EL GRAN DICTADOR CUMPLE 80 AÑOS

 

     El 15 de octubre de 1940, hace ahora 80 años, se estrenaba en Nueva York la película El Gran Dictador de Charles Chaplin (1889-1977), la cual, sin duda, puede ser considerada, en expresión de Alberto Sánchez Millán, como “una obra decisiva en la historia del cine”, en la cual el cineasta, mediante esta genial comedia, ridiculizaba la figura de Adolf Hitler a la vez que denunciaba públicamente al fascismo y a las políticas antisemitas del nazismo.

     La gestación de la película no estuvo exenta de dificultades desde que en 1938 empezase Chaplin a preparar el guion de la misma. Y es que este proyecto levantó sospechas desde el primer momento, a la vez que movilizó a los agentes y políticos alemanes, así como a las organizaciones fascistas en su contra, todos ellos empeñados en boicotear el rodaje e impedir que la película pudiera realizarse. Durante 1939 empezó el rodaje a pesar de las presiones, amenazas y anónimos que recibió Chaplin hasta el punto de que en agosto de dicho año el genial creador del personaje de Charlot fue denunciado por la Comisión de Actividades Antiamericanas, ante lo cual Chaplin no se amedrentó decidido como estaba a continuar con su proyecto, y afirmó que “proyectaré la película al público, aunque tenga que comprar o construir un teatro y aunque el único espectador de la sala sea yo”.

     Finalmente, la película se estrenó el 15 de octubre de 1940, con el fragor de la II Guerra Mundial en Europa como telón de fondo, en un clima de inquietud, razón por la cual Chaplin fue admirado por unos y rechazado por otros ante una película tan firmemente militante y de inequívoco signo antifascista. Esto hizo que El Gran Dictador fuera prohibida en muchos estados de la Unión y, obviamente, en todos los países gobernados por el fascismo, incluida España, en donde incluso se llegó a prohibir hablar de Chaplin, acusándolo de “judío filocomunista”. En cambio, la película se estrenó en Inglaterra (1941), en EE.UU. tuvo lugar su segundo estreno en 1943, cuando el país ya había entrado en la II Guerra Mundial frente a las potencias del Eje, mientras que en Francia lo hizo en 1944 y en Italia en 1947 y en España no se proyectó legalmente hasta 1976, una vez muerto el general Franco y 36 años después de su estreno inicial.

    El proceso de gestación y realización de la película coincide con momentos convulsos y dramáticos de la historia reciente de Europa, cual fueron el auge del nazismo con la anexión de Austria y la Conferencia de Munich, ambos en 1938, así como la victoria franquista en la Guerra de España y el estallido de la II Guerra Mundial, hechos estos ocurridos en abril y septiembre de 1939. Todos estos acontecimientos dividieron a la opinión pública norteamericana, en algunos de cuyos sectores no se ocultaban simpatías filofascistas, también en Hollywood, donde actores como John Wayne evidenciaron su apoyo a la sublevación franquista en España y sus posiciones visceralmente anticomunistas.

     En este contexto, el estreno de El Gran Dictador adquiere una mayor relevancia pues supuso un firme compromiso de Chaplin por hacer frente a la marea fascista que se extendía de forma imparable. Por ello, esta obra maestra de la historia del cine supuso una contundente acusación contra el totalitarismo mediante un inteligente empleo de la sátira y del humor como instrumentos. Así lo vemos en el personaje que evoca a Hitler (Anstolfo Hynkel, dictador de Tomania) y el que representa a Mussolini (Bencino Napoloni, dictador de Bacteria), mientras que Chaplin está presente por medio de la figura del humilde barbero judío, mediante el cual se trasluce ya la persecución y sufrimiento del pueblo judío, al cual también pertenecía Chaplin, por parte del delirio criminal nazi, aunque en el momento del estreno de la película, la humanidad todavía no tuviera conocimiento de lo que poco más tarde supuso la  barbarie de la “Solución Final” y del Holocausto.

     La película tiene secuencias magistrales, algunas de las cuales quedarán para siempre grabadas en la memoria de la historia del cine como es el caso de Hynkel jugando con la bola del mundo y, sobre todo, el discurso final pronunciado por el barbero judío (Chaplin) suplantando al dictador Hynkel, En esos tres minutos, rodados en plano fijo, Chaplin parece hablarnos a cada uno de los espectadores interpelando a nuestra conciencia, con un texto que no ha perdido un ápice de su vigencia en los tiempos actuales, contundente y necesario como lo fue en 1940. En dicho discurso, convertido en el legado ideológico y político de Chaplin, como señalaba Alberto Sánchez Millán, su autor toma partido en la “lucha abierta en defensa de la humanidad contra la barbarie y contra la opresión”, además de ser un hermoso canto a la solidaridad, la hermandad y la unidad universal por encima de credos y fronteras. De igual modo, en su discurso denuncia Chaplin “la codicia que ha envenenado el alma de los hombres y ha construido barricadas de odio en el mundo”, lo cual nos evoca los efectos actuales del neoliberalismo y de los muros de se han ido levantando en estos últimos años por parte de las sociedades opulentas, insolidarias con la miseria de las personas que huyen de la pobreza y la guerra en sus países de origen. Y, pese a todo, Chaplin transmite un mensaje de optimismo y esperanza en aquellos tiempos tenebrosos: “el odio de los hombres pasará y las dictaduras morirán, y el poder que arrebataron al pueblo volverá al pueblo”. Y, para finalizar, cito una parte de su célebre discurso que emociona especialmente por su actualidad, porque parece escrita en este año 2020 y no  80 años atrás cuando se estrenó la película, en la cual, tras afirmar que confía en la democracia  para hacer que la vida, nuestras vidas, sean libres y bellas, nos interpela directamente al decirnos que,  “En nombre de la democracia, usemos ese poder. Unámonos. Luchemos por un nuevo mundo, un mundo decente que dará a los hombres una oportunidad de trabajar; que dará a la juventud un futuro y a la ancianidad una seguridad”. Unos anhelos, una lucha, sin duda tan digna como vigente y necesaria.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 octubre 2020)

 

 

EL 12 DE OCTUBRE, UNA FIESTA NACIONAL CUESTIONADA

 

     En la España democrática actual, sigue siendo una cuestión pendiente el encontrar símbolos integradores que aúnen y con los que se identifiquen todos los ciudadanos de esta nuestra España plural, y uno de ellos es el de la fecha de la fiesta nacional.

    Si hacemos un poco de historia recordaremos que, como señalaba Carsten Mumlebaek en su estudio «La nación española conmemora. La fiesta nacional de España después de Franco», durante los primeros años de la Transición se evitó abrir una discusión sobre los símbolos nacionales como la bandera, el himno, la fiesta nacional y el escudo. No obstante, por lo que a la fiesta nacional se refiere, se retiró el oprobioso recuerdo del “18 de julio” y, de forma tácita, se optó por el “12 de octubre” sin que hubiera elección ni debate al respecto, tal y como recogió el Real Decreto 1358/1976, fecha que mantenía un evidente contenido ideológico pues suponía una continuidad con el discurso franquista de la Hispanidad con alusiones a la “comunidad de sangre” y al “destino histórico”, los cuales tienen su origen en la historiografía conservadora y providencialista, todo ello unido a un sentido religioso (defensa de la fe católica en el mundo) así como de exaltación del espíritu colonizador hispano.

    Mientras esto ocurría, se produjo la institucionalización de las fiestas nacionales en algunas comunidades autónomas como la Diada del 11 de septiembre en Cataluña (junio 1980) o el Aberri Eguna, Día de la Patria Vasca (abril 1981), lo cual coincidía con un proceso de construcción nacional muy intenso tanto en Cataluña como en Euskadi. Por el contrario, debido a la estigmatización del nacionalismo español tras la pesada herencia del franquismo, como señalaba el citado Mumlebaek, “el lado español de este conflicto simbólico se encontraba en una relativa desventaja respecto a las nacionalidades históricas”. Tras el funesto episodio del golpe del 23 de febrero de 1981, el entonces Gobierno de la UCD fue consciente de la necesidad de actualizar los símbolos nacionales y así se aprobaron sucesivamente la Ley de la Bandera y la Ley del Escudo en octubre de 1981, a la vez que se inició un interesante debate sobre la Fiesta Nacional.

    Fue el PSOE el que incluso antes del 23-F ya había propuesto como fiesta nacional, en una proposición fechada en noviembre de 1980, el declarar como tal el “6 de Diciembre”, aniversario del referéndum constitucional. A partir de este momento, se generó un intenso debate entre elegir el 12 de octubre (como sostenía la UCD) y el 6 de diciembre, como propugnaba el PSOE , debate que tenía un hondo calado político ya que “elegir el 12 de octubre significaba ratificar la situación de facto y dejar mayoritariamente intacta la idea de la nación española heredada del régimen franquista, mientras que elegir el 6 de diciembre significaba apostar por una concepción nacional diferente centrada en los valores de la democracia y del consenso” (Mumlebaek). De este modo, la propuesta del PSOE, que no llegó a discutirse hasta después del 23-F, consideraba que el referéndum del 6-D supuso un “cambio de época” que simbolizaba la fundación de la nueva democracia española y se consideraba a la Constitución de 1978 como el inicio de una nueva identidad española, todo ello imbuido del espíritu de la idea del patriotismo constitucional de Jürgen Habermas.

    No obstante, y por desgracia, esta propuesta contó con el rechazo de la UCD para el cual la Constitución “no era más que una expresión de la ya existente identidad nacional que tenía sus propias festividades, cuya continua celebración importaba más que instituir otra celebración dedicada a la Constitución”. Este desacuerdo fundamental, tras el cual subyacía la lucha por definir la Transición en términos de “ruptura” o “reforma”, hizo que la mayoría gubernamental de UCD, mediante el Real Decreto 3217/1981, ratificara el 12 de octubre denominándolo “Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad”, aprobación en parte acelerada por el hecho de que la Generalitat de Catalunya había declarado el 12-O como día laborable en 1981.

    Pero con la llegada al poder del PSOE tras la histórica victoria electoral de octubre de 1982, se produjeron cambios significativos en la posición hasta entonces defendida por el partido de Felipe González. En primer lugar, por Orden 1982/31135 (BOE nº285, de 27 de noviembre de 1982), se declaró el 6-D como “Día dedicado a la enseñanza del contenido de la Constitución”, pero el PSOE ya no promovió contando con una holgada mayoría parlamentaria su anterior propuesta de convertir al 6-D en la Fiesta Nacional. En cambio, el Gobierno del PSOE estableció dicha fecha como “Día de la Constitución (RD 2964/1983, BOE nº 287, de 1 de diciembre) y posteriormente lo declararía como día festivo de carácter cívico en diciembre de 1989.

     El cambio de actitud del PSOE se plasmó en la aprobación de la Ley 18/1987, que declaraba el 12 de octubre como día de la Fiesta Nacional de España (BOE nº 241, de 8 de octubre), ley que contó con un amplio apoyo parlamentario (243 votos a favor), la abstención de la Minoría Catalana y del PNV, mientras que la votaron en contra ERC e IU, los cuales plantearon una enmienda a la totalidad). No obstante, en la nueva ley desapareció la denominación de “Día de la Hispanidad” porque tenía connotaciones incómodas tales como nostalgias neocolonialistas de corte paternalista, razón por la cual se pretendió despojar al 12-O de cualquier referencia histórica heredada del franquismo.

    Las razones de este cambio de actitud del PSOE, que fue muy criticado, se pretendió justificar por la pugna interna en las filas socialistas entre “constitucionalistas” (partidarios del 6-D) y los “historicistas” (partidarios del 12-O), los cuales preferían una fecha que tuviera relevancia histórica, aunque supusiera olvidar el significado del 6-D como momento histórico de fundación simbólica de la nueva democracia española. También se quiso argumentar que este cambio de posición del PSOE se debió a su intento de búsqueda de un amplio apoyo parlamentario, todo ello en el ambiente de los preliminares de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.

    El desarrollo posterior del 12-O como Fiesta Nacional recibió críticas, no sólo las previsibles desde el ámbito del nacionalismo vasco o catalán, sino también desde la izquierda y desde distintos sectores ciudadanos que le reprochaban su carácter excesivamente militar y su escaso arraigo en los valores cívicos y democráticos como hubiera ocurrido de celebrarse el 6-D.

   Finalmente, como señalaba Jaume Vernet i Jovet en su trabajo «El debate parlamentario sobre el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España», a fecha de hoy, seguimos ante la dificultad de “encontrar una fecha indiscutida para la realidad compleja que hoy representa España que contenga el suficiente carácter simbólico e integrador. Por ello, el no haber declarado como Fiesta Nacional el 6-D, como demandó en su momento tanto Izquierda Unida como ERC, y como recordaban Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada: nación e identidad desde la transición (2007), ha tenido una consecuencia tan importante como negativa cual es que “los españoles no pueden celebrar a día de hoy la transición a la democracia, su mito fundacional en tanto que nación moderna, como su principal fiesta patriótica”. Y, lamentablemente, es cierto.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 11 octubre 2020)

 

TIEMPOS DE PERPLEJIDAD

 

     Daniel Innerarity en su libro Política para perplejos (2018), dejaba patente su perplejidad y preocupación ante el impacto que diversos hechos han producido en nuestras sociedades, una perplejidad plagada de efectos negativos y espinosas incertidumbres hacia el futuro.

      El primero de estos hechos fue la elección de Donald Trump en noviembre de 2016 como presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), algo que rompía las reglas y los parámetros de la política norteamericana, que renegaba del legado de la anterior presidencia de Barack Obama y que sembraba de dudas y temores las políticas a aplicar por el polémico empresario, convertido en el líder de la (todavía) nación más poderosa del mundo. Ahora, en el cuarto año de su mandato, previo a las elecciones presidenciales del próximo noviembre, la perplejidad ha dado paso a la preocupación. Trump no sólo ha dinamitado las incipientes políticas sociales de la Administración Obama, sino que ha crispado las relaciones internacionales en todos los frentes: desde la política arancelaria y la guerra comercial con China, hasta su apoyo entusiasta al Brexit  británico, debilitando así la alianza transatlántica con los países de la Unión Europea (UE), hasta su actitud beligerante con Venezuela e Iran o el respaldo cerrado que ofrece al gobierno de Benyamin Netanyahu que ha sepultado las escasas esperanzas que aún quedaban de lograr un acuerdo de paz justo al eterno conflicto palestino-israelí.

     Hasta aquí los hechos de todos conocidos, pero ante el temor de una posible reelección de Trump, bueno es recordar las reflexiones que Innerarity nos hacía para explicar cómo una figura tan atípica (y peligrosa) como el magnate americano ha podido llegar a la Casa Blanca. Y es que, como explica el citado catedrático de filosofía política, ello responde a “cambios sociales y políticos insuficientemente advertidos por quien se sorprende ante sus efectos” y que responderían a varias razones. La primera de ellas es la existencia de “una política degradada”, ya que la actividad pública no se concibe como un ejercicio de virtudes públicas, como diría Cicerón, sino como el oficio de “un círculo cerrado de privilegiados que se dedican al ejercicio de la intriga”, tal y como quedó patente en los factores que propiciaron su elección, así como en los datos conocidos durante el proceso de destitución (impeachment) al cual fue sometido.

      La segunda razón es que la irrupción de Trump en la política con su exitoso lema “America fist”, lo ha convertido en un abanderado contra los efectos negativos que la globalización estaba causando en amplios sectores de la sociedad americana. De ahí, su defensa de políticas proteccionistas o el establecimiento de barreras para defender a unos Estados Unidos, que se sentían en decadencia, de sus enemigos reales o imaginarios. Una peligrosa reacción propia de un exacerbado nacionalismo que se ha aprovechado de la angustia de los trabajadores que han sufrido los devastadores efectos de la globalización y de la deslocalización en las zonas industriales deprimidas o en el Medio Oeste agrario y conservador, para aupar al poder la retórica demagógica de Trump.

     Y un tercer factor no menos importante: la reactivación del orgullo de los llamados WASP (White Anglo-Saxon Protestant) norteamericanos, un orgullo de tintes supremacistas y racistas, que rechaza el valor de la multiculturalidad en un país que, como es el caso de los EE.UU., se formó por oleadas de emigrantes de origen diverso, como también lo es, por cierto, la familia de Trump, cuyos orígenes se hallan en Escocia y Alemania. Ello explica su política anti-migración, cuyos ejemplos más duros y patentes son el trato recibido por los inmigrantes ilegales que llegan a EE.UU. y su anhelado proyecto de muro en la frontera con México.

     Otro motivo de perplejidad, tan grave como el anterior,  ha sido el desgarro producido por el Brexit británico que ha agrietado no sólo el proyecto sino también los sentimientos europeístas y cuyo futuro está plagado de incógnitas todavía difíciles de calibrar, un proceso de separación de la UE liderado por otro personaje que nos llena de preocupación cual es Boris Johnson, un Brexit que, en palabras de Innerarity es “uno de los fenómenos en los que el miedo a lo desconocido se traduce en torpeza y pone en marcha una serie de operaciones políticas de dudosa coherencia”.

     Y qué decir de la perplejidad que nos causa el preocupante auge de la extrema derecha en muchos países, también en España, una cuestión ante la que hay que hacer frente con firmeza para lo cual es fundamental reforzar el cordón sanitario como han hecho en Europa Angela Merkel o Macron y no como sucede en España donde el PP y Ciudadanos rinden vasallaje a las órdenes imperativas de Vox y aceptan sumisamente que el partido de Abascal les marque la agenda y les capte su electorado con sus mensajes y propuestas abiertamente reaccionarias. Como decía Pierre Moscovici, “la democracia es un tesoro muy frágil”, pero para preservarla, resulta esencial que los partidos democráticos cierren el paso a los grupos que, bajo diversas denominaciones o maquillajes, defienden posiciones de extrema derecha, y consecuentemente, la derecha democrática tiene que alejarse de cualquier tentación de alcanzar parcelas de poder aliándose o mimetizando posturas y mensajes propios del neofascismo.

    Ante este panorama, ahora agudizado por la perplejidad causada por los dramáticos efectos de la pandemia del coronavirus, como señalaba Ulrich Beck, “las sociedades contemporáneas no pueden atribuir todo aquello que les amenaza a causas externas; ellas mismas producen lo que no desean” y es que, como recordaba Innerarty, “hay que sustituir la inculpación hacia fuera por la reflexión hacia dentro”. Tal vez si logramos superar de forma positiva la perplejidad que en estos últimos años nos han suscitado acontecimientos como los indicados, podremos cambiar el rumbo de nuestra sociedad, una nave que, en estos temas, está surcando unos mares tan inciertos como peligrosos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 22 septiembre 2020)

 

 

MONARQUÍA O REPÚBLICA: UN DEBATE PENDIENTE

 

     Si la pandemia del coronavirus está teniendo devastadores efectos en el ámbito de la salud pública, de la sociedad y la economía, las noticias que conocidas en estas últimas fechas sobre las actuaciones de Juan Carlos I, todas ellas en demérito del rey emérito, han tenido también efectos igual de devastadores y han socavado los cimientos de la monarquía surgida de la Constitución de 1978 en la misma medida que han servido para dilapidar el legado con el cual pretendía el monarca, ahora cuestionado, pasar a las páginas de la historia reciente de España.

     Así las cosas, la derecha ha cerrado filas con su manido mensaje de que criticar al monarca es tanto como atacar a España y a la Constitución, cuando no son temas comparables ya que España y los valores democráticos valen mucho más que las actuaciones, sin duda reprobables, del rey emérito. En este contexto se sitúa el Manifiesto aparecido a mediados del mes de agosto en apoyo de Juan Carlos I y de su legado. El referido Manifiesto ha sido firmado no sólo por políticos del PP y de UCD, sino también por destacados socialistas. Este es el caso de Alfonso Guerra, el cual, en diversas declaraciones ha llegado a hablar de que Juan Carlos I está siendo objeto de una “cacería”, en este caso no de elefantes, sino propiciada por los que él llama “populistas” (léase, Podemos) y los nacionalistas-separatistas con el único objeto de atacar la Constitución. Pero aún más, en una entrevista realizada el pasado 19 de agosto en la Cadena SER, Alfonso Guerra, llegó a decir que “la izquierda debe dejar de engañarse con la idealización de la Segunda República”: con lo cual el antiguo dirigente socialista parecía renunciar del republicanismo del PSOE, un republicanismo cada vez más difuso maquillado de “accidentalismo”, un republicanismo que no obstante se mantiene vivo en las bases del partido pero que ha desaparecido de las acciones y del pensamiento de sus dirigentes.

     Resulta esencial partir de la idea de que la ciudadanía nunca ha tenido la opción democrática de elegir, entre varias posibles, la forma de Gobierno que desearía para España. Hay que recordar que la Constitución de 1978 incluyó la forma monárquica junto a los derechos y libertades en ella contemplados sin dar la opción a una posible alternativa republicana. Se dice que, siendo presidente del Gobierno Adolfo Suárez, éste se negó a convocar un referéndum sobre este tema por temor a perderlo y para evitarlo, se incluyó la forma monárquica en el artículo 1.3. del texto constitucional que señalaba que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, sin otra posibilidad para que los españoles diésemos nuestra opinión sobre tan importante cuestión.

      Dicho esto, resulta lamentable la deriva que el PSOE, y sobre todo sus dirigentes, han evidenciado hacia el ideal republicano. Lejos quedan los tiempos del Congreso socialista en el exilio de Suresnes (octubre 1974) en los que se aspiraba a instaurar en España, una vez recuperadas las libertades democráticas, “una República Federal de las Nacionalidades del Estado Español”.

     Lejos quedan también los debates habidos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas durante el proceso constituyente. En ellos, durante la sesión del 5 de mayo, el Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso, por boca de su portavoz, el añorado Luis Gómez Llorente, defendió “la República como forma de Gobierno” porque “no ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora”. Más adelante, en la sesión del 11 de mayo, Gómez Llorente defendió un voto particular al artículo 1.3 en este sentido, razón por la cual “asumimos la obligación de replantear todas las instituciones básicas de nuestro sistema político sin excepción alguna” y, por lo tanto, también “la forma política del Estado y la figura del Jefe del Estado”.

    Gómez Llorente era consciente de que no había una mayoría parlamentaria favorable a reinstaurar la República, pero, pese a ello, mantuvo su voto particular alegando que lo hacía “por honradez, por lealtad con nuestro electorado, por consecuencia con las ideas de nuestro partido, porque podemos y debemos proseguir una línea de conducta en verdad clara y consecuente”. No obstante, Gómez Llorente dejó claro el compromiso del PSOE al afirmar que “nosotros aceptaremos como válido lo que resulte en este punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar el conjunto de la Constitución por esto. Acataremos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la Monarquía, en tanto que sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella” Así, cuando el 4 de julio en el Pleno del Congreso de los Diputados se votó el artículo 1.3, frente a la mayoría de diputados monárquicos, el PSOE se abstuvo y tan sólo Heribert Barrera (ERC) y Francisco Letamendía (Euskadiko Ezquerra) se declararon republicanos y pidieron la celebración de un referéndum sobre la forma de Gobierno.

    Aprobada la Constitución, Felipe González declaró que la monarquía y la democracia no eran incompatibles en España, lo cual, evidentemente, era cierto. Pero, como señalaban Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), “la conversión monárquica del PSOE ha obligado a los socialistas a someterse a una amnesia voluntaria”, hasta el punto de que, como indicaban estos autores, el accidentalismo del PSOE hizo afirmar a Juan Fernando López Aguilar que históricos dirigentes socialistas como Julián Besteiro, Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos, “fueron los pioneros de la monarquía parlamentaria vigente” (!!!), afirmaciones éstas más que cuestionables.

   Tal vez la actual situación de crisis sanitaria, con sus derivadas sociales y económicas, no sea el momento más idóneo para plantear un debate de tan profundo calado político, pero lo que resulta evidente es que la democracia española tiene pendiente este debate, el de que algún día, podamos decidir, más pronto que tarde, el modelo de Estado que mayoritariamente preferimos, esto es, poder elegir entre la opción de la monarquía parlamentaria o la de un modelo alternativo republicano.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 septiembre 2020)

 

 

ATRAPADOS EN LA RED

 

     No hay duda de que las redes sociales han cambiado nuestras vidas y ya no nos podemos imaginar una existencia sin ellas, desde en los aspectos más cotidianos, hasta la forma de ver y participar en nuestro entorno social y político.

    Sobre el profundo impacto generado por las redes sociales y las nuevas tecnologías reflexionaba Daniel Innerarity en su libro Política para perplejos (2017) señalando cómo gracias a ellas la sociedad del conocimiento “ha democratizado la mirada” y, de este modo, se cumplía el principio de Anthony Giddens según el cual “los viejos mecanismos del poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno informativo que aquellos que nos gobiernan”. De este modo, la nueva sociedad del conocimiento, abierta y plural, ha roto con la visión de la vieja política, elitista y reservada, hecha de espaldas a la sociedad a la que debe servir, y que se beneficiaba de la escasa información que llegaba a la ciudadanía. Por el contrario, en la actualidad Internet se ha convertido en un espacio abierto mediante el cual vigilamos y enjuiciamos a quienes nos gobiernan.

     Pero al mismo tiempo, las redes sociales también son un foro donde, lo vemos cada día, se realizan linchamientos digitales, abundan las noticias falsas y los ciberataques. Y es que, con respecto a estos temas, tan preocupantes como en creciente auge, las redes sociales, como tantas cosas de la vida, resultan ambivalente, ya que, como recordaba Innerarity, “democratizan en la misma medida que desorientan”, eso es, nos ofrecen un cúmulo de informaciones a las que hasta hace bien poco resultaría difícil de acceder por parte de la ciudadanía, a la vez que siembran dudas sobre la veracidad, objetividad e intencionalidad última de las mismas pretendida por sus difusores. Por ello resulta todo un reto para el observador de las realidades sociales y, máxime desde una perspectiva política, el cómo tratar semejante avalancha de información ya que, en demasiadas ocasiones, resulta difícil distinguir entre “información” y “rumorología”, un riesgo cierto al que nos enfrentamos cada vez que accedemos a las redes sociales. Ante este dilema, resulta oportuno recordar, como señalaba Hannah Arendt, que, “aunque la objetividad sea difícil, esta dificultad no es una prueba contra la supresión de las líneas de demarcación entre el hecho, la opinión y la interpretación, ni una excusa para manipular los hechos”.

     En la actualidad, las redes sociales son un espacio abierto en el cual tenemos la posibilidad de vigilar y enjuiciar a quienes nos gobiernan y, por ello, al margen de su vulnerabilidad ante noticias falsas y de ciberataques de diversa intencionalidad, el objetivo exigible para la ciudadanía consciente es, en palabras de nuevo de Innerarity, “conseguir que no pueda ocultarse todo lo que es relevante para el ejercicio de los derechos democráticos sin que esa permeabilidad de los espacios impida la protección de las instituciones que hacen posible en ejercicio de tales derechos”.

     A la sombra de las redes sociales han ido en incremento las amenazas cibernéticas y las actuaciones de los hackers, todo lo cual afecta tanto a la seguridad nacional de los países, como a la privacidad e intereses de personas, empresas, entidades e instituciones de diverso tipo, tal y como dejan patente las denuncias de los organismos de neutralizarlas, como es el caso del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

    En la era de Internet, invadidos como estamos de visiones e interpretaciones personales en la red, a la hora de tratar de forma adecuada la información, de interpretarla, frente a lo que algunos cibernautas piensan, es necesario reivindicar la función del periodista en el mundo digital, cuyo papel cobra un nuevo sentido a la hora de ayudarnos a navegar entre la maraña informativa, tantas veces confusa, falsa o tendenciosa, y frente a la creciente oleada de noticias falsas (fake news) que nos invaden. Hay que tener presente, además, que éstas llegan a tener un fuerte impacto puesto que el público potencial de las fake news es muy elevado ya que, por ejemplo, Facebook cuanta con más de 2.000 millones de usuarios activos. Y, en este tema, han sido frecuentes las acusaciones dirigidas a determinados países, de forma especial a la Rusia de Vladimir Putin, por el empleo de las fake news como arma (informática) en las redes sociales perturbando el panorama informativo en nuestro mundo globalizado. Y así ha ocurrido en el empleo de herramientas virtuales para influir en las elecciones americanas de 2016 a favor de Donald Trump (el candidato favorito de Putin) en lo que se conoce como el “Rusiangate”, pero perturbaciones similares han tenido lugar en estos últimos años en los procesos electorales celebrados en Francia, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, repúblicas bálticas, Ucrania, Chequia, Georgia e incluso en España.

    Es por ello que, ante semejante alud de noticias distorsionantes de la realidad, resulta fundamental el papel de un periodismo ético, objetivo, no sometido a los poderes económicos o a los intereses partidarios, de esos periodistas “fact-chequers”, de esos profesionales encargados de verificar y contrastar estas avalanchas de noticias e informaciones.

    Por todo lo dicho, atrapados como estamos, para bien o para mal, en las redes sociales, de nosotros depende el que éstas sean un instrumento positivo a favor del fomento de la participación democrática ciudadana, de la difusión honesta y veraz de la información y la cultura …. o de todo lo contrario.

 

   José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 16 agosto 2020)

 

 

DELIRIOS NACIONALISTAS EN TIEMPOS GLOBALIZADOS

 

     Estamos asistiendo a una eclosión de movimientos nacionalistas de todo signo y condición, desde los casos de Polonia y Hungría, a los más cercanos del secesionismo catalanista y el españolismo ultraconservador de Vox, y todo ello en momentos en los cuales la globalización parecía haber difuminado las viejas fronteras nacionales.

    Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI (2020) dedica su capítulo-lección 7º a realizar unas interesantes reflexiones sobre el nacionalismo en el tiempo actual. Parte de la idea de que los vínculos y afectos a la nación no tienen por qué ser negativos, razón por la cual el intelectual israelí considera que “las formas más moderadas de patriotismo figuran entre las creaciones humanas más benignas". No obstante, el problema surge cuando ese patriotismo se convierte en “ultranacionalismo patriotero”, cuando se sublima a la nación como única y superior a todas las demás, actitud que se convierte en “terreno fértil para conflictos violentos” y ahí están las dos guerras mundiales del pasado siglo para corroborarlo.

     La idea de que el nacionalismo excluyente era el preludio de una guerra empezó a cambiar a partir de 1945 ya que, tras Hiroshima, la gente empezó a pensar que el nacionalismo podía llevar a una guerra nuclear, al riesgo cierto de una aniquilación total. Fue entonces cuando se empezó a desarrollar una conciencia de “comunidad global”, pues sólo la conciencia unitaria de la humanidad podía contener al “demonio nuclear”, una causa común que unía pueblos y naciones ante esta amenaza.

     No obstante, las consecuencias de la crisis global de 2008 y de la actual pandemia del covid-19 han evidenciado un resurgir del nacionalismo, se han alentado políticas proteccionistas, se han cerrado fronteras, se mira con rechazo al extranjero, porque ante un incierto futuro, “la gente de todo el mundo busca seguridad y sentido en el regazo de la nación”.

     Frente a esta situación, en este convulso siglo XXI, tal como nos recuerda Harari, la humanidad tiene ante sí tres retos comunes: el riego nuclear, el del cambio climático y el del reto tecnológico, los cuales “ponen en ridículo todas las fronteras nacionales” y que sólo pueden resolverse mediante una cooperación global que aúne voluntades.

    El primer reto, el nuclear, al cual se enfrentó con éxito la humanidad durante los tensos tiempos de la Guerra Fría, parece haber resurgido en estos últimos años en los cuales Rusia y EE.UU. se han embarcado en una nueva carrera de armas nucleares que amenazan con destruir los logros de la distensión entre las superpotencias tan duramente ganados en las últimas décadas.

    El segundo reto, y no menos importante, es el ecológico. Ahí está el grave y acuciante problema del cambio climático con el riesgo de llegar a un punto de inflexión que lo hiciera irreversible con las catastróficas consecuencias que de ello se derivarían. Harari es rotundo al afirmar que “cuando se trata del clima, los países ya no son soberanos” y, por ello, el aislamiento nacionalista  puede ser incluso más peligroso que el riesgo de guerra nuclear ya que, mientras ésta a todos nos amenaza y todos tenemos el mismo interés en evitarla, el calentamiento global tiene impactos diferentes en cada nación: mientras unos países están plenamente concienciados de la amenaza que ello supone, el escepticismo es la actitud habitual de la derecha nacionalista, desde Trump a Bolsonaro, desde el primo de Rajoy a las posiciones negacionistas de Vox y es que, “ya que no hay respuesta nacional al problema del calentamiento global, algunos políticos nacionalistas prefieren creer que el problema no existe”.

    El tercer reto es el tecnológico ante el cual el estado-nación es “el marco equivocado” para enfrentarse a las amenazas derivadas de la infotecnología, la biotecnología y a hipotéticas situaciones futuras como la implantación de manipuladoras dictaduras digitales.

     Y a estos tres retos globales, como las circunstancias actuales nos demuestran, habría que añadir un cuarto: la acción coordinada a nivel planetario para hacer frente a la pandemia del covid-19 que nos amenaza a todos, sin distinción de naciones, razas o ideologías.

     Ante estos retos, ante estas amenazas existenciales globales, todas las naciones deberían hacer causa común y por ello, mientras el mundo siga dividido en naciones rivales, será muy difícil hacerles frente de forma eficaz. Ello no significa abolir las identidades nacionales ni denigrar toda expresión de patriotismo. Harari pone como ejemplo el texto (no ratificado) de la Constitución Europea de 2004 en el que se afirma que “los pueblos de Europa, sin dejar de sentirse orgullosos de su identidad y de su historia nacional, están decididos a superar sus antiguas divisiones y cada vez más estrechamente unidos a forjar un destino común”. De este modo, mientras que existe una economía global, una ecología global y una ciencia global, todavía estamos empantanados en políticas de ámbito exclusivamente nacional, lo cual impide al sistema político enfrentarse de forma efectiva a nuestros principales problemas como sociedad global. De este modo, el futuro pasa por, una vez excluidos los voceros patrioteros que todo pretenden arreglar enarbolando bandera que dividen y enfrentan, optar por un buen nacionalismo que, integrado en organismos supranacionales como es la Unión Europea, tenga una visión globalista del mundo y de los problemas que afectan al conjunto de la humanidad.

     A modo de conclusión, Harari nos recuerda que, “si queremos sobrevivir y prosperar, la humanidad no tiene otra elección” que completar las lealtades locales y nacionales con otras “obligaciones sustanciales hacia la comunidad global”. De este modo, nosotros, ciudadanos del siglo XXI, debemos compatibilizar lealtades múltiples, no sólo con nuestro ámbito local (familia, vecindad, profesión) y nacional, sino también con dos nuevas e imprescindibles lealtades globales, esto es, para con la Humanidad y también para con el Planeta Tierra, con todo lo que ello comporta de compromiso cívico consecuente.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 agosto 2020)

 

 

LA UNION EUROPEA EN LA TORMENTA

 

     En un reciente artículo, y para definir la situación actual de la Unión Europea (UE), el periodista Ramón Lobo empleaba en acertado símil de compararla con “un barco de lujo de gran tonelaje y movimiento lento” cuyo rumbo no es fácil cambiar dado que tiene “27 capitanes en el puente de mando, cada uno con sus intereses nacionales e ideas sobre el futuro de Europa”.

     El barco de la UE, ahora azotado por la tempestad del Covid-19, una situación que algunos han comparado con las secuelas de la II Guerra Mundial, tenía ya, antes de entrar en la actual tormenta que lo zarandea sin piedad, dos profundas brechas abiertas en su casco y que amenazan su línea de flotación: el brexit y la involución antidemocrática de algunos de sus estados miembros como es el caso de Hungría. En este último caso, resulta lamentable la tímida respuesta de la UE ante las decisiones últimamente tomadas por el primer ministro Víktor Orbán de aprovechar la coyuntura propiciada por la pandemia sanitaria para reforzar su régimen autoritario, algo de lo que ya advirtió Dacian Ciolos, el líder de los liberales europeos al señalar que “los acontecimientos en Hungría son una alerta roja para la democracia liberal en Europa y más allá” porque “luchar contra el Covid 19 puede requerir algunas medidas excepcionales pero no debe llevar de ninguna manera al cierre de la democracia y a pisotear el Estado de derecho”. Y, ante esta situación resulta lamentable el silencio de los líderes europeos ante las medidas tomadas por Orbán, lo cual está alentando actitudes involucionistas en otros países como es el caso de la Polonia de Andrzej Duda, a la vez que reforzará el crecimiento de la extrema derecha en nuestras democracias occidentales.

    Ciertamente, la UE se halla ante un inmenso desafío que exige la necesidad de reafirmarse en los valores y principios que le dan razón de ser y, para ello, hoy más que nunca se precisa en el puesto de mando del navío de la UE que estén al timón auténticos estadistas de la talla de Robert Schuman, Konrad Adenauer o Alcide de Gásperi, los añorados padres fundadores de la idea moderna de Europa, y no políticos mediocres aferrados a intereses nacionalistas e insolidarios.

     Pero la realidad es dura e implacable en este embravecido mar en que las olas agitan con fuerza el barco de la UE, en un momento en la cual, en palabras de Juan Manuel Lasierra nos hallamos ante “un panorama social y económico desolador”, porque como señalaba Eliseo Oliveras, “Europa afronta dividida un decisivo reto político, sanitario, socioeconómico y geoestratégico”. Así las cosas, Jacques Delors, quien fuera presidente de la Comisión Europea entre 1985-1995, nos advierte con tono dramático de que la división y la falta de solidaridad son “un peligro mortal” para la UE.

     Tampoco favorece la singladura del barco de la UE en estos tiempos “virus-lentos” el actual escenario multipolar en el cual el peso político de Europa no se corresponde con su potencial económico y en el cual China cada vez está adquiriendo un papel más dominante en las relaciones internacionales, lo cual es favorecido por el aislacionismo en el cual pretende refugiarse la política de EE.UU. impulsada por Donald Trump. Es por ello que hoy más que nunca hace falta “mucha Europa” para suplir la falta de liderazgo de los EE.UU como ha quedado patente en la actual gestión mundial de la pandemia y para evitar que ese vacío sea ocupado no sólo por la China emergente sino por la Rusia de Putin, lo cual requiere que la UE cuente, de verdad, con una auténtica política exterior y de defensa común.

    Pero no sólo es este el único reto al que se enfrenta el futuro de la UE. Hechos recientes han demostrado la urgencia de implantar una armonización fiscal que incluya a países tan privilegiados como insolidarios como Holanda y que avancemos hacia una UE federal de verdad, una UE de los ciudadanos más social y solidaria y menos mercantilista y reducida a la simple libertad de circulación de mercancías como pretenden los opulentos (e insolidarios) países del norte de Europa, una Europa social que, además, acabe de una vez por todas con los paraísos fiscales existentes en el interior de la UE, tal y como ahora ocurre en Holanda, Luxemburgo e Irlanda.

    Así las cosas, bueno sería recordar el texto del Preámbulo de la Constitución Europea (no ratificada) en la que se declara que ésta se inspira en “la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho”.

   Siendo conscientes de que la solidaridad europea se debe demostrar en los momentos difíciles como los actuales, y recordando lo que en su día supuso el Acuerdo de Londres sobre la deuda alemana de 1953, mediante el cual se anuló el 62,6 % de las deudas a la entonces República Federal Alemana por parte de los 25 países acreedores, la prueba definitiva que evite el naufragio del ideal europeo  será la forma con la cual los 27 capitanes  aborden desde el puesto de mando el inmenso plan de reconstrucción que inevitablemente requiere la UE para superar el maremoto sanitario, económico y social que ha supuesto el Covid-19 en nuestras sociedades, en nuestras vidas y esperanzas de futuro. Veremos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 julio 2020)

 

 

POPULISMOS

 

     En la realidad política actual son muchos los ciudadanos que creen que se ha superado la histórica distinción entre izquierdas y derechas y, por ello, en determinados sectores de opinión se alude a la contraposición entre “buenos y malos populismos”. De este modo, algunos politólogos distinguen entre los populismos democratizadores y democráticos, como los existentes en España o Portugal, y otro tipo de populismos, por desgracia emergentes, de signo reaccionario, aquellos que confunden al adversario político con el enemigo del pueblo y, por ello, los excluyen de la comunidad política, un tipo de populismo que arraiga con fuerza en las tierras regadas por la intolerancia.

      Estos dos tipos distintos de populismo, confrontan, en esencia, una base ideológica innegable. Así, es propio de los populismos conservadores su escaso entusiasmo por las reformas constitucionales, por  los movimientos sociales,y por los plebiscitos o la participación ciudadana en general. En cambio, la izquierda populista, por el contrario, como recalcaba Innerarity en su libro Política para perplejos (2018), “acostumbra a sobrevalorar esas posibilidades”, aquellas que los populismos conservadores rechazan, lo cual le lleva a “desentenderse de sus límites y riesgos”, soñando, en ocasiones, con el anhelo, siempre deseable por otra parte, de alcanzar la utopía, o en el lenguaje más reciente de Podemos, de “conquistar los cielos”.  De este modo, existe en la actualidad un contraste, una contraposición evidente entre ambos populismos, entre los de signo conservador y los que se alientan desde posiciones de la izquierda progresista y así, los primeros “dan las alternativas como imposibles y los otros por evidentes” ya que, mientras para los populismos conservadores “cualquier cosa que se mueva es un desbordamiento” y para los populismos progresistas “la espontaneidad popular es necesariamente buena”.

     La confrontación entre ambas posiciones es evidente, como una nueva línea de fractura social entre la derecha conservadora y la izquierda que pretende transformar la realidad política y social que se considera injusta. Así, el populismo conservador, enarbola la bandera política de un supuesto “antipopulismo”, negando la evidencia de que también ellos, a su manera, son populistas, de derechas, pero populistas en definitiva, bandera ésta que pretende ser un “instrumento de legitimación” de las posiciones conservadoras, mientras que el populismo progresista se considera a sí mismo, como “el verdadero antídoto frente al elitismo conservador hegemónico”.

     Por todo lo dicho, Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política y ensayista, una de las mentes más lúcidas del pensamiento contemporáneo, reivindicaba el “principio de realidad”, esto es, el tener siempre presentes las capacidades reales de las transformaciones que se pretenden realizar, para no caer en la quimera ni el desencanto ante el ansia de intentar lograr objetivos irrealizables. De este modo, aunque como hemos visto el término “populismo” se aplica a partidos políticos concretos, se habla de populismos reaccionariosy ultraconservadores, como es el caso de los mensajes que airea Vox, o de populismos progresistas de izquierdas como el que representa Podemos, los cierto es que el populismo, como nos recuerda Innerarity, “tendría que entenderse como un modo de gestionar lo público, “del que no se libra casi nadie”.

      En el caso del populismo progresista, el que despertó en las plazas de toda España un esperanzador 15 de marzo y que hoy ocupa parcelas de poder en muchos niveles, incluido el Gobierno de España de la mano de Unidas Podemos, parece que ha seguido el consejo del tantas veces citado Innerarity cuando ya en el 2018 recomendaba, de forma genérica pero pareciendo querer dirigirse a este nuevo soplo de aire fresco en la política española que supuso el partido morado que, “tenemos que renunciar a la agitación improductiva del corto plazo. Hace falta anticipar futuros posibles” y apuntaba alguno de ellos: la transformación del modelo económico, la lucha contra el cambio climático o la reforma del sistema público de pensiones, temas éstos que consideraba con toda razón “cuestiones de fondo” que se tienen que acometer con valentía, aunque, políticamente, no supongan beneficios a corto plazo. Lo mismo podemos decir de la defensa de feminismo o la lucha por la igualdad de género, temas que han irrumpido con fuerza en la agenda política y que exigen compromisos y decisiones valientes, especialmente, en estos tiempos en que la demagogia populista conservadora parece que, en algunos de estos temas pretendiera retroceder el reloj de la historia a tiempos pasados.

    Todos estos futuros posibles están reflejados en gran medida en el llamado Programa para un Gobierno Progresista que tantas esperanzas ha despertado, un programa que, con el impulso de ese buen populismo, honesto y progresista, ha alentado tantas ilusiones en que, paso a paso, el cambio es posible, aunque nunca lleguemos a conquistar los cielos, pero por lo menos, se puede lograr un mundo, una sociedad y una convivencia más digna, justa y habitable. Siendo conscientes de todas las adversidades que intentarán frenar estos cambios, esperamos que las ilusiones que ello ha generado no se vean defraudadas porque, de ser así la involución de populismo conservador podría tener efectos devastadores.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 julio 2020)