismo para otorgarle un sentido muy distinto, ya que aunque el lenguaje corriente considera sinónimos “amor a la patria”, “lealtad a la nación”, “patriotismo” y “nacionalismo”, éstos deben de diferenciarse ya que,

“para los patriotas de inspiración republicana, el valor principal es la República y la forma libre que ésta permite, en cambio, los nacionalistas consideran que los valores primordiales son la unidad espiritual y cultural del pueblo, dejando en segundo término u olvidando totalmente la lealtad hacia las instituciones que garantizan las libertades”[2].

    En consecuencia, esto supone la existencia de actitudes personales bien distintas en ambos casos ya que, como vuelve a señalar Onaindía,

“El patriotismo trata de producir un tipo de ciudadano libre que tiene su esfera de seguridad garantizada por las leyes y por tanto trata de defenderlas porque constituyen una barrera que salvaguarda la seguridad individual, de forma que se establece un equilibrio entre los individuos de la sociedad y los miembros de la comunidad. La cohesión social que busca todo género de nacionalismo, en cambio, genera un individuo que trata de fundirse con la comunidad, de manera acrítica y renunciando a su esfera de autonomía individual”[3].

    Consecuentemente, como recordaba Onaindía, “una buena República” entendiendo por ello la aspiración al bien común, a la “res pública” romana, “no necesita unidad cultural, moral o religiosa; exige otro tipo de unidad, la unidad política, sustentada por el nexo con la idea de República, que consiste en la defensa de la ley, que garantiza la libertad”[4]. De este modo, el concepto de “patria” sería sinónimo de “república” (res pública) y esta, de “bien común”.

    En esta misma línea, Cicerón, en su Tratado de las leyes, ya diferenciaba entre la atracción que se siente hacia la tierra nativa, por ejemplo, la que mueve a Ulises a volver a su añorada Ítaca, del sentimiento que experimenta el ciudadano hacia su patria, entendida ésta como las instituciones que garantizan su libertad, haya nacido o no en ella. Es por ello que, por encima de bandera o símbolos, como señalaba Milton, la patria sería el lugar en donde una persona se siente libre. Esa misma idea de asociar el concepto de “patria” y de “libertad” lo hallamos también en Diderot, para quien “el patriotismo es el afecto que el pueblo siente por su patria”, entendida ésta no como la tierra natal, sino como una comunidad de hombres libres que viven juntos por el bien común.

    En fechas más recientes, estos mismos planteamientos son los que articulan el llamado “patriotismo constitucional” de Jünger Habermas, esto es, el considerar la patria no como el lugar de nacimiento, sino allí donde el ciudadano goza de libertad, allí donde existen unas instituciones y un marco legal que la garantizan. Ello excluye, de facto, todo tipo de patrioterismo propio de mentes e ideologías reaccionarias o abiertamente fascistas, tan proclives a apropiarse en exclusiva del concepto de “patria”, eso sí, vaciándolo de todos los valores de libertad, justicia y convivencia pacífica en la diversidad que le son propios al auténtico ideal patriótico.

     Por todo lo dicho, Onaindía recordaba que, a la altura del s. XVIII, que es el ámbito de estudio de su obra, existía un concepto de “republicanismo”, de defensa de la “res pública”, mucho antes de que surgieran los partidos con esta denominación ideológica. Es por ello que el “republicanismo” del cual habla Onaindía quedaría claramente de manifiesto en su estudio sobre el teatro de la Ilustración dado que en el mismo aparecen ideas tales como la libertad, el amor a la patria, la resistencia a la tiranía o la limitación del poder real. Consecuentemente, en el s. XVIII, el concepto de “república” se asociaba al de un auténtico patriotismo y no tanto con una forma concreta de gobierno como ocurriría posteriormente, y por ello se exalta la defensa del valor de la libertad, de la ausencia de dominación, o el amor a la patria, la cual, insistimos de nuevo en ello, no significaba el lugar de nacimiento sino donde una persona vive en libertad gracias a la ley que se la garantiza.

     De este modo, Onaindía contrapone dos conceptos: el de “patriotismo republicano” que concibe a la nación como un espacio de libertades, de amparo y seguridad de derechos y de participación ciudadana en la política, con el de “nacionalismo”, entendiendo éste como “exaltación estatal de la raza, la lengua y la historia”, esta última siempre concebida (y mitificada) a la medida de intereses políticos concretos. Es por ello, que esta pugna entre el verdadero significado del patriotismo frente al nacionalismo excluyente, le hacía decir a Onaindía, en relación al por aquellos años del sangrante conflicto de convivencia y terrorismo que padecía por aquel entonces la sociedad vasca que,

“el problema de Euskadi no es el enfrentamiento entre dos naciones, vascos y españoles, sino entre dos ideas, de nación o nacionalidad… […]… Para una, la nacionalista, Euskadi y España resultan incompatibles, al igual que el euskera y el castellano o las traineras y los toros. Para otra, en cambio, en la medida que la patria es la ley, la lealtad hacia el Estatuto y el desarrollo de todas sus potencialidades se puede compaginar con la lealtad a la Constitución española y, por supuesto, con el proyecto de construcción europea y la pluralidad”.

    Como vemos, si cambiamos Euskadi por Cataluña, esta misma confrontación resulta evidente que se refleja de nuevo, y por desgracia, en el conflicto secesionista generado desde el independentismo catalán y que ha sido avivado por las torpezas y falta de respuestas imaginativas por parte del Gobierno Central, fundamentalmente, durante el período del Gobierno del Partido Popular.

    Nunca podrá ser un auténtico patriota quien pretenda imponer su supuesto “patriotismo” a costa de derrotar verbal, política o incluso militarmente a una parte del colectivo social de su propia nación. Por ello resulta rechazable y peligrosos ese patriotismo ultramontano y reaccionario de quienes enarbolan banderas del pasado, que se sienten herederos de quienes pretendieron edificar “su España” matando españoles, una reflexión que resulta especialmente oportuna traer a colación en estos días en que se han conocido mensajes de diversos militares en la reserva que tienen a gala su anacrónico patriotismo, aunque para ello preciso fuera fusilar a 26 millones de españoles, a 26 millones de compatriotas, con lo cual vuelven a dar tristemente la razón a Antonio Machado cuando aludía con pesar a cómo recorría las tierras de España “la sombra errante de Caín”, cuya expresión gráfica la plasmó, más de un siglo antes, Francisco de Goya en su grabado “A garrotazos”, ejemplo dramático y flagrante, del endémico cainismo hispano.

    Tampoco responde a un auténtico espíritu patriótico abierto e integrador la posición de quienes reafirman la identidad monolítica de España a costa de negar la aportación a nuestra secular historia colectiva de las comunidades musulmanas o judías a las que la cultura hispánica tanto debe, así como a las que tampoco aceptan los valores positivos derivados de la inmigración y de la riqueza que ello supone para nuestra sociedad, cada vez más multicultural y multiétnica. Consecuentemente, resultan rechazables las alusiones nostálgicas a “Covadonga” o a la “Reconquista de España”, evocaciones de un innegable sesgo reaccionario, sin olvidar tampoco  los brotes xenófobos que, con ocasión de la llegada desesperada de inmigrantes a las costas españolas huyendo de la miseria o de las guerras que azotan a sus países, que son alentados de forma demagógica por partidos reaccionarios, como es el caso de Vox, algo fuera de lugar en el marco del necesario patriotismo constitucional y democrático que precisa nuestra sociedad.

   Los que nos sentimos hastiados por el permanente enfrentamiento entre el nacionalismo españolista, siempre incapaz de comprender la realidad plurinacional de España, y el nacionalismo catalanista, insolidario y excluyente, seguimos pensando que no hay más camino ni solución que el diálogo permanente, un diálogo que debe mantenerse, contra viento y marea, hasta que se alumbre una solución democrática pactada y aceptable, con concesiones por ambas partes, que sea asumible por la mayoría de la ciudadanía, tanto en Cataluña, como en el resto de España. Es difícil, pero tiene que ser posible y, para ello, un buen gesto sería el empezar amnistiando a los políticos actualmente en prisión como consecuencia de su actuación, ciertamente ilegal, durante los sucesos del proceso independentista ocurridos en el año 2017. Y es que la democracia, como el verdadero patriotismo, siempre tiene una dosis de generosidad y tolerancia que la dignifica frente a sus adversarios, esos patrioteros de diverso signo, que siempre están atrapados en las redes del rencor y la intolerancia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: Nueva Tribuna, 19 enero 2021)

 

 

 



[1] PORTILLO, José María, en el Prólogo de ONAINDÍA, Mario, La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustración, Barcelona, Ediciones B, 2002, p. 11.

[2] ONAINDÍA, Mario, La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustración, Barcelona, Ediciones B, 2002, p. 101.

[3] Ibídem, pp. 101-102.

[4] Ibídem, p. 102.

 

EL VIRUS TRUMPISTA

EL VIRUS TRUMPISTA

 

     Los recientes sucesos ocurridos en Washington donde un tropel de simpatizantes con las ideas supremacistas y fascistoides, las mismas que tanto ha alentado sin ningún rubor Donald Trump, asaltaron el capitolio, la sede de la democracia norteamericana, son la prueba patente de la deriva reaccionaria en la que se ha sumido buena parte de la sociedad de aquel país.

    Primo Levi decía que “cada época tiene su fascismo” y es lo que ahora está ocurriendo con el trumpismo. De esta deriva antidemocrática ya nos advirtió Madeleine Albright en su libro Fascismo. Una advertencia (2018) y, en el capítulo titulado “Una doctrina de ira y de miedo”, analizaba con preocupación el riesgo cierto que supone el auge y expansión del fascismo en el mundo en estos últimos años, incluidos los Estados Unidos. Es por ello que nos advierte, tal y como señala la asociación Freedom House que, en la actualidad, “la democracia está asediada y en franco retroceso” en muchos países. Tan contundente afirmación le hace preguntarse “¿por qué en pleno siglo XXI volvemos a hablar de fascismo?”, y su respuesta es igual de contundente: “Lo diré sin tapujos: una de las razones en Donald Trump”, dado que sus actos y declaraciones están “tan en desacuerdo con los ideales democráticos”, y es que, como la actuación durante su mandato presidencial ha demostrado que no ha concedido ninguna importancia, “a la cooperación internacional ni a los valores democráticos” y a ello hay que sumar que Trump ha propiciado un aliento inesperado para las diversas derechas autoritarias, para los fascismos  que emergen en diversos países y que, como una enredadera rebelde, están trepando social y electoralmente.

    Trump ha convertido el desaliento, el temor y los efectos negativos causados por la globalización sobre amplios sectores de la sociedad norteamericana, en un arma de destrucción masiva dirigida contra los pilares de la democracia, utilizando, además, las redes sociales de una forma totalmente demagógica, convertidas éstas, de la mano del trumpismo, en cajas de resonancia a “teorías conspiratorias, a relatos falsos y a visiones ignorantes sobre la religión o la raza”. Así las cosas, la desinformación de noticias falsas, al igual que los twitter de Trump, han contribuido a debilitar la democracia “mediante falacias que llegan por oleadas y azotan nuestros sentidos del mismo modo que las olas marinas se abaten sobre la playa”: baste recordar la sarta de teorías conspirativas y negacionistas sobre la actual pandemia o el empecinamiento de Trump en negarse a reconocer su derrota electoral en la misma medida que cuestionaba la validez del escrutinio de los comicios que lo han desalojado del poder o sus delirantes elucubraciones sobre los supuestos planes “¡comunistas!” que atribuye al presidente electo Joe Biden.

    En este contexto, ya en el 2017, el Índice de Democracia elaborado por el diario The Economist, mostraba “cierto deterioro en la salud democrática de sesenta países” tras evaluar una serie de criterios tales como: el respeto a las garantías procesales, la libertad religiosa y el espacio concedido a la sociedad civil. Y en aquel momento, cuando Trump apenas llevaba un año como inquilino de la Casa Blanca, es cuando ya Albright alertaba de que los EE.UU. no eran una “democracia plena”, sino una “democracia imperfecta” zarandeada por el trumpismo. Por aquel entonces, los estudios de opinión señalaban que cada vez había mayor interés en las sociedades occidentales y, desde luego en la norteamericana, por lo que se calificaba como “alternativas potenciales”, como el hecho de que una de cada cuatro personas tenía “una buena opinión de un sistema en el que un dirigente puede gobernar sin interferencias del parlamento ni los tribunales” o lo que es todavía peor, el que uno de cada cinco ciudadanos “se declara atraído por la idea de un gobierno militar”.

    Hay que evitar que, tras la infección del virus trumpista, se abra la puerta hacia la escalofriante profecía de Oswald Spengler que ya se cumplió en la negra época de los fascismos del s. XX, según la cual “la era del individualismo, el liberalismo y la democracia, del humanitarismo y la libertad está llegando a su fin. Las masas aceptarán con resignación la victoria de los césares, de los hombres fuertes, y los obedecerán”. Y es que, en diversos movimientos de la ultraderecha emergente alentados por el trumpismo, incluido el caso de Vox en España, como señalaba Robert Paxton en su libro Anatomía del fascismo (2005), “se percibe el eco de temas fascistas clásicos” tales como “el miedo a la decadencia y a la descomposición de la identidad nacional y cultural”, el temor a lo que consideran la “amenaza” de los “extranjeros no asimilables” para la nación y para el “buen orden social”, así como la demanda de una mayor autoridad para “resolver” todos estos problemas, todo lo cual hace que en estos partidos, al igual que ocurre con el trumpismo, se perciba lo que el citado Paxton definía como “el penetrante hedor del fascismo”.

    Este es el sustrato ideológico en el que asentó su nefasta presidencia Donald Trump, un demagogo cuyos análisis y actuación política los ha calificado Albright como “preñados de irritación y de tonterías sin sentido, y en sus argumentaciones trata de explotar las inseguridades y de suscitar indignación”. A modo de balance, Albright define  a Trump de forma contundente como “el primer presidente antiamericano que tiene Estados Unidos en su historia moderna” dado que, desde el inicio de su mandato “ha hecho gala de su desdén por las instituciones democráticas, por las ideas de igualdad y de justicia social, por las virtudes cívicas, por el debate con la ciudadanía y, en definitiva, por el país en general”, razón por la cual, añade, “si estuviera en una nación con pocas garantías democráticas, sería un dictador, que es justamente lo que por instinto él desea ser”.

    El próximo 20 de enero se va Trump de la Casa Blanca, pero mucho me temo que continuará su fatal legado por mucho tiempo dado que el trumpismo ha fracturado a la sociedad y la convivencia en los EE.UU. y ese desgarro ha socavado los cimientos de la democracia, un desgarro y unas heridas que serán difíciles de sanar. Y es que, ciertamente, el virus trumpista ha infectado la democracia norteamericana… y alguna más, también.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 16 enero 2021)

 

 

 

EL PACIFISMO EN ISRAEL

EL PACIFISMO EN ISRAEL

 

     Resulta indudable que, en los últimos años, el proceso de paz en Oriente Medio se halla en una situación agónica, para desgracia de cuantos confiamos en alcanzar, algún día, una paz justa y  para el conflicto árabe-israelí que durante tantas décadas lleva ensangrentando las tierras de Oriente Medio.

    A esta situación se ha llegado por un cúmulo de factores, entre ellos, la reaccionaria política del Gobierno de Israel liderado desde 2009 por Binyamin (“Bibi”) Netanyahu, apoyado por los partidos ultranacionalistas judíos y con el inestimable respaldo de la afortunadamente concluida presidencia norteamericana de Donald Trump, todo lo cual ha dinamitado los tímidos puentes a la esperanza que se empezaron a tender tras la firma de los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993 entre Israel y la Autoridad Palestina (ANP), proceso además agravado con la abierta pretensión de Netanyahu de anexionarse ilegalmente buena parte de Cisjordania y la construcción de asentamientos ilegales no sólo en esta zona, sino también en Jerusalem Este.

   En este sombrío panorama, se suma la desaparición de figuras que siempre laboraron por la paz como fue el caso del escritor israelí Amos Oz, destacado miembro de la izquierda pacifista israelí fallecido el 28 de diciembre de 2018, todo un referente ético y, por ello, necesario, para abrir caminos de diálogo y negociación, única forma de encontrar una salida digna y justa a tan espinoso y enquistado conflicto.

    Muy preocupante resulta en este contexto el debilitamiento de movimiento pacifista israelí, como es el caso de la asociación Shalom Ajshav (Paz Ahora), de la que fue fundador Amos Oz en 1978 la cual, como él mismo recordaba, defendía la necesidad de avanzar hacia “zonas de acuerdo”, siquiera sean “de acuerdo parcial”, que permitan llegar a “compromisos dolorosos”, pues éstos supondrán renuncias tanto para israelíes como para palestinos. Amos Oz tenía claro que no existen fórmulas milagrosas para resolver este conflicto, pero el camino es claro: existencia legal e internacionalmente reconocida de dos Estados, Israel y Palestina, ambos con la capital compartida en Jerusalem, la eliminación de todos los asentamientos judíos en territorio palestino, las modificaciones fronterizas consiguiente. y disposiciones especiales para los casos de Jerusalem y los Santos Lugares, como se apuntan en los Acuerdos de Ginebra de 2003.

   El legado ético y político de Amos Oz lo continúa Meretz, el partido de la izquierda pacifista israelí, al cual se hallaba vinculado, firme defensor del establecimiento del Estado Palestino y, por supuesto, contrario a los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania. Por su parte, Meir Margalit, prestigioso pacifista israelí, miembro del Center of Advancement of Peace Institute, y militante también de Meretz, definía la situación actual señalando que “el pacifismo israelí está desarticulado por el binomio Netanyahu-Trump, la impotencia europea y la falta de liderazgo de la izquierda europea”. Consecuentemente, Margalit no dudaba en reconocer que, “si al efecto destructor del factor Bibi-Trump, agregamos la impotencia europea, la falta de liderazgo alternativo en la llamada “izquierda israelí”, y la debilidad palestina, producto del conflicto interno entre Fatah y el Hamas, podemos entender el motivo por el cual el pacifismo israelí esté tan desarticulado”. Y es que, como señalaba Álvarez-Ossorio, “el principal éxito de Netanyahu es haber convencido a la sociedad israelí de que, hoy, por hoy, no se dan las condiciones para alcanzar un acuerdo definitivo con los palestinos”. De hecho, según el Israel Democracy Institute, tan sólo un 7% de los israelíes consideran actualmente como prioritarias las negociaciones de paz, un dato que resulta desolador.

    Y, pese a ello, siendo el panorama tan adverso con real, Meir Margalit recordaba recientemente que la función del pacifismo israelí debe centrarse en varias cuestiones esenciales cual son: socavar los fundamentos del sistema que mantiene la ocupación de territorios palestinos; seguir demostrando que la ocupación atenta contra los intereses de Israel; no tolerar que la voz oficial sea la única que prevalezca y, por último, como un reto ético, no consentir que la ciudadanía israelí se evada de la responsabilidad por las atrocidades que su Gobierno está realizando en su nombre. En consecuencia, Margalit concluye planteando un reto al debilitado movimiento pacifista en Israel: “Nuestra función es demostrar que la teoría derechista está basada en una premisa falsa, que por la fuerza no se puede vivir en paz y nuestra función es romper este círculo vicioso y estéril de las políticas nacionalistas, destrocar la dialéctica perversa del nacionalismo”.

   No obstante, resulta todo un rayo de esperanza el movimiento denominado “Banderas Negras” que se moviliza en Israel desde el pasado mes de marzo y en el cual tiene un papel destacado la cantante Noa, para reclamar la dimisión de Netanyahu, no sólo por los procesos judiciales abiertos contra él por fraude, cohecho y abuso de confianza, sino también por su nefasta gestión del Covid19 y, lo que es más importante,  por ser un riesgo para la democracia israelí y para la paz en la región.

   Mucho tendrán de cambiar las cosas con la nueva Administración norteamericana de Joe Biden, con una decidida implicación de la Unión Europea y con una voluntad sincera por parte de los políticos israelíes y de la ANP para retomar el camino de la paz, para dejar atrás tanto luto y decepción que se han ido generando en tan tortuoso camino. Pues ya lo dijo Yitzhak Rabin su discurso en la Plaza de los Reyes de Israel momentos antes de ser asesinado el 4 de noviembre de 1995: “La paz lleva intrínseca dolores y dificultades para poder ser conseguida, pero no hay camino sin esos dolores”. Y ese sigue siendo el reto del, aunque debilitado, pacifismo israelí.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 2 enero 2021)

 

 

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SOS DEL CENTRO ARAGONÉS DE BARCELONA

SOS DEL CENTRO ARAGONÉS DE BARCELONA

 

    Desde siempre, Aragón ha tenido una especial vinculación histórica y emocional con Cataluña. De este modo, a principios del s. XX la emigración aragonesa hacia Barcelona convirtió a la capital catalana en “la segunda ciudad de Aragón después de Zaragoza”, dado que en ella residían, aproximadamente, 50.000 aragoneses, cifra que, en el conjunto de Cataluña, se elevaría a la de 120.000 paisanos nuestros que allí recalaron buscando unas oportunidades laborales que su Aragón natal no les ofrecía.

   En aquella Barcelona de principios del s. XX, con un floreciente desarrollo económico no exento de conflictos sociales y una intensa actividad cultural alentada por el Modernismo y las nuevas vanguardias artísticas, desde Gaudí a Rusiñol, desde un joven Picasso al maellano Pablo Gargallo, un grupo de aragoneses decidió fundar, como nexo de unión de todos ellos, el Centro Aragonés de Barcelona. Era el 3 de enero de 1909 y su éxito fue inmediato pues, a finales de dicho año, el Centro contaba ya con 1.300 socios.

    El Centro Aragonés, que ya ha cumplido la meritoria edad de 111 años, tiene su sede en un espléndido edificio, un “suntuoso caserón”, como señalaba Antón Castro en su obra Cien años del Centro Aragonés de Barcelona publicada en 2009 con motivo de la celebración del centenario de dicha entidad. El citado edificio, de clara inspiración en la arquitectura renacentista aragonesa, fue obra del prestigioso arquitecto Miguel Ángel Navarro (1883-1956), hijo del también arquitecto Félix Navarro Pérez, éste último autor, entre otras obras, del Mercado Central de Zaragoza. Emotivo y multitudinario resultó el acto del 31 de mayo de 1914, fecha en la cual se colocó la primera piedra del edificio del Centro Aragonés, o mejor dicho, de las tres primeras piedras del mismo, puesto que, con un simbolismo especial, se pretendió edificarlo sobre sólidos cimientos y, por ello, se coloraron tres sillares traídos expresamente, uno de cada provincia aragonesa: el del Zaragoza, procedía de la muralla romana junto al Convento del Santo Sepulcro; el de Huesca, de la vieja muralla en la Ronda de Montearagón y el de Teruel fue traído del Torreón de la Andaquilla de la ciudad de los Amantes. Las obras concluyeron el 7 de septiembre de 1916, fecha en la que el magnífico edificio abrió sus puertas como principal punto de encuentro de la emigración aragonesa en la capital catalana. En la actualidad, tan imponente y centenario edificio tiene la catalogación de Bien de Interés Local, cuando lo deseable sería que lograse la de Bien de Interés Cultural, que sobradamente merece.

    Durante el primer tercio del s. XX el Centro Aragonés fue foco de las polémicas en la agitada sociedad en que estaba inmerso. En su seno, como señalaba el historiador Carlos Serrano, “empezaron a germinar otros ideales, más sociales, más populares, o menos elitistas si se quiere”, las cuales darían lugar a la fundación del Centro Obrero de Barcelona en marzo de 1914. La pugna entre ambos centros se hizo patente, de forma especial, durante el período de la Segunda República, fechas en las cuales, mientras el más conservador Centro Aragonés se redujo a 700 socios, el Centro Obrero contaba con más de 3.000 miembros. Finalmente, después de llevar vidas paralelas, la ansiada unión entre ambos centros surgidos de la emigración aragonesa en Barcelona se logró en 1998, ahora ya con la denominación de Casa de Aragón.

    Por otra parte, hay que destacar también que en el Centro Aragonés empezó a surgir un aragonesismo nuevo y, de este modo, bajo el impulso de Gaspar Torrente y de la revista El Ebro, surgió en 1917 la Unión Regionalista Aragonesa (URA), que más tarde pasaría a denominarse Unión Aragonesista, el primer grupo político en enarbolar la bandera del nacionalismo aragonés contemporáneo.

    El Centro Aragonés ha sido, desde siempre un intenso foco de actividad cultural. Especialmente destacable en este sentido fue el que en la planta baja del edificio se instalase el Teatro Goya, obra también de Miguel Ángel Navarro, “precioso en sus líneas, alegre y cómodo en todos los departamentos”, tal y como se dijo en su apertura, el cual contaba con una capacidad para 1.000 personas. De la actividad escénica del Teatro Goya podemos señalar que en 1917 programó la obra Campo de Armiño de Jacinto Benavente, que en 1925 actuó un todavía desconocido Carlos Gardel, que en él la turiasonense Raquel Meller presentó la película Ronda de Noche o que Margarita Xirgú estrenó en 1931 La corona, obra del eminente político republicano Manuel Azaña, el cual visitó el Centro Aragonés coincidiendo con el estreno de dicha función.

    En el año 1935 el Teatro Goya fue objeto de una importante remodelación y, tras los avatares de la Guerra de España de 1936-1939, en que el edificio fue incautado por el Sindicato Único de Espectáculos Públicos de la CNT, y el inicio de la dictadura franquista posterior, se arrendó en 1945 al empresario Enrique Marcé el cual, a cambio, financiaba las obras de remodelación y de reforma del edificio, como las llevadas a cabo en 1957. Posteriormente, y después de diversos avatares, la gestión del mismo correría a cargo del Grupo Focus, con quien existe un contrato de arrendamiento por 25 años, siendo nuevamente reformado con ayudas del Gobierno de España y del de Aragón, de las instituciones catalanas (Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de Barcelona) y de Ibercaja.

   Además del Teatro Goya, resulta igualmente destacable la actividad cultural desarrollada por su Sala Goya, por la cual han pasado destacadas figuras de la intelectualidad y en ella, como filial de la Institución Fernando el Católico desde 1957, se han ofrecido múltiples y diversas conferencias, ciclos de cine, festivales de música, exposiciones de todo tipo, etc.

    En 2009, en los momentos previos al inicio del procés independentista de Cataluña, el Centro Aragonés celebró su primer centenario. Con tal motivo, se publicó el libro de Antón Castro antes citado, coeditado por el Centro Aragonés y el Gobierno de Aragón y en el que se glosaba la tan dilatada como importante labor llevada a cabo por éste, tanto en el ámbito de la emigración aragonesa como, también, en el conjunto de la sociedad catalana.

    Pero este venerable edificio, buque insignia de la emigración aragonesa, que navega en medio de un mar de incertidumbres, necesita en la actualidad el apoyo de las instituciones aragonesas. Ya lo tuvo en el momento de su inauguración en que contó con una ayuda económica del Ayuntamiento de Zaragoza de 8.000 pesetas de aquella época (de 1916),  aportación que se mantuvo durante los 8 años siguientes, al igual que las recibió del Gobierno de Aragón o de la Obra Social y Cultural de Ibercaja con motivo de su primer centenario o mediante las convocatorias anuales de ayudas a las Casas de Aragón, todo lo cual permitió la rehabilitación del Teatro Goya, la reforma de su valiosa biblioteca (que alberga más de 14.000 libros) o diversas obras de mejora del edificio. Este apoyo institucional sigue siendo, en la actualidad, tan urgente como necesario pues resulta preciso la reforma integral de las cubiertas del centenario edificio y como forma de evitar que la rapiña de la especulación inmobiliaria ponga en un futuro sus ojos (o sus garras) sobre él poniendo fin a toda una travesía más que centenaria de historia, cultura y convivencia aragonesa en Barcelona. Es por ello que, ahora y en lo sucesivo, el Centro Aragonés de Barcelona-Casa de Aragón debe seguir siendo el principal referente de Aragón en el exterior, en la querida tierra de Cataluña, integrado plenamente en la sociedad catalana, siendo por todo ello un espacio de cultura, de sueños compartidos y de proyección de futuro que, esperemos, lo sea por muchos años.

    En la actualidad, el Centro requiere de cuantiosas inversiones, entre ellas, y de forma prioritaria, la reparación de su cubierta, la supresión de sus goteras o la reparación de su cornisa externa, reformas que resultan imposibles de acometer con el presupuesto de dicha entidad (procedente de las cuotas de sus 850 socios, del arrendamiento tanto del Teatro Goya como del Café restaurante y de las salas) y así como de las esporádicas ayudas procedentes del Gobierno de Aragón o de diversas instituciones catalanas (Ayuntamiento y  Diputación de Barcelona y de la Generalitat). Por esta razón, el camino para garantizar el legado y también el futuro de tan emblemática entidad pasa, como propone su Junta Directiva, presidida por el alcorisano Jesús Félez Bono, por trasladar a las instituciones aragonesas y a la sociedad aragonesa en su conjunto, no sólo su importancia histórica, a la cual ya nos hemos referido, sino idear los medios adecuados para garantizar su futuro, dando sentido y utilidad a la misma. Y, en este sentido, la opción más idónea sería que el Centro Aragonés de Barcelona – Casa de Aragón,  pasase a ser patrimonio del Gobierno de Aragón, al cual se le cedería la propiedad del histórico edificio y, de este modo, se garantizaría su pervivencia y convirtiéndolo, al igual que ocurre con el Centro Blanquerna de la Generalitat de Catalunya en Madrid, en un potente foco de proyección exterior cultural de Aragón, dándole usos diversos, desde punto de encuentro para empresarios y proyectos de promoción turística o gastronómica relacionados con Aragón, todo ello siendo conscientes de que, de este modo, se reforzaría y garantizaría su presencia, más que centenaria, tan necesaria como honrosa, en la sociedad barcelonesa a la que tantos vínculos le unen. Por todo ello, el Centro Aragonés de Barcelona – Casa de Aragón bien merece una apuesta decidida del Gobierno de Aragón para que la firmeza de los tres sillares que sustentan sus cimientos, sea, además de simbólica, efectiva.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 diciembre 2020)

 

 

SAHARA LIBRE

SAHARA LIBRE

 

      En estos últimos días, el latente conflicto del Sahara ha vuelto a ser noticia, tras los incidentes ocurridos en el paso fronterizo de Guerguerat, un territorio saharaui que Marruecos considera “tierra de nadie” y que forma parte indisoluble de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en donde ya hubo incidentes en el año 2017. Estos incidentes han supuesto la ruptura del alto el fuego firmado en 1991 entre la autocrática monarquía marroquí de Mohammed VI y la RASD, un conflicto, plagado de violaciones de los derechos humanos y de injusticias por parte del ocupante marroquí que, desde hace 40 décadas, están impidiendo la plena autodeterminación del pueblo saharaui.

      Hay que recordar que ya desde que en 1967 la ONU propuso la descolonización del Sahara, precisamente para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania: todos los informes jurídicos y resoluciones de la ONU han avalado los derechos del pueblo saharaui y, consecuentemente, rechazado las ambiciones marroquíes sobre este territorio. Especialmente reveladora resulta la atenta lectura del Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya de 16 de octubre de 1975. Éste, elaborado a petición de la Asamblea General de la ONU, reconocía con rotundidad que la población autóctona era el poder soberano del Sahara Occidental puesto que, en el momento del inicio de la colonización española (1885), este territorio no pertenecía ni a Marruecos y a Mauritania, sino a las poblaciones nómadas que “estaban social y políticamente organizadas en tribus y bajo jefes competentes para representarles”. De igual modo, dicho informe rechazaba con argumentos jurídicos los cuatro puntos en los que se basaban las reivindicaciones marroquíes, a saber: que existía una “posesión inmemorial” marroquí sobre el Sahara desde la conquista del Islam del norte de África hacía 1.300 años; que había una “continuidad geográfica” entre Marruecos y el Sahara Occidental; que existía un ejercicio de la soberanía interna del Marruecos pre colonial  (el Estado jerifiano) que incluiría no sólo a las tierras bajo control del sultán, sino también a aquellas en que su autoridad espiritual era reconocida ( en su caso, algunas tribus saharauis) y, finalmente, que existía un reconocimiento internacional (“o externo”) de la soberanía marroquí sobre el territorio. Consecuentemente, el TIJ, en su conclusión final reconocía que no había “ningún vínculo jurídico de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y el Estado Marroquí”, a la vez que se ratificaba en la necesidad de celebrar de forma inmediata un referéndum de autodeterminación.

     Tras el dictamen del TIJ, y pese a las promesas del régimen franquista de conceder una autonomía limitada (1974), los hechos se precipitaron cuando el 16 de octubre de 1975 Marruecos inició la Marcha Verde y el régimen franquista, en plena agonía del dictador, se estremecía y firmaba los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, los cuales supusieron el abandono vergonzante del Sahara y la cesión de su administración (que no de su soberanía) a Marruecos y Mauritania. Nadie contó con la opinión del pueblo saharaui, el cual quedó abandonado a su suerte. Esta ocupación, ratificada por el posterior Acuerdo de Rabat (14 abril 1976) supuso el reparto del Sahara entre sus dos codiciosos vecinos: Marruecos se hacía con los 2/3 del territorio, mientras que Mauritania, se anexionaba el 1/3 restante. A cambio, España recibió determinadas compensaciones económicas, recogidas en los acuerdos complementarios (derechos pesqueros y participación en la explotación de los fosfatos de Bucráa). Estos acuerdos infamantes, declarados ilegales por la ONU, entraron en vigor el 19 de noviembre, la víspera de la muerte del dictador, fecha en la cual el BOE publicó la Ley de Descolonización del Sahara.

    Así las cosas, el Frente Polisario inició una guerra de liberación contra los dos países que se había repartido el Sahara Occidental, la cual hizo que Mauritania renunciase al territorio que le había sido adjudicado (Acuerdo de Argel, 1979), lo que hizo que Marruecos se apropiase de la totalidad del territorio, proclamando acto seguido su supuesta soberanía sobre el mismo.

    Durante la ocupación y la guerra consiguiente, los saharauis abandonaron las ciudades (noviembre 1975 – febrero 1976) y se instalaron en el desierto. Pero, tras los brutales bombardeos marroquíes con napalm sobre Tifirati, Guelda Zemur y Umbreiga, gran parte de la población saharaui se exilió en Argelia: este es el origen de los campos de refugiados de Tinduf.

    Si algo simboliza la ocupación militar del Sahara, es sin duda la construcción por parte de Marruecos (desde 1980) de un muro defensivo de 2.720 kms. que divide el territorio de norte a sur, y que, con sus 140.000 soldados y sus sofisticadas armas, pretendía evitar incursiones del Polisario y, según Rabat, para “proteger” no sólo las ciudades de El Aaiún y Smara, sino también los ricos (y codiciados) yacimientos de fosfatos de Bucraa.

    Pendiente queda la resolución política, que no militar, del conflicto. Desde que en 1991 Marruecos y el Frente Polisario aceptaron el plan de paz de la ONU que contemplaba la aceptación de un alto el fuego como paso previo a la celebración de un referéndum de autodeterminación, poco se ha avanzado: mientras que Marruecos proponía la autonomía (2000), el Plan Baker II (2003) planteaba un período autonómico de 4 años como fase previa al referéndum. A fecha de hoy, no se ha llegado a ninguna solución...y ya van cuatro décadas de espera para hacer justicia al pueblo saharaui.

    Tras unos años de tregua, los últimos acontecimientos en Guerguerat pueden ser el preludio de una escalada armada de consecuencias imprevisibles, así como del incremento de las acciones represivas por parte de Marruecos. Así las cosas, nunca debemos de aceptar que el pragmatismo político que condiciona, con excesiva frecuencia, las relaciones entre España y Marruecos, se imponga sobre la dignidad, la justicia y la defensa del pueblo saharaui, al que nos unen profundos compromisos morales. Su futuro no debe canjearse nunca por un pretendido deseo de mantener una relación amistosa y fluida con el reino de Marruecos. La dignidad de los pueblos se halla en la convicción y firmeza con que se defienden los principios y los valores éticos. En consecuencia, la libertad del Sahara no puede ser moneda de cambio ante criterios mercantiles (acuerdos pesqueros y comerciales) o políticos (control inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo islámico, contencioso de Ceuta y Melilla, etc.) en el siempre complejo diálogo hispano-marroquí. Por ello, la justa causa saharaui nos exige a todos, y en especial al Gobierno de España, un compromiso no sólo humanitario sino también de firmeza política para que, también en este caso, prevalezca el derecho internacional y las resoluciones de la ONU sobre las ambiciones territoriales de Marruecos y los intereses geoestratégicos y económicos de los aliados de Rabat (EE.UU. y Francia). Ello ha permitido a Marruecos realizar una violación continuada y flagrante el orden internacional al expandir su territorio por la fuerza y negar deliberadamente a los saharauis su derecho a la autodeterminación. Frente a ello, la RASD han mantenido viva la reivindicación de la causa saharaui y, tras la guerra de 1975-1991 y el posterior cese el fuego, se optó por la solución política del conflicto que, esperemos, los sangrientos acontecimientos de estos últimos días, no malogren pues el estallido abierto de nuevo del conflicto armado podría producirse en cualquier momento.

    Dado que la cuestión central es la soberanía del Sahara, considero de gran interés la opinión de Jacob Mundy, del Institute of Arab and Islamic Studies de la Universidad británica de Exeter, el cual destaca que el sumario de TIJ de 1967 anteriormente citado, deja totalmente claro que el poder soberano en el Sahara Occidental era y es el pueblo saharaui. Por ello, como enfatiza Mundy, “el propósito del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental no es decidir entre soberanías compitiendo entre si, bien marroquí o bien saharaui, sino encuestar a los saharauis si desean o no retener, modificar o renunciar a su soberanía. Necesitamos dejar de hablar sobre autodeterminación como un acto que constituye la soberanía en el Sahara Occidental. La soberanía ya está constituida en el Sahara Occidental”.

    La soberanía saharaui es, pues, incuestionable. Pero para poderla ejercer, resulta imprescindible hacer frente a problemas tan complejos como el cambio de actitud de la política de EE.UU. y de Francia, para los cuales la estabilidad de Marruecos es considerada como de “alta prioridad estratégica para Occidente” y ello estos países han aceptado, de facto, la anexión del Sahara y la violación permanente de los derechos humanos en ese territorio ocupado ilegalmente por parte de Marruecos. También España debe implicarse con firmeza en defensa del pueblo saharaui pues, en este caso, el silencio no es hijo de la prudencia, sino de la cobardía y la complicidad, amargo, fruto de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, el último y envenenado legado del franquismo agónico que la democracia española ha sido incapaz de resolver desde la justicia y el derecho que merece la causa saharaui, acuerdos de los que en estas fechas se cumple su 45 aniversario.

    Los últimos sucesos ocurridos en el Sahara Occidental, han vuelto a poner de actualidad la justa demanda del pueblo saharaui, único dueño de su destino y de su tierra, lo cual nos obliga a adoptar una posición de solidaridad y de apoyo activo. Es evidente que sólo hay una solución: la celebración del referéndum de autodeterminación, tantas veces pospuesto, con garantías adecuadas y supervisión de la ONU, en el que el censo legal de la población saharaui, decida libremente su futuro.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Compromiso y Cultura, nº 72, diciembre 2020)

20 AÑOS SIN ERNEST LLUCH

20 AÑOS SIN ERNEST LLUCH

 

     El 21 de noviembre de 2000 era asesinado por la banda criminal ETA Ernest Lluch i Martín, uno de los políticos más destacado del socialismo democrático y, por extensión de nuestra democracia. Por ello, hoy, recordando su memoria, quisiera hacerme eco de algunos de los testimonios que, en torno a su figura se recogen en el libro Ernest Lluch. El esfuerzo por construir un país, editado por la Generalitat de Catalunya en 2007.

     De entrada, digamos que Lluch estuvo involucrado desde su juventud en la lucha antifranquista desde postulados socialistas y catalanistas, lo cual le supuso varias detenciones y su expulsión como docente de la Universidad de Barcelona en 1966.

   Fue sin duda un político peculiar, atípico, siempre dialogante, defensor del federalismo, de la España plural, que también fue uno de los artífices de la integración en 1977 del socialismo catalán, “con una fórmula federativa original”, como dijo Enrique Barón, en las siglas históricas del PSOE. Su actitud tolerante y abierta le hizo defender, frente a los partidarios del “frentismo”, la necesidad de colaboración entre el nacionalismo democrático vasco para que, como recordaba Odón Elorza, por ser esta una “vía que facilitara la búsqueda de acuerdos de largo alcance” mediante los cuales lograr el doble objetivo de profundizar el autogobierno vasco y, también, para garantizar un futuro de convivencia en libertad y sin amenazas. Es por ello que, junto a Herrero de Miñón, fue el autor del libro Derechos históricos y constitucionalismo útil con propuestas concretas para abordar el conflicto vasco. Ello implicaba, entonces como ahora, una lectura abierta y flexible de la Constitución, para pensar primero y lograr después, una adecuada vertebración de nuestra España plural. En consecuencia, defendió, frente a incomprensiones varias, también en las filas del PSOE, el desarrollar la Disposición Adicional Primera de la Constitución que permitiera un Pacto de Estado sobre un marco jurídico político nuevo que contara con el mayor consenso posible en Euskadi.  A buen seguro, tal vez de tenerlo ahora entre nosotros, Lluch pondría toda su lucidez política e intelectual para abordar la actual maraña del procès catalán actual y plantear, como ya hizo con Euskadi, propuestas para llegar a esos “acuerdos de largo alcance”, para un “acuerdo inclusivo” de Cataluña en España. Por todo ello, Lluìs Foix dijo de él que era “un gran patriota catalán, un español que conocía las dificultades para mantener una relación normal con España”

     Pero como político valiente y progresista que era, asumió un decidido compromiso en favor de lograr la paz en las tierras vascas a las que tanto amaba. Y es que, como recordaba Lluìs Bassat, Lluch “nos enseñó que la paz se construye con los enemigos, no con los amigos que están para disfrutar” y, por esta razón, tenía claro que había que hablar con todo el mundo, sin ningún tipo de exclusiones, sin que ello supusiera ningún tipo de claudicación ante los violentos.

     De su legado político quedará, para siempre, su labor como ministro de Sanidad y Consumo (1982-1986). Ahí está la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (1984), el Plan General sobre Drogas (1985) y, sobre todo, la Ley General de Sanidad (1986) mediante la cual se hizo efectivo el ideal de lograr la sanidad universal, de manera equitativa y sin límites a su acceso por razones socioeconómicas.

     No menos destacable fue su legado como intelectual. Lluch, premio extraordinario de final de carrera en 1961 como licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, fue el autor de más de 300 artículos y 29 libros, fruto de su curiosidad insaciable, razón por la cual John Elliott, con quien coincidió  en 1989 durante su estancia como profesor visitante en la Escuela de Estudios Históricos  del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, lo definió como un “hombre de la Ilustración”, un ilustrado del s. XX, dado que concedía una “importancia suprema de las ideas y de su exposición racional”. Como ejemplo de su personalidad polifacética, de su curiosidad insaciable, fueron sus múltiples inquietudes culturales y sociales: desde el deporte a la música, pasando por la literatura, la filosofía, el arte o la sociología.  Por ello, en su brillante etapa como rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo asumió como lema la expresión de Emmanuel Kant “Sapere aude”, esto es, “Atrévete a pensar”.

     Por ello, ahora que se cumplen 20 años de su asesinato, recordamos con emoción su figura, la de un político valiente y honesto, un intelectual comprometido, un ejemplo que tanto precisamos en estos momentos inciertos, en unos tiempos en que se ciernen serias amenazas hacia la Sanidad Pública procedentes desde los vendavales privatizadores del neoliberalismo, en unos tiempos en que el conflicto territorial, ahora en Cataluña, ha supuesto una grave fractura que también requiere los antes citados “acuerdos de largo recorrido” que recompongan tantos desgarros, esos que, alientan los “frentismos” desde uno y otro lado, tan crispantes como suicidas, esos “frentismos” que siempre rechazó Lluch. Por todo lo dicho, el legado y la figura de Lluch lo resumió un emocionado Pasqual Maragall con una frase tan veraz como contundente: “Lluch estuvo con todas las causas nobles”. Y es verdad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 noviembre 2020)

 

EN MEMORIA DE MANUEL AZAÑA

EN MEMORIA DE MANUEL AZAÑA

 

   Si hay una figura política que personifica lo que supuso la experiencia democratizadora y progresista de la Segunda República es, sin duda, Manuel Azaña Díaz (1880-1940) de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 80 años. De él dijo Salvador de Madariaga que fue “el español de más talla que reveló la breve etapa republicana” y ello le lleva a definirlo como “el hombre de más valor en el nuevo régimen, sencillamente por su superioridad intelectual y moral”.

     Por su parte, Paul Preston destacaba los tres objetivos principales que inspiraron la acción política azañista: la modernización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado republicano mediante el impulso de una política laicista; la modernización del ejército, no sólo en sus aspectos técnicos sino, sobre todo, subordinándolo al poder civil del Gobierno para evitar el endémico (y nefasto) intervencionismo de los militares en la vida política y, por último, la necesidad de introducir la racionalidad y el diálogo en la vida política y parlamentaria, un anhelo del cual deberían tomar buena nota, también, nuestra actual clase política.

     Manuel Azaña, siendo Presidente del Consejo de Ministros durante el “bienio social-azañista” (1931-1933) impulsó importantes reformas educativas, militares y de profundo contenido social o estructural como la reforma agraria o el Estatuto de Cataluña, todo lo cual le granjeó tres poderosos (y peligrosos) enemigos: la Iglesia, unas derechas cada vez más fascistizadas y buena parte del Ejército.

    Durante el período de gobierno de derechas conocido como “Bienio Negro” (noviembre 1933 – febrero 1936), alejado momentáneamente del poder, Azaña volvió a la vida política de la mano de Izquierda Republicana, partido fundado en 1934 y que más tarde se integraría en el Frente Popular. Tras la histórica victoria electoral de éste del 16 de febrero de 1936, Azaña volvió de nuevo a la primera línea política, primero como Presidente de Gobierno y después como Presidente de la República. Para entonces, la crispación social y la radicalización política eran evidentes y, pese a ello, asumió el cargo “con el deseo de que haya sonado la hora de que los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros”, lo cual como los hechos demostraron pocos meses después, era una vana esperanza ante el endémico cainismo hispano del cual se lamentaba Antonio Machado.

     Así las cosas, el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la violencia desatada tras el inicio de la contienda, tanto por los rebeldes como por los revolucionarios, sobrecogieron a Azaña. Para evitar esta delirante sangría, Azaña, realizó desesperados intentos para encontrar una solución conciliadora y negociada, confiando en la mediación de Francia y Gran Bretaña que pusiera fin a la guerra, pero todo fue en vano ante el bramido de las armas que desangraron a las tierras y a los hijos de España. La actitud de Azaña, al igual que le ocurrió a Indalecio Prieto, fue cada vez más pesimista ante el desarrollo de la contienda para las fuerzas leales, y contrastaba con la resolución y firmeza combativa del nuevo presidente de Gobierno, el socialista Juan Negrín, que optó por mantener   hasta el final su consigna de resistencia a ultranza por parte de la acosada República. Azaña se fue sumiendo en el desánimo y aun así, con una grandeza política que le honra, en su célebre y emotivo discurso pronunciado en Barcelona el 18 de julio de 1938, siendo consciente de que “nadie vence sobre compatriotas”, invocó la reconciliación entre las dos España enfrentadas y en la que, tras la previsible victoria de los rebeldes y la derrota de los leales, imploraba a todos los españoles enfrentados,  “el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón”, emotivo ruego que fue desoído tras la victoria franquista.

     Azaña cumplió con su obligación institucional como Presidente de una República agonizante declarando que ello significaba “la continuidad del Estado legítimo republicano, que encuentra en el presidente de la República, en el Gobierno responsable en funciones y en las Cortes los órganos supremos de su expresión representativa y de mando”. Siendo consciente de que la guerra estaba perdida, siguió intentando hasta el último momento la mediación franco-británica con el triple objetivo, como señala Santos Juliá, de lograr, una vez más de forma infructuosa,  una tregua inmediata que pusiera fin a las hostilidades, la designación de negociadores para la toma de posesión de todo el territorio nacional por el Gobierno franquista y la garantía de un trato humanitario para los vencidos, permitiéndose la evacuación de todas las personas y familias cuyas vidas corriesen peligro por “no ser toleradas por el nuevo régimen”, esto es, una paz sin represalias. No obstante, tras el avance de las fuerzas franquistas en Cataluña, el 6 de febrero de 1939 Azaña cruzó la frontera francesa y el 27 de ese mes, un día más tarde de que Francia y Gran Bretaña reconocieran al gobierno de Franco, dimitió como Presidente de la República.

     Pocos meses después se iniciaba la II Guerra Mundial, continuación en Europa de la misma lucha contra el fascismo que se había librado en España por parte de la República. Para entonces, su periplo por tierras francesas, acosado por los agentes franquistas que pretendían su detención y posterior traslado a España para ser juzgado y condenado como les ocurrió a otros dirigentes republicanos como Julián Zugazagoitia o Lluís Companys, concluyó en la ciudad de Montauban, donde pudo evitar la deportación al contar con la protección diplomática de Luis Rodríguez, el embajador de México ante el régimen de Vichy.

    Manuel Azaña murió en Montauban el 3 de noviembre de 1940. El mariscal Pétain prohibió que fuera enterrado con honores de Jefe de Estado así como que su féretro fuera cubierto con la bandera republicana, ante lo cual el embajador mexicano decidió que fuera enterrado con la bandera del país azteca y así se lo manifestó a las autoridades pétainistas señalando que a Azaña “lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio; para los republicanos una esperanza, y para ustedes, una dolorosa lección”. Ahora, 80 años después, Manuel Azaña sigue reposando en tierras francesas, al igual que Juan Negrín o Antonio Machado: los tres representan lo mejor del ideal transformador y cultural que supuso la II República española, tres ejemplos de compromiso político y lucidez intelectual, siempre presentes en nuestra historia y memoria democrática.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 noviembre 2020)