TRAS LA TEMPESTAD

    Los resultados de las elecciones del pasado 22 de mayo, han supuesto un auténtico “tsunami popular”, en expresión de Miguel Ángel Revilla, el todavía presidente de Cantabria, cuyos efectos han ocasionado un verdadero cataclismo electoral para el PSOE, una tempestad que ha arrasado, salvo contadas excepciones, con todas las parcelas de poder local y autonómico hasta entonces regidas por los socialistas.

     La derrota electoral era previsible, no tanto la magnitud que alcanzó la tempestad que tanto ha zarandeado el barco socialista amenazándolo con un grave naufragio. Se podrá decir que el desastre ha sido consecuencia  de la crisis económica, y es verdad, como también lo es que el Gobierno socialista ha sido incapaz de ofrecer una salida socialdemócrata a la crisis mucho mas justa, solidaria y progresista que el camino de ajuste neoliberal que le ha sido impuesto desde el exterior…y que ha aceptado disciplinadamente, con el consiguiente desconcierto primero y creciente indignación, después, de las bases sociales y electorales socialistas.

     Pero no sólo eso: el problema es mucho más profundo pues estos comicios han castigado de forma contundente el giro a la derecha del Gobierno del PSOE, desde que un nefasto 12 de mayo de 2010, Zapatero anunciara en el Congreso unas medidas de ajuste económico alegando la inaplazable necesidad de realizar “un esfuerzo nacional, colectivo y justificado” para salir de la crisis, asumiendo de éste modo dócilmente las imposición de medidas neoliberales, totalmente contrarias al ideario socialdemócrata.  El sociólogo Marcos Roitman señalaba recientemente que era inaceptable el que “la crisis que la han generado los de siempre, quieren que la paguemos los de siempre”. Y ese es el problema de fondo: el constatar que la crisis ha desbordado a la política, los mercados han robado no sólo nuestros recursos, sino también la soberanía popular, los especuladores han logrado desestructurar a las fuerzas políticas de la izquierda. Todo ello explicaría el derrumbe electoral del PSOE: no ha sido un problema de “comunicación”, sino de rechazo a una política económica equivocada, injusta y antisocial que no sólo ha dejado inoperantes los ideales socialdemócratas, sino que, como consecuencia, ha abierto las puertas a una derecha dispuesta a aplicar nuevas medidas de ajuste y privatización de los servicios públicos.

     Tiene razón Pepe Blanco, cuando, tras el desastre electoral señalaba que “no es el momento para  lamentarse, sino para levantarse”. Es cierto: algunos dirigentes, deberían de asumir su responsabilidad ante semejante catástrofe electoral, levantarse de su puesto…y dimitir. Sería algo que, como ha hecho la Ejecutiva de ERC, les honraría. De lo contrario, y recordando casos como el fiasco ocurrido en Alcañiz, en donde el aparato provincial socialista  impuso una lista electoral que no contaba con la legitimación democrática que le hubiera conferido el apoyo mayoritario de la militancia alcañizana, ha llegado el momento de exigir las responsabilidades políticas correspondientes.

     Así las cosas, tras la tempestad, el barco socialista debe de marcar un nuevo rumbo, el cual sólo puede ser fijado por dos claras coordenadas: un imprescindible y urgente giro a la izquierda de sus políticas, y un aumento de la democracia interna en el partido ampliando los cauces de participación y respetando la voluntad de su militancia…aunque sea contraria a los intereses del “aparato”.

     En cuanto al giro a la izquierda, la crisis de la socialdemocracia exige que ésta redefina su función, recupere sus valores, y asuma con valentía su papel para volver a liderar un modelo sostenible que suponga una alternativa efectiva a la ofensiva neoliberal en campos clave como el financiero, el fiscal y el social. En este sentido, resulta necesario, como señalaban recientemente Iñaki Gabilondo, y también Santiago Carrillo, reorganizar  (o refundar) los partidos de izquierda para que sean capaces de ofrecer una salida social a la crisis, como también lo es que, en ese camino, habrá que tener muy en cuenta a fenómenos tan interesantes como Movimiento 15-M tanto en cuanto tienen de valioso como regeneradores de nuestra democracia y abanderados de las demandas y propuestas de progreso social de amplias capas de la ciudadanía, que, como los jóvenes, no se sienten representados por los partidos convencionales, convertidos en máquinas electorales y en “empresas de poder”. Y es que, como se señalaba en el célebre Manifiesto de los economistas aterrados promovido por la AFEP (Association Française d’Economie Politique) de septiembre de 2010, “a medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas”. Y así ha sido, tal y como lo ha puesto de manifiesto la expansión del movimiento de los “Indignados” y de “Democracia real ya”.

     La segunda coordenada que debe seguir el barco socialista es la de profundizar en su democracia interna, tal y como se contempla en el artículo 6º de nuestra Constitución. Resulta evidente que hay que fomentar medidas tales como la implantación de primarias (el mejor proceso de legitimación democrática) a la hora de elegir los candidatos idóneos en los distintos niveles de representación orgánica o institucional, las listas abiertas o la limitación de mandatos. En definitiva, medidas que fomenten la participación y la capacidad de decisión de los militantes (e incluso de los simpatizantes) reduciendo el poder, muchas veces excesivo, de los “aparatos” partidarios, siempre tendentes a autoperpetuarse, y que con frecuencia recurren a prácticas opacas, al clientelismo y a la “dedocracia”, nefasto sucedáneo de una auténtica democracia en la vida orgánica partidaria. Sólo con una mayor transparencia y participación efectiva, se lograría interesar por la política a amplios sectores que se muestran desafectos con el funcionamiento de los partidos actuales y, de este modo acabar con el creciente distanciamiento entre éstos y una realidad social cambiante, con unos colectivos que han tenido el coraje de dar un paso adelante y plantear toda una batería de propuestas y alternativas tendentes a la necesaria regeneración de la práctica política democrática.

     En este momento, cuando tanto se habla de la necesidad de celebrar primarias o tal vez un Congreso extraordinario como propuso Patxi López puesto que “hay que definir una nueva propuesta y una nueva orientación”, lo cierto es que son necesarias ambas cosas, tal y como señalaba Paco Gracia en su  excelente artículo “Primarias o Congreso: ¿por qué no las dos cosas?”. Y es que, tras la tempestad, y volviendo al símil náutico, el problema no es sólo qué capitán es el más idóneo para pilotar el barco socialista, sino cuál es el rumbo que éste debe tomar para llegar a buen puerto.

     Como señalaba Willy Brandt, “las derrotas forjan, con tal de que no sean demasiadas” y, por ello, tras la tempestad, habrá que asumir los pasados errores para cambiar el rumbo político de la socialdemocracia, porque,  de no hacerlo, la singladura de la nave socialista podría acabar en un naufragio definitivo y ello sería no sólo trágico para un partido de la historia del PSOE, sino también para nuestra democracia.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 1 junio 2011)

 

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS: UNA ACTUACIÓN DELICTIVA

     La crisis global se ha convertido en la coartada perfecta para que los sectores económicos y políticos más ultraconservadores se lancen a una fuerte ofensiva tendente a desmantelar las bases del Estado de bienestar reduciendo derechos laborales y sociales que tanto costó lograr. Como señalaba Naomi Klein en su libro “La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre” (2007), el capitalismo se está aprovechando de la crisis para introducir medidas de choque muy impopulares entre la población con el único fin de favorecer los intereses del conglomerado financiero y económico internacional, situación que constatamos día a día.

     En fechas recientes, las profesoras de Economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa publicaron un excelente artículo titulado “Crímenes económicos contra la humanidad” en el que demandaban el reconocimiento este tipo de delito, así como poderlos investigar y juzgar con arreglo a la legislación penal internacional, al igual que ha ocurrido con los crímenes de genocidio cometidos en tiempos recientes en la antigua Yugoslavia o en Ruanda. En esta línea,  Xavier Caño se preguntaba:“¿acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en los paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?”. Según la Corte Penal Internacional se entiende por “crimen contra la humanidad”, “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, y, por ello, las víctimas de estos nuevos crímenes económicos son numerosas y sus consecuencias sociales gravísimas, equiparables a los genocidios de tiempos pasados.

     Como señalaba Paul Krugman,“tras las frías cifras, hay un inmenso panorama de sufrimiento”: en los dos últimos años, el número de hambrientos en el mundo ha pasado de los 850 a los 1.100 millones de personas y, según Eurostat en su último cálculo sobre la pobreza, 116 millones de europeos, sufren una de estas tres formas  de exclusión social: índice de personas pobres, personas con privaciones materiales muy graves o personas que sobreviven con salarios muy bajos que apenas les alcanza para sus necesidades básicas. El capitalismo financiero, culpable de la crisis, también ha supuesto en el llamado Primer Mundo un serio retroceso de derechos constitucionales básicos como el de acceso a la vivienda o el derecho al trabajo para millones de personas. El caso español es un claro ejemplo: con casi 5 millones de parados, el 20 % de la población activa y 180.000 embargos hipotecarios en el 2010, estamos sufriendo con toda crudeza los efectos de la crisis global, agudizada todavía  más con los recortes sociales en materia salarial y de pensiones.

     Shoshana Zuboff tiene razón al señalar que no es suficiente con acusar al sistema, a “los mercados” de la crisis, como tampoco lo sería culpar de los crímenes nazis a las ideas hitlerianas, y no a las personas concretas que los cometieron. Por ello, como detrás de un crimen siempre hay un criminal, que tarde o temprano deber ser juzgado legalmente, Zuboff nos señala como culpables del desastre económico a todos los que defendieron la liberalización de los mercados financieros, especialmente a Alan Greespan, el otrora todopoderoso jefe de la Reserva Federal de los EE.UU; a los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de las especulaciones en Bolsa, de las empresas que, como Lehman Brothers o la Agencia Goldman Sachs, fomentaron la llamada “economía de casino”, sin olvidar a todos los bancos que emitieron créditos-basura tóxicos.

     Especialmente grave ha sido la actuación de las llamadas Agencias de calificación de riesgos. Hay que recordar que éstas, desde el 2001, calificaron al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros (hipotecas basura y activos tóxicos) a los que otorgaron la máxima calificación, lo cual facilitó su difusión en los mercados financieros internacionales: si a mediados de 2006 había en el mundo sólo 9 empresas con la máxima calificación (triple A), en enero de 2008, eran ya 64.000, entre ellas Lehman Brothers o inversores como Bernard Madoff, calificación que lograron pocos días antes de declararse en quiebra, lo cual dice bien poco a favor de la fiabilidad de estas Agencias. Todo ello generó una burbuja especulativa financiera cuyo estallido, hizo que millones de personas perdiesen su empleo, su vivienda o ambas cosas. Por ello, las turbias prácticas de las Agencias de calificación se han convertido en auténticas armas de destrucción masiva por sus devastadores efectos económicos y sociales a nivel mundial,  auténticos “crímenes económicos contra la humanidad”, razón  por la cual deben de ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

     Especialmente escandalosa es la actuación de estas agencias desvalorizando las deudas públicas de algunos países, como es el caso de España, con lo que sus eventuales prestamistas lograban elevados beneficios. De este modo, sometían a los estados soberanos al chantaje de vincular su solvencia a las ventajas económicas que pudieran ofrecer a los especuladores, Además, la calificación concedida por estas agencias dependía de la mayor o menor predisposición de los gobiernos reducir el gasto social, flexibilizar las relaciones laborales o congelar las pensiones, las cuales había que sacrificar ante los sumos sacerdotes del festín especulativo.

     Lamentablemente ningún gobierno, tampoco los de signo socialdemócrata, ha tenido el coraje de atajar este tipo de crímenes económicos, por lo que ha sido la sociedad civil la que ha pasado a la acción. Además del ejemplo de la ciudadanía de Islandia o del proceso penal en EE.UU. contra Madoff, en el caso de España, el abogado Jaume Asens y Gerardo Pisarello, miembro de ATTAC-España y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, han promovido una querella penal contra las agencias de calificación de riesgo Moody’s, Standard & Poors y Fitch Ratings, la cual ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional por la que éstas deberán de responder por dos acusaciones concretas: la de alteración del precio de la deuda pública y la de utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio, penada por los artículos 284 y 285 del Código Penal. Tal vez sea esta una lucha quijotesca contra unos molinos de viento que mueven, o mejor sería decir especulan, con la economía y las finanzas mundiales, pero lo cierto es que esta querella sólo supone una iniciativa jurídica y ciudadana contra la impunidad con que actúan este tipo de agencias y  también para abrir un debate sobre la necesaria depuración y democratización del actual sistema financiero.

     No podemos resignarnos a aceptar el vaticinio de Warren Buffet, el multimillonario propietario de Moody’s, quien recientemente declaró  que “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. No sería aceptable resignarse y, como nos decía Stéphane Hessel, además de indignarnos, debemos pasar a la acción, algo a lo que también nos insta Antón Costas, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, quien advierte que, “si la política no recobra su autonomía  frente a los mercados financieros y la sociedad no es capaz de manifestar su indignación,  no habrá límites a la especulación, la volatilidad financiera  y la desigualdad”. Este es un reto ante el cual debemos reaccionar los ciudadanos pues, de no hacerlo, estarán en riesgo los valores y principios sobre los que se sustenta nuestra democracia.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 12 mayo 2011 ; El Periódico de Aragón, 15 mayo 2011)

 

INTELECTUALES ISRAELÍES A FAVOR DE UN ESTADO PALESTINO

     

     En el siempre convulso y agitado Oriente Medio, con una preocupante escalada represiva en la Siria de Bashar al-Assad, un conflicto palestino-israelí enquistado y con el proceso de paz embarrancado, una noticia ocurrida hace unos días pasó un tanto desapercibida en los medios de comunicación occidentales. El pasado 20 de abril, coincidiendo con la pascua judía (Pesaj), un grupo de intelectuales, artistas y académicos vinculados a la izquierda israelí, firmaron un Manifiesto a favor del reconocimiento del Estado Palestino con arreglo a las fronteras previas a 1967, esto es, la posición defendida por la comunidad internacional, basado en la solución “Dos pueblos, dos Estados” destinado a acabar con lo que definieron como “inmovilismo” del actual gobierno derechista de Binyamin Netanyahu y que suponga el primer paso para el logro definitivo de una paz estable y justa entre Palestina e Israel.

     El referido Manifiesto, ha sido firmado por destacados miembros de la intelectualidad vinculados a la izquierda pacifista israelí como la exministra Shulamit Aloni, el cineasta Ari Folman, el periodista Sefi Rachlevsky, el dramaturgo Joshua Sobol, Yehuda Bauer, profesor emérito de Historia y Estudios sobre el Holocausto de la Universidad Hebrea de Jerusalem o Avishai Margalit, profesor de la Universidad de Princeton, entre otros. Tal y como se recoge en su texto, supone “un llamamiento a todos los que buscan la paz y la libertad para todos los pueblos para que apoyen la declaración de un Estado palestino, y actúen de una manera que aliente a los ciudadanos de los dos estados  y mantener relaciones pacíficas dentro de las fronteras de 1967”, exigiendo igualmente “el  fin total de la ocupación” israelí de Cisjordania y Jerusalem este como “condición previa fundamental para la liberación de los dos pueblos”. Este Manifiesto, además de su significado político,  tiene un profundo contenido ético al señalar que “la independencia de ambos estados los fortalece mutuamente”  y ello es “una necesidad moral y existencial y la base para la posibilidad de unas buenas relaciones de vecindad”.  De este modo, el Manifiesto pretende iniciar un proceso en la sociedad israelí a favor de la reactivación del proceso de paz y que, por ello, supone una alternativa a la actual parálisis política del gobierno de Netanyahu-Lieberman cada vez más escorado a la derecha.

     Cuando dicho Manifiesto fue leído en público el 21 de abril  a las puertas del Independence Hall de Tel Aviv, lugar cargado de simbolismo puesto que fue allí donde David Ben Gurión había proclamado el 14 de mayo de 1948 la independencia del Estado de Israel, tan emotivo acto fue boicoteado por militantes de la ultraderecha judía. Lamentablemente, cuando Hanna Maron, “la gran dama del teatro israelí”, de 87 años intentaba leer el manifiesto, quedó patente el desgarro que la cuestión de la declaración del Estado palestino supone en la sociedad israelí, entre la derecha nacionalista y la izquierda pacifista. Muy triste tuvo que resultarle a Hanna Maron, que, ante los insultos de que era objeto por parte de los ultras que la increpaban, no pudiese leer libremente el texto del Manifiesto, de este apuesta decidida por la paz y la reconciliación, lo cual tenía especial valor en su caso puesto que la artista israelí perdió en 1970 una pierna como consecuencia de un atentado palestino, y sin embargo, nunca cayó en las siniestras redes del odio y del rencor y siguió buscando esa paz necesaria, esa “paz de los valientes”, en expresión del asesinado Itzjak Rabin.

     Pese a estos penosos incidentes, el Manifiesto tiene una profunda significación política como alternativa a la paralización deliberada del proceso de paz por parte de la derecha israelí en el poder. De hecho, Sefi Rachlevsky, uno de sus promotores, ha llegado a acusar a la política de Netanyahu de “causar daños a la democracia y a los derechos civiles” a la cual no duda en calificar de “catástrofe moral” puesto que, al negar los derechos legítimos del pueblo palestino,  está llevando a Israel a un cada vez mayor aislamiento internacional que puede convertirle “en una especie de Sudáfrica”… en tiempos del apartheid.

     Por su parte, mientras el Gobierno de Israel criticaba el Manifiesto de los intelectuales israelíes, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) emitió un comunicado en el que reconocía que “se trata de una valiente iniciativa política que contribuye de forma decisiva  a reavivar las esperanzas de paz que los sucesivos gobiernos israelíes dispersaron”.

     En consecuencia, este Manifiesto insta a reactivar la agencia negociadora y la posibilidad real de que en el próximo mes de septiembre la Autoridad Nacional Palestina (ANP) firme un tratado de paz con Israel como paso previo a la creación del Estado Palestino bajo varias premisas: el cese de la construcción de asentamientos judíos, solucionar la cuestión de los refugiados palestinos, reconocimiento de un Estatuto para Jerusalem como futura capital de ambos estados, aceptación de las fronteras previas a la guerra de 1967 y medidas de seguridad que garanticen tanto la soberanía palestina como la seguridad de Israel frente a todo tipo de ataques terroristas, lo cual supone el control efectivo de la ANP sobre Gaza. De no lograrse este tratado, la ANP, una vez reunidos los apoyos suficientes (a fecha de hoy, 112 países ya han reconocido a Palestina como Estado independiente), planteará ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU su reconocimiento como miembro de pleno derecho, una decisión política imprescindible para romper el enmarañado nudo gordiano que atenaza una salida justa al conflicto palestino-israelí.

     Por ello, al margen de las gestiones diplomáticas, en una sociedad tantas veces desencantada de la política, escéptica ante el futuro, resulta esencial el compromiso ético y político de sus ciudadanos, tal y como ha quedado patente con el Manifiesto firmado el 20 de abril por destacados intelectuales israelíes, los cuales, con su mensaje y testimonio personal, pueden ayudar, en estos tiempos inciertos,  a alumbrar esperanzas y alternativas de justicia y futuro para la sociedad en la que les ha tocado vivir.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en Diario de Teruel, 30 abril 2011 y El Periódico de Aragón, 1 mayo 2011)

EN HOMENAJE AL 80º ANIVERSARIO DE LA II REPUBLICA ESPAÑOLA

  

     Como cada 1º de Mayo, tras la manifestación cívica que recorría las calles de Zaragoza, la UGT presentaba un documento con las demandas obreras ante las autoridades, normalmente ante el Gobernador Civil, para que lo elevase al Gobierno. Pero, con ocasión del 1º de Mayo de 1931,  el documento revestía unas características especiales: proclamada la II República Española dos semanas antes, la UGT de Zaragoza quiso dejar patente su “adhesión y confianza” ante el nuevo régimen republicano destacando su “carácter democrático”.

      Tras el derrumbe de la monarquía borbónica, totalmente desacreditada, sobre todo por el apoyo tácito del rey a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera,  la República abría un esperanzador horizonte de regeneración política y social para la clase trabajadora. Por ello, el presente documento de la UGT de Zaragoza supuso un entusiasta apoyo a la nueva legalidad republicana, confiando que, en ella, se harían realidad todas las “libertades y emancipaciones sociales” demandadas por el movimiento obrero socialista.

     El texto presentado el 1º de Mayo de 1931 aludía, también, al compromiso de la UGT en la defensa y consolidación  de la joven República, un compromiso que, años después, costaría la vida a miles de ugetistas, entre ellos, las de Bernardo Aladrén y Antonio Puyo, los firmantes de este histórico documento, cuyo texto transcribimos seguidamente, en recuerdo y homenaje al 80º aniversario de la proclamación de la II República Española.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: La Voz Sindical: órgano de UGT-Aragón, nº 116 (abril 2011)

 

 

 

“EXCELENTÍSIMO SEÑOR GOBERNADOR CIVIL DE ZARAGOZA

La Unión General de Trabajadores, al celebrar, con toda emoción, con toda su integridad de clase también, la Fiesta de Primero de Mayo, no trae hoy, como en años anteriores, unas condiciones articuladas en peticiones materiales y morales de que la clase trabajadora se halla carente en una gran parte.

Hemos creído mejor, ateniéndonos al momento actual, en que se ha implantado en España una República de carácter democrático, hacer una demostración de adhesión y confianza hacia el gobierno provisional que sustituyó a la dictadura borbónica de una España que con la monarquía se derrumbaba en sus propias orgías, y tuvo sus consecuencias nefastas en la economía, en las libertades y en represiones sangrientas que constituyeron un sedimento de rebeldía que ha traído, como consecuencia halagadora y lógica, la implantación de la segunda república española, digna de toda loa, de todos los respetos y de las admiraciones de los hombres de conciencia ecuánime, por la lección civil de idealidad y de orden que se ha dado.

Nuestra única conclusión, pues, se expresa en el sentido de que V. E. hará llegar al gobierno de la República española, la resolución de la Unión General de Trabajadores de Zaragoza de adherirnos al nuevo régimen, en la confianza de que dentro de él han de desarrollarse nuevas normas de libertad para la clase trabajadora y ésta, en todo momento, ha de procurar por cauces legales –siempre que la ley se cumpla con justicia y lealtad--, hacer una España democrática, platónica (sic) de libertades y emancipaciones sociales dentro de la República, a cuya defensa estamos dispuestos, con toda la ilusión y toda la energía precisas para su consolidación definitiva.

Esto es, señor Gobernador, lo que elevamos a la consideración de V. E. como representantes de la manifestación cívica que acaba de celebrar el pueblo de Zaragoza, y que rogamos eleve al Gobierno provisional de la República española.

Zaragoza, 1º de  Mayo de 1931.

Por la Unión General de Trabajadores de Zaragoza

El Presidente                                                 El Secretario

 

Bernardo Aladrén                                        Antonio Puyo

 

Excmo. Señor Gobernador civil de la Provincia de Zaragoza.”

POR UNA FISCALIDAD PROGRESIVA

     La crisis económica sigue dando zarpazos que generan profundas heridas en el conjunto de nuestra sociedad con sus secuelas de paro y desesperanza, un túnel al que todavía no se le atisba una salida próxima. Con este telón de fondo y, hallándonos próximos a iniciarse la campaña electoral, algunos partidos empiezan a plantear diversas propuestas sobre fiscalidad, sobre la posibilidad de rebajar, o en su caso reducir, determinados impuestos. Y, sin embargo, en épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal de signo socialdemócrata, aspecto esencial de modelo de Estado de bienestar.

     Con arreglo al artículo 31 de la Constitución, los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo  basado en los principios de igualdad y progresividad por lo que, en las circunstancias actuales, se hace necesaria una revisión global de nuestro sistema tributario basado, fundamentalmente, en la priorización de los impuestos directos, aquellos que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta, impulsando medidas concretas  y efectivas tendentes a incrementar la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías de ventas de acciones o viviendas, seguros de vida) cuya tributación se efectúa por una triple vía (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades  y el Impuesto de no residentes). Por ello, debería de restablecerse el Impuesto sobre el Patrimonio aplicándole un mínimo exento, la creación de un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital, así como un impuesto adicional sobre las grandes fortunas, un impuesto sobre los beneficios bancarios y fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos de ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, además, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad, sin olvidar tampoco la inaplazable necesidad de reformar la tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

     Consecuentemente, lejos de nosotros la errónea idea de que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Bien al contrario, como señalaba Vicenç Navarro, los países que mejor han aplicado la progresividad fiscal, son precisamente los que, a pesar de la actual crisis global, mantienen mejores tasas de población activa y un Estado de Bienestar más desarrollado y de mayor calidad: este es el caso de Dinamarca, con una carga fiscal del 48 % de su PIB, o los de Suecia (47 %), los de Noruega y Finlandia, ambos con el 42 %, mientras que en España es del 33 %. Es por ello que, Navarro no duda en criticar las bajadas de impuestos, las rebajas fiscales aplicadas tanto por gobiernos de derechas como de centro-izquierda, como es el caso del PSOE, dado que ello ha supuesto para los Estados la pérdida de cuantiosos recursos, viéndose obligados a recurrir al endeudamiento, lo cual a su vez ha generado alarmantes déficits en las cuentas públicas.

     Dicho todo esto, resultan oportuno recordar algunas de las ideas y propuestas de la Plataforma para una Fiscalidad justa, ambiental y solidaria, entidad en la que se agrupan más de 30 organizaciones que promueven un modelo fiscal progresivo para España, que tenga por objetivo la redistribución de la riqueza, reducir las desigualdades y, por ello, ser un instrumento para la defensa y la promoción de la justicia social. Y es que, ante la actual situación de austeridad del gasto y de recortes sociales, debemos redefinir el modelo fiscal como forma no sólo de garantizar un auténtico esfuerzo solidario para salir de la crisis, sino también como salvaguardia del Estado de Bienestar ante los embates que está sufriendo por parte de la ofensiva neoliberal que todo lo invade. De hecho, la citada Plataforma no duda en criticar el marco fiscal vigente, tanto en cuanto es “regresivo” puesto que el sistema se sostiene básicamente sobre las rentas de los asalariados y no sobre las rentas del capital, con el agravante, además, de que se han reducido los impuestos directos, los que gravan las rentas y el patrimonio: supresión del impuesto de patrimonio, la práctica eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones o la reducción del impuesto de sociedades (con ello, las multinacionales han dejado de aportar cuantiosos ingresos a las arcas públicas) y, por el contrario, se han incrementado los impuestos indirectos (IVA, carburantes, tabaco), los cuales pagan por igual todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica: sólo sería aceptable el introducir algún criterio de progresividad en el IVA estableciendo un nuevo tipo superior para los artículos de lujo.

     Por otra parte, la Plataforma no duda en calificar al actual sistema fiscal español de “insuficiente” dadas las sucesivas rebajas fiscales aplicadas desde 1995, las cuales, no sólo han agudizado el déficit público sino que han beneficiado, sobre todo, a las rentas altas, lo cual está provocando un incremento de las desigualdades sociales. En esta misma línea, Vicenç Navarro es contundente al señalar que “los grandes recortes del gasto público que ahora se exigen son consecuencia directa de la bajada de los impuestos” y señala cómo “la congelación de las pensiones, la reducción de los salarios públicos y del gasto público podrían haberse evitado si no se hubieran recortado los impuestos del IRPF llevados a cabo tanto por Rato y después por Solbes, ni se hubieran eliminado los impuestos sobre el Patrimonio, ni se hubieran hecho otras reformas fiscales regresivas, que han significado una enorme merma de los ingresos del Estado”.

     Por todo lo dicho, ante un sistema fiscal regresivo e insuficiente, se hace necesario impulsar una profunda reforma fiscal progresiva basada en tres ideas esenciales: la equiparación de la tributación entre las rentas del trabajo y las del capital, el establecimiento de una fiscalidad ambiental (impuestos ecológicos) y, desde luego, un riguroso control del fraude fiscal, que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTMA), en el 2009, el año más agudo de la crisis, se elevó al 23,3 % del PIB español.  Se trata pues, de propuestas necesarias, pero hay que tener la valentía política de acometerlas. Debemos tener presente que plantear la cuestión de la  fiscalidad es tanto como abordar el debate sobre el concepto de equidad y el del modelo social que, como ciudadanos, debemos configurar. Por ello, hoy más que nunca, ante el embate de la crisis global y sus negativos efectos sociales, resulta indispensable avanzar hacia la Justicia Fiscal Global, hacia un nuevo modelo fiscal justo, ambiental y solidario.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 24 abril 2011 y Diario de Teruel, 25 abril 2011)

 

8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

     

     Desde que el I Congreso Internacional Gitano celebrado en Londres en 1971, hace ahora 40 años, acordase la celebración del 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano, se ha levantado con firmeza la bandera en defensa de la dignidad y las señas de identidad de la comunidad gitana, del pueblo romaní, como también es conocido, la minoría étnica más numerosa de la Unión Europea, con una cifra estimada en torno a los 12 millones de personas, y que, desde yace ya seis siglos,  forma parte de la realidad histórica, social y cultural de nuestro continente.

     Lejos quedan sus orígenes en la región india del Punjab y su llegada a Europa a principios del s. XV, fechas por las que se fueron estableciendo en casi todos los países grupos de aquellas gentes de lengua extraña y vestimenta pintoresca a los que se les llamó “egipcianos”, término que más tarde derivaría en el actual de “gitanos”.

     Si en un primer momento fueron bien acogidos, no tardaron en aparecer prejuicios antigitanos por su modo de vida nómada sus prácticas de hechicería, así como  leyendas que los despreciaban por su piel oscura (en la época, equivalente a señal de inferioridad y maldad), o por considerarlos malditos (se les suponía descendientes de Cam,  además de haber fabricado los clavos de la crucifixión de Cristo), todo lo cual les fue condenando a la marginación por parte de las sociedades europeas en las que se habían ido asentando. En el caso de España, la historia del pueblo gitano fue azarosa. Los ejemplos de intolerancia y represión contra los gitanos fueron numerosos: desde la Pragmática Sanción de los Reyes Católicos de 1499, que los obligaba a sedentarizarse o de lo contrario, a sufrir penas de azotes, corte de orejas, expulsión, o esclavitud hasta la gran redada a Prisión General de los gitanos del 30 de julio de 1749, por la que Fernando VI  ordenó “prender a todos los gitanos avecindados en estos reinos, sin excepción de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido”, los cuales no serían amnistiados por Carlos III hasta 14 años después, aunque algunos no se liberarían hasta 1783.

     La situación siguió siendo adversa para los gitanos en toda Europa a lo largo de los siglos XIX y XX: recordemos el exterminio de la comunidad gitana europea a manos del nazismo durante la II Guerra Mundial, tragedia conocida como “Porraimos”, (“catástrofe”, en lengua romaní), que supuso el asesinato de más de un millón de gitanos y que frecuentemente se ha convertido en un genocidio olvidado: a diferencia de lo que ocurrió con la comunidad judía y como señalaba Yves Ternon, ningún gitano fue llamado a testificar en los procesos de Nüremberg contra los criminales nazis y los supervivientes nunca fueron  indemnizados. Volviendo a España, debemos recordar también la célebre Ley de Vagos y Maleantes (1933), tan implacablemente aplicada por la Guardia Civil durante el franquismo y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970), que reemplazó a la anterior durante los últimos años de la dictadura franquista hasta su derogación en el período democrático, pues la Constitución de 1978 reconocía la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley y, consecuentemente, la prohibición de cualquier tipo de discriminación social por razones de raza, sexo, religión o condición social.

     Pese a los solemnes principios constitucionales, lo cierto es que la comunidad gitana, a pesar de ver reconocida la igualdad jurídica, sigue sumida en una desigualdad real que hace que, en excesivas ocasiones, se halle atrapada en las redes de la marginación económica y social.  Ciertamente, los problemas siguen siendo numerosos y complejos, los cuales deben de ser abordados desde diversas perspectivas para que la integración gitana sea una realidad por encima  de las frecuentes (y estériles) palabras y acciones bienintencionadas.

     Pese a la complejidad del problema, existen rayos de esperanza como lo son la creciente pujanza del movimiento asociativo gitano y la implicación creciente de éste en la realidad social, aspectos en los que se han dado pasos muy significativos en defensa de la cultura y la dignidad del pueblo gitano. En el caso español, resulta muy destacable la labor desarrollada desde 1986 por la Unión Romaní, presidida por una persona tan prestigiosa como es Juan de Dios Ramírez Heredia.

      La participación de la comunidad gitana en la realidad política y social resulta cada vez más necesaria, no sólo como paso necesario para su integración ciudadana plena, sino, también, para sensibilizar y hacer frente a los negros nubarrones de abiertas tendencias xenófobas y racistas que están apareciendo en diversos países de nuestra civilizada Unión Europea de la mano de partidos de la derecha conservadora y también bajo el impulso de determinados partidos fascistas emergentes que, al igual que ocurre con la comunidad judía y las comunidades inmigrantes, han convertido a los gitanos en cabeza de turco de sus ataques. Recordemos las medidas de claro signo racista hacia la comunidad gitana aplicadas en fechas recientes por los gobiernos derechistas de Berlusconi en Italia y de Sarkozy en Francia, así como las actitudes abiertamente fascistas que están surgiendo en algunos países del Este de Europa. En este último caso, resulta significativo el caso de Hungría donde, tras las pasadas elecciones de 2010, se produjo un preocupante auge del partido fascista Jobbik que ya proponía en su programa electoral el encerrar a los gitanos en “campamentos de seguridad”. Desde entonces, al igual que está ocurriendo en Eslovaquia, las agresiones contra los gitanos húngaros han ido en aumento y, sin embargo, el presidente del Parlamento de Hungría, Köver László, del gubernamental Fidesz, se ha negado a rechazar estos ataques de claro signo nazi-fascista.

     Por ello, el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano resulta un buen momento para recordar que, además de estar alerta ante el auge de los partidos racistas, y de acabar con los prejuicios seculares para con la comunidad gitana, reafirmar nuestra defensa de una sociedad tolerante, intercultural y solidaria. Estos son los verdaderos cimientos de una sociedad ética y justa, de una sociedad que debemos ayudar a construir entre todos.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 8 abril 2011)

 

UNA ESCLAVITUD SILENCIADA

     

     En estos últimos días ha sido noticia el Dictamen del Consejo de Estado relativo a la posible prohibición de los anuncios de prostitución en la prensa española por considerarlos “una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como persona, que es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes”. Tampoco se puede obviar, tal y como recogía el referido Dictamen, el hecho evidente de que, tras estos anuncios, se ocultan actividades prohibidas por el Código Penal  como es el caso  de las mafias de trata de personas.

     Al margen de la doble moral con la que suele abordarse el tema de la prostitución, este tipo de anuncios, cuya eliminación ya propuso el Presidente Zapatero en el Debate sobre el  Estado de la Nación del pasado 15 de julio de 2010, son en muchas ocasiones la punta del iceberg de un drama silenciado: el de la explotación sexual, de mujeres, muchas de ellas inmigrantes, procedentes de África, Este de Europa y América Latina, por parte de las mafias internacionales.

     De entrada, digamos que, según el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (Palermo, 2000), se define este delito internacional como “la aceptación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.  Se trata, pues,  de un acto no consentido (o de serlo, mediante coacción, engaño o abuso); que supone una explotación económica, no sólo sexual, sino también cualquier trabajo forzado o realizado en condiciones de esclavitud, tales como talleres clandestinos, temporeros agrícolas, mendicidad, extracción de órganos sin olvidar tampoco la servidumbre en el trabajo doméstico y, por último, con un carácter transnacional.

     La trata de mujeres con fines de explotación sexual nos ofrece unos datos estremecedores. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este denigrante negocio afecta anualmente a 2,5 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, de las cuales, en torno a 500.000 mujeres entran cada año en Europa occidental para ser explotadas sexualmente. Por lo que se refiere al caso concreto de España, según  datos de la Red Española contra la Trata de Personas de 2008, cada año, entre 40.000 y 50.000 mujeres son engañadas y traídas a nuestro país por las mafias que controlan los negocios del sexo procedentes de Marruecos, África subsahariana, países del Este, Brasil o Centroamérica.

     La trata de seres humanos con fines de explotación sexual se ha convertido en un negocio muy rentable para las mafias que lo controlan: la OIT cifra que la industria del sexo mueve en el mundo unos 32.000 millones de dólares/año, lo cual convierte a la explotación sexual en el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de drogas y el de armas.

     Pese a la carencia de datos oficiales y también de adecuados mecanismos de seguimiento, estamos pues asistiendo a la globalización de la violencia contra las mujeres. Este drama ha hecho que miles de ellas, sobre todo inmigrantes, caigan en manos de las redes mafiosas que controlan el negocio del sexo, quedando reducidas a condiciones equiparables a las de una nueva esclavitud, sometidas a lamentables situaciones de violencia física, psicológica y sexual. Ante esta grave violación de los derechos humanos, resulta indignante comprobar cómo este fenómeno está convirtiendo a una parte importante de la población femenina inmigrante en una simple mercancía por la que se paga y a la que se puede usar y tirar sin ningún escrúpulo. Lo mismo ocurre con el denigrante turismo sexual de personas procedentes de los países ricos que se dirige hacia determinados lugares del Tercer Mundo para practicar, con total impunidad, relaciones sexuales con niñas o niñas menores de edad.

     Para sensibilizar a la sociedad de esta situación se instituyó el 23 de diciembre como “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres”. Por todo ello, resulta urgente aplicar con todas sus consecuencias el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos aprobado en el 2005 por el Consejo de Europa y que entró en vigor en España en el 2009, a la vez que se puso en marcha el Plan Integral de Lucha Contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual del desaparecido Ministerio de Igualdad y en el que se priorizaba  el enfoque penal para combatir a las mafias así como también el control de las migraciones. Sin embargo, y pese a los avances logrados, todavía existen carencias a la hora de abordar las raíces estructurales de esta lacra o en temas tan sensibles como la atención integral a las víctimas, especialmente el acceso de éstas a los derechos que legalmente les corresponden en materia de asistencia y reparación.

     El juez Baltasar Garzón fue uno de los primeros magistrados que asumió, con valentía, el compromiso de impulsar la lucha penal para combatir la violencia sexual contra las mujeres dadas las evidentes conexiones de ésta con el crimen organizado, esto es, con las mafias que se lucran con el negocio del sexo. Recordando los centenares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (México) y en otros tantos lugares, resulta muy oportuno recordar, a modo de reflexión, la afirmación hecha por Garzón en su libro Un mundo sin miedo (2005): “La condición humana consiste en luchar constante y permanentemente para cambiar el mundo y mejorar nuestra propia existencia, en el sentido de reducir o liminar las explotación de unos seres humanos por otros, en todos los frentes, desde los políticos a los criminales”.

     Este es el reto que golpea nuestras conciencias, para que desde el Estado de Derecho y desde la conciencia cívica hagamos frente a estas nuevas formas de esclavitud, en ocasiones silenciadas, que denigran a las mentalidades y a las sociedades que las consienten y amparan.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: Diario de Teruel, 28 marzo 2011)

 

ALGO ESTÁ PASANDO EN WISCONSIN

     

     La ofensiva neoliberal continúa imparable aprovechando la coartada de las medidas de ajuste adoptadas en diversos países para hacer frente a la crisis global. Si primero fue la reforma del mercado laboral, luego la reforma del sistema público de pensiones, ahora, una nueva amenaza para los derechos laborales y sociales empieza a aparecer en el horizonte: la reforma (léase, restricción) del derecho a la negociación colectiva. Y es que estos días han ido llegando noticias, a modo de avanzada de un sombrío futuro, de lo que está ocurriendo en el Estado de Wisconsin, en pleno corazón industrial de los EE.UU.

     El origen del conflicto se debe al proyecto de ley presentado por Scott Walker, Gobernador de Wisconsin, entusiasta defensor de las medidas ultraliberales, el cual pretende sanear el abultado déficit presupuestario de su Estado mediante una serie de medidas que, en conjunto, además de recortar sus salarios, reducen de forma drástica el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos con el fin último de anular el papel que, en toda sociedad democrática, corresponde a los sindicatos como defensores de los derechos de los trabajadores. La política de ajuste presupuestario del Gobernador Walter, que cuenta con el apoyo, además del  Partido Republicano, al que pertenece, y de grupos ultraliberales como el Tea Party y la plataforma American for Prosperity, pretende, también, incrementar el coste del sistema de pensiones y de seguro médico que deben pagar los trabajadores, la drástica reducción a las ayudas a las escuelas públicas, a los gobiernos locales y la atención a la salud de los necesitados. Planes similares a los de Wisconsin intenta aprobar también John Kasich, el Gobernador del vecino Estado de Ohio.

     Los neoliberales americanos, con el pretexto de la crisis global y la necesidad de acometer reducciones presupuestarias, no ocultan sus auténticas intenciones: aminorar el déficit público a costa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores,  reducir el sector público estatal a su mínima expresión, además de impulsar la privatización de algunos de los servicios públicos que resulten más rentables.

     Los planes del gobernador Walter han desatado una auténtica tormenta política y social en Wisconsin, donde desde el 15 de febrero los empleados públicos han ocupado el Capitolio del Estado como protesta al intento de suprimir el derecho a la negociación colectiva y demás medidas regresivas que pretende aprobar por la mayoría conservadora. Tras dos semanas de movilizaciones, el gobernador Walter ha amenazado con despidos masivos de empleados públicos, al igual que hizo en Ronald Reagan en 1981, ante lo cual,  la American Federation of Labor (AFL), el principal sindicato de los EE.UU., ha amenazado con una huelga general, algo ciertamente insólito en aquel país.

     De igual modo, en estos últimos días, las manifestaciones de solidaridad en protesta contra los planes antisindicales de Wisconsin y Ohio, se multiplican a lo largo de todo EE.UU. y ello puede convertirse en una protesta histórica que, hasta el momento presente, se ha extendido a 14 estados federados, algunos de ellos, como Indiana, Michigan, Iowa o Nueva Jersey, en los que los gobernadores conservadores quieren seguir los proyectos de Wisconsin y Ohio, argumentando, a modo de coartada, que la “nueva normalidad” creada por la crisis obliga a recortar pensiones, seguros y a desmantelar el sector público mediante privatizaciones en beneficio de los lobbies económicos,  bien sean éstos compañías privadas de seguros, sanidad o industriales.

     Ante la revuelta obrera lanzada contra el ultraliberalismo del Gobernador Walter y sus aliados del Tea Party, resulta de interés la autorizada opinión de Paul Krugman, premio Nobel de Economía. Tras mas de dos semanas de intensas protestas, el análisis de Krugman es rotundo: se trata en definitiva de “una lucha por el poder”, esto es, de “un esfuerzo por explotar la crisis fiscal para destruir el último contrapeso al poder político de corporaciones y de los ricos”, para lo cual los ultraliberales deben, previamente, “reventar los sindicatos”, esto es, limitar al máximo su capacidad negociadora en beneficio de los trabajadores. Igual de preocupante resultan, los planes privatizadores del Gobernador Walter el cual, como nos advierte Krugman, “pretende arrogarse autoridad, para, sin licitación, privatizar instalaciones públicas, como plantas de generación de electricidad”, todo ello, defendido, irónicamente por tan polémico Gobernador, “en nombre del interés público”.

     Lo que está ocurriendo en Wisconsin ha disparado todas las alertas, puesto que la “privatización” y el “reventar a los sindicatos”, como señala Krugman, siguen siendo prioridades para el Partido Republicano norteamericano y para los entusiastas admiradores del neoliberalismo de otros países. El riesgo de que lo ocurrido en Wisconsin pueda plantearse en breve en nuestra Europa: recordemos los recientes planes del Gobierno conservador británico de David Cameron para desmantelar todo el sector público en el Reino Unido, todo lo cual debe ponernos alerta ante esa eventualidad. Y es que, ante el imparable avance de las políticas neoliberales, profundamente regresivas e insolidarias, unido a la crisis  y desconcierto de la socialdemocracia, y a la debilidad y descrédito al cual están siendo sometidos los sindicatos de clase, los vientos que soplan por Wisconsin pueden convertirse en una tormenta futura para nuestro acosado Estado de Bienestar actual. El tiempo lo dirá.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 10 marzo 2011 y Diario de Teruel, 13     marzo 2011)