¿HEMOS LLEGADO TARDE?

 

     He pasado unos días por tierras de Gerona en donde pude percibir los desgarros políticos y emocionales que está produciendo el “procés” independentista. Y no es casualidad que, en la hermosa capital catalana, unos días antes, su Ayuntamiento había aprobado el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución por el de “Plaza del 1º de octubre”, todo un símbolo del estado de ánimo que allí se vivía, un gesto más de apoyo a las posiciones independentistas que, al igual que con las pancartas, pintadas y lazos amarillos, cubrían casas, árboles, farolas y hasta los lugares más insospechados del paisaje catalán.

     Al margen de la siempre mentada “mayoría silenciosa” contraria a la independencia, en ocasiones tan silenciosa como imperceptible, siento que buena parte de Cataluña ha abandonado emocionalmente, tal vez de forma definitiva, todo sentimiento colectivo hacia España. Y es que no hemos comprendido, sobre todo nuestros representantes políticos, el sentir profundo del pueblo catalán y su necesidad, ya inaplazable, de su reclamación al “derecho a decidir”, algo que no debería de asustar a ningún demócrata de verdad. Es triste reconocer que media Cataluña se ha ido ya, aunque no de forma política dado que la secesión de la República Catalana no se ha producido, ya nada será igual tras el cuestionado referéndum del 1 de octubre de 2017, seguido por la Declaración de Independencia del Parlament de Catalunya del 26 de octubre de dicho año y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución Española con las consecuencias de todos conocidas.

     El primer paso para “ser” es la voluntad de “querer ser” y de ello dan pruebas patentes un número creciente de la sociedad catalana, un proceso aparentemente imparable que ha decidido optar por el camino de la independencia, para constituir una añorada, y  en exceso idealizada, República Catalana. Este proceso, al margen de la dinámica política interna catalana, también ha sido propiciado por toda una serie de errores e inacciones del Gobierno Central ya que los ejecutivos presididos tanto por el PSOE como por el PP, en sus distintas etapas, han sido incapaces de plantear una alternativa atractiva que frenase un proceso de desafección hacia España que viene de lejos pero que se aceleró de forma exponencial en los últimos años, un fenómeno que se observa a lo largo de toda Cataluña, tanto en el medio rural como en el urbano, en todos los segmentos sociales, en todos los tramos de edades. De este modo, ha quedado patente la imposibilidad de articular de una forma efectiva un modelo federal que, como tal, partiese de la idea esencial del pactismo sinalagmático inspirado en Francesc Pi y Margall, esto es la libre federación de territorios por la también libre voluntad de las partes federadas. Esta idea, la expresaba con sencillas palabras Víctor Pruneda, el histórico republicano-federal turolense del s. XIX, al definir la federación como “el suave lazo que a todos une y a ninguno ata”. Lamentablemente, no ha sido posible lograrlo, como tampoco lo ha sido plantear desde Madrid, como ocurrió por parte del premier británico David Cameron con el referéndum celebrado en Escocia del 18 de septiembre de 2014, un programa político alternativo y sugerente para conciliar los anhelos de Cataluña con los del resto de España, un proyecto aceptable y común para ambos y, a ello, también hemos llegado tarde.

     Así las cosas, la derecha españolista ha hecho su papel de siempre: incomprensión, autismo político, anhelos represivos y actitudes recentralizadoras para solventar “el problema catalán”. Pero tampoco la izquierda ha sido capaz de contraponer al discurso nacionalista y, en muchas ocasiones, insolidario, debido a que, como señalaba Joan Coscubiella, ha abandonado el tema social como eje de la política al reemplazarlo por el conflicto territorial y de este modo, pasar de convertir la lucha de clases como motor de la historia por el manido mensaje secesionista del agravio territorial, todo lo cual tampoco está ayudando a reconducir la situación de esta aguda crisis política.

     Cataluña es, innegablemente, una nación con todas las señas de identidad que la hacen digna de tal nombre bien claras y nítidas. La duda es si esa nación que es Cataluña cabe, todavía, en esa “nación de naciones” que, para nosotros, los federalistas, es España. Así las cosas, la judicialización de este enorme problema político al cual se enfrenta la democracia española no hace sino agravar el conflicto y aumentar la creciente desconexión hacia España y todo lo español, además de abrir el riesgo de fomentar actitudes violentas y de fractura social en la sociedad catalana. Y ello es especialmente grave pues, como decía Carl Schmidt, “la política no tiene nada que ganar y la justicia puede perderlo todo”. Si este problema político no se arregla por la vía judicial, menos todavía lo será por medio de la represión policial, con actuaciones tan ridículas como la de incautar a los hinchas del Barça camisetas amarillas con motivo de la final de la Copa del Rey del pasado 21 de abril.

     Tal vez por ello, los partidarios del diálogo sincero y la negociación abierta, estamos percibiendo una imagen de una democracia decaída, instrumentalizada por poderes políticos conservadores y con una cada vez más indisimulada tendencia recentralizadora, un camino que resulta nefasto para un futuro inmediato. Los lenguajes patrioteros de uno y otro lado, las banderas que los sustentan y que el tiempo desteñirá, sólo sirven para exacerbar la situación y dinamitar los puentes que tan trabajosamente habrá que volver a construir. Por ello, tampoco es bueno que haya políticos huidos ni tampoco presos, máxime cuando en un futuro próximo van a ser, queramos o no, interlocutores necesarios para llegar a una solución política, democrática y negociada.

     Una conclusión final que considero evidente: un problema político sólo puede tener una solución política si realmente lo queremos abordar con nobleza y valentía. Por ello, tenemos derecho a saber lo que la mayoría de los catalanes quiere y para ello sólo hay un camino: el que se pacte la celebración de un referéndum vinculante y con plenas garantías democráticas para que el pueblo catalán, exprese de forma clara y nítida hacia dónde quiere encaminar su futuro. Y eso es democracia plena, algo que hoy más que nunca resulta necesario, más aún, imprescindible.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 6 mayo 2018)

 

UNA LEY POLACA

 

     En fechas recientes, el Senado de Polonia ha aprobado una polémica Ley sobre el Holocausto la cual prohíbe cualquier afirmación, aunque sea cierta y documentada, relativa a considerar a la población o autoridades polacas como responsables o cómplices de los crímenes de lesa humanidad, del genocidio cometido por los nazis contra la población judía en su territorio durante la II Guerra Mundial, hecho éste que puede comportar penas de 3 años de prisión para sus infractores. En consecuencia, dicha ley ha generado una oleada de protestas de los supervivientes de dicho genocidio y sus descendientes, así como de países como Ucrania, Estados Unidos y, sobre todo, de Israel, pues se considera que dicha ley es un “intento de desafiar la verdad histórica” al pretender encubrir la complicidad, directa o indirecta, de sectores de la sociedad polaca en los crímenes cometidos durante el Holocausto, durante la Shoá.

    Esta ley polaca ha supuesto, también, una fuerte crítica por parte de los historiadores puesto que no sólo limita la libertad de expresión a la hora de investigar estos acontecimientos, sino que es un claro intento de falsificar hechos históricos evidentes y, por ello, pretende borrar de la historia de Polonia la negra página que, durante el período de la ocupación nazi del país, supuso la complicidad y el colaboracionismo criminal con las autoridades germanas. Ciertamente, Polonia fue derrotada y ocupada por la Alemania hitleriana, lo que supuso una tragedia de dolor y sufrimiento innegable como lo testimonia la muerte de 6 millones de polacos, de los cuales 3 millones, pertenecían a la comunidad judía. Pero también es cierto que una parte de la población, profundamente antisemita, colaboró con el ocupante nazi durante el Holocausto, tema que cual un espectro que siempre retorna, martillea las conciencias y la historia polaca con una pregunta incómoda: ¿cómo fue posible semejante monstruosidad sin cierta complicidad de la población?, algo de lo que, por otra parte, existen numerosas pruebas y que ningún historiador riguroso pone en duda. Primo Levi, superviviente de la Shoá, decía que “los monstruos existen, pero son poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos, los realmente peligrosos son los hombres comunes”, aquellos que fueron los cómplices necesarios, aquellos que, tanto ayer como hoy, olvidan y banalizan de nuevo ese Mal Absoluto que fue el Holocausto, esa “barbarie única, sin precedentes en la historia de Occidente”, como la calificó Bejla Rubin.

    Por todas estas razones, el Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalem, refiriéndose a esta polémica ley incidía en que “puede difuminar verdades históricas por los límites que impone en expresiones sobre la complicidad de segmentos de población polaca en crímenes contra judíos cometidos en suelo polaco por su propio pueblo, directa o indirectamente, durante el Holocausto”. Por su parte, como señalaba Heather Nauert, en relación a este tema, “todos debemos de tener cuidado de no inhibir la discusión y el comentario sobre el Holocausto. Creemos que el debate abierto, la escolaridad y la educación, son los mejores medios contra el discurso inexacto e hiriente”.

    Esta nueva ley, impulsada por el gobierno derechista y ultranacionalista del Partido Ley y Justicia (PiS), tiene la evidente intención de minimizar la responsabilidad de los polacos en el genocidio judío, un “revisionismo de Estado”, lo cual supone una innegable adulteración de la verdad histórica, con el propósito por parte de la derecha nacionalista, como afirma Adam Michnik, de mandar un mensaje de orgullo a la nación, de superación de las humillaciones históricas sufridas en tiempos recientes por Polonia, una nación siempre aplastada, dominada y cercenada, por parte de sus dos poderosos vecinos: Alemania y Rusia y, de este modo, esconder bajo la alfombra de la “historia oficial” las profundas raíces del antisemitismo polaco y sucesos tan dramáticos como la masacre ocurrida en el pueblo de Jedwabne el 10 de julio de 1941, donde 1.683 judíos fueron quemados vivos, una matanza llevada a cabo por sus propios vecinos católicos polacos.

    Pese al deliberado intento de las autoridades de Polonia por maquillar la historia, como advertía el diplomático israelí Emmanuel Nahshon, “ninguna ley cambiará los hechos”, por muy trágicos que estos sean, a la vez que resulta preocupante el hecho que la tramitación de tan polémica ley, ha provocado un aumento de la intolerancia, xenofobia y el antisemitismo en la sociedad polaca, país donde junto a su deriva autoritaria, parece orientarse, como advertía Antonio Claret, hacia un nacionalismo agresivo que quiere quitarse de encima las culpas del pasado. Y así, por ejemplo, sobre el levantamiento del guetto de Varsovia (abril-mayo 1943) y el asesinato de sus defensores, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, repartió la responsabilidad de la matanza no sólo en “la nación alemana”, sino, también, de forma tendenciosa y sorprendente, “en los que no vinieron a ayudar, es decir, en los aliados” (¡!).

    Lo que ocurre en Polonia no resulta nada extraño ya que los síntomas de la adulteración histórica no son exclusivos de este país, sino que se extienden por toda Europa impulsados por sectores revisionistas, reaccionarios y negacionistas, algo de lo que España no está exenta dado que la larga sombra del franquismo (y sus profundas raíces) siguen muy presentes en nuestra sociedad. Asistimos, pues, a una expansión de lo que ha dado en llamarse “posverdad”, concepto que la RAE ha incorporado a nuestro Diccionario de la Lengua y que define como “distorsión deliberada de la realidad, mediante la manipulación de creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales”, esto es, el empleo de la manipulación interesada y la mentira a la hora de referirse a determinados hechos o períodos históricos. Visto lo que subyace tras esta ley polaca, debemos tener muy presente que ninguna sociedad democrática, debe consentir la propagación de planteamientos negacionistas y de ideas racistas y xenófobas, alentadas por el preocupante auge de los grupos de la extrema derecha a lo largo de toda Europa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 22 abril 2018)

 

¿AMNISTÍA O IMPUNIDAD?

 

    El pasado día 20 de marzo el Congreso de los Diputados, rechazaba la posibilidad, planteada por Podemos y sus confluencias, junto con ERC, PNV, Bildu, Compromís, PDeCAT y Nueva Canarias, de reformar la Ley 46/1977 de Amnistía para que se pudieran juzgar en España los crímenes del franquismo, con la consiguiente indignación de las asociaciones memorialistas y de las familias de las víctimas de la dictadura. Si bien era previsible que la derecha (PP y C´s) se opusiera a ello, ha causado una vez más decepción el alineamiento del PSOE con dichas fuerzas y, de este modo, impedir que se incorporase al artículo 9 de tan polémica ley un nuevo e impecable párrafo que aludía a que las disposiciones contenidas en dicha norma “no impedirán que los juzgados y los tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos”. De igual manera, dichos partidos impidieron que saliera adelante una Proposición de ley complementaria para la reforma del Código Penal con objeto de añadir un nuevo artículo que reforzase la figura de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, conforme al Derecho Internacional y a los distintos tratados suscritos por España.

    La cuestión de fondo es la exigencia, tantas veces requerida, de aplicar en España, con todas sus consecuencias, la legislación penal internacional y el principio de justicia universal, pero la derecha se aferra al manido mensaje de mitificar la Transición y la Ley de Amnistía, con la que se evitó que los crímenes del franquismo pudieran ser juzgados. Ciertamente, la Transición fue lo que fue y se hizo como se pudo según las circunstancias del momento para no soliviantar a los poderes fácticos vinculados al régimen franquista y, por ello, Joseba Agirretxea (PNV), recordaba oportunamente que la Ley de Amnistía no se hizo “en total libertad” por los legisladores dadas las “amenazas veladas” del ruido de sables, del riesgo de involución golpista. Y es que la Transición tuvo sus luces (indudables), pero también sus sombras, algunas muy sangrantes y dolorosas para los demócratas…y la aceptación de la impunidad que supuso la Ley de Amnistía fue una de ellas. Está claro que la derecha se opone frontalmente a tratar el tema de la controvertida Ley de Amnistía, la cual considera “intocable”, mientras que la izquierda debe mantener una postura clara, firme y coherente, algo que resulta especialmente exigible a la tibia posición que en este tema ha dejado patente el PSOE  a nivel federal, máxime cuando hay casos como ocurre con el Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón donde el tema de la Ley de Amnistía se afronta de  una forma más decidida y valiente.

    El debate sobre la memoria histórica ha puesto de actualidad el espinoso tema de la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada cada vez más por sectores más amplios de la sociedad española y también por las organizaciones internacionales de derechos humanos. En esta cuestión debemos recordar que tanto la ONU como la jurisprudencia internacional y los organismos de derechos humanos tales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han rechazado repetidamente las “autoamnistías” y, por ello, el Gobierno de Raúl Alfonsín tuvo la valentía de derogar la Ley de Autoamnistía nº 22.924 de 1983, con la cual la dictadura argentina pretendió lograr la impunidad para sus crímenes.  No es este el caso de España puesto que el 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España “por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” a la vez que pedía su derogación y la toma de “medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales”.

    Así las cosas, considero que el debate hay que centrarlo en el cumplimiento sin dilaciones ni excusas de los compromisos que, en materia de legislación penal internacional tiene asumidos España. De hecho, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 (ratificada por España el 24 de septiembre de 2009), debería implicar modificaciones, todavía pendientes, en nuestra legislación interna, concretamente en el Código Penal y en la citada Ley de Amnistía de 1977. Según dicha Convención, “la práctica generalizada y sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad” (art. 5º), crímenes que son imprescriptibles y no amnistiables. Teniendo en cuenta que, tras la apertura por Baltasar Garzón del Sumario 53/2008 se presentaron 152.237 denuncias, con nombres y apellidos, de personas desaparecidas durante el franquismo ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional del cual era titular el propio Garzón, podemos hacernos una idea de la magnitud “generalizada” y “sistemática” que tuvo la represión franquista. En consecuencia, la condición de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo hace que éstos no puedan ser amnistiados dado que la legislación internacional, como es el caso de la Convención sobre desapariciones forzadas a la cual estamos aludiendo, prevalece sobre las leyes nacionales. Más aún, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1969, se señala expresamente que “un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. De igual modo, con arreglo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (ratificado por España en 1979), se señala en su artículo 7.2 que “no se impedirá el juicio o condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.  Por todo lo dicho, más pronto que tarde la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 deberá modificarse en cuestiones como las anteriormente indicadas para adecuarla al marco jurídico internacional. Hasta entonces, este tema seguirá siendo un tema pendiente de nuestra democracia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 abril 2018)

 

 

 

EL NEGOCIO (SANGRIENTO) DE ARMAS

 

     En el siempre polémico tema del mercado internacional de armas convergen múltiples intereses, tanto económicos de las industrias fabricantes como geoestratégicos de los Estados que los impulsan. Además, si bien es cierto que, como señalaba Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz, el comercio de armas descendió tras el final de la Guerra Fría, también es verdad que, aunque con altibajos como consecuencia de la crisis económica, este suculento mercado se ha reactivado como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior lucha contra el terrorismo internacional.

     En el conjunto de los países productores de armas, aunque EE.UU., la Unión Europea y Rusia acaparan el 85% de la producción mundial y que estas armas son cada vez más tecnológicamente sofisticadas, hay que tener presente que España tiene un importante papel dado que, según datos de 2015, figura como el 7º país en el ranking mundial de exportadores de armas tras EE.UU., Rusia, Alemania, Francia, China y Reino Unido. Además, en este mercado, siempre cuestionable, todos los Gobiernos de España del período democrático, como de nuevo señalaba Tica Font, han evidenciado “un importante grado de secretismo y opacidad” tanto ante el Parlamento como ante la ciudadanía y la opinión pública. Y esta lamentable situación se produce a pesar de que la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) es la responsable de autorizar las exportaciones de armas, incluidas las destinadas a algunos países que, como es el caso de Arabia Saudí, Egipto, Turquía o Irak están inmersos en conflictos armados. De este modo, según un informe de Armament Research Services (ARES) de agosto de 2016, se tenía constancia de la presencia en la guerra del Yemen de armas españolas, entre ellas las fabricadas por la empresa zaragozana Instalaza tales como lanzacohetes C-90CR y granadas de mano, así como del empleo de vehículos tácticos todoterreno «Uro Vamtac» fabricados en Santiago de Compostela por la empresa UROVESA.

     Especialmente significativo es el caso de Arabia Saudí con quien España mantiene unos muy cuestionados Acuerdos de Cooperación Militar, país que se ha convertido en los últimos años en el mayor comprador de armas de todo Oriente Medio como lo prueba el hecho de que, entre 2011-2015 ha incrementado en un 275% la adquisición de suministros militares. Dado el carácter represivo de la monarquía saudí, la falta de derechos fundamentales que impone su visión rigorista del islam wahabita, unido a su intervención militar en el conflicto de Yemen, han hecho que, desde distintas instancias, entre ellas, diversas ONGs como Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam o Fundipace, se haya pedido la suspensión de las exportaciones de armas a Arabia Saudí, así como a otros países del Golfo Pérsico. Así lo han reclamado, también, el pasado mes de septiembre de 2017 los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC y PDeCAT en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados alegando que en dichos países existía una represión interna e “indicios racionales de violaciones de los derechos humanos”, propuesta que fue rechazada por el PP, C´s y, sorprendentemente, también por parte del PSOE.

    Hay razones de sobra para considerar la ilegalidad de estas exportaciones con arreglo a la legislación española y europea en lo referente al comercio internacional de armas sobre todo, teniendo en cuenta aspectos tales como la inestabilidad existente en Oriente Medio, unida a la influencia de países como Arabia Saudí, Oman, Baréin o los emiratos Árabes Unidos por su apoyo a una de las partes en el conflicto de Siria o a su participación en la coalición suní que combate en Yemen, y no digamos en el caso de Irak, donde la prohibición resulta todavía más obvia dado que el país, continúa, pese los últimos éxitos del Gobierno de Bagdad, sumido en una guerra en su propio territorio.

      Aunque estos contratos de armas resultan suculentos económicamente hablando, como es el caso de las 5 fragatas encargadas por Arabia Saudí a la empresa Navantia, el cual garantizaría a sus astilleros de Cádiz 5 años de actividad y 10.000 empleos durante ese período, o las gestiones que en su día llevó a cabo en su día  la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que estuvo tan íntimamente relacionada con el rey emérito como éste lo está con el régimen despótico de Riad, para la venta de entre 250 y 270 carros de combate Leopard de la empresa Santa Bárbara Sistemas-General Dinamics por un precio estimado  de 3.000 millones de euros, hay valores y principios superiores a los meramente mercantiles. Por ello, como señalaba Joan Olóriz, diputado de ERC, resulta lamentable comprobar que, aunque cambie el color político del Gobierno de España, todos ellos han priorizado la venta de armas “por encima de los derechos humanos y el derecho penal internacional”.

     Dado que ciertamente resulta utópico pensar en la abolición del mercado de armas a nivel global, aspiremos, al menos a lograr un cada vez un mayor control del mismo. Por ello, y en lo que al caso de España respecta, este control debería basarse en aspectos tales como la necesidad de mejorar la información ofrecida al Parlamento sobre las exportaciones de material de defensa, facilitar el control y seguimiento de estas ventas por parte del Poder Legislativo y, desde luego realizar en todos los casos un análisis riguroso del riesgo  que comportan estas exportaciones de desvío a terceros países o grupos armados  en relación a su destino para el cual fueron autorizadas.

     Por todo ello, el control de las exportaciones de armas no sólo es un reto ético y jurídico sino una forma efectiva de impedir que las armas de fabricación española provoquen daños, especialmente entre la población civil, tal y como por desgracia ahora ocurre en las actuales guerras del Yemen y Siria o en cualquier otro conflicto armado de los que ensangrientan tantas vidas y conciencias.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 marzo 2018)

 

 

 

RUSIA Y CHINA EN ORIENTE MEDIO

 

     En el siempre inquietante avispero geopolítico de Oriente Medio, azuzado por el eterno conflicto árabe-israelí, la amenaza expansiva del yihadismo y la tragedia de la guerra de Siria, se ha ido abriendo un espacio cada vez mayor la Rusia de Vladimir Putin. Así ha quedado patente, sobre todo, en el decisivo papel que están desempeñando las fuerzas armadas rusas en apoyo del régimen del Bashar Al Assad en Siria. Así, la intervención militar rusa se produjo en respuesta a la petición de ayuda por parte del Gobierno de Damasco en su lucha contra el Estado Islámico y otros grupos de oposición. De este modo, iniciada ésta el 30 de septiembre de 2015, con el decidido apoyo de Putin y su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, para proteger la vital base naval de Tartus, convertida ahora en el pivote de la creciente presencia de la Armada rusa en el Mediterráneo, como señalaba Miguel Ángel Ballesteros,  ha producido un cambio radical en el panorama militar del conflicto sirio dado que la balanza se ha ido inclinando a favor del régimen de Al Assad y en detrimento del Estado Islámico y demás grupos opositores, que actualmente se hallan a la defensiva y perdiendo, uno a uno, sus bastiones y enclaves que habían controlado en los primeros instantes de la guerra en Siria, la cual ya se prolonga por espacio de siete largos años.

     Por todo lo dicho, se ha producido un  significativo vuelco de la situación militar, a costa también de un inmenso coste en vidas humanas de civiles no combatientes (recordemos la masacre que estos días se está produciendo en el enclave de Guta), todo ello, no lo olvidemos, en beneficio del dictador Al Assad que, por otra parte, parece ser visto en Occidente como “el mal menor” frente al riesgo cierto que supone tanto la expansión del yihadismo radical como la desestabilización o desmembración de Siria, país decisivo en el mapa político de Oriente Medio.

    El apoyo diplomático y militar ruso a Damasco, como aceradamente indicaba Natividad Fernández Sola, se debe a una serie de motivos geopolíticos y estratégicos tales como evitar la expansión del Estado Islámico hacia el Cáucaso Sur y Asia Central, el deseo de lograr un acceso al Mediterráneo por parte de Rusia que permita su presencia en el Mare Nostrum,  sin olvidar tampoco el interés ruso por probar equipamientos militares en el campo de batalla y el aspecto no menos importante de realzar el prestigio y proyección internacional de sus fuerzas armadas.

      Pero no sólo en Siria se constata el afianzamiento de Rusia en el ámbito del mundo musulmán ya que lo mismo podemos decir de su creciente influencia en otros países como Argelia, Libia, Egipto o la Turquía de Erdogan, cada vez más islamizada y menos respetuosa con los derechos humanos, que busca el apoyo de Moscú para mantener su papel de potencia regional en la zona, al igual que ocurre en el acercamiento de Rusia a la República Islámica de Irán. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con la Unión Europea o los EE.UU., el apoyo que ofrece Rusia a todos estos países, autocráticos y dictatoriales, no tiene como contrapeso la exigencia de gestos significativos en defensa de los derechos humanos y de impulso a procesos de democratización interna.

     Lo mismo podemos decir de China, la otra superpotencia mundial que también está logrando una presencia significativa en Oriente Medio:  la activa política exterior desarrollada por el líder chino Xi Jinping pretende, debido al imparable crecimiento económico del gigante asiático, garantizar de forma estable el abastecimiento de sus crecientes necesidades energéticas, al igual que hace con su presencia, cada vez mayor, en África y América Latina, continentes que le proveen de las materias primas esenciales para su industria.

    Por otra parte, al igual que el caso de Rusia, este interés también responde a intereses geopolíticos concretos. En primer lugar, a la preocupación de Pekín porque el rayo de esperanza que supuso la efímera “Primavera Árabe” tenga un efecto contagio en su territorio. Y, junto a esta preocupación, con el recuerdo de la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989 en la mente, hay que tener presente también la inquietud que en el régimen chino suscita la expansión del nacionalismo islamista promovido por los separatistas uigures de la región turco-musulmana de Xinjiang, situada al sudeste de China. Por esta razón, desde 2016 el Ejército Popular Chino está presente en Siria entrenando a las fuerzas armadas de Damasco, así como dedicado a tareas de inteligencia militar y logística. Además, a finales de 2017 Pekín envió a Siria una fuerza especial, una de sus mejores unidades de élite, conocida como “Los Tigres Nocturnos”, con objeto de luchar contra los milicianos uigures que combaten en las filas rebeldes contra el régimen de al Assad. De este modo, China intenta evitar el regreso de éstos guerreros chino-musulmanes (se estima, según Jacques Neriah que hay 5.000 uigures en territorio sirio) a la provincia separatista de Xinjianj, en la que han prometido “derramar ríos de sangre” para lograr sus propósitos.

    Por todo lo dicho, ante las torpezas diplomáticas (y estratégicas) de la Administración Trump y la lamentable ineficacia de la política exterior de la Unión Europea a cuyo frente se encuentra Federica Mogherini, tanto Rusia como China están proyectando, en su condición de superpotencias, su influencia política y su poderío militar en Oriente Medio, una región que, como el resto del tablero internacional, es cada vez más multipolar y con un futuro más inestable e incierto.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 marzo 2018)

 

 

 

 

BANALIZAR EL HOLOCAUSTO

 

     El pasado 27 de enero, con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, António Guterres, Secretario General de la ONU, en un emotivo discurso alertaba sobre el preocupante auge de los grupos neonazis y también, y ello resulta especialmente grave, de la creciente influencia de sus mensajes xenófobos y autoritarios en los partidos políticos tradicionales, razón por la cual se lamentaba de que “algunos partidos, necesitados de votos, están felices de dar un barniz de respetabilidad a ideas viles”. Es por ello que Guterres advertía del peligro que supone la “simbiosis” entre ideas y propuestas de signo claramente ultraderechista con las de partidos “respetables” del arco parlamentario en su búsqueda de réditos electorales. Así hemos de entender las posiciones que han ido adoptando diversos partidos de la derecha conservadora  en temas tales como la inmigración o la seguridad ciudadana, como es el caso de la derecha sarkoziana francesa, o de otros partidos del centro y este de Europa, algunos de ellos adscritos al Partido Popular Europeo (PPE), como es el caso de Hungría, Polonia, Eslovaquia o Austria y, también, las posiciones que, por ejemplo en España, defiende en dichos temas Xavier García Albiol, el principal dirigente del Partido Popular de Cataluña (PPC).

Ante esta amenaza que se perfila en el horizonte de muchos países, Guterres pedía unidad para hacer frente a los mensajes que, como señalaba con acierto, pretenden “la normalización del odio”, unos mensajes que tanto la extrema derecha como los supremacistas blancos, expanden impunemente a través de Internet y las redes sociales. Estas actitudes reaccionarias son incapaces de comprender, y mucho menos de aceptar que, en nuestro tiempo, las sociedades son cada vez más multiétnicas, multirreligiosas y multiculturales, y que esa diversidad es un valor, una riqueza social y no una pretendida amenaza. Por ello, estos grupos a la par que expanden sus mensajes de odio, fomentan en la misma medida los incidentes antisemitas y los ataques violentos contra musulmanes e inmigrantes.

     Ante esta situación, y recordando lo que supuso el Holocausto en la conciencia y en la memoria de la Humanidad, el discurso de Guterres nos instaba a no olvidar estos hechos, encarnación del mal absoluto, “dado que hoy el odio y el desprecio por las vidas humanas es rampante, debemos protegernos contra la xenofobia todos los días y en todas partes” ya que “nunca podemos ser expectantes cuando las vidas y los valores están en juego”.

    En un acto similar que tuvo lugar en el Parlamento de Alemania, Anita Lasker-Wallfish, superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz, instó a los diputados alemanes a “no tolerar el negacionismo del Holocausto”, a la vez que alertaba del “virus” del antisemitismo, que tiene más de 2.000 años y que, “al parecer es incurable”.

    Traigo a colación estas declaraciones de Guterres y de Anita Lasker-Wallfish en un momento en el que, por ejemplo, Edouard Philippe, el primer ministro de Francia,  reconocía que en el país galo “hay una nueva forma de antisemitismo, violento y brutal, que emerge cada vez más abiertamente”, lo cual ocurre en la comunidad judía más grande de la Europa occidental, como lo prueban la oleada de ataques que está sufriendo en estos últimos años, el último, ocurrido hace unos días en el barrio parisino de Sarcelles contra un niño de tan sólo 8 años.

     Esta lucha para evitar la banalización del Holocausto está a la orden del día, como lo ha puesto de manifiesto el caso de Udo Landbauer, líder regional del partido de la ultraderecha austríaca FPÖ, grupo político que, desde el pasado mes de diciembre, forma parte del Gobierno Central de Viena, junto al Partido Popular de Austria (ÖVP). Hace unos días se supo que la cofradía pangermanista y ultranacionalista “Germania”, una de las muchas que existen en el país alpino y de la cual era presidente Udo Landbauer, había editado un cancionero en el cual se glorificaba el Holocausto nazi con letras tan macabras como la que decía “Metan gas, viejos germanos, que llegamos a los siete millones”, razón por la cual se generó una gran polémica y el político ultraderechista se vio forzado a presentar su dimisión.

     En esta misma oleada de ascenso de la extrema derecha en el seno de la civilizada Europa, que ya ha empezado a hacerse hueco en los gobiernos de algunos de estos países, podemos encontrar también otro ejemplo significativo en Bélgica. Allí, Jan Jambon, el ministro del Interior del Gobierno belga por el partido independentista flamenco N-VA (Alianza Neo-Flamenca), que cuenta con un importante sector afín a la ultraderecha, el partido que tanto está apoyando el supuesto “exilio” de Carles Puigdemont, manifestó recientemente su “comprensión” hacia los fascistas belgas que militaron en el Partido Rexista y que colaboraron con el ocupante nazi alemán durante la II Guerra Mundial, y cuyo líder, por cierto, Leon Degrelle, fue acogido y protegido, al igual que otros criminales nazis, por la dictadura franquista hasta su muerte en Málaga en 1994 sin que nunca fuera extraditado ni juzgado por los tribunales de su país por crímenes de guerra.

     Por todo ello, este tipo de gestos impulsados por partidos reaccionarios no sólo pretenden la banalización de la inmensa tragedia que supuso el Holocausto, sino que también suponen, no lo olvidemos, un oprobio para la memoria de las víctimas, y entre ellas, también,  la de varios miles de  republicanos españoles asesinados por el nazismo, olvidados de forma deliberada por la derecha española, la misma que tan comprensiva se muestra con determinadas actuaciones de esa negra página de nuestra historia que supuso el franquismo, algo que resulta inadmisible para cualquier demócrata.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 febrero 2018)

 

 

LA SEGURIDAD HUMANA, UN VALOR A REIVINDICAR

 

     Vivimos en un mundo cada vez más obsesionado por la seguridad y, por ello, se habla de “seguridad nacional”, esto es, de las precauciones que se deben tomar para proteger un país, de “seguridad ciudadana”, aún a riesgo de renunciar a cotas de libertad y, en los últimos tiempos, se alude con frecuencia a la “ciberseguridad” como forma de hacer frente a las injerencias intencionadas que se producen en las nuevas tecnologías tanto por parte de particulares (hackers) como por potencias extranjeras con objetivos muy variados.

     Frente a esta obsesión por la seguridad, se habla menos, y no por ello es menos importante, del concepto de “seguridad humana”, término que acuñó el Informe para el Desarrollo Humano de la ONU de 1994 y que hace referencia a la necesaria defensa que merecemos todos los seres humanos ante cualquier aspecto que atente contra nuestra dignidad, libertad o derechos, tales como la pobreza, la marginación o cualquier otra violación de los derechos humanos. En consecuencia, son las personas, antes que los intereses de los Estados o de los poderes económicos, los deben ser el objetivo prioritario de cualquier concepto de “seguridad”, tal y como recogía el Informe de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU titulado La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI del año 2006. De este modo, la seguridad humana, como señalaba Jesús Jiménez Olmos, es “aquella que es capaz de garantizar al individuo la posibilidad de desarrollarse como persona, es decir, gozar de libertad y bienestar suficiente para cubrir sus necesidades fundamentales y desarrollar sus capacidades”. De ello se derivan tres ideas básicas: que la seguridad humana se halla por encima de los intereses de los Estados ; que implica un compromiso permanente de preservar en todo tiempo y lugar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y, también, no lo olvidemos, la lucha por la consecución de la justicia social que permita a toda persona disponer de un nivel adecuado de recursos y bienestar para desarrollarse plenamente, idea ésta última que enlazaría con la necesidad de implantación de una Renta Social Básica para que los sectores sociales más desfavorecidos puedan lograr dichos objetivos.

     Tan importante y de justicia es la seguridad humana que, para hacerla efectiva, se alude al término de “injerencia humanitaria”, el cual tiene por objeto proteger a la población civil cuando su propio Estado no es capaz de hacerlo ante situaciones de catástrofes naturales, hambrunas, éxodos masivos o violencia extrema desencadenada contra una parte u etnia concreta de su población. Dicha injerencia humanitaria, lógicamente, debe ponerse en práctica tras la aprobación previa de la correspondiente resolución de la ONU, algo que debería de haberse hecho de forma efectiva en casos tan dramáticos como las recientes crisis humanitarias de refugiados o la situación producida en Birmania ante la persecución de la minoría rohingya.

     Pero para defender la seguridad humana como valor esencial, resulta prioritario, en este mundo cada vez más desigual e injusto, el garantizar la seguridad alimentaria de las personas.  Por ello, la I Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 suscribió una Declaración sobre Seguridad Alimentaria Mundial en la que, como recordaba José María Medina Rey, “se reafirmaba el derecho de toda persona a una alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre”. En consecuencia, se pretendía, como objetivo, que el sistema alimentario mundial, además de sostenible, garantizase la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas, tanto en el momento presente, como para las generaciones futuras. No obstante, la seguridad alimentaria se halla en la actualidad amenazada por varios factores, entre ellos,

- en primer lugar, una importante pérdida y desperdicios de alimentos, especialmente en el mundo desarrollado, esto es, de productos comestibles destinados al consumo humano que se pierden o descartan en algún punto de la cadena alimentaria.

- en segundo lugar, por los subsidios a los agrocombustibles en los países desarrollados, pues como denunciaba el citado Medina Rey, el impacto de estas políticas sobre la seguridad alimentaria mundial “puede ser letal, porque, sencillamente, no es compatible alimentar el mundo y producir tal cantidad de agrocombustibles”. Además, debemos tener presente que la creciente expansión de su cultivo resulta cuestionable desde diversos puntos de vista tales como el impacto social que causa en los países en vías de desarrollo, su dudosa rentabilidad energética y económica, sus escasos beneficios medioambientales, así como su dudosa capacidad para ser una alternativa real frente al petróleo.

- en tercer lugar, los efectos del cambio climático, el cual está afectando de manera drástica a los productores agroalimentarios con sus nefastos efectos sobre las cosechas y sus consiguientes hambrunas, especialmente en zonas como el África subsahariana, lo cual a su vez, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de estas poblaciones, obliga a éxodos masivos como a los que estamos asistiendo en estos últimos años, un proceso que irá en aumento si no se producen cambios drásticos y rápidos en la política económica y energética mundial que frene la contaminación y, con ello, los negativos efectos de este cambio climático que nos amenaza tales como la desertificación, la falta de agua o la escasez de alimentos en amplias zonas de nuestro planeta.

     A modo de conclusión, en estos tiempos inciertos, resulta fundamental reivindicar el valor de la seguridad humana, por encima de todos los intereses económicos o geoestratégicos que confrontan a los Estados en la política internacional. Para ello, es esencial partir de la idea, que tantas veces se dice de forma retórica, pero con escasa convicción, que, por encima de ideologías, intereses materiales o confesiones religiosas, está el valor de los derechos humanos, la dignidad y la libertad de las personas, esto es, la seguridad humana. Defendiendo ésta tendremos en nuestras manos la mejor garantía, la mejor y más justa forma para combatir el fanatismo, la pobreza y la opresión.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 febrero 2018)

 

EL CONDE DE BALLOBAR, EN JERUSALEM

     En estos días, en que tantas noticias hablan sobre Jerusalem, como consecuencia de una nueva torpeza diplomática de Donald Trump que ha encendido, de nuevo, la tensión en la disputada ciudad, nos viene a la memoria la figura de un diplomático vinculado a Aragón llamado Antonio de La Cierva Lewita, Conde de Ballobar. Gracias a las anotaciones recogidas en su Diario de Jerusalem, 1914-1919, nos podemos aproximar a la compleja realidad de la Palestina turca, durante los años de la I Guerra Mundial (1914-1918), coincidentes con el fin de la ocupación otomana de la zona.

     Antonio de La Cierva Lewita (Viena, 1885- Madrid, 1971), era hijo del agregado militar Plácido de La Cierva y de María Luisa Lewita, una judía austríaca convertida al catolicismo. Fallecida tempranamente ésta, su padre se casó de nuevo con María Luisa de las Heras, condesa de Ballobar, pasando así buena parte de su infancia en Zaragoza, lugar donde residía su madrastra. En 1911 ingresó en la carrera diplomática, siendo a partir de entonces vicecónsul en La Habana, cónsul en Jerusalem (1914-1919) y en Tánger (1920-1921), Primer Secretario ante el Vaticano (1938-1939) y, nuevamente cónsul en Jerusalem (1949-1952) ya que el general Franco, a pesar de que nunca reconoció al Estado de Israel, mantuvo siempre abierta la legación diplomática española en la ciudad jerosolimitana.

     El Diario del conde de Ballobar, pleno de datos de interés histórico y diplomático, comenzó a escribirlo en 1914 al hacerse cargo del consulado español en Jerusalem. Por entonces, la I Guerra Mundial acababa de iniciarse ensangrentando las tierras de Europa y se extendía igualmente a las colonias de las respectivas potencias beligerantes. Recordemos que, en estos momentos, Palestina para los árabes, la Tierra de Israel (Eretz Israel) para los judíos, formaba parte del Imperio Turco, el cual estaba aliado militarmente con los imperios centrales (Alemania y Austria-Hungría) frente al bloque formado por Francia, Inglaterra, Rusia, Italia y, más tarde, Estados Unidos. Por su parte, España, país de segundo orden en el ámbito internacional, mantuvo, afortunadamente, una posición de neutralidad. Como consecuencia del conflicto, las potencias occidentales enfrentadas a Turquía, delegaron sus intereses diplomáticos en el Consulado de España en Jerusalem a cuyo frente estaba el conde de Ballobar. Por ello, éste asumió una importante labor pues, a medida que la guerra avanzaba, debió de hacerse cargo ante las autoridades turcas de Palestina de las legaciones de Francia, Italia, Montenegro, Rumanía, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. A todas estas potencias aliadas habría que añadir que, a partir de noviembre de 1917 se encargó también de los intereses diplomáticos de Alemania y Austria-Hungría, razón por la cual Ballobar era conocido con el calificativo de “el cónsul universal”.

Durante la guerra, su labor diplomática fue incesante: defendió ante las autoridades turcas todos los edificios religiosos católicos hasta entonces bajo protección de Francia, gestionó un canon especial para los templos protestantes que los salvaguardase de las rapiñas otomanas, realizó diversas gestiones para liberar a religiosos y personalidades judías que habían sido deportadas a Siria, etc.

     El conde de Ballobar no oculta en sus Diarios su profundo desprecio hacia el dominio turco sobre Palestina, así como la cuestionable capacidad militar otomana durante la contienda. Por ejemplo, destaca el estrepitoso fracaso militar de los turcos y sus aliados alemanes y austro-húngaros ante el canal de Suez, a la vez que, con cierta sorna de raíz aragonesa, se burla del ejército turco anotando cómo “se batieron brillantemente… desde la retaguardia”. Pero el acontecimiento más destacable para Ballobar fue, sin duda, la ocupación por los británicos de Jerusalem el 9 de diciembre de 1917, razón por la cual describe el recibimiento entusiasta que cristianos y judíos ofrecieron a las tropas del general Allenby. De este modo, se ponía fin a cuatro siglos de dominación turca sobre Tierra Santa y se abría la puerta al futuro Mandato británico sobre Palestina que se prolongó hasta el establecimiento del Estado de Israel en 1948.

     En el complejo y agitado mapa del Oriente Medio de aquellos años, Ballobar destaca las claves políticas y geoestratégicas que movían los intereses de las grandes potencias en Tierra Santa en la fase final del desmoronamiento del imperio turco. El dilema era que, tras el fin de la dominación otomana, había dos opciones posibles (y contrapuestas): o se constituía una “gran nación árabe”, o se fragmentaba el Oriente Medio sobre la base de los intereses coloniales de Francia y de Inglaterra. Se optó por esta última solución en la Conferencia de San Remo (1920), pasando Francia a ocupar Siria y Líbano e Inglaterra se posesionó de Palestina e Iraq. De este modo, no sólo se generaba un sentimiento nacionalista panárabe contra dichas potencias europeas, sino que se obviaba la creación de un Hogar Nacional Judío en la Tierra de Israel, tal y como había propuesto la Declaración Balfour de 1917.

      Sobre el futuro de Jerusalem, ciudad por todos disputada, Ballobar defiende la idea del general Storss, Gobernador Militar británico de Palestina, para quien la mejor solución sería “entregársela a los americanos”, si bien, acto seguido, se apresura a señalar que ello “no haría buena impresión entre cristianos y musulmanes”. De este modo, se esbozaba por primera vez la idea de crear un status político especial para Jerusalem, antecedente de ulteriores propuestas de internacionalización de la Ciudad Santa, así como también de la deseable opción de ser la capital compartida tanto de Israel como del Estado Palestino, uno de las ideas esenciales para lograr, actualmente, una paz justa en la zona.

     A través del Diario del conde de Ballobar, a pesar de los condicionantes ideológicos y religiosos propios de su época y su contexto social, se ofrece una aproximación a un período tan interesante como desconocido de la historia de Palestina-Eretz Israel. Por ello, el Diario de aquel joven diplomático cuya infancia transcurrió en Zaragoza, evoca con emoción y nostalgia a aquella tierra, tan santa como disputada y sangrienta, en la cual “se ha desarrollado la historia más interesante de la humanidad”. Una tierra que a nadie nos deja indiferentes.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 enero 2018)