EL BREXIT Y LA SEGURIDAD EUROPEA: TODOS PERDEMOS

 

     Entre las múltiples y complejas consecuencias del Brexit, también hay que tener en cuenta lo que va a suponer la salida del Reino Unido  de la Unión Europea  (UE) en materia de seguridad y defensa, pues no debemos olvidar que no se trata de un país cualquiera, sino de una  potencia global con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y que, además, es la quinta  economía mundial. En consecuencia, como señalaba Félix de Arteaga, en su estudio  La defensa y la seguridad de la UE tras el Brexit” (2016), el Brexit va a suponer “un problema de credibilidad, capacidad y liderazgo en la seguridad y la defensa de la Unión Europea”.

    Asumido el hecho de la salida británica de los organismos comunitarios, las opiniones más pesimistas la interpretan como una pérdida de capacidad militar para proporcionar seguridad internacional en nuestro entorno, unido al hecho de que ello supondrá, también, perder capacidad policial y de inteligencia frente al creciente riesgo del terrorismo internacional. Por el contrario, para los optimistas, que también los hay, el Brexit puede ser una oportunidad para relanzar la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y para progresar en la integración del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, más conocido como “Espacio Schengen”, del cual por cierto se autoexcluyó el Reino Unido, acelerando así las políticas e instituciones de fronteras, costas y antiterroristas de la UE.

     Pese a esta visión optimista, lo cierto es que la seguridad y la defensa europeas se van a ver a corto plazo afectadas negativamente por la salida británica. Todo ello resulta especialmente grave en estos momentos en que la amenaza yihadista se extiende por Europa, y de forma especial en el Reino Unido, como ha quedado patente en los recientes atentados de este signo ocurridos en Manchester y Londres, sin olvidar tampoco la reciente matanza que ha tenido lugar  en Barcelona el pasado día 17 de agosto. Si todo esto ocurría siendo todavía el Reino Unido miembro de la UE, los riesgos de seguridad antiterrorista pueden ser todavía mayores y de peores consecuencias tras el Brexit, y de ello debemos de  ser todos conscientes,  también el Gobierno y la ciudadanía británica.

     Por todo lo dicho, aunque hay que estar pendientes de los resultados de las difíciles y espinosas negociaciones que ahora se inician para hacer efectivo el Brexit, y a pesar de que el Reino Unido cuenta con uno de los modelos antiterroristas más desarrollados de Occidente como es el caso del Joint Terrorism Analysis Center y el célebre MI5, tampoco éstos se hallan exentos de fallos y deficiencias como se ha puesto en evidencia en los últimos atentados sufridos en territorio británico, a ello hay que añadir, tal y como advertían Fernando Reinares y Carola García-Calvo en su trabajo titulado Brexit, terrorismo y antiterrorismo (2016), la salida británica de la UE va a tener cinco consecuencias negativas para la capacidad británica de prevención y lucha contra la amenaza terrorista, especialmente la de signo yihadista:

    1.- En primer lugar, el Reino Unido no podrá beneficiarse del acceso a bases multilaterales de datos, algo de vital importancia para la prevención y la lucha antiterrorista aunque, lógicamente, intentará compensarlo con acuerdos bilaterales y potenciando su “relación privilegiada” con EE.UU., aprovechando la sintonía política entre la Premier Theresa May con el siempre imprevisible Presidente Donald Trump.

    2.- El Reino Unido no podrá contar con la colaboración de EUROPOL ni con el nuevo Centro Europeo contra el Terrorismo.

   3.- Tampoco podrán  seguir beneficiándose las autoridades británicas de la Orden Europea de Detención y Entrega, (la “Euro Orden”) y, por ello, deberán recurrir a procedimientos más lentos y complicados de extradición para perseguir terroristas arrestados en la UE.

   4.- El Reino Unido quedará también privado  de EUROJUST y de la contribución de esta Agencia de la UE a la cooperación judicial antiterrorista.

   5.- Por último, el Gobierno británico dejará de percibir fondos comunitarios para sus iniciativas nacionales de prevención de la radicalización terrorista.

     A todo lo dicho, también hay que añadir que, como recordaba Javier Albaladejo,  el Reino Unido tampoco podrá contar con los beneficios del Acuerdo del Consejo Europeo de 10 de junio de 2016 que significó la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de información que permite hacer frente de una manera más eficaz a las amenazas a la seguridad interior de la UE en su conjunto y de cada uno de sus Estados en particular, tales como son el terrorismo internacional o la delincuencia organizada.

     Por estas razones, a modo de conclusión, y a la vez como “aviso a navegantes” para otros partidos o países con veleidades de abandonar la UE, como señalaban los citados Reinares y García-Calvo, la realidad es que “los ciudadanos británicos van a resultar más perjudicados y su aislamiento o la ilusión de recuperar, fuera de la UE, una soberanía sobre su seguridad nacional que nunca cedieron, no va a protegerles mejor de la amenaza yihadista del terrorismo global”. Ciertamente, estas frases parecen premonitorias de lo que pueden ser los negativos efectos colaterales que, también en el campo de la seguridad antiterrorista, van a suponer tanto para el futuro del Reino Unido como también para el conjunto de la UE, la aplicación del Brexit con todas sus consecuencias. En definitiva, con esta ruptura, todos salimos perdiendo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 agosto 2017)

 

 

LA LARGA SOMBRA DEL GENERAL MANUEL PIZARRO

 

     Ante el creciente auge de la actividad guerrillera  en la provincia de Teruel, el general Franco nombró, por  Decreto de 17 de julio de 1947, Gobernador Civil de la misma al general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor con el mandato expreso de acabar con el maquis, al igual que ya había hecho antes dicho militar en las provincias de León y Granada. De este modo, Pizarro asumió plenos poderes civiles y militares ya que, además de Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, cargo que ocupó hasta 1954, era también Jefe de la V Región de la Guardia Civil.

     Manuel Pizarro, estrecho colaborador del Franco, razón por la cual se vanagloriaba de ser de los pocos que podían llamar con familiaridad  (y en su presencia) “Paco” al dictador, tuvo un carácter duro, autoritario e implacable. Recuerdo que me contaron que, en cierta ocasión, Pizarro ordenó a un funcionario de un municipio de la sierra de Cucalón que se comiese en su presencia un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia como castigo por haber incumplido una disposición del general-gobernador allí publicada.

     Pero mucho mas duro fue Pizarro en la lucha contra el maquis. Unos meses antes de su nombramiento como Gobernador de Teruel, el régimen había aprobado el Decreto-Ley de Represión del Bandidaje y del Terrorismo (18-IV-1947) y una Circular de la Dirección General de Seguridad (11-III-1947) prohibía expresamente utilizar el término de “guerrilla” o “guerrillero”, ordenando que se emplease el de “bandolerismo” o “bandolero”. Estas circunstancias van a ser utilizadas por Pizarro para, investido de plenos poderes, y tras militarizar todo el territorio provincial considerándolo “zona de guerra”, iniciar lo que Mercedes Yusta define como “una guerra personal contra el maquis”, a los que el general llamaba  despectivamente “forajidos”.

     Pizarro que, en su “cruzada” particular contó con el apoyo  de numerosos contingentes de la Guardia Civil, y, también de  la Policía Armada, voluntarios de Falange y somatenistas, intentó controlar los refugios naturales de la guerrilla en las serranías. Para ello, ordenó el desalojo de todas las masías para así cortar el apoyo y los suministros al maquis, utilizó nuevas tácticas de contraguerrilla (guardias disfrazados de maquis que roban y torturan indiscriminadamente) y de “tierra quemada” (quema de cosechas) para así minar los apoyos civiles al maquis. Igualmente, bajo su mandato se vivió una situación de auténtico terror entre la población sospechosa de simpatizar con la guerrilla utilizando métodos de enorme dureza: las palizas, los fusilamientos simulados para lograr confesiones, el envenenamiento de víveres o la implacable aplicación de represalias y de la fatídica “ley de fugas”, fueron frecuentes. Además, como testigos mudos de todo ello, ahí quedaron nuevas fosas comunes, como las existentes en Alcalá de la Selva, Mora, Monroyo, Civán y otros lugares de triste recuerdo.

     La ofensiva de Pizarro se inició el 9 de agosto de 1947 con el ataque, mediante un bombardeo con morteros y el posterior incendio del pinar en que se refugiaban, del campamento guerrillero de La Cerollera, en el que tenía su base de operaciones el Sector 17 de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA) al mando de Angel Fuertes (“Antonio”). Unos meses más tarde, el 18 de diciembre, la Guardia Civil asaltó el campamento del maquis en Monte Camarracho, cercano a Cabra de Mora y poco tiempo después el objetivo fue el campamento-escuela del Sector 11 del AGLA de Monte Rodeno, situado en el término de Tormón.

     Aunque en 1948 tuvo lugar la llamada “ofensiva de primavera” del AGLA, ésta se hallaba muy debilitada por la acción represiva de Pizarro. No obstante, el maquis mantuvo una cierta actividad hasta finales de 1949, fecha en la cual murió cerca de Alcañiz Pelegrín Pérez (“Ricardo”), máximo responsable del AGLA, y el 7 de noviembre era asaltado el importante campamento de Santa Cruz de Moya, localidad conquense convertida en la actualidad en un auténtico memorial de la lucha guerrillera antifranquista.

     Por todo lo dicho, la larga y negra sombra del general-gobernador Pizarro quedó marcada a sangre y fuego en las tierras de Teruel. No obstante, ahora, 70 años después de aquellos trágicos hechos,  es de justicia recordar la memoria del maquis turolense, de aquellos tenaces combatientes antifranquistas, de todos los enlaces civiles que, en tan difíciles circunstancias apoyaron su lucha para intentar abrir nuevos horizontes de libertad y de progreso social para España. En este sentido, resulta esperanzador el hecho de que las instituciones aragonesas reactiven políticas públicas de la memoria: este es el caso de la futura Ley de Memoria Democrática impulsada desde el Gobierno de Aragón, la  concesión el pasado día 4 de julio por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza de la Medalla de Oro de Santa Isabel de Portugal a las asociaciones memorialistas aragonesas, la recuperación de las subvenciones esta materia por parte tanto del Gobierno autonómico como por las diputaciones de Huesca y Zaragoza, o el futuro proyecto del Memorial por la Paz de Teruel. Ese es el camino a seguir por un  elemental sentido de justicia democrática.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 julio 2017)

 

EN MEMORIA DEL MAQUIS TUROLENSE

 

     En la recuperación de la memoria histórica antifranquista, un capítulo importante fue el de la lucha guerrillera, el maquis, el cual tuvo su máxima actividad durante los años 1946-1947, también en Aragón, y de forma especial en las tierras turolenses, tanto es así que Eduardo Pons Prades en su libro Guerrillas españolas: 1936-1960,  destacaba el hecho de que la provincia de Teruel “fue sin lugar a dudas, una de las más guerrilleras de España. Tanto por la existencia de bases principales en todas sus zonas montañosas sin excepción como por la importancia de sus partidas y también por la duración del enfrentamiento guerrillas-fuerzas del orden”.

     Y así fue, pues el maquis turolense, partiendo de sus bases de operaciones en el Maestrazgo, Cuencas Mineras y Montes Universales, fueron diversas partidas guerrilleras las que actuaron a lo largo de toda la provincia. Este fue el caso de, entre otros, de “Espartaco”, una partida libertaria mandada por “Modesto”, un minero de Armillas, de la cual dependían otros grupos como los de “El Zagal” (un joven anarquista de Escucha), “El Macho” (Justiniano García) y “El Chaval” (Pedro Acosta), ambos libertarios y naturales de Utrillas, o el grupo de guerrilleros socialistas al mando de “El Soriano”. Otros dirigentes guerrilleros fueron “Rabós” y “Petrol” (José Ramia Ciprés), ambos de Aguaviva, “Paco el Serrano” (Francisco Serrano Iranzo) y su compañera “La Pastora” (Teresa Plá), los dos de Castellote, “El Pinchol” (Florencio Guillén), natural de Gúdar, “Jalisco”, “Pepito el de Mosqueruela”, el turolense “Delicado” o el grupo del anarquista alcañizano Paco Antolín. Cuando en 1947, momento álgido de la actividad del maquis en Aragón, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), bajo dirección del PCE, destacará la figura de “Ricardo” (Pelegrín Pérez), posiblemente el mejor dirigente del maquis de cuantos actuaron en tierras turolenses.

     La importancia del maquis en Teruel nos la ofrecen los mismos datos oficiales de la dictadura franquista a la que combatían. Según éstos,  se produjeron en la provincia las siguientes acciones: refriegas con las fuerzas del orden (73), muertos en la población civil (43), secuestros (27), sabotajes (57), golpes económicos (302), guerrilleros muertos (105), guerrilleros heridos (32), guerrilleros presos (67), guerrilleros entregados (10), enlaces de la guerrilla detenidos (812), fuerzas del orden muertos (12) y fuerzas del orden heridos (32). Como vemos, destaca el importante número de turolenses detenidos por colaborar con el maquis, así como los golpes económicos, a los que habría que añadir las multas a los delatores y confidentes de la policía. Entre los muertos, además de los maquis caídos, hay que añadir la ejecución de, además de algunos torturadores o colaboradores con las fuerzas represoras, a autoridades franquistas locales tales como los alcaldes de Villar del Cobo, El Cuervo, Tramacastiel o los casos del cabo de la Guardia Civil y el médico de Mas de las Matas. Estas acciones sólo sirvieron para desatar una violentísima represión, la cual, bajo el mandato del general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor,  de triste recuerdo en las tierras turolenses, caracterizó a la lucha antiguerrillera por parte de las fuerzas del régimen franquista.

     Las principales acciones del maquis ocurridas durante 1947, el año de su mayor actividad,  hechos de los cuales ahora se cumplen siete décadas, fueron la voladura y descarrilamiento del ferrocarril Central de Aragón entre Barracas y Rubielos (7 mayo), el asalto al tren pagador en Caudé (julio), el ataque a dos camiones de la Guardia Civil que se dirigían desde la localidad conquense de Tragacete a Teruel (3 diciembre) el cual ocasionó 12 muertos y varios heridos y que generó una brutal represalia posterior por parte de las tropas a las órdenes del general Pizarro, o la ocupación temporal por parte del maquis de algunos pueblos como Sarrión, Foz Calanda o La Cerollera. En este última localidad, la ocupación tuvo lugar en una fecha tan simbólica como era el 18 de julio y allí, tras  desarmar al somatén local, se ordenó que se personase un vecino de cada casa en la plaza en donde, ante una pancarta en la que podía leerse “Campesinos: los guerrilleros de Levante te protegen”, se procedió a la quema de los retratos de Franco y José Antonio y a izar la bandera tricolor en el Ayuntamiento de La Cerollera. Posteriormente, se homenajeó en el cementerio a dos maquis muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil el pasado 14 de marzo,  y tras cantar el “Himno del Guerrillero” y disparar salvas de honor, los combatientes volvieron al monte.

     La actividad guerrillera no sólo se dejaba notar en el monte, en las masías y en los pequeños pueblos serranos, sino que también se extendía a poblaciones más grandes como era el caso de Alcañiz. En la ciudad bajoaragonesa, en donde existían núcleos clandestinos (y activos) de la CNT, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) y de Juventudes Socialistas (JSE), se tiene constancia que en vísperas del 18 de julio se colgaron banderitas republicanas y el grupo “La Monegal”, tapadera de la CNT local, actuaba como enlace de la guerrilla de la zona. De hecho la desarticulación de la CNT, ANFD y JSE alcañizanas en agosto de 1947, al poco de ser nombrado Gobernador Civil de Teruel el general Pizarro, dio lugar a varios asesinatos, como el del grupo alcañizano de “El Bonito” en Civán, y más tarde los ocurridos en Monroyo, ambos en aplicación de la “ley de fugas” a presos republicanos, así como a la desarticulación de 3 campamentos guerrilleros, entre ellos, el existente en los montes de La Cerollera.

     Si bien 1947 fue el momento álgido de la guerrilla antifranquista en la provincia de Teruel, momento del cual ahora se cumple el 70º aniversario y por ello hoy lo recordamos, también es cierto que la llegada  en ese mismo año del general Manuel Pizarro Cenjor como nuevo Gobernador Civil de Teruel con plenos poderes políticos y militares, así como la implacable represión desatada por éste contra el maquis y sus apoyos, produjo al poco tiempo un cambio radical de la situación, tema éste al que nos referiremos posteriormente en otro artículo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 julio 2017)

 

 

UN ASCENSOR (SOCIAL) AVERIADO

 

   La crisis global ha causado un  preocupante aumento de la desigualdad social, situación que ha supuesto un deterioro de la cohesión interna en las sociedades que han sufrido el vendaval de los ajustes y recortes de todos conocidos. Esta situación resulta especialmente grave en España, uno de los países con mayores índices de desigualdad de la Unión Europea (UE). Así, según datos de Eurostat referidos a 2015, España en el 6º país con mayor desigualdad de los 28 de la UE, sólo por delante de Grecia, Letonia, Bulgaria, Rumanía y Lituania. Por su parte, la Encuesta de Condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el período 2010-2015 señala que la pérdida media de renta en España ha sido de un 21% entre las personas más pobres, lo cual es ejemplo patente del incremento de la pobreza relativa, esto es, de quienes (mal)viven con menos del 60% del ingreso de renta medio.

   Por otra parte, como denunciaba el Informe de Save the Children titulado Desheradados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas pública en España (2017), asistimos a una  alarmante tendencia hacia el fin de lo que se conocía como la “movilidad social ascendente”, esto es, la aspiración personal por lograr una clase social y unos ingresos mayores que los que tuvieron nuestros padres, lo cual supone el final del sueño de que íbamos a vivir mejor que la generación precedente, mejor que nuestros padres y de que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros.

    La movilidad social ascendente aumentó significativamente en España en el período histórico de la industrialización, coincidiendo con el proceso del éxodo del campo a la ciudad de importantes contingentes de población en busca de una vida mejor. Unido a ello, durante las últimas décadas, la educación en igualdad de oportunidades se había convertido en el principal ascensor social para las jóvenes generaciones, dado que permitió reducir otros muchos condicionantes que hasta entonces, especialmente en el caso de los hijos de la clase obrera, dificultaban la movilidad social ascendente.

    Pese a lo dicho, en la actualidad resulta obvio que las consecuencias de la crisis global han dañado seriamente este proceso y, por ello, se ha empezado a hablar de “movilidad descendente”, lo cual significa que los hijos tienen menos ingresos y un futuro más incierto  que el de sus padres. Prueba de ello es que al contrario que tiempo atrás, la Universidad ya no es un ascensor social puesto que los estudios universitarios ya no garantizan un mejor nivel de vida, de renta y de estatus social. Las razones que han averiado este ascensor social que serían varias:

 - en primer lugar, la tasa de sobrecualificación, esto es, el porcentaje de trabajadores en empleos que requieren menos cualificación de la adquirida, tasa que en España es de las mayores de Europa,  como lo prueba la multitud de titulados universitarios que, ante la escasa oferta de empleos idóneos a sus titulaciones, en caso de encontrar trabajo, éste se caracteriza por su escasa cualificación, sus precarias condiciones laborales (trabajos temporales y a tiempo parcial)  y, por ello, con bajos salarios.

 - en segundo lugar, hay que considerar la actual estructura del mercado laboral, en la cual la demanda se centra, sobre todo,  en empleos no cualificados. Por ello, el citado Informe de Save the Children critica duramente las políticas de empleo que priorizan sectores económicos como el turismo o la construcción, y no por la economía del conocimiento o la tecnología, lo cual limita las expectativas  de futuro de los niños y jóvenes, especialmente de los procedentes de los sectores sociales más desfavorecidos. A ello hay que añadir el elevado desempleo juvenil que hace de España el 2º país de la UE con mayor tasa, sólo por detrás de Grecia, ya que uno de cada dos jóvenes está desempleado y tiene, por ello, su futuro hipotecado.

 - en tercer lugar, el recorte de fondos que ha sufrido el sistema educativo español  (-12% entre 2010-2015), mucho mayor que el -3% aplicado por otros países de la UE. En este sentido, especialmente grave ha sido la reducción en la inversión en becas de estudios del -29% en el citado período, las cuales han sufrido, por ello, un recorte desproporcionado.

    Todo lo dicho parece presagiar, como advertía Save the Children,  “el fin de un determinado período histórico de España”, aquel que estuvo caracterizado por una amplia movilidad social ascendente, y se abre así un negro horizonte hacia un mundo en el cual “los sueños de la infancia más empobrecida no se cumplen nunca” y ello supone que, “sin expectativas realistas de poder vivir mejor, el esfuerzo individual no tiene sentido y la cohesión social se resiente significativamente”.

    Para reconducir la situación y, frente a los alegatos triunfalistas en materia de generación de empleo por parte del Gobierno de Rajoy, para reactivar la movilidad ascendente resulta esencial, como señala I. Marqués Perales, impulsar políticas públicas que promuevan un mayor peso de la economía del conocimiento y de la tecnología avanzada y, de este modo, “se limitaría  la apuesta por sectores económicos que no necesitan que nuestros hijos estudien ni se desarrollen tanto, como pueden ser la construcción y el turismo”.  Es necesario reivindicar, de nuevo, la educación como ascensor social y, para ello, frente a los despiadados recortes sufridos, el futuro debe orientarse hacia el aumento progresivo del gasto en educación hasta situarlo en la media de la OCDE y, además, proteger por ley este gasto, o mejor sería decir inversión educativa,  de futuros recortes presupuestarios. Y en este sentido, la equidad del sistema educativo pasa por una adecuada política de becas, que tan duramente sufrieron el hachazo de los recortes aplicados por las políticas conservadoras en estos últimos años. Sólo así volverá a funcionar de nuevo ese ascensor social ascendente que el neoliberalismo desearía ver siempre averiado como forma de perpetuar la desigualdad y el dominio de los poderosos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 junio 2017)

 

VLADIMIR PUTIN, ZAR DE TODAS LAS RUSIAS

 

    Tras tres victorias electorales consecutivas, el poder político en Rusia tiene nombre y apellidos: Vladimir Putin. Aupado de la mano del partido Rusia Unida, que en las últimas elecciones de septiembre de 2016, obtuvo la mayoría absoluta en la Duma o parlamento  (343 escaños sobre 450), parece consolidarse en la Federación Rusa lo que Mira Milosevich-Juaristi define como “régimen autocrático de Putin” regida por la férrea mano del político ruso.

    Este proceso ha sido favorecido por varias circunstancias, entre ellas, una propagandística potenciación de la imagen del líder ruso cual si de un superhombre se tratara (recordemos que el Kremlin controla la mayor parte de los medios de comunicación), así como a la incapacidad de los partidos de la oposición  de capitalizar el descontento popular y enarbolar las banderas democráticas, a lo cual habría que añadir la apatía política de la mayoría de los ciudadanos (en las pasadas elecciones de 2016 sólo ejerció el derecho al voto el 47,81% del censo).

    Para situarnos debemos tener presente que el sistema pluripartidista ruso se articula en torno a la existencia de tres grupos de partidos: el oficialista Rusia Unida; la oposición “oficial” creada por el Kremlin para fingir una pluralidad política (por ejemplo, el partido Rusia Justa) y, finalmente, la oposición “no oficial” en la que figuran los grupos democráticos y liberales (Parnas,  Yábloko o Rusia Abierta) así como el Partido Comunista de la Federación Rusa.

    Tras el colapso de la URSS (1991) y el fracaso de la transición a la democracia, el ascenso político de Putin se vio favorecido por la evocación del pasado imperial de Rusia, así como por la creencia, vigente desde la época de la zarina Catalina II “La Grande”, ejemplo de “déspota ilustrada” del S. XVIII, de que sólo un fuerte poder central puede gobernar con éxito Rusia. Y así ha sido. Si la Constitución de 1993 otorgaba excesivos poderes al Presidente de la nueva Federación Rusa, en años posteriores se ha producido un mayor endurecimiento del control del sistema político. A modo de ejemplo, la Ley Electoral de 2002 ha sido modificada más de 900 veces, siempre en sentido restrictivo, o el hecho de que, tras las manifestaciones masivas contra el fraude electoral ocurrido en las legislativas de diciembre de 2011, el Kremlin impulsó varias leyes con objeto de legalizar la represión política, por ejemplo, la Ley de Manifestaciones, que permite multar a cualquier ciudadano por el simple hecho de manifestarse con 9.300 euros,  así como otras medidas tendentes a impedir que la oposición pueda competir en condiciones de igualdad con el todopoderoso y oficialista partido Rusia Unida.

    A lo dicho hay que añadir que toda autocracia que se precie se preocupa muy mucho en airear su obsesión enfermiza por la existencia de un enemigo interior o exterior. En este sentido, Putin ha utilizado con habilidad este recurso para neutralizar a los enemigos interiores de su “régimen”, esto es,  los sectores democráticos rusos y, sobre todo, contra los enemigos exteriores que, para Putin son Estados Unidos, Europa y el islamismo yihadista. De este modo ha logrado movilizar a las fuerzas conservadoras, a los partidarios de la “dominación estatal completa”, algo que suena a tintes dictatoriales, tanto de herencia zarista como del estalinismo. Para ello no ha dudado en enarbolar con fervoroso entusiasmo la bandera del nacionalismo étnico ruso para lo cual, además del apoyo de amplios sectores de la población, ha contado con la inestimable ayuda de la Iglesia Ortodoxa, fiel aliada de la política de Putin. De este modo,  el político ruso se ha rodeado de una aureola de “fervor patriótico” dado que su popularidad ha ido en aumento al recurrir a la vieja táctica del expansionismo territorial que, como en tiempos de los zares, ha servido para exaltar el nacionalismo ruso: así ha quedado patente con la anexión de Crimea (2014), el apoyo a los rebeldes pro-rusos de Ucrania y Moldavia, o con la intervención militar en Siria en apoyo del dictador Al-Assad. En consecuencia, la figura de Putin, como señalaba el citado Mira Milosevich, “sigue siendo un símbolo de perfecta unión entre la política exterior (encarnación de la nostalgia imperial de Rusia y la aspiración de recuperar el estatus de gran potencia) e interior (garante de la estabilidad económica y política)”.

     En contraste con el creciente poder de Putin se encuentra la existencia de una oposición, que el Kremlin califica despectivamente como “los ciudadanos enfadados”, débil e incapaz de capitalizar las protestas por el fraude electoral de 2011 y la difícil situación económica interna de Rusia. En este sentido, tampoco debemos olvidad que esa debilidad interna de la oposición democrática ha sido consecuencia del asesinato, de algunos de sus principales líderes como Boris Nemtsov o periodistas críticos como  Anna Politkóvskaya.

    A modo de conclusión, en la Rusia actual, el fortalecimiento del régimen autocrático de Putin, el nuevo Zar de todas las Rusias, se ha visto favorecido por el fracaso de la transición a la democracia en los años 90, lo cual generó en la Rusia post-soviética un auténtico caos económico y político. En consecuencia, muchos ciudadanos han antepuesto el orden y la seguridad que les ofrece Putin a la libertad individual  y a la consolidación de un sistema político  plenamente democrático. Por ello, la Rusia de Putin parece haber optado por una especie de “Estado Modernitario” definido por Josef Joffe como “el régimen autoritario que intenta introducir la modernización en el sistema económico y que se basa en el monopolio de la redistribución de los beneficios sociales y económicos”. Por ello, pese a la corrupción generalizada y la aguda crisis económica interna, la autocracia neozarista de Putin parece firmemente asentada en detrimento de la democracia y los derechos humanos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 junio 2017)

 

 

POSTDEMOCRACIA

 

     Tras una década  de estar empantanados en esta crisis global, ya nadie duda, excepción hecha de los pregoneros del fundamentalismo neoliberal, de que las medidas de austeridad que nos fueron impuestas no han generado un crecimiento económico saludable y, en cambio, han supuesto una imparable espiral de empobrecimiento y desigualdad social. Los hechos han demostrado que el neoliberalismo es incompatible con una sociedad justa, con la lucha contra la desigualdad y con el fortalecimiento de la ética y los valores democráticos. Nos hallamos,  pues, ante un sistema que divide a la sociedad en “excluidos” e “incluidos”, que se desentiende de los primeros  y aterroriza a los segundos, enfrentado además a ambos, con el único objeto de perpetuar y aumentar el poder y la riqueza de los privilegiados, de quienes se han enriquecido con la crisis. Tal es así que se ha  acuñado el término de “necropolítica”, la cual, como señala Clara Valverde, es la que aplica el capitalismo neoliberal a quienes no le son rentables, que ni producen ni consumen, y a los cuales se les deja, simplemente, morir en una sociedad sin alma ni corazón.

     Por ello, en estos tiempos de desconcierto, ante el embate neoliberal, en que todos los diques para contenerlo parecen haberse roto, con una concentración creciente de la riqueza en las capas sociales más adineradas, queda más patente que nunca que estos sectores, los poderosos de siempre, están logrando una mayor influencia política, lo cual ha neutralizado la capacidad reguladora de los Estados. Por ello, se habla de “mercadocracia”, e incluso de la “dictadura de los mercados” la cual impone sus intereses a los gobiernos, fomenta los monopolios y los oligopolios y que, con frecuencia,  se mueve sin ningún pudor en la ciénaga de la corrupción.

     Con este panorama como telón de fondo, estamos asistiendo a un evidente deterioro de la calidad democrática de nuestra sociedad. Así lo prueban el permanente incumplimiento de los programas y los compromisos electorales, a su claudicación ante los dogmas neoliberales, virus que siendo consustancial a los partidos de derechas, ha contaminado, también, a buena parte de la socialdemocracia, aquella que debiera de defender con más convicción y firmeza los ideales de la justicia social. Como señalaba Josep Ramoneda, “la crisis ha puesto en evidencia la impotencia de la política para poner límites a unos poderes económicos descontrolados, que ni siquiera guardan las formas”, lo cual nos está conduciendo a “una imparable degradación de la democracia, con una concentración del poder cada vez en menos manos” y, lo que es peor, a “una reducción de los ciudadanos al papel de figurantes”.

      Así las cosas, con la austeridad convertida en ideología, en dogma de fe para el control social y el demagógico discurso de la unidad para salir de la crisis encubriendo a los que la provocaron, ha empezado a hablarse  de que caminamos hacia una “postdemocracia”, esto es, una nueva fase del capitalismo despojado de las conquistas sociales del último siglo, un capitalismo más salvaje y despiadado. De este modo, tres serían las características esenciales de la postdemocracia: el secuestro de las instituciones del Estado por parte de las élites y los poderes económicos, la marginación de los ciudadanos de las decisiones políticas bajo la máscara de una democracia representativa que ahoga los cauces de participación activa y, también, la degradación del sistema democrático hasta convertirlo en una farsa participativa que sólo sirve para encubrir una progresiva concentración del poder. La consecuencia lógica de estas tres circunstancias es la desafección democrática, patente y creciente, todo un peligro dado que produce hastío hacia el sistema de partidos y las instituciones, desprestigia a éstas y fomenta la aparición de movimientos xenófobos, racistas o neofascistas.

     Frente a esta grave involución, la democracia, más allá de la representación política y el respeto a la regla de la mayoría, según el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, implica “la protección de los derechos y libertades de los individuos, el acceso a las prestaciones sociales y al derecho de acceder a la información, así como participar activamente en la deliberación política”. Por ello, resulta urgente fortalecer la calidad democrática de nuestra sociedad antes de que sea demasiado tarde, apostando por el compromiso de la ciudadanía, evitando que se extienda  el “totalitarismo de la indiferencia”, interesante concepto acuñado por el ya citado filósofo Ramoneda.

     En el Informe de Oxfam Intermón titulado Crisis, desigualdad y pobreza (2012) ya se señalaban algunas propuestas para fortalecer nuestra calidad democrática entre ellas, garantizar la independencia y buen funcionamiento de los entes supervisores y reguladores del Estado, salvaguardar las libertades ciudadanas  sin leyes regresivas, fomentar la cultura como herramienta de transformación social, garantizar el acceso y calidad de la información, fomentar la democracia participativa (incluyendo referéndums obligatorios y vinculantes para temas de gran impacto social), impulsar los presupuestos participativos y potenciar la autogestión y el cooperativismo como formas de economía social, así como promover un sector financiero transparente sin olvidar, desde luego, combatir de forma inflexible la corrupción y acabar con la impunidad.

     Para evitar que el virus de la postdemocracia se extienda con el riesgo que ello supone, Oxfam Intermón  considera imprescindible hacer frente a las injusticias causadas por esta crisis, la cual tiene víctimas y culpables, una crisis en la que, hasta ahora,  los gobiernos claramente han decidido proteger a los culpables y hacer recaer  los costes sobre quienes la padecemos, manteniendo así prácticamente intactas  las ventajas de quienes  se han beneficiado del sistema que ha generado la crisis. En consecuencia, regenerar nuestra democracia requiere que los ciudadanos nos impliquemos para dar un golpe de timón a esta deriva que nos aboca a un dramático retroceso y apostar por un nuevo paradigma social más justo y equitativo. Nos va en ello el futuro.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 mayo 2017)

 

 

NEFASTOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN

 

   Vivimos momentos en que un vendaval involucionista invade el panorama internacional, con hechos tan preocupantes como la victoria electoral de Donald Trump en EE.UU:, del Brexit en el Reino Unido o del auge creciente del Front National (FN) en Francia o el de otros grupos afines en Holanda, Alemania o Austria. Además, esta ola reaccionaria coincide con el desplome de los partidos socialdemócratas y con una nueva izquierda que, pudiendo ser alternativa en un futuro próximo, se halla todavía en construcción.

    Para situarnos, debemos partir de la idea de que durante las últimas décadas existía un consenso generalizado por parte de los partidos del sistema (conservador, liberal y socialdemócrata) a favor de la apertura económica y la globalización. Pero, tras la crisis financiera global se produjo un creciente rechazo hacia las nefastas consecuencias de la globalización y, en consecuencia, los nuevos partidos emergentes de derechas empezaron a reivindicar la recuperación de la soberanía nacional que sentían haber perdido a manos de los mercados globales y de los organismos supranacionales, unido a su oposición a unas políticas migratorias que consideran demasiado permisivas y, en consecuencia, sus programas políticos se empezaron a llenar de mensajes proteccionistas, nacionalistas y xenófobos.

    Así las cosas, en un reciente estudio de Miguel Otero Iglesias y Fernando Steinberg, analizaban en profundidad las que consideraban cinco razones que explicarían el creciente apoyo que reciben los partidos y movimientos derechistas antiglobalización. En primer lugar, el declive económico de las clases medias. De este modo, la “revuelta populista” se alimenta de votantes de la clase media y la obrera, pues ambas han visto reducidos sus ingresos con la crisis, que están convencidos que el futuro de sus hijos será peor, un tema tan sensible y emocional que genera profundo malestar social. Estos grupos, que, según Branko Milanovic, son “los perdedores de la globalización”, son trabajadores que han perdido sus empleos por la competencia de los países con bajos salarios y que, en consecuencia, deciden optar por quienes les prometen protegerlos cerrando las fronteras nacionales a la competencia exterior. Los ejemplos son contundentes: muchos votantes del FN francés son antiguos socialistas y comunistas desencantados con la política económica de François Hollande o el hecho de que en las zonas en declive industrial del Reino Unido, los antiguos votantes laboristas hayan sido  entusiastas votantes a favor del Bréxit.

   En segundo lugar, la creciente xenofobia imperante en Occidente, que está captando a un importante sector del electorado que se van hacia la derecha por motivos identitarios y culturales. De este modo, el racismo y la xenofobia, que eran políticamente inaceptables desde la derrota de las potencias fascistas en la II Guerra Mundial, como señalan gráficamente Otero y Steinberg, “estarían saliendo del armario debido al impacto social y cultural causado por el aumento de la inmigración”. Ello explica el auge de Marine Le Pen en Francia o Víktor Orban en Hungría, que se erigen en defensores de la “identidad nacional” y de su cultura tradicional frente al multiculturalismo. A lo anterior se une el creciente temor en Occidente hacia los ataques del islamismo radical, lo cual sitúa el tema de la seguridad en el centro del debate político,  que tan demagógicamente es rentabilizado electoralmente por los partidos xenófobos y racistas. Surge así, una vez más, el dilema de garantizar la seguridad a cambio de renunciar a la libertad, y de ello es buen ejemplo Vladimir Putin, figura a la que tanto Trump como Le Pen dicen admirar.

    En tercer lugar, el impacto de las nuevas tecnologías, ya que la robotización y la inteligencia artificial que, si bien aumentan la productividad, también reducen el empleo, sobre todo en los casos de los trabajos de escasa cualificación. Ello ha producido en la clase obrera,  y también de la media, desconfianza y rechazo a estos grandes cambios tecnológicos, al igual que ocurrió con el movimiento ludista, contrario al maquinismo en los inicios de la revolución industrial. Todo ello ha generado un temor cierto a perder los empleos o a entrar en la nueva categoría de los llamados “trabajadores pobres”, aquellos a los que un empleo no les garantiza su subsistencia.

    En cuarto lugar, la crisis del Estado del Bienestar, con un sistema de pensiones cada vez más difícil de mantener, unido al deterioro, cuando no a la privatización de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o de recursos tan vitales como la gestión del agua.

  Por último, en quinto lugar, el creciente desencanto hacia la democracia representativa, debida factores tales como el monopolio de la  política por una partitocracia que se turna en el poder y que da la imagen de estar a merced y al servicio de los grandes intereses económicos, lo que da la sensación de que la clase política no nos representa. Igualmente, existe la percepción cierta de que el actual sistema político y judicial beneficia a las élites y hace que los costes económicos de la crisis pesen exclusivamente sobre las espaldas de las clases medias y trabajadoras.

    Ante semejante panorama, los citados autores apuntan algunas propuestas para hacer frente a esta ola antiglobalizadora que está aupando a los partidos extremistas de derechas. En primer lugar, desarrollar mejores políticas de integración de los inmigrantes y refugiados, lo cual resulta clave en este sentido. Además, los gobiernos deberían tener el coraje de redistribuir mejor los enormes niveles de riqueza generados por la globalización, así como subrayar las ventajas de la diversidad y la multiculturalidad; preparar a la ciudadanía para el cambio tecnológico, garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar y, por último, mejorar nuestra calidad democrática abriendo nuevos cauces que fomenten la participación ciudadana. Estas son algunas de las respuestas posibles para hacer frente a esta ola de demagogia reaccionaria y frenar la desigualdad y la xenofobia causada por la globalización, factores éstos que amenazan los cimientos de nuestra sociedad democrática.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 mayo 2017)

 

 

UNA MEMORIA ARCOIRIS

 

    A lo largo de nuestra agitada historia, han pesado demasiados prejuicios, heredados de una ancestral mentalidad inquisitorial y cainita, los cuales nos han hecho difícil aceptar (y respetar) al diferente, bien fuera este judío, morisco, gitano, protestante, masón, liberal, demócrata o progresista de diversas tendencias…u homosexual, una cadena de siglos de intolerancia y discriminación que, cual si de una pesada losa se tratara, hemos ido arrastrando durante demasiado tiempo.

     El pasado 8 de abril, en el homenaje que anualmente organiza en el zaragozano Cementerio de Torrero la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en honor a las víctimas de la represión franquista, se dedicó en esta ocasión un recuerdo especial a quienes fueron represaliados por la dictadura como consecuencia de su orientación sexual, una memoria en arcoiris tan desconocida   como silenciada en ocasiones, razón por la cual hoy quisiera dedicarle unas líneas a este tema.

     Durante la dictadura franquista, al desprecio secular hacia las personas que por las orientaciones sexuales que se salían de las normas convencionales, se unió el hecho de que éstas tuvieron la condición de figura delictiva, estuvieron criminalizadas. Así consta en la reforma del 15 de julio de 1954 introducida en la famosa Ley de Vagos y Maleantes de 1933, razón por la cual se indica en ella que “podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad”, además de los vagos habituales, “los homosexuales, rufianes y proxenetas” (art. 2º). También se señalaban en ella las tres medidas represivas que se debían de aplicar a estos colectivos: internamiento en un establecimiento de régimen de trabajo o colonias agrícolas “por tiempo indeterminado” hasta un máximo de 3 años, internamiento en un establecimiento de custodia (máximo, 5 años) o bien “aislamiento curativo en Casas de templanza, por tiempo absolutamente indeterminado”.

     El símbolo de la dureza represiva ejercida por el franquismo lo representó la Colonia Agraria Penitenciaria de Tefía, lugar inhóspito, olvidado y reseco de la isla de Fuerteventura a donde eran deportados los homosexuales y que funcionó entre 1954  y mediados de los años 60: allí, picando piedra, entre frecuentes apaleamientos y escasas raciones alimentarias, penaban estos deportados por lo que la dictadura consideraba “un vicio”. Tras el cierre de Tefía, en aplicación de la citada reforma de 1954,  los homosexuales seguirían siendo enviados a las cárceles, ésta vez a las llamadas “Galerías de Invertidos”, aislándolos del resto de los presos. Además de lo dicho, el ideario represivo se completaba con medidas tales como la prohibición expresa de que éstos, tras ser fichados policialmente como “homosexuales peligrosos”, residiesen en determinados lugares, además de la obligación de declarar su domicilio o la sumisión a la vigilancia de los delegados gubernativos.

     La Ley de Vagos y Maleantes estuvo en vigor hasta que fue reemplazada por la Ley 16/1979, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la cual mantuvo las mismas ideas represivas que la legislación anterior. De este modo, entre 1970-1979, según la Asociación de Ex Presos Sociales, fueron internados 5.000 homosexuales en cárceles especializadas, concretamente en la de Badajoz,  para “pasivos” y en la de Huelva,  para “activos”. Tras cumplir sus penas de prisión se les aplicaba un destierro de 2 años. A su vez, la nueva ley pretendía “la rehabilitación de los que realicen actos de homosexualidad” y, para ello, contemplaba “el internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso” por un período no inferior a 4 meses ni superior a 4 años, o bien mediante el “internamiento en un establecimiento de reeducación” (art. 5º).

      La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social sobrevivió al franquismo y estuvo en vigor hasta 1979, ya en período de legalidad democrática constitucional, por lo que se ha  calificado a todas las personas que fueron objeto de represión por causa de sus orientaciones sexuales como “los olvidados de la Transición”. No sería pues hasta que, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero,  se aprobó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, popularmente conocida como la Ley del Matrimonio Homosexual, cuando finalmente se hizo justicia para con el colectivo de gays y lesbianas, adquiriendo de este modo la plenitud de derechos cívicos  que les corresponden en nuestro sistema democrático.

    Aunque afortunadamente ya pasaron los viejos tiempos de persecución y desprecio, no han desaparecido por completo de nuestra sociedad actitudes homófonas que, aunque minoritarias, suponen, todavía, un poso de viejos prejuicios y nuevas demagogias, alentadas en ocasiones por los emergentes movimientos de la extrema derecha. Y no obstante, tal y como nos recuerdan los medios de comunicación, todavía es peor la situación que estos colectivos sufren en otros países como Rusia, Chechenia o en el conjunto de las zonas del mundo musulmán que se hallan bajo el yugo del fundamentalismo yihadista. Por todo ello, junto a la defensa de los valores de la memoria democrática, también es de justicia  recordar, como este año se hizo en el homenaje del Cementerio de Torrero,  la memoria de quienes sufrieron o siguen sufriendo cualquier tipo de discriminación y represión como consecuencia de su orientación sexual, quienes representan la tantas veces olvidada  memoria arcoiris.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 23 abril 2017)