Memoria histórica

UNA LEY POLACA

 

     En fechas recientes, el Senado de Polonia ha aprobado una polémica Ley sobre el Holocausto la cual prohíbe cualquier afirmación, aunque sea cierta y documentada, relativa a considerar a la población o autoridades polacas como responsables o cómplices de los crímenes de lesa humanidad, del genocidio cometido por los nazis contra la población judía en su territorio durante la II Guerra Mundial, hecho éste que puede comportar penas de 3 años de prisión para sus infractores. En consecuencia, dicha ley ha generado una oleada de protestas de los supervivientes de dicho genocidio y sus descendientes, así como de países como Ucrania, Estados Unidos y, sobre todo, de Israel, pues se considera que dicha ley es un “intento de desafiar la verdad histórica” al pretender encubrir la complicidad, directa o indirecta, de sectores de la sociedad polaca en los crímenes cometidos durante el Holocausto, durante la Shoá.

    Esta ley polaca ha supuesto, también, una fuerte crítica por parte de los historiadores puesto que no sólo limita la libertad de expresión a la hora de investigar estos acontecimientos, sino que es un claro intento de falsificar hechos históricos evidentes y, por ello, pretende borrar de la historia de Polonia la negra página que, durante el período de la ocupación nazi del país, supuso la complicidad y el colaboracionismo criminal con las autoridades germanas. Ciertamente, Polonia fue derrotada y ocupada por la Alemania hitleriana, lo que supuso una tragedia de dolor y sufrimiento innegable como lo testimonia la muerte de 6 millones de polacos, de los cuales 3 millones, pertenecían a la comunidad judía. Pero también es cierto que una parte de la población, profundamente antisemita, colaboró con el ocupante nazi durante el Holocausto, tema que cual un espectro que siempre retorna, martillea las conciencias y la historia polaca con una pregunta incómoda: ¿cómo fue posible semejante monstruosidad sin cierta complicidad de la población?, algo de lo que, por otra parte, existen numerosas pruebas y que ningún historiador riguroso pone en duda. Primo Levi, superviviente de la Shoá, decía que “los monstruos existen, pero son poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos, los realmente peligrosos son los hombres comunes”, aquellos que fueron los cómplices necesarios, aquellos que, tanto ayer como hoy, olvidan y banalizan de nuevo ese Mal Absoluto que fue el Holocausto, esa “barbarie única, sin precedentes en la historia de Occidente”, como la calificó Bejla Rubin.

    Por todas estas razones, el Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalem, refiriéndose a esta polémica ley incidía en que “puede difuminar verdades históricas por los límites que impone en expresiones sobre la complicidad de segmentos de población polaca en crímenes contra judíos cometidos en suelo polaco por su propio pueblo, directa o indirectamente, durante el Holocausto”. Por su parte, como señalaba Heather Nauert, en relación a este tema, “todos debemos de tener cuidado de no inhibir la discusión y el comentario sobre el Holocausto. Creemos que el debate abierto, la escolaridad y la educación, son los mejores medios contra el discurso inexacto e hiriente”.

    Esta nueva ley, impulsada por el gobierno derechista y ultranacionalista del Partido Ley y Justicia (PiS), tiene la evidente intención de minimizar la responsabilidad de los polacos en el genocidio judío, un “revisionismo de Estado”, lo cual supone una innegable adulteración de la verdad histórica, con el propósito por parte de la derecha nacionalista, como afirma Adam Michnik, de mandar un mensaje de orgullo a la nación, de superación de las humillaciones históricas sufridas en tiempos recientes por Polonia, una nación siempre aplastada, dominada y cercenada, por parte de sus dos poderosos vecinos: Alemania y Rusia y, de este modo, esconder bajo la alfombra de la “historia oficial” las profundas raíces del antisemitismo polaco y sucesos tan dramáticos como la masacre ocurrida en el pueblo de Jedwabne el 10 de julio de 1941, donde 1.683 judíos fueron quemados vivos, una matanza llevada a cabo por sus propios vecinos católicos polacos.

    Pese al deliberado intento de las autoridades de Polonia por maquillar la historia, como advertía el diplomático israelí Emmanuel Nahshon, “ninguna ley cambiará los hechos”, por muy trágicos que estos sean, a la vez que resulta preocupante el hecho que la tramitación de tan polémica ley, ha provocado un aumento de la intolerancia, xenofobia y el antisemitismo en la sociedad polaca, país donde junto a su deriva autoritaria, parece orientarse, como advertía Antonio Claret, hacia un nacionalismo agresivo que quiere quitarse de encima las culpas del pasado. Y así, por ejemplo, sobre el levantamiento del guetto de Varsovia (abril-mayo 1943) y el asesinato de sus defensores, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, repartió la responsabilidad de la matanza no sólo en “la nación alemana”, sino, también, de forma tendenciosa y sorprendente, “en los que no vinieron a ayudar, es decir, en los aliados” (¡!).

    Lo que ocurre en Polonia no resulta nada extraño ya que los síntomas de la adulteración histórica no son exclusivos de este país, sino que se extienden por toda Europa impulsados por sectores revisionistas, reaccionarios y negacionistas, algo de lo que España no está exenta dado que la larga sombra del franquismo (y sus profundas raíces) siguen muy presentes en nuestra sociedad. Asistimos, pues, a una expansión de lo que ha dado en llamarse “posverdad”, concepto que la RAE ha incorporado a nuestro Diccionario de la Lengua y que define como “distorsión deliberada de la realidad, mediante la manipulación de creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales”, esto es, el empleo de la manipulación interesada y la mentira a la hora de referirse a determinados hechos o períodos históricos. Visto lo que subyace tras esta ley polaca, debemos tener muy presente que ninguna sociedad democrática, debe consentir la propagación de planteamientos negacionistas y de ideas racistas y xenófobas, alentadas por el preocupante auge de los grupos de la extrema derecha a lo largo de toda Europa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 22 abril 2018)

 

¿AMNISTÍA O IMPUNIDAD?

 

    El pasado día 20 de marzo el Congreso de los Diputados, rechazaba la posibilidad, planteada por Podemos y sus confluencias, junto con ERC, PNV, Bildu, Compromís, PDeCAT y Nueva Canarias, de reformar la Ley 46/1977 de Amnistía para que se pudieran juzgar en España los crímenes del franquismo, con la consiguiente indignación de las asociaciones memorialistas y de las familias de las víctimas de la dictadura. Si bien era previsible que la derecha (PP y C´s) se opusiera a ello, ha causado una vez más decepción el alineamiento del PSOE con dichas fuerzas y, de este modo, impedir que se incorporase al artículo 9 de tan polémica ley un nuevo e impecable párrafo que aludía a que las disposiciones contenidas en dicha norma “no impedirán que los juzgados y los tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos”. De igual manera, dichos partidos impidieron que saliera adelante una Proposición de ley complementaria para la reforma del Código Penal con objeto de añadir un nuevo artículo que reforzase la figura de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, conforme al Derecho Internacional y a los distintos tratados suscritos por España.

    La cuestión de fondo es la exigencia, tantas veces requerida, de aplicar en España, con todas sus consecuencias, la legislación penal internacional y el principio de justicia universal, pero la derecha se aferra al manido mensaje de mitificar la Transición y la Ley de Amnistía, con la que se evitó que los crímenes del franquismo pudieran ser juzgados. Ciertamente, la Transición fue lo que fue y se hizo como se pudo según las circunstancias del momento para no soliviantar a los poderes fácticos vinculados al régimen franquista y, por ello, Joseba Agirretxea (PNV), recordaba oportunamente que la Ley de Amnistía no se hizo “en total libertad” por los legisladores dadas las “amenazas veladas” del ruido de sables, del riesgo de involución golpista. Y es que la Transición tuvo sus luces (indudables), pero también sus sombras, algunas muy sangrantes y dolorosas para los demócratas…y la aceptación de la impunidad que supuso la Ley de Amnistía fue una de ellas. Está claro que la derecha se opone frontalmente a tratar el tema de la controvertida Ley de Amnistía, la cual considera “intocable”, mientras que la izquierda debe mantener una postura clara, firme y coherente, algo que resulta especialmente exigible a la tibia posición que en este tema ha dejado patente el PSOE  a nivel federal, máxime cuando hay casos como ocurre con el Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón donde el tema de la Ley de Amnistía se afronta de  una forma más decidida y valiente.

    El debate sobre la memoria histórica ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos. En esta cuestión debemos recordar que tanto la ONU como la jurisprudencia internacional y los organismos de derechos humanos tales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello, el Gobierno de Raúl Alfonsín tuvo la valentía de derogar la Ley de Autoamnistía nº 22.924 de 1983, con la cual la dictadura argentina pretendió lograr la impunidad para sus crímenes.  No es este el caso de España puesto que el 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” a la vez que pedía su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales”.

    Así las cosas, considero que el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los compromisos que, en materia de legislación penal internacional tiene asumidos España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España el 24 de septiembre de 2009), debería implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada y sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º), crímenes que son imprescriptibles y no amnistiables. Teniendo en cuenta que, tras la apertura por Baltasar Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional del cual era titular el propio Garzón, podemos hacernos una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión franquista. En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que éstos no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. De igual modo, con arreglo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (ratificado por España en 1979), se señala en su artículo 7.2 que “no se impedirá el juicio o condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.  Por todo lo dicho, más pronto que tarde la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 deberá modificarse en cuestiones como las anteriormente indicadas para adecuarla al marco jurídico internacional. Hasta entonces, este tema seguirá siendo un tema pendiente de nuestra democracia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 abril 2018)

 

 

 

BANALIZAR EL HOLOCAUSTO

 

     El pasado 27 de enero, con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, António Guterres, Secretario General de la ONU, en un emotivo discurso alertaba sobre el preocupante auge de los grupos neonazis y también, y ello resulta especialmente grave, de la creciente influencia de sus mensajes xenófobos y autoritarios en los partidos políticos tradicionales, razón por la cual se lamentaba de que “algunos partidos, necesitados de votos, están felices de dar un barniz de respetabilidad a ideas viles”. Es por ello que Guterres advertía del peligro que supone la “simbiosis” entre ideas y propuestas de signo claramente ultraderechista con las de partidos “respetables” del arco parlamentario en su búsqueda de réditos electorales. Así hemos de entender las posiciones que han ido adoptando diversos partidos de la derecha conservadora  en temas tales como la inmigración o la seguridad ciudadana, como es el caso de la derecha sarkoziana francesa, o de otros partidos del centro y este de Europa, algunos de ellos adscritos al Partido Popular Europeo (PPE), como es el caso de Hungría, Polonia, Eslovaquia o Austria y, también, las posiciones que, por ejemplo en España, defiende en dichos temas Xavier García Albiol, el principal dirigente del Partido Popular de Cataluña (PPC).

Ante esta amenaza que se perfila en el horizonte de muchos países, Guterres pedía unidad para hacer frente a los mensajes que, como señalaba con acierto, pretenden “la normalización del odio”, unos mensajes que tanto la extrema derecha como los supremacistas blancos, expanden impunemente a través de Internet y las redes sociales. Estas actitudes reaccionarias son incapaces de comprender, y mucho menos de aceptar que, en nuestro tiempo, las sociedades son cada vez más multiétnicas, multirreligiosas y multiculturales, y que esa diversidad es un valor, una riqueza social y no una pretendida amenaza. Por ello, estos grupos a la par que expanden sus mensajes de odio, fomentan en la misma medida los incidentes antisemitas y los ataques violentos contra musulmanes e inmigrantes.

     Ante esta situación, y recordando lo que supuso el Holocausto en la conciencia y en la memoria de la Humanidad, el discurso de Guterres nos instaba a no olvidar estos hechos, encarnación del mal absoluto, “dado que hoy el odio y el desprecio por las vidas humanas es rampante, debemos protegernos contra la xenofobia todos los días y en todas partes” ya que “nunca podemos ser expectantes cuando las vidas y los valores están en juego”.

    En un acto similar que tuvo lugar en el Parlamento de Alemania, Anita Lasker-Wallfish, superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz, instó a los diputados alemanes a “no tolerar el negacionismo del Holocausto”, a la vez que alertaba del “virus” del antisemitismo, que tiene más de 2.000 años y que, “al parecer es incurable”.

    Traigo a colación estas declaraciones de Guterres y de Anita Lasker-Wallfish en un momento en el que, por ejemplo, Edouard Philippe, el primer ministro de Francia,  reconocía que en el país galo “hay una nueva forma de antisemitismo, violento y brutal, que emerge cada vez más abiertamente”, lo cual ocurre en la comunidad judía más grande de la Europa occidental, como lo prueban la oleada de ataques que está sufriendo en estos últimos años, el último, ocurrido hace unos días en el barrio parisino de Sarcelles contra un niño de tan sólo 8 años.

     Esta lucha para evitar la banalización del Holocausto está a la orden del día, como lo ha puesto de manifiesto el caso de Udo Landbauer, líder regional del partido de la ultraderecha austríaca FPÖ, grupo político que, desde el pasado mes de diciembre, forma parte del Gobierno Central de Viena, junto al Partido Popular de Austria (ÖVP). Hace unos días se supo que la cofradía pangermanista y ultranacionalista “Germania”, una de las muchas que existen en el país alpino y de la cual era presidente Udo Landbauer, había editado un cancionero en el cual se glorificaba el Holocausto nazi con letras tan macabras como la que decía “Metan gas, viejos germanos, que llegamos a los siete millones”, razón por la cual se generó una gran polémica y el político ultraderechista se vio forzado a presentar su dimisión.

     En esta misma oleada de ascenso de la extrema derecha en el seno de la civilizada Europa, que ya ha empezado a hacerse hueco en los gobiernos de algunos de estos países, podemos encontrar también otro ejemplo significativo en Bélgica. Allí, Jan Jambon, el ministro del Interior del Gobierno belga por el partido independentista flamenco N-VA (Alianza Neo-Flamenca), que cuenta con un importante sector afín a la ultraderecha, el partido que tanto está apoyando el supuesto “exilio” de Carles Puigdemont, manifestó recientemente su “comprensión” hacia los fascistas belgas que militaron en el Partido Rexista y que colaboraron con el ocupante nazi alemán durante la II Guerra Mundial, y cuyo líder, por cierto, Leon Degrelle, fue acogido y protegido, al igual que otros criminales nazis, por la dictadura franquista hasta su muerte en Málaga en 1994 sin que nunca fuera extraditado ni juzgado por los tribunales de su país por crímenes de guerra.

     Por todo ello, este tipo de gestos impulsados por partidos reaccionarios no sólo pretenden la banalización de la inmensa tragedia que supuso el Holocausto, sino que también suponen, no lo olvidemos, un oprobio para la memoria de las víctimas, y entre ellas, también,  la de varios miles de  republicanos españoles asesinados por el nazismo, olvidados de forma deliberada por la derecha española, la misma que tan comprensiva se muestra con determinadas actuaciones de esa negra página de nuestra historia que supuso el franquismo, algo que resulta inadmisible para cualquier demócrata.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 febrero 2018)

 

 

EN MEMORIA DEL MAQUIS TUROLENSE

 

     En la recuperación de la memoria histórica antifranquista, un capítulo importante fue el de la lucha guerrillera, el maquis, el cual tuvo su máxima actividad durante los años 1946-1947, también en Aragón, y de forma especial en las tierras turolenses, tanto es así que Eduardo Pons Prades en su libro Guerrillas españolas: 1936-1960,  destacaba el hecho de que la provincia de Teruel “fue sin lugar a dudas, una de las más guerrilleras de España. Tanto por la existencia de bases principales en todas sus zonas montañosas sin excepción como por la importancia de sus partidas y también por la duración del enfrentamiento guerrillas-fuerzas del orden”.

     Y así fue, pues el maquis turolense, partiendo de sus bases de operaciones en el Maestrazgo, Cuencas Mineras y Montes Universales, fueron diversas partidas guerrilleras las que actuaron a lo largo de toda la provincia. Este fue el caso de, entre otros, de “Espartaco”, una partida libertaria mandada por “Modesto”, un minero de Armillas, de la cual dependían otros grupos como los de “El Zagal” (un joven anarquista de Escucha), “El Macho” (Justiniano García) y “El Chaval” (Pedro Acosta), ambos libertarios y naturales de Utrillas, o el grupo de guerrilleros socialistas al mando de “El Soriano”. Otros dirigentes guerrilleros fueron “Rabós” y “Petrol” (José Ramia Ciprés), ambos de Aguaviva, “Paco el Serrano” (Francisco Serrano Iranzo) y su compañera “La Pastora” (Teresa Plá), los dos de Castellote, “El Pinchol” (Florencio Guillén), natural de Gúdar, “Jalisco”, “Pepito el de Mosqueruela”, el turolense “Delicado” o el grupo del anarquista alcañizano Paco Antolín. Cuando en 1947, momento álgido de la actividad del maquis en Aragón, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), bajo dirección del PCE, destacará la figura de “Ricardo” (Pelegrín Pérez), posiblemente el mejor dirigente del maquis de cuantos actuaron en tierras turolenses.

     La importancia del maquis en Teruel nos la ofrecen los mismos datos oficiales de la dictadura franquista a la que combatían. Según éstos,  se produjeron en la provincia las siguientes acciones: refriegas con las fuerzas del orden (73), muertos en la población civil (43), secuestros (27), sabotajes (57), golpes económicos (302), guerrilleros muertos (105), guerrilleros heridos (32), guerrilleros presos (67), guerrilleros entregados (10), enlaces de la guerrilla detenidos (812), fuerzas del orden muertos (12) y fuerzas del orden heridos (32). Como vemos, destaca el importante número de turolenses detenidos por colaborar con el maquis, así como los golpes económicos, a los que habría que añadir las multas a los delatores y confidentes de la policía. Entre los muertos, además de los maquis caídos, hay que añadir la ejecución de, además de algunos torturadores o colaboradores con las fuerzas represoras, a autoridades franquistas locales tales como los alcaldes de Villar del Cobo, El Cuervo, Tramacastiel o los casos del cabo de la Guardia Civil y el médico de Mas de las Matas. Estas acciones sólo sirvieron para desatar una violentísima represión, la cual, bajo el mandato del general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor,  de triste recuerdo en las tierras turolenses, caracterizó a la lucha antiguerrillera por parte de las fuerzas del régimen franquista.

     Las principales acciones del maquis ocurridas durante 1947, el año de su mayor actividad,  hechos de los cuales ahora se cumplen siete décadas, fueron la voladura y descarrilamiento del ferrocarril Central de Aragón entre Barracas y Rubielos (7 mayo), el asalto al tren pagador en Caudé (julio), el ataque a dos camiones de la Guardia Civil que se dirigían desde la localidad conquense de Tragacete a Teruel (3 diciembre) el cual ocasionó 12 muertos y varios heridos y que generó una brutal represalia posterior por parte de las tropas a las órdenes del general Pizarro, o la ocupación temporal por parte del maquis de algunos pueblos como Sarrión, Foz Calanda o La Cerollera. En este última localidad, la ocupación tuvo lugar en una fecha tan simbólica como era el 18 de julio y allí, tras  desarmar al somatén local, se ordenó que se personase un vecino de cada casa en la plaza en donde, ante una pancarta en la que podía leerse “Campesinos: los guerrilleros de Levante te protegen”, se procedió a la quema de los retratos de Franco y José Antonio y a izar la bandera tricolor en el Ayuntamiento de La Cerollera. Posteriormente, se homenajeó en el cementerio a dos maquis muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil el pasado 14 de marzo,  y tras cantar el “Himno del Guerrillero” y disparar salvas de honor, los combatientes volvieron al monte.

     La actividad guerrillera no sólo se dejaba notar en el monte, en las masías y en los pequeños pueblos serranos, sino que también se extendía a poblaciones más grandes como era el caso de Alcañiz. En la ciudad bajoaragonesa, en donde existían núcleos clandestinos (y activos) de la CNT, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) y de Juventudes Socialistas (JSE), se tiene constancia que en vísperas del 18 de julio se colgaron banderitas republicanas y el grupo “La Monegal”, tapadera de la CNT local, actuaba como enlace de la guerrilla de la zona. De hecho la desarticulación de la CNT, ANFD y JSE alcañizanas en agosto de 1947, al poco de ser nombrado Gobernador Civil de Teruel el general Pizarro, dio lugar a varios asesinatos, como el del grupo alcañizano de “El Bonito” en Civán, y más tarde los ocurridos en Monroyo, ambos en aplicación de la “ley de fugas” a presos republicanos, así como a la desarticulación de 3 campamentos guerrilleros, entre ellos, el existente en los montes de La Cerollera.

     Si bien 1947 fue el momento álgido de la guerrilla antifranquista en la provincia de Teruel, momento del cual ahora se cumple el 70º aniversario y por ello hoy lo recordamos, también es cierto que la llegada  en ese mismo año del general Manuel Pizarro Cenjor como nuevo Gobernador Civil de Teruel con plenos poderes políticos y militares, así como la implacable represión desatada por éste contra el maquis y sus apoyos, produjo al poco tiempo un cambio radical de la situación, tema éste al que nos referiremos posteriormente en otro artículo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 julio 2017)

 

 

UNA MEMORIA ARCOIRIS

 

    A lo largo de nuestra agitada historia, han pesado demasiados prejuicios, heredados de una ancestral mentalidad inquisitorial y cainita, los cuales nos han hecho difícil aceptar (y respetar) al diferente, bien fuera este judío, morisco, gitano, protestante, masón, liberal, demócrata o progresista de diversas tendencias…u homosexual, una cadena de siglos de intolerancia y discriminación que, cual si de una pesada losa se tratara, hemos ido arrastrando durante demasiado tiempo.

     El pasado 8 de abril, en el homenaje que anualmente organiza en el zaragozano Cementerio de Torrero la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en honor a las víctimas de la represión franquista, se dedicó en esta ocasión un recuerdo especial a quienes fueron represaliados por la dictadura como consecuencia de su orientación sexual, una memoria en arcoiris tan desconocida   como silenciada en ocasiones, razón por la cual hoy quisiera dedicarle unas líneas a este tema.

     Durante la dictadura franquista, al desprecio secular hacia las personas que por las orientaciones sexuales que se salían de las normas convencionales, se unió el hecho de que éstas tuvieron la condición de figura delictiva, estuvieron criminalizadas. Así consta en la reforma del 15 de julio de 1954 introducida en la famosa Ley de Vagos y Maleantes de 1933, razón por la cual se indica en ella que “podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad”, además de los vagos habituales, “los homosexuales, rufianes y proxenetas” (art. 2º). También se señalaban en ella las tres medidas represivas que se debían de aplicar a estos colectivos: internamiento en un establecimiento de régimen de trabajo o colonias agrícolas “por tiempo indeterminado” hasta un máximo de 3 años, internamiento en un establecimiento de custodia (máximo, 5 años) o bien “aislamiento curativo en Casas de templanza, por tiempo absolutamente indeterminado”.

     El símbolo de la dureza represiva ejercida por el franquismo lo representó la Colonia Agraria Penitenciaria de Tefía, lugar inhóspito, olvidado y reseco de la isla de Fuerteventura a donde eran deportados los homosexuales y que funcionó entre 1954  y mediados de los años 60: allí, picando piedra, entre frecuentes apaleamientos y escasas raciones alimentarias, penaban estos deportados por lo que la dictadura consideraba “un vicio”. Tras el cierre de Tefía, en aplicación de la citada reforma de 1954,  los homosexuales seguirían siendo enviados a las cárceles, ésta vez a las llamadas “Galerías de Invertidos”, aislándolos del resto de los presos. Además de lo dicho, el ideario represivo se completaba con medidas tales como la prohibición expresa de que éstos, tras ser fichados policialmente como “homosexuales peligrosos”, residiesen en determinados lugares, además de la obligación de declarar su domicilio o la sumisión a la vigilancia de los delegados gubernativos.

     La Ley de Vagos y Maleantes estuvo en vigor hasta que fue reemplazada por la Ley 16/1979, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la cual mantuvo las mismas ideas represivas que la legislación anterior. De este modo, entre 1970-1979, según la Asociación de Ex Presos Sociales, fueron internados 5.000 homosexuales en cárceles especializadas, concretamente en la de Badajoz,  para “pasivos” y en la de Huelva,  para “activos”. Tras cumplir sus penas de prisión se les aplicaba un destierro de 2 años. A su vez, la nueva ley pretendía “la rehabilitación de los que realicen actos de homosexualidad” y, para ello, contemplaba “el internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso” por un período no inferior a 4 meses ni superior a 4 años, o bien mediante el “internamiento en un establecimiento de reeducación” (art. 5º).

      La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social sobrevivió al franquismo y estuvo en vigor hasta 1979, ya en período de legalidad democrática constitucional, por lo que se ha  calificado a todas las personas que fueron objeto de represión por causa de sus orientaciones sexuales como “los olvidados de la Transición”. No sería pues hasta que, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero,  se aprobó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, popularmente conocida como la Ley del Matrimonio Homosexual, cuando finalmente se hizo justicia para con el colectivo de gays y lesbianas, adquiriendo de este modo la plenitud de derechos cívicos  que les corresponden en nuestro sistema democrático.

    Aunque afortunadamente ya pasaron los viejos tiempos de persecución y desprecio, no han desaparecido por completo de nuestra sociedad actitudes homófonas que, aunque minoritarias, suponen, todavía, un poso de viejos prejuicios y nuevas demagogias, alentadas en ocasiones por los emergentes movimientos de la extrema derecha. Y no obstante, tal y como nos recuerdan los medios de comunicación, todavía es peor la situación que estos colectivos sufren en otros países como Rusia, Chechenia o en el conjunto de las zonas del mundo musulmán que se hallan bajo el yugo del fundamentalismo yihadista. Por todo ello, junto a la defensa de los valores de la memoria democrática, también es de justicia  recordar, como este año se hizo en el homenaje del Cementerio de Torrero,  la memoria de quienes sufrieron o siguen sufriendo cualquier tipo de discriminación y represión como consecuencia de su orientación sexual, quienes representan la tantas veces olvidada  memoria arcoiris.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 23 abril 2017)

 

 

 

8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

 

     Desde que el I Congreso Internacional Gitano celebrado en Londres en 1971 acordase la celebración del 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano, se ha levantado con firmeza la bandera en defensa de la dignidad y las señas de identidad de la comunidad gitana, del pueblo romaní, como también es conocido, la minoría étnica más numerosa de la Unión Europea, con una cifra estimada en torno a los 12 millones de personas, y que desde hace  seis siglos  forma parte de la realidad histórica, social y cultural de nuestro continente.

      Lejos quedan sus orígenes en la región india del Punjab y su llegada a Europa a principios del s. XV, fechas por las que se fueron estableciendo en casi todos los países grupos de aquellas gentes de lengua extraña y vestimenta pintoresca a los que se les llamó “egipcianos”, término que más tarde derivaría en el actual de “gitanos”.

    Si en un primer momento fueron bien acogidos, no tardaron en aparecer prejuicios contra ellos por su modo de vida nómada,  sus prácticas de hechicería, así como perversas leyendas que los despreciaban por su piel oscura (en la época, equivalente a señal de inferioridad y maldad), así como otras que los consideraban “malditos” (se les suponía descendientes de Cam,  además de haber fabricado los clavos de la crucifixión de Cristo),  todo lo cual les fue condenando a la marginación por parte de las sociedades europeas en las que se habían ido asentando.

     En el caso de España, la historia del pueblo gitano fue azarosa. Los ejemplos de intolerancia y represión contra ellos fueron numerosos: desde la Pragmática Sanción de los Reyes Católicos de 1499, que los obligaba a sedentarizarse o de lo contrario, a sufrir penas de azotes, corte de orejas, expulsión, o esclavitud hasta la gran redada a Prisión General de los gitanos del 30 de julio de 1749, por la que Fernando VI  ordenó “prender a todos los gitanos avecindados en estos reinos, sin excepción de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido”, los cuales no serían amnistiados por Carlos III hasta 14 años después, aunque algunos no se liberarían hasta 1783.

     La situación siguió siendo adversa para los gitanos en toda Europa a lo largo de los siglos XIX y XX: recordemos el exterminio de la comunidad gitana europea a manos del nazismo durante la II Guerra Mundial, tragedia conocida como “Porraimos”, (“catástrofe”, en lengua romaní), que supuso el asesinato de más de un millón de gitanos y que frecuentemente se ha convertido en un genocidio olvidado: a diferencia de lo que ocurrió con la comunidad judía y como señalaba Yves Ternon, ningún gitano fue llamado a testificar en los procesos de Nüremberg contra los criminales nazis y los supervivientes nunca fueron  indemnizados. Volviendo a España, debemos recordar también la célebre Ley de Vagos y Maleantes (1933), tan implacablemente aplicada por la Guardia Civil durante décadas y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970), que reemplazó a la anterior durante los últimos años de la dictadura franquista hasta su derogación en el período democrático, pues la Constitución de 1978 reconocía la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley y, consecuentemente, la prohibición de cualquier tipo de discriminación social por razones de raza, sexo, religión o condición social.

     Pese a los solemnes principios constitucionales, lo cierto es que la comunidad gitana, a pesar de ver reconocida la igualdad jurídica, sigue sumida en una desigualdad real que hace que, en excesivas ocasiones, se halle atrapada en las redes de la marginación económica y social.  Los problemas siguen siendo numerosos y complejos y deben de ser abordados desde diversas perspectivas para que la integración gitana sea una realidad por encima  de las frecuentes (y estériles) palabras y acciones bienintencionadas. No obstante,  existen rayos de esperanza como lo son la creciente pujanza del movimiento asociativo gitano y la implicación creciente de éste en la realidad social, aspectos en los que se han dado pasos muy significativos en defensa de la cultura y la dignidad del pueblo gitano. En el caso español, resulta muy destacable la labor desarrollada desde 1986 por la Unión Romaní, presidida por una persona tan prestigiosa como es Juan de Dios Ramírez Heredia.

     La participación de la comunidad gitana en la realidad política y social resulta cada vez más necesaria, no sólo como camino para su integración ciudadana plena, sino, también, para sensibilizar y hacer frente a los negros nubarrones de abiertas tendencias xenófobas y racistas que están apareciendo en diversos países de nuestra civilizada Unión Europea de la mano de partidos de la derecha conservadora y también bajo el impulso de determinados grupos fascistas emergentes que han convertido a los gitanos, junto con la comunidad judía y la población inmigrante,  en objetivo directo de sus incendiarias soflamas y de sus ataques violentos.

     Por ello, el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano,  resulta un buen momento para  conocer y valorar la cultura romaní, acabar con los prejuicios seculares que siguen arraigados para con la comunidad gitana, así como para reafirmar nuestra defensa de los valores de la tolerancia y la solidaridad. Estos son los verdaderos cimientos de una sociedad multicultural, ética y justa, de una sociedad que debemos ayudar a construir entre todos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 abril 2017)

MEMORIA REPUBLICANA EN EL PLATEAU DE GLIÈRES

 

    Tras la derrota de Francia ante la Alemania nazi en 1940, la situación de los miles de republicanos españoles exiliados en territorio galo, ya de por sí precaria, empeorará todavía más. Este fue el caso de los varios centenares de ellos que, en septiembre de 1940, fueron enviados en vagones de ganado a Annecy, capital del departamento de la Alta Saboya, en la zona de los Alpes. Con este contingente de prisioneros republicanos se formaron varias Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE), destinadas a realizar trabajos agrícolas, desecación de pantanos, trazado de caminos, etc.

    Pese a las duras condiciones que padecen, nuestros compatriotas mantienen vivo el espíritu de resistencia antifascista y bastantes de ellos logran huir y se unen al maquis  en las montañas alpinas. Este fue el caso de Miguel Vera quien, tras escapar de la 517 CTE, empezó a organizar clandestinamente la resistencia a partir de junio de 1942. Desde este momento, y tras la aparición del primer maquis en Les Villars-sur- Thônes (diciembre 1942), le siguieron los grupos guerrilleros formados únicamente por españoles, entre abril-diciembre de 1943, en Mont Veyrier, Col de Colombière, Combre de’Ire, Semnoz y Bochet de Serraval. Estos grupos serán la admiración de la Resistencia francesa y todos los testimonios coinciden en destacar que los guerrilleros republicanos españoles tuvieron un comportamiento ejemplar por su disciplina y eficacia combativa.

    En diciembre de 1943, Miguel Vera, el principal jefe de las guerrillas republicanas españolas que combatían en los Alpes, entró en contacto con Tom Morel, miembro del Estado Mayor de la Resistencia en la Alta Saboya, acordando ambos crear una organización militar de resistentes: así surgió la llamada “Sección Ebro”, que recordaba en su nombre la sangrienta batalla de la guerra de España y que estaba dividida en dos grupos de combate denominados “Ebro” y “Refuerzo Ebro”, cuyos mandos militares, tanto franceses como españoles, quedaron bajo la dirección de Morel.

    Poco después, en enero de 1944,  el Premier británico Winston Churchill decidió suministrar armamento a la guerrilla que, desde los Alpes, combatía a los nazis y a sus aliados del régimen  colaboracionista de Vichy del mariscal Pétain, una importante misión en la cual la Sección Ebro desempeñó un papel destacado. Los suministros serían enviados desde Inglaterra por vía aérea al Plateau (meseta) de Glières, en plena cordillera alpina, donde debían recibirse las armas con la luna llena del mes de febrero de 1944. La defensa de dicho lugar se encomendó a la Sección Ebro que se instaló en Glières el 1 de febrero, , encomendándose a los republicanos españoles la defensa de las posiciones más difíciles. Allí combatirían 56 de nuestros compatriotas al mando del comandante Miguel Vera y de otros jefes de la Sección Ebro  como Gabriel Vílchez (a) “capitán Antonio”, Ángel Carrasco (a) “el Maño” o Antonio Jurado.

   Durante todo el mes de febrero y hasta finales de marzo, resistieron allí los embates de las fuerzas del régimen de Vichy que los cercan y atacan por todas partes. Ante el fracaso de las tropas pétainistas por apoderarse Glières, a partir del 15 de marzo se envió al lugar a una unidad de élite nazi, a la 157 División Alpina de la Wehrmacht, a la vez que se lanzaron contra los defensores constantes ataques aéreos y un permanente fuego de artillería pesada. Tras resistir a duras penas las condiciones climáticas y estratégicas casi dos meses, el 26 de marzo los supervivientes se ven obligados a replegarse, dejando un balance de 175 muertos y 46 prisioneros, muchos de ellos asesinados después por los nazis, como Paulino Fontova Salas, natural de La Almunia, que fue fusilado el 27 de marzo.

    Pese a la derrota militar, la  lucha de los resistentes en Glières, y de forma especial de la Sección Ebro, fue considerada por algunos historiadores como una victoria psicológica, como un símbolo del espíritu de resistencia frente al ocupante, como la primera gran batalla por la liberación de Francia.

    Pero la lucha continuaba. Posteriormente, Miguel Vera aún consiguió reagrupar a los combatientes de la Sección Ebro y reconstituir un nuevo maquis en Semnoz (abril 1944) con el que realizó diversos sabotajes, voladuras de puentes y ataques a convoyes alemanes. Además, los republicanos españoles participaron en la liberación de Annecy (19 agosto 1944), donde recibieron una acogida triunfal. En septiembre, una vez liberada la Alta Saboya, las guerrillas españolas todavía participaron en los combates de los valles de Tarentaise y Maurienne.

   A modo de balance, en Glières, como en tantos otros lugares de Francia,  los republicanos españoles dieron sobradas pruebas de su calidad como combatientes. Así lo reconocía Julien Helfgott al señalar que la Sección Ebro fue una de las mejores unidades armadas de la Resistencia ya que, “los largos años en el exilio les habían dado extrema resistencia. Tenían el arte de vivir con pocas cosas, de instalarse con casi nada. Su conducta ejemplar fue sólo uno de los numerosos testimonios de su lealtad”. Por su parte, André Malraux evocó estos hechos aludiendo a que “la historia de Glières es una simple y bella historia”. De igual modo, José Ángel Valente dedicó a estos hechos un emotivo poema titulado “Cementerio de Morette-Glières 1944”, lugar en el que reposan los restos de 9 de republicanos españoles y en el que evocaba la lucha de la Sección Ebro: “No reivindicaron / más privilegio que morir / para que el aire / fuese más libre en las alturas / y los hombres más libres”.

    En recuerdo de aquellos hechos, el ejército francés, pese a su chovinismo, mantiene en la actualidad, dentro del 27º Batallón de Cazadores Alpinos, una unidad denominada “Compañía Ebro”, en homenaje  a la memoria de los republicanos españoles que combatieron en el Plateau de Glières.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón,  20 febrero 2017)

 

DETRÁS DE UNOS OJOS SANGUINARIOS

 

     Resulta indignante, el deliberado afán de la derecha por tergiversar diversos períodos y figuras de nuestra trágica historia reciente con un indisimulado afán exculpatorio. Si hace unos días Alonso García, vicepresidente de la Fundación Francisco Franco tenía la osadía de declarar que “el régimen de Franco sólo fusiló a 23.000 y no fue por capricho”, minimizando así la brutal represión cometida por el general genocida, una reciente serie televisiva titulada “Lo que esconden sus ojos”,  nos presenta a la figura de Ramón Serrano Suñer blanqueada de toda su responsabilidad como uno de los máximos responsables (e impulsores) de los crímenes del franquismo en la inmediata posguerra. Y es que Ramón Serrano Suñer, como los hechos históricos nos demuestran, fue algo más que un galán de penetrantes ojos azules, amante apasionado de la marquesa de Llanzol y, por ello, hay que conocer su verdadero rostro.

     Serrano Súñer estuvo vinculado a Zaragoza cuando, como joven abogado del Estado, fue destinado a la capital aragonesa. Allí conoció a Ramona Polo, cuñada del general Francisco Franco, por entonces director de la Academia General Militar, con la que se casaría, ceremonia en la que fueron sus testigos José Antonio Primo de Rivera, y el mismo Franco, lo cual nos indica ya la orientación política de Serrano Súñer. Y en Zaragoza, entraría en política, siendo diputado por esta provincia en las filas de la CEDA (1933-1936), evolucionando posteriormente hacia un ardoroso fascismo que le impulsó a conspirar activamente contra la República.

      Iniciada la guerra civil, logró llegar a Salamanca, poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco, su cuñado, convertido ya por entonces “Generalísimo” de las fuerzas alzadas contra la legalidad republicana. Serrano Súñer, convertido ya en el “Cuñadísimo” del Caudillo, al amparo de éste fue acumulando un inmenso poder político que le convirtió en uno de los principales jerarcas del régimen franquista. Además de ser el redactor del Decreto de unificación que creó FET y de las JONS, el partido único de la dictadura de cuya Junta Política fue presidente, fue ministro del Interior (1938) y más tarde de Gobernación (tras la unión de Interior y Orden Público), cargos de los que fue el encargado de llevar a la práctica la implacable represión a la que fueron sometidos los republicanos  tanto en el interior de España como aquellos que se habían exiliado: gracias a sus buenas relaciones con el régimen de Vichy y el nazismo, logró que fueran entregados a las autoridades franquistas algunos destacados dirigentes republicanos que, como fue el caso de Julián Zugazagoitia, Joan Peiró o Lluís Companys, serían posteriormente fusilados. Recordemos además que, Serrano Súñer firmó un acuerdo de cooperación policial con la Alemania nazi cuando Himmler, el siniestro jefe de las SS hitlerianas, visitó Madrid en octubre de 1940: consecuencia del mismo, se inició la deportación de los republicanos españoles en los territorios ocupados por el Reich a los campos de exterminio nazis, especialmente al de Mauthausen. De este modo, en la entrevista que tuvo  con Hitler el 25 de septiembre de 1940, Serrano le dijo al Führer: “puede hacer con estos rojos lo que quiera porque la nueva patria no los considera españoles”: quedaba así sellado el dramático destino de millares de nuestros compatriotas. Manuel Leguineche recoge el testimonio de Antonio García Barón, un anarquista de Monzón superviviente de Mauthausen que corrobora esta idea al recoger las declaraciones del comandante Franz Ziereis, jefe nazi de dicho campo, quien antes de morir, “me dijo saber que los presos españoles estábamos allí por petición directa de Serrano Súñer a Hitler. El fue el que nos condenó a muerte”. Por todo ello merece el oprobio y el repudio en la historia y en la conciencia cívica de los españoles.

     Además de  artífice de la represión, Serrano Súñer, siendo ya ministro de Asuntos Exteriores, como germanófilo convencido que era, fue un decidido partidario de que la España franquista entrara en la II Guerra Mundial a lado de las potencias fascistas. Recordemos las entrevistas que, con tal motivo efectuó con los principales jerarcas nazis durante los meses de septiembre-octubre de 1940. En su encuentro con Hitler del 17 de septiembre, Serrano le expuso el programa imperialista de Falange, en el que el régimen franquista, a cambio de su apoyo militar al Eje, además de Gibraltar y el Marruecos francés, el Oranesado argelino, ampliaciones territoriales en Guinea y el Sahara, así como Andorra, el Rosellón y la Cerdaña, esto es, la Cataluña francesa. Aunque Franco se comprometió por escrito a entrar en la guerra (sin fecha concreta) en el Protocolo de Hendaya tras la entrevista de Hitler y el dictador español, lo cierto es que al final no lo hizo, pero, a cambio, la mano de Serrano Suñer fue la impulsora de la creación de la División Azul.

     El historiador Julián Casanova se hacía eco de su nefasta trayectoria política  en un excelente artículo titulado “Serrano Súñer y la sombra de la represión franquista” (El País, 12 septiembre 2003) con motivo del fallecimiento del político, cuya lectura resulta reveladora señalando cómo éste, pese a intentos exculpatorios posteriores, “estuvo allí, en primera línea, acumulando poder, en los años más duros, cuando más se humilló, torturó y asesinó, en el momento en que se puso en marcha el sistema represivo policial, con la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Seguridad del Estado y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Defendió, con Franco, la rendición incondicional de los rojos, sitió fascinación por las potencias fascistas y odió a las democracias”.

     Por su parte,  Carlos Hernández, que define a Serrano Suñer como “el Himmler español”, considera que la  serie televisiva indicada, significa una “tergiversación histórica injustificable y un verdadero insulto para las víctimas de este carnicero”, dado que apenas se alude a la represión, seña de identidad inseparable de la actuación política llevada a cabo por Serrano Suñer durante 1938-1942. Esta es la verdadera historia que se esconde tras unos ojos sanguinarios, los de Serrano Suñer, aquel político fascista que, entre muchos títulos,  ostentó, entre 1938-2013,  el  de “Alcalde honorario de Zaragoza“.

 

José  Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 noviembre 2016)