Memoria histórica

¿AMNISTÍA O IMPUNIDAD?

         

      El procesamiento del juez Garzón ha generado una marea cívica en defensa de la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo, tema éste que ha centrado buena parte del debate político interno a la vez que está teniendo un importante eco mediático en la escena internacional con el consiguiente descrédito para la justicia española.

     La cuestión de fondo es la exigencia de aplicar en España, con todas sus consecuencias, la legislación penal internacional y el principio de justicia universal. Mientras la derecha, deseosa de acabar con la carrera judicial de Garzón se aferra al manido mensaje de mitificar la Transición y la Ley 46/1977 de Amnistía, con la que se trató de que los crímenes del franquismo no pudieran ser juzgados, la izquierda debe mantener una postura firme y unitaria en este tema. Ciertamente, la Transición fue lo que fue y se hizo como se pudo según las circunstancias del momento para no soliviantar a los poderes fácticos vinculados al fenecido régimen franquista. Tuvo sus luces (indudables), pero también sus sombras, algunas muy sangrantes y dolorosas para los demócratas…y la aceptación de la Ley de Amnistía fue una de ellas y ahora, pasadas más de tres décadas desde entonces, debemos decirlo con toda claridad.

     El debate sobre la memoria histórica, especialmente tras el procesamiento de Garzón, convertido en símbolo de la justicia democrática y comprometida en defensa de los derechos humanos, ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad  española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos.

     Está claro que la derecha se opone frontalmente a tratar el tema de la controvertida Ley de Amnistía, la cual considera “intocable”, mientras que la izquierda debe mantener una postura clara, firme y coherente. En este sentido, el 10 de abril la Coordinadora Federal de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE aprobó en Madrid una resolución de apoyo al juez Garzón en la cual, en su punto 6º, se decía textualmente: “Instamos al Ministerio Fiscal a investigar los crímenes del franquismo, los cuales, con arreglo a la legislación penal internacional son imprescriptibles y tampoco pueden ser amnistiados, razón por la cual la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 no puede ser pretexto para amparar la impunidad de los victimarios ni convertirse en una ley de punto final”. En esta misma línea, el 21 de abril IU-ICV presentó en el Congreso de los Diputados una interesante Proposición de Ley relativa a reabrir el debate de la vigencia de la Ley de Amnistía y la necesidad de introducir en ella modificaciones que la adapten a la legislación penal internacional.

     En este tema, debemos recordar que tanto la ONU, como la jurisprudencia internacional y los organismos de derechos humanos tales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello,  el Gobierno de Raúl Alfonsín tuvo la valentía de  derogar la Ley de Autoamnistía nº 22.924 de 1983, con la cual la dictadura argentina pretendió lograr la impunidad para sus crímenes.  No es este el caso de España puesto que el pasado 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 a la vez que sugería su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales” así como “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”, exactamente lo mismo que pretendía Garzón con la apertura de su Sumario 53/2008.

     Así las cosas, y, aun sin ser jurista, considero que el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los compromisos que, en materia de legislación penal internacional tiene asumidos España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España el 24 de septiembre de 2009), va a implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada  y sistemática de la desaparición forzada  constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º) los cuales son imprescriptibles y no amnistiables. Teniendo en cuenta que, tras la apertura por Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5  de la Audiencia Nacional del cual es titular el propio Garzón, podemos hacernos una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión.

     En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales, tal y como se recoge en el artículo 96.1 de la Constitución Española según el cual, “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. De igual modo, con arreglo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (ratificado por España en 1979), se señala en su artículo 7.2 que “no se impedirá el juicio o condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. En esta misma línea jurídica, el Comité contra la Tortura de la ONU, el pasado 19 de noviembre de 2009 exigía al Gobierno de España que “las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía” y el pasado mes de marzo de 2009 la prestigiosa asociación Human Rights Watch reincidía en esta cuestión al señalar que “las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977 en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”. 

     Por todo lo dicho, España tiene la obligación legal de aplicar la Convención sobre personas desaparecidas sin ningún tipo de pretextos ni dilaciones.  Frente al argumento jurídico esgrimido por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela para procesar a Garzón era que éste había prevaricado al ignorar deliberadamente las limitaciones que en esta materia imponía la Ley de Amnistía de 1977, es importante señalar que la cuestión hay que enfocarla desde otro punto de vista dado que la legislación penal internacional  suscrita por España, al ser de rango superior a las normativas nacionales, debe prevalecer sobre ésta y ello obliga a realizar las modificaciones legales (incluso a nivel de la Constitución) que fueren precisas  y ello afecta sin ninguna duda a aspectos esenciales de la polémica Ley de Amnistía de 1977 que deberá modificarse en cuestiones como las anteriormente indicadas para adecuarla al marco jurídico internacional. Y es que Garzón, frente a toda adversidad, ha abierto el camino imparable para la aplicación en España del principio de justicia universal con sólidos argumentos jurídicos y apoyados en la jurisprudencia internacional.

     Si vivimos en un mundo globalizado donde la economía y tantas otras cosas no tienen fronteras, sin duda ha llegado el momento de globalizar, también, la justicia y la persecución de los crímenes contra la humanidad. Garzón es el símbolo de este ideal, una aspiración que supone una apuesta ética por la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo y, por ello, un firme compromiso en defensa de una justicia universal al servicio de los derechos humanos y los valores democráticos.

 

 

          José Ramón Villanueva Herrero
          (Diario de Teruel, 25 abril 2010)

LA DIGNIDAD ÉTICA DEL JUEZ GARZÓN

     

Por fin lo han conseguido. Los enemigos del juez Garzón, el magistrado más valiente y comprometido de la judicatura española va a ser procesado acusado de prevaricación por haber tenido el coraje cívico de iniciar, mediante el Sumario 53/2008 E, el proceso contra los crímenes del franquismo.

La fotografía de Garzón en el banquillo, a buen seguro, dará la vuelta al mundo para deshonra de la Justicia española pues este insólito hecho va a suponer un gravísimo descrédito para la independencia del poder judicial. No existe otro caso en el mundo civilizado en el cual un juez, que ha iniciado, con arreglo a la legislación penal internacional y al principio de justicia universal, la investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo, vaya a ser procesado por unas querellas interpuestas, precisamente, por grupos ultraderechistas como el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad o la Falange Española y de las JONS, herederos ideológicos y emocionales de la dictadura franquista.

Tampoco es ajeno al procesamiento de Garzón un amplio espectro de la derecha política actual representada por el PP que, inquieta como estaba por las investigaciones realizadas por este juez en el “caso Gürtel”, el mayor escándalo de corrupción política de nuestra democracia, se había fijado como objetivo neutralizarlo en tan comprometedor asunto para lo cual el procesamiento de Garzón era el primer paso para lograr su inhabilitación como juez.

 La tenacidad de Garzón en investigar temas de tanto calado como los crímenes del franquismo o la corrupción política, la cual salpica a diversas esferas del PP, era demasiado para sus enemigos,  que no han dudado en unir sus fuerzas para acabar con la carrera judicial de Garzón. Al margen de su a veces criticado afán de protagonismo mediático, resulta innegable que, tanto en estos temas como en la lucha judicial contra el terrorismo, ha desplegado una actividad incansable y, con ello, ha dignificado como pocos el papel que debe desempeñar la justicia progresista en una sociedad democrática avanzada.

Ante tal cúmulo de ataques como los que está sufriendo Garzón, tan injustos como movidos por perversos y oscuros intereses, considero que, como ciudadanos, debemos dejar oír nuestra voz. Por ello, como miembro de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón, suscribo plenamente la Declaración conjunta de UGT y CC.OO. en apoyo a Garzón del pasado 26 de marzo. En ella se advierte con total nitidez de la “deriva judicial” que está tomando la causa incoada contra Garzón desde el momento en que tuvo el coraje de iniciar la investigación de los crímenes del franquismo, causa en la cual, recordémoslo, la UGT se personó como acusación particular dado que miles de nuestros militantes, como fue el caso de Bernardo Aladrén, secretario provincial de la UGT zaragozana,  fueron asesinados durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista.

Se recuerda igualmente que estamos ante una “causa especial contra un Juez íntegro” que, para mayor escarnio, es víctima de unas querellas interpuestas por “reconocidos grupos fascistas” y, lo que es más grave, no sólo se trata de un ataque personal contra Garzón, sino que su procesamiento pone en cuestión la credibilidad del sistema judicial español pues, tal y como se pregunta la Declaración de UGT-CC.OO.: “¿El sistema judicial de un sistema democrático puede rehusar investigar la desaparición de personas?¿Puede inhibirse ante quienes reclaman su intervención para recuperar los restos de familiares desaparecidos a la vez que da cauce a las iniciativas de grupos filofascistas?¿Entenderíamos esta actitud respecto a otros casos como los crímenes nazis o los desaparecidos de la dictadura argentina?”.

Por ello, se defiende en la Declaración sindical conjunta la actuación judicial de Garzón en la “histórica causa” de los crímenes del franquismo, siempre en interés de las víctimas: recordemos que, a fecha de hoy, todavía quedan en torno a 35.000 republicanos asesinados cuyos restos yacen en cunetas y fosas comunes a lo largo de todo el territorio español para sufrimiento de sus familiares y oprobio de nuestra conciencia cívica.

Nadie duda que a las querellas contra Garzón no han sido ajenas sus actuaciones judiciales ante graves delitos de corrupción política como lo prueban los datos conocidos de la trama “Gürtel”, los cuales se extienden como una mancha de aceite para desasosiego de los dirigentes del PP. Y es que todo este proceso, cual si de un nuevo “affaire Dreyfuss” se tratara, está mediatizado por razones extrajudiciales, las cuales no sólo comprometen gravemente nuestro Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, sino que van a tener consecuencias fatales  para la imagen de la Justicia española tanto en el seno de nuestra sociedad como en el ámbito internacional.

Por todo lo dicho, junto a la solidaridad con Garzón y el reconocimiento público de su trayectoria ejemplar en defensa de los derechos humanos, la Declaración conjunta de UGT-CC.OO., solicita del Tribunal Supremo que se termine de manera inmediata la persecución injusta contra Garzón y también que se resuelva de una vez por todas las cuestiones pendientes sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo.

Recuerdo cómo en el varias veces citado Sumario 53/2008 E, Garzón manifestaba con toda firmeza que correspondía al Ministerio Fiscal español investigar los crímenes del franquismo dado que éstos, con arreglo a la legislación penal internacional  “no están prescritos ni amnistiados”. Acto seguido, Garzón añadía unas frases que ahora recuperan toda su vigencia: “Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional” (p. 74).

El 26 de marzo pasado, el mismo día en que se hacía pública la Declaración conjunta de UGT-CC.OO. en apoyo a Garzón, me hallaba en la localidad francesa de Oloron-Sainte Marie realizando una charla sobre el exilio republicano español. Durante el extenso coloquio que siguió, cuando aludí a la involución que suponía el que un juez como Garzón fuese procesado por los herederos del franquismo por haberse atrevido a investigar los crímenes de la dictadura, todo el público, de forma unánime y espontánea, prorrumpió en un cerrado aplauso en solidaridad con Garzón. Y es que no sólo en la sociedad española sino también fuera de nuestras fronteras, se sigue con interés este proceso de indudable trascendencia histórica, social y jurídica pues se hallan en juego aspectos esenciales de nuestra democracia y de la credibilidad de nuestro sistema judicial. Por ello, me sumo a cuantos en estos días están manifestando su apoyo y solidaridad para con el  juez Garzón, comprometido en combatir sin titubeos los cánceres que amenazan nuestra democracia cuales son el terrorismo, los rebrotes de los nostálgicos del franquismo y la corrupción política.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 9 abril 2010, El Periódico de Aragón, 10 abril 2010 y La Comarca, 13 abril 2010)

 

LA DINASTÍA CARCELLER

         

      Durante los duros años del franquismo, en la inmediata posguerra, hubo dos turolenses que tuvieron un papel relevante en la política de la dictadura pues ambos fueron ministros del régimen: uno fue José Ibáñez Martín, responsable del Ministerio de Educación Nacional entre 1939-1952, y el otro, posiblemente menos conocido, fue Demetrio Carceller Segura (1894-1968), nacido en Las Parras de Castellote y que ocupó la cartera de ministro de Industria y Comercio entre octubre de 1940 y julio de 1945. A éste me referiré seguidamente.

     Demetrio Carceller era hijo de una familia campesina que, como tantas otras, emigró desde las tierras turolenses a Cataluña en búsqueda de un futuro mejor. Establecidos en Tarrasa, pasados los años Demetrio llegó a ser ingeniero textil en esta industriosa ciudad catalana. Durante los años de la II República, inició su andadura política en las filas de la derecha fascista, razón por la cual colaboró con José Antonio Primo de Rivera en la fundación de Falange Española (1933).

     Iniciada la Guerra Civil, consiguió, al igual que Ibáñez Martín, evadirse de la zona leal a la República y llegar a la zona rebelde, en donde participó en la recién creada Comisión de Industria y Comercio de la Junta de Defensa de Burgos. Carceller, por aquel entonces con importantes intereses vinculados a los negocios petrolíferos desde la fundación de CAMPSA (1927) y CEPSA (1929), desempeñó un papel decisivo ("intervención capital", según Ramón Garriga), para conseguir los vitales suministros de carburante que precisaban los sublevados para sus tropas en los primeros instantes de la contienda, antes de que recibieran el masivo apoyo procedente de las potencias fascistas, esto es, de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. Tal es así que los contactos del turolense Carceller hicieron que la multinacional petrolera americana Standard Oil suministrara de forma inmediata éstos a los generales Mola y Franco, cabezas visibles de la sublevación liberticida contra la República.

     Durante la Guerra Civil, Carceller, a quien ya se empezaba a conocer como "el cerebro económico de la Falange", fue ganando prestigio y poder político en la jerarquía franquista. Concluida esta y en pleno delirio filonazi, Carceller formó parte de la nutrida delegación que, al mando de Serrano Suñer, viajó a Berlín en septiembre de 1940 con el propósito de acordar la entrada de la España franquista en la guerra mundial al lado de las potencias del Eje. Carceller había recibido el mandato de Franco de estudiar los métodos puestos en práctica por la Alemania nazi para obtener dos productos que el régimen consideraba vitales en la depauperada España de posguerra: la fabricación de gasolina sintética y de abonos químicos, razón por la cual el turolense efectuó diversas reuniones con técnicos alemanes y trató con los jerarcas nazis importantes temas económicos.

     La estrella de Carceller era ascendente y un sentimiento de admiración hacia el político turolense se extendía entre la delegación española enviada a Berlín, hasta el punto de que algunos querían ver en él a "un mago de la obra de reconstrucción económica de España". Pero el objetivo último que con ello se pretendía no era otro que servir a los fines de un quimérico expansionismo "imperial" aireado por el franquismo al socaire de su abierta alineación con la Alemania nazi, la misma que estaba despedazando a la vieja Europa. De hecho, se pensaba que, si la España franquista resolvía el problema del autoabastecimiento de gasolina y fertilizantes, podría jugar un "papel decisivo" en la guerra y el consiguiente reparto de un botín colonial que se intuía próximo.

     A su regreso de Berlín, Franco, que confiaba plenamente en los planes económicos de Carceller, lo nombró ministro de Industria y Comercio (17 octubre 1940), con lo cual dejaba en manos del falangista de Las Parras de Castellote la inmensa tarea de reconstruir la economía de aquella triste España de la posguerra, sumida en la miseria y la represión y cuyo primer eslabón fue la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en septiembre de 1941.

     La gestión del flamante ministro turolense, compañero en el Gobierno de su paisano Ibáñez Martín, se caracterizó en un primer momento por su entusiasmo germanófilo. Convencido como estaba de la inminente victoria del III Reich, era de la opinión de que había que ayudar a la Alemania nazi en todo lo posible, suministrándole todo cuanto pidiera (sobre todo hierro y wolframio para su industria bélica) sin exigir, como contrapartida apenas nada, lo cual se resumía con total nitidez en una frase del mismo Carceller: "A la hora de la victoria verá Hitler quienes han sido sus verdaderos amigos y recibiremos el premio que nos hemos merecido".

     Pero la realidad fue bien distinta: la gestión de Carceller propició los desastrosos balances comerciales hispano-germanos de 1940, 1941 y 1942. No fue hasta finales de 1942 cuando el astuto Carceller percibió que la guerra cambiaba de signo tras las derrotas nazis de Alamein y Stalingrado y por ello mudó su inicial servilismo pronazi por una mayor presión económica sobre Alemania bajo el lema de "Te daré lo que me pides, si recibo aquello que necesito". Fue entonces cuando intentó desarrollar, con tecnología alemana, los proyectos para la elaboración de gasolina sintética y abonos químicos a partir de pizarras bituminosas y lignitos de baja calidad. En este contexto hay que situar la creación en noviembre de 1942, dentro del INI, de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes con el objeto de explotar las cuencas de Puertollano y Teruel y cuya producción, según el régimen debía de cubrir el 25-30 % de consumo nacional, pues se pensaba en producir mensualmente la irreal cifra de 10.000 Tm. de gasolina sintética.

     De Carceller debemos señalar igualmente que fue el primer ministro de Franco que volvió la espalda a la Alemania nazi cuando percibió la futura derrota de ésta y jugó, hasta su cese el 18 de julio de 1945, la carta del triunfo aliado pues pensaba que los capitalistas de todo el mundo, entre ellos los nuevos ricos surgidos al amparo del franquismo, como era su caso, debían de ser "buenos amigos" para hacer frente al enemigo que se vislumbraba en el horizonte en caso de una victoria soviética en la Guerra Mundial una vez abatida la Alemania hitleriana.

     Continuando con la trayectoria política del ministro turolense Demetrio Carceller digamos que, cuando Franco lo cesó como ministro de Industria y Comercio el 18 de julio de 1945, tras cuatro años y medio en el cargo, el político nacido en Las Parras de Castellote era ya uno de los hombres más ricos de España, pues cuando dejó el gabinete contaba ya con una inmensa fortuna. Según datos aportados por el eminente historiador Josep Fontana en el VII Congreso de la Asociación de Historia Económica celebrado en Zaragoza en septiembre de 2001 sobre el tema "La economía del primer franquismo", el ingeniero falangista acumuló su fortuna como consecuencia de que "ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas, puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasaron "miles y miles de millones de pesetas", pero no sin dejar "peaje", por lo que a Carceller se le ha considerado el iniciador de la corrupción en gran escala generada por el franquismo, el cual ya poseía una fortuna considerable derivada de sus negocios de refino de petróleo cuando fue nombrado ministro en 1940.

     Una anécdota curiosa de ésta época de ministro refleja el peculiar carácter de Carceller. En cierta ocasión, hablando con el agregado comercial de los Estados Unidos, le preguntó cómo podría obtener un coche Buick del último modelo que acababa de salir de fábrica. El americano, amablemente, le contestó que él se encargaría de que el ministro tuviera el vehículo que tanto deseaba. "Acepto –respondió Carceller- , pero nada de regalos. Lo quiero pagar". Pasaron unas semanas y el mismo diplomático se presentó para anunciar: "Señor ministro: a la puerta del Ministerio está el Buick que usted deseaba. Le sugiero un paseo a prueba". Carceller abandonó todos los asuntos y subió al coche. Terminada la prueba y encantadísimo de su Buick, dijo al norteamericano: "Me tiene que decir lo que le debo, pues quedamos que lo quería pagar". "Me debe 500 pesetas", replicó el norteamericano al indicar un precio simbólico con el cual deseaba congraciarse con el ministro Carceller. Acto seguido, éste sacó la cartera y alargó un billete de 1.000 pesetas. "No tengo cambio", se excusó el yanqui. "No importa –respondió el ministro- quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick" fue la respuesta del ministro turolense.

     Así fue como se asentó la dinastía Carceller, una dinastía de gran poder económico que ha ido creciendo, año tras año, hasta la actualidad. De este modo, el patrimonio del político y empresario turolense, cimentado inicialmente en los negocios petrolíferos (CAMPSA, CEPSA), energéticos (Hidrocantábrico) y financieros (Banco Herrero), fue continuado por su hijo Demetrio Carceller Coll, mediante el control de la industria cervecera Damm, de la cual era presidente y el mayor accionista así como desde la presidencia del Banco Comercial Transatlántico (Bancotrans), del cual era propietario del 11 % de sus acciones, o su participación en Sevillana de Electricidad, empresa vinculada a Endesa.

     Pero la expansión de la dinastía Carceller alcanzó su cenit de la mano de Demetrio Carceller Arce, el "nietísimo" del ministro de Las Parras de Castellote y que, a fecha de hoy, es una de las fortunas más potentes de España. Su inmenso patrimonio se extiende desde sus participaciones en la Bolsa (que superan los 1.000 millones de euros), hasta un amplio conglomerado de empresas: la familia Carceller extiende su poderío económico por todo un holding empresarial del que forman parte la Sociedad Anónima Damm (presidente y máximo accionista con el 23 % del capital de la cervecera), así como empresas del sector petrolífero y energético como Disa Corporación Petrolífera, que controla la distribución de carburantes en las islas Canarias, en donde se halla domiciliada por cuestiones fiscales, así como CEPSA, Repsol, Atlántica Petrogas, Unión Fenosa, Gas Natural o Hidrocantábrico. El emporio se extiende igualmente al sector de las empresas constructoras e inmobiliarias: Demetrio Carceller Arce es propietario del 6,04 % de las acciones de Sacyr-Vallehermoso y fue uno de los impulsores del asalto protagonizado por esta constructora para hacerse con el control del BBVA; además, es miembro de los Consejos de Administración de diversas industrias del sector alimentario como es el caso de Ebro-Puleva e, incluso de otras empresas diversas como la dedicada a la producción de pinturas CIN-Valentine.

     Ciertamente, nadie sabe con certeza la cuantía del patrimonio de Demetrio Carceller Arce, cabeza visible de la fortuna amasada por la familia del político de origen turolense. Su nieto, austero, discreto, alejado siempre de los medios de comunicación, profundamente enraizado con la más selecto de la burguesía española a pesar de tener su residencia en Londres, es el símbolo de una familia poderosa que ha pasado durante muchos años desapercibida para el conjunto de la sociedad que desconoce su trayectoria y el poder económico acumulado desde los tiempos de su abuelo, aquel antiguo ingeniero textil embarcado más tarde en negocios petrolíferos, ministro franquista de Industria y Comercio en los años más duros de aquella España triste, hambrienta, autárquica y víctima de la inmisericorde represión por parte de los vencedores de una trágica guerra civil mientras que los adictos al régimen medraban en la política y la economía del franquismo.

   Esta es la breve historia de una familia, de la dinastía Carceller, una familia que no sufrió los rigores de la España del racionamiento y la pobreza, que se enriqueció al amparo de la dictadura franquista y que hoy es una de las mayores fortunas en la España democrática, una familia que, a buen seguro, tampoco sufrirá los efectos de la crisis económica global. Así es la vida, así es la historia de los poderosos.

 José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 22 y 29 noviembre 2009)

 

PRIMO LEVI: EL DEBER ÉTICO DE MANTENER LA MEMORIA HISTÓRICA

          En estas fechas estivales se ha recordado con diversos actos el 90º aniversario del nacimiento de Primo Levi (1919-1987), escritor y pensador italiano, judío de origen sefardí, considerado el precursor de la literatura y la memoria histórica del Holocausto (“Shoah”, en hebreo).

La vida de Levi, un joven químico turinés integrado durante la II Guerra Mundial en el grupo partisano “Justicia y Libertad”, quedó marcada para siempre tras su paso por los campos de exterminio (“Lagers”) nazis. Capturado por la Milicia Fascista mussoliniana en diciembre de 1943, fue entregado al ejército de ocupación alemán para ser posteriormente deportado a Auschwitz, el más siniestro de los campos de exterminio hitlerianos, donde permaneció hasta la liberación del mismo por el Ejército soviético en enero de 1945. De los 650 judíos italianos (“piezas”, en la terminología nazi) que fueron deportados en el mismo convoy que Levi, sólo sobrevivieron cuatro personas.

El tremendo drama de la Shoah, vivido y sufrido por Levi, lo plasmó en su libro Si esto es un hombre (1947), una obra fundamental de la literatura contemporánea, una de las publicaciones más importantes del s. XX, la cual ha tenido múltiples ediciones en diversos idiomas y ha sido objeto de varias versiones radiofónicas y teatrales.

Ciertamente, en estas fechas en que se honra a Levi, resulta una lectura recomendable. He empleado la edición española (Barcelona, Muchnick Editores, 1987). Debemos de señalar, de entrada, que el libro no añade nada nuevo en lo referente a los detalles atroces que caracterizaban a los campos de exterminio nazis sino que, como Levi indica, el objeto de su obra  es “proporcionar documentación para el estudio sereno de algunos aspectos del alma humana” en situaciones límite como las que existían en Auschwitz. Y es que no había palabras para expresar lo que Levi denomina como “la destrucción del hombre”, el trato brutal al cual eran sometidos las prisioneros considerados como “infrahumanos” por los nazis (judíos, gitanos, eslavos), su explotación sistemática y cruel, su muerte programada con una frialdad y metódica precisión (Levi nos recuerda que, Auschwitz logró la “horrenda primacía” entre todos los campos de exterminio al lograr la enorme cifra de “24.000 muertos en un solo día en agosto de 1944”. Una frase del libro resume la destrucción física y anímica del ser humano a manos del nazismo: “hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse”.

Levi distingue dos tipos de prisioneros: los “hundidos”, los que se desmoronan ante aquel inmenso cúmulo de sufrimientos, los que pierden toda capacidad de resistencia y acaban irremisiblemente en la cámara de gas y el crematorio, y los “salvados”, aquellos que con mayor fortaleza física y anímica, luchan a cada instante por sobrevivir. Muchos años después, Levi volvería a este tema en su libro titulado así, precisamente, Los hundidos y los salvados (1986).

A lo largo del libro se alude a diversos personajes y grupos de deportados: habla con emoción de los judíos griegos deportados de Salónica (admirables, tenaces y solidarios), muchos de ellos con seculares raíces que se remontaban a los judíos expulsados de Aragón en 1492; recuerda la llegada masiva de deportados húngaros durante la primavera de 1944, momento en el cual el diplomático zaragozano Ángel Sanz Briz intentaba desesperadamente salvar a la comunidad sefardí de Budapest. Con profunda emoción alude Levi a algunos presos que, en medio de aquel infierno, supieron mantener la dignidad humana, sobreponiéndose a tanta depravada deshumanización. Este fue el caso de “Lorenzo”, que salvó la vida de Levi y que “con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo y fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo”.

Es importante señalar que Si esto es un hombre es un libro incluido desde hace años en los contenidos didácticos del sistema educativo de Italia, destinado a la educación cívica de los escolares. Es por ello que, en 1976, Levi le incorporó un apéndice en el cual recogía las preguntas y respuestas más habituales que los estudiantes le fueron haciendo durante años en relación a la tragedia de la Shoah. En dicho apéndice trata temas como su rechazo a odiar a Alemania y los alemanes por sus crímenes, lo cual no supone que conceda un “perdón indiscriminado” hacia los culpables. Frente a los que maquillan la tragedia en base a teorías negacionistas y revisionistas afines al neofascismo, afirma que el pueblo alemán sabía que se estaba perpetrando un genocidio de inmensas proporciones y, por ello, lo considera “plenamente culpable”  ya que, “quien sabía no hablaba, quien no sabía no preguntaba, quien preguntaba no obtenía respuesta”. Alude también a la dificultad de huir y de efectuar  rebeliones masivas en los Lager (pese a que las hubo en Treblinka, Sobibor, Birkenau o el “ejemplo de extraordinaria fuerza moral” del levantamiento del guetto de Varsovia); analiza el odio fanático del nazismo para con los judíos, o el eterno dilema de los supervivientes entre olvidar la tragedia o recordarla para mantener viva su memoria. En este sentido, Levi es claro y contundente ya que nos recuerda que “meditar sobre lo que pasó es deber de todos”.

Tras reconocer que sin la dramática experiencia de Auschwitz el químico Levi es muy probable que nunca se hubiese dedicado a la literatura (que le hizo merecedor de varios premios y ser candidato al Nobel) y a la defensa de la memoria histórica, admite que sobrevivió porque tuvo suerte y voluntad, ya que pudo sustraerse a aquella “total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual”  y pudo seguir siendo un hombre, mantuvo su dignidad y valores.

Levi no fue un historiador, ni lo pretendió ser, fue un testigo que relata los hechos para que la memoria permanezca viva en las generaciones futuras. Por ello, sentó las bases del testimonio, ya que fue un pensador a partir del cual se empezaron a elaborar las teorías filosóficas y educativas en relación a la Shoah, el papel y la necesidad del testigo en la historia para que el lector tome conciencia de la barbarie fascista, lo condene y actúe cimentando la sociedad sobre los valores del respeto y la libertad. Es por ello que, como indica en el libro, utilizó “el lenguaje mesurado y sobrio del testigo; no el lamentoso lenguaje de la víctima ni el iracundo lenguaje del vengador: pensé que mi palabra resultaría tanto más creíble cuanto más objetiva y menos apasionada fuese; sólo así el testigo en un juicio cumple su función, que es la de preparar el terreno para los jueces: los jueces sois vosotros”.

Esa es la fuerza moral, el impulso ético y la necesidad de mantener siempre viva la memoria histórica. Por ello este libro lo siguen estudiando los escolares italianos porque, como pensaba Levi, sólo la educación cívica de la juventud será la mejor garantía para salvaguardar los valores democráticos y evitar en un futuro tragedias como la Shoah, Gernika, Sarajevo, Rwanda o tantas otras.

Por ello, 22 años después de su muerte, Primo Levi sigue vivo en la memoria y la lectura de Si esto es un hombre (y el estremecedor poema que da título al libro), es un buen homenaje para aquel judío italiano de origen sefardí que nos compromete en el permanente deber ético de la defensa de la memoria histórica y la dignidad humana frente a todo tipo de fascismo.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 24 agosto 2009)

 

 

 

 

 

 

 

MANOS SUCIAS CONTRA EL JUEZ GARZÓN

En estos días, ha sido noticia la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicato "Manos Limpias" contra el juez Garzón por su iniciativa de abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo por medio del Sumario 53/2008 E de 18 de diciembre.

Bajo el irónico nombre de "Manos Limpias", se esconde un colectivo fundado en 1995 por Miguel Bernard, exsecretario general de Fuerza Nueva, que se define como "sindicato de ámbito independiente" y que afirma tener por objetivo hacer frente al "deterioro del Estado de Derecho", en el cual, por cierto, nunca han creído ni han defendido, bien al contrario, las mentes ultramontanas que se agrupan en "Manos Limpias". Por cierto, hasta su nombre es ofensivo y muestra su subconsciente retrógrado: ¿es que acaso la ciudadanía y la mayor parte de la clase política española contrarios a sus ideas ultras tenemos las manos sucias?. Ellos son los que ensucian las libertades que la democracia les concede cuando nunca han hecho nada para defenderlas y, por el contrario, han estado siempre cercanos a la ideología liberticida del franquismo.

"Manos Limpias" emponzoña cuanto toca, judicialmente hablando: en estos últimos años, han sembrado los juzgados de toda una serie de denuncias, querellas y recursos que indican bien a las claras la ideología que impregna este colectivo: desde las denuncias presentadas contra el Presidente Zapatero por haber iniciado un proceso de paz con ETA (que fue autorizado por el Parlamento, no lo olvidemos), hasta diversas querellas contra dirigentes nacionalistas (la de Juan Mari Atutxa fue la más sonada) u otras en defensa de la monarquía, la fe católica o la teoría conspiratoria en torno al 11-M, tema recurrente de la derecha política y mediática. Pero si algo ha caracterizado a "Manos Limpias" en estos últimos años ha sido su obsesión por procesar a Garzón y, tras múltiples querellas y denuncias contra el, a la dieciochoava vez, lo han conseguido y ésta ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

En el recurso de amparo de Garzón contra esta querella "por prevaricación", apunta los principales argumentos en defensa de su actuación en el Sumario 53/2008 por medio del cual pretendía abrir un proceso contra el franquismo y hacerse eco de las justas demandas de las víctimas y sus familiares, tema éste que tuvo una amplia repercusión política, judicial y ciudadana. De hecho, Garzón señala en su recurso cuestiones obvias cual son: que no hay indicios de delito en la apertura del Sumario, que no fue motivado por una actuación presuntamente injusta, que no hizo nada "esperpéntico" y, desde luego, que actuó con arreglo a la legalidad con objeto de lograr la necesaria protección de las víctimas con arreglo a la Ley 52/2007, de la Memoria Histórica.

Dicho esto, y ante la cruzada desatada contra el juez Garzón por la derecha política, judicial y mediática, creo oportuno recordar y defender su actuación en relación a tan polémico tema. Para ello, debemos recordar, en primer lugar, que la jurisprudencia y el derecho internacional amparan las actuaciones judiciales de Garzón en el proceso que intentó abrir contra los crímenes del franquismo ya que éstos, al tener la consideración de "crímenes contra la humanidad", son delitos vigentes a fecha de hoy pues no prescriben nunca, tal y como se recogen en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Por ello, la competencia de Garzón en este tema estaba plenamente justificada con arreglo al principio de "justicia universal" el cual debe abrirse paso en los ámbitos nacionales y, por ello, considero un grave un error político el reciente pacto PSOE-PP para restringir su actuación en esta materia por parte de los tribunales españoles: en un mundo globalizado, los valores y los principios de la justicia universal y el derecho penal internacional, también deben de ser de aplicación en cualquier lugar y circunstancia.

Por todo ello, releyendo de nuevo el Sumario 53/2008, me reafirmo en estas ideas y en la defensa de la actuación jurídica de Garzón, que, al margen del afán de protagonismo de que siempre se le acusa, lo cierto es que abrió un debate jurídico y social sobre un tema que hay que afrontar con valentía de una vez por todas: el proceso, todavía pendiente, a los crímenes del fascismo y la dignificación moral y también jurídica de todas sus víctimas, una deuda que todavía no ha saldado nuestra democracia constitucional.

En dicho Sumario, convertido en un documento fundamental de los delitos de estado cometidos por el franquismo, se señala, ya de entrada, la "existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra". En cuanto a los razonamientos jurídicos, éstos son calificados como "crímenes contra la Humanidad, en conexión con un delito contra Altos Organismos de la Nación y de la Forma de Gobierno" (p. 5), esto es, delito de rebelión contra el legítimo Gobierno republicano. Se trata por ello de "delitos permanentes, cuya comisión a efectos jurídicos son actuales" puesto que continúan miles de víctimas desaparecidas, asesinadas en multitud de fosas, y miles de niños, hijos de republicanos, fueron sustraídos a la fuerza de las manos de sus padres y entregados a otras familias adictas al régimen.

La magnitud de estos crímenes hace que Garzón apunte en el Sumario una cuestión jurídica de enormes efectos políticos: la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 a este tipo de delitos cometidos por el franquismo. Como bien señala Garzón, los crímenes contra la humanidad son aquellos "actos punibles con independencia de la responsabilidad que pueda establecer el derecho interno, no son amnistiables" pues lo contrario sería conceder "una patente de impunidad" a éstos y a sus responsables.

Quiero acabar estas reflexiones en apoyo de la actuación de Garzón en este tema con dos párrafos recogidos del ya famoso Sumario 53/2008:

 

 

"España no es diferente a otros países de la comunidad internacional, ni puede serlo, cuando se trata del reconocimiento de delitos horrendos como los aquí enunciados y la necesidad y obligación de investigar y luchar contra la impunidad, y por ello está obligada, como los demás países a cumplir aquellas normas y jurisprudencia que le afectan en el marco jurídico internacional al que pertenece con trascendencia sobre el orden jurídico interno […] España está obligada y muy particularmente el Ministerio Fiscal y el órgano judicial competente. Obstaculizar la investigación, luego de la omisión durante años, sería contravenir flagrantemente aquellos artículos del Convenio Europeo"

(pp. 44-45).

"Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional"

(p. 74).

 

Y es que, como concluye el Sumario, "los hechos son los que son y este instructor [Garzón] no los ha inventado". Por ello, la limpia actuación del juez Garzón, reconocida unánimemente por las asociaciones de la memoria histórica no merece ser desvirtuada por unas manos sucias, las manos de la rancia derecha, los nostálgicos de una dictadura, convertida en la página más negra y dramática de nuestra historia colectiva.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 6 junio 2009)

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA EN OLORON Y GURS

         

Los pasados días 25 y 26 de abril han tenido lugar en la localidad francesa de Oloron-Sainte Marie una serie de actos en recuerdo del 70º aniversario del final de la Guerra Civil Española y de la apertura del campo de concentración de Gurs, por donde pasaron 32.285 republicanos españoles y voluntarios de las Brigadas Internacionales y, más tarde, varios millares de judíos, los cuales serían deportados al campo de exterminio de Auschwitz durante el Holocausto (Shoah).

Durante esos días, tuve ocasión de compartir momentos de sentida emoción, recuerdo y homenaje al valor y al sufrimiento de quienes, como los republicanos españoles, los resistentes franceses o la comunidad judía, fueron víctimas de la barbarie fascista entre 1936-1945. Los actos, organizados conjuntamente por el Ayuntamiento de Oloron y las asociaciones Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER) y l’Amicale du Camp de Gurs, supusieron un hito histórico en esta zona del Alto Béarn en donde los hijos y nietos del exilio republicano tienen una arraigada presencia desde el final de nuestra guerra civil. Y es que, además de una delegación de los lander alemanes del Sarre y Baden, así como de representantes de la comunidad judía de estas regiones germanas, era la primera vez que el recuerdo de lo que supuso el Campo de Gurs en la memoria del exilio republicano en el Béarn, contaba con una destacada presencia institucional española. Allí estaban Isidre Molas (vicepresidente del Senado y presidente del PSC), José Luís Tapia (Cónsul General de España en Pau) y Jesús Loza Aguirre (diputado del Partido Socialista de Euskadi y vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa) en representación del Parlamento Vasco. En la caso de Aragón, la delegación estaba encabezada por María Victoria Broto, consejera de Educación, Cultura y Deporte, Jaime Vicente Redón (Director General de Patrimonio Cultural), Pedro Salas (Director General de Acción Exterior) y el senador socialista alcañizano Ángel Lacueva.

En la tarde del 25 de abril tuvo lugar la colocación de una placa conmemorativa en la estación ferroviaria de Oloron en recuerdo de los republicanos españoles, brigadistas internacionales y judíos que allí llegaron  para ser internados en el Campo de Gurs. La ceremonia y los discursos tuvieron lugar bajo una lluvia constante, lo cual no impidió la asistencia de numeroso público acompañado de banderas republicanas, de asociaciones de antiguos combatientes de la Resistencia francesa y de vivas a la República Española.

Acto seguido tuvo lugar la inauguración de un conjunto de exposiciones agrupadas bajo el título “De la Guerra de España a la Shoah. 70º aniversario de la apertura del Campo de Gurs”. En la misma, también la presencia aragonesa es destacada: el Gobierno de Aragón está presente con una excelente exposición sobre “La Brigada Lincoln en Aragón” que incluye diversas fotografías del paso de los brigadistas norteamericanos por algunas poblaciones bajoaragonesas como Alcañiz, Alcorisa o Híjar. Por su parte, el Círculo Republicano de Jaca participa con una exposición sobre la sublevación de Jaca de diciembre de 1930 y documentación sobre los 400 asesinados por la represión fascista en la capital jacetana. Además, se pueden contemplar exposiciones bibliográficas relativas al Programa “Amarga Memoria” del Gobierno de Aragón, así como de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón o de la Fundación de Investigaciones Marxistas “José Antonio Rey del Corral” vinculada al PCA-PCE.

Otra exposición especialmente emotiva era la relativa al Campo de Gurs y a la deportación: en una vitrina, se podía contemplar el sombrío “pijama de rajas” de un judío deportado a Auchwitz el cual logró sobrevivir y que, en su silla de ruedas, estaba al lado de este triste recuerdo mostrando a un grupo de jóvenes su número de deportado tatuado en su brazo.

En los actos de Oloron, en medio de tantas emociones contenidas, coincidimos tres alcañizanos: además del senador Ángel Lacueva y yo mismo, estaba también Emilio Vallés, exiliado republicano y actual vicepresidente de l’Amical du Camp de Gurs y, al día siguiente, puede conocer al hijo de otro exiliado alcañizano apellidado Quílez Ibáñez, residente en la cercana localidad de Gan. Y es que, como decía Bernard Uthurry, alcalde socialista de Oloron, su cuidad debe mucho al “coraje” de todos los republicanos españoles que aquí lucharon contra la ocupación nazi y que, tras la liberación, se establecieron en la acogedora ciudad oloronesa.

No menos emotivos fueron los actos que tuvieron lugar al día siguiente en el Campo de concentración de Gurs. Seguía lloviendo como si el cielo quisiera unirse a las lágrimas que recorrían nuestras mejillas mientras se realizaban las ofrendas florales y los minutos de respetuoso silencio ante los monumentos a los prisioneros republicanos de Euskadi y  al de los republicanos españoles y los brigadistas internacionales situado en un ala del Cementerio Judío de Gurs. Ciertamente, como me decía Bernard Uthurry, “con lluvia o con sol, en Gurs siempre se siente la misma emoción”.

El acto final tuvo lugar ante el monumento a los deportados judíos, rodeado por las tumbas de los 1.073 hijos de Israel que allí reposan. Cubiertas en señal de respeto nuestras cabezas con el kipá ritual, un rabino recitó los tristes sones de un kadish, la oración fúnebre judía, en memoria de todas las víctimas de la barbarie nazi. El dolor y la memoria ante tanto sufrimiento nos hermanaba a todos los allí presentes: republicanos españoles, resistentes franceses y judíos. Algunos de los antiguos “gursiens” habían venido de distintos puntos de Europa e, incluso, de Canadá, para estar presente en este acto.

En los discursos finales, no sólo se recordó lo que supuso el nazismo como encarnación del “mal absoluto”, sino que, enlazando con el presente, se alertó de que en tiempos de crisis como los actuales, están rebrotando actitudes xenófobas, racistas y antisemitas. Resulta alarmante la involución de los derechos civiles en países democráticos como Italia o la misma Francia: en ésta última, “el país de los derechos del hombre”, y símbolo universal de la libertad, como consecuencia de las regresivas políticas inmigratorias de Sarkozy, se está planteando el penalizar con 5 años de cárcel y una sanción de varios miles de euros, a todo ciudadano francés que acoja o proteja a un “sin papeles”, esto es, a un inmigrante no regularizado.

Como vemos, la eterna lucha por la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso social, la misma lucha por la que se batieron los republicanos españoles, sigue vigente mientras existan opresiones e injusticias de todo tipo que combatir. Esa es la lección de la historia y la memoria de Gurs, ayer, hoy y siempre.

 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 3 mayo 2009)

 

 

LA AMNESIA SELECTIVA DE ROUCO

         

En un momento en que el debate de la memoria histórica está de plena actualidad, en medio de las pugnas jurídicas y el debate político y social que ha generado en la sociedad española, ha entrado también en escena la jerarquía eclesiástica con unas declaraciones lamentables. El pasado 24 de noviembre, el cardenal Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, se opuso con una actitud tan cínica como hipócrita, a la necesaria recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo al señalar que, “a veces, es necesario saber olvidar” en lo que él denomina, haciendo gala de una doble moral, de “una auténtica y sana purificación de la memoria”.

Debe quedar claro que, bajo ningún concepto, resulta aceptable que la Iglesia, que nunca aceptó la República laica de 1931, que apoyó con entusiasmo la sublevación fascista, que sacralizó el golpe militar calificándolo de “Cruzada”, que legitimó la dictadura franquista, que silenció sus crímenes, que tantos privilegios obtuvo del régimen y que nunca ha tenido la valentía de pedir perdón  por su responsabilidad y connivencia con la represión desatada durante cuatro décadas por el franquismo, nos pida a todos los ciudadanos, creyentes o no, que olvidemos nuestra memoria histórica reciente. Esto no es sino una amnesia selectiva ya que, mientras Rouco nos pide el olvido para las víctimas republicanas, la Iglesia sigue promoviendo procesos de beatificación de las víctimas de la persecución religiosa, ciertamente abominable, desatada como consecuencia del golpe fascista de julio de 1936. Pero, también en esto la Iglesia tiene una memoria selectiva pues nunca ha honrado a los sacerdotes nacionalistas vascos o a los dirigentes de Unió Democrática de Catalunya, católicos todos ellos…pero asesinados por los franquistas por sus convicciones democráticas, nacionalistas y por haberse opuesto a la sublevación militar. Rouco nos pide un olvido de la memoria, pero miles de iglesias españolas siguen teniendo en sus fachadas, como recuerdo permanente e hiriente de la contienda, las lápidas de “Caídos por Dios y por España”.pese a lo dispuesto en la nueva Ley de la Memoria Histórica.

Por todo ello, bueno sería que Rouco y el resto de la jerarquía católica leyese el sobrecogedor Sumario 53/2008E del juez Garzón del pasado 18 de noviembre. A lo largo de sus 152 páginas, una muy fundada argumentación jurídica y un denso acopio de jurisprudencia, ponen de manifiesto el carácter de “crímenes contra la humanidad” cometidos por el franquismo, los cuales no sólo nunca fueron denunciados por la Iglesia, sino que, en ocasiones, tuvo una colaboración activa y directa en algunos de estos delitos.

Una parte destacada del Sumario 53/2008E está dedicada a “los niños perdidos del franquismo”, esto es, a la “sustracción o eliminación de custodia sobre los hijos de las madres republicanas”, proceso en el cual determinadas instituciones eclesiásticas tuvieron un papel destacado. Hay que recordar que la Declaración de Condena de la Dictadura Franquista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, dedicó varios puntos a esta cuestión, señalando que, “varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a Instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación” (Punto 73).

Igualmente, se ofrecen datos sobre el secuestro de niños de familias republicanas por parte del Servicio Exterior de Falange en diversos países europeos; sobre el funcionamiento de la Prisión de Madres Lactantes, donde los hijos de presas republicanas eran separados de éstas, en muchas ocasiones de forma definitiva, cuando los niños cumplían los 3 años; sobre la desaparición en 1944 de un centenar de niños en la prisión vizcaína de Saturrarán, arrrancados de sus madres por parte de los funcionarios y las religiosas allí destinadas. Se alude a la numerosa normativa “legal” del régimen sobre la “tutela” de niños republicanos, cuyo número se cifra en 12.042 a la altura de 1944 (7.538 de ellos internados en centros religiosos) que llegaron a ser 30.960 en la década 1944-1954, dependiendo del Patronato San Pablo, adscrito al Ministerio de Justicia. Muchos de ellos fueron entregados en adopción y nunca se devolvieron a sus verdaderos padres. El Sumario de Garzón, nos ofrece también datos sobre cómo determinados sacerdotes, como fue el caso de Juan A. Gordio, capellán de la Casa Cuna Provincial de Sevilla, alteraban los datos de las partidas de nacimiento de niños de familias republicanas para que pudieran ser adoptados por familias adictas al régimen. Se llega a aludir a casos de apropiación de niños en el mismo momento del parto, tal y como refleja el testimonio de Emilia Girón: “lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron…tú estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y lo llevan y nada más” (p. 64).

Dramáticos resultan los testimonios recogidos por Fr. Gumersindo de Estella, capellán en la prisión zaragozana de Torrero referentes a la “sustracción de hijos de mujeres presas por religiosas, sin autorización de las madres”, o el caso de las presas embarazadas como consecuencia de violaciones a las que, como señala Garzón, “se mantenía con vida hasta el alumbramiento e inmediatamente después eran ejecutadas. Los hijos eran entregados a centros religiosos o del Estado a pesar de que las madres, antes de morir, se habían negado explícitamente a ello” (p. 65).

En todos estos hechos criminales, en la sustracción de niños, en la falsificación de partidas de nacimiento y bautismo, tiene una profunda responsabilidad la Iglesia de la posguerra. Por ello, miles de niños fueron separados de forma dramática de sus padres y se criaron en familias adoptivas, al igual que ocurrió en la dictadura argentina de los años 70. Por todo ello, el texto de Garzón interpela a nuestras conciencias al señalar que, “olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos” (p. 74).

Por todo ello, si Rouco leyese en su integridad el Sumario 53/2008E, tal vez se estremeciese su habitual hieratismo y, superando su patológica amnesia interesada, empezase a reconocer y pedir perdón por el papel desempeñado por la Iglesia en la represión franquista. Y es que tanto dolor y tantas víctimas, muchas de ellas todavía yacentes en fosas comunes, no se supera con el olvido intencionado y cómplice que Rouco predica, sino con información, verdad, reparación y educación ciudadana para las nuevas generaciones. Esta si que sería una actitud verdaderamente cristiana pues, como nos recuerda Jesús de Nazaret, “la verdad os hará libres”, que, en este caso, supondría una auténtica liberación del sufrimiento y el dolor, de odios y rencores acumulados durante décadas y que ha llegado el momento de superar, no desde el olvido, sino desde la memoria, la verdad y la dignidad para con las víctimas, con todas las víctimas. Y esta si que es, cardenal Rouco, y no la suya, una actitud verdaderamente evangélica.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 2 diciembre 2008 ; Diario de Teruel, 7 diciembre 2008)

 

 

 

 

 

LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES Y EL GENOCIDIO NAZI

        El pasado 19 de junio, un grupo de supervivientes españoles del Holocausto nazi presentaba en la Audiencia Nacional una querella penal para solicitar a los Estados Unidos la entrega de cuatro criminales nazis para ser juzgados por los tribunales españoles bajo la acusación de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Esta querella, redactada por el Equipo Nizkor (palabra hebrea que significa “Recordemos”), un colectivo de juristas y especialistas en defensa de los derechos humanos, fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional y supone, de hecho, que España es el primer país del mundo en investigar crímenes nazis contra la humanidad desde los famosos juicios de Nüremberg de 1946. Este hecho histórico, importante avance a favor del ejercicio de la Justicia Universal contra los crímenes de genocidio y lesa humanidad, se concreta en la referida querella contra cuatro integrantes de la organización criminal SS-Totenkopf-Sturmbann (“El Batallón de la Calavera”) llamados Johan Leprich, Antón Tittjung, Josias Kumpf y John (Iwan) Demjamjuk, los cuales ejercieron su siniestra labor en los campos de exterminio nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flössenburg, en las que fueron asesinados varios miles de republicanos españoles.

Sin ser especialista en materia judicial, me ha resultado muy interesante la lectura del Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, del cual es titular el juez Ismael Moreno. En el mismo, se destaca la competencia de la Justicia española en este caso dado que se trata de delitos de genocidio y lesa humanidad previstos en los arts. 607 y 607 bis del Código Penal (CP) realizados mediante la práctica sistemática de torturas (arts. 173 y siguientes del CP). Estos delitos se fundamentan igualmente en el “principio de legalidad” aplicable a los delitos internacionales (Convenio sobre prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 (ratificado por España en 1968), o el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por España en 1977).

Amparado en el “principio de justicia universal” recogido en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se reconoce la jurisdicción universal para, entre otros, el delito de genocidio, con el único límite de “cosa juzgada”. Para ejercer la justicia universal, se argumenta jurídicamente que, “sin género de dudas”, el delito denunciado es un “genocidio”, así como que existan “indicios serios y razonables de la inactividad judicial” en el país en el que se cometieron estos delitos que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad, para la persecución efectiva de los crímenes. En este caso, tal y como señala el Auto del juez Ismael Moreno, “en modo alguno aparece que se hayan ejercitado las correspondientes acciones judiciales en el territorio donde los hechos se han producido”. Hay que señalar también que, como señala el Auto, tampoco puede considerarse un “ejercicio abusivo del derecho” como lo sería si en la querella existiese una “absoluta ajeneidad del asunto o por no acreditar los querellantes interés directo o relación con los hechos denunciados”, extremos éstos que, obviamente, no se dan en este caso.

Hay que tener también presente que la Corte Penal Internacional (CPI) vinculada a la ONU, resulta inoperante en este tema dado que no puede juzgar estos delitos, pues tiene competencia únicamente para los cometidos desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma la CPI (1998).

Consecuentemente, admitida a trámite la querella, reconocido el carácter de genocidio del delito y en base a la aplicación del principio de extraterritorialidad de la ley penal dada la existencia de víctimas españolas, se ha iniciado un proceso de dignidad y justicia: dignidad para las víctimas (a las que por vez primera se les reconoce la condición de tales), y de justicia para lo que supuso la barbarie nazi.

Esta querella, independientemente de su resultado final, supone un suceso procesal inédito en España cual es la investigación de los crímenes del nazismo, proceso que, en un comunicado conjunto fechado el 30 de junio, ha recibido el apoyo de más de 60 organizaciones de víctimas. De hecho, la querella significa un innegable reconocimiento jurídico para con las víctimas españolas del nazismo durante la II Guerra Mundial. Tal es así que, como señala dicho comunicado, “es un claro avance en el tratamiento jurídico de los crímenes graves ante la jurisdicción ordinaria y significa un signo de esperanza para todas las asociaciones que viene defendiendo la aplicación del derecho internacional para los crímenes que afectaron a ciudadanos españoles, tanto por parte del nacionalsocialismo, como del fascismo y del franquismo”. Por su parte, el comunicado critica la Ley de Memoria Histórica que declara “legales las leyes franquistas que consolidaron la exclusión legal de estas víctimas del sistema del derecho de gentes europeo” y aprovecha para recordar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad así como su aplicación retroactiva con arreglo a la Decisión de la Sección Cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de enero de 2006 y las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de la ONU de 1946.

Por todo lo dicho, el comunicado concluye de forma rotunda y contundente: “No hay ninguna razón procesal, ni de fondo, para que el Estado Español no haga frente a sus obligaciones ante el derecho internacional y ante las víctimas españolas del régimen nazi y solicite la entrega formal a los EE.UU. de los criminales para ser puestos a disposición de la justicia”.

Tal vez, al final del proceso, se consiga, siquiera sea en parte, el deseo de David Moyano, uno de los querellantes y superviviente de Mauthausen: “antes de morir quiero ver cómo los tribunales hacen justicia con los españoles asesinados en el Holocausto”.

Una noble causa, un reto y un deber moral para las autoridades y la Justicia española, así como para el pleno desarrollo de una justicia universal que defienda con valentía los derechos humanos y persiga los crímenes de genocidio y lesa humanidad independientemente del lugar en el que éstos hayan sido cometidos.

 

 

 (La Comarca, 12 septiembre 2008 ; Diario de Teruel, 15 septiembre 2008)