Economía global

LECCIONES DEL PASADO

 

     Hemos  leído con frecuencia que la magnitud de la actual crisis global sólo es comparable con la Gran Depresión de 1929, aquella que, tras aquel 24 de octubre, el “Viernes Negro”,  en que se hundió la Bolsa de Nueva Cork,  produjo una profunda crisis económica que, al igual que ocurre en la actualidad, produjo las dramáticas secuelas de recesión de la producción, desempleo galopante, caída del consumo lo cual, a su vez, originó  más paro, una espiral que, entonces, como ahora, asoló a las sociedades industriales.

     Volviendo al presente, ahora que hablamos de la Tercera Depresión en expresión de Paul Krugman, de la crisis global iniciada a partir del estallido de la crisis financiera de 2007 y cuyo final no se adivina en el horizonte, la comparación entre ambas situaciones nos ofrece algunas reflexiones que nos hacen pensar sobre las alternativas que en cada caso se plantearon para salir de la crisis.

     En primer lugar, el papel que debe desempeñar el Estado como elemento determinante para la reactivación económica. De este modo, frente a las actuales políticas de duro ajuste presupuestario, la aplicación de las políticas económicas de John Maynard Keynes  puestas en marcha en Estados Unidos por el presidente Roosevelt, priorizaron el relanzamiento de la producción y del consumo pues, ante la ausencia de inversión privada y de sequía crediticia, el Estado debe de potenciar políticas de inversión en gasto público que permitan recuperar el empleo y el consumo, aunque ello supusiera un aumento del déficit fiscal. Así se logró combatir el paro en los EE.UU. con un ambicioso programa de obras públicas, a la vez  que la Ley de Reconversión de la Industria Nacional (NIRA) permitió la intervención estatal en el ámbito industrial. Igualmente, frente al drama social que suponían, al igual que ahora,  los desahucios de viviendas para miles de familias, durante la New Deal de  Roosevelt  se aprobó la Ley Nacional de la Vivienda (1934), la cual creaba una Administración Federal de la Vivienda (FHA) que, con fondos públicos, ofreció créditos baratos, estabilizó el mercado inmobiliario y frenó la especulación al responsabilizarse de calcular el valor de los inmuebles. En la actualidad, la FHA continúa siendo un organismo público encargado de financiar las hipotecas y  proyectos de viviendas sociales.

     Otro aspecto a analizar  es el papel del movimiento sindical frente a la crisis. Así, en octubre de 1930 la Federación Internacional de Sindicatos que agrupaba a las organizaciones sindicales socialistas y socialdemócratas,  hizo público un informe en el cual recomendaba que, para hacer frente a tan sombrío panorama económico,  era imprescindible, entre otras medidas,  recuperar la capacidad de compra de la clase trabajadora, disminuir el número de horas de trabajo, a la vez que se exigía una participación activa de los Estados mediante la mejora de los subsidios y el incremento de las obras públicas en la línea de lo que más tarde serían las políticas keynesianas aplicadas con éxito en los Estados Unidos. De hecho, la ya citada NIRA, puesta en marcha en 1934,  así como la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 sirvió para garantizar los convenios colectivos en las empresas, un salario justo para los trabajadores y el reconocimiento de la libertad sindical. De este modo, en aquella aguda crisis, el Gobierno de los EE.UU. intervenía decididamente para equilibrar las relaciones laborales y no aprovechaba la coyuntura para reducir los derechos de los trabajadores como ocurre con la actual reforma laboral de Rajoy que descompensa totalmente las relaciones en beneficio del empresario, fragmenta la negociación colectiva, todo ello con el telón de fondo de una campaña sistemática de acoso y descrédito hacia el sindicalismo de clase. Por ello resulta dramático e injusto el hacer pesar   los costes sociales de la crisis sobre la clase media, cada vez más empobrecida, y, de forma especial, sobre la clase trabajadora. Frente a lo que propugnaba en 1930 la Federación Internacional de Sindicatos para recuperar su capacidad adquisitiva de los trabajadores y así fomentar el consumo y el empleo, ahora asistimos a  todo lo contrario: reformas laborales que favorecen los despidos y, en el mejor de los casos, reducciones y congelación de salarios.  Henry Ford, prototipo del capitalista moderno, consideraba, al igual que Keynes, que la reactivación económica dependía del empleo y del consumo, y frente a los que entonces, como ahora, pretenden hacer pagar las crisis a los trabajadores degradando sus condiciones laborales y reduciendo sus salarios,  recordaba a los empresarios que “Nuestro propio éxito depende de lo que paguemos. Si repartimos mucho dinero, ese dinero se gasta. Enriquecer a los comerciantes, a los detallistas, a los fabricantes y a los trabajadores de todo tipo, y esa prosperidad se traduce en un crecimiento de la demanda de nuestros automóviles”.

     Estas son algunas de las lecciones del pasado pues, tanto en los tiempos de la Gran Depresión de 1929 como ahora, es imprescindible mantener la inversión estatal, los derechos laborales de los trabajadores y las políticas sociales que atenúen los efectos de la crisis para ir dejando atrás estos sombríos tiempos. Y es que cada vez resulta más evidente que con  las medidas de ajuste presupuestario dictadas desde las instancias económicas, no se saldrá de la situación actual de recesión ni tampoco se conseguirá recomponer los desgarros y el aumento de las desigualdades sociales que se han acrecentado como consecuencia de la crisis global.

     Si la historia nos enseña, debemos de intentar aprender de ella y, siempre hallamos lecciones en el pasado, lecciones que deberíamos de aplicar en este incierto futuro nuestro puesto que, como decía Nicolás Redondo, “el conocimiento lúcido del pasado es fundamental para conocer mejor el presente, lo cual resulta, a su vez, imprescindible para proyectar el futuro. Negarse a este tipo de comprensión supone la entrega servil a dejarnos llevar por quienes proyectan otros futuros concebidos a  la medida de sus intereses”.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 12 marzo 2012).

 

 

LA TERCERA DEPRESIÓN ECONÓMICA

 

     En junio de 2010, Paul Krugman, ya advertía de que la economía mundial, como consecuencia de la agudización de la crisis global, iba a entrar en lo que calificó de “la Tercera Depresión” en la historia reciente del capitalismo, y, lamentablemente, su vaticinio ha sido confirmado por los hechos. De este modo, Krugman, nos recordaba los precedentes de situaciones similares: la primera, conocida como la “Larga Depresión”, se produjo en 1870 y generó el llamado “pánico de 1873”; la segunda, a la que se alude con frecuencia, fue la “Gran Depresión” de 1929, y la tercera, es la que en la actualidad nos hallamos sumidos.

     Frente a la ortodoxia neoliberal de los ajustes presupuestarios asumidos por la práctica totalidad de los gobiernos e incluso impuesta mediante las oportunas reformas constitucionales como ha ocurrido en España, Klugman mantiene una postura crítica y alternativa: reprocha  a los gobiernos su obsesión con controlar la inflación y “apretarse el cinturón”, cuando “el problema real es el gasto insuficiente” puesto que, como señala este prestigioso economista, Premio Nobel en 2008, recortar drásticamente el gasto en mitad de una depresión, conduce a una grave deflación y ello, nos advierte, “es realmente autodestructivo”. Y no sólo eso: ante la despiadada voracidad de las políticas neoliberales, de los desgarros sociales que están ocasionando (véase desmantelamiento de aspectos esenciales del Estado del Binestar y regresivas reformas laborales), Krugman denuncia que estas recetas económicas tienen como “principal dogma”, el “imponer el sufrimiento a otras personas” como “modo de demostrar liderazgo en épocas difíciles”, posición que refleja la actitud del FMI, la Comisión Europea, a las reformas auspiciadas por Merkel, Sarkozy o Rajoy. Por ello, Krugman no duda en calificar a esta Tercera Depresión como “el resultado de un fracaso político”,  el de las medidas enarboladas por la política  neoliberal de austeridad, que se han fijado con objetivo “borrar los déficits gubernamentales”, en lugar de optar por “la adopción de una política keynesiana de fuerte estímulo de la economía como medio de salir de la crisis”.

     Ahondando en la idea de la Tercera Depresión de Krugman, otros economistas críticos han analizado la magnitud de la crisis en la que se halla actualmente sumida  la economía mundial. Este es el caso John Bellamy Foster y Fred Magdoff, autores del libro La Gran Crisis Financiera. Causas y consecuencias (2009), obra en la que estos economistas americanos de izquierdas, desde una perspectiva socialista, señalan con acierto que, “el verdadero problema no tiene que ver con la política económica, sino con el desarrollo del propio capitalismo”. Consecuentemente, nos recuerdan los potenciales riesgos en los que nos puede sumir la radicalidad neoliberal a la hora de buscar una salida a la crisis global con arreglo a inconfesables intereses económicos puesto que la Larga Depresión del último tercio del s. XIX fue seguida de “una gran ola de expansión imperialista que debía de llevar a la I Guerra Mundial”,  mientras que  la Gran Depresión de 1929 llevó al auge de los fascismos y a la II Guerra Mundial. Por ello, ambos economistas nos advierten de que en la situación actual, puede haber quienes piensen que, como en las dos depresiones históricas anteriores, la salida de la crisis y la reactivación económica vengan de la mano de una nueva conflagración bélica. Por ello, señalan, resulta un preocupante y “mal augurio” el actual “conflicto imperialista” centrado en el Golfo Pérsico como ha puesto de manifiesto la tensión creciente no sólo en Afganistán e Irak, sino también en Siria y los tambores de guerra que retumban cada vez con mayor fuerza en torno a un Irán a punto de convertirse en potencia nuclear, que podría provocar un conflicto bélico en la zona, lo cual, en caso de producirse un ataque a Irán, tendría “consecuencias desastrosas para la humanidad en su conjunto” y por ello, debemos estar muy alerta para oponernos a esta nueva escalada belicista de quienes pretenden salir de la crisis mediante la locura de una nueva guerra, esta vez contra Irán.

     Además de ese preocupante horizonte prebélico, Bellamy y Magdoff, advierten igualmente de que no   debemos olvidar “la aceleración rápida de la crisis ecológica planetaria”, que cuestiona la supervivencia de la especie humana en un futuro cada vez más incierto.

     Ante tal panorama, retomando la alusión que Keynes hacía en el último capítulo de su Teoría general del empleo, del interés y de la moneda (1936), en la que instaba a la “eutanasia de los rentistas”, (entiéndase también de los especuladores financieros) mediante la implantación de tipos de interés muy bajos que favorezcan la inversión, Bellamy y Magdoff  van más allá y, para salir de la crisis instan a aplicar la “eutanasia del capitalismo”, poniendo fin a un sistema que tanto dolor e injusticias produce y, reemplazándolo  por “una economía orientada hacia el desarrollo humano verdadero, un florecimiento ecológico y la puesta en valor de la verdadera comunidad humana”. En esta misma línea, Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, en su libro Hay Alternativas (2011), planteaban 115 medidas concretas para salir de la actual crisis global, entre ellas, la constitución de un Gobierno Mundial que hiciese frente al poder de los grupos privados internacionales, así como que la ONU asumiese todas las competencias necesarias “para la adopción de decisiones en materia económica y financiera”, las cuales deberían de estar siempre subordinadas a los principios que inspiran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal vez parezca una utopía, pero desde luego, es una alternativa que debemos impulsar las fuerzas y colectivos sociales progresistas  no sólo para superar la Tercera Depresión, sino también para construir un futuro basado en los principios de la justicia social global.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 19 febrero 2012 y El Periódico de Aragón, 20 febrero 2012)

 

 

LA FARSA DE LA AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

     Tiene razón el diputado Antonio Gutiérrez cuando señalaba que la reciente reforma del art. 135 de la Constitución va a suponer un “dogal económico y social para España”, además de un auténtico “suicidio” para la izquierda socialdemócrata. Y es que, esta reforma es una nueva claudicación ante la codicia insaciable de “los mercados”, a los que se pretende “calmar”, (sin ninguna garantía de lograrlo), aunque, para ello, no les ha importado a los partidos que la apoyan, “desasosegar” a los ciudadanos que rechazamos lo que supone una imposición en nuestra Carta Magna procedente de  poderes económicos externos. Tomás Gómez decía tiempo atrás en voz alta lo que muchos pensamos, que  “los mercados no están para ser tranquilizados sino pare ser gobernados por los gobiernos”, pero para ello es preciso pasar de las palabras a los hechos. Además,  como señalaba Manuel Mata, “constitucionalizar la mayor renuncia de un pueblo a su soberanía económica exige un referéndum” y, por el contrario, en esta reforma, presentada con extrema urgencia y  alarmismo  por parte de Zapatero, se ha tenido especial cuidado (o miedo) en hurtar el debate y la capacidad de decisión a la ciudadanía, en una democracia que, como el Movimiento 15-M ha puesto de manifiesto, requiere (y exige) de unos mayores cauces de participación  en la vida pública.

     Parece no haberle importado demasiado a Zapatero y a la dirección del PSOE el desconcierto que, entre la militancia socialista, están produciendo medidas como esta, que son totalmente contrarias a los principios ideológicos y al programa político del partido que fundó Pablo Iglesias. Ello es tanto como renunciar a las políticas keynesianas basadas en impulsar el gasto público, aunque genere déficit, para reactivar la economía (aumento del empleo y el consumo), así como también renegar de la alternativa socialdemócrata que, además de asumir estos principios, siempre ha defendido una potente progresividad fiscal que hoy resulta más necesaria que nunca. Resulta lamentable constatar cómo esta reforma constitucional, regresiva y antisocial, va a condicionar durante décadas la política económica española: es indudable que el PSOE, sumido en una grave  deriva ideológica, al asumir esta reforma,  ha entregado una importante baza al PP que, obviamente utilizará para legitimar sus medidas de ajuste neoliberal en un previsible futuro gobierno  presidido por Rajoy.

     Frente a esta penosa situación, una vez más debemos recordar que las políticas de ajuste, aquellas que se ha aplicado con arreglo a los dictados del Pacto del Euro en Irlanda, Reino Unido, Grecia, Portugal y España, no han servido para reactivar la economía productiva pues, como advierte Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa” porque, en la práctica, los recortes del gasto público deprimen más la economía y aumentan el paro. En esta misma línea, Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía y ex-economista jefe del Banco Mundial, denuncia igualmente la falacia de que, para reducir el déficit, sólo cabe recortar el gasto público, una idea que responde “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Estado”, los cuales quedan así a merced de los mercados desregulados.  Resulta indudable que priorizar la lucha contra la inflación oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo ha llevado a políticas económicas de “ajuste permanente”, y a que “a ese dios se  ha inmolado cualquier otra realidad”, en palabras de Juan Francisco Martín Seco, razón por la cual este economista considera como “falsas soluciones” las propuestas neoliberales de ajuste asumidas por algunos partidos socialdemócratas, también por el PSOE, basadas en restricciones presupuestarias, flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones salariales, reducción de los impuestos y privatizaciones de determinadas áreas del sector público.

     La austeridad presupuestaria neoliberal que se nos impone, en la práctica supone una involución en toda regla porque afecta a derechos ciudadanos básicos como son la educación, la salud y las prestaciones sociales, razón por la cual algunos economistas equiparan estas medidas regresivas que desmantelan aspectos esenciales del Estado de Bienestar a un auténtico “crimen económico” contra los derechos constitucionales. Así ocurrió cuando este concepto, introducido por Gary Becker, también Premio Nobel de Economía, se extendió como consecuencia de los debates generados por las políticas de ajuste estructural promovidas por el FMI y el Banco Mundial durante los años 80-90.

     La injusticia de estas medidas queda patente dado que todos los negativos efectos de la crisis global se hacen pagar a las víctimas que sufren, sufrimos, sus consecuencias y, ninguno, a los culpables de la misma: los especuladores financieros, los cuales  todavía se han enriquecido más manejando de forma tan perversa como inmoral las primas de riesgo de los estados soberanos. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera del Congreso de los EE.UU. creada por Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, la crisis se pudo evitar de no haberse producido fallos en el sistema de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas en las prácticas contables y auditorias así como en la transparencia de sus negocios bursátiles. Los culpables están identificados, pero nadie ha tenido el coraje político de exigirles las responsabilidades y sanciones que les corresponden.

     Ante tanto desconcierto e indignación, ante la renuncia del PSOE a sostener posiciones socialdemócratas alternativas a la crisis, resulta imprescindible reagrupar a las fuerzas de izquierda en defensa de los derechos ciudadanos que se restringen y del Estado de Bienestar que se socava. En la asamblea del I Foro Social del 15-M celebrada el pasado 26 de julio, Joseph Stiglitz señalaba que la crisis “es una oportunidad para que la economía aporte medidas más sociales” así como para presionar al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales para que  prioricen más la creación de empleo que el control de la inflación.

     En consecuencia, de no actuar de forma crítica y firme contra estas medidas, la izquierda socialdemócrata, tal y como ahora la conocemos, habrá firmado su certificado de defunción y, con ello, concluirá su ciclo histórico como fuerza transformadora de un cambio social progresista por lo que deberá dejar paso a otras izquierdas y movimientos sociales dispuestos a combatir con firmeza y sin renuncias a la “bestia insaciable”, a la dictadura de los mercados, a la dictadura del capital.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 26 septiembre 2011)

 

ASALTO AL ESTADO DE BIENESTAR NÓRDICO

     El modelo de Estado de Bienestar de los países escandinavos (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca) es considerado como el paradigma de una sociedad próspera, justa, progresiva y solidaria. Construido a lo largo de décadas por los gobiernos socialdemócratas  de los países nórdicos, su origen se remonta a los acuerdos de Kanslergade (1933) en la caso de Dinamarca, y a la Convención de Saltsjöbaden de 1938 en Suecia. Este modelo, aúna la intervención planificada del Estado en la política económica interna sin menoscabo de la iniciativa privada, dando lugar a una economía mixta de fuerte componente social que permite una elevada calidad de vida basada en unos amplios y excelentes servicios públicos y asistenciales financiados con una potente progresividad  de los impuestos directos, todo ello unido a unos niveles de corrupción y fraude fiscal mínimos, los menores de Occidente, sobre todo lo cual se cimenta la solidez y estabilidad del modélico Estado de Bienestar nórdico.

     No obstante, en  estos últimos años han empezado a aparecer las primeras grietas en el sistema, tal y como señala Maxililiano Sbarbi para el caso de Suecia, un país que bajo el liderazgo del añorado Olof Palme, se había convertido en un referente ético y social para la izquierda europea. Varios factores explicarían esta situación. En primer lugar, el ascenso al poder en estos países de partidos de centro-derecha que asumieron los postulados del neoliberalismo y, consecuentemente, partidarios de reducir las dimensiones y prestaciones del modelo de Estado de Bienestar socialdemócrata. Este fue el caso de Dinamarca, donde el Partido Liberal ganó las elecciones de 2001 bajo el liderazgo de Anders Fogh Rasmussen, actualmente secretario general de la OTAN. Lo mismo podemos decir de Suecia, donde una coalición de partidos de centro-derecha  encabezada  por Fredrik Reinfeldt, llegó al poder en el 2006   o de Finlandia, donde Jyrki Katainen, dirigente del Partido Conservador, alcanzó el poder en junio de este año al frente de la Coalición Nacional.

     En la actualidad, del otrora uniforme mapa político socialdemócrata nórdico, sólo Noruega se halla gobernada por la izquierda, por el Partido Laborista de Jens Stoltenberg. Fue precisamente en una sociedad tan abierta y tolerante como la noruega, donde el pasado 22 de julio atentó el  ultraderechista Anders Behring Breivik causando 77 muertos, entre ellos los jóvenes socialistas de la isla de Utøya, los mismos que cuatro días antes habían erigido en dicho lugar una placa conmemorativa en honor a los brigadistas internacionales noruegos que defendieron la República Española durante nuestra guerra civil.

     Los gobiernos de centro-derecha  han aplicado políticas neoliberales que han ido socavando el idealizado Estado de Bienestar nórdico. En este sentido, el citado Anders Fogh Rasmussen, principal ideólogo del liberalismo danés, en su libro Del Estado Social al Estado Mínimo (1993), ya abogaba por la reforma del Estado de Bienestar desde la óptica del liberalismo clásico, lo cual supone la reducción del sector público estatal y de los impuestos. Esta misma política ha sido aplicada por el centro-derecha en Suecia, donde se han realizado privatizaciones (banca, telecomunicaciones), se han reducido los impuestos (el primero, el de la riqueza, creado por los socialdemócratas en 1947), se ha recortado el gasto público y se ha reformado el mercado laboral siguiendo el modelo danés que introdujo el peligroso concepto de la “flexiseguridad”. En esta misma línea, el conservador Kaitanen, actual Primer Ministro de Finlandia, pretende  subir la edad de jubilación y rebajar los elevados impuestos que gravan a las grandes empresas, entre ellas, a la todopoderosa Nokia.

     Además, las presiones del FMI, del Banco Mundial y del Banco Central Europeo a favor de la globalización económica, unidos a los “criterios de convergencia” (control del déficit y de la inflación) exigidos a los países que se han integrado en la Unión Europea como es el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia, han supuesto un serio recorte de los programas sociales, razón por la cual, como señala Giddens, “la globalización presente es uno de los más grandes desafíos a la socialdemocracia en este siglo”.

     Elemento referencial del modelo socialdemócrata nórdico ha sido la existencia de una fuerte fiscalidad progresiva, de unos elevados impuestos, apoyados mayoritariamente por la ciudadanía, pues el Estado los gestiona de forma correcta y eficaz. Tal es así que, cuando en 2007 el gobierno liberal de Rasmussen anunció una reducción del 2 % de los impuestos directos, los daneses convocaron huelgas y manifestaciones con el lema “Sí al bienestar para todos, no a la reducción de impuestos”: digamos que, en la actualidad, la fiscalidad media en Dinamarca es del 46 % sobre los niveles de renta.

     Pese a la ofensiva neoliberal, lo esencial del Estado de Bienestar nórdico persiste dado que, como indicábamos, sigue vigente un sistema de fiscalidad progresiva que resulta imprescindible para garantizar unos amplios servicios públicos y asistenciales de calidad y de carácter universal. De hecho, en la actualidad en Suecia, los impuestos se mantienen en una banda que oscila entre el 30 y el 55 % . Ello permite, por ejemplo, que la baja por maternidad, con la percepción íntegra del salario sea de 18 meses, o que la educación sea gratuita a todos los niveles, incluidos los estudios universitarios, tanto si éstos se realizan en Suecia o bien en el extranjero. Las ayudas sociales son también muy elevadas: las familias reciben del Estado 200 euros mensuales por cada hijo hasta que éste cumple los 15 años y, a partir de entonces, y hasta los 18 años, la Administración sueca abona 150 euros mensuales en una cuenta bancaria a nombre de cada hijo. Ello hace que, como norma general, los jóvenes suecos se emancipen de sus padres al llegar a la mayoría de edad, puesto que, desde los 18 años,  reciben del Estado un cheque mensual de 900 euros en concepto de préstamo: de esa cantidad, 200 euros son a fondo perdido y, el resto, debe ser devuelto sin apenas interés en un plazo de 40 años a partir del momento en que el joven tenga un empleo estable.

     A modo de conclusión digamos que también en los civilizados, progresistas y económicamente desarrollados países nórdicos ha sonado la voz de alarma ante la ofensiva neoliberal, aunque su incidencia no tiene, todavía, la magnitud de la que llevada a cabo en los países del resto de la Unión Europea y, de forma especial, en España, en donde, con la coartada de la crisis global, estamos asistiendo a la mayor regresión de derechos laborales y sociales de nuestra historia reciente. Y, frente a esto, reivindicar una vez más el modelo de Estado de Bienestar nórdico de corte socialdemócrata, defensor del endeudamiento y el déficit público para promover el empleo, el consumo y gestionar una amplia gama de prestaciones sociales, sigue siendo una alternativa más justa, racional y positiva en estos tiempos de incertidumbre y desánimo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 23 agosto 2011 y El Periódico de Aragón, 28 agosto 2011)

 

PENSIONAZO Y RECORTES SOCIALES

    

     Cuando el pasado 21 de julio el Congreso de los Diputados aprobaba  la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, culminaba en España un proceso que, como señalaba la economista Miren Etxezarreta, no sólo afecta a la Unión Europea sino que tiene una dimensión planetaria y cuyas aspectos esenciales figuraban ya en un informe que, en tal sentido, elaboró el Banco Mundial (BM) en el año 1994.

      Este proceso regresivo de reforma de las pensiones (aumento de la edad de jubilación y del número de años para tener derecho a ella y para el cómputo de la prestación) ha venido acelerado como consecuencia de la crisis global y de las políticas de ajuste antisocial impulsadas por el FMI, el BM y la Comisión Europea, las cuales han sido aplicadas diligentemente por el Gobierno Zapatero, de igual modo que lo seguirán siendo en el previsible Ejecutivo que lidere Rajoy en un futuro inmediato. En este sentido hay que situar el llamado Pacto por el Euro aprobado por el Consejo Europeo el pasado 25 de marzo. Este pacto, a pesar de tener como objetivo “responder a la crisis, preservar la estabilidad financiera y establecer fundamentos de un crecimiento inteligente, sostenible, socialmente integrador y creador de empleo”, supone en la práctica una serie de medidas profundamente antisociales: con el pretexto de “impulsar la competitividad”, se reducen los salarios de los trabajadores; con el pretexto de “impulsar el empleo”, se fomenta la flexiseguridad y la reducción de las cotizaciones sociales (que sirven para financiar las bajas por enfermedad, las pensiones contributivas, el seguro de desempleo, los gastos sanitarios y de formación profesional y reciclaje laboral); con el pretexto de  “reforzar la  estabilidad financiera”, se opta por la privatización de las cajas de ahorros, el control de la deuda pública y la coordinación de las políticas tributarias.

     Además de los citados, un cuarto objetivo pretende “contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas” recalcando la necesidad de aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficit públicos por debajo del 3 % del PIB. Para lograrlo, se insta a reformar el sistema de pensiones (aumentando la edad de jubilación  y reduciendo el importe de las mismas al ampliar el número de años para su cómputo), la sanidad pública y las prestaciones sociales. Todo ello, supone, como señala el economista Juan Torres, “debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización de las empresas y servicios públicos”.

     Así las cosas, resulta inaceptable, ética y políticamente, el que estas medidas de ajuste de las finanzas públicas se hagan pesar sobre las rentas del trabajo y no sobre las del capital, ignorando por completo los principios constitucionales de  progresividad fiscal. En el caso de la reforma de las pensiones, resulta evidente que el objetivo último de estas políticas no es tanto luchar contra la deuda sino contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población con ingresos más bajos  para justificar de esta forma su conversión en un negocio privado. De hecho, el célebre Manifiesto de los Economistas Aterrados (septiembre 2010) firmado por Philippe Askenazy, Thomas Coutrot, André Orléan y Henry Sterdyniak, criticaba las políticas neoliberales de “reducir los gastos para reducir la deuda pública” puesto que su aplicación rigurosa supone no sólo el agravamiento de  la crisis económica sino, también, el aumento de las desigualdades sociales. En consecuencia, “para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastres social y político”, proponen mantener los niveles de protección social e incluso mejorarlos. De la misma opinión son Mark Weisbrot y Juan Montecino que, en su trabajo Alternativas a la austeridad fiscal en España, destacan la falsedad de que, para aliviar la deuda, sea suficiente con limitar el gasto público puesto que, con ello, sólo se consigue aumentar el malestar social y, también, la falta de recursos públicos al reducir la actividad económica y, con ello, la generación de ingresos para el Estado, perpetuando de éste modo los desequilibrios presupuestarios. Por su parte, Joseph Stiglitz, advierte que reducir el gasto público responde al intento neoliberal de “debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Gobierno” como rector de la política económica la cual queda así a merced de los “mercados”, esto es, de los intereses del capital.

     Resulta obvio que el Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos pues, además de precarizar el empleo, cada vez más inseguro, temporal y barato, pretende reducir las pensiones y demás prestaciones sociales propias del Estado del Bienestar. De este modo, como señalaba Juan Torres, el Pacto del Euro es “un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa Social” mientras que, por el contrario,  se exime de toda responsabilidad a los verdaderos culpables de la crisis: la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Consecuentemente, asistimos a una involución en toda regla que afecta a derechos ciudadanos básicos (educación, salud, seguridad social) reconocidos constitucionalmente.

     Cada vez más se desvelan con toda su crudeza las imposiciones de una dictadura económica que vulnera todos nuestros valores y principios democráticos. Ni el PSOE actual ni mucho menos el PP, cambiarán el draconiano rumbo marcado por el Pacto del Euro. Lamentable resulta comprobar cómo los partidos y gobiernos socialistas y socialdemócratas (Zapatero y Rubalcaba incluidos)  han asumido dócilmente las medidas de ajuste financiero y recortes sociales que nos impone la dictadura de los mercados y con ello, renunciando a su historia y valores, se han sumado a la tarea de demolición controlada del Estado del bienestar  y de la Europa Social. El recordado Juan José Carreras,  profesor de historia contemporánea en mis años universitarios, aludiendo a la tarea histórica de la socialdemocracia, decía que ésta, en vez de ser “el sepulturero del capitalismo”, se había convertido en “su médico de cabecera”. Ya lo había advertido igualmente Rosa Luxemburgo  al señalar que si la socialdemocracia no aprendía de sus errores, desaparecería “para dejar lugar a los hombres que estén a la altura de un  nuevo mundo” y sean capaces de recomponer  las fuerzas de la izquierda. De no cambiar las cosas, tal y como ha puesto de evidencia el Movimiento del 15-M, será la ciudadanía la que  pase directamente a la acción para lograr los anhelos de bienestar humano y justicia social.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 30 julio 2011 y El Periódico de Aragón, 31 julio 2011)

 

EL DECRECIMIENTO, UNA ALTERNATIVA PROVOCADORA

     

 

 

      La crisis global, cual si fuera una densa bruma que todo lo envuelve, nos ha sumido en unos tiempos de desánimo, pesimismo e incertidumbre. Nuestras expectativas vitales, nuestro desarrollo económico y unas cotas de bienestar que parecían consolidadas y estables, se desmoronan a nuestro alrededor. Estamos, pues, sufriendo una crisis global que no sólo es económica, sino que tiene derivaciones políticas, ecológicas y de valores. Ante tal panorama, se comprenden las justas razones que impulsan al movimiento de los “Indignados” en la línea de profundizar en  una democracia más participativa y en la búsqueda de un modelo económico y social más justo y humano, opuesto a la voracidad de la dictadura de los mercados, a la mentalidad del enriquecimiento rápido a cualquier precio y  al consumismo desmedido e insolidario.

     Entre el  cúmulo de ideas alternativas emergentes, con la dosis de utopía que ello conlleva, se hallan las que propugnan el “decrecimiento”, una propuesta ciertamente provocadora. En palabras de Joan Surroca,  el decrecimiento supone una teoría que intenta redefinir las nociones de progreso, desarrollo y calidad de vida con objeto de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y también entre los propios seres humanos. Surgió entonces el concepto de “bioeconomía” y algunas de estas ideas aparecen recogidas en el libro del sociólogo francés Edgar Morin titulado ¿Hacia el abismo?. Globalización en el siglo XXI (2010), en el que se alerta a la Humanidad sobre una serie de “problemas vitales” tales como el cambio climático, la carrera armamentística nuclear y el creciente desfase entre la tecnociencia y la ética.

     El movimiento a favor del decrecimiento tiene como eje fundamental el disminuir la producción económica, de ahí su nombre, partiendo de una idea obvia: como ya señalaba  el informe Los límites del crecimiento (Massachussets Institute of Technology, 1972) en un mundo con recursos limitados, no se puede crecer de manera infinita, a pesar de que el sistema capitalista fomente un modo de vida basado en el consumo ilimitado para asegurar la producción y, con ello, los beneficios empresariales. En consecuencia, el decrecentismo considera que los factores económicos deben de dejar de ser la única y exclusiva razón de ser de nuestra vida y nuestra sociedad. Por  ello, la palabra “decrecimiento”, introducida por el economista Nicholas Georgescu-Roegen, pretende generar un debate sobre el modelo económico que vivimos y sufrimos. Ello resulta imprescindible ya que el consumismo ha logrado ejercer un verdadero dominio sobre nuestro pensamiento, hasta colonizarlo y lograr que creamos y actuemos como si no hubiera vida más allá del capitalismo. Y es que, la publicidad interesada, nos bombardea machaconamente con la idea de que la única felicidad posible es acumular dinero o poseer bienes materiales. Frente a esto, el decrecimiento cuestiona estas pretendidas certidumbes y aporta nuevos valores sociales para vivir más y mejor con menos asumiendo el pensamiento de Gandhi de que “necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir”.

     El decrecentismo no es una ideología cerrada, ni tiene un proyecto definido o una hoja de ruta marcada. Sin embargo, sus defensores, los llamados “objetores del crecimiento”, tienen como punto común la voluntad de modificar el actual sistema ofreciendo una alternativa al capitalismo. De hecho, supone una oposición frontal a la economía neoliberal y productivista y en ella convergen posiciones que van desde el cooperativismo autogestionario hasta la planificación económica de corte socialista con el objetivo último de redistribuir de una forma más justa el reparto de la riqueza de la Tierra acabando así con la creciente brecha que separa a los países del norte y el sur. También rechaza la idea del “desarrollo sostenible”, conceptos que considera incompatibles y que en muchas ocasiones sólo sirven de coartada para encubrir un inexistente respeto a los aspectos medioambientales. Entre sus ideas esenciales, podemos citar el cambio de modelo productivo para reducir el consumo o  disminuir la jornada laboral con la idea de que todo el mundo trabaje cada vez menos para que todo el mundo pueda trabajar. En este sentido, Serge Latouche, el principal exponente del decrecentismo en Francia, propone que la jornada laboral no debería ser superior a las 4 horas diarias.

      Especial importancia tiene para los decrecentistas el fomento de la agricultura ecológica, el apoyo a las pequeñas explotaciones agrarias,  la relocalización de la producción agraria, garantizando la calidad de los productos frescos y abaratando sus precios al reducir los costes de transporte, sin olvidar tampoco la defensa de las formas de producción cooperativas.

     Las cuestiones ecológicas son fundamentales para el pensamiento defensor del decrecimiento y, por ello, éste rechaza el uso y abuso de las energías fósiles por sus efectos contaminantes y aceleradores del cambio climático de todos conocidos.

     La idea esencial es que resulta vital construir otros sistemas económicos y organizativos que superen el agobiante productivismo actual de nuestra sociedad y ello pasa porque la ciudadanía reaccione ante  los poderes económicos que controlan nuestras vidas y haciendas. De hecho, la filosofía del decrecimiento desmitifica el “mercado” y el consumo ilimitado como proveedor de la felicidad. En este sentido,  los decrecentistas, rechazan al PIB como índice para medir el progreso de una economía dado que éste no tiene  en cuenta aspectos tan importantes como el bienestar de la población y la conservación de los ecosistemas y los equilibrios climáticos. Por ello, proponen otros índices alternativos que contemplan estas cuestiones como el Indicador de Desarrollo Humano, el Índice de Desempeño Ambiental o la llamada Huella ecológica.

     Ante las desmesuras del neoliberalismo, se hace más necesario que nunca la aparición de un pensamiento crítico alternativo y,  el decrecimiento, es una propuesta en esta línea. Estas ideas, al igual que ya lo hicieron en otros países,  están surgiendo en España gracias al esperanzador estallido de rebeldía cívica y democrática al que estamos asistiendo en estos últimos tiempos. Y es que, como escribía Vicente Verdú, ha llegado el momento de que la razón económica deje de ser la única matriz de nuestro modelo social y para ello, es necesario recuperar la utopía y avanzar hacia cambios políticos, sociales y económicos en los cuales el eje central sea el ser humano en plenitud de derechos y dignidad.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (El Periódico de Aragón, 24 junio 2011 ; Diario de Teruel, 26 junio 2011)

 

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS: UNA ACTUACIÓN DELICTIVA

     La crisis global se ha convertido en la coartada perfecta para que los sectores económicos y políticos más ultraconservadores se lancen a una fuerte ofensiva tendente a desmantelar las bases del Estado de bienestar reduciendo derechos laborales y sociales que tanto costó lograr. Como señalaba Naomi Klein en su libro “La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre” (2007), el capitalismo se está aprovechando de la crisis para introducir medidas de choque muy impopulares entre la población con el único fin de favorecer los intereses del conglomerado financiero y económico internacional, situación que constatamos día a día.

     En fechas recientes, las profesoras de Economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa publicaron un excelente artículo titulado “Crímenes económicos contra la humanidad” en el que demandaban el reconocimiento este tipo de delito, así como poderlos investigar y juzgar con arreglo a la legislación penal internacional, al igual que ha ocurrido con los crímenes de genocidio cometidos en tiempos recientes en la antigua Yugoslavia o en Ruanda. En esta línea,  Xavier Caño se preguntaba:“¿acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en los paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?”. Según la Corte Penal Internacional se entiende por “crimen contra la humanidad”, “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, y, por ello, las víctimas de estos nuevos crímenes económicos son numerosas y sus consecuencias sociales gravísimas, equiparables a los genocidios de tiempos pasados.

     Como señalaba Paul Krugman,“tras las frías cifras, hay un inmenso panorama de sufrimiento”: en los dos últimos años, el número de hambrientos en el mundo ha pasado de los 850 a los 1.100 millones de personas y, según Eurostat en su último cálculo sobre la pobreza, 116 millones de europeos, sufren una de estas tres formas  de exclusión social: índice de personas pobres, personas con privaciones materiales muy graves o personas que sobreviven con salarios muy bajos que apenas les alcanza para sus necesidades básicas. El capitalismo financiero, culpable de la crisis, también ha supuesto en el llamado Primer Mundo un serio retroceso de derechos constitucionales básicos como el de acceso a la vivienda o el derecho al trabajo para millones de personas. El caso español es un claro ejemplo: con casi 5 millones de parados, el 20 % de la población activa y 180.000 embargos hipotecarios en el 2010, estamos sufriendo con toda crudeza los efectos de la crisis global, agudizada todavía  más con los recortes sociales en materia salarial y de pensiones.

     Shoshana Zuboff tiene razón al señalar que no es suficiente con acusar al sistema, a “los mercados” de la crisis, como tampoco lo sería culpar de los crímenes nazis a las ideas hitlerianas, y no a las personas concretas que los cometieron. Por ello, como detrás de un crimen siempre hay un criminal, que tarde o temprano deber ser juzgado legalmente, Zuboff nos señala como culpables del desastre económico a todos los que defendieron la liberalización de los mercados financieros, especialmente a Alan Greespan, el otrora todopoderoso jefe de la Reserva Federal de los EE.UU; a los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de las especulaciones en Bolsa, de las empresas que, como Lehman Brothers o la Agencia Goldman Sachs, fomentaron la llamada “economía de casino”, sin olvidar a todos los bancos que emitieron créditos-basura tóxicos.

     Especialmente grave ha sido la actuación de las llamadas Agencias de calificación de riesgos. Hay que recordar que éstas, desde el 2001, calificaron al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros (hipotecas basura y activos tóxicos) a los que otorgaron la máxima calificación, lo cual facilitó su difusión en los mercados financieros internacionales: si a mediados de 2006 había en el mundo sólo 9 empresas con la máxima calificación (triple A), en enero de 2008, eran ya 64.000, entre ellas Lehman Brothers o inversores como Bernard Madoff, calificación que lograron pocos días antes de declararse en quiebra, lo cual dice bien poco a favor de la fiabilidad de estas Agencias. Todo ello generó una burbuja especulativa financiera cuyo estallido, hizo que millones de personas perdiesen su empleo, su vivienda o ambas cosas. Por ello, las turbias prácticas de las Agencias de calificación se han convertido en auténticas armas de destrucción masiva por sus devastadores efectos económicos y sociales a nivel mundial,  auténticos “crímenes económicos contra la humanidad”, razón  por la cual deben de ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

     Especialmente escandalosa es la actuación de estas agencias desvalorizando las deudas públicas de algunos países, como es el caso de España, con lo que sus eventuales prestamistas lograban elevados beneficios. De este modo, sometían a los estados soberanos al chantaje de vincular su solvencia a las ventajas económicas que pudieran ofrecer a los especuladores, Además, la calificación concedida por estas agencias dependía de la mayor o menor predisposición de los gobiernos reducir el gasto social, flexibilizar las relaciones laborales o congelar las pensiones, las cuales había que sacrificar ante los sumos sacerdotes del festín especulativo.

     Lamentablemente ningún gobierno, tampoco los de signo socialdemócrata, ha tenido el coraje de atajar este tipo de crímenes económicos, por lo que ha sido la sociedad civil la que ha pasado a la acción. Además del ejemplo de la ciudadanía de Islandia o del proceso penal en EE.UU. contra Madoff, en el caso de España, el abogado Jaume Asens y Gerardo Pisarello, miembro de ATTAC-España y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, han promovido una querella penal contra las agencias de calificación de riesgo Moody’s, Standard & Poors y Fitch Ratings, la cual ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional por la que éstas deberán de responder por dos acusaciones concretas: la de alteración del precio de la deuda pública y la de utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio, penada por los artículos 284 y 285 del Código Penal. Tal vez sea esta una lucha quijotesca contra unos molinos de viento que mueven, o mejor sería decir especulan, con la economía y las finanzas mundiales, pero lo cierto es que esta querella sólo supone una iniciativa jurídica y ciudadana contra la impunidad con que actúan este tipo de agencias y  también para abrir un debate sobre la necesaria depuración y democratización del actual sistema financiero.

     No podemos resignarnos a aceptar el vaticinio de Warren Buffet, el multimillonario propietario de Moody’s, quien recientemente declaró  que “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. No sería aceptable resignarse y, como nos decía Stéphane Hessel, además de indignarnos, debemos pasar a la acción, algo a lo que también nos insta Antón Costas, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, quien advierte que, “si la política no recobra su autonomía  frente a los mercados financieros y la sociedad no es capaz de manifestar su indignación,  no habrá límites a la especulación, la volatilidad financiera  y la desigualdad”. Este es un reto ante el cual debemos reaccionar los ciudadanos pues, de no hacerlo, estarán en riesgo los valores y principios sobre los que se sustenta nuestra democracia.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 12 mayo 2011 ; El Periódico de Aragón, 15 mayo 2011)

 

POR UNA FISCALIDAD PROGRESIVA

     La crisis económica sigue dando zarpazos que generan profundas heridas en el conjunto de nuestra sociedad con sus secuelas de paro y desesperanza, un túnel al que todavía no se le atisba una salida próxima. Con este telón de fondo y, hallándonos próximos a iniciarse la campaña electoral, algunos partidos empiezan a plantear diversas propuestas sobre fiscalidad, sobre la posibilidad de rebajar, o en su caso reducir, determinados impuestos. Y, sin embargo, en épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal de signo socialdemócrata, aspecto esencial de modelo de Estado de bienestar.

     Con arreglo al artículo 31 de la Constitución, los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo  basado en los principios de igualdad y progresividad por lo que, en las circunstancias actuales, se hace necesaria una revisión global de nuestro sistema tributario basado, fundamentalmente, en la priorización de los impuestos directos, aquellos que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta, impulsando medidas concretas  y efectivas tendentes a incrementar la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías de ventas de acciones o viviendas, seguros de vida) cuya tributación se efectúa por una triple vía (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades  y el Impuesto de no residentes). Por ello, debería de restablecerse el Impuesto sobre el Patrimonio aplicándole un mínimo exento, la creación de un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital, así como un impuesto adicional sobre las grandes fortunas, un impuesto sobre los beneficios bancarios y fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos de ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, además, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad, sin olvidar tampoco la inaplazable necesidad de reformar la tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

     Consecuentemente, lejos de nosotros la errónea idea de que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Bien al contrario, como señalaba Vicenç Navarro, los países que mejor han aplicado la progresividad fiscal, son precisamente los que, a pesar de la actual crisis global, mantienen mejores tasas de población activa y un Estado de Bienestar más desarrollado y de mayor calidad: este es el caso de Dinamarca, con una carga fiscal del 48 % de su PIB, o los de Suecia (47 %), los de Noruega y Finlandia, ambos con el 42 %, mientras que en España es del 33 %. Es por ello que, Navarro no duda en criticar las bajadas de impuestos, las rebajas fiscales aplicadas tanto por gobiernos de derechas como de centro-izquierda, como es el caso del PSOE, dado que ello ha supuesto para los Estados la pérdida de cuantiosos recursos, viéndose obligados a recurrir al endeudamiento, lo cual a su vez ha generado alarmantes déficits en las cuentas públicas.

     Dicho todo esto, resultan oportuno recordar algunas de las ideas y propuestas de la Plataforma para una Fiscalidad justa, ambiental y solidaria, entidad en la que se agrupan más de 30 organizaciones que promueven un modelo fiscal progresivo para España, que tenga por objetivo la redistribución de la riqueza, reducir las desigualdades y, por ello, ser un instrumento para la defensa y la promoción de la justicia social. Y es que, ante la actual situación de austeridad del gasto y de recortes sociales, debemos redefinir el modelo fiscal como forma no sólo de garantizar un auténtico esfuerzo solidario para salir de la crisis, sino también como salvaguardia del Estado de Bienestar ante los embates que está sufriendo por parte de la ofensiva neoliberal que todo lo invade. De hecho, la citada Plataforma no duda en criticar el marco fiscal vigente, tanto en cuanto es “regresivo” puesto que el sistema se sostiene básicamente sobre las rentas de los asalariados y no sobre las rentas del capital, con el agravante, además, de que se han reducido los impuestos directos, los que gravan las rentas y el patrimonio: supresión del impuesto de patrimonio, la práctica eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones o la reducción del impuesto de sociedades (con ello, las multinacionales han dejado de aportar cuantiosos ingresos a las arcas públicas) y, por el contrario, se han incrementado los impuestos indirectos (IVA, carburantes, tabaco), los cuales pagan por igual todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica: sólo sería aceptable el introducir algún criterio de progresividad en el IVA estableciendo un nuevo tipo superior para los artículos de lujo.

     Por otra parte, la Plataforma no duda en calificar al actual sistema fiscal español de “insuficiente” dadas las sucesivas rebajas fiscales aplicadas desde 1995, las cuales, no sólo han agudizado el déficit público sino que han beneficiado, sobre todo, a las rentas altas, lo cual está provocando un incremento de las desigualdades sociales. En esta misma línea, Vicenç Navarro es contundente al señalar que “los grandes recortes del gasto público que ahora se exigen son consecuencia directa de la bajada de los impuestos” y señala cómo “la congelación de las pensiones, la reducción de los salarios públicos y del gasto público podrían haberse evitado si no se hubieran recortado los impuestos del IRPF llevados a cabo tanto por Rato y después por Solbes, ni se hubieran eliminado los impuestos sobre el Patrimonio, ni se hubieran hecho otras reformas fiscales regresivas, que han significado una enorme merma de los ingresos del Estado”.

     Por todo lo dicho, ante un sistema fiscal regresivo e insuficiente, se hace necesario impulsar una profunda reforma fiscal progresiva basada en tres ideas esenciales: la equiparación de la tributación entre las rentas del trabajo y las del capital, el establecimiento de una fiscalidad ambiental (impuestos ecológicos) y, desde luego, un riguroso control del fraude fiscal, que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTMA), en el 2009, el año más agudo de la crisis, se elevó al 23,3 % del PIB español.  Se trata pues, de propuestas necesarias, pero hay que tener la valentía política de acometerlas. Debemos tener presente que plantear la cuestión de la  fiscalidad es tanto como abordar el debate sobre el concepto de equidad y el del modelo social que, como ciudadanos, debemos configurar. Por ello, hoy más que nunca, ante el embate de la crisis global y sus negativos efectos sociales, resulta indispensable avanzar hacia la Justicia Fiscal Global, hacia un nuevo modelo fiscal justo, ambiental y solidario.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 24 abril 2011 y Diario de Teruel, 25 abril 2011)