DECEPCIONANTE

         

Con profunda decepción asistimos a las medidas hechas públicas por el Presidente Zapatero el pasado 12 de mayo en el Congreso de los Diputados para afrontar la grave crisis económica, una crisis que, como ocurre siempre en el sistema capitalista, la han generado la codicia y los oscuros intereses del capital financiero y la vamos a tener que pagar los trabajadores.

Decepcionante resulta que Zapatero, que aludió en su intervención parlamentaria a la inaplazable necesidad de realizar “un esfuerzo nacional colectivo, equitativo y justificado”, ante las presiones del Mecanismo Europeo de Estabilización acordado el pasado 9 de mayo, haya optado porque el esfuerzo, lógico y necesario por otra parte, se haga pesar, sobre todo, en los sectores sociales más sensibles a la crisis cual son los trabajadores por cuenta ajena, autónomos, empleados públicos y pensionistas.

Decepcionante ha sido el optar por una salida a la crisis social bendecida por la grandes instancias económicas neoliberales internacionales (FMI, OCDE), por los gobiernos conservadores, por la patronal y por las entidades bancarias. De hecho, ello supone el desmantelamiento de algunos de  los principales avances sociales impulsados por Zapatero en su primera legislatura y el avance de las medidas neoliberales de ajuste duro, propias de cualquier partido de derechas pero inaceptables para una formación política (y para su base electoral) de ideología socialista que aspira a una redistribución más justa de la riqueza. Zapatero, cual un nuevo dolorido Abraham, ha parecido querer sacrificar en el altar del mercado, a su hijo Isaac, esto es, a las políticas sociales y económicas, al diálogo social, que eran (y deben seguir siendo) señas de identidad del proyecto socialista. Un sacrificio que le ha supuesto la pérdida de buena parte de su crédito personal, político y electoral.

Decepcionante resulta constatar cómo Zapatero, ante el embate de la crisis, se ha plegado a la aplicación de unas políticas de ajuste duro, impopulares y antisociales que, hasta ahora, eximen del coste de la crisis a sus verdaderos culpables: el gran capital y la diosa “Mercado” ante la cual parece ser que todos los gobiernos, sean del signo que sean, deben postrarse de forma servil.

Decepcionante resulta que un Gobierno Socialista haya priorizado la salida a la crisis mediante la reducción del gasto público y no por el camino de incrementar los ingresos mediante una fiscalidad progresiva. Ciertamente, hay situaciones evidentes en las que la reducción del gasto resulta imprescindible pero también es cierto que la obsesión por reducir el déficit es una medida neoliberal contraria a la doctrina clásica socialdemócrata que considera que se debe de asumir con naturalidad el déficit en tiempos de recesión dado que el endeudamiento público en tiempos de crisis es la forma de hacer frente a los compromisos sociales y ser un motor de reactivación económica, fomento del empleo y de la inversión pública.

Decepcionante resulta el que la política fiscal siga siendo incapaz de adoptar medidas valientes, justas y redistributivas tales como el restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, la creación de un Impuesto sobre Grandes Fortunas, la reforma del IRPF para aplicar con profundidad una mayor progresividad fiscal (recordemos que, en los últimos años, las rentas altas han pasado de tributar del 56 % al 43 %). También habrá que ser firme en el establecimiento de una fiscalidad más estricta sobre las grandes empresas y, lo que es un clamor ciudadano: gravar con una mayor carga fiscal a las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), un instrumento de inversión opaco de las grandes fortunas que cuenta con importantes ventajas fiscales y que sólo tributa al 1 % de sus plusvalías. Habrá que reconsiderar los tramos del Impuesto de Sociedades, el cual, excepto en el caso de los autónomos y las PYMEs, debería de equipararse a la media europea (42 %), la implantación de una fiscalidad ecológica (ecotasa) a todas las industrias contaminantes.

En esta línea de fiscalidad progresiva y, sobre todo progresista, la Banca no puede quedarse al margen. Con la misma rapidez que ha demandado (y conseguido) ingentes cantidades de dinero público para el rescate de las entidades bancarias o para avalar su solvencia, se les debe ahora implantar alguna tasa o impuesto. No resulta admisible que, mientras el nuevo Gobierno conservador británico de David Cameron se plantea la imposición de un nuevo impuesto sobre la banca, un Gobierno Socialista como es el de Zapatero no tenga el coraje político de meter en cintura a la banca que, hasta ahora, recordémoslo, en medio de la tempestad de la crisis global, es la única que se ha beneficiado económicamente. Es por ello que una auténtica política socialista en tiempos de crisis debería de fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos vinculados al sector financiero y a las industrias multinacionales que, como en el caso de las empresas del automóvil, han recibido elevadas ayudas públicas y, de este modo, acabar de una vez por todas con estas bolsas de flagrante opacidad fiscal que, en estos momentos, resultan más inaceptables e insolidarias que nunca.

Además de lo dicho, en la anodina presidencia española de la Unión Europea  que concluye en junio, el Presidente Zapatero debería de impulsar medidas para la regular los mercados financieros internacionales como la implantación del impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, conocido como la “tasa Tobin”, el control fiscal sobre determinadas inversiones especulativas como las United Linked y los Hedge Funds.

Sólo si a corto plazo el Presidente Zapatero tiene coraje para impulsar estas medidas, consustanciales a la política económica socialdemócrata, sentiremos que los costes sociales de la crisis económica son compartidos de una forma justa por el conjunto de la sociedad española. Sólo así, la militancia socialista y la base social y electoral que apoyamos al PSOE, recuperaremos la esperanza de que el proyecto socialista resulta, de verdad, una alternativa viable a las políticas neoliberales, insolidarias y antisociales que, de ningún modo son la solución para salir del oscuro túnel a donde nos ha conducido la crisis económica global alentada por la codicia de los poderosos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(militante de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE)

(Diario de Teruel, 14 mayo 2010 ; El Periódico de Aragón, 15 mayo 2010 ; La Comarca, 25 mayo 2010)

 

 

EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (7). LA GUERRA CIVIL: EL EXTERMINIO DE LAS ORGANIZACIONES UGETISTAS

         

El sábado 18 de julio de 1936 se produjo una sublevación militar contra la legalidad republicana la cual, siguiendo las consignas de “exterminio” dictadas por el general Mola, pretendió acabar a sangre y fuego con los sueños de libertad, justicia y emancipación social del movimiento obrero.

En Aragón, el golpe militar triunfó en las tres capitales y tanto UGT como la CNT, intentaron hacerle frente solicitando infructuosamente armas a las autoridades republicanas para combatir al fascismo y mediante un frustrado intento de huelga general en Zaragoza. La indecisión de los primeros instantes de los sindicatos obreros (“faltó el genio insurreccional” en expresión del dirigente socialista Arsenio Jimeno), les costaría muy cara pues supuso la detención de la mayor parte de los dirigentes de la UGT aragonesa, de la CNT y de los de los partidos del Frente Popular, muchos de los cuales serían posteriormente asesinados.

Pese a ello, hubo enfrentamientos armados en las zonas en donde la UGT tenía un mayor arraigo (Cinco Villas, Borja o Calatayud), lo cual no impidió la victoria facciosa. Sin embargo, en la Cuenca Minera de Utrillas, la repuesta armada de la UGT, fuertemente implantada en la zona, hizo que buena parte del partido judicial de Montalbán permaneciese leal a la República. Lo mismo ocurrió en otras poblaciones como Libros, Mequinenza o Fayón, en donde los mineros de UGT hicieron frente con éxito a los fascistas.

Iniciada la guerra civil, Aragón quedó dividido de norte a sur por las líneas del frente. En la zona facciosa se inició una represión implacable contra los militantes de izquierdas y lo sindicatos obreros y, de forma muy especial, contra la UGT, tal y como han destacado las investigaciones de Ángela Cenarro y Julián Casanova. Ciertamente, la sublevación facciosa tuvo efectos catastróficos para la UGT ya que más de 3.500 de sus cuadros y militantes fueron asesinados y las organizaciones ugetistas desmanteladas debido, principalmente, a que la zona en poder del bando insurgente era aquella que contaba con mayor número de agrupaciones y sindicatos socialistas, como era el caso de Zaragoza, Cinco Villas, o los partidos judiciales de Calatayud, Daroca, Teruel, Albarracín o Calamocha.

Se distinguen dos niveles en el baño de sangre desatado por la barbarie uniformada contra los sectores leales a la República y en concreto contra la UGT. En un primer lugar, se produjo un “terror selectivo” mediante el cual se asesinó a los principales dirigentes ugetistas lo cual, además de sus efectos intimidatorios, suponía el desmantelamiento orgánico del sindicato socialista. Así, fueron asesinados en Zaragoza los principales cuadros de la UGT,  entre ellos, Bernardo Aladrén (secretario provincial de la UGT, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento zaragozano y Presidente del Jurado Mixto provincial); Juan Beraza (secretario general del Sindicato de Artes Blancas y Alimentarias), Rómulo Oriol (secretario general de Sindicato de Dependientes de Comercio) y otros muchos cuadros como Antonio Puyo, representante de UGT en la Junta Provincial de la Reforma Agraria o Francisco Albiñana, “el arquitecto de los pobres”, socialista e impulsor de la construcción de viviendas obreras en Zaragoza.

Igualmente, fueron asesinados los alcaldes socialistas, también militantes de la UGT que, especialmente en las Cinco Villas, se comprometieron con la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), el sindicato campesino de la UGT, a favor de la reforma agraria. Este fue el caso de, entre otros, de Juan Sancho (Ejea), Antonio Plano (Uncastillo), José Artús (Sádaba), Justo Berduque (Luna) Luis Palacios (Mallén), Eduardo Castillo (Belchite) o José Moncayola (Murillo de Gállego): este último,  asesinado junto a otros 11 republicanos (4 de ellos ugetistas) en Agüero en tres fosas comunes,  las cuales fueron excavadas y sus restos entregados a sus familiares por la Fundación Bernardo Aladrén en el año 2007.

En el caso de Teruel, fueron asesinados el 80 %  de los dirigentes de la Casa del Pueblo, entre ellos, José Millán, secretario de la Federación Provincial de UGT. En cambio, algunos dirigentes campesinos de la FTT como Pascual Noguera y Ángel Sánchez Batea consiguieron salvarse. Pero los sublevados, al no poder detener a éste último, fundador de la Casa del Pueblo, concejal socialista y Presidente del Sindicato de Agricultores “El Progreso”, asesinaron a su esposa María, a su hija Pilar, a su hermano Juan y a su sobrino Dámaso.

Aunque con menos datos, situaciones similares tuvieron lugar en la provincia de Huesca, en donde fueron asesinados, entre otros, Ángel Gavín, secretario provincial del PSOE o Manuel Latorre, secretario de la UGT de Jaca y militante de la FETE, el sindicato de los maestros ugetistas, muchos de los cuales fueron asesinados o depurados, o Javier Zabalza, vicesecretario de la UGT jaquesa.

En un segundo nivel, la represión se desató sobre los simples militantes ugetistas. En Zaragoza, después de que los rebeldes asaltasen la sede de la UGT (C/ Estévanez, 2) y se incautasen de todos sus ficheros,  se siguió la consigna de Jesús Muro, el jefe local de Falange que había bramado: “¡que no quede ni uno y de los socialistas, ni el rabo!”. La represión se extendió por todo el Aragón controlado por los fascistas y afectó incluso a personas como José Pascual Duaso, párroco del pueblo oscense de Loscorrales y vinculado a la FTT-UGT.

Aragón quedó teñido de dos colores: el rojo de la sangre derramada y el negro del luto de tantas viudas: a fecha de hoy, según datos del Gobierno de Aragón, se han localizado en nuestra región 519 fosas comunes de la guerra civil.

Insensibles ante este drama, la derecha política y judicial se opone a que los crímenes del franquismo sean investigados por el juez Garzón y que la Ley de la Memoria Histórica se desarrolle plenamente. Frente a ello, desde la Fundación Bernardo Aladrén, vinculada a UGT-Aragón,  trabajamos por la recuperación de la memoria histórica republicana puesto que, como ugetistas, consideramos que se trata de un deber moral y de justicia para con las víctimas del franquismo.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Voz Sindical: órgano de la UGT Aragón, nº 113, mayo 2010).

 

 

 

¿AMNISTÍA O IMPUNIDAD?

         

      El procesamiento del juez Garzón ha generado una marea cívica en defensa de la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo, tema éste que ha centrado buena parte del debate político interno a la vez que está teniendo un importante eco mediático en la escena internacional con el consiguiente descrédito para la justicia española.

     La cuestión de fondo es la exigencia de aplicar en España, con todas sus consecuencias, la legislación penal internacional y el principio de justicia universal. Mientras la derecha, deseosa de acabar con la carrera judicial de Garzón se aferra al manido mensaje de mitificar la Transición y la Ley 46/1977 de Amnistía, con la que se trató de que los crímenes del franquismo no pudieran ser juzgados, la izquierda debe mantener una postura firme y unitaria en este tema. Ciertamente, la Transición fue lo que fue y se hizo como se pudo según las circunstancias del momento para no soliviantar a los poderes fácticos vinculados al fenecido régimen franquista. Tuvo sus luces (indudables), pero también sus sombras, algunas muy sangrantes y dolorosas para los demócratas…y la aceptación de la Ley de Amnistía fue una de ellas y ahora, pasadas más de tres décadas desde entonces, debemos decirlo con toda claridad.

     El debate sobre la memoria histórica, especialmente tras el procesamiento de Garzón, convertido en símbolo de la justicia democrática y comprometida en defensa de los derechos humanos, ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad  española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos.

     Está claro que la derecha se opone frontalmente a tratar el tema de la controvertida Ley de Amnistía, la cual considera “intocable”, mientras que la izquierda debe mantener una postura clara, firme y coherente. En este sentido, el 10 de abril la Coordinadora Federal de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE aprobó en Madrid una resolución de apoyo al juez Garzón en la cual, en su punto 6º, se decía textualmente: “Instamos al Ministerio Fiscal a investigar los crímenes del franquismo, los cuales, con arreglo a la legislación penal internacional son imprescriptibles y tampoco pueden ser amnistiados, razón por la cual la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 no puede ser pretexto para amparar la impunidad de los victimarios ni convertirse en una ley de punto final”. En esta misma línea, el 21 de abril IU-ICV presentó en el Congreso de los Diputados una interesante Proposición de Ley relativa a reabrir el debate de la vigencia de la Ley de Amnistía y la necesidad de introducir en ella modificaciones que la adapten a la legislación penal internacional.

     En este tema, debemos recordar que tanto la ONU, como la jurisprudencia internacional y los organismos de derechos humanos tales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello,  el Gobierno de Raúl Alfonsín tuvo la valentía de  derogar la Ley de Autoamnistía nº 22.924 de 1983, con la cual la dictadura argentina pretendió lograr la impunidad para sus crímenes.  No es este el caso de España puesto que el pasado 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 a la vez que sugería su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales” así como “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”, exactamente lo mismo que pretendía Garzón con la apertura de su Sumario 53/2008.

     Así las cosas, y, aun sin ser jurista, considero que el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los compromisos que, en materia de legislación penal internacional tiene asumidos España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España el 24 de septiembre de 2009), va a implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada  y sistemática de la desaparición forzada  constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º) los cuales son imprescriptibles y no amnistiables. Teniendo en cuenta que, tras la apertura por Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5  de la Audiencia Nacional del cual es titular el propio Garzón, podemos hacernos una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión.

     En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales, tal y como se recoge en el artículo 96.1 de la Constitución Española según el cual, “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. De igual modo, con arreglo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (ratificado por España en 1979), se señala en su artículo 7.2 que “no se impedirá el juicio o condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. En esta misma línea jurídica, el Comité contra la Tortura de la ONU, el pasado 19 de noviembre de 2009 exigía al Gobierno de España que “las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía” y el pasado mes de marzo de 2009 la prestigiosa asociación Human Rights Watch reincidía en esta cuestión al señalar que “las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977 en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”. 

     Por todo lo dicho, España tiene la obligación legal de aplicar la Convención sobre personas desaparecidas sin ningún tipo de pretextos ni dilaciones.  Frente al argumento jurídico esgrimido por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela para procesar a Garzón era que éste había prevaricado al ignorar deliberadamente las limitaciones que en esta materia imponía la Ley de Amnistía de 1977, es importante señalar que la cuestión hay que enfocarla desde otro punto de vista dado que la legislación penal internacional  suscrita por España, al ser de rango superior a las normativas nacionales, debe prevalecer sobre ésta y ello obliga a realizar las modificaciones legales (incluso a nivel de la Constitución) que fueren precisas  y ello afecta sin ninguna duda a aspectos esenciales de la polémica Ley de Amnistía de 1977 que deberá modificarse en cuestiones como las anteriormente indicadas para adecuarla al marco jurídico internacional. Y es que Garzón, frente a toda adversidad, ha abierto el camino imparable para la aplicación en España del principio de justicia universal con sólidos argumentos jurídicos y apoyados en la jurisprudencia internacional.

     Si vivimos en un mundo globalizado donde la economía y tantas otras cosas no tienen fronteras, sin duda ha llegado el momento de globalizar, también, la justicia y la persecución de los crímenes contra la humanidad. Garzón es el símbolo de este ideal, una aspiración que supone una apuesta ética por la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo y, por ello, un firme compromiso en defensa de una justicia universal al servicio de los derechos humanos y los valores democráticos.

 

 

          José Ramón Villanueva Herrero
          (Diario de Teruel, 25 abril 2010)

LA DIGNIDAD ÉTICA DEL JUEZ GARZÓN

     

Por fin lo han conseguido. Los enemigos del juez Garzón, el magistrado más valiente y comprometido de la judicatura española va a ser procesado acusado de prevaricación por haber tenido el coraje cívico de iniciar, mediante el Sumario 53/2008 E, el proceso contra los crímenes del franquismo.

La fotografía de Garzón en el banquillo, a buen seguro, dará la vuelta al mundo para deshonra de la Justicia española pues este insólito hecho va a suponer un gravísimo descrédito para la independencia del poder judicial. No existe otro caso en el mundo civilizado en el cual un juez, que ha iniciado, con arreglo a la legislación penal internacional y al principio de justicia universal, la investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo, vaya a ser procesado por unas querellas interpuestas, precisamente, por grupos ultraderechistas como el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad o la Falange Española y de las JONS, herederos ideológicos y emocionales de la dictadura franquista.

Tampoco es ajeno al procesamiento de Garzón un amplio espectro de la derecha política actual representada por el PP que, inquieta como estaba por las investigaciones realizadas por este juez en el “caso Gürtel”, el mayor escándalo de corrupción política de nuestra democracia, se había fijado como objetivo neutralizarlo en tan comprometedor asunto para lo cual el procesamiento de Garzón era el primer paso para lograr su inhabilitación como juez.

 La tenacidad de Garzón en investigar temas de tanto calado como los crímenes del franquismo o la corrupción política, la cual salpica a diversas esferas del PP, era demasiado para sus enemigos,  que no han dudado en unir sus fuerzas para acabar con la carrera judicial de Garzón. Al margen de su a veces criticado afán de protagonismo mediático, resulta innegable que, tanto en estos temas como en la lucha judicial contra el terrorismo, ha desplegado una actividad incansable y, con ello, ha dignificado como pocos el papel que debe desempeñar la justicia progresista en una sociedad democrática avanzada.

Ante tal cúmulo de ataques como los que está sufriendo Garzón, tan injustos como movidos por perversos y oscuros intereses, considero que, como ciudadanos, debemos dejar oír nuestra voz. Por ello, como miembro de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón, suscribo plenamente la Declaración conjunta de UGT y CC.OO. en apoyo a Garzón del pasado 26 de marzo. En ella se advierte con total nitidez de la “deriva judicial” que está tomando la causa incoada contra Garzón desde el momento en que tuvo el coraje de iniciar la investigación de los crímenes del franquismo, causa en la cual, recordémoslo, la UGT se personó como acusación particular dado que miles de nuestros militantes, como fue el caso de Bernardo Aladrén, secretario provincial de la UGT zaragozana,  fueron asesinados durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista.

Se recuerda igualmente que estamos ante una “causa especial contra un Juez íntegro” que, para mayor escarnio, es víctima de unas querellas interpuestas por “reconocidos grupos fascistas” y, lo que es más grave, no sólo se trata de un ataque personal contra Garzón, sino que su procesamiento pone en cuestión la credibilidad del sistema judicial español pues, tal y como se pregunta la Declaración de UGT-CC.OO.: “¿El sistema judicial de un sistema democrático puede rehusar investigar la desaparición de personas?¿Puede inhibirse ante quienes reclaman su intervención para recuperar los restos de familiares desaparecidos a la vez que da cauce a las iniciativas de grupos filofascistas?¿Entenderíamos esta actitud respecto a otros casos como los crímenes nazis o los desaparecidos de la dictadura argentina?”.

Por ello, se defiende en la Declaración sindical conjunta la actuación judicial de Garzón en la “histórica causa” de los crímenes del franquismo, siempre en interés de las víctimas: recordemos que, a fecha de hoy, todavía quedan en torno a 35.000 republicanos asesinados cuyos restos yacen en cunetas y fosas comunes a lo largo de todo el territorio español para sufrimiento de sus familiares y oprobio de nuestra conciencia cívica.

Nadie duda que a las querellas contra Garzón no han sido ajenas sus actuaciones judiciales ante graves delitos de corrupción política como lo prueban los datos conocidos de la trama “Gürtel”, los cuales se extienden como una mancha de aceite para desasosiego de los dirigentes del PP. Y es que todo este proceso, cual si de un nuevo “affaire Dreyfuss” se tratara, está mediatizado por razones extrajudiciales, las cuales no sólo comprometen gravemente nuestro Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, sino que van a tener consecuencias fatales  para la imagen de la Justicia española tanto en el seno de nuestra sociedad como en el ámbito internacional.

Por todo lo dicho, junto a la solidaridad con Garzón y el reconocimiento público de su trayectoria ejemplar en defensa de los derechos humanos, la Declaración conjunta de UGT-CC.OO., solicita del Tribunal Supremo que se termine de manera inmediata la persecución injusta contra Garzón y también que se resuelva de una vez por todas las cuestiones pendientes sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo.

Recuerdo cómo en el varias veces citado Sumario 53/2008 E, Garzón manifestaba con toda firmeza que correspondía al Ministerio Fiscal español investigar los crímenes del franquismo dado que éstos, con arreglo a la legislación penal internacional  “no están prescritos ni amnistiados”. Acto seguido, Garzón añadía unas frases que ahora recuperan toda su vigencia: “Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional” (p. 74).

El 26 de marzo pasado, el mismo día en que se hacía pública la Declaración conjunta de UGT-CC.OO. en apoyo a Garzón, me hallaba en la localidad francesa de Oloron-Sainte Marie realizando una charla sobre el exilio republicano español. Durante el extenso coloquio que siguió, cuando aludí a la involución que suponía el que un juez como Garzón fuese procesado por los herederos del franquismo por haberse atrevido a investigar los crímenes de la dictadura, todo el público, de forma unánime y espontánea, prorrumpió en un cerrado aplauso en solidaridad con Garzón. Y es que no sólo en la sociedad española sino también fuera de nuestras fronteras, se sigue con interés este proceso de indudable trascendencia histórica, social y jurídica pues se hallan en juego aspectos esenciales de nuestra democracia y de la credibilidad de nuestro sistema judicial. Por ello, me sumo a cuantos en estos días están manifestando su apoyo y solidaridad para con el  juez Garzón, comprometido en combatir sin titubeos los cánceres que amenazan nuestra democracia cuales son el terrorismo, los rebrotes de los nostálgicos del franquismo y la corrupción política.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 9 abril 2010, El Periódico de Aragón, 10 abril 2010 y La Comarca, 13 abril 2010)

 

JERUSALEM: VIVIENDAS CONTRA LA PAZ

    

     El pasado 9 de marzo, coincidiendo con la visita a Israel de Joe Biden, vicepresidente de los EE.UU., el Servicio de Planificación del distrito de Jerusalem anunciaba la construcción de 1.600 viviendas en el barrio de Ramat Shlomo, situado más allá de la Línea Verde, esto es, en el Jerusalem oriental árabe. Dos días más tarde, el diario Haaretz desvelaba los planes de la Municipalidad de Jerusalem para la construcción en años futuros de otras 50.000 viviendas ya que, ante la congelación de las edificaciones por parte de las autoridades hebreas en Cisjordania, había aumentado la presión para construir cada vez más viviendas en el distrito jerosolimitano. De hecho, la derecha política y los colonos judíos, contrarios al proceso de paz con los palestinos, no ocultan su intención de establecer un “Gran Jerusalem” a costa de expandirse hacia la zona este, esto es, hacia el sector árabe de la ciudad.

     Esta situación ha tenido inmediatas y muy negativas consecuencias en el complejo tablero político y diplomático de Oriente Medio. Tal es así que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha suspendido las negociaciones de paz con Israel que ahora se reiniciaban de forma indirecta con el apoyo de los EE.UU. y de la Liga Árabe. Este hecho ha supuesto, además, un nuevo desprestigio internacional para Israel pues la polémica decisión urbanística ha sido repudiada no sólo por el mundo árabe sino también por la ONU, la Unión Europea y lo que es toda una novedad, por su incondicional aliado norteamericano.

     Resulta importante señalar que la condena de los EE.UU. supone un cambio significativo en la relación histórica y estratégica que une a ambos países. Además del duro comunicado de repulsa hecho público por el mismo Biden, éste, en una conferencia pronunciada en la Universidad de Tel Aviv el pasado 11 de marzo, equiparaba como obstáculos para la paz, además del terrorismo islamista de Hezbolá y Hamas, a los ilegales asentamientos judíos al señalar que “Israel debe ser responsable  y saber cuáles son sus obligaciones en el proceso de paz. EE.UU. debe de seguir criticando cualquier gesto de ambas partes que suponga un problema para la negociación” pues, “a veces, sólo un amigo puede decir la verdad aunque sea dolorosa”.

     A esta condena se ha sumado toda una ola de protestas e indignación por parte del ciertamente debilitado campo de la izquierda pacifista israelí. De todo ello se hacía eco  el diario Haaretz en su edición del 11 de marzo en donde varios artículos de opinión incidían en este tema. Un periodista tan comprometido con la paz como Ari Shavit no dudaba en denunciar estos proyectos constructivos a los que calificaba como “grave error” en un momento en que la “coyuntura crítica” que vive Israel ante la amenaza nuclear iraní “no tiene precedentes” y cuando era más urgente que nunca el favorecer la alianza con los EE.UU. A ello, añadía, habría que sumar dos “problemas fundamentales”: la debilidad del Gobierno Netanyahu, cada vez más escorado a la derecha y rehén de los partidos ultraortodoxos como el SHAS, y la continuidad de la ocupación de los territorios palestinos. La conclusión de Shavit es demoledora al señalar que, “el presidente iraní Mahmoud Admadinejad no tiene hoy mejor aliado que la derecha israelí. Nadie está ayudando a los fanáticos chiítas más que los fanáticos judíos. Día tras día, los asentamientos de la Ribera Occidental sirven a las centrifugadoras de Natanz. Si el Israel sensato no despierta, será derrotado por la metástasis de la ocupación y la falta de capacidad del Gobierno”.

     En esta misma línea incidía Gideon Levy, uno de los más prestigiosos periodistas de Israel, siempre comprometido con la paz y en la denuncia de la “ceguera moral” de la sociedad hebrea ante los actos de guerra y ocupación, tal y como lo puso de manifiesto con sus duras críticas a la intervención del ejército de Israel (Tzahal) en la pasada invasión de Gaza. Levy, que califica a los asentamientos como “la empresa más criminal en la historia de Israel”, culpabilizaba directamente de la decisión de construir las polémicas viviendas en Jerusalem a Eli Yishai, ministro del Interior y dirigente del partido ortodoxo sefardí SHAS, a los que responsabilizaba de truncar una vez más las esperanzas de alcanzar algún día la paz en un momento en que, tal vez con excesivo optimismo, señalaba que “las conversaciones indirectas con los palestinos estaban en el aire, la paz estaba llamando a la puerta, y la ocupación llegando a su fin". La conclusión de Levy es que, como consecuencia de la crisis de las viviendas de Jerusalem, “América finalmente comprenderá que no pasará nada si no ejerce una presión real sobre Israel”. Ciertamente, ahí está la única (y última ?) posibilidad de reconducir un proceso de paz agónico. Ante la debilidad de la izquierda pacifista israelí, ante un gobierno de coalición hebreo controlado por la derecha intransigente y sin una voluntad real de lograr “la paz de los valientes” con la que soñaba el malogrado Yitzhak Rabin,  sólo una firme y continuada presión de los EE.UU. sobre Israel puede hacer posible que se den pasos decisivos hacia la paz. Y el primer paso, como señalaban Avi Issacharoff y Amos Harel, también desde las páginas de Haaretz, es que ni Washington ni tampoco la comunidad internacional (la Unión Europea incluida) permitan los proyectos de expansión urbanística israelíes en el Jerusalem Oriental.

     Igual de contundentes han sido las declaraciones de la organización activista de izquierda Ir Amim (Ciudad de las Naciones) fundada en 2004 y que se esfuerza por buscar una solución política para Jerusalem, razón por la cual defiende que ésta se convierta en capital de las dos naciones que coexisten sobre un mismo territorio: Israel y Palestina. Es por ello que Orly Noy, portavoz de Ir Amim, ha sido claro en esta polémica: “si se aplican los planes de construcción en Jerusalem oriental, no será posible resolver el conflicto israelo-palestino”.

     Confiemos en que Obama siga siendo una esperanza real para construir un  futuro en paz en Oriente Medio, igual que confiamos en que ello pasa también por el fortalecimiento de la izquierda política israelí dispuesta a hacer concesiones históricas y de los sectores palestinos moderados que sirvan de dique ante la marea del fundamentalismo islamista. Sólo así algún día, los hijos de Abraham, judíos y árabes, podrán vivir en paz en una tierra sobre la que se ha vertido tanta sangre inocente.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 21 marzo 2010)

 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

         

      Durante el año 2008, se produjo una fuerte crisis alimentaria que afectó a numerosos países del Tercer Mundo como consecuencia de la desmesurada subida del precio de los cereales. Es cierto que ello se debió en parte a la creciente demanda en algunos países emergentes como era el caso de China o India, pero la causa principal de dicha crisis alimentaria se hallaba, una vez más, en las políticas neoliberales y las especulaciones financieras: de hecho, el arroz, alimento básico en numerosos países del Sudeste Asiático llegó a subir, como consecuencia de un movimiento especulativo, su precio un 74 % en las cotizaciones de las Bolsas de Nueva York y Chicago, sin que a los especuladores les importase demasiado las repercusiones sociales que este hecho iba a tener para millones de personas.

      Otra causa de la crisis alimentaria fue la conversión en determinados países de amplias zonas, dedicadas hasta entonces al cultivo de alimentos básicos en áreas de producción de biocombustibles, especialmente bioetanol. Un dato significativo: según el Earth Policy Institute, se necesita la misma cantidad de cereal para llenar el depósito de combustible de un vehículo ecológico con 80 litros de bioetanol, que para alimentar a una persona durante un año.

Consecuencia de la crisis alimentaria fue el estallido de revueltas en más de 20 países del Tercer Mundo ante  la imparable subida de los alimentos básicos por las razones antes indicadas.

      La cuestión que subyace en el fondo de esta crisis es la nefasta política de liberalización de los mercados, también del de alimentos, impulsada desde hace años por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). A ello hay que añadir las acciones del Banco Mundial  para fomentar un tipo de agricultura de exportación en los países del Tercer Mundo al servicio de los gustos e intereses de las grandes cadenas de producción y distribución de alimentos de los países del Primer Mundo. Estas políticas ultraliberales han traído como consecuencia la total desregulación de los mercados internos de muchos de los países, como es el caso de América Latina,  como efecto la aplicación de diversos Tratados de Libre Comercio (TLC). De este modo, países como Colombia, Panamá, Chile, Honduras o El Salvador, se han visto obligados a realizar una agricultura dedicada exclusivamente a la exportación de determinados productos para los mercados occidentales a precios muy bajos puesto que sus agricultores tienen que competir de igual a igual (esta es la trampa de libre comercio) con las agriculturas mecanizadas y subsidiadas de los países más ricos, lo cual les obliga a producir a precios muy baratos a costa de las condiciones injustas en que se cultivan y comercializan estos productos desde el Tercer Mundo.

      Ejemplo de todo lo anterior sería el caso de Haití, el país más pobre de América y sobre el cual parecería que en su agitada historia se han desatado todas las maldiciones bíblicas, sobre todo tras el dramático terremoto del cual ha sido víctima en fechas recientes. Pues bien, Haití, que en los años 60 era prácticamente autosuficiente en arroz, elemento básico de la dieta del país antillano, tras la liberalización de los mercados agrarios fomentada por el FMI y el Banco Mundial, dejó de cultivar arroz para producir caña de azúcar con destino a la exportación. Ello supuso que Haití, de ser autosuficiente en arroz, pasó a verse obligado a importarlo en cantidades masivas (1,3 millones de toneladas entre 1997-2002), lo cual originó que en el 2008 se produjeran violentas revueltas tras la subida del precio del arroz ya que a la mayoría de la población haitiana le resultaba imposible alimentar a sus familias.

      Frente a esta situación, desde un punto de vista ético, resulta evidente que se debe considerar a la alimentación como un derecho universal que no puede dejarse en manos del mercado libre con el único objeto de lograr la máxima rentabilidad económica. De hecho, cada vez se habla con mayor frecuencia de construir una nueva alternativa más justa en la que prime la persona  sobre la economía, el derecho a la alimentación sobre la especulación y el negocio en torno a los alimentos esenciales: es lo que se conoce como la “soberanía alimentaria”.

La opción a favor de la soberanía alimentaria supone la defensa del derecho de los pueblos y de los países a definir por ellos mismos las políticas agroalimentarias y de producción de alimentos, de acuerdo con sus necesidades y dando siempre prioridad a la producción y al consumo local. La soberanía alimentaria significa igualmente dar prioridad a la producción agrícola local para alimentar a la población en vez de las políticas de exportación masiva impulsadas por el neoliberalismo, así como el acceso de los agricultores y los trabajadores rurales sin tierra (como es el caso del MST brasileño) a la tierra, al agua, las semillas y al crédito, sin olvidar el compromiso con una producción agrícola sostenible que respete el medio ambiente.

      En aras a un comercio justo entre las naciones, resulta imprescindible defender un modelo de intercambio agrícola centrado en los mercados locales, regionales y estatales, redimensionando el comercio internacional, pues los precios y la producción deben de ser regulados y orientados por las necesidades locales y no por las grandes multinacionales y, de este modo dar prioridad al desarrollo local, esto es, todo lo contrario a lo que pretenden los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Fomentar la soberanía alimentaria supone también apoyar un consumo alternativo y responsable, basado en valores éticos, como los defendidos por las opciones a favor del “comercio justo”, solidario con los excluidos (los campesinos pobres del Tercer Mundo) y con un firme compromiso ecológico que impida, por ejemplo, la deforestación de amplias zonas de selva.

      Ciertamente, la alimentación mundial, al igual que la economía, son temas demasiado importantes como para dejarlos en manos de un  neoliberalismo galopante carente de ética y sensibilidad social. Por ello, la soberanía alimentaria que es tanto como la capacidad de decidir por parte de los productores y también de los consumidores, supone un rechazo frontal a los injustos tratados de libre comercio que atenazan a los países del Tercer Mundo, a las políticas desreguladoras y ultraliberales del FMI, de la OMC o del Banco Mundial y, desde luego, una alternativa frente al poder de las grandes multinacionales que monopolizan la comercialización y distribución de alimentos a escala internacional. Todo un reto para los gobiernos progresistas y los ciudadanos comprometidos.

 

 

      José Ramón Villanueva Herrero

 

      (Diario de Teruel, 9 marzo 2010)

 

CRISIS EN LA IGLESIA CATÓLICA

    

        Desde hace unos años, la conciencia de nuestra sociedad percibe el que la Iglesia Católica se halla sumida en una profunda crisis, sobre todo tras constatarse una innegable involución propiciada por el Vaticano con el apoyo de los sectores más integristas y neoconservadores, involución que, en opinión del teólogo progresista Kart Rahner ha hecho que éste haya entrado en lo que califica de un "invierno eclesial", prueba del cual serían los conflictos y el descontento interno entre los sectores católicos más abiertos que ha llevado al alejamiento y desafección de numerosos ciudadanos que en su día fueron bautizados en la fe católica.

        Esta profunda crisis, ignorada en gran medida por la jerarquía, ha hecho reflexionar a diversos teólogos progresistas como es el caso de Xavier Alegre, Josep Jiménez, José Ignacio González Faus y Josep M. Rambla, cuyas conclusiones aparecen recogidas en el nº 153 de Cuadernos "Cristianisme i Justícia" (2008). Dicho grupo de teólogos españoles, tras reconocer la pésima imagen que tiene la Iglesia en los medios de comunicación, se lamentan de que ésta mantiene una permanente actitud defensiva "que le lleva a considerarse injustamente atacada o perseguida" y, que sin embargo, es incapaz de realizar, con toda humildad, la más mínima autocrítica pues, se refugia en la cómoda solución de "echar toda la culpa a la maldad del mundo exterior, y añorar en silencio una antigua situación de poder eclesial y de cristiandad" en una sociedad que ha cambiado hacia posiciones aconfesionales y secularizadas que, como ocurre en España, lo cual no termina de asimilar la jerarquía eclesiástica. En este sentido, la opinión de este colectivo de teólogos progresistas resulta de total actualidad para entender la desafección y descrédito que la Iglesia tiene en la actual sociedad española, incluso entre muchas personas que nos sentimos cristianos puesto que "la actual crisis del catolicismo en España y la hostilidad que despierta cuanto huele a cristiano, no son obra de un gobierno malvado nacido por generación espontánea, sino cosecha de un largo pecado de nuestra jerarquía durante la época de la dictadura y antes de ella".

        De hecho, estos teólogos apuntan que la Iglesia Católica de hoy tiene una serie de "llagas" que le alejan no sólo del mensaje evangélico sino también de muchos creyentes. Entre ellas, además de la división de los cristianos y el enfriamiento de la marcha hacia la unidad, señalan el "olvido de la centralidad de los pobres" al negarse a reconocer la jerarquía que las desigualdades sociales no son un accidente natural sino algo radicalmente contrario a la voluntad de Dios y no optar de forma valiente y decidida por ser una Iglesia de los pobres, comprometida de forma radical con la defensa de la justicia social, tal y como hace la Teología de la Liberación en los países del Tercer Mundo y que, lamentablemente, es tan denostada desde las esferas vaticanas.

        Otra llaga sangrante de la Iglesia sería el "jerarcocentrismo", esto es, el que los creyentes has sido totalmente postergados por la jerarquía, contraviniendo de éste modo el espíritu del Vaticano II. En este sentido, cuestionan el papel de la Curia en el gobierno de la Iglesia y, sobre todo, la actitud patriarcal de la jerarquía, que ignora permanentemente el papel de la mujer como no sea para amonestarla o culpabilizarla. En contraste con el papel desempeñado por la "apóstol" Junia en la Iglesia primitiva citada por San Pablo (Ro 16,7), estos teólogos se hacen eco de que "el cristianismo primero escandalizó a la sociedad por su apertura respecto a la mujer; el catolicismo oficial de hoy escandaliza a la sociedad por su cerrazón respecto a la mujer".

        Para hacer frente al excesivo poder acumulado por la jerarquía, así como para acabar con sus posiciones integristas y anacrónicas, este colectivo propone toda una serie de medidas concretas, las cuales considero de sumo interés para evitar que la involución eclesial siga por la peligrosa pendiente por la cual camina en la actualidad. Estas medidas serían: que el Papa no fuese Jefe de Estado ni sus representantes en las iglesias de cada país ostentasen el cargo político de embajadores, la supresión del cardenalato como dignidad, la reforma de la elección papal, la participación de las iglesias locales en la elección de sus obispos, dar a los Sínodos funciones deliberativas y no sólo consultivas, revisión profunda de la Congregación de la Doctrina de la Fe (heredera de la antigua Inquisición) y, desde luego, conferir un mayor protagonismo a la mujer en el seno de la Iglesia.

        Finalmente, otra de las llagas de la Iglesia actual, especialmente evidente en el caso español, es que la institución eclesial no sabe, todavía, coexistir con normalidad en una sociedad plenamente democrática. De hecho, ante polémicas e intromisiones recientes de la jerarquía en la actuación de los poderes públicos democráticos, y de forma especial en la legislación emanada del Parlamento o en las decisiones adoptadas por el actual Gobierno socialista, la conclusión de este grupo de teólogos les lleva a una crítica contundente hacia la jerarquía al señalar que "la Iglesia española todavía no ha sabido educar a los fieles en el principios elemental de que aquello que es legal en una sociedad laica y democrática, no tiene por qué coincidir con la moral cristiana". Y es que la jerarquía sigue empeñada en que lo moral y lo legal coincidan, desconociendo de éste modo cual es el sentido de la ley civil.

         Es triste comprobar las actitudes de una Iglesia "distanciada del género humano al que considera enemigo y perdido, a menos que vuelva a ella", como se lamentan los teólogos autores de este estudio. Los gestos y estridentes declaraciones públicas que, en demasiadas ocasiones caracterizan a la jerarquía eclesiástica me recuerdan la frase de Andrei Sajarov, disidente ruso y premio Nobel de la Paz, según la cual "la intolerancia es la angustia de no tener razón".

         El alejamiento del mensaje evangélico y las actitudes intolerantes, no son buenos síntomas para que la sociedad deje de percibir a la Iglesia como lejana y sumida en una profunda crisis. Tal vez no anden tan equivocados los sectores cristianos progresistas cuando plantean, como desde hace años demanda Kart Rahner, la convocatoria de un Concilio Vaticano III.

        José Ramón Villanueva Herrero

        (Diario de Teruel, 28 febrero 2010)

LA JUDERÍA DE HÍJAR

         

      Con profunda tristeza recibí la noticia, el pasado sábado 16 de enero, del derrumbe de parte de la techumbre de la sinagoga medieval de Híjar, la actual ermita de San Antón,  así como las heridas que este hecho causó a dos personas en dicha localidad bajoaragonesa a las que, desde estas líneas, deseo su pronto restablecimiento.

      En la azarosa historia de la sinagoga  de Híjar, símbolo de una floreciente comunidad judía que allí habitó hasta su expulsión en 1492, que resistió las furias inquisitoriales y el antijudaísmo, el derrumbe ocurrido supone un grave siniestro para la que sin duda es la mejor sinagoga judía conservada actualmente en Aragón y, en opinión de muchos expertos, como Vivian B. Mann, responsable del Jewish Museum de Nueva York, una de las cinco mejores de las que todavía perduran en España, en la antigua Sefarad judía. No podemos decir lo mismo del edificio aledaño a la sinagoga hijarana conocido popularmente como “la casa del Rabino” que fue destruido años atrás.

      Según las investigaciones del eminente especialista en judaísmo medieval aragonés Miguel Ángel Motis Dolader, la sinagoga de Híjar fue reformada siguiendo el estilo mudéjar en 1410, esto es, hace ahora exactamente 600 años. Doscientos años después, en 1610, los descendientes de estos artesanos mudéjares que reformaron la sinagoga judía, los moriscos, serían objeto de otra dramática expulsión como consecuencia de la intolerancia religiosa, al igual que lo habían sido los judíos en 1492. La expulsión de los moriscos aragoneses,  de tan negativos efectos en muchos de nuestros pueblos, como fue el caso de Híjar y otras localidades del Bajo Martín como La Puebla de Híjar o Vinaceite, es un tema éste ante el cual tanto nuestra memoria histórica colectiva como las instituciones aragonesas también deberían prestar la atención que merece tal y como nos recordaba en un reciente artículo el historiador hijarano Cándido Marquesán.

      Pero volvamos a la sinagoga. Su belleza se halla en la pureza y simplicidad de sus formas, en su única nave cubierta a doble vertiente sustentada sobre tres arcos diafragma, en la perfectamente conservada tribuna para las mujeres (matroneo) que, según el rito judío, debían de orar en este espacio sagrado separadas de los varones. Siempre se ha supuesto que, una vez cristianizada la antigua sinagoga, la hornacina (aron ha-qodes) que alberga actualmente a la imagen de San Antón, era el lugar en donde estuvieron en su día los libros sagrados judíos, esto es, los rollos del Séfer Torah, el Pentateuco cristiano, el lugar más sagrado de la sinagoga, siempre orientado hacia la añorada Jerusalem. De igual modo, una excavación reciente ha permitido encontrar, bajo el entarimado, el arranque y la sustentación de la bimah, el púlpito desde el cual el hazzán llevaba a cabo las lecturas de la Torah. Ciertamente, como señala Miguel Ángel Motis, no existe una institución más característica en las juderías que la sinagoga dada su condición de lugar de estudio y oración en todos aquellas localidades en donde existía una la comunidad hebrea.

      Por lo que se refiere a la judería de Híjar se refiere, que arrancaba de la cuesta que conducía a la plaza del Olmo y abarcaba el actual barrio de San Antón, se sabe que,  hacia 1481, contaba con una población que se cifraba en unas 32 familias, esto es, entre 125 y 150 personas que practicaban la ley mosaica. Pero la judería de Híjar no sólo es importante por su sinagoga. Si la comunidad hebrea hijarana es conocida mundialmente es gracias a la pujanza cultural de su comunidad, a la existencia en la misma, a finales del s. XV, de un grupo de artesanos vinculados a la industria de la piel como era el caso de los pergamineros y encuadernadores en torno a los cuales surgió la célebre imprenta judía de Híjar, una de las primeras de la península, la cual tuvo su apogeo entre los años 1485-1490, esto es, en los años previos a la expulsión de 1492. De este modo, bajo el mecenazgo del duque Juan Fernández de Híjar y Cabrera, trabajó el impresor judío Eliezer ben Alantansi el cual publicó una magnífica edición del Pentateuco entre los años 1487-1488, además de otras obras como un comentario de Rashi, un Tárgum (traducción de la Torah al arameo), o el Tur Yoré De’ah (“Tratado de enseñar a saber”) de Jacob ben Aser. Todas estas obras son de una excepcional calidad,  pues se trata de ediciones impresas con gran pulcritud y esmero, realizadas con bellos caracteres hebraicos, cuadrados y rabínicos, tal y como señala Miguel Ángel Motis Dolader, el mejor especialista en judaísmo medieval aragonés. De hecho, las ejemplares procedentes de la imprenta judía de Híjar tuvieron una gran difusión y en la actualidad se hallan dispersos por las mejores bibliotecas del mundo, como es el caso de The Library  of the Jewish Theological Seminary de Nueva York o la Biblioteca Nacional de Madrid, en donde el único incunable hispanohebreo de sus fondos es precisamente una edición del Pentateuco impreso en Híjar en 1487 por el citado Eliezer ben Alantansí.

      Por todo lo dicho, ante este triste suceso, resulta ahora más urgente que nunca el que se realice una intervención integral para la conservación del importante legado histórico y cultural que supone la sinagoga, sino también su barrio judío, máxime teniendo en cuenta que el conjunto urbano de la judería de Híjar fue declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés (BIC) por Orden del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón de fecha 6 de septiembre de 2002. Además, la Judería de Híjar figura igualmente en el listado de bienes que conforman la catalogación genérica del Mudéjar Aragonés como Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la UNESCO.

      En lo referente a la promoción de la judería de Híjar, esta ya fue incluida en la llamada “Ruta del Talmud”, dentro del Programa “Espacio Sefarad” promovido desde la Diputación Provincial de Zaragoza y que, superando los límites provinciales, incluye a las juderías de Alcañiz y Caspe, dentro de lo que Motis Dolader ha dado en llamar un “triángulo muy fecundo” de lo que en su día fue el legado cultural judío en Aragón. También es importante plantear que, mediante las aciones oportunas, y de la intervención decidida y presupuestariamente adecuada del Gobierno de Aragón,  la judería de Híjar pudiera estar incluida en un futuro inmediato en la Red de Juderías de España, lo cual no sólo promocionaría a Híjar en el ámbito nacional e internacional, sino que, además,  canalizaría hacia dicha población un turismo cultural procedente de diversos países interesado en recorrer las huellas judías de la Sefarad medieval.

      Recuerdo  como hace unos años, llevé a visitar la sinagoga de Híjar a mi viejo amigo Menahem Jacob, un judío residente en California de origen griego que sobrevivió a la Shoah: contempló con  emoción el lugar sagrado que sus antepasados construyeron mientras comentaba que, sólo por visitar la sinagoga de Híjar, se sentía feliz de haber hecho el viaje desde Los Angeles. Esa misma emoción quisiera sentir yo también el día que la sinagoga haya sido plenamente rehabilitada y la judería de Híjar ocupe en el patrimonio cultural no sólo aragonés, sino también español e internacional, el papel que dignamente merece como símbolo del legado cultural judío en esta nuestra Sefarad.

      José Ramón Villanueva Herrero

      (Diario de Teruel, 20 enero 2009)