EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (6). LA UGT DURANTE LA II REPÚBLICA: ENTRE EL REFORMISMO Y LA REVOLUCIÓN

         

Durante el período republicano se produjo un gran incremento orgánico de la UGT. De este modo,  la militancia del sindicato socialista, en junio de 1932,  alcanzó en España el millón de afiliados. Por lo que se refiere a Aragón,  los ugetistas zaragozanos eran ya 33.262, mientras que en la provincia de Teruel la cifra era de 6.492, y, en el caso de Huesca, donde la UGT era más débil, el sindicato socialista contaba con 1.084 afiliados, contando con secciones en Sariñena, Fraga y, sobre todo, Huesca capital y en Jaca.

 En el caso aragonés, la mayor militancia pertenecía a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), el sindicato campesino ugetista, especialmente implantado en las comarcas de Cinco Villas, Calatayud, Borja y en la zona del Jiloca-Teruel capital por medio de la Sociedad de Labradores “El Progreso” liderada por Ángel Sánchez Batea y Pascual Noguera. Aunque con una militancia más reducida, muchos de los cuadros de la UGT zaragozana pertenecían a un sector históricamente socialista cual era la Federación de Artes Gráficas (Bernardo Aladrén, Isidoro Achón, Manuel Alvar o Antonio Puyo) así como de la FETE, el sindicato de los maestros ugetistas, creado en junio de 1931 y que fue el referente intelectual de los ideales republicanos y socialistas y del que salieron igualmente algunos de los dirigentes más destacados tanto del PSOE como de la UGT, como fue el caso de Pedro Díez y Juan Sapiña, impulsores de las organizaciones socialistas turolenses.

          No obstante, a partir de 1933, se produjo un viraje de Largo Caballero y de la UGT al constatarse las crecientes dificultades para avanzar y consolidar los logros de la política sindical reformista. La causa de este giro se debió a múltiples razones: desencanto de los escasos resultados obtenidos por el movimiento obrero de la colaboración gubernamental con los partidos republicanos burgueses liderados por Manuel Azaña, todo ello con el telón de fondo del ascenso de las derechas españolas,  el auge del fascismo en Austria y Alemania, además de los decepcionantes resultados obtenidos por las izquierdas en las elecciones de noviembre de 1933, consecuencia de todo ello fue la radicalización de las posiciones de la UGT, lo cual la lanzó a una serie de movimientos huelguísticos primero, y revolucionarios después, los cuales culminaron con la revolución de Asturias (octubre 1934).

En el caso de Aragón, y en un contexto de creciente conflictividad, 1934 también fue un año agitado: en Zaragoza tuvo lugar la famosa huelga general de 36 días (abril-mayo 1934) en la que, según la dirigente anarquista Federica Montseny, “hasta las nodrizas dejaron de dar leche” a los niños que amamantaban; en junio se produjo la huelga general campesina impulsada por la FNTT-UGT en protesta por la paralización de la reforma agraria por parte del gobierno derechista. Por otra parte, la revolución asturiana de octubre también tuvo sus consecuencias en Aragón, en donde fue apoyada por la UGT, no así por la CNT que la consideró un mero “movimiento político”. De este modo, hubo incidentes armados en Uncastillo, Tauste, Ejea y Mallén en donde se ocuparon los ayuntamientos y también se produjeron conatos revolucionarios en Gallur, Magallón, Calatayud y Caspe.

El fracaso de la táctica revolucionaria apoyada por la UGT tuvo graves consecuencias para el movimiento obrero aragonés: se ilegalizaron  las organizaciones socialistas y la clausura de sus locales, numerosos dirigentes y militantes fueron detenidos (entre ellos, Bernardo Aladrén) se destituyeron alcaldes socialistas como fue el caso, entre otros,  de Juan Sancho (Ejea), Julián Palacio (Mallén), Antonio Plano (Uncastillo) o Antonio Garulo (Zuera).

Tras la victoria en las urnas del Frente Popular (16 febrero 1936), y amnistiados todos los procesados por los sucesos de 1934, un renovado impulso político por parte del nuevo gobierno republicano pretendió retomar las reformas y las demandas de los sectores populares ignorados durante los gobiernos de la coalición derechista de  los radicales de Lerroux con el apoyo de la CEDA, esto es, el período conocido como el “Bienio negro” (1934-1936). Sin embargo, tan sólo cinco meses después de la victoria del Frente Popular y de la formación del nuevo Gobierno republicano, el violento golpe militar iniciado el 18 de julio de 1936 y la guerra civil que acto seguido se desató, truncaron todas las esperanzas de avances políticos y sociales tantos tiempos anhelados. Se iniciaba así, a sangre y fuego, la tragedia que supuso la larga noche de la dictadura franquista.

 

 

      José Ramón Villanueva Herrero

      (La Voz Sindical: órgano de la UGT Aragón, nº 112, enero 2010).

 

 

 

 

LA BATALLA DE LAS IDEAS

         

      Mi amigo Vicent Garcés, portavoz federal de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, suele decir que la izquierda actual debe esforzarse por ganar la batalla de las ideas frente a una derecha que se ha ido rearmando ideológicamente en diversas fuentes doctrinales tales como un autoritarismo de raíces (mal disimuladas) franquistas, un revisionismo histórico carente de metodología y objetividad y, también, desde planteamientos neoliberales que, con su codicia insaciable, nos han conducido a la crisis económica global que actualmente padecemos.

      Ante esta situación, tras el desmoronamiento del comunismo soviético y de los regímenes de sus países satélites a partir de 1989, unido a la actual crisis de la socialdemocracia europea, resulta fundamental el que la izquierda recupere los principios y valores que le dan razón de ser como elemento necesario de transformación social con objeto de construir un mundo más justo, libre y solidario. Sin embargo, en el ámbito del debate ideológico, la izquierda parece ir a la defensiva ante la briosa acometida de una nueva derecha dura y sin complejos que cuenta, además, con poderosos medios de comunicación desde los cuales inculcar su peculiar, parcial e interesada visión del mundo.

      No es ajena a esta ofensiva neoconservadora la aparición de una tendenciosa reinterpretación de la historia reciente, una descarada tergiversación de la realidad histórica con una carga ideológica profundamente conservadora, por no decir reaccionaria, puesta al servicio, como siempre, de los intereses materiales e ideológicos de los poderosos. Los ejemplos son abundantes y están en la mente de todos: el revisionismo histórico enarbolado por historiadores como César Vidal, Luís Suárez, Ricardo de la Cierva o aprendices de historiador como el polémico Pío Moa, que reinterpreta nuestra historia contemporánea de forma tan sesgada como falsa denostando a la II República y sus valores en la misma medida que exculpa al franquismo de sus crímenes a la vez que destaca determinados aspectos de la "modernidad" de la dictadura.

      En este sentido, la invasión "troyana" de los activistas del revisionismo histórico reaccionario, transciende del ámbito histórico para ir calando en el campo de la clase política conservadora española como es el caso de las desafortunadas declaraciones de Aleix Vidal-Quadras sobre la II República a la que se atrevió a calificar de "error histórico" o las de Mayor Oreja relativas a la supuesta "placidez" en que vivíamos los españoles bajo la dictadura franquista. Ante afirmaciones tan sesgadas y carentes de fundamento, me viene a la memoria aquella afirmación de Manuel Azaña cuando aludía a que en España arraigaban con mayor fuerza las estupideces que las acacias.

      También en el ámbito de la política local podemos encontrar algún ejemplo de esta visión beligerante y sesgada de la historia, convertida en ariete político contra el socialismo democrático y que con tanta frecuencia emplea la derecha española. Recuerdo, por ejemplo, un artículo firmado por Javier Martínez, presidente de la Junta Local del PP de Alcañiz titulado "La batalla de las palabras" publicado en este mismo Diario de Teruel el 13 de diciembre de 2008, en el cual podíamos leer una descalificación visceral de los nacionalismos, otra de las bestias negras del pensamiento conservador hispano, señalando que, "el nacionalismo separatista en España no es una ideología, es una patología, una enfermedad. Y como toda enfermedad, conlleva una serie de trastornos que afectan incluso al lenguaje". En mi caso, que para nada me siento nacionalista, considero que semejantes expresiones reflejan con claridad el sustrato ideológico, los demonios interiores, que caracteriza el pensamiento político de la derecha española: puede que no nos gusten los movimientos nacionalistas de corte independentista tanto en cuento se basan en criterios excluyentes e insolidarios pero, en democracia, son sin ninguna duda tan legítimos como los defendidos por quienes se sienten orgullosos de considerarse ciudadanos nacionalistas españoles. Es evidente que no comparto (aunque respeto) los ideales que inspiran al nacionalismo vasco, catalán, gallego o aragonés, pero de ninguna forma son una "patología" política que precise una "intervención quirúrgica" pues ello, el subconsciente de la derecha parece siempre querer anhelar la intervención de un "cirujano de hierro" como diría Costa, o algo peor, que extirpe del cuerpo nacional esta supuesta enfermedad: una lectura muy peligrosa a la hora de comprender la realidad política de nuestra España plural, de esta "nación de naciones" que avanza hacia un modelo territorial federal y, tal vez, también republicano.

      Otro uso perverso de las palabras es cuando la derecha suele reprochar el que tanto la izquierda como los nacionalismos no utilicen el término de "España" y lo sustituyan por el de "Estado Español". Cuando esto se dice por parte de los nacionalistas españoles, hay que recordar que ésta última denominación ya aparecía en el art. 7 de la Constitución de la II República de 1931 y que, posteriormente, el término de "Estado Español" fue la denominación oficial de la España franquista entre 1936 y 1975: se empezó a utilizar tras el golpe liberticida de 1936 para así no aludir a la "República sindical" de orientación fascista que quería implantar los falangistas ni tampoco la monarquía tradicional y católica que anhelaban restablecer, una vez derrocada la República laica, el carlismo y los sectores más conservadores del bando sublevado. En la actualidad, aunque prefiero aludir a España cono realidad política e histórica, también es cierto que el término "Estado Español" resulta una denominación lógica y razonable a utilizar por parte de los grupos políticos nacionalistas y soberanistas para aludir a un Estado constituido por varias naciones, tal y como reconoce el texto constitucional.

      La carga ideológica que conferimos a las palabras puede, pues, articular el diálogo y la convivencia entre modelos políticos y sociales distintos pero, cuando se llenan de tendenciosidad y engaño, se convierten en barreras infranqueables, en simas profundas que diferencia y alejan a las personas, los territorios y los modelos de convivencia social. Por ello es tan importante mantener una actitud abierta, honesta, dialogante y objetiva a la hora de analizar nuestra historia y la necesidad de extraer lecciones positivas que nos sirvan, a todos, para cimentar una sociedad basada en el diálogo cívico, el respeto a la diversidad y no en odios atávicos o en mentiras y falsedades interesadas. Ciertamente nos falta talante, esa deseable y escasa virtud cívica, esa actitud abierta, tolerante y respetuosa que, por lo visto, a fecha de hoy, no ha aprobado todavía la derecha política española y que, por ello, sigue estando un tanto descentrada.

      La batalla de las ideas, el debate profundo que debe caracterizar a toda sociedad democráticamente madura, no puede quedar desvirtuado por la utilización perversa del lenguaje y de la historia colectiva. Todo un reto para historiadores, políticos y, desde luego, para el conjunto de todos nosotros, los ciudadanos de esta nuestra España plural.

 

       (Diario de Teruel, 27 diciembre 2009)

 

 

FARMACOCRACIA

         

     En fechas recientes fue noticia las declaraciones críticas que, con motivo de la campaña de vacunación contra la gripe A, hizo la doctora Teresa Forcades la cual es, también, monja benedictina y teóloga progresista. Entre otras cosas, la Hermana Teresa advertía, en medio del excesivo alarmismo generado en torno a esta pandemia, de que se desconocían sus efectos secundarios, así como de los grandes intereses económicos que tenían las industrias farmacéuticas en este tema, como era el caso de la comercialización del célebre Tamiflú de la empresa Roche.

      No era la primera vez que la Hna. Teresa Forcades advertía sobre los oscuros intereses que mueven a las grandes corporaciones farmacéuticas mundiales y los inmensos beneficios obtenidos por éstas. Así, en su documentada obra Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas (Edicions Cristianisme i Justícia, 2006), nos ofrece una imagen demoledora de las presiones y negocios de la industria farmacéutica a nivel mundial, hasta el punto de que ésta ha sido capaz de imponerse a las decisiones de los gobiernos, pudiéndose por ello hablar de una "farmacocracia" en determinados sectores de la política y la economía internacional que sufren, sobre todo, los países del Tercer Mundo y que en el caso de los Estados Unidos, el poder de las grandes compañías farmacéuticas las ha convertido en un sector tan estratégico para la economía americana como lo es el petrolífero.

      El extraordinario poder político y económico de las grandes compañías farmacéuticas se incrementó tras la aprobación por el Gobierno Reagan de la Ley de Extensión de Patentes (1984), también conocida como Ley Hatch-Waxman, y la posterior creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (1994) que, como señala la Hna. Teresa, tenía por objetivo "asegurar que la globalización no atentara contra los intereses del gran capital".

     Pese a que Médicos Sin Fronteras (MSF) lanzó una campaña internacional para el acceso a las medicinas esenciales a precios asequibles mediante la cual se permitía a determinados países como India, Brasil o Sudáfrica producir genéricos a precios muy bajos para combatir el SIDA en los países del Tercer Mundo, las presiones de la industria farmacéutica, que no estaba dispuesta a renunciar a los inmensos beneficios de sus patentes, truncaron el proceso. De hecho, en los últimos años se ha aumentado la protección sobre las patentes farmacéuticas mediante el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al Comercio (ADPIC) (1995), lo cual ha producido un brutal impacto en la comercialización de los antirretrovirales para combatir el SIDA, enfermedad que causa 3 millones de muertes/año en África. En consecuencia, y por imperativo de los acuerdos de la OMC, se obliga a que, desde 2005, la comercialización de todos los medicamentos esté sometida al sistema de patentes (aunque sus precios sean abusivos en el Tercer Mundo), impidiendo de éste modo la producción legal de genéricos mucho más baratos: en este sentido, Teresa Forcades alude a que los genéricos producidos en Brasil habían reducido su coste un 79 % o que un producto como el Fluconazol, destinado a combatir el SIDA, elaborado por la farmacéutica Pfizer costaba entre 14-25 euros, mientras que su genérico valía solamente 0, 75 euros. Por si esto fuera poco, las grandes compañías se negaron a comercializar en los países pobres los medicamentos que no les aportaban suficientes beneficios (sus márgenes brutos oscilan entre el 70-90 %): este fue el caso del retroviral Kaletra, que no necesitaba refrigeración lo cual lo hacía idóneo en los países del África Subsahariana, y que dejó de comercializarse porque la empresa Abbott lo consideró "poco rentable".

     La Hna. Teresa Forcades, que trabajó tres años como médico residente en el Hospital de Buffalo, la segunda ciudad más importante del Estado de Nueva York, es valiente al afirmar que el actual sistema de patentes farmacéuticas favorece los abusivos intereses de la industria a expensas del bien común, siendo especialmente injusto con los países subdesarrollados, los cuales deberían de estar exentos de las obligaciones ligadas a la propiedad intelectual, especialmente en el caso de los medicamentos esenciales, por todo lo cual resulta cada día más urgente avanzar hacia un nuevo y más justo sistema mundial de patentes.

     Otro de los aspectos importantes denunciados por la Hna. Teresa es cómo la investigación farmacéutica se guía exclusivamente en función del beneficio económico potencial a obtener. Tal es así que en un informe de MSF titulado Desequilibrio fatal (2001) para el estudio de las enfermedades olvidadas, se concluye que "las enfermedades que afectan principalmente a los pobres se investigan poco y las que afectan sólo a los pobres no se investigan nada". Es lo que se ha denominado "desequilibrio 10/90", esto es, que sólo el 10 % de la investigación sanitaria mundial está dedicada a enfermedades que afectan al 90 % de los enfermos del mundo (malaria, tuberculosis, enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana), enfermedad de Chagas, enfermedad de Buruli, dengue, leishmaniosis, lepra, filariasis, esquistosomiasis). Por el contrario, el 90 % de las investigaciones se dedican a otras "prioridades" mucho más rentables como los tratamientos de impotencia, obesidad e insomnio que afectan al 10 % de la población, esto es, al Primer Mundo. En este sentido, sólo con la píldora Viagra, comercializada por Pfizer, la principal compañía farmacéutica americana, ya en el año 2001 obtuvo unos beneficios anuales superiores a los 1.500 millones de dólares, cantidad que ha seguido aumentando y que convierte a la Viagra en el principal "blockbuster" (medicamento con un volumen de ventas superior a los 1.000 millones dólares/año) del mercado en Occidente.

     Por todo lo dicho, la estrategia farmacéutica de las grandes compañías se basaría en comercializar y hacer propaganda intensa de medicamentos inútiles, nocivos e incluso mortales como el antidepresivo Zoloft (de Pfizer), o los productos anticolesterol Lipoday, Chostat, Staltor (de Bayer) o los antiinflamatorios Vioxx (de Merck) o Bextra y Celebrex (de Pfizer), algunos de ellos ya retirados del mercado por sus nocivos efectos ; explotar al máximo los medicamentos (incluidos los esenciales) en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva; reducir las investigaciones de las enfermedades que afectan principalmente a los pobres porque no les resultan rentables y concentrarse en los problemas de las poblaciones de alto poder adquisitivo, aunque no se trate de "enfermedades", como es el caso de los medicamentos antienvejecimiento y, finalmente, forzar las legislaciones nacionales e internacionales a que favorezcan sus intereses, aunque sea a costa de la vida de miles de personas. En este sentido el lobby farmacéutico americano, agrupado en PhRMA, que controla el 60 % de las patentes de medicinas mundiales y los 50 medicamentos más vendidos, tiene un papel determinante y se convierte así en una auténtica "farmacocracia".

     Ante este panorama, la conclusión de Teresa Forcades supone todo un reto para la política y la defensa de una sanidad pública mundial verdaderamente solidaria con las necesidades del Tercer Mundo. Por ello, la industria farmacéutica y sus intereses económicos requieren de una urgente y más justa regulación política que priorice el bien común, esto es, el derecho universal a la salud y no sólo la búsqueda de una rentabilidad económica de unas compañías. Ciertamente, como nos recuerda Teresa Forcades, una monja benedictina, una doctora comprometida y valiente, resulta un deber moral y político el exigir un mayor control democrático y legislativo internacional que ponga fin a los abusos de la industria farmacéutica.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 13 diciembre 2009)

 

LA DINASTÍA CARCELLER

         

      Durante los duros años del franquismo, en la inmediata posguerra, hubo dos turolenses que tuvieron un papel relevante en la política de la dictadura pues ambos fueron ministros del régimen: uno fue José Ibáñez Martín, responsable del Ministerio de Educación Nacional entre 1939-1952, y el otro, posiblemente menos conocido, fue Demetrio Carceller Segura (1894-1968), nacido en Las Parras de Castellote y que ocupó la cartera de ministro de Industria y Comercio entre octubre de 1940 y julio de 1945. A éste me referiré seguidamente.

     Demetrio Carceller era hijo de una familia campesina que, como tantas otras, emigró desde las tierras turolenses a Cataluña en búsqueda de un futuro mejor. Establecidos en Tarrasa, pasados los años Demetrio llegó a ser ingeniero textil en esta industriosa ciudad catalana. Durante los años de la II República, inició su andadura política en las filas de la derecha fascista, razón por la cual colaboró con José Antonio Primo de Rivera en la fundación de Falange Española (1933).

     Iniciada la Guerra Civil, consiguió, al igual que Ibáñez Martín, evadirse de la zona leal a la República y llegar a la zona rebelde, en donde participó en la recién creada Comisión de Industria y Comercio de la Junta de Defensa de Burgos. Carceller, por aquel entonces con importantes intereses vinculados a los negocios petrolíferos desde la fundación de CAMPSA (1927) y CEPSA (1929), desempeñó un papel decisivo ("intervención capital", según Ramón Garriga), para conseguir los vitales suministros de carburante que precisaban los sublevados para sus tropas en los primeros instantes de la contienda, antes de que recibieran el masivo apoyo procedente de las potencias fascistas, esto es, de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. Tal es así que los contactos del turolense Carceller hicieron que la multinacional petrolera americana Standard Oil suministrara de forma inmediata éstos a los generales Mola y Franco, cabezas visibles de la sublevación liberticida contra la República.

     Durante la Guerra Civil, Carceller, a quien ya se empezaba a conocer como "el cerebro económico de la Falange", fue ganando prestigio y poder político en la jerarquía franquista. Concluida esta y en pleno delirio filonazi, Carceller formó parte de la nutrida delegación que, al mando de Serrano Suñer, viajó a Berlín en septiembre de 1940 con el propósito de acordar la entrada de la España franquista en la guerra mundial al lado de las potencias del Eje. Carceller había recibido el mandato de Franco de estudiar los métodos puestos en práctica por la Alemania nazi para obtener dos productos que el régimen consideraba vitales en la depauperada España de posguerra: la fabricación de gasolina sintética y de abonos químicos, razón por la cual el turolense efectuó diversas reuniones con técnicos alemanes y trató con los jerarcas nazis importantes temas económicos.

     La estrella de Carceller era ascendente y un sentimiento de admiración hacia el político turolense se extendía entre la delegación española enviada a Berlín, hasta el punto de que algunos querían ver en él a "un mago de la obra de reconstrucción económica de España". Pero el objetivo último que con ello se pretendía no era otro que servir a los fines de un quimérico expansionismo "imperial" aireado por el franquismo al socaire de su abierta alineación con la Alemania nazi, la misma que estaba despedazando a la vieja Europa. De hecho, se pensaba que, si la España franquista resolvía el problema del autoabastecimiento de gasolina y fertilizantes, podría jugar un "papel decisivo" en la guerra y el consiguiente reparto de un botín colonial que se intuía próximo.

     A su regreso de Berlín, Franco, que confiaba plenamente en los planes económicos de Carceller, lo nombró ministro de Industria y Comercio (17 octubre 1940), con lo cual dejaba en manos del falangista de Las Parras de Castellote la inmensa tarea de reconstruir la economía de aquella triste España de la posguerra, sumida en la miseria y la represión y cuyo primer eslabón fue la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en septiembre de 1941.

     La gestión del flamante ministro turolense, compañero en el Gobierno de su paisano Ibáñez Martín, se caracterizó en un primer momento por su entusiasmo germanófilo. Convencido como estaba de la inminente victoria del III Reich, era de la opinión de que había que ayudar a la Alemania nazi en todo lo posible, suministrándole todo cuanto pidiera (sobre todo hierro y wolframio para su industria bélica) sin exigir, como contrapartida apenas nada, lo cual se resumía con total nitidez en una frase del mismo Carceller: "A la hora de la victoria verá Hitler quienes han sido sus verdaderos amigos y recibiremos el premio que nos hemos merecido".

     Pero la realidad fue bien distinta: la gestión de Carceller propició los desastrosos balances comerciales hispano-germanos de 1940, 1941 y 1942. No fue hasta finales de 1942 cuando el astuto Carceller percibió que la guerra cambiaba de signo tras las derrotas nazis de Alamein y Stalingrado y por ello mudó su inicial servilismo pronazi por una mayor presión económica sobre Alemania bajo el lema de "Te daré lo que me pides, si recibo aquello que necesito". Fue entonces cuando intentó desarrollar, con tecnología alemana, los proyectos para la elaboración de gasolina sintética y abonos químicos a partir de pizarras bituminosas y lignitos de baja calidad. En este contexto hay que situar la creación en noviembre de 1942, dentro del INI, de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes con el objeto de explotar las cuencas de Puertollano y Teruel y cuya producción, según el régimen debía de cubrir el 25-30 % de consumo nacional, pues se pensaba en producir mensualmente la irreal cifra de 10.000 Tm. de gasolina sintética.

     De Carceller debemos señalar igualmente que fue el primer ministro de Franco que volvió la espalda a la Alemania nazi cuando percibió la futura derrota de ésta y jugó, hasta su cese el 18 de julio de 1945, la carta del triunfo aliado pues pensaba que los capitalistas de todo el mundo, entre ellos los nuevos ricos surgidos al amparo del franquismo, como era su caso, debían de ser "buenos amigos" para hacer frente al enemigo que se vislumbraba en el horizonte en caso de una victoria soviética en la Guerra Mundial una vez abatida la Alemania hitleriana.

     Continuando con la trayectoria política del ministro turolense Demetrio Carceller digamos que, cuando Franco lo cesó como ministro de Industria y Comercio el 18 de julio de 1945, tras cuatro años y medio en el cargo, el político nacido en Las Parras de Castellote era ya uno de los hombres más ricos de España, pues cuando dejó el gabinete contaba ya con una inmensa fortuna. Según datos aportados por el eminente historiador Josep Fontana en el VII Congreso de la Asociación de Historia Económica celebrado en Zaragoza en septiembre de 2001 sobre el tema "La economía del primer franquismo", el ingeniero falangista acumuló su fortuna como consecuencia de que "ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas, puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasaron "miles y miles de millones de pesetas", pero no sin dejar "peaje", por lo que a Carceller se le ha considerado el iniciador de la corrupción en gran escala generada por el franquismo, el cual ya poseía una fortuna considerable derivada de sus negocios de refino de petróleo cuando fue nombrado ministro en 1940.

     Una anécdota curiosa de ésta época de ministro refleja el peculiar carácter de Carceller. En cierta ocasión, hablando con el agregado comercial de los Estados Unidos, le preguntó cómo podría obtener un coche Buick del último modelo que acababa de salir de fábrica. El americano, amablemente, le contestó que él se encargaría de que el ministro tuviera el vehículo que tanto deseaba. "Acepto –respondió Carceller- , pero nada de regalos. Lo quiero pagar". Pasaron unas semanas y el mismo diplomático se presentó para anunciar: "Señor ministro: a la puerta del Ministerio está el Buick que usted deseaba. Le sugiero un paseo a prueba". Carceller abandonó todos los asuntos y subió al coche. Terminada la prueba y encantadísimo de su Buick, dijo al norteamericano: "Me tiene que decir lo que le debo, pues quedamos que lo quería pagar". "Me debe 500 pesetas", replicó el norteamericano al indicar un precio simbólico con el cual deseaba congraciarse con el ministro Carceller. Acto seguido, éste sacó la cartera y alargó un billete de 1.000 pesetas. "No tengo cambio", se excusó el yanqui. "No importa –respondió el ministro- quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick" fue la respuesta del ministro turolense.

     Así fue como se asentó la dinastía Carceller, una dinastía de gran poder económico que ha ido creciendo, año tras año, hasta la actualidad. De este modo, el patrimonio del político y empresario turolense, cimentado inicialmente en los negocios petrolíferos (CAMPSA, CEPSA), energéticos (Hidrocantábrico) y financieros (Banco Herrero), fue continuado por su hijo Demetrio Carceller Coll, mediante el control de la industria cervecera Damm, de la cual era presidente y el mayor accionista así como desde la presidencia del Banco Comercial Transatlántico (Bancotrans), del cual era propietario del 11 % de sus acciones, o su participación en Sevillana de Electricidad, empresa vinculada a Endesa.

     Pero la expansión de la dinastía Carceller alcanzó su cenit de la mano de Demetrio Carceller Arce, el "nietísimo" del ministro de Las Parras de Castellote y que, a fecha de hoy, es una de las fortunas más potentes de España. Su inmenso patrimonio se extiende desde sus participaciones en la Bolsa (que superan los 1.000 millones de euros), hasta un amplio conglomerado de empresas: la familia Carceller extiende su poderío económico por todo un holding empresarial del que forman parte la Sociedad Anónima Damm (presidente y máximo accionista con el 23 % del capital de la cervecera), así como empresas del sector petrolífero y energético como Disa Corporación Petrolífera, que controla la distribución de carburantes en las islas Canarias, en donde se halla domiciliada por cuestiones fiscales, así como CEPSA, Repsol, Atlántica Petrogas, Unión Fenosa, Gas Natural o Hidrocantábrico. El emporio se extiende igualmente al sector de las empresas constructoras e inmobiliarias: Demetrio Carceller Arce es propietario del 6,04 % de las acciones de Sacyr-Vallehermoso y fue uno de los impulsores del asalto protagonizado por esta constructora para hacerse con el control del BBVA; además, es miembro de los Consejos de Administración de diversas industrias del sector alimentario como es el caso de Ebro-Puleva e, incluso de otras empresas diversas como la dedicada a la producción de pinturas CIN-Valentine.

     Ciertamente, nadie sabe con certeza la cuantía del patrimonio de Demetrio Carceller Arce, cabeza visible de la fortuna amasada por la familia del político de origen turolense. Su nieto, austero, discreto, alejado siempre de los medios de comunicación, profundamente enraizado con la más selecto de la burguesía española a pesar de tener su residencia en Londres, es el símbolo de una familia poderosa que ha pasado durante muchos años desapercibida para el conjunto de la sociedad que desconoce su trayectoria y el poder económico acumulado desde los tiempos de su abuelo, aquel antiguo ingeniero textil embarcado más tarde en negocios petrolíferos, ministro franquista de Industria y Comercio en los años más duros de aquella España triste, hambrienta, autárquica y víctima de la inmisericorde represión por parte de los vencedores de una trágica guerra civil mientras que los adictos al régimen medraban en la política y la economía del franquismo.

   Esta es la breve historia de una familia, de la dinastía Carceller, una familia que no sufrió los rigores de la España del racionamiento y la pobreza, que se enriqueció al amparo de la dictadura franquista y que hoy es una de las mayores fortunas en la España democrática, una familia que, a buen seguro, tampoco sufrirá los efectos de la crisis económica global. Así es la vida, así es la historia de los poderosos.

 José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 22 y 29 noviembre 2009)

 

EL HONOR DE JUAN NEGRÍN

         

 

Cuando el pasado 24 de octubre tuvo lugar un homenaje para el reconocimiento y reingreso en el PSOE de Juan Negrín López y 35 militantes socialistas que, como él, fueron expulsados del partido en 1946, se reparaba, finalmente, una profunda injusticia para con aquel brillante científico, para con quien fue Presidente del Gobierno de la República y que simbolizó la dignidad y el espíritu de resistencia republicana contra el fascismo durante los años más duros de nuestra trágica Guerra civil.

Sobre la recuperación de la memoria del Presidente Negrín, aquel médico socialista que soñó con una España democrática y social, habían pesado un cúmulo de tendenciosas acusaciones y perversas calumnias. De hecho, contra la memoria histórica de Negrin convergieron, en extraña alianza, no sólo los apologistas de la dictadura franquista, sino también del sector del PSOE afín a Indalecio Prieto en un intento de ajustar cuentas y responsabilidades tras la amarga derrota de la legalidad republicana ante el fascismo en 1939. A ellos habría que añadir los que, en plena Guerra Fría, acusaron a Negrín de “procomunista”, (los “prietistas”, entre ellos) en un momento y en un contexto en el cual tal calificativo era sinónimo de anatema político. Todas estas circunstancias ennegrecieron, hasta fechas bien recientes, la figura y la memoria de Negrín, haciendo que una penumbra intencionada oscureciese su trayectoria política.

Desde las filas de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE hacía años que reivindicábamos la memoria de Negrín, y, en el 37º Congreso del PSOE (julio 2008) apoyamos una propuesta de resolución (que fue aprobada) en la que se pedía su rehabilitación política y el reingreso (a título póstumo) en el PSOE de Negrín y sus compañeros del sector “negrinista” entre ellos, Ramón González Peña (que fue presidente del PSOE y secretario general de UGT entre 1938-1944), Ramón Lamoneda (secretario general del PSOE durante la Guerra civil) y otros destacados militantes como Julio Álvarez del Vayo, Ángel Galarza, Julia Álvarez, Amaro del Rosal o el escritor Max Aub.

Sin embargo, ha sido la labor de historiadores como Ricardo Miralles o Ángel Viñas quienes, desde el rigor metodológico, han logrado dignificar la figura de Negrín, despojándola de acusaciones y mitos descalificadores carentes de toda veracidad histórica divulgados por sus enemigos políticos. Es por ello que, en estas fechas, resulta de especial interés la lectura del  libro de Ángel Viñas titulado El honor de la República. Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin (Barcelona, Crítica, 2008) en el que se analiza la gestión del Gobierno Negrín (mayo 1937-marzo 1939) y se aclaran diversas controversias y mitos en torno al político socialista. Para ello, Viñas recurre a un estudio exhaustivo de las fuentes documentales, muchas de ellas inéditas, como es el caso de los archivos soviéticos. De este modo, logra desmontar diversos bulos divulgados por los historiadores franquistas y, también, por los seguidores del revisionismo histórico actual.

Varios son los falsos mitos que se derrumban a partir del excelente trabajo de Viñas. En primer lugar, la acusación de que Negrín fue un títere  de la URSS con miras a implantar en España una dictadura comunista, lo cual, en base a la documentación ofrecida por los archivos soviéticos, se demuestra que es una “mera calumnia”. Es cierto que Negrín estimaba a los comunistas por su disciplina, organización  y tenacidad en la lucha contra el fascismo, pero también lo es que no estaba dispuesto a verse dirigido por ellos. Viñas recalca como, en diversas ocasiones, Negrín y el PSOE se opusieron con éxito a los designios del todopoderoso Stalin en relación a cuestiones que afectaban a cuestiones políticas y militares. Por otra parte, la dependencia de la República de la URSS se hizo vital debido al abandono en que la dejaron las democracias (Francia y Gran Bretaña). Pese a ello, la política diplomática de Negrín buscó hasta el final el apoyo de las democracias occidentales (también de los EE.UU.), lo cual descuadra la interpretación que de él hicieron los propagandistas profranquistas y los que Viñas define como “guerreros de la Guerra Fría”. De este modo, se ofrece una descalificación contundente de las maliciosas afirmaciones de Vidal sobre la supuesta existencia de un pacto Negrín-Stalin, definiendo a este polémico historiador como “asiduo practicante” de lo que Reig Tapia calificaba como “historietografía”, propia de los seguidores del revisionismo histórico de corte conservador cuando no neofascista.

También desmonta Viñas la acusación de que Negrín prolongó innecesariamente la guerra, para lo cual hace un sereno análisis de la estrategia de resistencia negrinista. Tras definir a Negrín como el único dirigente del Frente Popular que “no se hundió en la adversidad”, y que como ministro de Defensa Nacional reorganizó el Ejército Popular, destaca Viñas la faceta de un Negrín empeñado en mantener la resistencia, pese a los reveses militares, como forma de salvar, a la larga, el mayor número posible de vidas republicanas. Intuía, como sí fue, que, tras la derrota, se desencadenaría una represión implacable contra los vencidos, forma mediante la cual, Franco pretendía “romper de una vez para siempre, la espina dorsal de la izquierda española” (p. 544). Pero, ante el empuje de las armas franquistas, de nada sirvieron los esfuerzos republicanos de resistir, como confiaba Negrín, hasta enlazar con un inminente conflicto europeo o inducir a Franco a negociar en condiciones que no fueran la capitulación total y absoluta.

La guerra estaba perdida y el golpe de Casado (5 marzo 1939) fue la puntilla definitiva a la política de resistencia antifascista de Negrín. Franco, que tenía al alcance de la mano la victoria militar, consideró “inaceptables” las condiciones de Negrín planteadas en la última reunión que celebraron las Cortes republicanas en territorio español (castillo de Figueras, 1 febrero 1939) para una posible mediación tendente a la paz: garantías para la independencia de España (y retirada fuerzas extranjeras), garantías de que el pueblo español pudiera decidir libremente su destino en un plebiscito y, sobre todo, garantías de que no se ejercería ningún tipo de represalias ni persecuciones sobre los republicanos.

De forma premonitoria, en un telegrama que envió Negrín al presidente norteamericano Roosevelt el 6 de enero de 1939, advertía a éste de las consecuencias de la derrota republicana:

“El resultado de la lucha en España decidirá lo que ha de ser Europa y marcará el rumbo del mundo por venir. La historia será inexorable con aquellos hombres de Estado que hayan cerrado sus ojos a la evidencia y con los que por indecisión hayan dejado poner en riesgo los principios de tolerancia, convivencia, libertad y sana moral que inspiran la Democracia […] Si pereciésemos, habríamos al menos cumplido como colectividad nacional nuestra misión histórica y como individuos con el mandato de nuestra conciencia”.

Lo que sucedió tras la derrota es de todos conocido: no se equivocó Negrín en su intuición sobre el futuro que esperaba a los vencidos. Las responsabilidades de la derrota se cargaron sobre las espaldas y la memoria del Presidente Negrín, quien se había negado a rendir las armas mientras quedase una parte del territorio español leal a la República.

Tras tantos años de olvidos, los mitos se derrumban y las controversias se aclaran. Hoy, al igual que señalaba Carmen Negrín, la nieta del político socialista canario, sentimos una profunda alegría porque  “no haya desaparecido la historia” de su abuelo. Y es que, tras un largo y difícil recorrido, al reingresar Negrín en el PSOE, se ha recuperado con la dignidad que siempre mereció, una parte de la memoria histórica socialista, aquella que, frente al embate del fascismo, defendió con honor Juan Negrín López.

(Diario de Teruel, 17 noviembre 2009)

 

 

VÍCTOR PRUNEDA, UN BICENTENARIO REPUBLICANO

         

Hoy, 1 de noviembre, se cumplen 200 años del nacimiento del político republicano federal Víctor Santos Pruneda Soriano (Ferrol, 1809 – Teruel, 1882), aquel joven gallego que un día recaló en las tierras turolenses, a las que amó apasionadamente y que, en mi opinión, puede considerarse como el político más destacado del Teruel del siglo XIX, el de mayor coherencia y honestidad, siempre impulsado por una profunda ética en la práctica política en defensa de sus ideales democráticos, republicanos y federalistas.

En estos últimos años, los turolenses hemos hecho justicia con la figura de Pruneda, recuperando su memoria y su legado político. De este modo, han ido apareciendo investigaciones históricas sobre Pruneda y otras se hallan en proceso de elaboración, se ha recuperado su nombre en la toponimia urbana turolense y el Ateneo Republicano de esta ciudad ha asumido la tarea de divulgar su pensamiento político, hechos éstos que me producen una profunda satisfacción.

No pretendo ahora incidir en la importancia histórica de su figura, en la multitud de motivos que, recogidos en la biografía política que le dediqué hace ya unos años (Víctor Pruneda, una pasión republicana en tierras turolenses, 2001), me reafirman en la idea de considerarlo el político más importante de cuantos estuvieron vinculados a la historia de la provincia de Teruel durante el siglo XIX. Al margen de su importante, intensa y agitada trayectoria política, quisiera reseñar tres aspectos del pensamiento prunedista que tienen plena vigencia en la actualidad y que bueno sería tenerlos en cuenta como ciudadanos y como turolenses.

En primer lugar, el republicano Pruneda es todo un ejemplo de cómo, en tiempos difíciles, la firmeza de los referentes éticos resulta imprescindible en la actividad política, tan denostada en la actualidad en determinados ámbitos. De este modo, al margen de las preferencias partidarias de cada cual, Pruneda fue de esas personas que dignificaron el noble ejercicio de la política, entendida como un servicio cívico para lograr mejoras progresivas en la sociedad que le tocó vivir. Pruneda comprendió que cuando se actúa en política desde la ética y la coherencia, cuando se es fiel a los ideales, siempre por encima de los personalismos, cuando se enarbola la defensa de los humildes, es cuando verdaderamente la acción política se convierte en una herramienta capaz de abrir nuevos horizontes de libertad y progreso, de anticipar un futuro mejor para todos. Este hecho fue destacado incluso por sus más enconados adversarios (y tuvo muchos) pues siempre reconocieron en Pruneda los valores de la coherencia, la tenacidad para afrontar los sacrificios que la defensa de la libertad nos exige en tiempos adversos, y el hecho de que muriese pobre, esto es, que jamás emplease la política (y ocasiones tuvo) para medrar o enriquecerse. Todo un ejemplo en los tiempos que corren.

En segundo lugar, el pensamiento de Pruneda representa lo que puede definirse como un nuevo patriotismo republicano español, esto es, la aspiración a establecer una España plenamente democrática tanto en el ámbito ciudadano como en la relación con sus territorios, con aquellos que libremente aceptan compartir un futuro común bajo en modelo de una República Federal. Retomando el lema de “Soberanía del pueblo. Economías. Reformas” de El Centinela de Aragón, el mítico periódico republicano fundado por Pruneda en Teruel en 1841, la República Federal era su ideal político, sinónimo de igualdad de derechos democráticos para todos los ciudadanos (sin privilegios de cuna o posición social), máxima descentralización de los poderes públicos y de una sociedad secularizada libre de interferencias clericales. En el fondo del pensamiento prunedista subyacen ideas progresistas tan actuales como el llamado “patriotismo constitucional” en una nueva España plural entendida como “nación de naciones”, lo cual supone redefinir el sentido de “lo español”, libre de nostalgias del pasado, así como asumir sin recelos ni prejuicios la realidad plurinacional de España, que sólo puede hallar un armonioso engarce territorial por medio de un modelo federal y republicano.

En tercer lugar, Pruneda nos dejó el ejemplo de su amor apasionado por las tierras y las gentes de Teruel. Sorprende comprobar cómo llegó a sentir tan hondo el alma y el carácter de esta tierra, en la que por espacio de más de 50 años compartió penas, adversidades políticas y, también, anhelos de libertad, progreso y regeneración económica. Especialmente reseñable resulta su vínculo emocional con la ciudad de Teruel, a la cual unión para siempre su destino. Recordemos que, allá por agosto de 1856, desde su exilio en Louvie-Juzon (Francia), aludía a Teruel como la “población para mí tan querida, una población donde resido hace veinte y dos años y por la cual me sacrificaría siempre, una población donde tengo mi familia, mis amigos y mis más caras afecciones, una población a la que estoy unido por los suspiros del alma, del corazón”.

Hoy, cuando se cumple el bicentenario del nacimiento de quien fue definido en su tiempo como “el decano de la democracia española”, bueno sería asumir el legado prunedista con relación a Teruel. Su ejemplo nos impulsa a esforzarnos día a día por conquistar un futuro digno para nuestra provincia por encima de tantos olvidos e  injusticias: ahí están, a modo de ejemplo, sus campañas a favor de las comunicaciones ferroviarias en las cuales depositaba toda su confianza para la regeneración económica turolense y que, a fecha de hoy, siguen siendo una deuda pendiente para con nuestra tierra. Hoy, que recordamos el bicentenario de su nacimiento, todos, ciudadanos e instituciones, cada cual desde su responsabilidad, debemos  asumir el reto de reactivar la pasión prunedista por Teruel. Este sería nuestro mejor homenaje a Pruneda y un ejemplo de que el legado de la acción y el pensamiento prunedista siguen abriendo horizontes de futuro para el progreso de Teruel.

(Diario de Teruel, 1 noviembre 2009)

 

LUCES Y SOMBRAS DE UNA REFORMA FISCAL

         

      En un artículo reciente, titulado “La fiscalidad progresiva” publicado en este mismo periódico, ya hacía referencia a que, ante épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal, aspecto esencial del modelo de estado de bienestar socialdemócrata con el cual me identifico. Además, con arreglo al artículo 31 de la Constitución referente a que los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, era evidente que las circunstancias actuales exigían una revisión global del sistema tributario. Ello debe suponer, en la práctica, el priorizar una política fiscal basada en los impuestos directos por ser éstos los que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta. De este modo, resulta esencial el impulsar actuaciones concretas tendentes a incidir de forma más efectiva en la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías por ventas de acciones o viviendas, seguros de vida), cuya tributación se efectúa por una triple vía:   el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de no residentes.

Algo, no todo, de este camino hacia una mayor justicia fiscal se ha vislumbrado tras la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, tema éste sobre el que quisiera hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, era importante abordar el incremento de  los impuestos que gravan las rentas del capital, las cuales se elevan, según los casos, al 18 y 21 % de las plusvalías obtenidas. También puede tener efectos positivos la reducción al 20 % (5 puntos menos) del Impuesto sobre Sociedades que afecta a las PYMEs  con la condición de que mantengan o incrementen su plantilla durante los próximos 3 años.

Sin embargo, ha sido decepcionante el que en dicho Proyecto de Ley no se haya acometido la necesaria reforma tributaria de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), convertidas en un pseudofondo de inversión, instrumento de ahorro de las grandes fortunas y, por ello, uno de los más utilizados por las personas con grandes capitales y que actualmente goza de importantes ventajas fiscales (exención en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), con objeto de subir su actual e irrisoria tributación del 1 % sobre sus plusvalías. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el tercer trimestre de 2008 existían 3.369 SICAVs, las cuales contaban con 439.395 socios (la mayoría, hombres de paja, testaferros o “mariachis”, interpuestos por los auténticos dueños) que acumulaban un patrimonio de 27.143,2 millones de euros, esto es, el 76,50 % de lo que casi 17 millones de familias españolas tenían consignadas como rentas de capital mobiliario en el años 2008, según datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Pero, en lugar de tributar al 25 % (al tratarse de una sociedad anónima) o al 18 % (al tratarse de una renta del capital, que es la que pagan los declarantes del IRPF, esto es, las familias y trabajadores), lo hacen a tan sólo al  citado 1 % sobre sus beneficios. En consecuencia, sería necesaria la aplicación de medidas concretas como el que las Cortes Generales restablezcan la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado (IHE)  (en la actualidad, es el único beneficio fiscal que no fiscaliza la IHE), una mayor implicación del Tribunal Económico Administrativo Central con las inspecciones de este tipo de sociedades o la exigencia a las SICAVs de la diferencia entre la tributación del Impuesto de Sociedades  y el 1 % que habían aplicado indebidamente debido a que, aunque en teoría eran instituciones de inversión colectiva, en la práctica se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios, así como la eliminación legal de los inversores ficticios (testaferros o “mariachis”).

Aunque desborda el ámbito de la política fiscal española, también sería necesario avanzar hacia un mayor control fiscal sobre las Unit Linked y de los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas con el único objeto de maximizar su rentabilidad y que, ante la situación financiera actual, es preciso que tengan una regulación más rigurosa. Tal vez cuando España ocupe la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) a partir del 1 de enero de 2010 sea el momento de impulsar medidas concretas para la regulación de los mercados financieros internacionales tales como potenciar el papel del Banco Central Europeo (BCE), dotar de carácter vinculante a las disposiciones de los nuevos organismos recientemente creados (Sistema Europeo de Vigilancia Financiera y Comité Europeo de Riesgos Sistemático), imponer una tasa internacional sobre las transacciones financieras, avanzar hacia una fiscalidad ecológica y, por supuesto, eliminar los paraísos fiscales, empezando por los existentes en la misma UE (Luxemburgo, Jersey o Gibraltar).

En las circunstancias actuales, sigo pensando que el Gobierno Socialista debe restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio para recuperar los 1.800 millones de euros/año que ha dejado de recaudar la Hacienda Pública. Igualmente, la agenda de reformas fiscales no debe olvidar el estudio sobre el establecimiento en un futuro de un impuesto adicional sobre las grandes fortunas o el fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de consejos de Administración y otros colectivos vinculados al sector financiero o a las industrias multinacionales (como las del automóvil) que han solicitado y recibido ayudas públicas, pues es notorio que, en demasiadas ocasiones, la actuación de estos ejecutivos evidencia una opacidad fiscal fragrante, inaceptable y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

Por principio, resulta difícilmente asumible la subida de cualquier impuesto indirecto que grave el consumo por los efectos sociales que de ello se derivan (perjudica a las familias de rentas bajas) y porque  responde a los postulados de las políticas económicas propias del neoliberalismo que no debemos de asumir ni imitar. Además, el pasado 13 de junio ya fueron elevados los impuestos indirectos sobre los hidrocarburos el tabaco con objeto de obtener una recaudación adicional de 1.097 millones de euros. Por ello no resulta aceptable la subida del IVA, tanto en su tipo general (18 %) como en su tipo reducido (8 %), a pesar de que la aplicación de dicho incremento se posponga hasta el 1 de julio de 2010. La subida del IVA sólo servirá para incrementar la presión fiscal sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad y tendrá además el efecto perverso de incrementar la picaresca generada en torno al fraude fiscal. Consecuentemente, la prioridad debe de ser acabar con las bolsas de fraude del IVA antes que plantear una elevación del mismo, para lo cual hay que dotar a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Hacienda del Estado de todos los recursos personales y materiales necesarios.

Pese a lo dicho, queda pendiente el impulsar una fiscalidad verde, la creación de un impuesto ecológico (ecotasa) de carácter finalista. Confiemos en que estos avances en fiscalidad se incluyan en la futura Ley sobre la Economía Sostenible que prepara el Gobierno Socialista. En ella, y a modo de propuesta, también debería de estudiarse igualmente la posibilidad de que, partiendo del cumplimiento estricto del Protocolo de Kyoto, se gravase con algún tipo de tasa arancelaria los productos importados procedentes del aquellos países que, como China o EE.UU. y otros, lo incumplen flagrantemente al ser los principales emisores de gases contaminantes a la atmósfera y, consecuentemente, responsables de la amenaza que el cambio climático supone para el futuro de la Humanidad.

       Ante la necesidad inaplazable de acometer una reforma fiscal en profundidad, las medidas adoptadas por el Gobierno, a fecha de hoy,  resultan tímidas e insuficientes dado que, para avanzar hacia una mayor justicia fiscal, debería de haberse incidido más en la presión tributaria sobre las rentas altas y no haber basado el afán recaudatorio en el fácil recurso de elevar los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. Con todo ello, la sensación general que se extiende entre la ciudadanía es que los que más pueden  no aportan todo lo que debieran, mientras que los trabajadores y clases medias van a ser, como siempre, los que van a soportar no sólo el peso de la crisis, sino, también, los esfuerzos tributarios necesarios para superarla y para  garantizar la inversión productiva y los gastos sociales. Por todo lo dicho, y con arreglo a las propuestas concretas antes citadas, se lograría un sensible avance hacia una mayor justicia fiscal y, además, se consolidaría el modelo social en el cual la redistribución de las rentas por medio de una fiscalidad progresiva, permita alcanzar mayores cotas de progreso y bienestar solidario.

(Diario de Teruel, 6 octubre 2009)

 

LA FISCALIDAD PROGRESIVA

 

Sumidos como estamos en una profunda crisis económica, el Gobierno ha planteado la necesidad de subir los impuestos a los perceptores de determinados tramos de renta como medida para hacer frente a los gastos sociales derivados de la citada crisis.

Esta medida, de elemental justicia social, ha sido, como era de esperar, atacada por la derecha política y económica, incapaz de asumir con hechos, y no con palabras, la defensa de los desfavorecidos, de los sectores que se hallan más vulnerables a los embates de la adversa coyuntura económica que atravesamos, una crisis cíclica del capitalismo cuyos efectos comprobamos día a día.

No es casualidad que el subconsciente de la derecha asuma como propias las ideas del economista  Friedrich von Hayek (1899-1992), uno de los grandes teóricos del conservadurismo moderno, padre del neoliberalismo  y fundador, por ello, de la Mont Pèlerin Society (1947). Hayek, contrario a cualquier intervención del Estado en la economía (desde la planificación estatal comunista hasta la progresividad fiscal socialdemócrata), sacralizaba las supuestas “virtudes” del neoliberalismo (como eran el libre mercado y la libertad de contratación  y despido), consideraba que el neoliberalismo debía de eliminar “ciertos instintos naturales”  como era el caso de la solidaridad y las políticas sociales a favor de los desfavorecidos a los cuales dejaba abandonados a su suerte. Por ello, la derecha política se encrespa cuando, desde posiciones socialistas, se plantea el aumento del gasto social, la subida de los impuestos directos y la regulación de los mercados económico-financieros como instrumentos para paliar las consecuencias negativas de la crisis sobre los sectores sociales más desprotegidos e indefensos.

Frente a las  posiciones insolidarias de la derecha en la que se enrocan los fervorosos seguidores del neoliberalismo, el camino debe ser bien distinto y debe pasar por la aplicación efectiva de políticas valientes de marcado signo social y, por ello, la profundización en la progresividad fiscal resulta esencial. En este sentido, el ejemplo que la socialdemocracia sueca nos ofrece puede ser de interés.

El Partido Socialdemócrata Sueco (SAP), fundado en 1889, entró por vez primera en el gobierno en el año 1932, cuando los efectos de la crisis económica de 1929 se hacían sentir con toda su crudeza en buena parte del mundo capitalista. Pese a ello, realizó una buena gestión en tan adversa coyuntura y su política social hizo que se estableciesen en Suecia por vez primera las pensiones de vejez, los subsidios para los alquileres o las vacaciones pagadas para los obreros. En consecuencia, en 1936, mientras en España empezaba la sangría de la guerra civil, en Suecia el SAP lograba en las elecciones la mayoría absoluta (45,9 %) y se iniciaban entonces varias décadas de gobiernos socialdemócratas en el país nórdico, fruto de los cuales se consolidó una sociedad de bienestar avanzada, progresista, regida por valores de justicia social y solidaridad internacional, todo un modelo para multitud de partidos y militantes socialistas.

El modelo social sueco surgió de un amplio acuerdo de concertación social conocido como la Convención de Saltsjöbaden (20 diciembre 1938),  sobre el cual se cimentó la llamada “paz social continua” con objeto de impulsar de forma permanente el desarrollo económico industrial y la calidad de vida de los trabajadores, cuyos resultados han sido, a lo largo de los años, excelentes. Había surgido así la sociedad mixta sueca, en la cual  la economía de mercado y la intervención de la política socialdemócrata en la economía se repartían las tareas. De este modo, el SAP aceptaba a las empresas privadas como elemento esencial de la producción (aunque debían de pagar un impuesto sobre los beneficios del orden del 50 %) y el Estado, liderado por las políticas del SAP, asumía el deber de contribuir a la regulación de las actividades económicas asegurando el pleno empleo, las inversiones en regiones desfavorecidas, el apoyo a industrias en dificultades, la reestructuración del sector industrial y el desarrollo de una legislación laboral avanzada y progresista. Frente a las posiciones de la derecha clásica y del actual neoliberalismo, el SAP mantuvo una política económica coherente: el presupuesto estatal debía tener excedentes en períodos de prosperidad pero, también, se debía asumir con total naturalidad el que existiese un déficit en tiempos de recesión: el modelo socialdemócrata debe endeudarse en tiempos de crisis para hacer frente a sus compromisos sociales y para ser un motor de reactivación económica, idea puesta en práctica por los socialistas suecos desde los años 30 del pasado siglo, la misma que ahora defiende el Presidente Zapatero.

Una pieza clave del modelo socialdemócrata sueco ha sido siempre la progresividad fiscal como elemento redistributivo de la riqueza. De hecho, el SAP, desde su fundación, siempre defendió la supresión de los impuestos indirectos y la sustitución de éstos por una tributación directa y progresiva que gravase tanto las rentas como las grandes fortunas. De hecho, tras un período en el cual el SAP optó por una política de nacionalizaciones (1944-1947), se retomó con fuerza desde el gobierno esta idea, pues era esencial que las riquezas generadas por la economía capitalista, fuesen repartidas de la forma más equitativa posible mediante la progresividad fiscal impulsada por la socialdemocracia y la llamada “política salarial solidaria” que suponía la completa igualdad de salarios entre hombres y mujeres (en vigor desde 1960) y la gradual reducción de las diferencias entre los sueldos altos y bajos de los trabajadores suecos.

Por todo lo dicho, el defender la progresividad fiscal en la política española supone no sólo un acto de justicia social sino, también, reafirmar una seña de identidad esencial del modelo económico socialdemócrata, artífice del Estado de Bienestar en los países más avanzados del mundo occidental. La realidad de los hechos y la coyuntura económica actual da las razón a las posiciones que siempre ha defendido la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE: conviene recordar que, en el pasado 37º Congreso Federal del PSOE (julio 2008),  Izquierda Socialista se opuso con sus enmiendas a la supresión del impuesto del Patrimonio y defendió una fiscalidad más potente, progresiva y solidaria que, además de garantizar el sostenimiento  de las prestaciones sociales y de los servicios públicos, tuviese la función redistributiva propia de una sociedad progresista y avanzada como la que defendemos. 

Ahora que el Gobierno del Presidente Zapatero orienta su proa hacia una mayor progresividad fiscal, cuando la derecha se indigna por ello y muestra su rostro más insolidario, es cuando con mayor firmeza hay que apoyar, desde posiciones progresistas, la subida de los impuestos directos  basada en los principios de justicia y solidaridad.

Para finalizar, quiero recordar unas palabras del gran estadista que fue Olof Palme, dirigente carismático de la socialdemocracia sueca, el cual señalaba los objetivos que deben orientar la política económica de los partidos socialistas y que son: “garantizar el crecimiento al mismo tiempo que mantenemos el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”. Estas son las ideas que debe defender con firmeza el socialismo como respuesta, no sólo a la crisis global, sino, también, como alternativa a las ideas neoliberales y a ese capitalismo voraz e insaciable que nos acosan, para que la socialdemocracia del   s. XXI pueda seguir construyendo un mundo más justo y solidario.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 12 septiembre 2009 ; La Comarca, 15 septiembre 2009)