RECORDANDO A FRANCISCO AZORÍN

 

     Hoy,  27 de diciembre, se cumple el 40º aniversario de la muerte  del arquitecto y político socialista turolense Francisco Azorín Izquierdo (1885-1975) que, al igual que su paisano Luis Buñuel, tuvo que exiliarse en México al término de nuestra guerra civil. Su figura, hasta hace poco  desconocida en Aragón, ha sido recuperada por Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, investigador mexicano y profundo conocedor de la vida y la obra de Azorín, así como por el historiador Serafín Aldecoa, el arquitecto Antonio Pérez y por diversos artículos de Francisco J. Millán publicados en Diario de Teruel.

     Francisco Azorín, “el turolense errante” como lo definió Juan Ignacio del Cueto, nació en Monforte de Moyuela,  hijo de un guardia civil de Alicante y de una turolense de Aliaga. Tras unos años de residir en la ciudad de Teruel, en 1902, y con tan sólo 17 años, fue becado por la Diputación Provincial para estudiar Arquitectura en Madrid.

     Llegado a la capital de España se establece  en el Pensión Canalejas  regentada por el también turolense Victoriano Tió Calvo (de Cuevas Labradas), un histórico militante de los primeros días del PSOE y la UGT. Dicha pensión era lugar habitual de encuentro de dirigentes socialistas, entre ellos, Pablo Iglesias, a quien allí conoció y,  con quien pese a los 35 años de edad que los separaban, bien pronto se estableció entre ambos una profunda amistad personal y política, convirtiéndose Azorín en una de las personas de la máxima confianza del entorno de Iglesias.  Por ello, y por su dominio de idiomas por parte del turolense,  (hablaba francés, inglés, alemán y esperanto), éste se convirtió  en acompañante habitual de Iglesias en varios congresos de la Internacional Socialista y ello hizo que viajase junto con el fundador del PSOE y la UGT por Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Bélgica, Dinamarca o Suecia. Recordemos igualmente que, años después, el arquitecto Azorín junto al escultor Emiliano Barral, serían los autores del mausoleo de Pablo Iglesias inaugurado en 1930 en el Cementerio Civil de Madrid. 

    Azorín, afiliado al PSOE desde 1902, bien pronto tuvo claras sus prioridades políticas: la formación y organización de la clase obrera y el derecho al acceso a la vivienda por parte de los sectores sociales más desfavorecidos. A estos temas dedicó durante toda su vida su intensa actividad política y profesional. Destinado como arquitecto a Córdoba (1912), fiel a sus ideales socialistas, como señala Aldecoa, impulsó “la construcción  de viviendas sociales a precios asequibles para los trabajadores  como reconocimiento del derecho a disponer de una vivienda digna”. De este modo fue el creador, entre otros,  del proyecto de la Ciudad Jardín de Córdoba y años después sería uno de los principales impulsores de la Cooperativa Española de Casas Baratas “Pablo Iglesias”, la cual llegó a construir  58.000 viviendas, por todo lo cual Francisco J. Millán definió  a nuestro turolense como “el arquitecto de la clase obrera”.

     De su también intensa actividad política digamos que fue el primer concejal socialista que tuvo la capital cordobesa (1918) y más tarde llegó a ser presidente de la Agrupación Socialista  y también de la Federación Provincial del PSOE, además de destacado dirigente de la UGT. Por todo ello se considera a Azorín como el político más importante de Córdoba de  las tres primeras décadas del siglo XX. Pese a su arraigo en Andalucía, no olvidó a su tierra natal y, de este modo, Azorín fue el promotor del primer sindicato socialista de Teruel, el de Oficios Varios (1919), más tarde Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de UGT.

     Con la llegada de la II República, fue elegido diputado del PSOE por Córdoba (1931) y en las Cortes republicanas, como señala Francisco J. Millán, dejó constancia de sus prioridades políticas: “la vivienda, el urbanismo o la educación así como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores” además de su repulsa al caciquismo que tanto había sufrido en Andalucía como consecuencia de su compromiso político y sindical, ese mismo caciquismo que ya le había detenido y desterrado en 1919 y que, años después,  le acusó, de forma infundada,  de ser el dirigente del movimiento revolucionario en Córdoba de 1934 y por lo que fue procesado por “rebelión militar”.

     Durante la guerra, desempeñó un importante papel en defensa de la legalidad republicana ocupando, entre otros, los puestos de Jefe de la Subsecretaría de Obras de Armamento y Municiones, delegado en la Conferencia Internacional del Trabajo, cónsul en Tarbes (1938) y después en Toulouse, puestos desde los que ayudó a ponerse a salvo a muchos españoles perseguidos por el fascismo. De igual modo, realizó diversas gestiones diplomáticas ante Francia e Inglaterra a favor de la República.

    Tras la derrota de la República en 1939, Azorín fue uno de los millares de españoles que se vieron obligados a exiliarse y al igual que su paisano Luis Buñuel, halló en México una tierra de acogida. En ella desarrollaría una intensa labor profesional y política. Durante su etapa mexicana, se mantuvo vinculado al PSOE,  colaboró con la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), retomó sus proyectos sobre la cuestión de la vivienda obrera puesto que, coherente con sus ideas, siempre pensó que este tema, al igual que la educación, eran las claves para el desarrollo y la emancipación personal. En 1972, a sus 87 años, junto a su hijo Ángel Azorín Poch y su nieto Telmo Azorín Bernárdez, ambos también arquitectos, diseñó el monumento erigido en la capital azteca por el Centro Republicano español  al Presidente Lázaro Cárdenas en muestra de gratitud por la acogida que éste brindó a miles de refugiados españoles que, tras la derrota republicana, hallaron allí una nueva patria. Muchos ya nunca regresaron, tampoco  Azorín que murió en su México de adopción en diciembre de 1975, un mes después de que lo hiciera Franco en la cama de un  hospital madrileño tras décadas de una interminable dictadura.

     Después de tantos años de injusto olvido, se ha ido haciendo justicia con Azorín y, en estas fechas, puede verse la ciudad de Teruel una exposición en su honor titulada “De vuelta a casa. Francisco Azorín, el turolense errante” organizada por la Fundación Amantes. Una digna bienvenida para  quien merece ocupar un lugar destacado en nuestra memoria e historia colectiva.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 diciembre 2015)

 

 

NOS QUIEREN A-MORDAZA-DOS

 

     Otro de los pesados lastres que deja el Gobierno de Rajoy es la limitación de derechos y libertades como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la “Ley Mordaza”, y las restrictivas (y retrógradas) reformas introducidas  en el Código Penal, entre ellas, la polémica “cadena perpetua revisable”. Todo este cúmulo de despropósitos, propios de la vieja derecha autoritaria es lo que hizo afirmar a Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia,  que, con la aplicación de dichas leyes,  “entra en vigor el mayor recorte de libertades de la historia de la democracia española”.

     Si analizamos en detalle la vigente “Ley Mordaza” observamos algunos detalles tan significativos como preocupantes. En primer lugar, ya en su Preámbulo, considera a la “seguridad ciudadana” y a la “seguridad pública” como sinónimos, entendiendo por tales “la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Tras estas declaraciones, subyace un concepto ideológico de seguridad anacrónico pues, como señalaba Joan Josep Nuet, la derecha recurre al discurso del miedo, a la coerción, y olvida que “seguridad” no sólo significa riesgos y amenazas, es algo más que el “orden público” de otros tiempos. De hecho, la seguridad debería entenderse en un sentido amplio, como “un instrumento al servicio de la instauración  y mantenimiento de la paz social, es decir, al servicio de la protección y desarrollo de los derechos humanos, políticos y sociales en condiciones de igualdad y dignidad”, esos mismos derechos  devastados por el liberalismo rampante que aplica el Gobierno del PP. Desde una perspectiva social, libertad y seguridad forman parte de un todo indivisible en cualquier sociedad democrática avanzada. Y, por ello, el PP olvida que el bienestar social y seguridad son conceptos complementarios, dado que no pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se abordan la erradicación de causas tales como la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social. Por ello, la solución no es el endurecimiento de medidas de “orden público”,  de lo cual la “Ley Mordaza” es un claro ejemplo, sino, bien al contrario, la aplicación de políticas integrales de empleo y protección social.

     El carácter punitivo  de la “Ley Mordaza” queda patente si tenemos en cuenta  que el capítulo 5 (“Régimen sancionador”) es el más extenso y ocupa la mitad del texto de la ley (desde el artículo 30 al 54). En dicho capítulo, se clasifican las sanciones en “muy graves”, “graves” y “leves” (art. 33). Entre las “muy graves”, hallamos desde las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas, hasta la proyección de haces de de luz sobre los conductores de medios de transporte. En cuanto a las sanciones “graves”, figuran 23 tipos distintos: desde las perturbaciones en actos públicos, espectáculos, solemnidades y oficios religiosos, hasta la realización de de manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y, las sanciones “leves” (17  tipos diferentes), van desde la ocupación de inmuebles hasta la “negligencia en la conservación de la documentación personal”.

    Si muchas son las sanciones contempladas en la “Ley Mordaza”, mucho es también el importe de las cuantías con las que se les penaliza: de 100 a 600 euros las leves, de 601 a 30.000 las graves y, las muy graves, desde los 30.001 hasta la astronómica cifra de 600.000 euros. La voluntad coercitiva de la ley queda así bien patente.

     Ante esta ley tan regresiva  resulta reveladora la lectura de las observaciones finales del Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado mes de julio y que instaba al Gobierno de España a que retirase no sólo la nefasta “Ley Mordaza”, sino, también, las últimas reformas introducidas en el Código Penal, para adecuarlas a la estricta aplicación del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por nuestro país y, por ello, de obligado cumplimiento. De  este modo la ONU dejaba patente que ambas leyes “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. Como señalaba Maina Kiai, Relator Especial sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación del citado Comité, la “Ley Mordaza”, “limita marcadamente el derecho de reunión” y “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas”. Todo ello permite “la aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y ello, como es el caso del derecho al ejercicio de libertad de manifestación pacífica, produce un efecto gravemente disuasorio entre la ciudadanía. De este modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dedica en su Informe 8 páginas   a los  “Motivos de preocupación y recomendaciones”, los cuales suponen un auténtico varapalo para el Gobierno de Rajoy en esta materia, recomendaciones a las que éste, carente de sensibilidad social, ha vuelto a hacer oídos sordos.

     De igual modo, dado que la “Ley Mordaza”, con arreglo a su Disposición Final Primera, “legaliza” las “expulsiones en caliente”  de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, también en este tema la ONU ha manifestado su preocupación por el tratamiento que reciben los inmigrantes y solicitantes de asilo y, por ello, critica las citadas “devoluciones en caliente”. Y una recomendación final de la ONU ante la que la derecha  ha sido y sigue siendo insensible: la necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977 dado que ella impide investigar en España los crímenes franquistas. Otra carencia de nuestra democracia.

     Por todo lo dicho, como nos recordaba Joan Josep Nuet, “En España hay un claro ejemplo para la seguridad nacional, pero ese claro peligro tiene dos palabras: Partido Popular. Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos”. Y, por ello, no queremos  ni debemos ser a-mordaza-dos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 diciembre 2015)

 

 

FANATISMO Y BARBARIE

 

     Los trágicos sucesos ocurridos en París el pasado 13 de noviembre, grabados en nuestras retinas y en nuestros corazones, han puesto de manifiesto la amenaza que supone la barbarie fanática yihadista para nuestros valores de civilidad, respeto y convivencia democrática. Ello me ha hecho volver a leer en estos días las muy interesantes (y oportunas) las reflexiones de Amos Oz, escritor y relevante intelectual de la izquierda pacifista israelí, varias veces nominado al premio Nobel de literatura,  recogidas en su libro Contra el fanatismo (2003), en el que nos advierte de que “no es lo mismo perseguir a un puñado de fanáticos por las montañas de Afganistán que luchar contra el fanatismo”, razón por la cual intenta ofrecer en su obra un análisis sobre la naturaleza de las distintas formas de este espectro amenazador.

     Para entender lo que significa la vieja lucha entre la civilidad y el fanatismo, hay que recordar que el germen de este mal no es patrimonio exclusivo de nadie y que puede brotar en cualquier lugar ya que, “el fanatismo es más viejo que el Islam, que el cristianismo, que el judaísmo. Es más viejo que cualquier ideología o credo del mundo”. Y es cierto: el gran sabio andalusí Averroes, ya en el s. XII advertía que “la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio, y el odio lleva a la violencia”.

    La semilla del fanatismo, ese “gen malo” latente en el ser humano, brota siempre que se adopta una actitud de superioridad e intolerancia hacia los demás, siempre que se exige la total adhesión a unas ideas o creencias determinadas.  De ello se derivan características comunes a todos los fanáticos como son el culto a la personalidad, la idealización de líderes políticos o religiosos y las consecuencias de todo ello son nefastas ya que propician la aparición de “regímenes totalitarios, ideologías mortíferas, chovinismo agresivo y formas violentas de fundamentalismo religioso”.

    Amos Oz, que se define como “experto en fanatismo comparado” dada su condición de judío nacido en Jerusalem, considera que la esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar sus modos de vida o pensamiento. En este sentido, el ejemplo de Bin Laden resulta revelador. En la mente del líder de Al-Qaeda su fanatismo parte de la idea de que los valores occidentales habían debilitado seriamente al Islam. Por ello, para defenderlo, Bin Laden considera que no sólo es necesario golpear fuerte a Occidente (ahí está la tragedia del 11-S para demostrarlo), sino que hay que “convertir” a nuestra sociedad secularizada y laica. Amos Oz resume con claridad el  objetivo final del islamismo radical: “Sólo prevalecerá la paz cuando el mundo se haya convertido no ya al Islam, sino a la verdad más rígida, feroz y fundamentalista del Islam. Será por nuestro bien, Bin Laden nos ama esencialmente. El 11 de septiembre fue un acto de amor. Lo hizo por nuestro bien, quiere cambiarnos, quiere redimirnos”. Es lo mismo que pretende el Estado Islámico con la brutalidad que lo caracteriza: purificar con sangre los “pecados” de Occidente. Semejante afirmación no debe sorprendernos si pensamos que el fundamentalismo islámico del s. XXI no difiere en nada respecto al fanatismo cristiano del medievo europeo. La idea de “redención” esgrimida por Al-Qaeda es la misma que  la utilizada por la Inquisición, que, con sus prácticas bárbaras, consideraba que torturando o quemando en la hoguera a infieles y herejes, éstos, en caso de arrepentirse, lograrían la salvación eterna de sus almas. En esta misma línea, Amos Oz, en una conferencia pronunciada el 14 de noviembre, al  día siguiente de los atentados de Paris, en el Instituto Nexus de Amsterdan, convertida en un apasionado alegato contra los fanatismos (en plural), se preguntaba: “¿quién podría imaginar que el siglo XX sería seguido de inmediato por el siglo XI?”, una pregunta inquietante ante el bullir creciente y amenazador del yihadismo global que pretende retrasar el reloj de la historia a los tiempos de la barbarie medieval. No obstante, Amos Oz no está de acuerdo con la visión de Samuel Huntington según la cual estamos asistiendo a una guerra de civilizaciones sino más bien, a “una lucha universal entre fanáticos, todas las clases de fanáticos, y el resto de nosotros” pues se niega a considerar como “civilización” la barbarie que enarbola en sus negras banderas el yihadismo radical.

    Frente al espectro del fanatismo irracional, se hacen necesarias actitudes y soluciones sólidas y eficaces. Los conflictos internacionales que fomentan el fanatismo y la violencia sólo se resuelven con un profundo sentido de la justicia y la solidaridad, lejos de toda dominación económica o paternalismo político. Por ello, una forma de combatir el fanatismo es la capacidad para resolver con valentía, justicia  y visión de futuro conflictos enquistados como los de Palestina, Siria, Irak, Kurdistán, Libia o Afganistán. También debemos hacer un serio análisis sobre las causas del fracaso de la integración de amplios sectores de jóvenes musulmanes en nuestras sociedades occidentales con la consecuente frustración y desarraigo  que ello genera y que les hace buscar sentido a su vida (y a su muerte) en el radicalismo yihadista.

    Frente al fanatismo religioso, político, étnico o territorial, Amos Oz recordaba hace unos días que “las malas ideas deberían ser vencidas por ideas mejores” puesto que el Estado Islámico “no es sólo un grupo de asesinos, es una idea nacida de la rabia, la desesperación y el fanatismo” y, aunque se puede recurrir a la guerra, como ahora proclama François Hollande,  para derrotar al yihadismo, debemos ser conscientes de que, tras su derrota, aprendiendo de pasados errores cometidos en Irak o Libia, “el vacío consiguiente debe llenarse con mejores ideas” y ello supone, en consecuencia, la imperiosa necesidad de combatir la injusticia, de buscar soluciones políticas para que la vida, la razón y la convivencia en paz prevalezcan frente a todo tipo de fanatismos y barbaries.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 noviembre 2015)

 

 

TAL VEZ AÚN NO SEA TARDE

    Ante la actual situación política en Cataluña resulta recurrente la imagen de que estamos asistiendo a un “choque de trenes”, algo que siempre es preludio de una catástrofe. A ello nos ha llevado tanto los delirios secesionistas como el inmovilismo de la derecha gobernante, incapaz de plantear propuestas políticas que contrarrestasen la creciente desafección de buena parte de la sociedad catalana y su deseo de emprender el camino hacia la independencia.

    Muchas han sido las etapas que nos han llevado a la actual situación y muchas han sido, también, las ocasiones perdidas para reconducir el desencuentro político entre Cataluña y el resto de España. Así, tras la aprobación de la Constitución de 1978, bien pronto quedó patente que el nuevo Estado Autonómico, pese a sus innegables ventajas, se quedaba corto para  Cataluña y Euskadi, siendo constantes las demandas de ambos territorios reclamando mayores cotas de autogobierno y, también, el reconocimiento de su “realidad nacional”. En el caso de Cataluña, se produjo una quiebra política y emocional tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2006 que, planteada tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, podó buena parte del contenido del reformado Estatut de Cataluña. Desde este desgarro, ya nada fue igual y el “soufflé” independentista y la desafección hacia España empezó a subir cada vez más en el horno de la política catalana. Un nuevo paso en este proceso tuvo lugar tras el rotundo rechazo del Gobierno de Rajoy a la propuesta de Artur Mas de negociar un pacto fiscal para Cataluña en 2012. A partir de entonces, los acontecimientos y la deriva secesionista se aceleraron.

    Así las cosas, dos cuestiones parecen claras a la hora de hallar una salida razonable ante semejante marasmo político. La primera, sin ninguna duda, pasa por el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro mediante un referéndum  siguiendo los ejemplos de Quebec y Escocia. La segunda, que si de dicha consulta legal saliese la decisión mayoritaria de que Cataluña permaneciese unida a España, ésta debería de articularse con  arreglo a un modelo territorial plenamente federal.

    No obstante, el federalismo, como alternativa ante las actitudes de la derecha españolista y del secesionismo catalán, tiene que hacer frente el enquistamiento numantino en que se hallan sumidas las dos posturas confrontadas. Y sin embargo, es el único camino que parece viable.  Para resolver la cuestión catalana, poco se puede esperar de la derecha, incapaz de reconocer la realidad plurinacional de España, pero tampoco el PSOE, el otro partido que ha ocupado el Gobierno desde la recuperación de la democracia, está exento de responsabilidad. Tal es así que la defensa del federalismo tuvo escaso eco en su práctica política, tanto durante los años del gobierno de Felipe González (1982-1996), como durante los de Zapatero (2004-2011). De este modo, sólo la minoritaria corriente Izquierda Socialista (IS) y José Antonio Pérez Tapias, uno de sus más brillantes militantes, enarbolaron la bandera de la España federal. Lo mismo podemos decir del PSC, que siempre manifestó sus profundas convicciones federalistas. Sin embargo, no fue hasta el nuevo pacto territorial propuesto en la Declaración de Granada de 2013 cuando el PSOE optó por la defensa del federalismo: para entonces, se habían perdido unos años vitales para asentar  las propuestas federalistas que hubieran evitado en gran medida la deriva secesionista catalana

    Por todo lo dicho es importante recordar que ya en 1987, hace  28 años, el PSC planteó todo un proyecto territorial federal que fue desoído por un PSOE entonces en el poder liderado por el tándem Felipe González y Alfonso Guerra, nada proclives a estas ideas anclados como estaban en los viejos tópicos del jacobinismo centralista imperante en aquellos años de fulgurante hegemonía del felipismo. En consecuencia, el PSOE no apostó por el federalismo solidario como le demandaban sus compañeros del PSC y, en cambio, prefirió seguir pactando la gobernabilidad del Estado con las derechas nacionalistas del PNV y de CiU.

    Las propuestas planteadas por el PSC hace casi tres décadas quedaron recogidas en un libro colectivo titulado Federalismo y Estado de las Autonomías (Barcelona, 1988) en el que expusieron sus puntos de vista políticos socialistas como Raimon Obiols, Pascual Maragall,, Jordi Solé Turá, así como intelectuales militantes o afines al PSC, entre ellos,   economistas (Lluís Armet o Antoni Castells), historiadores  como Isidre Molas, Jaume Sobrequés o Josep Termes (del PSUC), así como juristas y especialistas en Derecho Constitucional como José Antonio González Casanova. Anselmo Carretero, Xavier Arbós, Joan Marcel o Eliseo Aja.  Todos ellos aún valorando el avance histórico y político  que suponía el Estado de las Autonomías, reconocían que éste, ya a la altura de 1987, como señalaba Lluís Armet, “no ha dado una respuesta satisfactoria para la superación de los problemas de las nacionalidades históricas” y, consecuentemente, el federalismo era el modelo idóneo para lograr el “objetivo histórico” de incorporar a Cataluña y Euskadi a un proyecto colectivo puesto que, habiéndose descentralizado la gestión y el gasto público, éste proceso no había sido acompañado en la misma medida de una descentralización del poder político y por ello, el PSC  demandaba el inicio de un segundo proceso autonómico, más político y menos administrativo y, de este modo, que los Gobiernos autónomos pudieran participar de forma directa en las decisiones del Estado que les afecten. Además, como señalaba Pasqual Maragall, el ansiado Estado Federal debía ser aquel “en que todos los poderes han de compartir unos objetivos comunes y ser capaces de poner en marcha mecanismos para conseguir un mismo objetivo: la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, objetivo éste último que debía primar sobre estériles debates identitarios.

  Hoy, tras demasiados años perdidos para apostar decididamente por el federalismo, nos hallamos ante una situación de máxima tensión política y cuyo desenlace es un enigma plagado de riesgos e incertidumbres. Por ello, volviendo a los símiles ferroviarios, tal vez aún no sea tarde para coger el tren del federalismo, pues es la última oportunidad  para llegar a una estación que ponga fin de forma pactada y razonable a este conflicto político y territorial. Tal vez.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 noviembre 2015)

 

EL LEGADO DE VÍCTOR PRUNEDA

 

    Hoy, 1 de noviembre, se cumplen 206 años del nacimiento del político republicano federal Víctor Santos Pruneda Soriano (Ferrol, 1809 – Teruel, 1882), aquel joven gallego que un día recaló en las tierras turolenses, a las que amó apasionadamente y que, en mi opinión, puede considerarse como el político más destacado del Teruel del siglo XIX, el de mayor coherencia y honestidad, siempre impulsado por una profunda ética en la práctica política en defensa de sus ideales democráticos, republicanos y federalistas.

    Después de tiempos de injusto olvido, en estos últimos años se ha hecho justicia con  Pruneda recuperando su memoria y su legado político. De este modo, a partir del pionero estudio  de Eloy Fernández Clemente, el descubridor del político republicano, han ido apareciendo diversas investigaciones históricas sobre el pensamiento y trayectoria política de Pruneda, su nombre ha retornado a la toponimia urbana turolense y el Ateneo Republicano de Teruel ha asumido la tarea de divulgar su pensamiento político, hechos éstos que me producen una profunda satisfacción.

     No pretendo ahora incidir en la innegable importancia histórica de su figura, en la multitud de motivos que, recogidos en la biografía  que le dediqué hace ya unos años titulada Víctor Pruneda, una pasión republicana en tierras turolenses (2001)  o más recientemente en un nuevo libro,  Víctor Pruneda y su destierro en Canarias que, editado por el Instituto de Estudios Turolenses hace ya más de un año, a fecha de hoy, se halla todavía pendiente de presentación y distribución. Pero, al margen de su importante, intensa y agitada vida política, quisiera ahora reseñar tres aspectos del pensamiento prunedista que tienen plena vigencia en la actualidad.

     En primer lugar, el republicano Pruneda es todo un ejemplo de cómo, en tiempos difíciles, la firmeza de los referentes éticos resulta imprescindible en la actividad política, tan denostada en la actualidad en determinados ámbitos. De este modo, al margen de las preferencias partidarias de cada cual, Pruneda fue de esas personas que dignificaron el noble ejercicio de la política, entendida como un servicio cívico para lograr mejoras progresivas en la sociedad que le tocó vivir. Pruneda comprendió que cuando se actúa en política desde la ética y la coherencia, cuando se es fiel a los ideales, siempre por encima de los personalismos, cuando se enarbola la defensa de los humildes, es cuando verdaderamente la acción política se convierte en una herramienta capaz de abrir nuevos horizontes de libertad y progreso, de anticipar un futuro mejor para todos. Este hecho fue destacado incluso por sus más enconados adversarios (y tuvo muchos) pues siempre reconocieron en Pruneda los valores de la coherencia, la tenacidad para afrontar los sacrificios que la defensa de la libertad nos exige en tiempos adversos (los seis destierros y confinamientos que padeció en su vida son ejemplo de ello), y el hecho de que muriese pobre, esto es, que jamás emplease la política (y ocasiones tuvo) para medrar o enriquecerse. Todo un ejemplo en los tiempos que corren.

     En segundo lugar, el pensamiento de Pruneda representa lo que puede definirse como un nuevo patriotismo republicano español, esto es, la aspiración a establecer una España plenamente democrática tanto en el ámbito ciudadano como en la relación con sus territorios, con aquellos que pactan libremente compartir un futuro común bajo en modelo de una República Federal. Retomando el lema de “Soberanía del pueblo. Economías. Reformas” de El Centinela de Aragón, el mítico periódico republicano fundado por Pruneda en Teruel en 1841, la República Federal era su ideal político, sinónimo de igualdad de derechos democráticos para todos los ciudadanos (sin privilegios de cuna o posición social), máxima descentralización de los poderes públicos y de una sociedad secularizada libre de interferencias clericales. En el fondo del pensamiento prunedista subyacen ideas progresistas tan actuales como el llamado “patriotismo constitucional” en una nueva España plural entendida como “nación de naciones”, lo cual supone redefinir el sentido de “lo español”, libre de nostalgias del pasado, así como asumir sin recelos ni prejuicios la realidad plurinacional de España, que sólo puede hallar un armonioso engarce territorial por medio de un modelo federal y republicano. Sin duda, esta es la única salida posible ante el actual embate soberanista de Cataluña pues, como diría Pruneda, la República Federal “es el suave lazo que a todos une y a ninguno ata”.

     En tercer lugar, Pruneda nos dejó el ejemplo de su amor apasionado por las tierras y las gentes de Teruel. Sorprende comprobar cómo llegó a sentir tan hondo el alma y el carácter de esta tierra, en la que por espacio de más de 50 años compartió penas, adversidades políticas y, también, anhelos de libertad, progreso y desarrollo económico: ahí están, a modo de ejemplo, sus campañas a favor de las comunicaciones ferroviarias en las cuales depositaba toda su confianza para la regeneración económica turolense y que, todavía, hoy,  siguen siendo una deuda pendiente para con nuestra tierra.

    Recordando a Pruneda, quien fue definido en su tiempo como “el decano de la democracia española”, y que también fue Gobernador Civil de Zaragoza durante la I República, bueno sería asumir el legado prunedista. Su ejemplo nos impulsa a esforzarnos día a día por conquistar un futuro digno para nuestra tierra por encima de tantos olvidos e  injusticias. Por ello, ciudadanos e instituciones, cada cual desde su responsabilidad, debemos  asumir el reto de reactivar la pasión y el legado prunedista: este sería nuestro mejor homenaje a Pruneda y un ejemplo de que su ética personal, su acción y el pensamiento político,  siguen abriendo horizontes de futuro y progreso.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El  Periódico de Aragón, 31 octubre 2015)

 

 

UNOS ACUERDOS ANACRÓNICOS

 

      El reciente acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la obligatoriedad de los concejales de asistir a los actos religiosos católicos apoyado por PP, PSOE y CHA, plantea de nuevo  el tema de la necesaria y nunca alcanzada laicidad de las instituciones públicas en España, una cuestión pendiente, todavía en nuestra democracia aconfesional. Y no sólo carecemos de un Estatuto de Laicidad, sino que, bien al contrario, la Iglesia Católica ha mantenido un cúmulo de prerrogativas y privilegios económicos sin igual en los países de nuestro entorno.

      Ejemplo patente de ello fue cuando, en plena transición, España firmó el 3 de enero de 1979 unos acuerdos con el Vaticano sobre asuntos económicos, los cuales, desde entonces, han generado polémica y debate en la sociedad civil puesto que éstos eran, y siguen siendo, excesivamente complacientes y generosos con la Iglesia Católica a pesar del indudable peso histórico e implantación social de la misma en España.  Es evidente que dichos acuerdos resultan anacrónicos en una democracia madura y, en consecuencia, requieren, cuando menos, una profunda revisión si no su completa derogación, aunque esto último resulta harto improbable puesto que el PP nunca lo hará y el PSOE sólo lo plantea cuando se halla en la oposición pero, en cambio,  ha sido incapaz de dar pasos en este sentido desde el poder durante los Gobiernos de Felipe González y de Zapatero.

     El Acuerdo de 1979 reemplazaba al  Concordato de 1953 y consta de 7 artículos y un Protocolo Adicional. De entrada, se destaca en él que  “la revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica resulta de especial importancia” por lo que en artículos sucesivos, quedará patente el generoso trato de favor que, desde entonces, se garantizó a la Iglesia Católica en la nueva legalidad constitucional.

     Especial interés tiene el artículo 2, relativo a la financiación eclesiástica, señalando que “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Para ello, transcurridos tres ejercicios completos desde la firma, se indicaba que el Estado “podrá asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto y otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado”. No obstante, hasta que se aplique este nuevo sistema, basado en la manifestación expresa de los contribuyentes en asignar a la Iglesia la aportación correspondiente consignada en su IRPF, el Estado se compromete a garantizarle en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “la adecuada dotación” la cual tendrá “carácter global y único, que será actualizada anualmente”. En consecuencia, a pesar de indicarse que el propósito de la Iglesia es “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, esto es, su autofinanciación, a fecha de hoy, sigue sin lograrse y, por ello, corre en buena parte a cuenta de los PGE que, en este aspecto, está exento de recortes presupuestarios pues cuenta con la garantía de su actualización anual. Por ello, tres décadas después, se sigue sin lograr la autofinanciación de la Iglesia Católica, como ocurre en otros países como es el caso de Francia, donde su Constitución de 1958 la define como una “República, indivisible, laica, democrática y social”, y en donde la Iglesia se autofinancia desde hace 110 años, desde que la Ley de 9 de diciembre de 1905 dejó claro que “El Estado no reconoce, ni paga ni subvenciona ningún culto”. Por ello, lejos de toda animadversión religiosa, en un monumento de la ciudad francesa de Vendôme, puede leerse:  “La laicidad: no se ha inventado mejor modo para vivir juntos”. Y es cierto.

     Pero volvamos a España. Además de lo dicho, los Acuerdos de 1979 conceden a la Iglesia toda una serie de exenciones tributarias (artículo 4) como es el caso de la exención total y permanente de la Contribución Territorio Urbana (el actual IBI) de sus edificios y de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones patrimoniales en aquellos de sus bienes que se dediquen al culto, al sustento del clero, al “sagrado apostolado” y al “ejercicio de la caridad”. Finalmente, se le reconoce a la Iglesia la exención de contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia. Además, en el artículo 5 se contemplan  beneficios fiscales para las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas en el artículo anterior que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médico-hospitalarias o de asistencia social.

     A este cúmulo de exenciones tributarias, se sumaría, años más tarde, durante el Gobierno Aznar, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que hacía extensiva a la Iglesia Católica todos los beneficios aplicables a este tipo de entidades sociales y ONGs. De este modo, como si de un auténtico regalo de Navidad se tratara, dicha ley completaba el círculo de las exenciones tributarias de las cuales disfrutaba la Iglesia Católica, la cual, en la práctica, al margen de su labor espiritual y social, goza de un paraíso (fiscal) en la tierra.

     Bien acertado iba Cervantes cuando puso en la boca de Don Quijote aquella frase de “Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”. Y seguimos topando con ella pues en asuntos económicos, el magistrado Luis Manglano recordaba que “no hay Estado social de derecho sin solidaridad tributaria” y ello resulta especialmente grave en esta época de crisis, recortes y austeridad en la cual, la Iglesia, pese a su innegable labor social y asistencial, dadas las exenciones de que disfruta, no ha contribuido en materia fiscal, como queda patente en el caso de las ingentes pérdidas de recaudación del IBI de los municipios españoles ante la exención que disfruta la Iglesia con relación a este impuesto que, en el caso de los inmuebles que dedica a actividades lucrativas, resulta legal y socialmente inaceptable. Por todo lo dicho, los Acuerdos de 1979 son anacrónicos, atentatorios contra la soberanía legislativa de cualquier Estado democrático moderno y resultan fiscalmente insolidarios.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 octubre 2015)

 

INMIGRACION, RETO Y OPORTUNIDAD

 

     La actual hecatombe migratoria producida por la llegada de miles de personas a Europa huyendo de la guerra, la represión política y la miseria,  parece haber atrapado los valores e ideales de la Unión Europea (UE)  en las hirientes alambradas erigidas en sus fronteras. Ello ha puesto de manifiesto las carencias de la UE en cuanto a la deseable solidaridad y cohesión interna a la hora de encarar un problema tan grave cual es la mayor ola migratoria ocurrida en Europa desde el final de la II Guerra Mundial pues, como señalaba José Antonio Bastos, presidente de Médicos sin Fronteras, el dolor de los refugiados muestra el fracaso del sueño europeo, puesto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados parecen haber naufragado en un inmenso océano de egoísmo y xenofobia.

    Estos días, releyendo la obra  del  jesuita Daniel Izuzquiza titulada Notas para una teología política de las migraciones (2010), hallamos algunas reflexiones tan sugerentes como actuales ante la actual crisis migratoria. En primer lugar, constatamos con pesar que, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, han ido surgiendo otros nuevos muros de la vergüenza que separan a “los otros” de “nosotros”: las vallas de Ceuta y Melilla, las que existen entre Estados Unidos y México, los muros que limitan Israel de Palestina o más recientemente, las concertinas erigidas por el gobierno húngaro de Viktor Orbán, incumpliendo así no sólo las normas de la UE sino, también los más elementales derechos humanos para con las personas migrantes. Frente a estos muros, cada vez más altos, cada vez más infranqueables, Izuzquiza,  desde una teología de  la liberación comprometida con la justicia social, demanda la necesidad de globalizar la solidaridad. Ello me recuerda a José Saramago cuando, preguntado en cierta ocasión sobre qué opinaba sobre la globalización, respondió que dependía de cual de ellas se tratara para añadir, acto seguido, que era un firme partidario de la “globalización del pan”,  esto es, que toda la Humanidad dispusiera de una alimentación digna para que el hambre se erradicase para siempre en el mundo.

    La integración de las personas migrantes en los países y sociedades de acogida es un reto, no siempre fácil, que debemos asumir. Desde una visión positiva, este fenómeno aporta savia nueva a nuestra envejecida Europa, a nuestro despoblado Aragón. Ciertamente, la diversidad ha sido siempre un valor, también en este mundo globalizado, en esta sociedad cambiante y cada vez más mestiza pues ello significa la existencia de voces plurales, diversas y todas ellas valiosas. Un factor determinante de la integración es la escuela inclusiva, aquella que, supera planteamientos segregacionistas y enfoques como la educación compensatoria, por el riesgo que supone de estigmatizar a los escolares pertenecientes a minorías. Pero, al mismo tiempo, debemos estar  alerta para que este proceso no sea instrumentalizado de forma demagógica por ideologías y partidos xenófobos o racistas.

    La integración es un  fenómeno complejo que tiene como objetivo el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las personas migrantes. Estos derechos deben abarcar tres niveles para ser efectivos: dignidad humana y derechos fundamentales, derechos socioeconómicos y culturales, así como los derechos políticos. En consecuencia, hay que evitar todo tipo de legislaciones y actitudes que, de forma abierta o subyacente, tenga una “mirada criminalizadora” hace los migrantes (las declaraciones del ministro Fernández Díaz sobre la presencia de yihadistas en el flujo de inmigrantes, por ejemplo),  así como también la consideración de éstos como mano de obra barata, objeto de discriminación laboral al convertirlos en rehenes de un sistema económico que, primero segrega y luego los explota con las llamadas “tres P”: trabajos penosos, peligrosos y precarios.

   Hay que avanzar hacia una verdadera ciudadanía solidaria, fomentar el asociacionismo de los colectivos migrantes y la mediación intercultural, pues todo ello favorece la convivencia plural y evita estallidos de corte xenófobo, especialmente en estos tiempos en que la crisis golpea con saña  a los sectores sociales más débiles, entre ellos, a la población migrante. De este modo, como bien señala Izuzquiza, “cuanto más rica, plural y trabada sea la convivencia social, mayor será el grado de integración y cohesión social y la salud democrática del sistema”.

    Por lo que se refiere a los derechos políticos, el objetivo es lograr la plena ciudadanía y, para ello, debemos favorecer la plena participación de las personas migrantes en el espacio público reconociéndoles el derecho al voto en las elecciones municipales, sea cual sea su nacionalidad de origen, con arreglo a la campaña “Aquí vivo, aquí voto”.

    En la I Asamblea de Redes Cristianas, celebrada en noviembre de 2007, se abordó la cuestión migratoria desde posiciones progresistas bajo el lema “Globalicemos la dignidad humana”. En sus conclusiones, se señalaba algo de total actualidad al indicar que “la inmigración es un fenómeno complejo, con implicaciones económicas, sociales y culturales. Pero es también una situación humana que requiere medidas inmediatas de justicia”. Estos planteamientos, repetidos en años sucesivos en los encuentros del Foro Social Mundial y en los organizados por los grupos afines a la teología de la liberación, suponen un deber ético pues nuestra sociedad del siglo XXI que será cada vez más diversa pues, como le recordaba el mandato bíblico al pueblo judío, “Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto” (Éxodo, 22:21). Y, ciertamente, la actitud que una determinada sociedad tenga hacia la inmigración es un claro indicador de la salud cívica y de la madurez democrática de la misma. Por eso, la inmigración es un reto, y también una oportunidad para construir una sociedad más abierta, plural y solidaria.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 septiembre 2015)

 

EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA

 

     Estamos asistiendo a lo que parece ser el fin del sueño europeo, a la pérdida de valores de la Unión Europea (UE) puesto que la Europa de los mercados se ha impuesto a la Europa de los ciudadanos: ahí está su crueldad para con la Grecia de Tsipras que contrasta con la actitud condescendiente para con la Ucrania de Poroshenko y ya no digamos del egoísmo que han puesto de manifiesto diversos países miembros ante la inmensa tragedia desencadenada por la crisis de los refugiados que llegan a Europa en condiciones lamentables, como nos recuerda, y martillea nuestras conciencias, la trágica imagen del niño Aylan Kurdi, ahogado en la playa turca de Bodrun.

     Pero pese al actual marasmo que agita a  la UE, ésta sigue siendo un modelo único en el mundo tanto en cuanto un grupo de países democráticos soberanos optan por ceder progresivamente competencias en determinados ámbitos a una instancia superior en lo que ha dado en llamarse el “federalismo funcional”. De este modo, la UE tiene un objetivo político, la Unión Federal de los estados miembros mediante una integración gradual y con metas económicas intermedias (un mercado común) y con políticas de acompañamiento (fondos estructurales y moneda única, entre ellas), para lograr dicho objetivo. En consecuencia, a pesar del actual estancamiento del proyecto europeo, resulta evidente que la UE, como señalan Alfons Calderón y Luis Sols, es “el espacio que mejor combina democracia, eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad medioambiental”.

     La UE del futuro sigue teniendo por delante el triple reto sobre el cual cimentar el proyecto europeo: avanzar hacia una mayor democracia, fomentar la solidaridad entre sus miembros y lograr una articulación territorial plenamente federal.

    En primer lugar, una UE más democrática supone el que las instituciones comunitarias deben de asumir más competencias y, a su vez, responder ante los ciudadanos y no sólo, como ahora ocurre, ante los Estados miembros. Igualmente, las elecciones europeas deberían de dejar de plantearse en clave nacional y, para ello, los partidos deberán tener estructuras paneuropeas efectivas y listas electorales plurinacionales. De igual modo, resulta esencial el evitar barreras que limiten la democracia como la que ha supuesto recientemente la imposición de un límite concreto al déficit público estructural, el polémico artículo 135 de nuestra Constitución, ya que ello impide el derecho a que los ciudadanos puedan escoger una determinada política fiscal y eso es esencial en cualquier democracia avanzada. Además de lo dicho, en una UE más democrática, no deben de existir hegemonismos nacionales (como ocurre ahora con la supremacía alemana de resonancias bismarckianas) puesto que hemos de recordar que los distintos Estados de la UE han transferido parte de su soberanía a instituciones supranacionales democráticamente controladas y no a otro Estado a cuyos dirigentes no podemos votar, lo cual supone un total rechazo a las permanentes imposiciones de la canciller Angela Merkel a la hora de fijar el rumbo político y económico de la UE.

     El segundo objetivo es avanzar hacia una Europa más solidaria, más social,  que acabe con la creciente desafección hacia el proyecto europeo y, también, con el auge de las derivas ultranacionalistas. Para ello, se debe fomentar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de 2007, la cual ha de tener pleno valor jurídico, además de garantizar toda una serie de derechos sociales tan cuestionados por los enemigos del Estado de Bienestar. Se debe también trabajar por la integración plena de la población inmigrante, tema de candente actualidad,  y llevar a cabo una política monetaria más social, priorizando el crecimiento y el empleo y no, como hasta ahora, el control de precios. De igual modo, además de con sus propios ciudadanos, la UE debe ser un modelo de solidaridad  efectiva para con los países miembros, no sólo mediante los fondos estructurales y de cohesión, sino también con los países del Tercer Mundo y ello, además de por coherencia con los valores sociales y democráticos de la UE, por un deber moral habida cuenta de nuestra responsabilidad histórica por el expolio y agresión colonial cometido desde los países europeos hacia ellos hasta épocas bien recientes. Igualmente, esta Europa más solidaria ha de orientarse hacia las futuras generaciones, a las que debemos legar un mundo más habitable y, para ello, es fundamental que la UE siga liderando a nivel mundial iniciativas medioambientales y fomente las energías renovables apoyando programas de transición energética con objeto de reducir al máximo la emisión de gases de efecto invernadero.

      Y, finalmente, como tercer objetivo, esa Europa que anhelamos debe avanzar de forma decidida hacia una auténtica federación democrática en su doble vertiente económica y política. Con respecto a la primera, se debe consolidar de forma efectiva la Unión Económica y Monetaria mediante el aumento del presupuesto de la misma, la obtención de mayores ingresos comunes (incluida la Tasa Tobin sobre transacciones financieras internacionales), la emisión de eurobonos por parte del Banco Central Europeo para facilitar créditos baratos a los países miembros en dificultades, además de lograr la necesaria Unión Bancaria y la armonización fiscal en el conjunto de la UE.

     En la vertiente política, la federación funcional de la UE debe conseguir que el Parlamento Europeo tenga mayores competencias. Por su parte,  la Comisión Europea debería de ser más reducida en su composición desapareciendo para ello las cuotas territoriales, tener mayor capacidad ejecutiva y estar sometida al estrecho control del Parlamento Europeo. Tampoco olvidamos  la elaboración de una nueva Constitución Europea y el reto de avanzar en el ámbito de la política exterior común para que en el contexto internacional, la potencia económica que es la UE, sea también una potencia política única y efectiva en el actual mundo multipolar.

    Si en el futuro la UE logra significativos avances en los tres objetivos señalados, si es más democrática, más solidaria y más federal, esa vieja dama que llamamos Europa volverá a inspirar los alicaídos ideales del europeísmo, un ambicioso proyecto político a largo plazo que sólo será posible si logra la implicación activa de los ciudadanos de la Unión. El tiempo lo dirá.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 13 septiembre 2015)