QUERIDO MANDELA

En estos días estamos asistiendo a la digna agonía de Nelson Mandela, conocido también como “Madiba”, nombre del clan de la etnia xhosa a la que pertenece, una de las figuras más importantes de la historia del s. XX y comienzos del XXI.

     Evocando su trayectoria y su legado político surgen, desde la emoción, algunas reflexiones. En primer lugar, destacar su relevancia histórica dado el papel desempeñado por Mandela al transformar a la República Sudafricana, un país que pasó de ser un apestado internacional en tiempos del régimen racista del apartheid, a convertirse en una sociedad multirracial y democrática, en una de las naciones emergentes en la actual economía global. El liderazgo de Mandela y la labor de otros líderes antirracistas como Desmond Tutu, han ayudado a construir una sociedad libre y tolerante en la diversidad, un país multirracial y multicultural capaz de convivir después de la larga noche del racismo extremo impuesto por los afrikaner blancos sobre la mayoría negra. Por ello, Mandela ya ha pasado a la historia como uno de los grandes estadistas de la historia reciente de la Humanidad.

     Para desmantelar ese anacrónico vestigio del racismo en pleno s. XX que era la Sudáfrica del apartheid, Mandela contó con dos instrumentos: una acción política no violenta (la inspiración de Gandhi es evidente), y un auténtico espíritu de reconciliación para romper las seculares barreras que habían separado a la oprimida mayoría negra de la minoritaria clase dominante blanca. Por ello, el cambio político liderado por Mandela es un ejemplo único y admirable en la historia, máxime si lo comparamos con lo ocurrido en la vecina Zimbabwe (la antigua Rhodesia), donde tras la caída del régimen racista blanco de Ian Smith, se implantó la dictadura de Robert Mugabe. Y es que Mandela, tras las negociaciones con Frederik Willem de Klerk, el último presidente de la Sudáfrica racista, fue capaz de pilotar una acertada transición democrática sin claudicaciones pero también sin resentimientos frente a la élite blanca afrikaner que, hasta entonces, había monopolizado el poder político.

     Mandela nos recuerda que el color de la piel nunca puede ser una barrera que limite la dignidad y los derechos humanos de las personas. Esta convicción le dio la fuerza moral para luchar toda su vida no sólo para defender a la población negra sudafricana de tanto oprobio e injusticia, sino también, y ahí está la grandeza moral de Madiba, para sobreponerse a todo odio y rencor por los agravios sufridos después de los 27 duros años que pasó en las prisiones sudafricanas, y  tender puentes de diálogo y reconciliación con la población blanca, lo cual dice mucho de su ética personal, de su profunda calidad humana, no sólo como luchador contra la injusticia racial sino también, primero como dirigente del Congreso Nacional Africano (ANC)  y,  posteriormente como Presidente de Sudáfrica, cargo que ocupó entre 1994-1999. En consecuencia, como señalaba Manuel García Biel, Mandela fue “capaz de elevarse por encima de su sufrimiento personal y de su pueblo y dirigir con un gran ejercicio político y ético todo un proceso de reconciliación del pueblo sudafricano para conseguir su conversión en una sociedad democrática y multicultural”. Mandela, principal líder de la izquierda sudafricana, cumplió plenamente en su país el utópico ideal recogido en la letra de La Internacional, aquel que alude a que “los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirán”, ideal logrado con la fuerza de sus convicciones, su mirada limpia y su carácter de hombre de bien.

     Mandela nos enseña a valorar la riqueza multicultural y multirracial como alternativa a cualquier tipo de integrismo (político, religioso, étnico), lo cual es una lección necesaria en este mundo nuestro, cada vez más mestizo. Por ello, el valor y el respeto a la diversidad serán cada vez más necesarios para garantizar la convivencia armónica en las sociedades multiculturales de nuestra aldea global.

     Resulta significativo que los dos más grandes líderes políticos con mayores valores éticos del s. XX proceden  del Tercer Mundo: me refiero a Gandhi y a Mandela. Su legado es un ejemplo, también para este Occidente nuestro tan opulento (ahora menos), tan individualista y egocéntrico. Ambos son un referente permanente no sólo en la historia, sino también para todos los que admiramos su ejemplo ético y su pensamiento político. Con razón decía de él Anna Bosch que Mandela es “el mayor ejemplo de dignidad” de la historia reciente puesto que su figura pasará a la historia como un referente de integridad, inteligencia, capacidad de lucha y de reconciliación con sus adversarios sin renunciar nunca a sus propios principios.

     Mandela es también un dirigente político comprometido con la justicia social, con la lucha contra las enormes desigualdades  que existían (y continúan) en la sociedad sudafricana. Por ello, nos recordaba algo que, ante la actual involución de derechos económicos y sociales a que nos está avocando la crisis global, adquiere una candente actualidad: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”.

     Gracias, querido Mandela, por ayudar a construir un mundo sin rencor,  tolerante y multirracial, un legado  que perdurará siempre en la historia y en nuestros corazones.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 julio 2013)

POR UN SENADO FEDERAL

 

     Cuando el 29 de mayo la Fundació Rafael Campalans vinculada al PSC hacía público el documento “Por una reforma constitucional federal” planteaba,  a lo largo de sus 40 páginas, una cuestión de indudable calado político cual es la reforma del modelo territorial español surgido del proceso autonómico desde una perspectiva federalista. De este modo, el PSC, liderado por Pere Navarro,  el rostro amable, integrador y solidario del socialismo catalán, hijo de emigrantes aragoneses de Samper de Calanda, dario del socialismo catalán busca un perfil propio en plena marea soberanista. Y es que, como señalaba Miquel Iceta, presidente de la Fundació Campalans, y dirigente del PSC, su partido no se resigna “a contemplar impasible cómo se agranda una brecha entre los catalanes y el resto de los españoles” por una serie de problemas latentes a los que no se ha sabido dar respuesta: conflictos competenciales, la representación política de las comunidades autónomas en los órganos del Estado, una justa financiación autonómica y, también el asumir con valentía política la realidad plurinacional de España, entendida ésta como “nación de naciones”. Todas estas cuestiones son razones que justifican la necesidad de una reforma federal de nuestro marco constitucional.

     Por todo ello, resulta muy oportuna la propuesta federalista del PSC. En primer lugar, porque genera un debate, tan abierto como necesario, sobre el modelo territorial español y sus disfunciones. El PSC ha sido capaz de proponer una interesante iniciativa política tanto frente a lo que Pere Navarro califica como “utopías secesionistas”, como a las tendencias recentralizadoras del PP. Sin embargo, esta voluntad del PSC de tender puentes de entendimiento entre Cataluña y el resto de España, lamentablemente, ha hallado escasos apoyos y la propuesta federalista del socialismo catalán ha recibido las duras críticas del nacionalismo españolista conservador, de los partidarios de soluciones independencistas y, también, la incomprensión de los sectores más jacobinos y centralistas del PSOE (Guerra y Bono, entre ellos) con lo que,  ante tal situación, parecía cumplirse de nuevo la vieja sentencia de Machado según la cual “en España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten”.

     En segundo lugar, redimensiona la función a desempeñar por el Senado. Ante el anquilosamiento y atrofia actual del la Cámara Alta, emergen tres posiciones: la de quienes plantean su supresión sin proponer ninguna opción alternativa, la de quienes defienden su continuidad maquillándola de reformas que nunca se llevan a cabo y la del PSC, la más interesante que opta por transformarlo en un Senado Federal dentro de un nuevo modelo territorial de una futura España federal. Las ideas anteriores aparecen  recogidas en el capítulo 3º, titulado La conversión del Senado en un órgano federal, en el que, tras calificar su actual papel como de “Cámara inútil”, demanda la necesidad de que su reforma sirva para canalizar la participación de las Comunidades Autónomas “en la aprobación de las leyes que les afectan decisivamente” con criterios de corresponsabilidad y colegislación según el modelo federal del Bundesrat alemán. Por esta razón, se propone que el Senado Federal esté formado no por parlamentarios elegidos por circunscripciones provinciales como en la actualidad, sino por miembros de los respectivos Gobiernos autonómicos (consejeros y, en ocasiones importantes por los propios presidentes) con lo cual para cada debate, las respectivas Comunidades enviarían al Senado, según la materia a tratar,  a sus consejeros respectivos o a los altos funcionarios que consideraran más idóneos, por lo que esta Cámara tendría un mayor perfil no sólo político sino también técnico. Además, su composición sería reducida (92 senadores), a razón de 3 por cada Comunidad Autónoma y uno más por cada millón de habitantes de las mismas, quedando la representación territorial del Senado de éste modo: Cantabria, La Rioja y Navarra (3 votos), Aragón, Asturias, Extremadura, Baleares y Murcia (4), Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Euskadi (5), Valencia (8), Madrid (9), Cataluña (10) y Andalucía (11).

     Finalmente, la presente propuesta federalista reubica al PSC y, esperemos que también al conjunto del PSOE, en la mejor tradición federal de raíz republicana que es consustancial al partido de Pablo Iglesias y ofrece una respuesta positiva y sensata a la crisis identitaria del Estado Español, contra cuya nave se baten con fuerza las olas del españolismo centralista y las de los nacionalismos periféricos e insolidarios. Y es que, como ya decía Rafael Campalans en 1923, “socialismo y federalismo tienen  que considerarse como doctrinas complementarias”. El mismo Miquel Iceta nos ofrece una acertada definición del federalismo que propugna el socialismo catalán: “es una forma de organizar la democracia especialmente adecuada cuando se trata de fortalecer la convivencia en sociedades integradas por pueblos distintos que acuerdan construir instituciones comunes, que aúnan la fuerza de la unión y el respeto a la diversidad. Federalismo es autogobierno y, por ello, es la mejor forma de organizar el Estado en un mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas”.

    Ciertamente, el futuro siempre es incierto y supone un cúmulo de retos y riesgos añadidos. Pero cada vez somos más los que pensamos que la España del siglo XXI será federal (y por supuesto republicana) o el actual modelo de Estado no tendrá la capacidad de mantener unidos a todos los territorios que conforman esta nación de naciones llamada España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 junio 2013)

 

 

 

UN CONGRESO CONTRA LA PENA DE MUERTE

 

     Durante los próximos días 12 al 15 de junio tendrá lugar en Madrid el 5º Congreso Mundial contra la pena de muerte, organizado por las principales asociaciones abolicionistas internacionales, con la presencia prevista de representantes de más de 90 países y patrocinado por el Gobierno de España y los ministerios de Asuntos Exteriores de Noruega, Francia y Suiza.

     Largo y tenaz ha sido el camino del movimiento abolicionista que,  en los últimos años, ha logrado que se pasase del 20 al 70 % el número de países que han renunciado a aplicar la pena de muerte. Todo empezó en el Congreso mundial que tuvo lugar en Estrasburgo en 2001 y que congregó a miembros de la sociedad civil, políticos y juristas para elaborar estrategias abolicionistas (tanto a nivel nacional como internacional) así como para recordar que la supresión de la pena de muerte es una exigencia de toda sociedad basada en el progreso y la justicia. En este primer Congreso, se constituyó la Coalición Mundial contra la pena de muerte (de la cual hoy forman parte 138 organismos diversos) y se instituyó el 10 de octubre como Día Mundial contra la pena de muerte. A partir de entonces, el movimiento abolicionista se fue consolidando en sucesivos congresos que tuvieron lugar en Montreal (2004), París (2007) y Ginebra (2010).

     Especialmente reseñable resulta la aportación española al 4º Congreso (Ginebra, 2010), el cual fue inaugurado con un importante discurso de Zapatero, entonces Presidente del Gobierno español, en el que además de ofrecer el compromiso de España para organizar en Madrid el 5º Congreso Mundial, propuso, inspirado en el calendario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el ambicioso horizonte de lograr una moratoria universal a la aplicación de la pena de muerte la cual debería de entrar en vigor en 2015, como etapa previa a la abolición definitiva de la misma en las respectivas legislaciones penales en aquellos países que todavía la contemplan, los llamados Estados “retencionistas”. Otra de las propuestas de Zapatero fue la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte como instrumento catalizador de las acciones abolicionistas de la sociedad civil. En la actualidad, dicha Comisión es un órgano independiente de los gobiernos, está presidida por Federico Mayor Zaragoza y entre sus objetivos figuran el de promover la abolición con cambios legislativos, la aplicación de la citada moratoria universal y el cese de las ejecuciones en los diversos países donde éstas se llevan a cabo.

     Mucho se ha avanzado en estos últimos años por parte del movimiento abolicionista mundial, pero la labor continúa siendo larga y difícil. En la actualidad, hay 97 países abolicionistas, además de otros 8 donde la pena de muerte no se aplica a los delitos comunes y  35 que son abolicionistas de hecho frente a los 58 estados retencionistas que todavía mantienen la pena capital en sus respectivas legislaciones y cuyo mapa se extiende  por los EE.UU. (sólo son abolicionistas 17 de sus 50 estados), Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, además de la mayor parte de los países africanos, de Oriente Medio y de Asia, mientras que en Europa sólo queda el estigma de Bielorrusia, donde la pena de muerte sigue vigente, como se ha comprobado recientemente.

     Cierto es que los avances abolicionistas ha permitido que el pasado 2012 la pena capital se haya suprimido en países como Benin, Mongolia, Letonia o en los estados norteamericanos de Illinois y Connecticut. Pero todavía persiste en esos 58 países retencionistas, los cuales no sólo son regímenes autoritarios o dictaduras diversas, sino también democracias plenas como EE.UU. o Japón y en todos ellos sus gobiernos alegan que esta cuestión concierne únicamente a su legislación interna: frente a este argumento, hay que recordar que la aplicación de la máxima pena infringe no sólo la legislación penal internacional sino los principios fundamentales del Derecho: en la Utopía de Tomás Moro, este humanista del s. XVI ya rechazaba aplicación “legal” de  la pena de muerte al negarse a considerar como “derecho supremo al que origina la injusticia suprema”.

     En cuanto a datos concretos, según Amnistía Internacional, tan sólo en 2011 se ejecutó “legalmente” a 676 personas en 20 países, cifra que se elevaría de disponer de los datos de China  cuyo Gobierno no los facilita y  donde las ejecuciones se estiman en torno a 5.000 anuales. A estas cifras habría que añadir que, en ese mismo año, 1.923 personas fueron condenadas a muerte en 63 países, quedando a la espera de la misma o a la conmutación de ésta en los trágicamente célebres “corredores de la muerte”.

     Así las cosas, el 5º Congreso iniciará su andadura en los próximos días en Madrid, enfocado de forma especial hacia la situación en el mundo árabe y africano. De este modo, se pretende lograr la implicación de las Organizaciones Intergubernamentales (OIGs), la sociedad civil y los gobiernos para conseguir nuevos avances hacia su abolición total. Está prevista la celebración de sesiones plenarias, mesas redondas y talleres que tratarán desde la situación en esta materia en California o China, hasta la necesidad de concienciar sobre la abolición en los sistemas educativos, o las consecuencias del terrorismo sobre las estrategias abolicionistas. Y es que, como señalaban los organizadores, “A pesar de los avances conseguidos en las últimas décadas, los desafíos son muchos todavía. Nuevas perspectivas se presentan para los actores de la abolición y las estrategias deben de ser reinventadas para hacer avanzar los últimos nudos resistentes”.

     Al igual que durante el s. XIX los abolicionistas lucharon para acabar con la lacra de la esclavitud, éste es el momento para abolir de forma definitiva ese otro escarnio para la conciencia de la Humanidad que significa la existencia “legal” de la pena de muerte. Esperemos que en el 5º Congreso Mundial se logren avances significativos para  tan noble causa y que  resume el lema del mismo: “Abolición de la pena de muerte, ahora”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 junio 2013)

 

LA TENTACIÓN BELICISTA

 

     El pasado mes de marzo se cumplió el 10º aniversario del inicio de la guerra de Iraq, un nefasto y cruel conflicto que se pretendió justificar con el pretexto de combatir al terrorismo internacional y a la supuesta amenaza que el régimen dictatorial de Saddam Hussein y sus inexistentes armas de destrucción masiva suponían para Occidente: recordemos cómo las autoridades americanas aseguraban que el dictador iraquí estaba en condiciones de lanzar un artefacto nuclear contra Europa en tan sólo 45 minutos. Ciertamente, la motivación más explotada para justificar esta guerra se basó en airear el peligro, totalmente falso, de las armas de destrucción masiva de las que supuestamente disponía Saddan Hussein: se pretendió instrumentalizar el miedo como un poderoso instrumento de manipulación colectiva. Mintieron…pero no nos engañaron.

    Visto en perspectiva, todo fue un inmenso error y un monumental engaño alentado por la política belicista de George Bush y otros dirigentes del momento como Toni Blair, Aznar, Durao Barroso (el 4º de la célebre foto de las Azores) y el histriónico Berlusconi. A fecha de hoy, sus mentiras y crímenes de guerra (recordemos el caso Couso), siguen todavía impunes y tampoco ninguno de ellos se ha disculpado públicamente ante la ciudadanía, tampoco Aznar, rehén de su soberbia. Por cierto, tampoco ninguna autoridad militar española ha actuado consecuentemente tras conocerse las deplorables imágenes de los maltratos infringidos por soldados españoles a presos iraquíes en la base de Diwaniya.

     Hace unos días, con la grave recesión económica mundial como telón de fondo, Paul Farrell, un influyente analista financiero norteamericano, no tuvo ningún reparo en señalar que “el capitalismo necesita un estímulo económico: una nueva guerra” a la vez que pretendía avalar tan grave aseveración recordando que fue la II Guerra Mundial la que sacó a los EE.UU. de la Gran Depresión iniciada en 1929 y que, desde entonces, este país se convirtió en la locomotora económica mundial, posición a la que, desde luego, no está dispuesto a renunciar.

    Debemos tener presente también que las guerras de Afganistán e Iraq supusieron una sangría imparable para la economía de los EE. UU., guerras que tuvieron un coste de 16.000 millones de dólares mensuales, un coste que disparó el endeudamiento del país hasta el punto que la deuda pública norteamericana llegó a alcanzar el 18% del PIB mundial y que supuso, además, como señala Loretta Napoleoni, el inicio de la crisis del crédito financiero que ha desembocado finalmente en la actual depresión económica mundial.

     Estas opiniones son especialmente preocupantes en unos momentos en que algunos pretenden hacer sonar tambores de guerra con motivo de la tensión en la península de Corea, la guerra civil en Siria o la latente amenaza nuclear que representa la República Islámica de Irán. Ciertamente, la política exterior de Obama difiere del delirio belicista de Bush, pero también es cierto que está sometido a las presiones de los lobbies económico-militares neoconservadores norteamericanos y a que una posible acción militar unilateral de Israel pueda forzar la entrada de los Estados Unidos en un nuevo conflicto armado de consecuencias imprevisibles.

    Los intereses económicos de estos lobbies ideológicos neoconservadores arraigados en la industria armamentística son grandes y su fuerza es muy poderosa ya que EE.UU. gasta en defensa el doble de lo que gastan conjuntamente las 15 naciones de mayor gasto militar del mundo. Otro dato significativo: el período 2000-2012, según la revista financiera Market Watch, la máquina de guerra del Pentágono duplicó el valor de su actividad pasando de los 260.000 millones de dólares a cerca de los 550.000, y ese significa un poder fáctico que puede determinar las decisiones últimas en la Administración Obama en caso del estallido de un conflicto bélico con repercusiones internacionales.

    La historia nos enseña que, al margen de los intereses geopolíticos y económicos subyacentes, se requieren dos elementos esenciales para que los gobernantes consigan que un conflicto bélico sea “aceptable” por sus ciudadanos: un casus belli y la existencia de un miedo colectivo (real o imaginario) ante una posible agresión externa. Así ocurrió con la crisis del Maine en 1898 que supuso la intervención de EE.UU. en Cuba y el  fin del dominio colonial español en el Caribe, así ocurrió tras el ataque japonés a Pearl Harbour en 1941 y que hizo que Roosevelt decidiera la entrada de Norteamérica en la II Guerra Mundial. Algo similar ocurrió igualmente cuando, tras los brutales ataques a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, EE.UU. y sus aliados lanzaron su guerra contra el terrorismo internacional invadiendo Afganistán (octubre 2001) e Iraq (marzo 2003) con las consecuencias de todos conocidas. En este sentido, Michael Meader, exministro laborista británico, acusaba en 2003 a Bush y Blair de no haber hecho nada para prevenir el 11-S (pese a las advertencias del FBI, la CIA y el Mossad) y obtener así un casus belli para “poner en práctica un proyecto expansionista y hegemónico en Oriente Medio y en el resto del mundo” y cuyas ideas esenciales se recogen en el documento Rebuilding America’s Defenses, obra de los halcones belicistas neoconservadores, entre ellos, Dick Cheney, Donald Rumsfield y Paul Wolfowitz.

    Ahora, de nuevo la tentación belicista vuelve a oscurecer el horizonte. Esperemos que, en esta ocasión, quienes tienen en su mano la capacidad de evitarla sean capaces de neutralizar este riesgo, especialmente Obama, demostrando así  que es realmente merecedor al Premio Nobel de la Paz que le fue concedido, muy prematuramente, en 2009. Será el momento en que los principales dirigentes mundiales puedan demostrar su firme voluntad de impedir los desastres, mentiras y manipulaciones similares a los que tuvieron lugar en Iraq y Afganistán bajo el desteñido estandarte de la guerra contra el terrorismo internacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 mayo 2013)

 

UNA CONFERENCIA DE JUAN NEGRÍN

 

     El domingo 1 de diciembre de 1929 la Casa del Pueblo de Madrid se hallaba abarrotada para escuchar la conferencia que, con el título de “La ciencia y el socialismo”, iba a pronunciar Juan Negrín López, un prestigioso médico e investigador científico que poco antes se había afiliado al PSOE. Releyendo su texto y el eco que tuvo en la prensa de la época, ahora que el PSOE se halla en una encrucijada histórica, se nos ofrece algunas reflexiones de interés, significativos paralelismos y contrastes con la situación presente.

     En primer lugar, la figura del conferenciante, de Negrín, el cual, tras décadas de oprobios e infundios, ha ido recuperando la talla histórica que merece como estadista y como una de las figuras más relevantes del socialismo español. Negrín,, tras realizar brillantes estudios de medicina en Alemania, Harvard y Nueva York, era catedrático de Fisiología en la Universidad Central de Madrid en donde formó a futuros investigadores como Grande Covián o Severo Ochoa y, pese a su gran prestigio, abandonó sus actividades investigadoras para dar el paso a la política. Ello, en estas fechas en que lamentamos la pérdida de José Luis Sampedro, nos recuerda la importancia que siempre ha tenido, y sigue teniendo, el compromiso de los intelectuales con la realidad política y social, de su intento por transformarla desde los valores de la ética y la justicia. Por ello, el PSOE, un partido de extracción obrera, recibía con entusiasmo la adhesión a sus filas de intelectuales de prestigio, esos intelectuales que, como señalaba Negrín, sienten el deber de “decir algo interesante y transmitirlo”.

     En segundo lugar, el momento en que tuvo lugar, esto es, en la fase terminal de la dictadura del general Primo de Rivera, con un enorme descrédito de la monarquía de Alfonso XIII, proceso que traería poco después el esperanzador alborear de la II República el 14 de abril de 1931. Entonces, como ahora, los errores, torpezas y anacronismos de la monarquía, abrían el camino a la democracia republicana y por ello el PSOE, por encima de accidentalismos, debía de actuar como lo que es en esencia, como un partido “exclusivamente republicano”, ideal que, en la España actual, está recuperando afortunadamente el partido fundado por Pablo Iglesias.

     La conferencia de Negrín se inicia  exponiendo las razones que le indujeron a ser socialista a partir de sus convicciones profundamente republicanas pero, como señalaba seguidamente, “ser solamente republicano en nuestro país es no ser nada. Libertad política sin fundamento económico no sirve de nada”. Consecuentemente, dio el paso hacia el socialismo pues, al margen de la democracia formal, lo esencial, ayer como hoy, es el logro de derechos sociales y económicos para los sectores más desfavorecidos, algo que hoy en día tiene un especial significado ahora que  nuestra sociedad está azotada por el drama del desempleo, los desahucios y la pérdida de derechos laborales y sociales.

     Otro de los puntos interesantes de la conferencia hacía referencia a los ideales internacionalistas del socialismo. En estos tiempos de globalización neoliberal, es cuando más necesario resulta reafirmar la utopía internacionalista tanto en cuanto significa la universalización de los valores de la libertad, la justicia social y la solidaridad, una globalización imprescindible en esta época convulsa en que vivimos. Como señalaba Negrín, el ser internacionalista, no era sinónimo de ser “antipatriota”, pero ello no le exime de criticar con dureza todo tipo de nacionalismo excluyente, pues el socialismo no puede “compartir ni siquiera de lejos, el patriotismo agresivo, burdo, intolerante que cultivan los nacionalistas” y se pregunta en voz alta: “Cómo no hemos de poner el interés general de la Humanidad por encima del interés particular de la nación?”. Estas afirmaciones, desde la perspectiva actual, suponen un rechazo tanto al nacionalismo rancio y centralizador de la derecha españolista, ahora alentado de nuevo por las políticas del Partido Popular, como también, una firme oposición al espíritu insolidario y excluyente que anima a los nacionalismos periféricos. Por ello, Negrín no comprendería la excesiva deriva nacionalista de partidos nominalmente socialistas y en este sentido, un ejemplo serían las dos almas que pugnan dentro del PSC para marcar su rumbo futuro.

    Para cambiar las cosas, Negrín recordaba que hay que implicarse, que no debemos desentendernos como ciudadanos de la política. Por esta razón, rechazaba el apoliticismo, la actitud de quienes se inhiben de la realidad y de los problemas de su tiempo (bien fuera la crisis de la monarquía en 1929, o de la crisis global, ahora), puesto que los apolíticos eran, a fin de cuentas, “conformistas” que, como apuntaba Negrín, en momentos históricos cruciales, “es lo peor que se puede ser”. Y, poniendo el ejemplo español, donde la política había sido tradicionalmente patrimonio de los caciques, de las oligarquías políticas y económicas que monopolizaban el poder, como ahora lo hace una clase política demasiado alejada del sentir y de los sufrimientos de la ciudadanía, la participación política era una herramienta de cambio tanto en cuanto debe servir para canalizar la indignación y la rebeldía social. Y ya para terminar, ahora que tanto se habla de la crisis de confianza política, Negrín afirmaba de manera premonitoria que, “en estos momentos en que tanto se detesta la política, achacándole todos los males que aquejan al país”,  España había “enfermado” y, como buen médico, nos ofrecía su particular diagnóstico: “no es a causa del exceso de actuación política de sus habitantes sino por todo lo contrario. La mala política fue posible porque el pueblo vivió alejado de la lucha, porque no se le consintió intervenir en la actividad política”. Por ello, el compromiso cívico y el impulso de la democracia participativa son los instrumentos de un cambio social que, como nos recordaba Juan Negrín, era tan imprescindible en 1929 como lo es, también,  ahora.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 abril 2013)

 

OBAMA OLVIDÓ GUANTÁNAMO

 

     El presidente Obama sigue despertando simpatía a pesar de que su gestión ha producido importantes decepciones: ahí está, por ejemplo, su incapacidad para impulsar el agónico proceso de paz en Oriente Medio. Junto a esto, otros reproches que puede hacérsele al presidente americano es su forma de afrontar el terrorismo internacional, la cual ha supuesto un creciente uso de los drones (aviones no tripulados) para abatir supuestos dirigentes yihadistas sin importar las víctimas civiles que ello comporta y, también, el mantenimiento de la prisión de Guantánamo, estos días nuevamente convertida en noticia por la huelga de hambre que están llevando a cabo los islamistas allí retenidos.

     La permanencia de la prisión de Guantánamo contraviene lo prometido por Obama en el programa electoral con el que llegó por vez primera en el 2008 a la presidencia de los EE.UU. y olvidando así la Orden Ejecutiva, la primera que firmó tras su llegada a la Casa Blanca, en la que se comprometía a cerrar Guantánamo en el plazo de un año. Ciertamente, la base de detenciones (y torturas) de Guantánamo es una “herencia envenenada” que legó el expresidente George Bush y a la que Obama ha sido incapaz de dar una justa solución, pues su existencia resulta inaceptable para cualquier país democrático y más para los EE.UU. que se vanaglorian de ser los adalides de la libertad y los derechos humanos en el mundo.

     Recordar la historia de Guantánamo, una base naval americana situada en la isla de Cuba, representa, tanto en su origen como en su utilización actual, una de las páginas más negras del imperialismo de los EE.UU. Hay que remontarse a 1898 cuando los patriotas cubanos, con el apoyo del ejército americano, pusieron fin al dominio colonial de España. Entonces, Cuba, en vez de lograr su plena soberanía, se convirtió en un “protectorado” de los EE.UU., en una pieza más de sus afanes expansionistas en el Caribe. Así, mediante el artículo 7º de la llamada Enmienda Platt de 1901, Cuba se vio obligada a ceder parte de su territorio a la potencia ocupante para que ésta estableciese bases navales y por ello, en febrero de 1903, hace ahora 110 años, la US Navy recibió como “concesión perpetua”, 116 km² en la bahía de Guantánamo. A cambio, EE.UU. debía de abonar un alquiler de 2.000 $ anuales, cantidad que pagó al gobierno cubano hasta que, llegado Fidel castro al poder en 1959, éste se negó a recibir para denunciar así la ocupación ilegítima que dicha base suponía para la soberanía de Cuba.

     En la actualidad, y desde 2002, Guantánamo se ha convertido en un siniestro campo de detención para prisioneros islamistas talibanes y de Al-Qeda. A estos presos, que EE.UU. define como “combatientes enemigos ilegales”, no se les aplica la IV Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra. Para ello, la Administración norteamericana se apoya en una argucia legal: como nominalmente Guantánamo sigue siendo tierra cubana, EE.UU. alega que los allí detenidos se encuentran fuera del territorio federal y, por ello, carecen de los derechos que tendrían se hallasen detenidos en los EE.UU. De este modo, se incumplen sistemáticamente numerosos artículos de dicha Convención, entre otros los relativos a la prohibición de palizas, torturas y maltratos psicológicos (art. 13), las humillaciones sexuales (art. 14), el encarcelamiento en celdas de reducido tamaño (art. 21) o el deber de ser restituidos a sus países de origen una vez finalizadas las hostilidades, así como la prohibición de aplicarles detenciones por tiempo indefinido (art. 118) a estos prisioneros que, recordémoslo, algunos de ellos llevan casi 12 años en Guantánamo sin haber sido juzgados.

     Ante semejante aberración jurídica y tan flagrantes violaciones de los derechos humanos, se han producido numerosas denuncias por parte de Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por su parte, ya en 2006 la ONU hizo público un demoledor informe en el que se instaba a que los EE.UU. cerrase Guantánamo “sin tardanza”. Nada de todo esto hizo mella en un presidente tan belicista como Bush, ni tampoco parece hacerlo en Obama, para el cual esta cuestión parece que ha dejado de ser una prioridad presidencial. Sin embargo, el presidente demócrata, que tantas simpatías sigue despertando, todavía,  en amplios sectores de la opinión pública internacional, no puede mirar para otro lado dado que el cierre inmediato de Guantánamo debería de ser un imperativo político y moral para Obama, un presidente que, recordémoslo, obtuvo, sin duda prematuramente, en 2009, el Premio Nobel de la Paz.

     Por todo ello, además del cierre de Guantánamo, la Administración americana debe resolver la situación de todos los presos,   permitiendo la repatriación de los que fueron detenidos de forma arbitraria y sobre los que no pesa ningún delito. En cuanto a  aquellos islamistas considerados como “muy peligrosos”, se les debería de entregar a la Corte Penal Internacional para ser sometidos a un juicio justo con plenas garantías jurídicas, tal y como ocurrió con los responsables de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, en Ruanda , Liberia o el Congo. Sólo así el principio de justicia universal prevalecerá sobre la habitual (y peligrosa) utilización de la guerra sucia para combatir la amenaza del terrorismo islamista radical, una guerra sucia que sólo sirve, en definitiva, para aumentar el odio contra los EE.UU. y, por extensión, contra Occidente y sus valores. Y eso es una bomba de relojería que podría volvernos a estallar en las manos en cualquier momento. Algo que Obama no debe de olvidar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 abril 2013)

 

 

FASCISMO SOCIAL

 

     En la renacentista ciudad italiana de Ferrara, la cuna de Savonarola y de Ariosto, en cuya Universidad estudiaron Paracelso y Copérnico, se dice que era tanto su nivel cultural que, en las batallas contra las ciudades vecinas, las bombardas de Ferrara no arrojaban vulgares piedras sobre sus enemigos, sino pulidos bloques de mármol: eran igual de mortales, pero era un arma refinada, propia de la que fue considerada como la primera ciudad moderna de Europa. Así son también los efectos sociales de las medidas de ajuste neoliberal implantadas tan diligentemente por Rajoy: impecablemente democráticas gracias al peso de su mayoría absoluta parlamentaria, pero tan letales  para la cohesión y la justicia social como las bombardas de Ferrara.

     Ante esta situación, Iñaki Gabilondo recordaba hace unos días que, tras la hecatombe financiera, los ciudadanos, convertidos en “súbditos de los mercados”, vivimos en un régimen que no duda en calificar como “una dictadura muy particular disfrazada con los ropajes de la democracia” Puede parecer muy dura esta expresión pero no por ello deja de ser menos cierta.

     En esta línea,  el prestigioso sociólogo Boaventura de Sousa Santos emplea el término de “fascismo social”,  el cual avanza en las “democracias de baja intensidad”, en aquellas que, según Huntington, el nivel de participación popular es inferior al del nivel de institucionalidad, lo cual produce graves déficits democráticos y genera lo que Lechner define como “minorías consistentes” que, cual nuevas oligarquías, usurpan el espacio que corresponde a la ciudadanía. En consecuencia, se trata de sociedades formalmente democráticas, pero “socialmente fascistas” que, aunque no tienen los mismos rasgos que los movimientos totalitarios del pasado siglo XX, suponen un peligro real para la democracia. Por ello, Sousa Santos define al fascismo social  como “un régimen social que combina la democracia de muy baja intensidad con dictaduras plurales en las relaciones sociales, económicas y culturales”. Tal es así que los ciudadanos somos formalmente libres, pero la realidad nos ha convertido en siervos, hasta el punto de que algunos autores hablan de un “neofeudalismo”, tanto en cuanto los grupos sociales dominantes adquieren un creciente poder sobre la vida las expectativas (personales y laborales) de los ciudadanos y de los grupos sociales oprimidos. En este sentido, Sousa Santos habla de un “fascismo de la inseguridad”, entendiendo por tal la “manipulación discrecional de las seguridad de las personas y los grupos sociales debilitados por la precariedad del trabajo” (ahí están las regresivas reformas laborales) que generan en los trabajadores elevados niveles de ansiedad e incertidumbre hacia el futuro, o el “fascismo contractual”, el que afecta a los contratos de trabajo, derivado de la creciente disparidad entre las partes que hace que la parte débil (el trabajador) acepte, “por onerosas y despóticas que sean, las condiciones impuestas por la parte poderosa” (el empresario)”:  constantes rebajas salariales, creciente incumplimiento de los convenios y, también, las consecuencias derivadas de los procesos de privatización de servicios públicos.

     Pero de los diversos ámbitos en que opera el fascismo social, el más peligroso, virulento y global es el “fascismo financiero”, cuyo exponente es la economía de casino  y el ilimitado poder alcanzado por los sectores financieros y que, como señalaba Juan Carlos Monedero, puede destruir las economías y las expectativas sociales de países enteros. Para ello cuenta con la ayuda inestimable de las agencias de rating, empresas internacionalmente reconocidas para evaluar la situación financiera de los estados y los riesgos y oportunidades que ofrecen a los inversores extranjeros. Estas agencias, que no fueron elegidas por nadie y que manejan criterios arbitrarios para cuantificar el nivel de riesgo de los estados y, que, sin embargo, en las democracias de baja intensidad, como es el caso de España, se obedecen sus dictados “con más fidelidad que a una sentencia de la Corte Constitucional”.

     La punta de lanza del fascismo financiero está enarbolada por estas agencias (Moody’s, Standard & Poors, Fitch), con un poder que puede provocar el estrangulamiento financiero de países como Grecia, o serias dificultades para salir de la sima de la crisis, como le sucede a Portugal o España. Es por ello, que, de nuevo Sousa nos advierte que, mientras el capitalismo financiero siga “resolviendo” la crisis que él mismo ha generado, “las agencias de rating seguirán siendo sus armas de destrucción masiva”.

     A todo lo dicho, una nueva amenaza se cierne en el horizonte. Se trata del proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que, aunque paralizado temporalmente, supone el programa de máximos del fascismo financiero. De este modo, en el ámbito de la OCDE y promovido por los EE.UU. y la UE,  el AMI pretende que los países concedan  idéntico trato  a los inversores extranjeros y a los nacionales, prohibiendo tanto los obstáculos específicos a las inversiones extranjeras como los incentivos o subvenciones al capital nacional. En consecuencia, ello supondría la prohibición de las medidas estatales contrarias a las multinacionales con prácticas comerciales ilegales, además de prohibir las políticas nacionales que pretendan restringir la fuga de capitales hacia zonas con menores costes laborales. De este modo, el capital puede deshacer cualquier resistencia obrera o sindical y, con ello, “confiscar la deliberación democrática”, en beneficio de un auténtico fascismo social.

     Ante semejante espectro, sólo hay dos alternativas: aceptar sin reparos esta sutil dictadura, o emprender la ardua labor de refundar los valores y los cimientos de nuestra democracia y del Estado social. Una tarea larga y dura, pero imprescindible e inaplazable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en:  El Periódico de Aragón, 18 marzo 2013)

 

WILLY BRANDT Y SU CENTENARIO

 

     En este año que ahora comienza, se cumple el centenario del nacimiento de Herbert Kart Frahm, más conocido como Willy Brandt (1913-1992), uno de los políticos más destacados de la Europa del s. XX y un referente, junto con Olor Palme, Bruno Kreisky o François Mitterrand, de la socialdemocracia moderna, y que tanto influyó en Felipe González y en el PSOE durante los decisivos años de la transición democrática española.

    Willy Brandt, afiliado al ala izquierda de  las Juventudes del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) en 1929, abandonó éste partido unos años más tarde para unirse al Partido de los Trabajadores Socialistas de Alemania (SAPD), fundado por socialistas de izquierda que reprochaban al SPD su “reformismo exagerado”, tal y como señalaba Gérard Sandoz.

     Con la llegada del Hitler al poder en 1933, y huyendo de la “peste parda” del nazismo, se exilió en Noruega, momento en el cual tomó el nombre por el cual es universalmente conocido. Allí, fue fundador y secretario de la Oficina Internacional de Organizaciones Juveniles Revolucionarias. Poco después, al estallar nuestra guerra civil, viajó a la España republicana como representante del SAPD y, al igual que el escritor británico George Orwell, estuvo durante una parte de 1937 junto a las milicias del POUM en el frente de Huesca. Sobre esta experiencia en tierras aragonesas, años más tarde Brandt declaró que lo que presenció y vivió cerca de la capital oscense marcaría su vida y le sirvió para reafirmarse en sus ideales socialistas  y en su defensa del pacifismo, como más tarde tuvo ocasión de poner en práctica durante el período de la Guerra Fría y la peligrosa confrontación entre los bloques del Este (comunista) y el Oeste (capitalista) con la amenaza latente del estallido  de una temida III Guerra Mundial con el probable uso del arma nuclear.

     Tras su paso por la España republicana, y el posterior estallido de la II Guerra Mundial, abandonó Noruega (cuya ciudadanía había obtenido) tras la ocupación del país báltico por las tropas nazis y se refugió en la neutral Suecia. Concluida la contienda, regresó a su Alemania natal y se reincorporó a las filas del SPD, partido en el cual desarrolló el resto de su larga e intensa carrera política hasta que un cáncer acabó con su vida en 1992.

   De la trayectoria ideológica de Brandt, como la de otros políticos socialdemócratas, dejando atrás sus radicalismos juveniles, fue evolucionando hacia posiciones más centristas, proceso en el cual resultó decisiva la influencia del socialismo escandinavo. De hecho, la evolución de Brandt es paralela a la que tuvo lugar en las filas del SPD, partido que inició un proceso gradual de desmarxistización a medida que el “milagro alemán” de la postguerra se consolidaba  mediante la implantación de medidas propias del liberalismo económico. A partir de aquí, la carrera política de Brandt fue ascendente: como alcalde de Berlín-Oeste  (1957-1966), tuvo que hacer frente a las consecuencias de la construcción del Muro que en 1961 dividió a la capital germana y que supuso el máximo momento de tensión en las relaciones entre el Este comunista y el Oeste capitalista; más tarde, como ministro de Asuntos Exteriores en la llamada “Gran Coalición” CDU-SPD (1966), evidenció sus mejores dotes políticas impulsando la llamada Ostpolitik (“la política oriental”), la apertura de la República Federal Alemana (RFA) hacia los países del Este, lo cual supuso la normalización de las relaciones con los países comunistas del Pacto de Varsovia, especialmente con la República Democrática Alemana (RDA), así como la firma de los acuerdos fronterizos con Polonia y Checoslovaquia y, en definitiva, el entierro de la Guerra Fría.

     Brandt llegó a canciller de Alemania tras la histórica victoria electoral del SPD en los comicios de 1969, tras lograr la socialdemocracia germana el apoyo de las clases medias, aunque para ello tuvo que renunciar a parte de su identidad marxista y aceptando la hegemonía del pragmatismo político sobre toda preocupación ideológica. Es el ejemplo de la que Sandoz ha dado en llamar “la izquierda respetuosa”, aquella que no cuestiona los cimientos del sistema, aquella cuyo programa reformista socialdemócrata se integraba plenamente en el sistema y que no sólo ha renunciado a sus principios marxistas, sino que ha terminado aceptando los postulados del capitalismo liberal y ahí está la errática senda que seguirían posteriormente Felipe González, el Nuevo Laborismo de Blair, o las Terceras Vías de Schroeder o de Zapatero.

     Pero donde quedó patente la talla de estadista de Brandt es como impulsor de la Ostpolitik y, con ello, de la distensión entre el Este y el Oeste enfrentados durante la Guerra Fría, lo cual le hizo digno merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1971. Por ello, es necesario recordar la memoria de Brandt, cuyo legado político, su visión del futuro de Europa,  su influencia en muchos partidos socialdemócratas, entre ellos el PSOE, desde su puesto como presidente de la Internacional Socialista (1976-1992), contrasta con la actual hegemonía conservadora de corte prusiano de la canciller Merkel, incapaz de promover una “Südpolitik”, una política de cooperación solidaria con los países del sur de Europa que, como Grecia, Portugal, España o Italia, están ahogados por la crisis y por  la rigidez de las políticas de austericidio económico impuestas por la canciller germana.

     Por ello, en este año en que se cumple el centenario del nacimiento de Willy Brandt, su recuerdo nos hace pensar en que hoy es más necesario que nunca la aparición de auténticos estadistas de su talla y proyección política y, desde luego, de una nueva socialdemocracia renovada y refundada desde sus cimientos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 22 febrero 2013)