Memoria histórica

HANS SERELMAN

    

     En cierta ocasión, oí hablar de un médico judío, llamado Hans Serelman, miembro de la Resistencia francesa y que fue asesinado por los nazis en las cercanías de Oloron, en uno de cuyos cementerios estaba enterrado.  Desde entonces, he visitado en varias ocasiones su tumba y, en estas fechas en que la cuestión de la memoria histórica ha recibido un nuevo revés por parte del Gobierno de Aragón tras la supresión del Programa Amarga Memoria, lo he vuelto a hacer: ante ella, me reafirmo en el valor cívico y democrático de la memoria, de todo lo cual Francia resulta un ejemplo a imitar, como lo fue la vida de aquel médico antifascista judío.

     Victor Hans Jacob Serelman nació en Berlín en 1898 y era un prestigioso cirujano establecido en Niederlungwitz, en la región alemana de Sajonia cuando llegó Hitler al poder en 1933. A partir de ese momento,  la política racista del nazismo, sobre todo tras la aprobación de las leyes raciales de Nuremberg en 1935,  supuso la segregación y  el  acoso permanente de  la población judía. Fue precisamente en este año, cuando el doctor Serelman, tratando a un paciente grave que necesitaba con urgencia una transfusión sanguínea y, dado que entonces no existían Bancos de Sangre, fue él mismo quien le donó su propia sangre salvando así la vida del paciente, un alemán ario. Pero esta acción humanitaria tuvo, sin embargo,  efectos negativos para el doctor ya que, en  aplicación de la Ley de Protección de la sangre alemana y honor alemán, fue acusado de “contaminar la sangre de la raza alemana” con su sangre judía y, por ello, enviado al campo de concentración de Dachau, donde permaneció durante 7 meses hasta  que fue liberado por la presión de la población a favor de su doctor, según señala Michel Martín, uno de los investigadores que han estudiado su vida.

     Tras salir de Dachau, logró huir de Alemania emigrando a Checoslovaquia y más tarde a Austria. Al estallar la guerra civil española, sus ideales antifascistas hicieron que se incorporase a la Brigada Internacional “Thaëlmann”, formada por militantes de izquierda, sobre todo comunistas alemanes y austriacos. Encuadrado en dicha Brigada, estuvo destacado en diversos frentes, entre ellos, el de Aragón, al igual  que ocurrió con figuras tan destacadas como George Orwell, Tito, André Malraux, Ernest Hemingway o Willy Brandt, que apoyaron de forma activa a la causa republicana. Tras el hundimiento del frente de Aragón y la consiguiente retirada  del Ejército Popular, Serelman tuvo un papel destacado en la evacuación del hospital de Benicasim (abril 1938) y, ante el avance franquista en Cataluña, se unió a la marea de republicanos, combatientes y civiles, que buscó refugio en Francia en febrero de 1939. Una vez en tierras galas, al igual que miles de nuestros compatriotas y brigadistas internacionales, fue internado en el Campo de Gurs, del cual se evadió en 1943.

      Tras su huída de Gurs, se refugió en Jurançon en casa de una familia protestante hasta que, a finales de ese año, se unió al grupo guerrillero “Guy Môquet”, que llevaba este nombre en honor de un joven, hijo de un diputado del PCF, que había sido fusilado en 1941. Dicho grupo  de resistencia antinazi se había formado en 1943 por una docena de jóvenes de Oloron a los que se les unió, además de Serelman, un desertor del ejército alemán llamado Max Karl. Este maquis, que lideraba Étienne Martin (“comandante Valmy”),  realizó diversas acciones armadas en tierras del Béarn como la voladura del puente de Escot, el ataque a un convoy alemán en Herrère o el descarrilamiento de un tren en Lurbe. Serelman, que alcanzó el rango de capitán y que en la Resistencia era conocido como “Víctor”,  participó algunas de estas acciones contra la ocupación nazi pero, sobre todo, desempeñó su papel como médico y, a falta de medicinas, curaba con plantas a los  maquis heridos que luchaban en esas montañas pirenaicas.

     Pero el destino estaba marcado para este grupo de resistentes: el 19 de junio de 1944, Serelman murió junto con otros tres combatientes del maquis, entre ellos su paisano Max Karl, a manos de los nazis  en la granja de Arrouès, en el pueblo de Eysus: Serelman cayó muerto de una ráfaga de ametralladora y, posteriormente, su cuerpo fue quemado con un lanzallamas por los nazis. Al finalizar la guerra, fue enterrado en el cementerio oloronés de Santa María y su nombre figura inscrito en el Memorial de la Shoah, como combatiente judío contra el nazismo.

     La memoria de Serelman ha sido recuperada gracias a las investigaciones de Michel Martin, hijo del “comandante Valmy”, autor de libros sobre el maquis en esta  zona pirenaica francesa colindante con el  Pirineo aragonés como Du Bager à Marie-Blanque y Résistance en Haut Béarn,  así como por la historiadora Dora Schaul, mientras que Bernard Férié, realizó un documental titulado Le Médecin du Maquis. También las instituciones han recordado la figura de este capitán judío, luchador infatigable contra el fascismo y, en 2004 se colocó una placa conmemorativa en su memoria y los demás resistentes asesinados en el “Espace Guy-Môquet” de Eysus, acto al que se sumaron varios familiares de Serelman venidos desde Alemania.

     Cuando tanto se agita la cuestión de la memoria histórica en España, me viene a la memoria lo que ocurre en Francia, donde este tema no suscita la tensión política que genera en nuestro país por el rechazo visceral de la derecha política ante las políticas públicas de la memoria. Difícil es encontrar un lugar en territorio galo en donde no hallemos memoriales, monumentos o lugares de la memoria en los que se honra, con total normalidad democrática, a los combatientes por la libertad, a los luchadores contra el fascismo, sea cual sea su nacionalidad y, por ello, donde se recuerda a muchos de nuestros compatriotas republicanos, que murieron  combatiendo en las filas de la Resistencia francesa durante los sangrientos años de la II Guerra Mundial.

     Tal  vez algún día, la memoria de de miles de republicanos españoles, todavía yacentes en las fosas de la ignominia que salpican la geografía hispana, puedan ser honrados de la misma forma que lo son esos lugares de Francia, igual que lo es la tumba de aquel héroe que vertió su sangre por la libertad llamado Hans Serelman.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 22 enero 2012)

 

UN OPROBIO A LA MEMORIA

 

     No por esperado, ha causado menos malestar la decisión del Gobierno de Aragón,  anunciada el pasado 15 de diciembre por la consejera Dolores Serrat, de suprimir el Programa Amarga Memoria calificándolo de “superfluo”. La coartada perfecta para tomar esta medida ha sido la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, pero la realidad es que el PP, ahora en el Gobierno, nunca ha tenido la voluntad política de acometer el deber moral y cívico que nuestra democracia adeuda, todavía, para con las víctimas del franquismo, una cuestión de salud democrática que debería medirse por otros parámetros distintos a los meramente economicistas.

     La derecha española, también en Aragón, siempre se ha mostrado reacia a romper, de verdad y de forma definitiva,  las amarras emocionales e ideológicas con la herencia del franquismo, a diferencia de lo hecho por otras derechas europeas, como las de Alemania, Italia o Francia, que apoyaron las políticas públicas de la memoria histórica antifascista  y del impulso de la educación cívica en los valores democráticos.

     Debemos recordar la Proposición no de ley 127/06 relativa al impulso de medidas para la recuperación de la memoria histórica del Programa Amarga Memoria, presentada en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista. En los debates de la misma, el año 2006, el PP ya dejó clara su posición. Una lectura atenta del Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón recoge determinadas afirmaciones de Antonio Suárez, entonces diputado portavoz del PP, sobre la referida Proposición no de ley a la que calificaba de “sectaria” y “fundamentalista”, “un camino equivocado”, que sólo pretendía “la confrontación social”.

     A nivel nacional, en pleno debate parlamentario sobre la futura Ley 52/2007 de la Memoria Histórica (LMH) impulsada por el Gobierno de Zapatero, ya advirtió Rajoy de que la derogaría en caso de ganar las elecciones del 2008 y es previsible que, a nivel nacional, como ocurre en Aragón, las políticas del PP pongan fin a la legislación memorialista que, pese a todas sus deficiencias y limitaciones, había abierto, por vez primera, el camino para la plena reparación moral, y tal vez jurídica, de las víctimas de la dictadura franquista. En este sentido es de justicia destacar que el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, bajo el impulso de Jaime Vicente Redón, ha realizado durante estos últimos años una labor encomiable gracias al trabajo realizado por Ana Oliva o Elisa Plana, junto con el apoyo entusiasta de Juan Carlos Gil y demás funcionarios de la Dirección General de Patrimonio Cultural. De este modo, se editaron numerosas publicaciones, se realizaron diversas actividades culturales, jornadas y exposiciones, también en el ámbito educativo (visitas al Campo de Mauthausen o el proyecto de cooperación transfronteriza “Las Rutas de la Memoria”), se elaboró  un mapa de fosas en Aragón (519 localizadas,  uno de los más completos y sistemáticos de España), además de efectuar diversas exhumaciones con las oportunos criterios arqueológicos y antropológicos.

     A fecha de hoy, y mientras siga en vigor la Ley 52/2007, corresponde a los poderes públicos, esto es, al Gobierno de Rajoy en Madrid o al de Rudi en Aragón, amparar y realizar actuaciones concretas en el ámbito de las políticas públicas de la memoria histórica. De hecho, la referida ley insta a la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las victimas “como última prueba de respeto hacia ellos”, tal y como se indica en su artículo 11, así como a la adopción de medidas concretas para lograrlo (arts. 12, 13 y 14). De igual modo,  la LMH  indica expresamente que “es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo rigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos”. Y todo ello, no ha sido, no es, y nunca será algo “superfluo”.

     Una de las razones esgrimidas por el PP para enterrar, y nunca mejor dicho, el Programa Amarga Memoria es la de que había que recuperar “el espíritu de la Transición”. Pero quienes esto dicen, olvidan  los “peajes” que entonces hubo que pagar para consolidar la democracia española, entre ellos, el aprobar la Ley 46/1977 de Amnistía, una ley de “punto final” para con los crímenes del franquismo, el renunciar al restablecimiento de la legalidad republicana o el posponer las justas demandas de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Hoy, después de tres décadas de democracia constitucional, estas demandas de justicia, verdad y reparación que empezaron a abrirse paso, con problemas y dificultades en estos últimos años, no pueden quedar sepultadas por la previsible involución auspiciada por las políticas conservadoras del PP. Calificar estas cuestiones como “superfluas” es, cuando menos, una frivolidad carente de la más mínima sensibilidad cívica puesto que, como señala la LMH, “se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y el marco de la Constitución, no puede dejar de atender”.

     Los familiares de víctimas del franquismo, han llorado durante largos años por sus familiares asesinados, muchos de ellos arrojados a cunetas donde yacen, todavía, para escarnio de nuestra democracia. Hoy vuelven a llorar  por el desinterés de la derecha gobernante en España y también en Aragón por las cuestiones relacionadas con la memoria histórica y, mientras tanto, la herida, esa herida, esa historia sangrante, seguirá sin cerrarse. Nuevas lágrimas recorrerán sus rostros, azotados por tanta incomprensión, sintiendo en su interior el sufrimiento porque la democracia española y las instituciones que la representan, quieren volver a negarles la ayuda para encontrar los restos de sus seres queridos y enterrarlos dignamente. Y mientras tanto, algunos familiares de las víctimas, acabarán sus días sin haber cumplido este anhelo, porque determinados gobernantes consideran que se trata de algo “superfluo”.

     José Ramón Villanueva Herrero (nieto de un carabinero de la República)

     (publicado en El Periódico de Aragón, 29 diciembre 2011)

 

GURS EN LA MEMORIA Y EN EL CORAZÓN

    

     El pasado 23 de octubre, en una soleada mañana, tuvo lugar un emotivo acto en el campo de concentración de Gurs, situado en las tierras francesas del Béarn y cercano a la frontera pirenaica aragonesa, construido en abril de 1939 para internar a los combatientes republicanos españoles y a los miembros de las Brigadas Internacionales y que permaneció activo hasta el final de la II Guerra Mundial en 1945. En dicho acto, se inauguró  la Avenida de los Internados, jalonada por 27 columnas de granito que recuerdan a los distintos colectivos de prisioneros y los lugares de procedencia de los mismos que sufrieron o murieron en Gurs. Estas columnas, financiadas por diversas asociaciones e instituciones francesas, españolas y alemanas, constituyen un lugar que apela a nuestra memoria y a nuestra reflexión, al deber moral de recordar lo allí sucedido a las jóvenes generaciones para, así, inmunizarlas ante cualquier mensaje de signo intolerante, xenófobo o racista, los cuales, por desgracia, se están extendiendo peligrosamente en estos tiempos  de profunda crisis global.

     Este acto, en memoria y homenaje a los republicanos españoles, a los resistentes franceses y a los judíos víctimas del Holocausto, los tres principales colectivos hermanados por el sufrimiento común que simboliza el Campo de Gurs, coincidía, además, con este año en el que se cumple el 80º aniversario de la proclamación de la II República Española, un hecho que ha sido recordado con especial emoción por los que nos sentimos republicanos, acontecimiento histórico del que, por el contrario,  apenas se han hecho eco las instituciones públicas españolas.

     En aquella hermosa y emotiva mañana del 23 de octubre, convocados por la Amicale du Camp de Gurs, asistieron numerosas colectivos y asociaciones francesas, españolas y alemanas, entre ellas, la Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER), Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML), dinámica asociación impulsada por el infatigable Raymond Villalba, el Memorial de la Shoah de París o la Asociación de Aviadores de la República Española (ADARE). Igualmente, varias asociaciones aragonesas estuvimos presentes y de este modo, el acto contó con la presencia de miembros del Foro por la Memoria de Aragón, de la Fundación Bernardo Aladrén, de la Asociación Pozos de Caudé, o de la Agrupación de Familiares Asesinados en Torrijo del Campo. En cuanto a instituciones y organismos oficiales, estuvieron igualmente presentes delegaciones de Alemania, Francia, del Gobierno de España y del Gobierno Autónomo de Euskadi, además de numerosos representantes municipales de poblaciones francesas o veteranos  republicanos como Virgilio Peña o Carmen Villalba, que a punto de cumplir los 100 años, nunca falta a todos los actos en homenaje al exilio republicano y a la lucha antifascista.

       Lamentable y muy comentada resultó la ausencia de representantes oficiales del Gobierno de Aragón, máxime tratándose de una comunidad autónoma tan próxima y que, en su día, el Departamento que regía María Victoria Broto,  había financiado una de las columnas en honor a los más de cinco millares de republicanos aragoneses que fueron internados en Gurs. La falta de sensibilidad del nuevo Ejecutivo conservador aragonés por los temas de la memoria quedó de este modo más que patente.

     Diversas intervenciones se sucedieron en el acto de inauguración, entre ellas las del historiador Claude Laharie, del vasco José de Sola o del judío alemán Paul Liedermann, que evocaron episodios de su internamiento en Gurs cuando apenas eran unos niños.  Por su parte, André Laufer, presidente de Amicale du Camp de Gurs y que pese a su condición de judío sobrevivió a la Shoah, no así los 3.907 israelitas que fueron enviados desde Gurs al campo de exterminio de Auschwitz, sintetizó con toda claridad triple lección que nos ofrece hoy en día el mantener vivo el recuerdo de Gurs: recuperar la memoria de las tres grandes colectivos allí internados (republicanos españoles, resistentes franceses y judíos); reflexionar frente a lo que supuso la barbarie hitleriana, instando a mantener una actitud vigilante en la defensa permanente de la libertad y de los derechos humanos y, por último, fomentar la enseñanza y el conocimiento de lo ocurrido en Gurs a los jóvenes, labor que se realiza de forma tenaz y constante mediante de diversas publicaciones y numerosas visitas guiadas de escolares de colegios, liceos e institutos, algunos de ellos aragoneses, a través del Proyecto de cooperación transfronteriza denominado “Las Rutas de la Memoria”.

     Emotiva resultó también la intervención de Emilio Vallés, un republicano nacido en Alcañiz, exiliado en Francia desde 1939 junto con su familia y que actualmente es el vicepresidente de Amicale du Camp de Gurs. Emilio Vallés nos recordó a todos cómo el camino que el fascismo inició con la destrucción de Gernika en 1937, culminó en Auschwitz y los demás los campos de exterminio creados por el delirio criminal del nazismo, cuyo trágico legado simboliza, “un envilecimiento sin precedentes”, tal y como lo definió Gérard Sandoz. Con especial emoción aludió a cómo el Reino de España había financiado, también, una columna en honor a los republicanos españoles, que, aunque vencidos, nunca fueron derrotados en la permanente defensa de los valores de libertad, igualdad y fraternidad que inspiraron su acción política.

     Frente a la ausencia de una representación del Gobierno de Aragón, El Gobierno Vasco estuvo presente en la persona de Inés Ibáñez de Maeztu, Directora de Derechos Humanos del Gobierno de Euskadi, la cual manifestó la voluntad del Ejecutivo presidido por Patxi López  de profundizar en las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, situación bien distinta de la existente en el actual Gobierno de Aragón, que, como hemos indicado, ha dado pruebas más que evidentes de su absoluto desinterés por estas cuestiones.

     Finalmente, quiero señalar que las asociaciones memorialistas, y entre ellas la Fundación Bernardo Aladrén, seguiremos trabajando en defensa de los valores, la memoria y la dignidad que simboliza la República Española y la de todas las personas que, por lealtad a la misma, sufrieron todo tipo de penalidades, sufrimientos y, en tantas ocasiones, la pérdida de su libertad y de su vida.

     La lección de Gurs, a un lado y otro del Pirineo, sigue siendo un legado moral que nos compromete, con la memoria y, también con el presente para evitar que surjan nuevas alambradas y odios que vuelvan a aprisionar y oprimir, como en su día ocurrió en Gurs, a miles de seres humanos por razones políticas, de raza, religión, condición social o económica. Y ello es un deber moral al que la memoria de Gurs, de ayer y también de hoy, nos compromete.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 30 octubre 2011)

 

 

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA

          

  Las inconmensurables víctimas del franquismo siguen estando olvidadas y silenciadas, cuando no ultrajadas y despreciadas en la España de hoy.  El régimen de Franco, criminal e inmisericorde, continúa protegido por la impunidad que le ha otorgado hasta hoy la democracia española.  Las víctimas del franquismo reivindican la misma consideración y las mismas expresiones de solidaridad y compromiso de memoria, que estos días han manifestado para con las víctimas de la banda criminal ETA, con total justicia, desde el Presidente del Gobierno, los parlamentos nacional y autonómicos, el gobierno del Estado, hasta todos los partidos políticos.  Las organizaciones y asociaciones que enarbolamos la bandera de la memoria democrática de los españoles, reivindicamos la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la historia de la democracia española.  La memoria de estas víctimas también debiera acompañar a las futuras generaciones.

 

Por lo que:

 

MANIFIESTAN:

 

1º.- Que, por razones de dignidad, justicia y  reparación histórica, resulta imprescindible, también en estos tiempos de crisis y ajustes presupuestarios, que las Administraciones públicas mantengan los programas y actuaciones destinados a la recuperación de la memoria histórica, la guerra civil, la guerrilla, la dictadura, el exilio, dotándolos de los recursos necesarios. En este sentido, estimamos imprescindible que el actual Gobierno de Aragón continué con el Programa “Amarga Memoria” el cual, en sus diferentes líneas de actuación, ha realizado en estos últimos años una meritoria labor.

 

2º.- Consideramos igualmente que el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón debe potenciar en el currículum aragonés los contenidos didácticos que permitan el estudio de lo que supuso la República, la Guerra civil, la dictadura franquista, el exilio y la deportación a los campos nazis en relación a la historia de Aragón. Así como la implicación de la juventud en el mantenimiento activo de la memoria histórica, como garantía de la transmisión de la misma a las futuras generaciones.

De igual modo, estimamos que se deben de apoyar y coordinar desde dicho Departamento proyectos de cooperación transfronteriza que, como es el caso de Las Rutas de la Memoria, están destinados a estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y que se están llevando a cabo con buena acogida por parte de alumnos y docentes tanto de Aragón como del departamento francés de los Pyrénnées Atlantiques y que cuenta con el apoyo de las autoridades del Conseil Général de dicho departamento, así como del Conseil Régional d’Aquitaine y del Ayuntamiento de Oloron-Sainte Marie.

 

3º.- Instamos a las Cortes de Aragón a que, en sesión solemne y plenaria, realice un homenaje institucional a las víctimas de la dictadura franquista.

 

4º,- Reclamamos la plena aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica referente a la supresión de la toponimia y simbología franquista en todas las ciudades y pueblos de Aragón. En este sentido, queremos hacer especial mención a diversos centros y dependencias del Gobierno de Aragón que mantienen sus denominaciones en honor a personas vinculadas al franquismo como el caso del CEIP “Emilio Díaz” de Alcañiz, el Albergue Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín o el Hospital “Obispo Polanco” de Teruel.

De igual modo, instamos al Gobierno de Aragón a que acuerden con la Iglesia la desaparición de todas las placas y memoriales franquistas existentes en sus templos y, de no hacerlo, que dichos edificios religiosos no sean beneficiarios de ningún tipo de subvención o trabajos de restauración de los mismos con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón.

 

5º.- Manifestamos nuestras discrepancias ante las lagunas y deficiencias de la vigente Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, la cual ha decepcionado las expectativas que inicialmente se pusieron en ella. Dado que dicha ley resulta manifiestamente mejorable, instamos a los diputados aragoneses de izquierdas que resulten electos el próximo 20 de noviembre, a que impulsen y apoyen iniciativas parlamentarias tendentes a:

- la resolución del los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la exigencia de la declaración de nulidad de todos los juicios, sentencias y ejecuciones sumarias realizadas por los tribunales franquistas.

- la inclusión en dicha ley, en aplicación de la legislación penal internacional (suscrita por España en 1985 y recogida en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y  del principio de justicia universal, de la consideración de “crímenes contra la humanidad” y, por tanto imprescriptibles (art. 7 de los Estatutos de la Corte Penal Internacional) de los cometidos por el franquismo.

En lógica consecuencia, solicitamos la derogación, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria 3ª de la Constitución de 1978, de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 puesto que ésta daba cobertura legal a los crímenes cometidos por la dictadura franquista y que, con arreglo a la legislación penal internacional no pueden ser amnistiables dada su condición de imprescriptibles.

- exigir que todas las exhumaciones de fosas que se lleven a cabo se realicen con garantías jurídicas legales, lo cual supone que deben llevarse a cabo en presencia de un juez.

- dar respuesta a la cuestión de los bienes incautados a las víctimas republicanas, esto es, a la represión económica, muchas veces olvidada.

- acabar con la impunidad de los victimarios, de los responsables de los crímenes franquistas, aplicando de forma retroactiva el principio de justicia universal con arreglo a las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Decisión de la Sección 4ª del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 17 de enero de 2006.

- incluir en el texto de la ley, como fundamentos de derecho, las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo.

 

6º.- Manifestamos públicamente nuestro apoyo a las iniciativas judiciales planteadas por el juez Garzón en el sumario 53/2008 E relativo a la investigación de los crímenes del franquismo. De igual modo, apoyamos la decidida y valiente actitud de Garzón frente a los procesamientos a los que está siendo sometido por su firme compromiso con las víctimas del franquismo y en defensa de la aplicación de la legislación penal internacional en la cuestión de los crímenes contra la humanidad de la dictadura en España.

Reafirmamos nuestra convicción de que, como señalaba el eminente historiador Paul Preston en una conferencia pronunciada en Teruel el 19 de mayo de 2006, de que “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, porque sirve para reafirmar los principios de nuestra democracia. Por todo ello, en recuerdo de las víctimas tantos años olvidadas, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es, y será, siempre, una memoria necesaria. Y esa es la labor y el compromiso que asumimos las asociaciones memorialistas que firmamos el presente manifiesto.

 

 

Zaragoza, 24 de octubre de 2011

 

Asociaciones que lo suscriben:

 

• Foro por la Memoria de Aragón (AFMA).
• Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón.
• Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo.
• Asociación Charata de Uncastillo.
• Asociación Cultural Rebellar.
• Asociación de Familiares y Amigos de Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM).
• Asociación de Familiares de Asesinados en Torrijo de la Cañada.
• Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO).
• Asociación Pozos de Caudé (Teruel).
• Círculo Republicano “Galán y García Hernández” de Jaca.
• Ateneo Republicano de Teruel.
• Amical du Camp de Gurs (Francia).
• Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER) (Pau, Francia).
• Terres de Mémoire(s) et de Luttes (Oloron-Sainte Marie, Francia).

 

 

Instituciones francesas que se adhieren al manifiesto de las asociaciones memorialistas aragonesas:

 

• Mairie de Oloron-Sainte-Marie.
• Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
• Conseil Régional d’Aquitaine.

 

 

Para ampliar cualquier información contactar con:

  Foro por la Memoria: [e-mail]

  Fundación Bernardo Aladrén:  [e-mail]

 

  Para adherirse a este Manifiesto:

http://www.liberadosdelolvido.org/memoria/manifiesto

GARZÓN Y LA JUSTICIA UNIVERSAL

     En estos últimos días ha vuelto a ser noticia el juez Garzón. Desde que en mayo de 2010 fuese suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional como consecuencia de una querella interpuesta por la organización ultraderechista “Manos Limpias”, se halla pendiente de que el Tribunal Supremo le abra juicio oral por declararse competente en la investigación de los crímenes del franquismo. Sin embargo, el pasado 14 de enero, se paralizó la tramitación de esta causa con el fin de tramitar las recusaciones presentadas por Garzón contra 5 magistrados, los cuales, al haber intervenido en diversos momentos de la instrucción de la causa, los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad. A su vez, una nueva plataforma denominada “Franconohamuerto.com” ha iniciado una nueva campaña en apoyo del magistrado bajo el lema de “Salva a Garzón, pásalo”.

     La cuestión de fondo que el procesamiento a Garzón plantea es el debate sobre la necesidad de aplicar, también en España, los principios reconocidos por la justicia penal universal en relación a los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y que, como tales, son imprescriptibles y no pueden ser amparados por ningún tipo de amnistía o norma jurídica o legal equivalente. Y es que, las actuaciones judiciales de Garzón han puesto sobre la mesa esta cuestión, un tema de suma importancia para la salud democrática de la sociedad española: el enjuiciamiento de unos crímenes de lesa humanidad y, consecuentemente, el reconocimiento, reparación y justicia para con las víctimas del franquismo.

     Garzón recordaba en su libro Un mundo sin miedo (2005), que fueron precisamente los dramáticos recuerdos de la guerra civil oídos de  su tío Gabriel, los que le impulsaron a ser juez ya que, fueron “tantas las historias y las injusticias relatadas que, de alguna forma, quedaron grabadas en mi memoria infantil y decidí hacer algo para que esta etapa no volviera a repetirse”. Por ello, desde que en 1988 se incorporó al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, y salvo su breve paso por la política (1993-1994), siempre se interesó por el principio de justicia penal universal, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  y que permitía que los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad pudieran ser perseguidos por la justicia española con independencia del lugar en donde se hubieran cometido si entre sus víctimas había españoles. En esta materia, hubo un hecho determinante en la trayectoria judicial de Garzón cuando en marzo de 1996 se admitió a trámite en la Audiencia Nacional la denuncia presentada por la Unión Progresista de Fiscales contra la dictadura argentina (1976-1983) por crímenes de genocidio, tortura y terrorismo, los cuales, según sus propias palabras, “me transformarían y cambiarían mi carácter, ya especialmente sensible hacia las víctimas y mi vida entera”.

     A partir de entonces, el compromiso ético de Garzón en defensa del principio de justicia penal universal ha sido constante, siendo su punto culminante el intento de procesamiento del dictador Augusto Pinochet (1998): tras la orden de detención internacional dictada por Garzón, a pesar de los obstáculos que a ello puso no sólo la Fiscalía sino también el entonces Gobierno de José María Aznar. Posteriormente, siguió combatiendo en diversos sumarios la “impunidad revestida de aparente legalidad” que encubría los crímenes de las dictaduras latinoamericanas y, finalmente, asumió con valentía el mayor reto de su vida: la investigación de los crímenes del franquismo a partir de la apertura del sumario 53/2008 el cual supuso un aldabonazo hacia la conciencia moral de nuestros valores cívicos.  En el mismo, siguiendo el modelo del Informe Sábato sobre la dictadura argentina, proponía  la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, un peaje pagado por la transición que exculpaba a los responsables de los crímenes del franquismo, puesto que las amnistías nunca pueden aplicarse a dictadores y represores, sino también la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación “para rehabilitar a los miles de víctimas que fueron muertas o expulsadas de España por discrepar ideológicamente de los vencedores de la guerra”.

     Valiente fue igualmente la frontal oposición de Garzón a la ilegal guerra de Irak y a las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas ocupantes, especialmente en el prisión de Abu-Ghraib.

     Por todo lo dicho, la trayectoria judicial de Garzón ha abierto nuevos caminos para que España se integre plenamente en un nuevo sistema de justicia penal universal que permita el procesamiento de  los crímenes contra la humanidad, y ello ha sido la causa principal por la que sus adversarios (los sectores más conservadores de la judicatura y los grupos nostálgicos del franquismo), para intentar neutralizarlo, lo cual han logrado siquiera sea temporalmente. Sin embargo, el compromiso ético de Garzón en esta materia sigue firme, máxime cuando en la actualidad se halla vinculado a la Corte Penal Internacional (CPI), la cual, con arreglo al artículo 7 de sus Estatutos, permite enjuiciar este tipo de crímenes, los cuales tienen la condición jurídica de imprescriptibles. Por lo cual, la CPI, al igual que ya han hecho los tribunales de Argentina, en aplicación del principio de justicia universal, puede reabrir la causa por los crímenes del franquismo, lo cual, de no actuar los tribunales españoles con la misma valentía y determinación que Garzón, sería una indignidad para nuestra democracia y nuestra judicatura, incapaz de saldar una deuda pendiente desde hace tantos años con las víctimas del franquismo puesto que, como escribía el propio Garzón, “las voces que postulan el olvido pueden tener algún argumento dialéctico o incluso político, pero no moral”.

     Pese a todo, hay signos de esperanza: el pasado 7 de enero la Audiencia Nacional, en aplicación de la justicia penal universal, decretó el auto de procesamiento y entrega del nazi John Demjanjuk por crímenes contra la humanidad y complicidad de genocidio cometidos en el campo de concentración de Flossenbürg durante la II Guerra Mundial. Próximos al 27 de enero, instituido como Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto y de los crímenes contra la humanidad, y con el futuro procesamiento de Garzón en el horizonte y a quien reiteramos nuestro apoyo, considero que avanzar hacia la reparación, también jurídica, de las víctimas del franquismo, sería no sólo el mejor homenaje para con ellas y sus familias, sino un estímulo para la salud democrática nuestra sociedad, en este año 2011 en que se cumple el 80º aniversario de la proclamación de la II República Española, por cuyos ideales y valores muchas de ellas dieron la vida.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 25 enero 2011 y Diario de Teruel, 14 febrero 2011)

 

 

 

EL VALLE DE LOS CAÍDOS, UNA CRUZ PARA LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

 

 

     Cada año, en torno al 20 de noviembre, se suceden las mismas escenas de los nostálgicos del franquismo queriendo honrar a Franco en el Valle de los Caídos, imágenes que, como viejos espectros del pasado, agitan nuestra memoria reciente cual si se tratara de una pesada cruz que todavía arrastra nuestra democracia 35 años después de la muerte del dictador.

     El Valle de los Caídos, imponente y faraónica memorial, símbolo por excelencia del franquismo, sigue siendo sin duda el  lugar más emblemático para el fascismo español. Así, en la página web de la Fundación Francisco Franco hallamos un amplio dossier bajo el engañoso título de “Lugar de reconciliación y de paz” en el que podemos leer todo un cúmulo de despropósitos escritos en el más rancio lenguaje de otras épocas, llegándose incluso al cinismo de  denunciar la que califica de “campaña contra el Valle de los Caídos con la pretensión de convertirlo en un monumento laico, desatada desde sectores comunistas y que propugnan la ruptura de la unidad de España, con datos inexactos, cuando no tergiversados”. Resulta igualmente indignante el que la Fundación franquista, ignorando deliberadamente la realidad histórica, sigue negando  que dicha obra fue realizada por presos políticos republicanos, que muchos de ellos murieron durante los 20 años que duró su construcción, o que dichas obras “supusiesen un dispendio para las finanzas públicas”.

     Los franquistas de ayer y de hoy siempre han querido presentarnos el Valle de los Caídos como “un monumento representativo de la reconciliación nacional” por el hecho de que en el mismo hay enterrados casi 40.000 españoles que lucharon en ambos bandos durante la guerra civil. Esa misma idea, ya la recogió el corresponsal en Madrid del New York Times el día de su inauguración, el 1 de abril de 1959, el “Día de la Victoria” en el calendario del régimen y cuando se cumplían los 20 años del final de la contienda: en pleno idilio anticomunista entre el régimen y los EE.UU., en dicha crónica, se podía leer que, con este monumento, “Franco ofreció el ramo de olivo de la paz a los millones de españoles que entre 1936 y 1939 lucharon al lado del Gobierno republicano vencido”. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad: ni el franquismo se reconcilió con los vencidos en  pues todavía quedaban 16 duros años de dictadura, ni este memorial, por su origen, su significado, su construcción  (realizada, para mayor ignominia con el trabajo y sufrimiento de miles de presos políticos republicanos entre 1940 y 1959) ni por su objeto último (ser lugar de enterramiento del dictador y de José Antonio Primo de Rivera), tenía nada que ver con una ansiada y necesaria reconciliación entre las dos Españas desgarradas por el enfrentamiento fratricida y por las consecuencias del mismo.

     Ante esta situación, en estos últimos años, diversas asociaciones memorialistas han querido poner las cosas en su sitio, denunciar la apología del franquismo que suponía la utilización partidista del Valle de los Caídos a la vez que honrar la memoria de las víctimas republicanas. Ahí están las iniciativas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), los Foros por la Memoria, o la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados por el Franquismo (AFARIIREP) tendentes a adecuar y redefinir el sentido que debe tener el Valle de los Caídos en nuestra sociedad democrática. Algo se ha avanzado con la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, que en su artículo 16.2 prohíbe la celebración en el mismo de “actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”, pero no es suficiente. Tal y como proponen estas asociaciones, resulta evidente que, dado que el Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional, debe ser un lugar aconfesional y, por ello, sería necesario desacralizar su basílica y trasladar a la comunidad monástica que lo habita. De igual modo, los restos de Franco y José Antonio se deben de entregar a sus familias, así como también identificar a varios miles de combatientes allí sepultados y exhumar los restos de todos aquellos que, como fue el caso de los republicanos, fueron llevados a este lugar  sin el consentimiento de sus familias, un inaudito robo de cuerpos para intentar simbolizar una reconciliación que nunca existió durante el franquismo, esto último aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre. Otra de las demandas memorialistas pide que se investigue a las empresas que se lucraron durante su construcción con mano de obra esclava republicana indemnizando a sus supervivientes o a sus familias, tema éste inédito en España, a diferencia de lo ocurrido en otros países como Alemania tras la derrota del nazismo. Y la exigencia fundamental: que el conjunto del Valle de los Caídos se convierta en lo que moralmente debe ser: un Memorial que honre a las víctimas del franquismo  y recuerde lo que la dictadura supuso en nuestra historia reciente.

     No estoy de acuerdo con quienes pretenden volar o desmantelar la gran cruz que preside la basílica. Y ello por dos razones: porque representa la utilización por parte del franquismo de los símbolos y valores cristianos en beneficio exclusivo de su dictadura contando para ello con la entusiasta connivencia de gran parte de la Iglesia católica. Pienso que no se entendería lo que supuso el franquismo sin esa amalgama de ideas fascistas, pensamiento conservador y clericalismo. Se convierte, pues, en un símbolo, triste símbolo, de esa vuelta anacrónica a la unión de la cruz y la espada, de tan funestos recuerdos en nuestra historia, de la manipulación del verdadero mensaje evangélico, del cual tan responsable fue la Iglesia adicta y legitimadora del franquismo. Tampoco estoy de acuerdo en demolerla por una segunda razón pues, de hacerlo, desaparecería una parte del dolor y del sufrimiento que supuso su construcción para los presos políticos republicanos, como tampoco hay que destruir los restos de los campos de exterminio nazis para que así sean lugares de la memoria y, con ellos, educar a las futuras generaciones en lo que supuso la magnitud del genocidio nazi (o el franquista) y así inmunizarlas ante cualquier delirio fascistoide, xenófobo o racista.

     Por todo ello, considero que ha llegado el momento de que los poderes públicos asuman las propuestas de las asociaciones memorialistas. Ello requiere, una voluntad política por parte del Gobierno, que deberá reformar en este punto y otros muchos la Ley de la Memoria Histórica. Sólo así, el Valle de los Caídos dejará de ser una cruz que pesa como una losa sobre la conciencia democrática española.

 

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 noviembre 2010 ; Diario de Teruel, 28  noviembre 2010)

 

DOS MONUMENTOS, DOS HISTORIAS DISTINTAS

     

     Con profunda emoción asistí el pasado 27 de octubre al acto de inauguración del Memorial a las víctimas republicanas asesinadas por el franquismo en las tapias del Cementerio de Torrero de Zaragoza. De este modo, se honraba a nuestros familiares asesinados y, pese a tantos años de espera, el significado de tan emotivo acto adquiere una dimensión de justicia, de reafirmación de la cultura de la memoria y, desde luego, también, de los valores republicanos por los que murieron nuestros familiares y multitud de representantes de las organizaciones políticas y sindicales hermanados por su sacrificio en este Memorial.

     Gracias a la iniciativa de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza y al empuje y coraje de Julián Casanova, que junto con su equipo de historiadores, son todo un ejemplo modélico del compromiso a favor de la recuperación de la memoria histórica en Aragón, con este Memorial se honra con dignidad y justicia a todos los republicanos a los que ha sido posible identificar, con nombres y apellidos, una iniciativa valiente que merece el agradecimiento ciudadano, pues con ello, se les libera de un olvido al que el franquismo pretendió condenarlos después de asesinarlos en una represión implacable, calificada de genocidio por la legislación penal internacional. Ciertamente, era una iniciativa necesaria y, de este modo, Zaragoza se convierte en la primera ciudad española que dedica un monumento individualizado a los represaliados republicanos: recorrer las 3.543 placas que recuerdan los nombres, edad, y las fechas de su asesinato de nuestros familiares y compañeros de organizaciones políticas y sindicales, sirve, también, para constatar, entre lágrimas, la auténtica dimensión del baño de sangre que supuso la represión franquista y que se simboliza en el cubo rojo de Arrudi en el que culmina esta espiral de emociones, esta ruta de la memoria.

     Al recordar todo esto, pienso que Zaragoza ha escrito una página digna de su historia. En contraste, me viene a la memoria que todavía quedan muchos, demasiados, republicanos asesinados en fosas y cunetas a lo largo de toda nuestra geografía, que merecen idéntica  reparación. También recuerdo en estos momentos la situación de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, faraónica obra erigida entre 1940-1959 por el general Franco para perpetuar la memoria de la guerra. Es una triste historia que,  ante la evidente laguna que sobre esta cuestión supone el artículo 16 de la Ley de la Memoria Histórica, pretende ahora ser reparada por el Gobierno de España, el cual se ha comprometido a financiar la exhumación de todas las víctimas del franquismo cuyos restos fueron robados para rellenar los nichos del Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias.

     Sobre el Valle de los Caídos, construido como macromemorial para honrar a la dictadura franquista (no fue casualidad que se inaugurase un 1 de abril de 1959, el 20º aniversario del final de la guerra, el “Día de la Victoria” en la terminología del régimen),  lo que no es tan conocido es el delirante proyecto, cual de una peculiar “ruta de la memoria” se tratara, diseñado por Salvador Dalí y radicalmente distinto al espíritu y el sentido del Memorial zaragozano. Y es que Dalí,  al margen de su genialidad artística,  era también un entusiasta partidario del régimen franquista. Gracias a la autobiografía de Luís Buñuel publicada con el título de Mi último suspiro, sabemos algo más sobre el esperpéntico memorial proyectado por Dalí en relación a los caídos en nuestra guerra fraticida. Así, tras destacar Buñuel las simpatías de Dalí con el fascismo,  nos describe en los siguientes términos el referido proyecto daliniano:

     “Propuso [Dalí], incluso, a la Falange, un monumento conmemorativo bastante extravagante. Se trataba de fundir juntos, confundidos, los huesos de todos los muertos de la guerra. Luego, en cada kilómetro, entre Madrid y El Escorial, se alzarían una cincuentena de pedestales sobre los que se colocarían esqueletos hechos con los huesos verdaderos. Estos esqueletos serían de tamaño progresivamente mayor. El primero, a la salida de Madrid, tendría tan sólo unos centímetros de altura. El último, al llegar a El Escorial, alcanzaría los tres o cuatro metros. Como es de suponer, el proyecto fue rechazado”.

     Si bien Buñuel se mantuvo durante toda su vida fiel al ideal republicano, y ello le supuso, como a tantos compatriotas penalidades y años de exilio, su en otros tiempos amigo Dalí, se acomodó y enriqueció al amparo de una dictadura a la que siempre rindió vasallaje. Por ello es tan importante el valor ético de la memoria, tal y como se refleja en el Memorial zaragozano de Torrero y por ello, quiero recordar unas palabras, también de Buñuel, sobre el valor de la memoria, tanto para las personas como para cimentar y fortalecer, día a día, las bases de nuestros valores democráticos:  “una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada”.  Estas palabras de Luís Buñuel adquieren hoy pleno sentido pues,  al contemplar el Memorial de Torrero, no sólo honramos a las víctimas republicanas, sino que se interpela a nuestra conciencia para preservar su recuerdo y su compromiso político por ampliar los horizontes de la libertad y la justicia, en homenaje a ellos y como legado ético para las generaciones futuras.

 

José Ramón Villanueva Herrero    

(publicado en El Periódico de Aragón, 29 octubre 2010)

 

    

 

ÁNGEL SANZ BRIZ, EN SU CENTENARIO

     

     Durante los días en que Aragón se hallaba sumido en el hondo dolor producido por la muerte de Labordeta, estando además en vísperas de una huelga general, pasó desapercibido el centenario de un ilustre aragonés: el diplomático Ángel Sanz Briz, nacido en Zaragoza un 28 de septiembre de 1910.

     Sanz Briz, de digna memoria, es conocido mundialmente por su labor humanitaria llevada a cabo durante 1944 cuando estando al frente de la embajada española en Budapest, salvó la vida de 5.200 judíos húngaros del metódico exterminio al cual los había condenado la barbarie nazi durante la II Guerra Mundial en lo que conocemos como el Holocausto, la Shoah, en hebreo.

     Cierto es que la ciudad de Zaragoza declaró a Sanz Briz “Hijo Predilecto” en 1977, que años después se dedicó a su memoria una plaza en la capital aragonesa embellecida con un busto de nuestro ilustre paisano, o que un Instituto de Educación Secundaria lleva su nombre en el zaragozano barrio de Casetas. También es verdad que el pasado verano la localidad oscense de Peraltilla, de donde era originaria su abuela materna, le rindió un emotivo homenaje.

     Sin embargo, también es cierto que este centenario pasó casi desapercibido y sólo dos artículos aparecidos en dos diarios madrileños se hicieron eco de la memoria de Sanz Briz con tal motivo: este fue el caso de El País, en donde el historiador Isidro González, especialista en el judaísmo español contemporáneo publicó un artículo titulado “El silencio y la soledad de un gran diplomático: Ángel Sanz Briz” (3 octubre) o el que apareció en el diario El Mundo firmado por Samuel Bengio, presidente de la Comunidad Israelita de Madrid con el título de “El Ángel de Budapest en el centenario de su nacimiento” (28 septiembre).

     En torno a la figura de Sanz Briz, al rememorar su digna labor en los tristes días de la Budapest de 1944, en que se inició el exterminio de los judíos húngaros por parte de las SS hitlerianas (Alemania había invadido el país en el mes de marzo) y de sus aliados magiares del Nyilas Keresztes Mozagalom (Movimiento de la Cruz Flechada), conviene, a mi modo de ver, hacer dos consideraciones.

     En primer lugar, destacar que el compromiso personal asumido por Sanz Briz a favor de la comunidad judía condenada al exterminio, respondió a un impulso ético, a un acto de su conciencia inspirada por sus profundos principios cristianos. De este modo, ante la brutalidad del nazismo, ante el silencio cómplice del régimen franquista y en especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, optó por actuar por cuenta propia sin esperar instrucciones de sus superiores (que nunca llegaron), y se implicó plenamente en salvar cuantas vidas de judíos húngaros le fue posible, cifra estimada en torno a 5.200 personas, (más de las que salvó Oskar Schindler, por cierto), expidiéndoles pasaportes y visados españoles lo cual evitó la deportación de éstos al campo de exterminio nazi de Auschwitz.

     Aunque años después la dictadura franquista quiso lavar su imagen de connivencia con los regímenes nazi-fascistas derrotados en la II Guerra Mundial haciendo suya la labor llevada a cabo por Sanz Briz y otros diplomáticos españoles comprometidos en la salvación de los judíos perseguidos en los países de la Europa ocupada, lo cierto es que su actuación respondió a la actuación personal de éstos ante la magnitud del genocidio que estaba desarrollándose ante ellos y no a instrucciones emanadas de Madrid como en 1961 pretendió hacer creer el ministro Fernando María Castiella.  En este sentido, el periodista Diego Carcedo, en su libro Un español frente al Holocausto. Así salvó Ángel Sanz Briz a 5.000 judíos (Madrid, Temas de Hoy, 2000), no duda en calificar de “actitud timorata” el comportamiento del Gobierno franquista y en especial la del Francisco González Jordana, entonces ministro de Asuntos Exteriores,  a quien Sanz Briz envió un detallado dossier sobre el exterminio que se estaba cometiendo con el pueblo judío titulado “Informe sobre los campos de trabajo de Birkenau y de Auschwitz”. Nunca tuvo respuesta desde Madrid pese al estremecedor relato ofrecido por Sanz Briz y ello  desmonta el argumento esgrimido por la dictadura franquista según el cual ésta desconocía la existencia y la magnitud del holocausto que se estaba perpetrando por parte de su amiga la Alemania nazi.

     Igualmente, Sanz Briz coordinó su  labor humanitaria con otras legaciones diplomáticas de países neutrales (oficialmente, la España franquista lo era) en la Hungría ocupada por los nazis y ante la cual avanzaba ya el Ejército soviético. Este fue el caso de los representantes de Suecia (Raoul Wallenberg y Carl Daniellson), de Suiza (Karl Liz), Portugal (conde Pongracz), el nuncio del Vaticano (Angelo Rotta) y el delegado de la Cruz Roja Internacional (Friedrich Born). Todos ellos firmaron, junto con Sanz Briz, una nota de enérgica protesta pidiendo el cese inmediato de las deportaciones de judíos ante Döme Sztójay, jefe del filonazi Gobierno húngaro  y ante las fuerzas e ocupación alemanas comandadas por el todopoderoso Karl Adolf Eichmann, jefe de los temidos Einsatzgruppen de las SS y uno de los artífices de la tristemente conocida como “solución final” hitleriana destinada a exterminar al pueblo judío en la Europa ocupada.

     La segunda reflexión tiene un componente ético. El recuerdo de Sanz Briz no es sólo necesario desde la perspectiva de la memoria histórica. Su ejemplo y compromiso  nos interpela ante hechos preocupantes que ocurren ante nosotros: ahí están las políticas  racistas hacia la comunidad gitana de los gobiernos conservadores de Berlusconi y Sarkozy, el vergonzoso silencio de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (también de Zapatero), incapaces  de hacer el más mínimo reproche  a Sarkozy por sus deportaciones de ciudadanos gitanos en la cumbre del pasado 16 de septiembre, o el preocupante auge de grupos abiertamente xenófobos como  la Plataforma per Catalunya de Josep Anglada. Por ello, el recordar ahora que se ha cumplido el centenario de su nacimiento, la figura de Sanz Briz supone asumir y defender en todo momento y lugar el valor y la dignidad del ser humano, de todos los seres humanos, por encima de tentaciones  insolidarias, excluyentes o racistas. Ese es el legado de Sanz Briz para las instituciones democráticas progresistas y para los ciudadanos comprometidos, un camino para hacer más habitable y justa la sociedad que nos ha tocado vivir.

    

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 14 octubre 2010)