MEMORIA HISTÓRICA SIN FRONTERAS

 

     Los pasados días 6 y 7 de octubre tuvo lugar en Oloron-Sainte Marie un Encuentro de Asociaciones francesas y españolas de la Memoria Histórica, al cual asistieron 17 entidades de ambos países, entre ellas, cuatro aragonesas (Círculo Republicano Galán y García Hernández de Jaca, ARICO, Foro por la Memoria de Aragón y la Fundación Bernardo Aladrén). El Encuentro, organizado por  Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML) bajo el lema “La Memoria Histórica, una cuestión de dignidad y justicia democrática”,  sirvió para abordar diversos temas y proyectos relacionados con esta materia a ambos lados del Pirineo.

     En primer lugar, se analizó la situación actual de las políticas públicas de la memoria, constatando con pesar la involución que se está produciendo tras la llegada de la derecha al poder en España. Ejemplo de ello serían la total supresión de dotaciones para memoria histórica en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, la desaparición de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura creada por el anterior Gobierno del PSOE, o la supresión por parte del Gobierno de Aragón del Programa Amarga Memoria que, durante estos últimos años había realizado una meritoria labor.

     Especial atención se dedicó a la vigente Ley de la Memoria Histórica: se valoraron su logros (reconocimiento moral de las víctimas del franquismo, concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales y sus descendientes, subvenciones concedidas para exhumaciones de fosas, publicaciones y actividades diversas) y se criticó el que sea una ley que carezca de apoyatura jurídica y de un reglamento específico para desarrollarla. Unánime fue la exigencia de anulación de todas las sentencias y condenas dictadas por los tribunales franquistas para así lograr la plena reparación jurídica de las víctimas: ciertamente, al Gobierno de Zapatero le faltó valentía política en este tema, en contraste con lo hizo el Gobierno de Alemania cuando en 1998 aprobó la Ley de nulidad de las sentencias injustas del nazismo.

     Se trató igualmente el tema de las fosas comunes, consideradas legalmente como “muestras de delito”, ejemplo flagrante de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, razón por la cual todas las exhumaciones deben realizarse a partir de una denuncia inicial que obligue a la justicia a actuar y, consecuentemente, levantar los restos siempre en presencia de un juez y con las indispensables garantías jurídicas. En este sentido, se puso como ejemplo el protocolo de actuación vigente en Aragón el cual, además de muy estricto en cuanto a la aplicación de criterios arqueológicos y antropológicos, se ha cumplido de forma rigurosa. Sobre el tema del Valle de los Caídos, hubo igualmente unanimidad para exigir sacar los restos del dictador del recinto, recordando, tal y como años atrás señaló Baltasar Garzón, que “los restos del responsable de los crímenes no pueden yacer junto a las víctimas. Es la mayor y última ofensa que puede hacérseles”.

     Por otra parte, se fijaron los criterios de actualización del Manifiesto en Defensa de la Memoria Histórica Republicana hecho público en Zaragoza en octubre de 2011, incluyendo en el mismo la exigencia de internacionalizar judicialmente las demandas y denuncias por los crímenes franquistas, el apoyo a la Red AQUA sobre las acciones judiciales que, en esta materia, se han abierto en Argentina, así como apoyar la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo

     También se trató en profundidad el tema de “Educación y memoria histórica” y, del Encuentro de Oloron salieron propuestas concretas como la realización de encuentros entre profesores de historia españoles y franceses, el impulso de contactos entre las universidades de Pau, Toulouse, Zaragoza y la Complutense de Madrid, la adaptación del proyecto Las Rutas de la Memoria a otras  comunidades autónomas para impulsar una red transfronteriza que fomente los intercambios escolares (4.000 estudiantes visitan anualmente el cercano Campo de Concentración de Gurs), la creación de una red de recursos didácticos y pedagógicos con objeto de divulgar  aspectos relacionados con la memoria histórica, o la puesta en marcha del Tren de la Memoria entre París y Albacete, propuesto por la Asociación de Amigos de Combatientes de la España Republicana (ACER), comprometido con la memoria de las Brigadas Internacionales, o el proyecto de Toulouse como “capital del exilio republicano español” desarrollado por su Ayuntamiento, presente en Oloron por medio de Pierre Lacaze, alcalde-adjunto de dicha ciudad francesa.

     Se constató la necesidad imperiosa de realizar pedagogía sobre este tema por parte de los profesionales de la educación y las asociaciones memorialistas, sin olvidar hacer frente al revisionismo, el cual, como nos recordaban las asociaciones francesas, es un fenómeno internacional, que se extiende como un cáncer cuando nos referimos a la historia de la II República, la Guerra Civil y el franquismo, alentado últimamente por la involución que suponen las actuales políticas educativas del PP. Una autocrítica interesante fue el constatar la escasa presencia de los investigadores en los medios de comunicación pues, excepción hecha de Julián Casanova, son pocos los historiadores que defienden en ellos la dignidad y la memoria histórica, especialmente en el caso de los medios audiovisuales,  cada vez más copados por pseudohistoriadores y tertulianos, tal y como nos recordaba la Asociación republicana Ay Carmela de Burdeos.

     A modo de conclusión, como señalaba Raymond Villalba, presidente de TML, trabajar por la memoria histórica republicana debe valernos para las luchas actuales a favor de la libertad y la igualdad, para combatir las políticas regresivas de la derecha y la vuelta de los neofranquistas. Esta es una lucha por una causa justa, ya que no se puede hacer memoria sin justicia y porque debe quedar claro que no defendemos una memoria “partidista”, sino una memoria “democrática”. Y eso es lo importante.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 21 octubre 2012)

EL FEDERALISMO NECESARIO

 

     Asistimos a un creciente y tedioso enfrentamiento entre un nacionalismo español que ha cobrado nuevo impulso desde la llegada del PP al poder y sus intentos de  recentralización competencial y, de otra, el auge de  nacionalismos periféricos que, al no sentirse cómodos en España, desean emprender un camino de la independencia como recientemente se ha comprobado en Cataluña: ello nos recuerda el eterno dilema entre “convivir” o “conllevarse” que  expuso Manuel Azaña con motivo de los debates sobre el Estatuto de Cataluña de 1932 en las Cortes de la II República.

     Desde una perspectiva radicalmente democrática resulta evidente que el actual Estado Autonómico ha entrado en crisis, está “agotado”, como señalaba Josep Ramoneda,  pues se creó con la intención de articular a Euskadi y Cataluña en España y, en cambio, ahora la situación es más tensa que nunca en relación a dichas nacionalidades históricas. Por ello, tres son las salidas posibles para lo que ha dado en llamarse la “España post-autonomica”: la recentralización que defiende la derecha nacionalista española,  la secesión independentista o el federalismo.

     Soy partidario de la vía  federalista como alternativa a la recentralización y a la secesión, por ser solución aceptable para encauzar las derivas nacionalistas tanto del centralismo como de la periferia y por ofrecer un camino válido para redefinir el nuevo mapa territorial de España. El futuro siempre es incierto, pero coincido con Pere Navarro, Primer Secretario del PSC en que, dadas las actuales circunstancias, la España futura, “será federal o no será”. Por ello, el reto  es  articular y una nueva España federal que sea aceptable, asimétrica (ya no vale el “café para todos”) y solidaria para con todos los ciudadanos y, tal vez, en un futuro cercano, bajo una forma de gobierno republicana. En este modelo federal, deberán clarificarse cuestiones esenciales tales como los sistemas de financiación, los modelos de coordinación territorial, una corresponsabilidad política y financiera aceptable, sin olvidar la redefinición del papel del Senado: sólo así se sentarán las bases de un  federalismo solidario, ideal al que aspiró eel frustrado Proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873 o el Proyecto de Pacto o Constitución Federal del Estado Aragonés de 1883, inspirados ambos en la idea del “pactismo”, herencia del pensamiento de Francesc Pí y Margall, esto  la libre, democrática y leal  unión pactada  por los pueblos hispánicos en una estructura política común: la Federación.

     La necesidad de  reformular el modelo territorial del Estado Español va a obligar a emprender una nueva transición política y un gran pacto de estado que, con el añorado “espíritu de consenso”, vincule a todas las fuerzas políticas posibles. En esta misma línea, la importante resolución hecha pública por la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE y su homónima Esquerra Socialista del PSC el pasado 30 de septiembre, plantea la necesidad de un pacto federal que debe desembocar en una profunda reforma de la Constitución de 1978, que ciertamente no es una norma eterna, inmutable  ni infalible, mediante la cual se redefina el papel del Senado, se configure el Estado plurinacional español reconociendo las identidades nacionales que lo conforman, las posibilidades de máximo autogobierno, sin olvidar “la cohesión social y solidaridad interterritorial que reclaman los  derechos de la ciudadanía”. Y añado: también deberían de suprimirse las diputaciones provinciales como último vestigio de un fenecido Estado unitario.

     Sumidos en este incierto siglo XXI, las propuestas federalistas siguen siendo válidas para articular de forma armoniosa la España plural en la que muchos creemos y superar así de forma definitiva cualquier tentación centralista o sentimiento insolidario por parte de los distintos territorios que conforman esta “nación de naciones” que es España. En este sentido, y frente a los intereses de la burguesía catalana, resulta fundamental el papel de la izquierda política y sindical en defensa del federalismo, una lucha histórica que siempre mantuvieron durante la República, la dictadura y la transición, en defensa de la nación catalana dentro de una España plurinacional, recuperando la idea del presidente Companys cuando proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Por ello, el papel a desempeñar por el PSC, como principal fuerza de la izquierda en Cataluña, un partido que asumió las ideas del legado federalista de Pi y Margall, especialmente en diversos posicionamientos expuestos por  Isidre Molas, Pasqual Maragall o Raimon Obiols, va a ser decisivo De este modo, el PSC, comprometido con la España plural desde sus posiciones federalistas y catalanistas, las dos almas que subyacen en el socialismo catalán, debería desempeñar un papel determinante apoyando el derecho a decidir desde una reafirmación de su federalismo y presionando al conjunto del PSOE para que opte con valentía por la senda federal, sobre todo en aquellos sectores del mismo que siguen siendo reticentes a ella.

     La apuesta por un “federalismo cooperativo” es la mejor opción al pluralismo constitutivo de la nación española. De este modo, hay que avanzar, en expresión de José Antonio Pérez Tapias  hacia un “federalismo diferencialista”  como alternativa ante el confederalismo de algunos partidos nacionalistas  y la reactivación de un nuevo nacionalismo español de signo centralista apoyado por los partidos de la derecha tradicional. Retomando una expresión de Víctor Pruneda, el dirigente histórico del federalismo turolense del s. XIX, el modelo propugnado por la República Federal Española es que los territorios que libremente la conformen,  “se sientan unidos por un suave lazo que a todos une y a ninguno ata”: ese es el ideal al que aspiramos los federalistas para España y para el conjunto de esa gran federación que es la Unión Europea.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 8 octubre 2012)

 

 

 

UN ESPECTRO DEL PASADO

 

     En fechas  recientes, el Grupo Municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto, con toda justicia y razón, la retirada de la medalla de la ciudad y el título de “Alcalde honorario” a Ramón Serrano Súñer, uno de los personajes más siniestros del franquismo, título que ostenta desde 1938.

     Serrano Súñer estuvo vinculado a Zaragoza cuando, como joven abogado del Estado, fue destinado a la capital aragonesa. Allí conoció a Ramona Polo, cuñada del general Francisco Franco, por entonces director de la Academia General Militar, con la que se casaría, ceremonia en la que fueron sus testigos José Antonio Primo de Rivera, y el mismo Franco, lo cual nos indica ya la orientación política de Serrano Súñer. Y en Zaragoza, entraría en política, siendo diputado por esta provincia en las filas de la CEDA (1933-1936), evolucionando posteriormente hacia un ardoroso fascismo que le impulsó a conspirar activamente contra la República.

     Iniciada la guerra civil, logró llegar a Salamanca, poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco, su cuñado, convertido ya por entonces “Generalísimo” de las fuerzas liberticidas y reaccionarias alzadas contra la legalidad republicana. Serrano Súñer, convertido ya en el “Cuñadísimo” del Caudillo, al amparo de éste fue acumulando un inmenso poder político que le convirtió en uno de los principales jerarcas del régimen franquista. Además de ser el redactor del Decreto de unificación que creó FET y de las JONS, el partido único de la dictadura de cuya Junta Política fue presidente, fue ministro del Interior (1938) y más tarde de Gobernación (tras la unión de Interior y Orden Público), cargos de los que fue el encargado de llevar a la práctica la implacable represión a la que fueron sometidos los republicanos  tanto en el interior de España como aquellos que se habían exiliado: gracias a sus buenas relaciones con el régimen de Vichy y el nazismo, logró que fueran entregados a las autoridades franquistas algunos destacados dirigentes republicanos que, como fue el caso de Julián Zugazagoitia, Joan Peiró o Lluís Companys, serían posteriormente fusilados. Recordemos además que, Serrano Súñer firmó un acuerdo de cooperación policial con la Alemania nazi cuando Himmler, el siniestro jefe de las SS hitlerianas, visitó Madrid en octubre de 1940: consecuencia del mismo, se inició la deportación de los republicanos españoles en los territorios ocupados por el Reich a los campos de exterminio nazis, especialmente al de Mauthausen. De este modo, en la entrevista que tuvo  con Hitler el 25 de septiembre de 1940, Serrano le dijo al Führer: “puede hacer con estos rojos lo que quiera porque la nueva patria no los considera españoles”: quedaba así sellado el dramático destino de millares de nuestros compatriotas. Manuel Leguineche recoge el testimonio de Antonio García Barón, un anarquista de Monzón superviviente de Mauthausen que corrobora esta idea al recoger las declaraciones del comandante Franz Ziereis, jefe nazi de dicho campo, quien antes de morir, “me dijo saber que los presos españoles estábamos allí por petición directa de Serrano Súñer a Hitler. El fue el que nos condenó a muerte”. Por todo ello merece el oprobio y el repudio en la historia y en la conciencia cívica de los españoles.

     Además de  artífice de la represión, Serrano Súñer, siendo ya ministro de Asuntos Exteriores, como germanófilo convencido que era, fue un decidido partidario de que la España franquista entrara en la II Guerra Mundial a lado de las potencias fascistas. Recordemos las entrevistas que, con tal motivo efectuó con los principales jerarcas nazis durante los meses de septiembre-octubre de 1940. En su encuentro con Hitler del 17 de septiembre, Serrano le expuso el programa imperialista de Falange, inspirado en el delirante libro de Areilza y Castiella titulado Reivindicaciones de España y en el que el régimen franquista deseaba anexionarse a cambio de su apoyo militar al Eje, además de Gibraltar y el Marruecos francés, el Oranesado argelino, ampliaciones territoriales en Guinea y el Sahara, así como Andorra y el Rosellón y la Cerdaña, esto es, la Cataluña francesa. Diversos motivos hicieron que, pese a que Franco se comprometió por escrito a entrar en la guerra (sin fecha concreta) en el Protocolo de Hendaya tras la entrevista de Hitler y el dictador español, lo cierto es que la mano de Serrano fue la impulsora de la creación de la División Azul.

     El historiador Julián Casanova se hacía eco de la nefasta trayectoria política de Serrano Súñer en un excelente artículo titulado “Serrano Súñer y la sombra de la represión franquista” (El País, 12 septiembre 2003) con motivo del fallecimiento del político, cuya lectura resulta reveladora señalando cómo éste, pese a intentos exculpatorios posteriores, “estuvo allí, en primera línea, acumulando poder, en los años más duros, cuando más se humilló, torturó y asesinó, en el momento en que se puso en marcha el sistema represivo policial, con la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Seguridad del Estado y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Defendió, con Franco, la rendición incondicional de los rojos, sitió fascinación por las potencias fascistas y odió a las democracias”. Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha aplicado la Ley de Memoria Histórica en la toponimia urbana (aunque todavía no ha dedicado la calle prometida hace años a Bernardo Aladrén) y que erigió un digno memorial en el Cementerio de Torrero en honor a las víctimas de la represión franquista, debería de acabar con el lastre que supone el que Serrano Súñer siga ostentando una  distinción que le concedió la corporación zaragozana en plena guerra civil. Ha llegado el momento de acabar con este oprobio, pues resulta ofensivo para la memoria de las víctimas e indigno para la historia de Zaragoza, pues bajo ningún concepto debe honrarse a ese espectro del pasado, del peor y más triste pasado, aquel que representa la figura de Ramón Serrano Súñer.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 septiembre 2013)

 

 

LA AMENAZA XENÓFOBA

 

    En estos últimos años se está produciendo un auge de los partidos ultranacionalistas y xenófobos como no se veía en Europa desde los años 30 del siglo pasado, una consecuencia nefasta más de la profunda crisis económica y de valores en la que nos hallamos sumidos. En este sentido, tanto Martin Schultz , presidente del Parlamento Europeo, como Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo ya han alertado en diversas ocasiones sobre el creciente peligro del discurso populista (y demagógico) contra la inmigración, el cual supone como una auténtica amenaza para los principios democráticos que conforman la UE.

     Especialmente grave es la situación en Grecia tras la irrupción en la escena política del partido neonazi Amanecer  Dorado con su virulento discurso xenófobo y antisemita que se ha manifestado en su oposición frontal a la inmigración, exigiendo la expulsión de todos los extranjeros del país, sus frecuentes agresiones a éstos por parte de sus milicias y su exaltación de una supuesta “raza helena”. Resulta deplorable la imagen de su líder, Nikos Michaloliakos, bramando mensajes de odio escoltado por atléticos guardaespaldas de aire mussoliniano con tanta musculatura como poco cerebro.

     Pero Grecia no es el único caso. Las señales de alarma en el escenario político europeo son diversas y ahí tenemos a otros partidos que utilizan el tema de la inmigración como banderín de enganche y caladero de votos en diversos sectores de la población que sufren los efectos sociales de la crisis y que, desencantados con los partidos e instituciones democráticas, les han llevado  a la peligrosa senda de apoyar posturas políticas de extrema derecha. En este sentido, podemos citar a grupos que han logrado un creciente apoyo electoral en sus respectivos países como el Partido del Pueblo Suizo (27 %), el Partido del Progreso Noruego (23 %), Auténticos Finlandeses (19 %), el Frente Nacional francés (18 %), el Partido Liberal autríaco  (17,5 %) o los holandeses de la Lista Pym Fortuin y el Partido de la Libertad de Geert Wilders, grupos radicalmente antiislámicos.

     Todas estas formaciones políticas han sabido canalizar un determinado grado de malestar social introduciendo en la agenda política temas como la inmigración, la integración de la población musulmana o gitana, así como la inseguridad ciudadana, temas éstos que, como señala Carmen González, los partidos tradicionales “preferían relegar a espacios menos visibles”. En este sentido, las razones de sus éxitos electorales serían varias: de tipo económico (nivel de desempleo, caída del nivel de vida que, en casos como el griego se cifra en el -40 %), de convivencia (ciudades y barrios periféricos con alta concentración de inmigrantes) y políticos (habilidad del discurso populista y demagógico de los dirigentes de la extrema derecha). Y es que los inmigrantes se han convertido en el chivo expiatorio del malestar de una población que, como ha ocurrido en Grecia, no ve la luz al final del túnel, desconfía de sus instituciones y partidos políticos: culpar al extranjero, al diferente, es un fácil recurso psicológico pues aleja la responsabilidad de los propios errores, excesos y corrupciones existentes en cada país y, además,  es un ataque fácil y gratuito porque los inmigrantes están indefensos ante este tipo de agresiones. De este fenómeno no está exenta España y ahí tenemos los preocupantes síntomas de la irrupción de Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada o las polémicas declaraciones de Xavier García Albiol, el alcalde del PP de Badalona.

     Cuando el pasado 24 de agosto  era condenado el ultraderechista noruego Anders Behring Breivik por el asesinato de 77 personas en los atentados de Oslo y Utøya del pasado año, éste respondió  al tribunal con un saludo amenazador y una cínica sonrisa. No tenía el menor sentimiento de culpabilidad y arrepentimiento, pues pensaba que actuó, en su delirio xenófobo, en “defensa  del pueblo noruego” al cual consideraba “amenazado” por la una supuesta “invasión musulmana” y por el “infierno multiétnico” que, según Breivik, impulsaba el gobierno socialdemócrata de Jens Stoltenberg.

     Las ideas de Breivik son el paradigma  de los riesgos que se ciernen sobre nuestra democracia, cada vez más, afortunadamente, multicultural y multiétnica. Por ello, ante esta ola xenófoba que, como un cáncer social amenaza nuestra convivencia, resulta  imprescindible que todos los partidos democráticos sin excepción  formen un “cordón sanitario” que impida a estos grupos extremistas acceder a las responsabilidades de gobierno y a los diversos parlamentos. No resulta aceptable lo ocurrido en las elecciones presidenciales francesas donde el derechista UMP, el partido de Sarkozy, que durante la campaña electoral ya había asumido parte del mensaje electoral xenófobo del Frente Nacional, al llegar la segunda vuelta de los comicios, coqueteó con el partido de Martine Le Pen con objeto de derrotar a las candidaturas socialistas, poniendo en riesgo los valores sobre los que se sustenta la V República Francesa.

     El reto al que nos enfrentamos es  doble: frenar el avance electoral de estos grupos xenófobos  y, también,  lograr la plena integración de la población inmigrante en los respectivos países de acogida, respetando todos aquellos valores culturales e identitarios que no contravengan los derechos humanos fundamentales. Nos va en ello el futuro de la democracia en Europa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 9 septiembre 2012)

 

 

 

RECORDAD MATIGNON

 

     Tras el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en el crack de 1929, una profunda depresión económica se extendió por el mundo, también por Francia. En el país galo, las secuelas de la misma se agudizaron sobre todo a partir de 1931 dado que las políticas deflacionistas de los gobiernos conservadores supusieron un elevado coste social para los trabajadores, especialmente en lo referente a disminución de salarios y restricciones del crédito. Fueron años en los que aumentó el desempleo, cayeron los salarios, se hundieron los precios agrarios y una avalancha de quiebras azotó al sector industrial. Con tan angustiosa situación de fondo, en mayo de 1936 se produjo la victoria electoral del Frente Popular francés y la formación de un nuevo Gobierno presidido por el socialista Léon Blum: bajo su impulso, a los tres días de tomar posesión del cargo, en la noche del 7-8 de junio, se firmaron los llamados Acuerdos de Matignon, un hito relevante en la trayectoria de la lucha del movimiento obrero por la conquista de los derechos laborales, a la vez que un ejemplo de que, frente a aquella grave crisis económica, había soluciones, salidas sociales, que no cargasen los costes sociales de la misma sobre los trabajadores, como hacían (y hacen) las políticas económicas de la derecha.

     Los Acuerdos de Matignon, firmados por la patronal francesa (CPGF), el sindicato CGT, y el Gobierno del Frente  Popular, supusieron logros históricos de gran calado social como la consecución de la jornada laboral de 40 horas semanales, la generalización de los convenios colectivos, aumentos salariales para los trabajadores de entre el 7 y el 15 %, libertad de afiliación sindical, comprometiéndose los patronos a que ello no supusiera ninguna discriminación  a la hora de “tomar decisiones relativas a la contratación, ejecución o distribución del trabajo, medidas disciplinarias o despido” (art. 3). Igualmente, se reconocía, por vez primera, el ocio como un derecho de los trabajadores y, de este modo, éstos pudieran disfrutar de vacaciones anuales pagadas, logro histórico en la historia del movimiento obrero. Además, los Acuerdos de Matignon supusieron una disminución del paro y una importante reactivación del consumo interno, convirtiéndose también en el modelo de pacto social en materia de negociación colectiva a nivel estatal  mediante acuerdos tripartitos  entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno: todo un ejemplo de responsabilidad social para hacer frente a la crisis, de entonces y de ahora.

     He querido recordar los Acuerdos de Matignon precisamente ahora en que tantas conquistas sociales y laborales están amenazadas, en que la derecha económica, política y social está lanzando una ofensiva en toda regla contra los derechos que tanto costó conquistar y a los que una sociedad democrática avanzada no puede ni debe renunciar y en cuya defensa debemos cerrar filas. Como ariete de esta ofensiva reaccionaria contra los derechos laborales y sociales, como uno de sus más ardorosos abanderados, encontramos a Salvador Sostres, polémico columnista del diario El Mundo en cuyas páginas ha dejado frecuentes ejemplos de su ideología y en los que ha arremetido contra los valores y principios esenciales de nuestro Estado de Bienestar, tan tambaleante en estos últimos tiempos. Citaré sólo dos artículos de Sostres especialmente reprobables: el titulado “Cómo acabar con el paro “ (El Mundo, 28 septiembre 2011) en el que, desde su visceralidad contra los sindicatos de clase,  clamaba por “la abolición del Estatuto de los Trabajadores, la cancelación de los convenios colectivos y la supresión de los comités de empresa”. No menos repulsivo resultaba su artículo ”El Estado moderno” (El Mundo, 13 julio 2012) en el que arremetía contra los funcionarios, las prestaciones por desempleo  y en el que llegaba a decir que “hay que eliminar también el concepto de vacaciones pagadas”, pues, “si tenemos la ocurrencia de querer vacaciones, que sea por nuestra cuenta”: como vemos, tales disparates reaccionarios nos retrotraían a tiempos anteriores a los Acuerdos de Matignon, a ese supuesto “Estado moderno” que nos quiere imponer el neoliberalismo, un Estado con menos derechos laborales y con más desigualdades sociales.

     Las ideas expuestas por Sostres suponen el programa máximo de una derecha cada vez más extrema que no tiene ningún rubor en manifestarse tal y como es en realidad: profundamente reaccionaria. Por ello, la lección que hoy nos ofrece el recuerdo de los Acuerdos de Matignon es que sólo con la firmeza y unidad de los trabajadores  podremos hacer frente al ataque sistemático al cual estamos siendo sometidos. Y, no debemos olvidar que cuando los poderosos ven amenazadas sus posiciones de privilegio, es cuando optan por hacer concesiones a la clase trabajadora. Lamentablemente, en la España actual, no sienten ese temor ni tampoco hay un Gobierno progresista en el poder que, como hizo el de Léon Blum,  los presione en ese sentido para lograr  así conquistas en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos, de aquellos que, como decía Indalecio Prieto, sufren en su rostro el trallazo de la injusticia. Y es que, los Acuerdos de Matignon nos recuerdan y demuestran que por muy adversas que sean las circunstancias, siempre es posible encontrar una salida progresista y justa a la crisis que nos acosa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en:  Diario de Teruel, 23 agosto 2012 y El Periódico de Aragón, 27 agosto 2012)

 

 

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

 

     En América Latina, durante décadas sometida a sangrientos regímenes dictatoriales y a una voraz explotación económica, se han producido en estos últimos años una serie de interesantes cambios políticos tras el advenimiento en estos países de diversos gobiernos progresistas y de izquierda. Este sería el caso de la llegada al poder de Hugo Chaves (Venezuela, 1999), Lula (Brasil, 2002), Evo Morales (Bolivia, 2005), Rafael Correa (Ecuador, 2006), Fernando Lugo (Paraguay, 2008), José Múgica (Uruguay, 2009) y, también, Ollanta Humala (Perú, 2011). Por esta razón, parece emerger en América Latina movimientos alternativos al capitalismo, un nuevo tipo de socialismo para el siglo XXI, algo especialmente destacable en estos momentos de declive ideológico, social y electoral de la socialdemocracia en Occidente, excepción hecha del esperanzador cambio político ocurrido en Francia tras la victoria del François Hollande.

     El término “socialismo del siglo XXI”, acuñado por Heinz Dieterich Steffan, ha sido popularizado por Hugo Chavez y, desde una perspectiva marxista, pretende construir una sociedad libre de explotación y, frente a los que en Occidente claman por “menos Estado”, eufemismo tras el que enmascaran su deseo de “menos democracia”, el socialismo del siglo XXI  apuesta decididamente por el reforzamiento del poder estatal, democráticamente controlado, como forma de avanzar hacia el desarrollo económico y social de América Latina. Igualmente, fomenta la democracia participativa y las organizaciones de base, el tejido social, aspectos éstos que tanto se socavan en nuestro Occidente, azotados como estamos por las imposiciones del neoliberalismo que nos están conduciendo a una democracia devaluada. En palabras de Chavez, estos movimientos socialistas emergentes deben basarse en “la solidaridad, la fraternidad, el amor a la libertad y en la igualdad”.

     Ciertamente, las experiencias surgidas en estos últimos años en América Latina evidencian que no existe un modelo único para lograr una sociedad democrática, participativa, socialista y sin clases sociales, pero se van abriendo horizontes hacia el ideal de emancipación y justicia social. Tal es así que, tras el estallido de la crisis global en 2007, en todos estos movimientos políticos y sociales latinoamericanos, se produjo un impulso decidido hacia la búsqueda de alternativas al capitalismo, razón por la cual Boaventura de Souza Santos señalaba con acierto que América Latina “ha sido el continente donde el socialismo del siglo XXI entró en la agenda política”. Entre las características de este socialismo emergente, como señalaba David Choquehuanca, ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, frente al capitalismo que prioriza el lucro desmedido y voraz a cualquier precio, estos movimientos alternativos reivindican el concepto indígena del “vivir bien”, entendiendo por ello el cuidado del bien común, la sostenibilidad de la tierra y la salud integral de cada persona.

     El ideario del socialismo del siglo XXI se plantea en tres etapas sucesivas: la transición de la dictadura a la democracia; seguidamente, el paso del colonialismo a la descolonización (fase en la que se han producido sonadas nacionalizaciones para que estos países recuperasen su soberanía económica plena) y, como etapa final, la transición del capitalismo al socialismo, un proceso todavía embrionario y no exento de contradicciones. En esta línea, es donde se sitúa el Socialismo Bolivariano, impulsado por Hugo Chávez en Venezuela y por los países que forman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Pese a los errores propios y las deformaciones interesadas de sus detractores, la Revolución bolivariana se basa en tres principios: la igualdad y dignidad de todas las personas, especialmente las culturas oprimidas; la educación, como palanca de transformación social (algo que debemos recordar con especial énfasis en España donde se están atacando frontalmente los valores y principios de la Educación Pública) y, por último, la necesidad de la unión civil y militar para consolidar este proceso de transformación social y política.

     Es importante destacar también que todos estos movimientos cuentan con el apoyo de los sectores cristianos progresistas vinculados a la teología de la liberación. En este sentido, desde los años 60 del pasado siglo, resulta evidente la participación de los cristianos progresistas en lo que ha dado en llamarse “procesos sociales liberadores”: ahí está el ejemplo de Helder Cámara, Pedro Casaldáliga,  Leonardo Boff, Jon Sobrino, Frei Betto o  los de Ignacio Ellacuría y Oscar Romero, cuyo compromiso social les costó la vida.. Como señalaba el religioso brasileño Marcelo Barros, “en este camino a un nuevo tipo de socialismo”, uno de sus elementos característicos, es la participación de grupos cristianos “comprometidos en la transformación social del mundo” por lo que reivindica un “espiritualidad socialista para el siglo XXI” basada  en ideas de Ellacuría (la defensa del pueblo “crucificado”) y  de Oscar Romero,  que demandaba la necesidad de dignificar la política, (“la gran política”, decía) para dar respuestas clamor de los oprimidos y defender  modelos de producción y consumo más justos y sostenibles.

     De este modo, el Socialismo del siglo XXI emergente y los movimientos cristianos progresistas de América Latina  parecen unir sus fuerzas para hacer realidad el ideal de Simón Bolívar, el cual soñaba con “unir a todos los pueblos de esta inmensa patria grande y poder hacer bien al mundo todo”. Y es que, como recordaba Pedro Casaldáliga, en esta tarea, “somos obreros de la Utopía”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 agosto 2012)

 

 

LOS DÉFICITS DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

 

     En medio del actual marasmo económico, son frecuentes las noticias sobre el Banco Central Europeo (BCE). Son muchas las opiniones que cuestionan la actuación de esta institución presidida por Mario Draghi, expresidente por cierto de la agencia Goldman Sachs para Europa, y cuyo objetivo principal es el de mantener la estabilidad de precios mediante el control de la inflación en el conjunto de los 17 países que han adoptado como moneda oficial el euro. Ello ha llevado al BCE a convertirse en un férreo rector que ha impuesto una rígida política monetarista que, no sólo está ralentizando la ansiada salida de la crisis y la reactivación económica, sino que ha ocasionado unos elevados (y negativos) efectos sociales, especialmente en lo referente a la destrucción de empleo y en el deterioro de las condiciones laborales.

     Somos muchos los que pensamos que el BCE, tan obsesionado con controlar el déficit público de los Estados, tiene en su funcionamiento y actuación otro tipo de déficits, en este caso democráticos, de los que no se habla tanto en la prensa. Durante el referéndum de la frustrada Constitución Europea celebrado en 2005, ya denunciamos estos déficits democráticos del BCE dado que éste carece de los necesarios mecanismos de control y supervisión, especialmente ante el Parlamento Europeo, unos déficits que le concedían un poder prácticamente ilimitado por encima de los poderes e instituciones políticas de la Unión Europea (UE), razón por la cual el economista Santiago Niño alude a  la existencia de un “sistema parcialmente no democrático” en la relaciones entre el BCE y las instituciones comunitarias.

     Pocos han sido los políticos que han denunciado los déficits democráticos del BCE, cuyos dirigentes,  que no han sido elegidos por la ciudadanía, no han dudado en adoptar medidas que condicionan muy negativamente la vida y el futuro de esos mismos ciudadanos. Uno de estos políticos es Oskar Lafontaine, destacado dirigente durante décadas del SPD alemán, partido que abandonó en 2005 ante la deriva del Gobierno de Gerhard Schroeder el cual aprobó reformas regresivas en materia de jornada laboral, del seguro de desempleo, así como recortes en la sanidad y en los derechos de los trabajadores, medidas que suponían una renuncia a los valores e ideario de la socialdemocracia clásica.

     Lafontaine, que por todas estas razones fundó en 2007 un nuevo partido, La Izquierda (Die Linke), es también autor del libro El corazón late a la izquierda (2000), el cual, pese a estar escrito siete años antes de que estallase la crisis global, resulta de candente actualidad en muchas de sus ideas y propuestas. En el mismo, se nos ofrece un análisis de los desmanes del neoliberalismo, así como una crítica de la deriva social-liberal en que habían caído algunos partidos socialdemócratas como la Tercera Vía de Schroeder o el Nuevo Laborismo de Tony Blair. Consecuentemente, Lafontaine lanzaba una serie de propuestas para recuperar y reactivar a la izquierda socialdemócrata, cuya tarea inaplazable es la de hacer frente al neoliberalismo, a la ideología monetarista, y así luchar de forma constante  para lograr una regulación de los mercados financieros internacionales y priorizando, sobre todo,  la lucha contra el desempleo. No obstante, reconocía con amargura que, en su época de Ministro de Finanzas en el Gobierno de coalición SPD-Verdes de Schroeder, fracasó en su tentativa de aumentar la fiscalidad de las empresas y en la de “ganar al BCE para la lucha contra el desempleo”, lo cual motivó su dimisión y posterior abandono del SPD.

     En cuanto al BCE, considera Lafontaine que éste, además de “garantizar la estabilidad de los precios”, uno de sus fines primordiales tal y como se señala en el art. 105 del Tratado de Maastricht, debe, también,  contribuir a los objetivos de la Unión Europea fijados en el art. 2º de dicho Tratado, olvidados permanentemente por la actuación exclusivamente “monetarista” del BCE y que son: “potenciar un alto nivel de ocupación y un elevado índice de protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, un crecimiento constante y no inflacionario, un elevado grado de competitividad y convergencia de las economías, un elevado grado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, el aumento de la calidad de vida y la cohesión económica y social entre los Estados miembros”. Todos estos son, en la actualidad, otros déficits en la labor del BCE ya que, como señalaba Lafontaine,  resulta un grave error que el BCE se limite sus funciones a lograr la estabilidad monetaria, olvidando todos los demás objetivos antes indicados. Por ello, ya entonces,  planteaba una posición política alternativa que, en sus tres líneas esenciales, resulta de total actualidad en el momento presente: en primer lugar, la prioridad del BCE debería de ser el “declarar la guerra al paro” bajando los tipos de interés todo lo que fuera necesario; en segundo lugar, el BCE debería de tener un mayor control democrático por parte de las instituciones de la UE, especialmente por el Parlamento Europeo y, finalmente, debería de rendir cuentas de su actuación públicamente, todo ello con la idea central de rechazar el dogma de fe del neoliberalismo rampante según el cual sólo con el “monetarismo”, se arreglarían todos los problemas económicos que nos acucian.

     Ahora que ya apenas se habla de la Europa Social, ahora que el Estado de Bienestar está siendo acosado y sometido a una voladura controlada de sus logros históricos, resulta más imprescindible que nunca acabar con los déficits del BCE antes indicados,  pues es vital recuperar el ideal de una Europa Social, eje y valor en torno al cual articular una Unión Europea justa, solidaria y al servicio de los ciudadanos, evitando de éste modo que los mercados y la banca nos sigan condicionando y limitando  nuestra democracia. Y para lograrlo, el BCE debe de tener una orientación más social y un funcionamiento más democrático.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 17 julio 2012)

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SIEMPRE

 

     El valor de la educación ha sido siempre una constante en todo intento de transformar y mejorar la sociedad, desde las utopías clásicas, hasta nuestros días. Recordemos La República de Platón, aquella ciudad ideal gobernada por sabios, en la cual la educación se ofrecía a todos por igual y, cada uno según  sus cualidades y capacidad de esfuerzo alcanzaba grados educativos más o menos altos. De igual modo, Tomás Campanella, nos hablaba en su obra La ciudad del sol (1623) de una sociedad utópica, pacífica y educada, en las que las murallas de la ciudad eran  convertidas en grandes murales pintados en los que los niños aprendían sobre la historia y la naturaleza. Lo mismo podemos decir de otros utopistas clásicos como Rousseau, que tanta importancia daba a la educación crítica, o Étienne Cabet, que demandaba una educación universal para todos los niños entre los 5 y los 17 años, o Robert Owen, que en los tiempos del incipiente socialismo utópico, fue un firme partidario de la escuela obligatoria y gratuita.

     A lo largo del S. XIX, el liberalismo burgués fue impulsando un tipo de escuela pública cuyas raíces venían de la Ilustración y, por ello, la creencia en que la libertad de cátedra y la racionalidad científica eran la clave del progreso económico, del bienestar, liberando a de la conciencia individual de supersticiones y dogmatismos. Por su parte, el naciente movimiento obrero siempre consideró la escuela pública como un elemento de transformación social: si el Manifiesto Comunista (1848) reclamaba una educación pública y gratuita, el Congreso Obrero de Ginebra (1866) y los sucesivos, reclamaron constantemente un sistema de instrucción pública estatal y de carácter laico. De este modo, el movimiento obrero vio en la escuela un instrumento de emancipación individual y social para liberarse no sólo de la explotación económica, de la miseria, sino también de la ignorancia y la alienación burguesa. Por ello, la educación pública laica, mixta y gratuita, fue una demanda básica del movimiento obrero, entendida, además, como palanca de reequilibrio social.

     Herederos del ideal de escuela pública y laica, el movimiento obrero exigió su extensión y mejora y defensa frente a las políticas conservadoras, clericales y elitistas de entonces ( y de ahora) y, en esta lucha por extender la escuela a todos los sectores sociales, contó con el apoyo  de los sectores más progresistas de la burguesía. Ejemplo de ello fueron las reformas educativas de la II República Española impulsadas por las ideas de Lorenzo Luzuriaga, autor de La Nueva Escuela Pública (1931), obra de gran influencia en la renovación educativa republicana. De este modo, se fomentó el bilingüismo, se suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, se crearon las Misiones Pedagógicas y, sobre todo, se fomentaron las escuelas primarias mediante un Plan Quinquenal que tenía como objetivo la construcción de 27.000 escuelas y, aunque hubo de problemas de financiación consecuencias de la recesión económica que entonces, como ahora, se sufría y no se construyeron todas las escuelas proyectadas, quedó como un hito del mayor impulso dado en nuestra historia a favor de la educación y la escuela pública.  Sin duda, la escuela pública republicana fue un proyecto educativa profundamente progresista, aunque efímero y que ha sido calificado como el modelo educativo más valiente y transformador hasta nuestros días, todo un ejemplo de lo que puede la voluntad política, aún en tiempos de adversidad, cuando de verdad se apuesta por una escuela pública al servicio del conjunto de la ciudadanía, apoyada en una pedagogía moderna, libre y liberadora.

     Luego vino la larga noche franquista, que articuló una educación pública confesional y adoctrinante articulada en torno a la Ley de Instrucción Primaria (1939), la Ley de Ordenación de la Ordenación de la Enseñanza Media (1953) y la Ley General de Educación (1970).  Tras la recuperación democrática, diversas reformas educativas impulsaron la educación pública abierta, tolerante y progresista, un modelo de escuela pública cuyos valores y pretenden ahora ser socavados  por las políticas conservadoras bajo la coartada de los ajustes exigidos para hacer frente a la grave crisis económica que padecemos. Y pese a ello, en la actualidad, adquiere todo su sentido la  demanda de “Escuela y despensa” de Joaquín Costa porque, como decía el ilustre aragonés en 1899, “no hay otras llaves capaces de abrir el camino a la regeneración española”.

     En la historia, nada se consigue sin esfuerzo. Por ello, en estos tiempos de involución y recortes, la educación pública, cimiento de la sociedad civil, democrática y pluralista, es un valor fundamental que debe ser defendido con firmeza. Frente a toda  adversidad, recordamos a Tomás Moro quien en su obra Utopía (1516), decía que, “aunque os veáis impotentes para desterrar las perversas opiniones y enmendar las faltas acostumbradas, no por ello debéis de eximiros del Estado y dejar la nave en medio de la tempestad, porque os es imposible dominar los vientos” ya que, “si no podéis realizar todo el bien, procurad por lo menos disminuir el mal”: ese es el reto que, día a día, asume con coraje la Marea Verde para hacer frente a la tempestad que acosa a la Escuela Pública.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 2 julio 2012)