LA JUSTICIA, JUZGADA

 

     Ningún gobierno de la democracia española había dejado un rastro tan negativo en lo que a involución de derechos y recorte de libertades se refiere que el ya terminal Ejecutivo de Rajoy: ahí están, como flagrante ejemplo de ello, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, (“la Ley Mordaza”), o la regresiva reforma del Código Penal. A ello hay que sumar la  penosa situación actual de la Justicia en España: escasez de medios personales y materiales con el consiguiente colapso de los Juzgados, sin olvidar las reformas del anterior ministro Gallardón y su  intento de control gubernamental de la Judicatura, unidas a otras medidas regresivas (modificación de la Ley del Aborto, imposición de tasas judiciales, privatización del Registro Civil, limitación del principio de justicia universal). A este panorama hay que añadir los numerosos (y polémicos) sumarios judiciales que están en la mente de todos: Gürtel, Nóos, Bárcenas, Bankia, Púnica, Pokemon o los EREs de Andalucía.

    Tampoco olvidamos la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  por su valiente actitud ante la investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto un grave descrédito de la Justicia española, no sólo aquí, sino también en el extranjero. Por ello, frente a una Justicia autista ante las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (recordemos que el Tribunal Supremo se negó a investigarlos alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer a la Justicia española, incapaz de aplicar los principios de la legislación y la justicia universal para juzgar los crímenes genocidas del franquismo, que tienen la calificación jurídica de “crímenes de lesa humanidad”.

    Si todo esto fuera poco, la Judicatura, en sus órganos más representativos como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) no desempeñan correctamente sus funciones dada su politización como consecuencia del perverso sistema de nombramiento por cuotas partidistas. El caso más reciente y escandaloso es el de los jueces Enrique López  y Concepción Espejel, ambos miembros del CGPJ a propuesta del PP y que juzgarán el caso Gürtel que salpica de lleno al partido conservador y que, por ello, suscita serias dudas la exigible imparcialidad que deberían tener  ambos magistrados en este espinoso asunto.

    Difícil son las alternativas ante semejante cúmulo de fiascos. Algunas propuestas resultan de interés. Este es el caso las ideas que plantea el documento Por una reforma constitucional federal elaborado por la Fundación Rafael Campalans afín al PSC, en cuyo capítulo 7º, titulado “Descentralización del Poder Judicial”, propone que el CGPJ se convierta en un “órgano más técnico y neutral” teniendo en cuenta que la mayoría de sus tareas son de naturaleza administrativa, lo cual implica, además de suprimir el sistema de cuotas, optar por una composición más reducida de sólo 5 miembros: 3 jueces elegidos por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y 2 juristas de prestigio elegidos por el Congreso y el Senado.

     Por lo que se refiere al TC actualmente desbordado por cantidad de conflictos competenciales y con una preocupante involución conservadora, en el dictado documento se plantea la supresión del actual sistema de cuotas de los grupos parlamentarios por otro en que los magistrados serían elegidos a partes iguales por el Congreso y por un futuro Senado Federal para que, de este modo,  todas las comunidades autónomas tengan “alguna conexión” con el referido TC y se sientan integrados y representados en el mismo.

     En cuanto al Tribunal Supremo (TS), también presenta en la actualidad graves disfunciones: sus miembros son elegidos por tiempo indefinido (hasta su jubilación) y sin criterios que midan la capacidad u mérito del candidato pues lo son por las cuotas ideológicas o partidistas del CGPJ. La actuación del TS quedó patente durante el nefasto papel del juez instructor Luciano Varela contra Garzón y su sumario de los crímenes del franquismo.   

    En consecuencia, hay que abrir el debate de cómo elegir a los jueces con independencia y separación de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y hay opciones: desde la elección directa como ocurre en Estados Unidos, la votación ciudadana para ratificar a la Corte Suprema como en Japón o la aplicación de duras pruebas de selección, tal y como se aplican en numerosos Estados.

     Por su parte, el documento Hacia una estructura federal del Estado, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE (Granada, 6 de julio de 2013) propone que el TS debería de ser un Tribunal de Casación, (esto es, de unificación de doctrina) y no de segunda o tercera instancia. Para ello, se sugiere que, “con carácter general, los diferentes procesos en todo y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deben culminar en los Tribunales de Justicia de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo” (punto 31.3). Consecuentemente, es necesaria una territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial que, respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado, requiere una creciente desconcentración de todas deliberaciones y decisiones que no afecten a las funciones del CGPJ en los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ello, siguiendo el modelo alemán,  supondría una  auténtica descentralización de la Justicia, tal y como recordaba Martín Pallín.

     El prestigio y eficacia de nuestra judicatura dependerá de la resolución de estas cuestiones funcionales, así como de los casos de corrupción política y financiera que tanta alarma social generan y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras del citado Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es la auténtica Justicia democrática al servicio de la ciudadanía.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 agosto 2015)

 

 

 

CHIPRE, UN CONFLICTO OLVIDADO

 

     Existe en Europa, una situación anómala: el conflicto de Chipre, un país dividido  y parcialmente ocupado por Turquía y  cuya capital, Nicosia, tiene la triste condición de ser la única capital europea dividida, un problema enquistado desde hace 41 años en esta isla del Mediterráneo oriental que es miembro de de la Unión Europea (UE) desde el año 2004.

     Stelios Stavridis, en su  libro La Unión Europea y el conflicto de Chipre (1974-2006), nos ofrece una profunda, amarga y dolorosa visión crítica del problema, en especial del “ambigüo e inconsistente” papel desempeñado para buscar una posible solución, tanto por parte de la Unión Europea (UE) como del Parlamento Europeo (PE) pues ambas instituciones no han ejercido, con energía y convicción, su influencia en lo que a todas luces era un caso claro de invasión y ocupación militar ilegales con arreglo al Derecho Internacional.

     La historia de Chipre es una historia de continuas invasiones y ocupaciones dada su envidiable posición geoestratégica. Así, desde que en el siglo XIII antes de Cristo se asentaron en ella los griegos, la isla fue ocupada, sucesivamente, por Alejandro Magno, Roma, Bizancio, Ricardo Corazón de León, la dinastía francesa de Guy de Lusignan, Venecia, hasta su conquista por Turquía (1871), potencia que la cedería al Imperio Británico en 1878 al que perteneció hasta que, finalmente, Chipre logró la independencia en 1960. Dado que en la isla convivían dos comunidades diferentes, la greco-chipriota y la turco-chipriota, las aspiraciones de ambas en el nuevo Estado eran bien distintas: mientras la mayoritaria población de origen griego deseaba la unión a Grecia, la “enosis”, la minoritaria turca era partidaria de la “taksim”, de la partición de la isla, de la separación política de ambas comunidades.

     Así las cosas, el desencadenante del conflicto actual tuvo lugar cuando el 15 de julio de 1974 se produjo un golpe de Estado por parte de la extrema derecha del EOKA-B contra el cardenal Makarios, entonces presidente de Chipre, y que, al posicionarse durante la Guerra Fría con el Movimiento de Países No Alineados, le valió el que Estados Unidos lo calificase despectivamente como “el Castro del Mediterráneo”. El golpe fue alentado por la Junta Militar de Atenas, por la dictadura griega entonces en el poder, con objeto de lograr la ansiada “enosis”. Ante esta situación, Turquía reaccionó invadiendo el norte de Chipre con el pretexto de restablecer el status quo previo al golpe y defender a la población de origen turco cuando, en realidad, el gobierno de Bülent Ecevit, lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para forzar un “taksim” sobre Chipre. Aunque el golpe pro-griego fracasó a los pocos días,  las consecuencias de la invasión y posterior ocupación turca se mantienen invariables hasta el día de hoy puesto que las fuerzas de Ankara siguen dominando el 37% de la isla. Desde entonces, las dos comunidades se hallan separadas política y geográficamente. Además, ha habido variaciones demográficas puesto que, en sucesivas oleadas, han ido llegando a Chipre campesino turcos de Anatolia (unos 115.000), lo cual ha reforzado la turquización del norte de la isla,  máxime tras la declaración unilateral de independencia en 1983 de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), tan sólo reconocida diplomáticamente por Turquía.

     Para solventar este conflicto  han tenido lugar numerosas negociaciones, la más importante fue el Plan de Kofi Annam, el entonces secretario general de la ONU, con sus 5 versiones presentadas entre 2002-2004. Pero, tras ser sometido a referéndum por separado el 24 de abril de 2004, fue rechazado por el 80 % de los grecochipriotas liderados por su presidente Papadopoulos, ya que dicho plan legitimaba la invasión, la ocupación militar turca del norte de la isla y la posterior llegada de los colonos turcos,  no se concretaba la futura estructura política del país (federal o confederal) y, además, se obligaba al nuevo Estado reunificado a apoyar el ingreso de Turquía en la UE. Otros intentos, también infructuosos, para buscar una solución al conflicto fueron  el proyecto de creación de los Estados Unidos de Chipre de 2001 o el plan de articulación federal de la isla inspirado en la Constitución federal de Bélgica de 1992.

     El libro de Stavridus dedica una parte considerable del mismo a  analizar el ineficaz papel de la UE y del PE a la hora de intentar solventar un conflicto que afecta, no lo olvidemos, a uno de sus Estados miembros y ante el cual ofrece una valoración muy crítica. Y la razón de esta actitud europea, a su modo de ver, se debe a la posible entrada de Turquía en la UE ya que durante estas cuatro décadas de conflicto, la CEE primero y la UE después,  han hecho gala de una retórica que no ha ido nunca respaldada por acciones concretas y firmes para no enemistarse con Turquía. Lo mismo podemos decir del escaso e irrelevante papel del PE pese a que su “diplomacia parlamentaria” pretenda  asumir un papel activo  en la escena internacional como promotor de los principios democráticos y de los derechos humanos en el mundo. Y, sin embargo, tampoco el PE emprendió en este tema ninguna acción concreta, nunca adoptó sanciones contra Turquía, país considerado como un importante “actor geoestratégico de la realpolitik”.  En este sentido, siempre he sido partidario de la integración de Turquía en la UE, una decisión de gran calado político y que, por ello, ha generado siempre polémica,  pero no a cambio de pagar el precio que supone la indignidad de perpetuar la división política de la isla y la ilegal ocupación militar que padece, hasta hoy, la República de Chipre.

     Así las cosas, la solución parece hallarse en una apuesta por la bizonalidad y la bicomunidad. La resolución justa del conflicto de Chipre significa, un importante reto político pues ello, además de ser determinante para el futuro de la isla, es también un desafío para la credibilidad de las ideas europeístas, tan dañadas como consecuencia de la actuación de la Troika con respecto a la crisis de Grecia, pues como señalaba Camiel Eurlings, de ello dependerá el que la UE se convierta, o no, en “un actor internacional de envergadura”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 julio 2015)

 

EL NUEVO CABALLO DE TROYA

 

     No hay mejor imagen de lo que representa el proyectado Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, el conocido como TTIP, sus siglas en inglés, que la del caballo de Troya, adoptado como símbolo por el creciente número de detractores que dicho tratado suscita. Si en la antigüedad clásica el caballo de Troya fue un regalo envenenado de los aqueos para apoderarse astutamente de la ciudad troyana, ahora, tras este ambicioso acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, se esconden planteamientos preocupantes que pueden convertirse en un auténtico golpe contra la democracia y el Estado de Bienestar.

    La amenaza es real ya que, a las negociaciones, cubiertas por el manto del secretismo, se une la actitud de la “gran coalición” existente de facto en el Parlamento Europeo (PE) entre conservadores, liberales y socialdemócratas, que están impulsando la aprobación política del TTIP. Así se comprobó el pasado 28 de mayo con la aprobación por la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE de la llamada “Enmienda CAM 50” mediante la cual se favorece a los intereses de las grandes empresas multinacionales en la misma medida que se diluye la capacidad legislativa de los parlamentos nacionales y del propio PE. Ello ha permitido la inclusión, con la connivencia de los grupos socialdemócratas, del  Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversores y Estados, el ISDS, en el proyectado TTIP. Ello supone un mecanismo de blindaje que permite a las multinacionales demandar a los Estados con cifras millonarias en caso de considerar en peligro sus inversiones debido a cambios normativos que éstos pudieran llevar a cabo. Tal es así que las demandas de las grandes empresas, en caso de que considerasen que las legislaciones nacionales o comunitarias pudieran reducir sus beneficios, se producirían, por ejemplo, en casos de subidas salariales de los trabajadores o por la reversión al sector público de sectores sanitarios que habían sido previamente privatizados, lo cual socava todo el ordenamiento político y jurídico de la UE. decía Nicolás Redondo, es siempre insaciable.

     Si lo anterior no fuera ya un duro golpe  en los muros de nuestra democracia que las hordas del capital trasnacional intentan asaltar, hay que añadir que las demandas tendrían lugar ante comisiones de arbitraje privadas y no ante los tribunales de Justicia ordinarios. Además, estas comisiones internacionales privadas estarían formadas por abogados designados  por los grandes lobbies empresariales y sus decisiones no podrían ser impugnadas ante ninguna otra instancia judicial: el resultado de sus “fallos” sería, pues,  tan parcial como podemos suponer. Ante semejante aberración  Jueces para la Democracia (JpD) ha manifestado su total rechazo  al calificar al ISDS como “un torpedo bajo la línea de flotación del concepto clásico de jurisdicción” entendida ésta como una función estatal y como un órgano que ejerce un poder reservado al Estado. Además, JpD nos advierte que las prácticas de éstos tribunales serían demoledoras tanto en cuanto traerían una pérdida de derechos laborales básicos, fomentarían el dumping social (enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra), limitarían las sanciones por daños medioambientales causados por las multinacionales y privatizarían servicios públicos esenciales como es el caso de la sanidad. De consumarse esta situación, el caballo de Troya estaría ya dentro de nuestra fortaleza  y, con ello, la democracia estaría herida de muerte ya que nuestros parlamentos no podrían legislar en contra de los abusos de los inversores extranjeros y en defensa de los intereses del conjunto de la sociedad. Por su parte, la oposición sindical ante el TTIP y el ISDS es también frontal y así lo han puesto de manifiesto Comisiones Obreras, UGT, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y hasta el movimiento sindical norteamericano  de la AFLCIO pues como señalaban todos ellos, estos acuerdos suponen “una amenaza a los derechos laborales conquistados hace muchos años, a los principios democráticos y a la naturaleza y funciones de los Servicios Públicos, que se pueden ver invadidos por el negocio y los intereses privados, vulnerando su carácter de atención pública, universal, de calidad y gratuita”. Y, de forma premonitoria, el movimiento sindical nos advierte que, “si se mantiene el tratado en los términos que ya conocemos significaría un golpe muy grave y serio a las políticas de cohesión social, al Estado de Bienestar a nivel europeo, a los derechos laborales, al derecho de negociación colectiva y a la propia capacidad de los Estados de la UE para defender políticas de igualdad”. Y no debe sorprendernos esta pretensión, este nuevo intento de retroceso político y social, pues tras este nuevo caballo de Troya, se halla la voracidad neoliberal, ese capitalismo trasnacional sin alma que, como decía Nicolás Redondo, es siempre insaciable.

   Ante tan grave amenaza, también la ciudadanía vigilante e informada se ha movilizado y ahí está la Iniciativa Ciudadana Europea Stop TTIP, la cual ya ha sido suscrita por más de dos millones de europeos. Por ello, y visto el trato despiadado al que está siendo sometida Grecia por parte de los poderes económicos representados en la Troika, la oposición ante el TTIP, al cual la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez ha definido como “la constitución de las multinacionales”, ha de ser contundente desde las filas de los grupos progresistas y de izquierdas (incluida la errática socialdemocracia europea), como por parte de la ciudadanía. Además, ante tan importante cuestión, siguiendo el ejemplo de Alexis Tsipras, hay que dar la voz al pueblo soberano y someter el TTIP a referéndum en todos los países de la UE y, por supuesto votar en contra de un tratado que pretende que las grandes corporaciones fijen las reglas de juego y aumenten ilimitadamente sus beneficios al margen de todo control jurídico y democrático, algo que, desde todos los puntos de vista resulta inaceptable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 de julio de 2015)

 

 

UNA SOBERANÍA USURPADA

 

Con la huelga de hambre de Tarbak Haddi, la mujer saharaui que reclama el cadáver de su hijo, Mohamed Lamin Haidala, muerto tras su detención por la policía marroquí en El Aaiún, asistimos a un nuevo y dramático episodio en la larga cadena de violaciones de los derechos humanos y de injusticias que, desde hace décadas, padece el pueblo saharaui, al que se le niega ser dueño de su destino y de su tierra por parte de la autocrática monarquía marroquí de Mohamed VI.

La demanda y el sufrimiento de Tarbak Haddi ha vuelto a poner de actualidad la cuestión del Sahara Occidental frente a la intolerable actitud de Marruecos y la connivencia de los EE.UU. y Francia para con el reino alauita. Resulta lamentable la posición  de la comunidad internacional que ha sido incapaz de exigir con firmeza el derecho de autodeterminación para el Sahara Occidental. Por su parte, España también tiene un compromiso moral y político con su excolonia, que no debe nunca olvidar ni posponer por temor a las presiones que, de todo tipo, recibe por parte de Marruecos.

Desde que en 1967 la ONU propuso la descolonización del Sahara, precisamente para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania, todos los informes jurídicos y resoluciones de la ONU han avalado los derechos del pueblo saharaui a la vez que rechazaban las pretensiones marroquíes sobre este territorio. Especialmente revelador resulta el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya de 16 de octubre de 1975. Éste, elaborado a petición de la Asamblea General de la ONU, reconocía con rotundidad que la población autóctona era el poder soberano del Sahara Occidental puesto que, en el momento de la colonización española (1885), este territorio no pertenecía ni a Marruecos y a Mauritania, sino a las poblaciones nómadas que “estaban social y políticamente organizadas en tribus y bajo jefes competentes para representarles”. De igual modo, se rechazaban con argumentos jurídicos los cuatro puntos en los que se basaban las reivindicaciones marroquíes, a saber: que existía una “posesión inmemorial” marroquí sobre el Sahara desde la conquista del Islam del norte de África hacía 1.300 años; que había una “continuidad geográfica” entre Marruecos y el Sahara Occidental; que existía un ejercicio de la soberanía interna del Marruecos precolonial  (el Estado jerifiano) que incluiría no sólo a las tierras bajo control del sultán, sino también a aquellas en que su autoridad espiritual era reconocida ( en su caso, algunas tribus saharauis) y, finalmente, que existía un reconocimiento internacional (“o externo”) de la soberanía marroquí sobre el territorio. Consecuentemente, el TIJ, en su conclusión final reconocía que no había “ningún vínculo jurídico de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y el Estado Marroquí”, a la vez que se ratificaba en la necesidad de celebrar de forma inmediata un referéndum de autodeterminación.

Tras el dictamen del TIJ, los hechos se precipitaron: unas horas después, Hassan II anunciaba la Marcha Verde, el régimen franquista, en plena agonía del dictador, se estremecía y firmaba los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, que suponía el abandono vergonzante del Sahara y la cesión de su administración (que no de su soberanía) a Marruecos y Mauritania a cambio de determinadas compensaciones económicas recogidas en los acuerdos complementarios. (derechos pesqueros y participación en la explotación de los fosfatos de Bucráa). Estos acuerdos infamantes, declarados ilegales por la ONU, entraron en vigor el 19 de noviembre, la víspera de la muerte de Franco, fecha en la cual el BOE publicó la Ley de Descolonización del Sahara.

Desde entonces, los hechos son conocidos: Marruecos ha violado de forma continua y flagrante el orden internacional al expandir su territorio por la fuerza y negar deliberadamente a los saharauis su derecho a la autodeterminación. Frente a ello, el Frente Polisario y la RASD han mantenido viva la reivindicación de la causa saharaui y, tras la guerra de 1975-1991 y el posterior cese el fuego, se optó por la solución política del conflicto que, esperemos, los sangrientos acontecimientos de estos últimos días, no malogren pues el estallido abierto de nuevo del conflicto armado, está a un solo paso.

Dado que  la cuestión central es la soberanía del Sahara, Jacob Mundy, del Institute of Arab and Islamic Studies de la Universidad de Exeter, destaca que el sumario del TIJ anteriormente citado, deja totalmente claro que el poder soberano en el Sahara Occidental era y es el pueblo saharaui y, por ello, recuerda que “el propósito del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental no es decidir entre soberanías compitiendo entre si, bien marroquí o bien saharaui, sino encuestar a los saharauis si desean o no retener, modificar o renunciar a su soberanía. Necesitamos dejar de hablar sobre autodeterminación como un acto que constituye la soberanía en el Sahara Occidental. La soberanía ya está constituida en el Sahara Occidental”.

La soberanía saharaui es, pues, incuestionable. Pero para poderla ejercer, resulta imprescindible hacer frente a problemas tan complejos como el cambio de actitud de la política de EE.UU. y de Francia, para los cuales la estabilidad de Marruecos es considerada como de “alta prioridad estratégica para Occidente” y ello ha supuesto el legitimar de facto la anexión del Sahara y la violación permanente de los derechos humanos en su territorio. También España debe implicarse con firmeza en defensa del pueblo saharaui pues, en este caso, el silencio no es hijo de la prudencia, sino de la cobardía y la complicidad, ante la ocupación ilegal del Sahara por parte de Marruecos, fruto de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, un último y envenenado legado del franquismo agónico que la democracia española ha sido incapaz de resolver desde la justicia y el derecho cuando dichos acuerdos cumplirán este año el 40 aniversario desde su vergonzante firma. En consecuencia, la dignidad y la libertad del Sahara Occidental, no pueden ser moneda de cambio por motivos mercantiles (acuerdos pesqueros y comerciales) o políticos (control de la inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo islamista, contencioso de Ceuta y Melilla) en el siempre complejo diálogo hispano-marroquí. Es una cuestión de dignidad democrática y de justicia internacional.

José Ramón  Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 junio 2015)

RECORDANDO A JOSE MARTÍ

 

     El 19 de mayo de 1895, hace ahora 120 años, moría en el combate de Dos Ríos contra las tropas coloniales españolas, José Martí, el poeta y político considerado el padre de la patria, de la República de Cuba. Su muerte  y su legado político convirtieron a Martí en un referente emancipador de la lucha no sólo contra el caduco imperio colonial español, sino también  contra la emergente codicia de los Estados Unidos, no sólo en el Caribe sino en el conjunto de América Latina.

     En la trayectoria vital de Martí, además de su lucha por la independencia de Cuba, también fue importante el período en que, como consecuencia de sus ideales, tras ser detenido, fue embarcado en enero de 1871 con rumbo a España como deportado político. A su llegada, residió en Madrid y se matriculó en la Universidad Central aunque, en aquella etapa de su vida, en aquella España en la que reinaba Amadeo I de Saboya, cuyo trono era zarandeado por la agitación carlista y la efervescencia republicana, los estudios no figuraban entre sus prioridades.  Proclamada  la I República el 11 de febrero de 1873, en mayo de dicho año, Martí decidió solicitar el traslado de su expediente académico a la Universidad de Zaragoza para continuar sus estudios en la capital de Aragón, una ciudad provinciana que, por aquel entonces, contaba con apenas 70.000 habitantes. De este modo, durante su estancia en Zaragoza, Martí aprobaría las 8 asignaturas que tenía pendientes de Derecho y, además, se matriculó por libre en otras 10 asignaturas de Filosofía y Letras, estudios que terminó en septiembre aunque, al no pagar las tasas universitarias, no pudo recoger ambos títulos.

     Ciertamente, es conocida la importancia histórica de José Martí, aunque no tanto su vinculación con la ciudad de Zaragoza. Sobre este tema Manuel García Guatas publicó La Zaragoza de José Martí (1999), libro en el  que recupera esta parte de la trayectoria vital del político cubano en la capital aragonesa, en la cual residiría desde finales de mayo de 1873 hasta mediados de noviembre de 1874. Aquellos  18 meses de estancia en Zaragoza, como señala García Guatas, fueron “el período de su juventud  que huella más duradera dejará en su cultura universitaria y en su vida afectiva”. Y ciertamente fue así: además de terminar sus estudios universitarios, por lo que respecta a su vida afectiva, como él mismo confesaba en sus Versos Sencillos escritos en 1891, en aquella Zaragoza de la I República, “tuve un buen amigo, y allí quise a una mujer” de los cuales sabemos sus nombres: Fermín Valdés era el amigo  y la joven Blanca Montalvo, un amor que  le marcó y que vincularía su corazón con la capital de Aragón. Por ambas circunstancias, la huella que Zaragoza dejó en Martí será indeleble y la ciudad aragonesa la rememorará el poeta y político cubano más tarde tanto en su prosa como en sus versos.

    La correspondencia de José Martí durante su estancia en la capital aragonesa está plagada de referencias a su vida en Zaragoza, con frecuentes alusiones a su siempre precaria salud y, también a sus escasos medios económicos con los que subsistir. Por otra parte, la actividad pública del joven Martí en la Zaragoza republicana de 1873 fue intensa: acude a tertulias políticas, al teatro, entabla amistad con personajes de la época. Como  señalaba García Guatas, “la Zaragoza que va a vivir Martí es una ciudad azotada por el cierzo y no menos agitada por la prensa”, mayoritariamente de tendencia republicana, como era el caso de La Democracia, La República, El Estado Aragonés o El Federalista, publicaciones con las que simpatizaba el joven político cubano por lo que colaboró con el Diario de Avisos del republicano Calixto Ariño e incluso se supone que tuvo contactos con la logia masónica “Caballeros de la Noche nº 68”.

    Durante sus meses de estancia en la Zaragoza de la I República,  Martí asiste a una sociedad en plena ebullición política con constantes enfrentamientos entre monárquicos y republicanos, la aparición de un incipiente movimiento obrero organizado (recordemos que en Zaragoza se había celebrado en 1872 el II Congreso de la AIT),  la amenazadora insurrección carlista. Conocidos son los versos en los que hermanaba Martí la bravura de los aragoneses y cubanos en su lucha contra la tiranía, bien sea ésta la guerra civil alentada por la reacción carlista que asolaba las tierras aragonesas en aquellos años de 1873-1874, bien fuera la inaceptable dominación colonial a que España sometía a la isla de Cuba: “Estimo a quien de un revés / echa por tierra un tirano / lo estimo, si es un cubano / lo estimo, si aragonés”. También fue Martí testigo de las consecuencias del golpe de Estado del general Pavía que puso fin a una efímera I República española, la cual sería reemplazada por el régimen del general Serrano, preludio de la ya inminente restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, pero desconocemos si Martí hubo podido pelear, junto con el también cubano “negro Simón” en las barricadas que los zaragozanos levantaron en Puerta Cinegia, en el Mercado o en la Puerta del Duque para hacer frente al golpe militar.

    La influencia en su trayectoria vital del período zaragozano de José Martí es destacada por García Guatas pues, para dicho autor, “parece claro que Martí tuvo que empezar a forjarse como poeta de acción y a poner pasión en sus versos durante su estancia en Zaragoza, pues la ciudad que conoció y vivió pasó en menos de dos años por todas las vicisitudes y agitaciones que ha configurado la historia de España en el siglo XIX”. Ahora, en el 120 aniversario de la muerte de Martí recordamos su memoria, unida para siempre a Zaragoza, a esta ciudad que tanto amó en la que, el recuerdo de su cierzo, de su temprano amor y de su agitación política y cultural, le insuflaron nuevos bríos a sus ideales poéticos, literarios, de liberación y justicia social con los que es permanentemente recordado pues, como nos dice una inscripción mural colocada en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, “Corta es la vida que nos concedió la naturaleza, pero imperecedero es el recuerdo de una vida bien cumplida” y la de Martí, sin duda, lo fue.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en:  El Periódico de Aragón, 1 junio 2015)

 

LA AMARGA VICTORIA DEL PP

 

   Durante la noche electoral Carlos Floriano manifestó que las elecciones municipales y autonómicas las había  ganado el PP. Pero, tras esta afirmación cierta, se escondía la dura realidad: la derecha política había sufrido un castigo electoral de gran magnitud. Se sabía que la nefasta gestión del PP le iba a pasar factura ante el electorado (propio y ajeno) y sólo faltaba  saber la intensidad del previsible varapalo electoral. Y así fue pues el PP tuvo una victoria pírrica, ese tipo de victorias que tienen el amargo sabor de una derrota pues sus apoyos electorales habían caído de forma estrepitosa, poniendo de manifiesto que las políticas neoliberales que ha aplicado con rigidez el PP, le han supuesto dilapidar en tan sólo una legislatura el apoyo electoral que conquistó en los comicios de 2011.

    Y Aragón no ha sido una excepción. Durante la noche electoral, la desolación era patente en los rostros de los dirigentes populares. Y no era para menos pues la Presidenta Rudi perdía 88.000 votos, un -12,19% menos de apoyo popular que el logrado en el 2011 y asumía resignada su imposibilidad  de mantener el Gobierno de Aragón. Rudi recibía el merecido castigo electoral por las políticas que ha aplicado desde el Pignatelli y que han generado un enorme y creciente hartazgo en amplios sectores ciudadanos. Ciertamente, la gestión de Rudi ha sido nefasta pues, a los duros recortes en sanidad, educación o políticas sociales y de dependencia, se han unidos actitudes y gestos de arrogancia e insensibilidad por temas tales como su desprecio por las lenguas catalana y aragonesa, su enfrentamiento con la Universidad de Zaragoza, su nula gestión cultural, su desdén por las políticas públicas de la memoria histórica democrática, etc.

    Si Rudi sufría semejante desgaste gobernando, batacazo que todavía hubiera sido mayor si los partidos emergentes hubieran logrado una mayor implantación en el medio rural aragonés, peor era, pese a ser la lista más votada en el Ayuntamiento de Zaragoza, el caso de Eloy Suárez el cual, sin gobernar, veía reducidos sus apoyos en 44.000 votos, un -15,24 % menos que en las anteriores elecciones municipales y así, ponía fin a su aspiración de  alcanzar la alcaldía de la capital de Aragón. En el ámbito municipal, escaso consuelo resulta, pues, la victoria, también pírrica de PP en las otras dos capitales, aragonesas, el ascenso en el caso de Alcañiz o Tarazona, o el mantener en su poder algunas cabeceras comarcales. La victoria, seguía teniendo un sabor amargo.

    Con la amarga victoria del PP, se cierra en Aragón, y en gran parte de España, todo un ciclo de políticas de derechas que nos malgobernaban. Por ello, el PP ha sufrido merecidamente tan contundente castigo electoral lo cual unido a la frescura y entusiasmo de las candidaturas de convergencia que apostaron decididamente por una democracia más participativa, y  una política económica más justa y solidaria, son motivos de alegría y de esperanza.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 mayo 2015)

 

MEMORIA DEMOCRÁTICA

 

     En estas últimas fechas han tenido lugar diversas efemérides que nos recuerdan la importancia y el valor que debe tener  la memoria democrática en la sociedad actual. Así, el 5 de mayo se recordaba el 70º aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen por el que pasaron y murieron varios miles de compatriotas nuestros y, el día 8 se conmemoraban los 70 años del final de la II Guerra Mundial en Europa con  la derrota de la Alemania hitleriana.

     Ante estos hechos, se han celebrado actos de memoria y homenajes, todos ellos llenos de profunda emoción por el recuerdo de lo que aquellos hechos históricos significan. Previamente, el pasado mes de marzo, el Gobierno de Francia había decidido otorgar la Legión de Honor, la más alta distinción del Estado, a los republicanos españoles supervivientes de los campos de concentración nazis. Era todo un ejemplo de cómo las instituciones deben impulsar políticas públicas de memoria democrática y, por ello, Francia, ha vuelto a dar una lección de dignidad y de justicia reparadora al conceder dicho reconocimiento a los cada vez más escasos testigos de aquel drama histórico fruto del delirio criminal nazi el cual, no lo olvidemos, contó con el entusiasta apoyo de la dictadura franquista.

    Lo sucedido en Francia debería sonrojar a los dirigentes políticos españoles del PSOE y del PP, pues ambos partidos han tenido responsabilidades de Gobierno y jamás han tratado con dignidad y justicia el tema del exilio y la deportación de los republicanos españoles, una deuda que se arrastra desde nuestra ¿modélica? Transición.  Y, en vez de sonrojo, o tal vez por ello, han optado por el oportunismo político, máxime en el actual período electoral en el que nos encontramos. De este modo, asistimos a hechos tan curiosos como criticables: el PSOE, que nada hizo durante los decisivos  años del Gobierno de Felipe González (1982-1996) por la reparación de la memoria de la deportación republicana, que olvidó a las víctimas y que por ello tiene una innegable responsabilidad política y moral, el PSOE que, pese a la escasamente efectiva Ley de la Memoria Histórica de 2007 del Gobierno Zapatero y hoy derogada en la práctica por el Gobierno de Rajoy, el PSOE que no tuvo el coraje político de impulsar una Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas como demandaba Baltasar Garzón, al amparo de lo sucedido en Francia, ha intentado sacar un rédito político de estos hechos. De este modo, el 28 de abril propuso en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la concesión de una condecoración oficial a los republicanos españoles deportados a los campos de concentración del III Reich, algo que nunca hizo cuando estuvo en el Gobierno.

    Hasta el PP, tan desmemoriado siempre en esta materia, ha tenido un “gesto” para con los deportados republicanos al asistir el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo,  a los actos que tuvieron lugar en Mauthausen el pasado 10 de mayo: era la primera vez que un dirigente del PP se dignaba a honrar, siquiera verbalmente, a los republicanos deportados que, excepto la visita de Zapatero en 2005, nunca contaron con apoyo institucional en las ceremonias que tenían lugar en el que fue llamado “el campo de los españoles”.  

   Pero todos estos gestos oportunistas no eran sino un espejismo y pronto las aguas de la memoria democrática volvieron a ser “encauzadas” por los dos partidos mayoritarios. Así ocurrió el pasado 13 de mayo cuando el Congreso de los Diputados rechazó, con los votos de PP, PSOE y UPyD, la moción de Joan Tardà (ERC), el más activo diputado en materia de recuperación de la memoria democrática, para que Felipe VI pidiera perdón en nombre de España por los 7. 532 republicanos que sufrieron la barbarie de los campos de concentración nazis, una petición de perdón que, por cierto, ya hicieron otras democracias europeas asumiendo, de este modo, su responsabilidad en aquellos trágicos episodios de la II Guerra Mundial. Ahí está, a modo de ejemplo, la emotiva petición de perdón que, en febrero de 2000, realizó Johannes Rau, el Presidente de Alemania, ante el Knesset, el Parlamento de Israel, por el holocausto judío: la democracia alemana pedía perdón por los crímenes cometidos por la Alemania nazi.  ¿No debería hacer lo mismo el rey de España por la innegable connivencia de las dictaduras franquista y hitleriana por los crímenes contra la humanidad cometidos tanto durante nuestra guerra civil como en la posterior contienda mundial?. Como señalaba Carlos Hernández, autor del libro Los últimos españoles de Mauthausen, “España debe asumir, de una vez por todas, su pasado y reconocer, sencillamente, su culpabilidad, junto con la Alemania nazi o la Francia pétainista, en la deportación a los campos de concentración de nuestros compatriotas republicanos”.

   Esta negativa a pedir perdón va unida al rechazo del PP y del PSOE al reconocimiento jurídico  de las víctimas de los campos de concentración nazis, con lo cual España sigue siendo, como denuncia dicho autor  una “anomalía democrática en Europa en materia de políticas públicas de la memoria” El hispanista francés Jean Ortiz, hijo del exilio republicano, es aún más demoledor al señalar, con tanto acierto como amargura que, en esta materia, España se ha comportado como un “delincuente internacional” pues ha incumplido sistemáticamente la legislación penal internacional con arreglo a los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Y, si alguna duda quedaba, ahí está el permanente obstruccionismo a la orden internacional de detención cursada por la Justicia de Argentina contra 20 altos cargos y policías de la dictadura franquista.

    Así las cosas, al margen de actos puntuales sin trascendencia política o jurídica, al margen de los gestos, queda el reto de que la sociedad civil y los  partidos que asuman un compromiso firme en defensa de la memoria democrática,  pongan fin a esta injusticia histórica y se logre la plena rehabilitación política y jurídica de las víctimas de los crímenes franquistas  y del nazismo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 mayo 2015)

 

 

 

LECTURAS ¿UTÓPICAS?

 

    El humanista Tomás Moro escribió en 1516 su Libro del estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía, en una época en que las viejas ideas del Medievo quedaban superadas por el pensamiento del Renacimiento. En esta obra, de gran trascendencia y difusión en Occidente, próxima a cumplir su 5º centenario, Moro,  desde sus profundas convicciones cristianas, asumió un claro compromiso social, algo que, entonces como ahora, resulta imprescindible para dignificar la vida, mejorar el presente y conquistar un futuro digno.

    Releyendo las páginas de  Utopía, hallamos a un Tomás Moro que siempre al lado de los pobres, que se enfrentó a los poderosos de su época, incluido su rey Enrique VIII, lo cual sería motivo de su posterior ejecución y por lo que fue canonizado por la Iglesia católica. Y es que Moro, dejó patente su defensa de los humildes, de quienes son explotados por los ricos, y se opuso con firmeza a aquellos que les pagan lo menos posible y sacan de ellos el mayor rendimiento, de aquellos poderosos que han amasado injustamente sus fortunas, de aquellos que “en nombre del bien público”, salvaguardan sus privilegios y su posición social por medio de las leyes que les son propicias. Leyendo esto en las páginas de Utopía parecen venir a nuestra mente los efectos de la devastación social causados por la actual crisis global. Por eso, parecen premonitorias las afirmaciones de Moro de que “la avaricia irracional de unos cuantos, lo que parecía una gran prosperidad”, debido a la codicia insaciable, “degenerará en su ruina”, al igual que ocurrió, en nuestra sociedad actual,  con el espejismo de las pasadas burbujas inmobiliarias o bursátiles. Entonces, como ahora, la verdadera culpable de esta situación, como bien señaló Moro, era la codicia humana, “las malas artes de los ricos, que realizan sus negocios bajo pretexto y en nombre de la comunidad” y, por ello, ¡qué decir de los escándalos financiero-bancarios y del repetido mantra de la necesidad de salvar el sistema financiero a costa de los recursos públicos!. Estas malas artes, de ayer y de hoy, como apuntaba el pensador inglés, son las que hacen que los poderosos “inventen todas las trampas posibles, tanto para almacenar la mayor riqueza adquirida ilícitamente”, como también “para obtener al menor precio posible las obras a costa de los sudores de los pobres”. Y la injusticia social, entonces como ahora, adquiere rango de ley puesto que, como bien señalaba Moro, “estas perversas intenciones las dictan los ricos como ley en nombre de la sociedad”.

     Frente a esta situación, Moro apunta ideas tendentes a un reparto más justo de la riqueza en la isla de Utopía. Es por ello que considera que “los pobres son más merecedores de las riquezas que los acaudalados, pues estos son codiciosos, injustos, indignos y negligentes” (el paralelismo con la realidad actual es evidente). Consecuentemente, la crítica social de Moro le lleva a rechazar el poder de los nobles, banqueros y aduladores a los que considera “gente parásita, aduladora y frívola”, mientras que exalta a los trabajadores, a los que considera el sustento real de la sociedad y del Estado. Por ello, como humanista cristiano que era, se indigna ante las injusticias  de su época, por lo que clama con energía: “¿Qué añadiré de los ricos que recortan cada día un poco más los salarios de los pobres, no sólo fraudulentamente, sino amparados por las leyes?”.Frente a ellos, su concepto de riqueza, no sólo se basaba en criterios de justicia social, sino también en la importancia que concede a la ética personal, siempre tan necesaria, y, por ello, se pregunta: “¿Quién puede ser más rico que el que tiene la conciencia limpia, libre de preocupaciones?”.

    Además de esta crítica social, en la Utopía de Moro también hallamos propuestas concretas, tan novedosas en su época como de candente actualidad en la nuestra. Este es el caso, por ejemplo,  de su defensa de la jornada laboral de 6 horas por considerarla “suficiente para proporcionar lo necesario bienestar” siempre y cuando “las clases ociosas” que él identifica con la nobleza y el clero, las cuales “vegetan en la pereza y el abandono”, fueran obligadas “a trabajar en algo de utilidad e interés común”. Esta sería la versión renacentista del ideal de “trabajar menos, para trabajar todos” en nuestro actual escaso mercado de trabajo.

    Otra idea novedosa de su Utopía sería la defensa de la sanidad en esa isla imaginaria. Por ello, los gestores-recortadores  de nuestro sistema público de sanidad deberían releer a Moro cuando dice que “los utópicos tienen una especial consideración para sus enfermos, a los que cuidan en hospitales públicos” en los cuales, “los enfermos, aunque sean muchos, nunca tienen  que sufrir escaseces ni privaciones”. Y más aún, en relación a trato que reciben los pacientes, añade que “no se ahorra nada de lo que pueda ser bueno para lograr su curación, sean alimentos o medicinas” y a los que “les dan todo lo que precisen para aliviar su dolencia”. Tomen nota nuestros responsables políticos de estas afirmaciones, escritas hace cinco siglos, para casos tan flagrantes como el drama actual de los enfermos afectados por la Hepatitis C.

     Todas estas tareas deberían de ser asumidas y aplicadas por los gobernantes, tanto de Utopía, como de nuestra sociedad contemporánea, por gobernantes honestos y eficaces. El compromiso ético y social de Moro le hizo rechazar la ineptitud de quienes ostentaban el poder y responsabilidades públicas. Por ello, no dudó en afirmar, con total contundencia, algo de lo que también deberían tomar nota primero, y aplicar después, nuestros gobernantes: “Quien no sabe regir a su pueblo sino despojándole de todas las comodidades de la existencia, no tiene ningún derecho a gobernar hombres libres y es conveniente que se retire dada su ineptitud, pues toda incapacidad conduce al odio y al desprecio del pueblo”.

    Este es el legado, plenamente vigente, del pensamiento y compromiso social de aquel gran humanista que se llamó Tomás Moro. Merece la pena releer su obra, su Utopía, para hacerla realidad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 abril 2015)