LA IDEA DE ESPAÑA EN EL NACIONALISMO CONSERVADOR

 

     El siempre complejo y espinoso tema del nacionalismo español, tan desacreditado por el perverso uso que del mismo hizo la dictadura franquista es también, ahora, una cuestión que genera una amplia polémica por el uso (y abuso) que de él hace una derecha cada vez más conservadora en lo político, retrógrada en lo social y recentralizadora en lo referente al modelo territorial autonómico vigente.

      Es cierto que, tras la muerte del general Franco y el inicio de la Transición, la derecha fue reformulando su concepto de España.  Eran unos momentos en los que la nueva derecha postfranquista quería reivindicar un nuevo nacionalismo español puesto que, como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), tenía una sensación de “pérdida de la identidad nacional”, como consecuencia al miedo al “super-Estado europeo”, esto es, a la integración en la actual Unión Europea, a un creciente temor a los efectos de la inmigración, así como al aumento de las “identidades alternativas en la periferia”, esto es, a los nacionalismos de Euskadi y Cataluña, de sobrada trayectoria democrática y antifranquista.

     Para mejor desvincularse del legado franquista, la derecha trató de construir una    nueva legitimidad histórica enraizada con los modelos conservadores y, de este modo, como indicaban los autores citados, dar “continuidad con el liberalismo español de finales del s. XIX y principios del XX”, reivindicando de forma especial la figura y el legado político de Antonio Cánovas del Castillo, político conservador que, pese a sus déficits democráticos (siempre se opuso a la implantación del sufragio universal, por ejemplo), ofrecía como modelo “un sistema bipartidista estable capaz de oponer resistencia a las demandas desintegradoras” de los nacionalismos subestatales a los cuales, por otra parte, se consideraba que se habían hecho excesivas concesiones desde la Transición, a pesar de que reiteradamente se buscó el apoyo parlamentario del PNV y de la antigua CiU en aquellos tiempos en los cuales el políglota José María Aznar hablaba catalán en la intimidad.

     La derecha democrática, en su obsesión por demostrar unas credenciales no manchadas por la huella del franquismo, reivindicó, también, el legado del Regeneracionismo, de Joaquín Costa,  Unamuno o de Ortega y Gasset, e incluso Aznar llegó a reivindicar la figura de Manuel Azaña  tanto en cuanto éste aspiró al establecimiento de una sociedad plenamente democrática, valorando el esfuerzo del que fuera Presidente de la Segunda República española, y del cual en este año se cumple el 80º aniversario de su fallecimiento en el exilio francés de Montauban, por fomentar “la cohesión nacional entre los españoles”. De este modo, Aznar no sólo intentaba emparentar a los conservadores con la idea de progreso, sino que indirectamente trataba de desligar al PP de sus vínculos con el franquismo.

     Tras el logro de la mayoría absoluta por el PP liderado por Aznar en las elecciones del año 2000, fue el momento que marcaría el inicio para la derecha de la recuperación del concepto de España como nación democrática, un concepto que consideraban que prácticamente había desaparecido como resultado de los esfuerzos combinados del franquismo, por un lado, y los nacionalismos periféricos, por otro. Así, en el Congreso del PP de 2002 se aprobó el documento titulado El Patriotismo constitucional del s. XXI, redactado por Josep Piqué y María San Gil, un catalán y una vasca con una visión más abierta del concepto de España, en el cual se rechazaba la tentación de los sectores españolistas más tradicionales del partido de reeditar el viejo nacionalismo español. De este modo, el documento citado ofrecía un nuevo concepto de España articulado en torno a la defensa de la Constitución de 1978, la libertad, la pluralidad y la responsabilidad cívica, acercándose de éste modo a los postulados defendidos por estas mismas fechas por el PSOE en la línea del patriotismo constitucional de Jürgen Habermas.

     Pese a ello, la posición del PP era en realidad un “patriotismo constitucional encubierto” que, en vez de girar al centro, pretendía frenar a los nacionalismos periféricos, sacralizar la Constitución de 1978 y defender una España unida frente a las crecientes demandas federales y confederales. Además, históricamente, el nacionalismo conservador siempre se ha reafirmado, históricamente, frente al “otro” extranjero, bien fuera éste “el moro”, “el francés” o “la Rusia soviética”, conceptos éstos que en democracia no son políticamente correctos...excepto para la extrema derecha, razón por la cual han sido en la actualidad retomados con pasión por la impetuosa irrupción de Vox, nítida imagen política de los peores vicios del nacionalismo reaccionario.

     En la actualidad asistimos a una fragmentación política del nacionalismo español conservador que hasta hace bien poco se cobijaba en su práctica totalidad en las filas del PP y que hoy lo hacen, también, en las posturas tan preocupantes como involucionistas de Vox o en la errática volatilidad ideológica de Ciudadanos, unos momentos en que el nacionalismo español, en su triple versión política, ofrece una imagen de retorno a su cerril centralismo tradicional y una intensificación de la hostilidad hacia los nacionalismos periféricos. Esta involución ha sido propiciada como consecuencia del conflicto catalán y se ha ido incrementando en estas últimas fechas por una derecha extrema que, sin ningún escrúpulo moral y con una actitud tan reprobable como obscena, se ha empeñado, prietas las filas e impasible el ademán, en combatir por todos los medios posibles al actual Gobierno de España, bombardeado de forma inmisericorde con insultos, descalificaciones y agrios debates parlamentarios, demostrando una vez más que la derecha ha priorizado su obsesión por recuperar el poder en vez de colaborar con patriotismo para superar todos unidos la crisis pandémica generada por el covid-19, de efectos tan devastadores en nuestra sociedad. Mal camino el emprendido por las derechas si con ello pretendían dignificar la idea de España, bien al contrario, el tema de consolidar un nacionalismo español de signo conservador, pero moderno y democrático, sigue siendo la asignatura pendiente de esta derecha que padecemos y que ha preferido optar por el tenebroso sendero que le conduce a una peligrosa involución.

    José Ramón Villanueva Herrero

    (publicado en: El Periódico de Aragón, 12 junio 2020)

PUTIN Y LA RUSIA ETERNA

 

     Cuando ya pensábamos que los líderes providenciales eran una especie política en vías de extinción, emergió desde las estepas rusas la figura de Vladimir Putin, el nuevo zar de todas las Rusias, poderoso, luchador, implacable con sus adversarios, sin demasiado apego a la democracia y vencedor de varias elecciones en el peculiar panorama político de la Federación Rusa.

     El 1 de enero de 2000 comenzaba el nuevo milenio con una estrella rutilante sobre la inmensa Rusia: Vladimir Putin, el hijo del cocinero de Stalin, el veterano espía de la KGB de la época soviética reconvertido en político, alcanzaba la presidencia de la Federación Rusa  con un doble objetivo: reactivar la economía tras la debacle de los años 90 en que, tras el desmoronamiento de la URSS, durante  la convulsa  transición a la  democracia en tiempos  de Boris Yeltsin, el PIB se redujo  en  un -50%, así como recuperar el prestigio internacional de Rusia, objetivos que en gran medida ha logrado con su política firme y autocrática.

   Tras 20 años de putinismo, en los cuales ha ocupado en tres ocasiones la presidencia del Gobierno y en otra la de Primer Ministro, su poder se ha ido acrecentando: en las últimas elecciones presidenciales celebradas el 18 de marzo de 2018 Putin obtuvo una victoria histórica al lograr el 76,6% de los sufragios, victoria ésta no exenta de denuncias de cientos de irregularidades. En la actualidad, tras la reciente reforma de la Constitución de la Federación Rusa, Putin, cuyo mandato como presidente concluye en 2024, podrá tener nuevas formas de perpetuar su influencia y poder, ya que exime al actual Jefe del Estado de la prohibición de presentarse a la reelección. A pesar de que el referéndum constitucional convocado para tal fin el próximo 22 de abril ha sido aplazado como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19, todo parece indicar que Putin tiene todas las bazas a su favor para perpetuarse en el poder hasta 2036, lo cual le convertiría, de facto, en presidente vitalicio, a pesar de que su índice de popularidad ha descendido por su cuestionable gestión a la hora de combatir el virus en la inmensa Federación Rusa.

    Durante estos años, el poder de Putin se ha ido acrecentado a costa de retirárselo a los gobernadores provinciales, a la Asamblea Legislativa (Duma), a los tribunales de justicia, al sector privado y a la prensa, en un proceso tendente a asentar lo que Putin define como “Estado vertical”. Tal es así que el sistema político ruso se articula en torno a un partido hegemónico, Nuestra Casa Rusia, y una serie de partidos de oposición, la mayoría de los cuales no son más que una pantalla para dar la impresión de que se compite, democráticamente, por el poder. De este modo, las elecciones se han convertido, como señalaba Madeleine Albraight en su libro Fascismo. Una advertencia, en “simples rituales para prolongar el tiempo en el poder de los candidatos privilegiados”, esto es, los que cuentan con el beneplácito del Kremlin. A ello hay que sumar que las cadenas de televisión son meros órganos de propaganda oficial y la escasa oposición interna, como ocurrió con Alekséi Navalny, es descalificada desde el putinismo acusándola de ser meras marionetas manejadas por poderes extranjeros que atentan contra la identidad y el alma de Rusia.

     Siendo cierto todo lo anterior, también lo es que el dirigente ruso ha conseguido no sólo restaurar el Estado centralizado, sino que ha tenido la habilidad de reconciliar las tradiciones de los dos imperios perdidos, el zarista y el soviético, todo ello con el apoyo decidido de la Iglesia Ortodoxa rusa, convertida en entusiasta aliada de Putin, el nuevo zar de todas las Rusias. Consecuentemente, se ha extendido la convicción mayoritaria de que Putin ha devuelto a Rusia el estatuto de gran potencia mundial al mismo tiempo que enarbola la bandera de defensor de los pueblos eslavos y reafirma el nacionalismo ruso tras la anexión de Crimea, así como con su apoyo a los rebeldes del Donetsk y juega fuerte en el tablero internacional confrontando con Occidente, utilizando las redes sociales como arma informática a través de las fake news con el triple objetivo de desacreditar a las democracias occidentales, dividir a Europa, debilitar la colaboración transatlántica euro-norteamericana y, también, atacar a los gobiernos contrarios a Moscú. A todo ello ay que sumar que el auge de la proyección internacional de la Rusia de Putin se evidencia en su participación destacada en conflictos bélicos como el que desangra a Siria en apoyo del dictador Bachar al Assad o el respaldo a la República Bolivariana de Venezuela, como freno a los afanes belicistas de los Estados Unidos sobre dicho país.

    No obstante, lo que ha quedado también patente durante los años en que Putin rige con mano de hierro los destinos de Rusia es la inexistencia de una oposición política sólida y capaz de ofrecer una alternativa a la autocracia instaurada por Putin, el cual fue definido por Madeleine Albraight como “bajo, cetrino y tan frío que parece un reptil”.

     Pese a la cuestionable manera de entender la política, en una gran parte del alma colectiva del pueblo ruso se ha encumbrado el mito de Putin, una sociedad no obstante en la cual el árbol de la democracia y la libertad nunca fue demasiado frondoso, pues de podarlo a conciencia ya se habían encargado en otros tiempos tanto la autocracia zarista como la dictadura soviética de corte estalinista. Y, sin embargo, el poder del dirigente ruso, que en el libro En primera persona se define a sí mismo como “el más puro y brillante ejemplo de una educación patriótica soviética”, parece querer entroncar con ambas tradiciones, la zarista y la de la antigua URSS, a través del mito de la “Rusia eterna”. Es por ello que, como señalaba Mira Milosevich-Juaristi, Putin se presenta a sí mismo como “el salvador” de su pueblo en un doble sentido: en primer lugar, como el restaurador del Estado centralizado ruso que se desmoronó tras la desintegración de la Unión Soviética (1991) y, en segundo lugar, y no por ello menos importante, mediante su hábil alianza de intereses con la Iglesia Ortodoxa. De este modo, la política autocrática de Putin pretende según la citada politóloga Mira Milosevich-Juaristi, “reconciliar dos legados”: la condición de gran potencia de la antigua URSS y la tradición imperial ortodoxa del zarismo y, así retomar en beneficio propio el mito de la Rusia Eterna, de aquella que en tiempos de adversidad fue salvada por grandes líderes providenciales, condición que él mismo se atribuye y que la propaganda oficial se encarga de divulgar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 mayo 2020)

 

MAUTHAUSEN EN LA MEMORIA, SIEMPRE

 

     En estas fechas se conmemora el 75º aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis y, por ello, es un momento oportuno para recordar (y reparar) la memoria de los republicanos españoles que allí fueron deportados y muchos de ellos, asesinados.

   Derrotada la España leal a la República en 1939, miles de republicanos se refugiaron en Francia, pero un año después cayeron en manos de las tropas hitlerianas cuando estas ocuparon dicho país en mayo de 1940. Los prisioneros republicanos españoles quedaron a la espera de que el gobierno de Franco indicase a sus amigos nazis qué se debía de hacer con ellos. El dictador decidió abandonar a su suerte a estos compatriotas nuestros y, desposeyéndolos de la nacionalidad española, quedaron convertidos en apátridas. Su dramático destino quedó sellado en la entrevista de Ramón Serrano Suñer  con Hitler del 25 de septiembre de 1940 en Berlín. En ella, el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, acordó la entrega de los republicanos españoles a la Gestapo para ser deportados a los campos de concentración donde debían realizar trabajos forzados hasta el límite de sus fuerzas. Mariano Constante recordaba la indignación que produjo entre los presos republicanos este hecho puesto que “hemos descubierto que Franco les dijo [a los nazis] que no quería que ningún español saliera vivo y también quería que nos explotaran trabajando”. De la connivencia de las autoridades franquistas a la hora de consumar la tragedia, se ofrecen testimonios reveladores en el excelente documental “El convoy de los 927” de Montse Armengou.

   Posteriormente, los republicanos españoles, los llamados “rot-spanien” (rojos españoles) fueron deportados al campo de Mauthausen (Austria). Allí fue a parar el grueso de los más de 10.000 deportados, esto es, unos 7.000 compatriotas, de los cuales, 1.015 eran originarios de Aragón, como recordaba el historiador Juan Manuel Calvo Gascón. Otros grupos de “rot-spanien” fueron enviados a otros campos de de triste recuerdo: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Ravensbruck o el castillo de Hartheim, en donde fueron objeto de macabros experimentos y operaciones. En todos estos lugares, convertidos en auténticos infiernos de inhumanidad y violencia extrema, hallaron la muerte varios miles de republicanos españoles.

    El campo de concentración de Mauthausen se creó el 8 de agosto de 1938 y funcionó hasta el 5 de mayo de 1945 en que fue liberado por las tropas norteamericanas. Durante estos años, se estima que en Mauthausen y en su campo auxiliar de Güsen, fueron asesinadas o murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas y los trabajos forzados en torno a 150.000 personas. Por las mismas fechas en que nuestros compatriotas morían de agotamiento y enfermedades en la cantera de Mauthausen o con inyecciones de bencina en Güsen, el general Franco mantenía su delirio filonazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14 de febrero de 1942, afirmaba que, “si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían” para defender la capital del Reich. Sobran los comentarios.

   Durante décadas, un puñado de supervivientes españoles recordaba tanta barbarie reuniéndose cada año en Mauthausen bajo el digno tremolar de la bandera republicana, siendo especialmente destacable la labor desarrollada por la Asociación Amical Mauthausen para recuperar la memoria de esta trágica página de nuestra historia colectiva. Poco a poco, se han ido realizando en toda España homenajes y reconocimientos oficiales para recuperar la memoria y la dignificación de nuestros compatriotas republicanos deportados. Citemos, en el caso de Aragón, cómo, ya en el año 2002 el Gobierno de Aragón concedió a Mariano Constante la Medalla de Oro a los Valores Humanos, la cual se hacía extensiva “a los aragoneses que fueron víctimas de los campos de exterminio nazis”. Igualmente, algunos ayuntamientos, como es el caso de Calanda, Alcorisa, Fraga, Monzón o Sabiñánigo, entre otros, han recuperado la memoria de sus paisanos muertos en el holocausto nazi. Por su parte, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, en su artículo 6, reconoce la condición de víctimas a quienes “padecieron confinamiento, torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de concentración y exterminio europeos o bajo dominación fascista”, a la vez que contempla la necesidad de realizar homenajes en dichos campos (Disposición adicional séptima).

    Lamentablemente, este año, como consecuencia de la pandemia que padecemos, no habrá conmemoraciones institucionales de recuerdo en dicho campo, ni tampoco podrá realizarse el viaje de escolares aragoneses, organizado por Amical Mauthausen y el Gobierno de Aragón con motivo de los actos que iban a tener lugar entre el 8-10 de mayo en memoria de la liberación de Mauthausen. Sin embargo, en estos días recordamos, con especial emoción, la lección moral que su recuerdo supone: la reafirmación cívica en nuestros valores y la importancia de mantener viva la memoria democrática para convertirla en una lección moral. Estas reflexiones nos previenen ante cualquier rebrote de xenofobia racista o de fascismo que se pudieran incubar, como el huevo de la serpiente, en nuestra sociedad actual. Y es que la memoria histórica es, siempre, una memoria necesaria y será, siempre, un imperativo moral.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 mayo 2020)

 

 

LA REVOLUCIÓN PORTUGUESA DEL 25 DE ABRIL DE 1974

 

     En estas fechas se recuerda  la revolución portuguesa del 25 de abril de 1974, la también llamada “Revolución de los Claveles”, aquel estallido de una primavera de libertad y esperanza democrática en nuestro país hermano,  evocamos ahora los acontecimientos que durante aquellos días históricos tuvieron lugar en Portugal, en unos momentos que coincidían, además, con el  tramo final, y también biológico, de la dictadura franquista en España y del general superlativo que la encarnó durante cuatro décadas. Pero para que la primavera llegara, hubo primero que acabar con la dictadura que atenazaba a Portugal desde hacía ya casi medio siglo.

 

EL PORTUGAL SALAZARISTA

 

     Derrocada la monarquía portuguesa en 1910, y tras unos años de agitación política y crisis económica, en 1926 se hizo con el poder el general António Óscar de Fragoso Carmona el cual instauró una dictadura “de base nacional y fuerte”, el llamado “Estado Novo”, del cual será elegido su presidente en 1928. En este mismo año, el general Carmona nombró ministro de Hacienda a António de Oliveira Salazar (1889-1970), un oscuro profesor de Derecho y Economía, cuya trayectoria política marcará la historia de Portugal durante buena parte del s. XX.

     Por aquel entonces, eran los años del ascenso de los movimientos totalitarios en Europa y, Salazar, que en 1932 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, influido por el modelo del fascismo corporativo, estableció en Portugal su propia versión del mismo, y así, la nueva Constitución de 1933, configuraba el Estado Novo, el modelo de fascismo portugués, mediante la cual se reforzaba el poder ejecutivo;  se creaba una Cámara Corporativa, en sustitución de la Asamblea Nacional; se articulaba un sindicalismo vertical estructurado en corporaciones; se disolvían todos los partidos políticos, excepción hecha de la Unión Nacional (UN), el partido único del régimen, a la vez que se restringían todos los derechos y libertades. Surgía así la dictadura salazarista, la de más larga duración de las surgidas en la Europa de entreguerras, la cual se prolongaría hasta la Revolución del 25 de abril de 1974.

    El ideario del Estado Novo lo sintetizó Salazar en su libro Una revolución para la paz (1937), en el que se perfilaba el Estado corporativo fascista portugués, el cual alguien lo definió como “un fascismo gris y chato, sin primavera ni canción”, un régimen que se decía, tenía como señas de identidad “las tres efes”: fado, fútbol y Fátima.

    La dictadura salazarista contaba con un importante aparato represivo y, en este sentido, hay que mencionar a la siniestra Policía Internacional para la Defensa del Estado (PIDE), la cual, articulada por el agente de la Gestapo nazi Kramer en 1941, estaba formada por 22.800 miembros adscritos, entre inspectores, subinspectores, jefes de brigada, agentes funcionarios e informantes. Por ello, en tiempos de la dictadura salazarista se solía decir que “ni las hojas se mueven sin que lo sepa la PIDE”, dado que ésta se hallaba infiltrada en todos los sectores y grupos de la sociedad portuguesa: desde las fuerzas armadas, hasta los sindicatos corporativos, pasando por la Iglesia y hasta en el Partido Comunista. Además, el régimen contaba con diversas fuerzas paramilitares tales como la Legión Portuguesa, la Brigada Naval, la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Guardia Nacional Republicana (GNR). A todo ello habría que añadir la existencia de una férrea censura de prensa, tarea ésta encomendada a la llamada Comisión de Examen Previo.

    La lánguida y autárquica dictadura portuguesa se prolongó tras retirada del poder de Salazar por motivos de salud en 1968, siendo continuada en la figura de Marcelo Caetano. No obstante, por entonces, estaba claro, como señalaba Vicente Talón en su libro Portugal, ¿golpe o revolución? (1974) que “el régimen es un gran parásito instalado sobre el país, al que consume. Un parásito sordo, ciego y voraz al que no queda más solución que eliminar”.

    A esta situación se había llegado no sólo por la absoluta carencia de libertades públicas propia de una dictadura, sino también por una desastrosa situación económica. Así, a la altura de 1973, Portugal soportaba una inflación superior al 20%, los ingresos per cápita eran los más bajos de la OCDE y la sangría migratoria había supuesto la pérdida del 30% de su población activa y, por ello, en 1974, tan sólo en Francia, se contabilizaban casi 500.000 portugueses viviendo en los barrios obreros de las ciudades galas.

    A todo ello hay que sumar la agudización de las guerras por la independencia de las colonias portuguesas de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, iniciadas en 1961, que hicieron que la dictadura destinase el 40% del presupuesto estatal a gastos militares para así hacer frente a estos conflictos y mantener un ejército de 220.000 efectivos, de los cuales 147.000 estaban destinados en ultramar. Hay que tener igualmente presente que la dictadura estableció para los jóvenes portugueses un servicio militar obligatorio de 4 años, de los cuales 2 eran en destinos de la metrópoli y los 2 restantes, en las colonias. Esta situación explicaría el profundo rechazo existente en las fuerzas armadas portuguesas hacia el régimen y, consecuentemente, el que éstas fueran el detonante de la Revolución del 25 de Abril de 1974 que puso fin a medio siglo de dictadura salazar-caetanista y que, en palabras de Miller Guerra supuso “el fin de la dictadura conservadora más antigua del mundo, el fin del último de los imperios coloniales y el fin del aislamiento de Portugal”, de aquella autarquía, de aquel falso orgullo patrio del cual se vanagloriaba Salazar con su lema de “Orgullosamente solos”.

 

EL GOLPE DEL 25 DE ABRIL

 

   Eran las 0:30 horas del 25 de abril cuando en Radio Renascença sonaron las célebres estrofas cantadas por José Afonso: “Grándola, vila morena / Terra da fraternidade / O povo é quem mais ordena / Dentro de ti, ó cidade”. Se desencadenaba a partir de ese momento un amplio movimiento militar, muy bien coordinado por el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), sobre todo en Lisboa, que se apodera de los puntos neurálgicos de la capital. A su vez, el MFA emite un comunicado por medio de la emisora Rádio Clube Português con un texto histórico: “Se informa al país que las Fuerzas Armadas han desencadenado en la madrugada de hoy una serie de acciones con vistas a la liberación del país del Régimen que desde hace ya largo tiempo lo domina”.

    La resistencia encontrada fue mínima, tan sólo se produjeron unos tiroteos en torno a la sede de la Dirección General de Seguridad y de la PIDE que produjeron 4 muertos y medio centenar de heridos. También hubo leves incidentes frente a los reductos salazaristas del diario Época, de la sede de la Legión Portuguesa y de las oficinas de la Comisión de Examen Previo, encargada de la censura. No obstante, quedó patente el civismo de los portugueses dado que no hubo ajustes de cuentas, ni paseos, ni violencias contra los salazaristas, los cuales, una vez identificados, fueron entregados a las tropas afines al MFA.

    Finalmente, a las 17:45 de aquel histórico día se produce la rendición del Primer Ministro Marcelo Caetano, y poco después lo harían el Presidente de la República, el almirante Americo Thomas, que se hallaba junto algunos exministros salazaristas refugiados en cuarteles que estaban cercados por las tropas del MFA.

 

LA REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES

 

    Mientras todos estos hechos sucedían, quedará para la historia la imagen de los ciudadanos portugueses colocando claveles en las bocas de los fusiles de los soldados del MFA que los han liberado de la dictadura, la “Revolución de los claveles” había triunfado.

    El 26 de abril, se constituye la Junta de Salvación Nacional (JSN), como máximo estamento del MFA cuando los sublevados ya habían asumido el control de todo el país, la cual se fijó como objetivos: garantizar la libertad de expresión y de pensamiento, el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente y la devolución del poder a las instituciones democráticas surgidas de la Revolución de los Claveles. Además, la JSN, presidida por el general Antonio Spínola, que tiene el poder de facto, impulsó la formación de un Gobierno Provisional en el que, bajo la presidencia del profesor Palma Carlos, formarán parte políticos retornados del exilio como el socialista Mario Soares o el comunista Alvaro Cunhal, junto al liberal Sá Carneiro, todos los cuales desempeñarían posteriormente un importante papel en la nueva etapa que se abría para el Portugal democrático. Además, la JSN cedió a los partidos democráticos las sedes de antiguos edificios del régimen, hasta entonces ocupados por la Legión Portuguesa, la Acción Nacional Popular, el partido único del régimen, continuador de la Unión Nacional salazarista o de Mocidade Portuguesa.

    El mismo 26 de abril, además de la liberación de todos los presos políticos, una gran manifestación, una enorme explosión de alegría democrática inundaba la Plaça del Rossío. Como dijo Mario Soares, las fuerzas armadas “han restituido la voz y la alegría al pueblo portugués” y “su gloria consiste en haberle devuelto la libertad al pueblo y acto seguido haberse quitado de en medio”, esto es, haber devuelto el poder a las nuevas instituciones democráticas.

   Entre las primeras medidas adoptadas tuvo una especial significación el desmantelamiento el 28 de abril del aparato represor de la dictadura, de la PIDE, la Dirección General de Seguridad y demás fuerzas paramilitares. Al día siguiente, la escoba revolucionaria seguía barriendo por doquier el solar de Portugal: se destituye a todos los rectores universitarios afines al salazarismo, así como a los responsables de hospitales, organismos excorporativos y profesionales de la Emisora Nacional, todos ellos afectos a la dictadura; se suprime la censura, se ordena la disolución de Acción Nacional Popular  (ANP), nuevo nombre de la UN, el partido único de la dictadura, y se exonera de sus cargos al Presidente de la República (Americo Thomas), al Presidente del Consejo de Ministros (Marcelo Caetano), así como a los gobernadores civiles y a los gobernadores generales de las colonias de ultramar. Finalmente, el 30 de abril un Decreto retira del mando a los principales jefes militares salazaristas, entre ellos, 5 almirantes, 12 generales del Ejército y 5 de la Fuerza Aérea. Por el contrario, se reintegran en sus funciones todos aquellos portugueses que habían sido separados de sus cargos por razones políticas.

    A todo ello, hay que añadir que, desde diversas fuentes se reclamó la dimisión de todos los obispos portugueses por su connivencia con la dictadura caída. De este modo, un Manifiesto hecho público en estas fechas denunciaba que el episcopado luso, “lejos de hacerse eco de las injusticias sociales, de los abusos de poder y del horror de la guerra colonial, apoyaron al Salazar-caetanismo por medio de declaraciones públicas, de homilías y de pastorales”.

    Finalmente, el 1º de Mayo tuvo lugar un gran acto político y sindical en el Estadio Lisboeta. Con tan emblemática fecha en la historia del movimiento obrero, se cerraba la semana más transcendente de la historia del Portugal moderno, la semana que puso fin a una dictadura que no sólo había arrebatado a nuestro pueblo hermano la libertad, sino, también, el pan y la sonrisa. A partir de aquel momento, el Portugal democrático acometió de forma gradual los tres enormes retos que se le planteaban en el horizonte, las “tres D”, como eran conocidos: la Democracia, la Descolonización y el Desarrollo. Consolidada la democracia, tras las elecciones de 1975 y la aprobación de una nueva Constitución (1976), se logró un proceso de descolonización que desembocó en la independencia de las antiguas colonias de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique, así como de las islas de Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, el desarrollo económico y social recibió un fuerte impulso tras la entrada de Portugal en la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE) en el año 1985.

    Desde España la revolución portuguesa fue seguida con especial atención. Para el régimen franquista fue un tema inquietante que dinamitaba el caduco Pacto Ibérico firmado en 1942 entre ambas dictaduras por lo que el ministro Laureano López Rodó manifestó su temor de que la Revolución del 25 de abril derivase hacia “una situación frentepopulista o incluso marxista”, y por su parte, el general Franco, con una salud ya tan decrépita como su régimen, llegó no obstante a plantear la posibilidad de invadir Portugal. En cambio, para la oposición antifranquista española lo ocurrido en nuestro país hermano fue todo un rayo de esperanza.  De este modo, Enrique Tierno Galván ensalzó el papel desempeñado por el Movimiento de las Fuerzas Armadas portugués que, a diferencia de lo que ocurría en España donde el Ejército seguía siendo un firme puntal de la dictadura, en Portugal fue quien abrió el camino a la libertad y a la democracia, dignificado por el hecho de “haber devuelto el poder político a quien realmente los debe tener, es decir, al pueblo”.

   Si el poeta Luis de Camoens decía que “Portugal ha dado mundos al mundo”, lo cierto es que la Revolución del 25 de abril de 1974 dio al mundo un ejemplo de dignidad y democracia ya que, juntos, las fuerzas armadas y el pueblo al que se deben, acabaron con la dictadura Salazar-caetanista, la más larga y anacrónica del continente europeo. Por eso hoy, aniversario de la Revolución del 25 de abril, la Revolución de los Claveles, merece nuestro recuerdo y homenaje.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 25 abril 2020)

 

LA GOBERNANZA NECESARIA

 

     La actual situación de pandemia global está propiciando profundos cambios en muchos aspectos de nuestra vida, valores y modelo social cuya magnitud se intuye, aunque todavía no sabemos a dónde nos va a conducir. En un reciente y brillante artículo de Cristina Monge titulado “Algunas encrucijadas que definirán la sociedad postcoronavirus”, tras reconocer que ya nada será como antes, planteaba que nos hallamos ante dos serios desafíos, el científico-sanitario, obvio, pero también el de las ideas, el cuestionamiento de nuestro modelo económico y social que nos ha abocado a la actual situación.

     Vivimos unos tiempos en que los Estados nacionales han sido desplazados por los grandes poderes económicos como actores determinantes de la política internacional. En esta intrincada selva en la que domina el neoliberalismo, en la que, como decía Zygmunt Bauman, esos conglomerados empresariales, de localización incierta, pero de actuación global y sin fronteras, escapan a cualquier control político y se sienten impunes dado que no deben dar cuenta de sus actuaciones ante ningún electorado, algo esto último, que resulta esencial en cualquier sociedad democrática. Al estar fuera de control, desbocados, voraces e insaciables, los grandes poderes económicos imponen sus reglas con arreglo a sus intereses, mueven los hilos de la deslocalización con el mismo descaro con que, por su afán de lucro desmedido, condicionan las decisiones de los Estados y gobiernos legítimos. Y es que, como señalaba Daniel Innerarity en su libro Política para perplejos (2018), los cambios producidos en el mundo contemporáneo afectan a la política de forma radical y todo parece indicar que se trata de cambios “irreversibles”, que no responden a una moda pasajera, sino que son estructurales, entre ellos, la globalización de la economía y la configuración de la sociedad del conocimiento.

     Se habla con frecuencia de “la crisis de la política” la cual, como apunta Innerarity, respondería a problemas tales como que la política “no hace aquello para lo que estaba prevista”; la existencia de una falta de adecuación ante problemas nuevos como es el caso de los efectos negativos de la globalización.  Es por todo ello que resulta imprescindible buscar un dique de contención, un modelo alternativo que pueda ejercer unas funciones similares al desbordado Estado-nación en una dimensión global, máxime en las circunstancias actuales en las cuales la pandemia producida por el Covid-19 ha demostrado lo anacrónicas que resultan las viejas fronteras nacionales. La triste realidad de los hechos nos ha puesto de manifiesto que, en nuestro mundo globalizado, las instituciones supranacionales han sido incapaces de actuar de forma coordinada, y que en el caso de la Unión Europea, las resistencias de algunos gobiernos están minando el ideal europeísta en aras a un nostálgico anhelo de volver a encerrarse tras las viejas fronteras nacionales. Y, sin embargo, ahora es cuando más necesario resulta el reivindicar el concepto de una “globalización inteligente” como decía Cristina Monge, de una “gobernanza global”.

     El concepto de “gobernanza” surge ante la necesidad de oponer una alternativa frente a la idea neoliberal de un modelo de Estado reducido a su mínima expresión, que ha desmantelado el sector público, y sin embargo tan necesario y vital como los hechos recientes han demostrado, una gobernanza que sea capaz de fijar los parámetros democráticos y de planificación económica que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Esa es la razón de ser actual de los conceptos de gobernanza, así como los de “Estado activador” y de “sociedad civil” como respuesta y contrapeso a la creciente desestabilización neoliberal.

     El nuevo concepto de “gobernanza” tiene tres ámbitos diferenciados. En primer lugar, desde una perspectiva política, hace referencia a las nuevas formas de gobernar tanto dentro como por encima de las limitadas fronteras del Estado-nación y ello supone, en palabras de Innerarity, “una transformación de la estabilidad en las democracias que se ve obligada a transitar desde las formas jerárquicas y soberanas hacia modalidades más cooperativas”. Desde el ámbito económico, la gobernanza plantea la necesidad de regulación de los mercados internacionales y, tras el postcoronavirus, con una economía en estado de shock, que exigirá una reestructuración de las políticas económicas y fiscales a nivel global, reclama la salvaguardia de lo público y de las políticas de protección social. En esta línea, como señalaba Joseph Stiglitz, “en un mundo en el que la política se confía a las representaciones cuantitativas, la lucha por el modo de medir se ha convertido ya en una tarea genuinamente democrática” y, por ello, planteaba, a la hora de calcular el PIB de las naciones, el incluir temas tales como las desigualdades sociales o las cuestiones medioambientales. Y, finalmente, desde un ámbito jurídico, la gobernanza ofrece una nueva perspectiva en cuestiones que van desde la reforma de las Administraciones públicas a la función del Derecho en un mundo globalizado.

    A modo de síntesis, el concepto de gobernanza, en sentido amplio, hace referencia, retomando las palabras de Innnerarity, a todo “un profundo cambio en la acción social y en las formas de gobierno de las sociedades contemporáneas, que deben resituarse en medio de un ámbito, no exento de tensiones, configurado por el Estado, el mercado y la sociedad, en un contexto marcado por la globalización y la interdependencia”. Por todo lo dicho, el concepto (y la necesidad práctica) de la gobernanza democrática supone hoy en día la posibilidad de salvar el poder político de la devastación económica y social generada por las políticas neoliberales y, al mismo tiempo, y no por ello menos importante, de transformar profundamente la sociedad para que el ciudadano, y no el negocio económico, vuelva a ser el eje de toda acción política digna de tal nombre. Por todo ello, ante la necesidad de encarar de forma global la devastadora pandemia que nos atenaza, con sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales que de ella se derivan, resulta preciso impulsar, cada vez más, el ideal de una gobernanza global regida por valores democráticos, de justicia social y de solidaridad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 6 abril 2020)

 

 

 

 

 

LAS FOSAS DE LOS VENCIDOS, LAS FOSAS DE LOS VENCEDORES

 

     El pasado día 3 de marzo tuvieron lugar en Calatayud los actos del Día de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como se contempla en la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón. Especialmente emotivo resultó el homenaje a las víctimas asesinadas por el franquismo en el Barranco de La Bartolina, en aquel árido paraje, regado con tanta sangre inocente, recuerdo permanente del dolor y de trágica memoria para muchas familias de la comarca de Calatayud.

     Evocando estos sucesos, rasga el alma el comprobar, en los taludes del barranco, las señales, todavía visibles, dejadas por las palas excavadoras que, en el año 1999, destrozaron la fosa existente al trasladar los restos de los cuatro centenares de víctimas allí asesinadas al cercano vertedero de basuras, hoy sellado, algo que desgarra nuestra conciencia por la forma tan infame y humillante con que se pretendió ocultar los crímenes allí cometidos.

     Contemplando lo que fue la fosa del Barranco de La Bartolina es inevitable pensar en el doloroso contraste existente entre el tratamiento dado por el régimen franquista a la memoria y a las fosas de los fallecidos en las filas rebeldes durante la Guerra de España de 1936-1939 y el absoluto olvido y desprecio para con las de sus adversarios, de los españoles que defendieron y fueron leales al gobierno legítimo de la Segunda República, los cuales, fueron olvidados, despreciados, humillados y destruidos, al igual que sus fosas, tal y como ocurrió en Calatayud, también en período democrático, por la insensibilidad de cierta corporación local. Y es que el franquismo no sólo perpetuó durante toda su existencia la división social entre “vencedores” y “vencidos” que sobrevivieron a la contienda con las consecuencias que son de todos conocidas, sino que esta división, tan brutal como injusta, también se hizo extensiva a la condición y el trato que recibieron los muertos, las fosas comunes, bien fueran de “sus caídos” o bien fueran de las que siempre, de forma despectiva, se calificaban como “de los rojos”.

    Frente a este olvido y desprecio, del cual es ejemplo patente el Barranco de La Bartolina, contrastan lo que sucedió con “las otras fosas”, las de los caídos en combate en el bando sublevado, así como las de los asesinados en zona republicana, pues todas ellas fueron objeto de una intensa atención conmemorativa por parte del franquismo desde el primer momento. Y es que, el culto a los “caídos” fue siempre un elemento simbólico esencial para el régimen franquista. Así lo hacía constar el juez Baltasar Garzón en las Diligencias previas al procedimiento abreviado 399/2006 V, de 16 de octubre de 2008 al señalar que, “un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos  y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y recuperación de las víctimas caídas en la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto a los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado”. Y así fue, pues una vez terminada la guerra, mientras la España de los vencedores, la España franquista, se lanzó a lo que se ha dado en llamar una “perpetua orgía necrofílica”, lo cual se explica por el incesante movimiento de colocación de lápidas y monumentos funerarios, cambios de denominación de las vías públicas para mantener siempre presente el recuerdo “a los caídos”, a los combatientes franquistas y a sus gestas, mientras que la otra media España, la España de los vencidos, fue obligada a callar negándole,  incluso, que pudiera expresar su duelo por tanto dolor y muerte arrastrados en silencio.

    Y en este contexto, es donde hay que situar el tratamiento especial que dio el franquismo a “sus fosas”, a la vez que ignoraba totalmente la existencia de las fosas con víctimas republicanas. Es por ello que resulta muy esclarecedora la lectura atenta de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de abril de 1940, firmada por Ramón Serrano Suñer, en la que se dispone “que por los Ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista” (BOE del 5 de abril). En dicha Orden, y a diferencia de lo sucedido con las fosas de víctimas republicanas, se puede leer la total prioridad que se concede a las fosas de los “caídos” del bando rebelde, las cuales llegan a recibir la consideración de “tierra sagrada” al señalarse que, “el homenaje debido a nuestros mártires exige que, hasta tanto puedan ser recogidos dichos restos en el Panteón de los Caídos [entiéndase, en la obra del Valle de los Caídos cuya construcción se acababa de iniciar] se adopten con carácter provisional las medidas que aseguren el respeto de los expresados lugares, convirtiéndolos en tierra sagrada, bajo el cuidado de los Ayuntamientos”.

    Quedaba clara la voluntad de las autoridades franquistas por proteger y respetar aquellos lugares en donde existieran fosas con víctimas del bando rebelde hasta el momento en que fueran exhumados los restos de “sus caídos”, todo lo contrario, al abandono y desprecio en que quedaron sumidas aquellas otras fosas con víctimas del bando leal a la República. En consecuencia, según dicha Orden, los Ayuntamientos debían de “acotar y cerrar esos lugares en el fin de evitar posibles profanaciones, y que reúnan las precisas garantías de seguridad aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de personas asesinadas por los rojos, que no han sido identificadas o reclamadas por sus familiares” (art. 1º). Además de esta protección por parte de las autoridades municipales para con estas fosas, la referida Orden solicitaba de las autoridades eclesiásticas la concesión, al lugar acotado donde éstas se hallaban ubicadas, del carácter de “tierra sagrada”, en la misma forma que si se tratase de un cementerio municipal (art. 2º). Por otra parte, en aquellos casos en que el número de cadáveres fuera reducido, la Orden de 4 de abril de 1940 mandaba a los Ayuntamientos su traslado a una parcela designada para este exclusivo efecto en el respectivo Cementerio Municipal, haciéndose constar dicho traslado (art. 3º). Para todas estas labores de exhumación, se permitía igualmente el acceso a los terrenos de las fosas, sin que los propietarios de los terrenos tuviesen ningún derecho a indemnización o reclamación (art. 4º), a la vez que se instaba a los Ayuntamientos a que diesen cuenta a los Gobernadores civiles “en el término de ocho días, de haber iniciado las obras” a las que se refería la presente Orden (art. 5º).

     Como conclusión de todo ello se deduce que los restos de los llamados “mártires de la Cruzada” estuvieron en todo momento localizados por las autoridades locales, provinciales y nacionales para su posterior exhumación, tanto si eran reclamados por sus familiares, o bien para un futuro traslado de estos restos al panteón del Valle de los Caídos, tal y como ocurrió en este último caso en los años previos a 1959, fecha en la que el general Franco, con motivo del 20º aniversario de “la Victoria”, inauguró el faraónico panteón sito en Cuelgamuros y que, a fecha de hoy, sigue siendo una ofensa permanente a la memoria de los vencidos.

    Tras la exhumación, todo fueron facilidades para las familias de los combatientes fallecidos que apoyaron el golpe militar y, de este modo, la Ley de 16 de marzo de 1939, firmada por Franco, en cuyo artículo único  facultaba a los Ayuntamientos “para dispensar o reducir las exacciones municipales  que gravan las inhumaciones, exhumaciones o traslado de cadáveres víctimas de la barbarie roja o muerta en el frente” (sic), cuyos enterramientos se hubieran realizado “en lugares inadecuados”, lo cual suponía para sus familias exenciones del arbitrio de pompas fúnebres y de las tarifas y ordenanzas de los cementerios municipales.

    Igualmente, algunos de los “mártires de la Cruzada” podían ser inhumados en edificios religiosos, tal y como ya se recogía en la Orden de 31 de octubre de 1938 sobre enterramientos templos y criptas (BOE de 3 de noviembre). Para ello, sólo se requería dirigir una petición de inhumación al Ministerio de la Gobernación justificando documentalmente haber cumplido las prescripciones sanitarias vigentes, así como haber hecho previamente un donativo económico a las autoridades eclesiásticas “para que se invirtieran en la reconstrucción de los templos devastados”. De este modo, se lograba un enterramiento digno para quienes eran considerados “buenos cristianos y españoles”, mientras que la caridad cristiana ignoraba, una vez más, los terrenos en donde yacían los restos miles de republicanos asesinados.

     Pasaron muchos años, interminables décadas de silencio y dolor sobre las fosas de los vencidos, pero, recuperada la democracia, la justicia reparadora va abriéndose camino, de forma lenta, pero firme. Así, junto a la incesante y meritoria labor de las asociaciones memorialistas, en la Ley 52/2007, conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, las fosas de víctimas republicanas fueron reconocidas como “de utilidad pública” (arts. 11 al 14). A partir de entonces, diversas asociaciones e instituciones realizaron labores de exhumación de las fosas republicanas dado que, según datos oficiales, a la altura del 2011, se tenía constancia de la existencia en España de, al menos, 1.203 fosas comunes con víctimas del franquismo. Igualmente, diversas comunidades autónomas legislaron sus propias normas en este ámbito de elemental justicia democrática y, de este modo, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, es un claro ejemplo y compromiso de ello.

   Todas estas reflexiones me producen el recuerdo del emotivo homenaje que tuvo lugar el pasado día 3 de marzo en el Barranco de La Bartolina, un lugar que, por razones de dignidad y de justicia reparadora, con arreglo a la citada Ley 14/2018, merece su consideración como Lugar de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como en su caso propuso ARICO y es voluntad del Gobierno de Aragón.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 15 marzo 2020)

 

 

AQUEL 25 DE FEBRERO

 

      La ciudad de Amsterdam siempre ha sido un ejemplo de libertad y tolerancia. Es por ello que, cuando en 1579 las entonces llamadas Provincias Unidas de los Países Bajos, esto es, la actual Holanda, lograron la independencia del dominio español, frente a la intolerancia religiosa imperante en tantos lugares, al quedar liberados del asfixiante dominio de la Inquisición, la nueva nación neerlandesa declaró que nadie sería allí perseguido por sus creencias religiosas.  Es por ello que allí encontraron refugio desde finales del s. XVI numerosos judíos sefardíes procedentes de España y de Portugal, comunidad cuyos fundadores fueron Jacob Israel Belmonte, Samuel Pallache o Jacob Tirado, contando entre sus miembros a prestigiosos médicos como David Nieto o Josef Bueno, así como con filósofos de la talla de Baruc Spinoza. Más tarde, durante la segunda mitad del s. XVII llegaron a Amsterdam grupos de judíos askenazíes huyendo de las persecuciones de que eran objeto en Polonia, Lituania y Ucrania. Tal es así que, como señalaba el historiador Cecil Roth, Amsterdam, la Venecia del Norte, pasó a ser conocida, también como “la Jerusalem holandesa” y, por ello, fue muy importante para la ciudad la aportación económica judía, la cual que favoreció la expansión comercial del imperio holandés, así como su desarrollo cultural. Por todo ello, aludían a Amsterdam como “mokum”, que en lengua yiddish quiere decir “lugar seguro”, una ciudad donde fueron acogidos, se integraron plenamente y prosperaron durante varios siglos.

      Pero todo cambió con el auge del totalitarismo nazi. Durante la II Guerra Mundial, el 10 de mayo de 1940 las tropas hitlerianas invadieron Holanda y, tras el brutal bombardeo de Rotterdam, el país capituló ante Alemania, que quedó sometido bajo las fuerzas de ocupación y la autoridad del Reichskommissar Arthur Seyss-Inquiart. Durante esta negra etapa de la historia, Holanda y, por supuesto, dejó de ser mokum, el lugar seguro para los 140.000 judíos residentes en el país. Bien pronto, en junio de 1940, los nazis empezaron a aplicar las primeras medidas antijudías y resulta destacable que, desde el primer momento, la población civil holandesa, se opuso a ellas a la vez que se solidarizaba con sus vecinos y amigos judíos con los que habían convivido desde siempre. Así, en noviembre de 1940, miles de estudiantes de la Universidad de Leiden y del Instituto Politécnico de Delf, protestaron por la destitución de todos los docentes judíos. A partir de finales de 1940 y principios de 1941 se incrementaron las medidas antisemitas de las autoridades nazis y de los colaboracionistas holandeses de Anton Mosset, cuyas milicias provocaban constantes altercados en el barrio judío (Jodenbuurt) destrozando comercios y maltratando a sus habitantes. En una ocasión, el 11 de febrero, los nazis holandeses se enfrentaron a un grupo de jóvenes judíos que salían de un gimnasio, desconociendo que éstos eran boxeadores y, en la pelea murió uno de los atacantes. La reacción de las autoridades hitlerianas no se hizo esperar: al día siguiente, el barrio judío quedó cerrado con alambradas y barreras y unos días después, el 22 y 23 de febrero, 427 jóvenes judíos fueron deportados a Buchenwald y Mauthausen donde morirían.

    Esta situación, los constantes ataques sufridos por los judíos en Amsterdam provocaron una gran indignación y el 25 de febrero estalla una huelga general: se produjo una paralización total de todos los transportes públicos y de otros servicios, de los astilleros, estibadores e industrias del acero, de las oficinas y muchos estudiantes de unieron a las movilizaciones dejando de ir a clase, lo que suponía un rechazo masivo a la ocupación nazi y al antisemitismo. La huelga se extendió rápidamente de forma espontánea y solidaria por otras ciudades holandesas como Haarlem o Utrech, teniendo un seguimiento masivo.

      Las autoridades alemanas estaban sorprendidas porque nunca se habían tenido que enfrentar a una huelga general como protesta por la aplicación de sus medidas antisemitas. Tras dos días de protestas, la reacción de las fuerzas nazis fue brutal: los huelguistas fueron obligados a volver al trabajo y varios centenares de ellos serían arrestados, condenados a largas penas de prisión y algunos de ellos fusilados.

      Es igualmente reseñable que las Iglesias católicas y reformadas holandesas alzaron su voz en protesta por el genocidio judío, lo cual desató la represión de los nazis contra éstas y, en particular, sobre todos los católicos de origen judío como fue el caso de Edith Stein, monja de origen judío convertida al catolicismo con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, que compartió el fatal destino de su pueblo en las cámaras de gas de Auschwitz.

      La huelga del 25 de febrero ha quedado marcada, para siempre, en la conciencia cívica y democrática de los holandeses, pues se ha convertido en una de las acciones de resistencia masiva en la lucha contra el nazismo y el antisemitismo. Cada año se conmemora el 25 de febrero ante el monumento al Dokwerker (el obrero estibador), ejemplo de la resistencia antinazi, como una forma de recordar que es esencial la defensa de la libertad y de los derechos humanos, especialmente en los momentos en que éstos resultan amenazados por la intolerancia y el fascismo.

     La huelga del 25 de febrero de 1941 no impidió el genocidio de la comunidad judía holandesa, víctima de las deportaciones masivas producidas a partir de 1942 con destino a los campos de la muerte, dado que las ¾ partes sería exterminada pues más de 104.000 de los mismos murieron durante la ocupación o fueron deportados a Auschwitz y Sobibor de donde nunca volvieron.

    Recorriendo Amsterdam, tan llena de vida, tolerancia y diversidad, visitando la sinagoga portuguesa-israelita, lo que fue el Jodenbuurt, o la emotiva visita a la casa de Ana Frank en Prinsengracht, 263, evoco aquel 25 de febrero, todo un ejemplo de dignidad cívica cuya memoria merece ser conocida y recordada.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 25 febrero 2020)

 

 

SEGURIDAD HUMANA

 

      En un mundo cada vez más globalizado, sometido a tensiones multipolares, a crisis de modelos sociales y políticos, obsesionado por amenazas reales o imaginarias, desde el terrorismo al riesgo de colapso medioambiental, se ha ido abriendo paso una tan importante como creciente preocupación por el concepto de “seguridad humana”. Este nuevo valor a reivindicar apareció como consecuencia de las transformaciones que se produjeron en el ámbito de la llamada “seguridad global” durante la última década del pasado siglo: fue en concreto el economista paquistaní Mahbub Ul Haq uno de los responsables de que el nuevo concepto de “seguridad humana” lograra relevancia internacional como consecuencia de su aparición en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El citado Informe es un rotundo alegato y compromiso a favor del Desarrollo Humano Sostenible ya que, de entrada, afirma que: “ninguna Nación del planeta podrá alcanzar ninguno de sus objetivos principales: ni la paz, ni la convivencia democrática, ni la protección del medio ambiente, ni la vigencia de los derechos humanos, ni la reducción de las tasas de fecundidad, ni la integración social, si no es en un marco de desarrollo humano sostenible que priorice la seguridad de todos los habitantes del planeta”. En consecuencia, todos estos objetivos esenciales quedaban supeditados a la elaboración de un nuevo sistema de organización social mundial que priorice el desarrollo de las personas, esto es, la seguridad humana, pues “el verdadero fundamento del desarrollo humano es el reconocimiento de las reivindicaciones vitales de todos”.

      En consecuencia, la idea esencial es pasar de priorizar la seguridad de los Estados, la “seguridad nacional”, a la seguridad de las personas, a la “seguridad humana” y, de este modo, esta aspiración “equipara la seguridad con las personas en lugar de con los territorios, con el desarrollo en lugar de con la potencia militar” y, por ello, la seguridad humana ya no es un concepto defensivo, como le ocurre a la seguridad territorial o militar, sino que es un valor integrador, que reconoce con carácter universal la prioridad de las personas, de sus valores, dignidad y derechos que le son implícitos. Por ello resulta una necesidad ética realizar la transición del viejo concepto de seguridad nacional al más amplio de seguridad humana, el cual según recoge el Informe de Desarrollo Humano de 1994 tiene cuatro características: es una preocupación universal, independientemente del grado de desarrollo de cada país; los componentes que la condicionan son interdependientes, pues superan las fronteras nacionales, como es el caso del tráfico de drogas, el terrorismo, los desastres medioambientales o la inmigración; es más eficaz para la seguridad humana la acción preventiva temprana que la intervención posterior ante un desastre y, por último, la seguridad humana, a diferencia del concepto tradicional de seguridad, se centra en la persona y por eso incluye condiciones de vida y la protección de las oportunidades de la persona para elegir libremente sus condiciones de desarrollo.

      Es por todo ello que el PNUD de 1994 citado anteriormente acordó la creación de un Fondo Mundial de Seguridad Humana con el que hacer frente a las variables que afectan a nivel global a la seguridad humana tales como las consecuencias del hambre, las epidemias, los desastres ambientales, la violencia étnica o religiosa, las corrientes de refugiados, el tráfico de drogas, el terrorismo internacional o la proliferación nuclear. Y, por todo ello, la seguridad humana es una parte del desarrollo humano pues, como señalaba Kofi Annan, “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo sin no se respetan los derechos humanos”. Es natural, pues, que para el PNUD (1994) resulte fundamental que el concepto de seguridad evolucione de manera urgente en dos sentidos: pasar de la visión exclusiva de la seguridad territorial al de seguridad de la población y, también, pasar de la seguridad mediante armamentos, a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible, entendiendo por tal el derecho humano inalienable en virtud del cual todas las personas  y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizar plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del mismo. Sólo así se podrán garantizar plenamente todos los elementos que conforman la seguridad humanas, cual son: la seguridad económica, demandando la implantación de ingresos básicos; la seguridad alimentaria, para hacer accesible la disponibilidad de alimentos y recursos a los que toda la población pueda acceder; la seguridad en salud, mediante una cobertura adecuada del sistema sanitario; la seguridad medioambiental, garantizando el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible; la seguridad personal, esto es, la ausencia de violencia física o la seguridad política, que respete  los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

    De todos modos, la seguridad humana es, todavía, según Karlos Armiño, un concepto impreciso, dado que todavía está madurando y en evolución por lo que existen distintos enfoques que la delimitan: así, mientras la escuela japonesa tiene un “enfoque amplio de la seguridad”, concebida como libertad respecto a la miseria, la escuela canadiense, que tiene un “enfoque más restringido”, la entiende como libertad para vivir sin miedo. No obstante, en el panorama actual, la seguridad humana no ha conseguido desplazar, aún, a la seguridad del Estado ya que, lamentablemente, los temas relacionados con desarrollo humano no están al mismo nivel ni se consideran tan prioritarios como los que afectan a la clásico concepto de seguridad nacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 febrero 2020)