AUSCHWITZ EN LA MEMORIA

 

     El 27 de enero de 1945, hace hoy 75 años, el ejército soviético liberó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, exponente máximo de la barbarie criminal nazi, lugar donde fueron asesinadas en torno a 1.100.000 personas. El recuerdo de lo que supuso la tragedia sufrida en Auschwitz hizo que, tras el final de la II Guerra Mundial se establecieran unas nociones claves en torno a la memoria tales como el concepto mismo de memoria, la noción de víctima, el desarrollo de los derechos humanos, la cuestión de la culpabilidad alemana, la dimensión legal del recuerdo, el impulso de la idea de la justicia reparadora ante los crímenes contra la humanidad, entre ellos los genocidios, así como el inicio de la aplicación de la Justicia Penal Universal.

    Para recordar y educar a las nuevas generaciones sobre lo que supuso el Holocausto, la Shoah en hebreo, la ONU instauró en el año 2005 que el 27 de enero fuera declarado como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, como un llamamiento al “deber de memoria”, asumiendo así el sagrado compromiso de recordar aquella inmensa tragedia, como una reflexión de lo que supuso aquel pasado trágico y, también, como una lección permanente para el futuro de toda sociedad que pretenda regirse por los valores de la democracia, la tolerancia y el respeto a la diversidad de las personas que la conforman.

     En este deber de memoria resulta fundamental hacer frente a cualquier tipo de negacionismo, esa hidra venenosa de indisimuladas simpatías neofascistas que, frente a las aplastantes evidencias históricas, pretende minimizar, negar e incluso justificar el Holocausto, máxime en unos momentos en que el auge de la extrema derecha está convirtiéndose en una seria amenaza para nuestros valores y convivencia democrática, aupada por su perversa manipulación de temas tales como la migración o la xenofobia. Y es que, las sociedades democráticas debemos defendernos, desde la legalidad, contra la expansión de este tipo de actitudes indeseables y ello exige hacerles frente en todos los terrenos, la justicia y la educación incluidas.

     En materia legislativa, la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y en concreto de su artículo 607.2, aunque penaliza la incitación al genocidio, ha despenalizado la negación del mismo como consecuencia de la sentencia del 235/2007 del Tribunal Constitucional, lo cual, ciertamente, resulta un grave retroceso en estos tiempos de resurgir de los fascismos. De hecho, dicha sentencia, en opinión del magistrado del Tribunal Constitucional Pascual Sala, que en su momento emitió un voto particular, se fundamenta en la creencia errónea de que puede existir una negación “aséptica” del Holocausto, cuando la realidad demuestra que quien lo niega, continuará justificándolo o haciendo apología del mismo. Y es que, este negacionismo no es nunca un ejercicio académico fundado en la libertad de investigación histórica y expresión, es habitualmente un instrumento que sirve al fascismo y al antisemitismo puesto que quienes propagan la patraña de que el Holocausto no fue lo que dicen los historiadores y determinados tribunales, persiguen un propósito político y tienen una intención puramente racista que nada tiene que ver con las libertades públicas. Y es por ello que el negacionismo no debe ampararse en la libertad de expresión puesto que, como señala Alejandro Martínez Rodríguez, “hay interpretaciones de la historia que no se limitan a proponer otro punto de vista sobre los acontecimientos, sino que inciden en un ejercicio de olvido, son proyectos de negación y no sencillas relecturas subjetivas del pasado”. Y ello vale para analizar objetivamente todo tipo de genocidios, desde el sufrido por el pueblo armenio en 1915, el de los españoles leales a la República durante la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, o la dramática situación del pueblo palestino en la actualidad.

     La mejor forma de combatir el negacionismo es contar la verdad y, para ello, el papel de la educación resulta fundamental. En este sentido, tanto la Unión Europea, como la OSCE o la ONU insisten en la necesidad de realizar programas de educación sobre el Holocausto “para transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de combatir el odio y la intolerancia en todas sus formas” ya que no hay que trivializar el crecimiento de la xenofobia y el racismo en detalles tales como la encuesta elaborada en un ya lejano año 2008 por el Movimiento contra la Intolerancia según la cual el 15% de los adolescentes “echaría a los judíos de España”… aunque nunca hayan visto o conocido a ninguno, por puro prejuicio, o como las recientes postales navideñas enviadas por Vox Cádiz en las que ya no aparecía el rey (negro) Baltasar y todo ello nos recuerda, una vez más,  la necesidad de establecer una asignatura de Educación para la Ciudadanía en nuestro sistema educativo como eficaz dique contra estos prejuicios y actitudes.

     Por todo lo dicho, el Papa Juan Pablo II, natural de Polonia en donde tuvieron lugar los crímenes de Auschwitz, recordando estos hechos dijo: “Nadie puede pasar de largo ante la tragedia de la Shoah, aquel intento de acabar programadamente con todo pueblo se extiende como una sombra sobre Europa y el mundo entero; es un crimen que mancha para siempre la historia de la humanidad. Que sirva de advertencia para nuestros días y para el futuro: no hay que ceder ante las ideologías que justifican la posibilidad de pisotear la dignidad humana, basándose en la diversidad de raza, del color de la piel, de lengua o de religión”.  Todo un reto en estos tiempos convulsos pues, recordando a Marlene Dietrich cuando le preguntaron por qué era antifascista, ella declaró “simplemente, por decencia”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 enero 2020

 

CON TODOS LOS CAÑONES ARTILLADOS

 

     Con esta gráfica expresión se refería con acierto Iñaki Gabilondo a la actitud del navío en el que se ha embarcado la triple derecha del PP, Ciudadanos y Vox de confrontación total con el nuevo gobierno de coalición progresista formado por el PSOE y Unidas Podemos. Así quedó patente en las agrias sesiones del debate de investidura de Pedro Sánchez y esa crispación, puesta de manifiesto por la beligerante artillería derechista, la misma que se considera defensora de las esencias del nacionalismo español, está dirigiendo a éste a una peligrosa involución, ofreciendo así su peor rostro, el de una intolerancia plagada de actitudes dudosamente democráticas. Y es que, el siempre complejo y espinoso tema del nacionalismo español, tan desacreditado por el perverso uso que del mismo hizo la dictadura franquista es también, ahora, una cuestión que genera una amplia polémica por su uso (y abuso) del cual hace una derecha cada vez más conservadora en lo político, retrógrada en lo social y recentralizadora en lo referente al modelo territorial autonómico vigente.

     Es cierto que, tras la muerte del general Franco y el inicio de la Transición, la derecha fue reformulando su concepto de España.  Eran unos momentos en los que la nueva derecha posfranquista quería reivindicar un nuevo nacionalismo español puesto que, como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), tenía una sensación de “pérdida de la identidad nacional”, como consecuencia al miedo a la gradual integración en la actual Unión Europea, unido a un creciente temor a los efectos de la inmigración, así como al aumento de las “identidades alternativas en la periferia”, a los nacionalismos de Euskadi y Cataluña, de sobrada trayectoria democrática y antifranquista.

     Para mejor desvincularse del legado franquista, la derecha trató de construir una nueva legitimidad histórica enraizada con los modelos conservadores y, de este modo, como indicaban los autores citados, dar “continuidad con el liberalismo español de finales del s. XIX y principios del XX”, reivindicando de éste modo, de forma especial, la figura y el legado político de Antonio Cánovas del Castillo, político conservador que, pese a sus déficits democráticos (siempre se opuso a la implantación del sufragio universal, por ejemplo), ofrecía como modelo “un sistema bipartidista estable capaz de oponer resistencia a las demandas desintegradoras” de los nacionalismos subestatales a los cuales, por otra parte, se consideraba que se habían hecho excesivas concesiones desde la Transición, a pesar de que reiteradamente se buscó el apoyo parlamentario del PNV y de la antigua CiU en aquellos tiempos en los cuales el políglota Aznar hablaba catalán en la intimidad.

     En esta línea de redefinición ideológica de loa derecha democrática, en su obsesión por demostrar unas credenciales no manchadas por la huella del franquismo, asumió, también, el legado del Regeneracionismo, del pensamiento de Joaquín Costa, de Unamuno o de Ortega y Gasset, e incluso José María Aznar llegó a reivindicar la figura de Manuel Azaña (obviando su republicanismo) tanto en cuanto éste aspiró al establecimiento de una sociedad plenamente democrática (aunque Aznar obvia su republicanismo) y su esfuerzo por fomentar “la cohesión nacional entre los españoles”. De este modo, Aznar no sólo intentaba emparentar a los conservadores con la idea de progreso, sino que indirectamente trataba de desligar al PP de sus vínculos con el franquismo.

    Tras el logro de la mayoría absoluta por el PP liderado por Aznar en las elecciones del año 2000, fue el momento que marcaría el inicio para la derecha de la recuperación del concepto de España como nación democrática, un concepto que consideraban que prácticamente había desaparecido “como resultado de los esfuerzos combinados del franquismo, por un lado, y los nacionalismos periféricos, por otro”. Así, en el Congreso del PP de 2002 se aprobó el documento titulado El Patriotismo constitucional del s. XXI, redactado por Josep Piqué y María San Gil, un catalán y una vasca con una visión más abierta de la idea de España, en el cual se rechazaba la tentación de los sectores españolistas más tradicionales del partido de reeditar el viejo nacionalismo español. De este modo, el documento citado ofrecía un nuevo concepto de España articulado en torno a la defensa de la Constitución de 1978, la libertad, la pluralidad y la responsabilidad cívica, acercándose de éste modo a los postulados defendidos por estas mismas fechas por el PSOE en la línea del patriotismo constitucional de Jürgen Habermas. No nos debe de extrañar que esta redefinición del patriotismo de derechas sentase mal a los sectores más conservadores del PP, razón por la cual fue criticado por intelectuales afines como González Quirós, mientras que Edurne Uriarte lo consideraba “demasiado habermasiano”.

     Pese a lo dicho, el PP, en vez de girar al centro, pretende frenar a los nacionalismos periféricos, sacralizando la Constitución de 1978 y defendiendo una España unida frente a las crecientes demandas federales y confederales. Además, el nacionalismo conservador siempre se ha reafirmado, históricamente, frente al “otro” extranjero, bien fuera éste “el moro”, “el francés” o “la Rusia soviética”, conceptos éstos que en democracia no son políticamente correctos...excepto para la extrema derecha, razón por la cual han sido en la actualidad retomados con pasión por la impetuosa irrupción de Vox, nítida imagen política de los peores vicios del nacionalismo reaccionario.

    En la actualidad asistimos a una fragmentación política del nacionalismo conservador español que hasta hace bien poco se cobijaba en su práctica totalidad en las filas del PP y que hoy lo hacen, también, en las posturas tan preocupantes como involucionistas de Vox o en la errática volatilidad ideológica de Ciudadanos, unos momentos en que el nacionalismo español, en su triple versión política, ofrece una imagen de retorno a su cerril centralismo tradicional y una intensificación de la hostilidad hacia los nacionalismos periféricos, lo cual supone una seria involución propiciada por las consecuencias del conflicto catalán como telón de fondo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 enero 2020)

 

ANSIEDAD COLECTIVA

 

    Vivimos en un mundo convulso y nuestra sociedad es reflejo de ello, como nos recordaba recientemente Daniel Innerarity en su libro Política para perplejos (2018), en el cual alude a esa “ansiedad colectiva” consecuencia de un mundo que se intuye cada vez más incierto e inseguro. Esta ansiedad tiene un fuerte impacto en nuestras vidas y en nuestras sociedades tanto en cuanto, como señala dicho autor, “desmonta los sueños e ilusiones por un futuro mejor”, y se halla motivada por diversos factores tales como las condiciones laborales cada vez más inciertas y precarias, el desconcierto que producen los cambios causados por la globalización o las dificultades para distinguir entre información veraz y rumorología.

     A todos los temas anteriores habría que añadir la amenaza del terrorismo y sus zarpazos, tan imprevisibles como desgarradores, en un ámbito de actuación que no tiene fronteras. Es por ello que resulta especialmente clarificador el impacto causado por el fenómeno terrorista y la gestión preventiva que se pueda hacer del mismo. Tal es así que este genera, inevitablemente, desconfianza y temor, lo cual nos sumerge en una peligrosa espiral ya que, “la vigilancia incrementa la sospecha y, a su vez, la sospecha impulsa a aumentar la vigilancia”. Es entonces cuando se corre el riesgo de caer en una sospecha generalizada y ello comporta toda una serie de efectos negativos ya que, “borra la diferencia entre la racionalidad y pánico, entre anticipación razonable y ansiedad fuera de control”. Y así las cosas, es cuando debe prevalecer la serenidad pues, como señala Innerarity, ésta “es lo más revolucionario  ante este círculo infernal” de desconfianzas, bien sean estas motivadas por parte de los gobernantes o por la ciudadanía, algo que se debería tener siempre muy presente a la hora de afrontar los efectos de las acciones terroristas, dejando siempre de lado actitudes viscerales y pasionales carentes de la serenidad necesaria para hacerles frente: en este sentido, nos viene inevitablemente a la memoria lo sucedido tras los atentados del 11 de marzo de 2004 y su nefasta gestión por parte del Gobierno de José María Aznar.

   Y es que, ciertamente, vivimos en “sociedades exasperadas”, en las que se multiplican “los movimientos de rechazo, rabia o miedo” como lo evidencian la creciente aversión hacia la clase política, con frecuencia tan arrogante como distante de los problemas reales de la ciudadanía.

     A esta situación añadimos que asistimos, impotentes, a todo un profundo y radical cambio de nuestras formas de vida lo cual hace que reaccionemos con irritación ante ellas, de formas diversas y a la vez antagónicas, bien apoyando los movimientos de los indignados, o lo que es más peligroso, alentando el auge de las ideas y grupos afines a la extrema derecha.

    Así las cosas, el malestar se extiende y se magnifica tanto por los medios de comunicación como por las redes sociales, y la percepción que de ello se deriva nos confirma la idea de que vivimos en una “sociedad irascible”. Ante esta evidencia, Innerarity no considera este hecho como un factor negativo puesto que reivindica “la grandeza de la cólera política”, de esa “voluntad de rechazar lo inaceptable y su insaciable exigencia de justicia, contra la falta de atención que la sociedad de los dominantes presta a los perjudicados”. Pero, acto seguido nos advierte de que no todas las indignaciones son iguales, dado que hay variedad de iras colectivas, desde las que son negativas tanto en cuanto enarbolan las negras banderas de la homofobia o el racismo, hasta otras que defienden los ideales de la lucha contra las desigualdades y la justicia social. Por ello, Innerarity advierte: “Hay que distinguir en todo momento entre la indignación frente a la injusticia y las cóleras reactivas que se interesan en designar a los culpables mientras fallan estrepitosamente cuando se trata de construir una responsabilidad colectiva”. En este cúmulo de indignaciones, más interesadas en denunciar que en construir, es cuando se plantea el problema de “cómo conseguir que la indignación no se reduzca a una agitación improductiva y de lugar a transformaciones efectivas de nuestras sociedades”,  Estas reflexiones nos traen a la memoria el entusiasmo por la aparición del Movimiento 15-M y posteriormente de Podemos, pone sobre la mesa una cuestión que da sentido a esta nueva forma de entender la política y la necesidad de “convertir esa amalgama plural de irritaciones en proyectos transformadores reales” para así “dar cauce y coherencia a esas expresiones de rabia” y, por último, “configurar un espacio público de calidad donde todo ello se discuta, pondere y sintetice”, un proyecto político que, como los hechos posteriores han demostrado, no he respondido plenamente a las expectativas que suscitó en su origen, además de por errores propios, también por la implacable actitud hostil de los partidos nostálgicos del viejo bipartidismo.

     Estamos en una fase de nuestra historia en la que parece que todas las certezas en que creíamos o confiábamos se han desvanecido, en que tenemos la sensación de que en política cualquier cosa puede suceder, “que lo improbable y lo previsible ya no lo son tanto”: y si no, quién nos iba a decir hace un tiempo que el Brexit iba a triunfar en el Reino Unido, que un personaje como Donald Trump iba a llegar a la Casa Blanca o que el auge creciente de la ultraderecha iba a amenazar la línea de flotación  de nuestras sociedades y valores democráticos. Por ello, Innerarity concluye, a modo de reto, con una potente reflexión: “Necesitamos urgentemente nuevos conceptos para entender las transformaciones de la democracia contemporánea y no sucumbir en medio de la incertidumbre que provoca su desarrollo imprevisible”. Tal vez así, la ansiedad que nos ahoga y la indignación que ello nos causa tenga un efecto positivo para nosotros como ciudadanos y para la sociedad que ansiamos transformar en sentido progresista y regida por los valores de la justicia social.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 diciembre 2019)

 

 

DESPLUMAR EL POLLO

 

     Resulta significativo que el Informe Anual de Human Rights Watch (HRW) de 2017, que llevaba el título de «El peligroso ascenso del Populismo», ya advertía de los embates que están sufriendo diversos países democráticos por parte de movimientos y partidos marcadamente antiliberales, algunos de los cuales no ocultan sus afinidades con el fascismo, un grave problema que, lejos de decaer, se ha ido agudizando en la actualidad.

     Mussolini, con su habitual bravuconería verbal, decía que, para acumular poder, que es el primer paso para la fascistización de una sociedad, “lo mejor es hacerlo como quien despluma un pollo, pluma por pluma, de manera que cada uno de los graznidos se perciba aislado respecto de los demás y el proceso entero sea tan silencioso como sea posible”. Hoy en día, siguiendo el consejo mussoliniano, determinados partidos pretender el desplume de la democracia, pluma por pluma, para de este modo hacer retroceder el reloj de la historia y arrebatarnos derechos que creíamos consolidados. De este modo, el pollo empieza a ser desplumado cuando algunos gobiernos silencian medios de comunicación, ilegalizan partidos políticos, despojan a una minoría o colectivo social de sus derechos, cuando se desmantelan servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, cuando se cuestiona la viabilidad del sistema de pensiones como forma de solidaridad intergeneracional, cuando se reducen los derechos laborales, cuando se concede un poder arbitrario y sin control a las fuerzas del orden o cuando, como ocurre en determinados países europeos, también en España, la derecha democrática se escora hacia la ultraderecha, de la cual necesita sus votos y su apoyo y actúa mediatizada por los desplumadores neofascistas,  cuyo mensaje pretenden blanquear, socavando así los valores democráticos y constitucionales.

     No hay que olvidar que el camino que se inicia con medidas autoritarias y que en última instancia desemboca en el fascismo, es gradual, pluma a pluma, pero el objetivo final sigue siendo el mismo: dinamitar la democracia. Por eso, como recordaba acertadamente Madeleine Albright en su interesante y revelador libro Fascismo. Una advertencia (2018), el fascismo suele avanzar en nuestras sociedades “paso a paso en lugar de dar saltos gigantescos”. Y a este desplume, al cual también pretenden dedicarse los “cruzados” de Vox, se suman actitudes tales como el descrédito de la democracia y de los políticos como servidores públicos, el fomento del odio y la división social desde ideas intolerantes, o lo que Albright califica como “la apelación a la grandeza de la nación por parte de personas que sólo parecen tener un sentido retorcido de lo que esto significa”, esto es, la demagógica exaltación visceral de los nacionalismos excluyentes, sean éstos del signo que sean. De este modo, cada paso que da el fascismo en nuestras democracias, cada pluma arrancada, no sólo provoca daños a las personas y a la sociedad en su conjunto, sino que prepara la continuación del desplume. Además, hemos de ser conscientes de que estas medidas antidemocráticas son bien recibidas por una parte de la población en un porcentaje variable según los países y, ahí está, por ejemplo, las insolidarias actitudes de rechazo a la inmigración, tan demagógicamente instrumentalizadas por los partidos xenófobos, lo cual explica el auge electoral de éstos, tal y como ha ocurrido con Alternativa por Alemania (AfD), que la ha convertido en el tercer partido en número de escaños del Reichtag.

     Ejemplos de desplumadores de pollos tenemos varios y los más preocupantes son aquellos que detentan el poder político y que están llevando a sus países a una involución de difícil retorno. Todos ellos, emplean tácticas de desplume comunes, entre ellas, la reforma de sus respectivas constituciones para reforzar y ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo, siempre en detrimento del Poder Legislativo; intentar interferir, cuando no controlar abiertamente, al Poder Judicial mediante el nombramiento de jueces afines; neutralizar los medios de comunicación que les son contrarios, o reformular los planes de estudios introduciendo contenidos ultranacionalistas y excluyentes. Ahí está el caso de Recep Tayip Erdogan, embarcado en un proceso de islamización gradual de Turquía, el cual está socavando los cimientos laicos y democráticos de la República instaurada por Kemal Attaturk. Por lo que al interior de la Unión Europea (UE) respecta, resulta paradigmático el caso de Viktor Orbán en Hungría, “un nacionalista xenófobo y antidemocrático con una cruel política antirrefugiados” como lo define Carol Giacomo y, aunque tal vez se exagerado calificarlo de fascista, lo cierto es que su antieuropeísmo y su radical ultranacionalismo, al igual que ocurre con Fidesz, su partido, hacen que difícilmente resulte homologable con actitudes y posiciones de la derecha democrática. Y algo similar podemos decir de las políticas llevadas a cabo en su momento por Matteo Salvini en Italia o de la involución que está sufriendo Polonia desde que en 2015 ganó las elecciones el Partido Ley y Justicia (PiS).

     Ante semejante panorama, el citado libro de Madeleine Albright nos advierte de que “se está creando un público para los demagogos, que saben unir a los humillados y ofendidos para que viertan su cólera sobre los demás” y ello, ciertamente, resulta una grave amenaza para los valores y las instituciones democráticas.

 

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 6 diciembre 2019)

 

 

EL VALOR DE TERUEL EXISTE

 

     Mucho se ha hablado y escrito en estos últimos días sobre el aldabonazo que ha supuesto la exitosa irrupción electoral de Teruel Existe en el mapa político tras las pasadas elecciones del 10 de noviembre al logar un diputado y dos senadores, convirtiéndose así en el partido más votado en la provincia. Este hecho ha suscitado toda clase de comentarios y, también, de aceradas críticas, en mi opinión injustas, surgidas desde aquellos partidos que se han sentido perjudicados por la competencia electoral de Teruel Existe, esos partidos y esos dirigentes políticos que creían patrimonializar en beneficio propio unos escaños que, no lo olvidemos, han de ganarse (o revalidarse) en cada elección con arreglo a la coherencia de sus propuestas o la eficacia de la gestión de gobierno realizada.

      Estas críticas no han entendido en toda su dimensión el hartazgo de buena parte de la ciudadanía turolense ante la frustración generada por la escasa atención que han recibido por parte de los sucesivos gobiernos de España, bien fueran éstos del PP o del PSOE, ante unas justas demandas ansiadas durante tantos años. No han comprendido que Teruel Existe ha recogido ese hartazgo, esa frustración por las promesas incumplidas, captando así un voto transversal que, procedentes de diversas tendencias ideológicas, lo ha convertido en el voto de la ilusión y la esperanza de unas tierras que, frente a toda adversidad, luchan por un futuro digno.

    En consecuencia, aunque la participación en nuestro sistema democrático se canaliza a través de los partidos políticos, en esta ocasión era un deber moral, un elemento regenerador, el que diese el salto a la política una candidatura novedosa como la presentada por la Plataforma Ciudadana Teruel Existe: aunque los partidos tradicionales lo han visto como un rival que les disputaba votos, otros lo hemos visto como una opción noble y sincera en defensa de los intereses de nuestra provincia, sin ninguna ambición personal que la desvirtuase. Por ello, el éxito de Teruel Existe no es fruto de un victimismo provinciano, de un catastrofismo plañidero que a nada conduce, sino la respuesta activa ante la desidia de los gobernantes hacia una provincia que, aunque cada vez más vaciada de población, con escaso peso político y muy pocos escaños a disputar, merece una atención urgente, un impulso a sus infraestructuras (ahí está el tema de la A-68, la A-40 o el trazado ferroviario) que le den esperanzas de futuro y que ponga fin a tantos agravios y promesas incumplidas.

     Si hacemos un poco de historia veremos que las demandas actuales de Teruel Existe nos traen a la memoria los que supuso el movimiento regeneracionista de finales del s. XIX, y es que más de un siglo más tarde, muchos de los problemas y demandas de entonces siguen estando, todavía, pendientes. Por ello, hemos de recordar que el Regeneracionismo decimonónico turolense está asociado a figuras de la talla de Domingo Gascón y Guimbao, Santiago Contel Marqués o Federico Andrés y Tornero. En todos estos casos hallamos a turolenses que, desde distintas ópticas políticas, desde el republicanismo posibilista de Gascón, al republicanismo federal de Contel o al incipiente regionalismo de Andrés y Tornero, coincidieron en una desconfianza evidente hacia los partidos políticos hegemónicos del llamado “turno pacífico”, esto es, el Partido Conservador y el Partido Liberal, el equivalente de entonces del bipartidismo que ha regido la vida política española hasta fechas recientes. Es por ello que el Regeneracionismo turolense supuso, en la línea del pensamiento de Joaquín Costa, una crítica frontal al sistema oligárquico-caciquil que caracterizó la Restauración borbónica.

     Dicho esto, hay que señalar que el Regeneracionismo turolense tuvo como punto de partida la toma de conciencia del endémico atraso turolense, de la “postración” como entonces se decía, en la que se hallaba sumida la provincia. Domingo Gascón y Guimbao, en su célebre Miscelánea Turolense publicada entre 1891-1901, se hacía eco de esta dramática situación al señalar que, “la provincia de Teruel, tan rica por un don especial de la naturaleza en producciones de su suelo, como sistemáticamente abandonada, necesita más que otra región alguna el esfuerzo individual y colectivo de sus hijos para sacarla de la postración y abatimiento en que se halla sumida”. Así se fue extendiendo la imagen de que Teruel era la “cenicienta” de las provincias españolas, tal y como denunciaba Pablo Feced en 1894 al aludir a ella como “la más olvidada y arrinconada de todas […] De Teruel nunca se oye aquí [en Madrid] nada, nunca se cuenta nada, nunca se lee nada. Parece en Madrid que en Teruel no hay gente”. Esta misma idea la hallamos también en Santiago Contel el cual aludía en 1897 a la provincia de Teruel como “cenicienta de las españolas, la desheredada, la desatendida, la olvidada, la preterida siempre, para la que no llega nunca el reparto de los beneficios”.

    Esta penosa situación llevó a todos estos regeneracionistas a denunciar, una y otra vez, la falta de apoyo gubernamental para salir de tan endémica postración y, por ello, Federico Andrés y Tornero reprochaba en 1896 a los diputados y senadores de la provincia el que “no han querido o no han podido conseguir los recursos necesarios para sacar a Teruel de su dramática situación”. Y es que todos los regeneracionistas turolenses tenían clara una idea: la responsabilidad de impulsar el progreso provincial correspondía a los turolenses conscientes y, por ello no confiaban demasiado en hipotéticas ayudas externas, que por otra parte nunca llegaban, tanto desde el Gobierno de Madrid como de las nulas iniciativas de los “partidos del turno” que usufructuaban alternativamente el poder.

      Como principal causa de la postración turolense los regeneracionistas insistían, en primer lugar, en la falta de comunicaciones y medios de transporte adecuados, especialmente en el caso de los trazados ferroviarios, ya que a la altura de 1896 tan sólo estaba en explotación el tramo Val de Zafán-Alcañiz y en construcción el Ferrocarril Central de Aragón Calatayud-Teruel-Valencia. Tal vez por ello, Federico Andrés se lamentaba de la infinidad de proyectos planteados sobre el papel que nunca se llevaban a cabo, pues “apenas habrá tantos en provincia alguna, pero de proyectos nunca pasan”, lo cual achacaba a “la desdeñosa mirada de nuestros gobernantes”.

     Otras demandas regeneracionistas las recogía el alcañizano Santiago Contel, al que se dio en llamar “el Joaquín Costa bajoaragonés”, impulsor del desarrollo minero provincial, al reclamar la realización de los pantanos de Santolea y Beceite, así como la construcción del ferrocarril transversal turolense, elemento esencial para vertebrar la provincia, el cual debía unir la capital provincial con Alcañiz, esto es, con el Bajo Aragón, además de, por supuesto reclamar la conclusión del trazado del Val de Zafán hasta San Carlos de la Rápita, propuestas éstas que quedaron expuestas en la conocida como Asamblea Regionalista de Alcañiz celebrada el 24 de octubre de 1897.

     Así las cosas, entonces como ahora, existía una sensación de “agravio” que sufría Teruel por parte de los poderes públicos y por ello los regeneracionistas eran conscientes de la responsabilidad moral del Estado para con las provincias pobres para hacer llegar “su acción protectora” a estas tierras olvidadas en demasía desde Madrid. En este sentido, Federico Andrés consideraba que las demandas turolenses eran no sólo lógicas sino también legítimas desde el punto de vista de la justicia solidaria que se reclamaba al Estado para que, de este modo, se enmendase la indolencia de tantos gobiernos para con la provincia.

    Una vez hecho este repaso histórico y transcurrido ya más de un siglo desde entonces, cuando ahora tanto de habla de la España vaciada como consecuencia de la acelerada despoblación de provincias como Teruel, cuando siguen faltando comunicaciones desde siempre anheladas, cuando asistimos al final de las explotaciones mineras, del ciclo del carbón, la pregunta sigue siendo la misma que entonces: saber si Teruel y sus gentes pueden tener un futuro digno y si nosotros seremos capaces, cuando menos, de intentarlo. Para ello, resulta fundamental el articular la unidad de acción entre Teruel y el Bajo Aragón, superar suspicacias y desencuentros de otros tiempos y aunar las fuerzas e iniciativas de estos dos ejes principales de nuestra provincia y, en este sentido, el que Teruel Existe cuente con un senador alcañizano va en la línea correcta para defender unitariamente los intereses del conjunto de la provincia de Teruel. Por todo ello, hoy, Teruel Existe asume ese reto desde la representación lograda tras las elecciones y, al margen de cualquier discrepancia política e ideológica, merece nuestro respeto y confianza.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 noviembre 2019)

 

 

LA TORMENTA DE VOX

 

     Las elecciones del 10 de noviembre han confirmado lo que las encuestas iban advirtiendo: el meteórico ascenso electoral de Vox, acaudillado por Santiago Abascal, que ha sabido captar el voto afín a la derecha extrema de indisimuladas nostalgias neofranquistas, así como el malestar de un sector de la ciudadanía, desafecta con la actual situación política y económica de España. De este modo, Vox se ha convertido en la tercera fuerza política a nivel nacional con el apoyo de 3.640.063 ciudadanos (15,09 % de los sufragios) y que, con sus 54 diputados, ha doblado su presencia en el Congreso de los Diputados.

      En Aragón también Vox ha sido el tercer partido más votado (118.461 papeletas, el 17% de los sufragios). Pese a ello, solamente ha revalidado el escaño por Zaragoza de Pedro Fernández Hernández, un político “cunero” que compatibiliza su acta de diputado con la concejalía que también ostenta en el Ayuntamiento de Madrid. Por otra parte, resulta significativo el que, mientras en las provincias de Teruel y Huesca sólo en unas pequeñas localidades ha sido el partido más votado, en el entorno de la ciudad de Zaragoza, en donde obtuvo el 19% de los votos, existen toda una serie de poblaciones en las que ha sido la lista más votada como La Muela (31%), La Joyosa (31%), María de Huerva (28%), Villanueva de Gállego (27%) o Alfajarín (26%).

    El indudable auge electoral de Vox se ha visto favorecido por una serie de circunstancias, entre ellas, la actitud pusilánime y complaciente del PP y de Ciudadanos, que necesitados de sus votos, no han tenido reparos en blanquear a esta extrema derecha emergente y a sus postulados más radicales y antidemocráticos, con tal de alcanzar cotas de poder en diversas instituciones autonómicas y municipales: ahí está el caso de la llegada a la alcaldía de Zaragoza de Jorge Azcón con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Además, temas como el conflicto catalán, que retroalimenta a los nacionalismos excluyentes de uno y otro signo, la exhumación del general Franco, la cuestión migratoria o la seguridad ciudadana, elevaron sus expectativas electorales ofreciendo una imagen de derecha autoritaria, machista, xenófoba y neofranquista que ha tenido un preocupante respaldo en las urnas.

     Posiblemente, muchos de los votantes de Vox no habrán leído las 25 páginas de su programa electoral que, bajo el título de “100 medidas para la España Viva”, condensan todos los planteamientos de claro signo anticonstitucional de este partido, cuya lectura resulta alarmante de lo que propugna la supuesta “alternativa patriótica” que enarbola Vox. Por todo ello, hoy resulta imprescindible, como ocurre en cualquier país democrático europeo, levantar un cordón sanitario que frene el crecimiento social e institucional de Vox. Y es que, como dijo Iván Espinosa de los Monteros, “Vox es la tormenta” … pero una tormenta que amenaza nuestra democracia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 noviembre 2019)

 

IDENTIDADES DUALES

 

     En plena ebullición del procès independentista en Cataluña, resurge de nuevo y con más fuerza que nunca, el eterno problema, nunca resuelto en nuestra historia reciente, de la articulación territorial de España. Somos hijos de nuestra historia y esta nunca fue fácil, y menos en este tema. En este sentido, pesa sobre nosotros la negra herencia del franquismo que, dada su longevidad e intransigencia, fue un factor determinante para desacreditar no sólo al nacionalismo español, fuera cual fuera la tendencia de éste, sino, también, la misma idea de España.

    Con esta pesada herencia, la Constitución de 1978 supuso un intento sincero de lograr la coexistencia entre un renovado nacionalismo español de signo democrático y los nacionalismos subestatales, especialmente en los casos de Euskadi y Cataluña. Tras varias décadas de legalidad constitucional, este tema sigue suscitando polémicas y desencuentros, incrementados en estos últimos años como consecuencia del procès independentista en Cataluña, una opción que, desde luego, resulta legítima y democrática siempre y cuando se encauce por vías legales y pacíficas.

    Pero, junto a esta confrontación entre nacionalismos de uno y otro signo, también se constata en el seno de la sociedad española y, por supuesto en la catalana, la existencia de lo que han dado en llamarse “identidades duales”, reflejo de sentimientos y lealtades dobles.  Este hecho, de evidentes consecuencia sociológicas y políticas, como señalaban Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), indica que una buena parte de los ciudadanos “no están dispuestos a asimilar la exclusividad de los discursos nacionalistas, ya sean españoles o subestatales” y son reflejo, por ello, de actitudes más plurales y respetuosas, algo que hoy resulta más necesario que nunca para romper con el desgarro social que se está produciendo en Cataluña.

     Las identidades duales o múltiples, son posibles tanto en cuanto se asume la idea de que la identidad española y la identidad catalana, vasca o la que representen cualquier otro nacionalismo subestatal, también en el caso aragonés, se consideran compatibles y no antagónicas. Ello significa la existencia de una ciudadanía abierta y plural caracterizada por un “doble patriotismo”, por una “lealtad dual”, la cual, como señalaban los autores antes citados, “combina diferentes grados de vinculación emocional” con España y con sus respectivas regiones o naciones existentes en su interior. Y más aún, cada vez se alude con mayor frecuencia a las “identidades triples” en nuestro mundo globalizado, aquellas que suponen una identificación con su territorio regional-nacional, con España y con Europa, avanzado así el concepto de “ciudadano europeo”. Es así como surge otra cuestión de capital importancia, la de las “ciudadanías compartidas”, las cuales, como señalaba Rafael Jorba, pueden acabar sustituyendo a las “soberanías compartidas” como el espacio apropiado de desarrollo y convivencia del Estado y las regiones-naciones que existen en el interior de los Estados plurinacionales, como es el caso de España.

    Estas ideas, aplicadas al caso de España, con el envite nacionalista de una y otra parte en alza, supondría que las identidades basadas en aspectos tales como la lengua, el origen étnico, la cultura y la historia propia y diferenciada, fueran menos importantes que el concepto de ciudadanía, tal y como ocurre en los países más avanzados de la Europa occidental. Es lo que Balfour y Quiroga califican como una especie de “segundo ciclo de secularización” en el que el paso de la religión al laicismo se ve sustituido por el paso de la nacionalidad a la ciudadanía. Este proceso secularizador se está llevando ya a cabo en la actualidad, en gran medida impulsado por la europeización y la globalización, aspectos éstos que, están socavando los viejos conceptos de soberanías nacionales, a lo cual habría igualmente que añadir el hecho de que la creciente movilidad geográfica y las corrientes migratorias están creando lo que los sociólogos denominan “nuevos niveles de identidad”.

    No obstante, la reivindicación de la legitimidad de las identidades duales, no se ha difundido tanto como debiera y, por ello, Borja de Riquer reprochaba a los historiadores, excepción hecha de casos como los de Josep Fontana o Julián Casanova, el que muchos de ellos “han hecho poco para avanzar hacia un nuevo concepto de ciudadanía democrática que parte de un conocimiento crítico del pasado y contemple la existencia de identidades diversas como algo normal y compatible”.

    Reivindicar el valor de las identidades duales, de las lealtades dobles, resulta ser un buen antídoto contra cualquier virus de exclusividad, enfrentamiento o rechazo de la diversidad que, con demasiada frecuencia incuban los nacionalismos de todo tipo y condición.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 octubre 2019)

 

 

EL ESPECTRO DEL REVISIONISMO HISTÓRICO

 

     Las recientes declaraciones del dirigente de Vox Javier Ortega Smith vejatorias contra la memoria de “Las 13 rosas”, llenas de perverso cinismo, son un ejemplo más de esa extrema derecha arrogante que agita con descaro el espectro del revisionismo histórico para ofrecernos una visión sesgada y falsa de nuestra historia.

    El revisionismo histórico, siempre vinculado a posiciones políticas de la ultraderecha, se inició en la Europa de posguerra y se caracteriza por una visión exculpatoria de la que supuso el nazismo, así como por minimizar la magnitud criminal del Holocausto, cuya misma existencia llega incluso a poner en cuestión: recordemos, por ejemplo, cuando hace unos años Jean Marie Le Pen aludió a las cámaras de gas como una “anécdota” de la II Guerra Mundial sin mayor importancia.  

     En el caso de España, el revisionismo histórico, como señalaba Jordi García Soler, se caracteriza por una abierta reivindicación del franquismo. De este modo, algunos historiadores, o mejor sería decir pseudohistoriadores, pretenden presentar al franquismo como un régimen autoritario, que no dictatorial, ocultando así el carácter fascista del mismo, un maquillaje intencionado de la dictadura mediante el cual ocultar los lados más negros, perversos y represivos del franquismo en la línea de los planteamientos expuestos en su día por el sociólogo Juan Linz. En este sentido, esta imagen “dulcificada” del régimen enlazaría con la idea de “apacible placidez” con la que se refería al franquismo Jaime Mayor Oreja, o la tan aireada “paz de Franco” de la que sienten nostalgia los sectores de la ultraderecha emergente de Vox o los contenidos de la página web de la Fundación Nacional Francisco Franco, tan contrarios a los valores democráticos y constitucionales.

     Otra de las ideas motrices del revisionismo militante y combativo es la de la visceral descalificación de lo que supuso la lucha antifranquista llevada a cabo desde posiciones políticas progresistas y de izquierdas. Y no sólo eso, sino que desde este revisionismo del que repetidamente han hecho gala, entre otros,  Pío Moa, César Vidal o Ricardo de la Cierva, pretende, además, cargar la responsabilidad de la Guerra de España de 1936-1939 no en quienes fueron sus inductores, los rebeldes golpistas, sino quienes fueron leales a la República, de ahí su empeño en considerar el inicio de la contienda en octubre de 1934, y no en el golpe militar de julio de 1936 auspiciado por militares felones contra la legalidad constitucional de la II República. Obviamente, el tema de la implacable represión franquista,  el régimen de terror instaurado por los rebeldes y que se prolongaría no sólo durante la guerra sino durante las cuatro largas décadas de la dictadura,  no figura en las páginas y en las prioridades de los revisionistas y, cuando lo hace, se alude a ella de forma tan hiriente como ofensiva: Ortega Smith declaró el 12 de abril pasado en Collado de Segura (Alicante) que los fusilamientos a que fueron sometidos los antifranquistas se realizaron “con amor”, mientras que el general retirado Manuel Fernández-Monzón se refirió a que el régimen condenó a muerte “a aquellos que se lo merecían”, minimizando tanto el volumen de las víctimas que  cuantificó “en no más de 3.000”,  Sin comentarios.

     En consecuencia, el revisionismo histórico hispano se basa no sólo en la aludida descalificación global del antifranquismo progresista y de izquierdas, sino, también en esa imagen dulcificada del franquismo, en una banalización de la dictadura de claro signo ideológico, a la vez que obvia cualquier crítica a los sectores políticos, económicos, culturales, religiosos o sociales que dieron apoyo a la dictadura o que, como mínimo, fueron muy complacientes con el régimen y del cual se beneficiaron.

     En este sentido, el resurgir de este revisionismo histórico en España es, en cierta medida, consecuencia de un grave error de nuestra democracia ya que, la tan excesivamente alabada y casi sacralizada Transición de la dictadura a la democracia, se basó en una amnistía política y en un ejercicio colectivo de desmemoria y amnesia ya que, pese a haber muerto el dictador, mucho de lo que política y sociológicamente supuso la larga dictadura franquista siguió latente, y lo sigue estando, en nuestra democracia y ello explica la arrogancia de este revisionismo filofranquista, el cual entraña, además,  un grave riesgo de intoxicación ideológica y de ahí el papel que estos temas están cobrando, tras la irrupción de Vox, en el tablero político español, o como está quedando patente por las campañas tendentes a impedir la exhumación del general Franco del Valle de los Caídos, toda una provocación para nuestra democracia y para el correcto cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

     Este es el panorama que pretenden presentar los revisionistas y sus entusiastas partidarios de la ultraderecha, aficionados últimamente al empleo de un lenguaje cada vez más bronco y ofensivo. Y es que este revisionismo histórico, demostrada su nula voluntad para plantear un enfoque crítico, honesto y veraz de la historia, nos ofrece a cambio una visión tendenciosa y sectaria de la misma, en la línea de lo que el historiador Alberto Reig Tapia calificaba, con acierto y de forma despectiva, como “historietografía”, un espectro perverso que, como demócratas, debemos siempre rechazar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 octubre 2019)