Blogia

Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

EL LEGADO DE OLOF PALME

EL LEGADO DE OLOF PALME

 

    Hay políticos cuya memoria emerge con fuerza y su legado político trasciende fronteras. Este es el caso de Olof Palme (1927-1986), el carismático político socialdemócrata sueco asesinado el 28 de febrero de 1986, y que sigue siendo un referente y símbolo para quienes seguimos apostando por la utopía del progreso y la justicia social, sin que por ello dejemos de ser conscientes de la realidad dura, tantas veces adversa, que es necesario transformar. Y es que Olof Palme siempre insistía en la necesidad de la utopía en el trabajo político cotidiano para que el reformismo socialdemócrata no se convirtiesen un mero gestor del sistema sin plantearse su transformación.

    Olof Palme ya nos advirtió en su tiempo de algo que resulta muy actual en el momento presente, de que “las fuerzas del mercado dirigirán esta sociedad con mano de hierro”, a no ser que la socialdemocracia practicase lo que él llamaba “una política de bienestar constructiva”, avanzando gradualmente en la extensión  y prestaciones propias del Estado de Bienestar, “porque uno tiene que agarrar la realidad por algún sitio para transformarla”, oponiéndose de este modo con firmeza a cualquier reforma que supusiera un retroceso en los derechos laborales o sociales logrados con tanto esfuerzo.

     El legado del pensamiento político de Olof Palme nos insta a reafirmar los ideales y valores propios de la socialdemocracia clásica: igualdad, justicia social, ideales que deben superara fronteras con arreglo a una permanente solidaridad internacional, todo ello unido a la defensa del medio ambiente y del pacifismo. Por todo ello, era y es, fundamental la cooperación constante entre la socialdemocracia y el movimiento sindical para avanzar no sólo en la política salarial y el diálogo social, sino, también, para dar pasos decididos en la democratización de la vida económica y de las empresas.

     Olof Palme recordaba con especial orgullo que “fue la socialdemocracia, en país tras país, la que tuvo que conquistar los derechos humanos fundamentales y los derechos sindicales en lucha contra las clases dominantes de la sociedad burguesa”, una tarea que hoy resulta más necesaria que nunca mediante la unión o convergencia de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales de signo progresista.

     Olof Palme siempre fue un firme defensor del Estado de Bienestar, tan zarandeado por las políticas neoliberales alentadas al socaire de la crisis global y, ya en 1984, advertía de que “los conservadores atacan la idea misma de la sociedad del bienestar, la idea de que la bienestar del individuo depende de la comunidad”, ideas éstas que las políticas conservadoras nunca han terminado de aceptar por motivos ideológicos y políticos, escudándose en una defensa de un liberalismo individualista a ultranza, lo cual les lleva a sacralizar el “mercado” en la misma medida que denostar la intervención reguladora de los poderes públicos en aras a su lucha contra las diferencias sociales y a favor de las políticas de igualdad. Es por ello que Palme incidía tanto en la necesidad de extender el sector público estatal pues lo consideraba esencial para el buen funcionamiento de una economía avanzada y, por ello, por lo que al caso español se refiere, añoramos la existencia, en las circunstancias actuales, de una potente Banca Pública que generase un crédito rápido y barato, la de un sector público industrial y energético, pues todos ellos fueron desmantelados en su día por razones más que cuestionables.

    Dado que el nudo gordiano de la situación actual es la política económica, cuyo enfoque y gestión acertada no sólo nos afecta a nosotros sino también a las generaciones futuras, Palme le recordaba a Felipe González, allá por el año 1985, los objetivos que debía tener una política socialdemócrata avanzada, objetivos de total y absoluta vigencia en los tiempos que vivimos: “una política económica que garantice el crecimiento al mismo tiempo que mantenga el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos en la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”, todo un legado a tener en cuenta para enarbolar con firmeza  ante la actual dictadura de los mercados que imponen sus medidas ante los gobiernos democráticamente elegidos, razón por cual algunos pensadores no dudan en señalar, y razón no les falta,  que estamos sufriendo un auténtico “fascismo económico”, que ha degradado de forma preocupante la calidad democrática de nuestra sociedad, los valores sobre los que se sustenta nuestra democracia representativa. Y, ante esta amenaza real, Palme destacaba la importancia de abrir horizontes de progreso y justicia social, para lo cual, "la condición indispensable para llevar adelante el desarrollo es la existencia de ciudadanos conscientes, críticos y activos” puesto que, “sin esperanza, no hay prisión tan abrumadora como el futuro”.

     Este es el legado que ahora, a los 37 años de su asesinato, nos dejó Olof Palme, un hombre honesto, sencillo y coherente, al que el poder nunca le cambió porque, como él mismo decía, “para que no se le embote a uno la humanidad, es necesario tener el coraje de salir del bunker del Gobierno y, como cualquier persona corriente, irse una tarde al cine, y caminar por la calle encharcada de nieve hacia el Metro”. Y así fue, Palme, Primer Ministro de Suecia, fue asesinado el 28 de febrero de 1986 cuando salía, como un ciudadano más, de un cine de Estocolmo. No llevaba escolta.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 febrero 2023)

 

 

 

BASILIO BLASCO Y EL "PROCESO DE LOS 42"

BASILIO BLASCO Y EL "PROCESO DE LOS 42"

 

     No hay lugar en Francia en donde los republicanos españoles no hayan dejado memoria de su lucha contra el fascismo durante los años de la II Guerra Mundial, una memoria, muchas veces sellada con la sangre de nuestros compatriotas.

     En la ciudad de Nantes, en la Francia ocupada por la Alemania nazi, los primeros núcleos de la Resistencia contaron con la participación activa de republicanos españoles, antiguos combatientes del Ejército Popular (EP) republicano exiliados en territorio galo tras la victoria de las armas franquistas, apoyadas por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, en la Guerra de España de 1936-1939. Estos republicanos pasaron a formar parte de la Organisation Spéciale (OS), dentro de los Francs-Tireurs et Partisans (FTP), movimiento de resistencia armado creado en Francia a finales de 1941 para combatir, mediante sabotajes y ataques, no sólo a la ocupación nazi, sino, también, a los colaboracionistas del fascista Parti Populaire Français (PPF). Pero bien pronto la Gestapo les sigue la pista y, a finales de junio de 1942, empieza a desmantelar al brazo armado de la Resistencia y detiene a 150 franceses y a 43 españoles.  Las autoridades nazis, una vez torturados los detenidos, pretendieron llevar a cabo un juicio ejemplarizante para acabar con la Resistencia en la zona del Departamento de Loira – Inferior y, también para atemorizar a la población civil: fue el conocido como El proceso de los 42, el cual juzgó a 45 resistentes y no a 42 como fue popularmente conocido.

    El 13 de enero de 1943 comparecieron ante un Consejo de Guerra alemán 43 hombres y 2 mujeres acusados de diversos atentados contra los nazis y sus colaboracionistas y de pertenecer a una “organización terrorista”. El juicio fue una auténtica farsa, con sus sesiones en alemán, idioma que ninguno de los acusados entendía (ni siquiera llegaron a saber de qué se les acusaba), un proceso lleno de irregularidades y que, no obstante, se saldó con 37 penas de muerte, sentencias que fueron dictadas el 28 de enero. Entre los condenados figuraban cinco republicanos españoles, militantes del PCE, y que formaban parte de un grupo de la OS, dirigidos por Alfredo Gómez Ollerías, que había sido capitán del EP, y del cual formaban parte Benedicto Blanco Dobarro, Miguel Sánchez Tolosa, Ernesto Prieto Hidalgo y el aragonés Basilio Blasco Martín, un joven natural del pequeño pueblo turolense de Rudilla. Fueron fusilados el 13 de febrero de 1943 en el campo de tiro de Bêle, cerca de Nantes y posteriormente enterrados en el cementerio de Chapelle-Basse-Mer.

    Pero su memoria, nunca se olvidó: el 17 de febrero de 1946, un año después de concluida la guerra, se colocó una placa con sus nombres en dicho cementerio por el Comité Departamental por la Solidaridad Española. Además, el recuerdo de estos trágicos hechos ha sido mantenido vivo por la asociación Collectif du Procès des 42, entidad creada para perpetuar la memoria de quienes lucharon en la Resistencia en Nantes y perdieron la vida a manos del nazismo. De este modo, desde el año 2004 se empezaron a realizar homenajes a los 5 republicanos españoles, declarados héroes nacionales en Francia y en 2006 se inauguró una escultura, con las fotografías de nuestros cinco compatriotas sobre la fosa en la que reposan, escultura pagada por suscripción popular y en cuyo acto se contó con la presencia de 400 personas. Desde entonces, se les rinde un homenaje todos los años.

    Durante muchos años, se desconocía el lugar de procedencia de Basilio Blasco Martín, asesinado a sus 22 años de edad, hasta que se supo que era natural de la citada población turolense de Rudilla. Basilio, que con tan sólo 18 años se alistó al Cuerpo de Carabineros de la República, tras la derrota al final de la guerra, sufrió el exilio al igual que miles de compatriotas nuestros, pasó por los campos de Argèles y Barcarès, se enroló en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) y, tras la rendición de Francia ante la Alemania nazi (junio 1940), se integró en la OS, colaborando con la Resistencia hasta su detención por la Gestapo el 17 de septiembre de 1942.

    Su hermano, Julian Blasco, que fue el último habitante permanente de Rudilla, y con el cual mantuve largas conversaciones, siempre me hablaba de que la última vez que vio a Basilio fue en la Barcelona de 1938, cuando la guerra ya se intuía perdida para la España leal, y que, desde entonces, siempre tuvo la angustia de no saber qué había sido de su hermano. Así fue hasta que a través de un artículo publicado en el año 2006 en Heraldo de Aragón y firmado por Mariano García titulado “Un homenaje en Nantes a los fusilados españoles: el misterio de Basilio Blasco”, se hizo eco del homenaje a los 5 españoles asesinados y de la trayectoria vital de Basilio y de su origen aragonés, de que había nacido en Rudilla y no en Roudellac, Pondellac, Bondellar, Ruella o Novellac, como aparecía erróneamente transcrito en otros testimonios y documentos. Julián siempre lo buscó y nunca tuvo noticias de él. La posguerra fue dura para la familia: su padre Carlos fue encarcelado por sus ideas izquierdistas y su madre Gregoria y sus hermanas abandonaron Rudilla. Por su parte, Julián, decidió salir de la España franquista: trabajó primero en Brasil y luego, en Australia. Al poco de acabar la II Guerra Mundial, el azar del destino hizo que sus hermanas recibieran una carta, escrita en italiano, en la cual, como relató Mariano García, se “mencionaba mucho a Basilio”, pero ellas, al desconocer el idioma, “se la acabaron danto al cura para que la tradujera. Ni les dijo cuál era su contenido, ni se la devolvió”. Se perdió así la posibilidad de saber lo que le había ocurrido a Basilio tras el Proceso de los 42 de Nantes. Julián supo de esta carta mucho después y así pasaron siete décadas hasta que la historia de Basilio pudo ser conocida por sus familiares.

   Conocí y aprecié durante años a Julián, sentí siempre el dolor que le supuso el no saber nada del destino de su hermano, más tarde, la pena de conocer que fue asesinado por los nazis y, a la vez, el orgullo de que, igual que su padre Carlos, su hermano Basilio había tenido el coraje de enfrentarse al fascismo. Ello le dio paz en sus últimos años y creo que con esa misma paz murió sintiendo que la memoria de Basilio no sólo había sido recuperada, sino que también, como cada año, sigue siendo honrada en una pequeño y lejano cementerio de Francia. De ello se cumplen ahora 80 años.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2023)

 

CIVISMO

CIVISMO

     En estos tiempos de creciente crispación política y que es previsible que aumentará a medida que nos adentremos en las futuras campañas electorales de este año 2023, sería recomendable que determinados políticos leyeran con detenimiento el libro de Victoria Camps y Salvador Giner titulado Manual de civismo. Dicha obra, parte de la idea clave de que “el comportamiento cívico es la base de la buena convivencia” y en él se ofrecen diversas reflexiones sobre el valor y la necesidad del civismo.

     Sin duda, “vivir es convivir” y “convivir es un arte” ya que la coexistencia genera conflictos, como vemos cada día, y, por ello, resulta necesaria la existencia de todo un conjunto de normas, modales de buena conducta y reglas de convivencia, para hacer más habitable nuestra sociedad.  En este sentido, el civismo es definido por los citados autores como “aquella ética mínima que debería suscribir cualquier ciudadano liberal y demócrata. Mínima para que pueda ser aceptada por todos sea cual sea su religión, procedencia o ideología. Ética, porque sin normas morales es imposible convivir en paz y respetando la libertad de todos”. De este modo, el civismo tendría una doble acepción, pues se entiende por tal la conducta respetuosa con propios y extraños (buenos modales, buena educación) y, también, la cultura pública de convivencia de los ciudadanos que conforman una sociedad democrática. Por ello, el civismo tiene una evidente utilidad puesto que nos hace, a todos, la vida más agradable y favorece lograr, “de forma pacífica e incruenta, el desenlace feliz de los enfrentamientos sociales, la superación de los conflictos laborales, la armonización de voluntades políticas encontradas y la buena convivencia entre familiares”. De este modo, el civismo se convierte en un principio fundamental de toda democracia, pues es ésta es “la expresión política del civismo”.

     Partiendo de la evidencia de que toda democracia necesita “ciudadanos cívicos”, portadores de valores, y dos de ellos son fundamentales para la convivencia: la solidaridad y la fraternidad, los cuales son los cimientos de “toda sociedad decente”. Por ello, resulta esencial la corresponsabilidad cívica pues, como señalaban Camps y Giner, “Nadie, sobre todo el que más tiene, puede desentenderse del bienestar y la felicidad del resto. Ese es el compromiso que obliga al ciudadano de una democracia”.

     Otro factor del civismo democrático es la tolerancia en nuestras sociedades, cada vez más diversas, plurales y multiculturales. Ciertamente, el reto del multiculturalismo es una gran ocasión para que nos eduquemos en la tolerancia activa, que nos interesemos los unos por los otros y que descubramos, “bajo la capa de la diferencia, nuestra común humanidad”. Pero esta tolerancia, como actitud personal y social, tiene sus límites y los citados autores son rotundos al afirmar que, “el conocimiento y la comprensión del otro no deben llevar a la relativización de lo que no es relativizable, como los derechos fundamentales y los valore más básicos. Las diferencias son aceptables sólo en la medida que no discuten la igualdad de la mujer, las libertades individuales, la superioridad de la ciencia y el conocimiento objetivo frente a los prejuicios y la superchería, el derecho de todos a la información imparcial y a la educación”.

     El civismo se esfuerza, día a día, por la consecución de una auténtica democracia plena, por avanzar en el logro de lo que ha dado en llamarse “derechos de la tercera generación” y es que, “no basta con proteger las libertades (derechos civiles y políticos), no basta con procurar una igualdad mínima (derechos económicos y sociales), hay que protegerse también contra ciertos avances tecnológicos que contaminan las libertades porque impiden vivir una vida de calidad”. Por ello, entre estos derechos de tercera generación, se encuentras tres que resultan esenciales: la preocupación por el medio ambiente para hacer frente al desastre ecológico; la importancia de una alimentación saludable y la preocupación por el equilibrio anímico, como forma de frenar el auge del estrés y las depresiones en nuestra sociedad.

   El civismo también defiende la ética de la responsabilidad, lo cual supone la utilización razonable de los bienes públicos, evitando el fraude y el derroche, tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones, en temas tan sensibles como son el correcto pago de impuestos conforme a una correcta justicia fiscal o el adecuado uso de los recursos de la Sanidad Pública y demás servicios públicos.

     Pero convivir también supone manifestar en ocasiones nuestro desacuerdo y, por ello, podemos discrepar con firmeza, pero siempre con civismo, ya que “no hay convivencia sin intereses encontrados” pero la discrepancia siempre ha de exponerse de modo civilizado para ser eficaz puesto que, “sin buenas maneras, naufragan los principios”. El civismo reconoce y respeta en los demás el derecho a ser diferente siguiendo la máxima de Baltasar Gracián según la cual “cada uno debe obrar como quien es, no como le obligan”.

    Por todo lo dicho, el civismo es una ética laica compartible por cualquier persona que quiera participar en la vida colectiva y, por ello es una forma de vivir, la más adecuada para la convivencia en sociedad, algo que, como en su día dijo Aristóteles, se aprende practicándolo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 enero 2023)

 

 

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

 

    En las pasadas fechas de Navidad y Año Nuevo, las celebraciones festivas tienen lugar, habitualmente, en torno a una mesa, abundantemente surtida, muchas veces en exceso, como forma de sociabilidad y de reencuentros familiares.

   Con esta imagen como telón de fondo, en no pocas ocasiones se produce un despilfarro alimentario que, tal y como señalaba Paolo De Castro en su obra Comida. El desafío global (2015), que, ya entonces, estimaba en más de 1.000 millones de toneladas de alimentos los se pierden o se tiran a la basura cada año en el mundo. Esta situación resulta especialmente lamentable habida cuenta de que, ahora que la población mundial ha llegado a los 8.000 millones de habitantes, el hambre en el mundo es una lacra que está lejos de erradicarse. Como señala De Castro, a diferencia de lo que ocurre en nuestro opulento Occidente, en los países en vías de desarrollo, “no hablamos de nutrientes, no hablamos de obesidad, de calorías o proteínas, hablamos simplemente de sobrevivir”.

     En este contexto, hay que situar el concepto de “seguridad alimentaria”, esto es, el “acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos” para toda la población mundial, del cual deriva, lógicamente, el derecho a una alimentación sana, segura y en cantidad adecuada, tal y como señala en su artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948. De hecho, el “derecho a la alimentación”, tal y como señalaba De Castro, es “un componente de la ciudadanía global” y, por ello, “ha dejado de ser visto como un tema que concierne no sólo a los pobres y desheredados del mundo, para definirse cada vez más como un derecho que engloba a la condición humana en su conjunto”. Hay que tener presente que, en la actualidad, la combinación de tres factores (económicos, ecológicos y políticos) hace que el derecho a la alimentación se convierta en un “meta desafío” de nuestros tiempos. Así se contempla en el Informe final del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, aprobado en la Asamblea General de la ONU del 7 de agosto de 2013. Por su parte, algunos países, como es el caso de Sudáfrica y Kenia, han incorporado el derecho a la alimentación en su Constitución y en sus leyes.

    En este sentido, a la hora de introducir en la agenda política internacional la importancia del derecho a la alimentación, han tenido un papel destacado los países del llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) los que, como potencias emergentes que disputan la supremacía mundial a los EE.UU. y Europa, se marcaron como objetivo el  liberar definitivamente a sus ciudadanos de la pesadilla del hambre.

Fue a partir de 2008, coincidiendo con la crisis de los precios agrarios, cuando los conceptos de “derecho a la alimentación” y “seguridad alimentaria” fueron objeto de atención en las agendas de las cumbres internacionales. Así ocurrió en la Declaración sobre seguridad alimentaria de Hokkaido (2008) y en las cumbres del G-8 de Aquila (2009) y de Camp David (2012). En esta última, a iniciativa de Barack Obama, entonces presidente de los EE.UU., se planteó la Alianza sobre Seguridad Alimentaria, la cual proponía políticas de desarrollo, no sólo por iniciativas estatales, sino que también pretendía implicar, con tal fin, a las grandes empresas además de apoyar la meritoria labor llevada a cabo por diversas ONGs. Por su parte, el Plan de Acción sobre la volatilidad de los precios y la agricultura (2011), impulsado por el G-20, ha supuesto el esfuerzo más concreto que hasta ahora se ha realizado a nivel global para dar respuesta política a los nuevos desafíos de la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación.  Dicho Plan, abrió el debate sobre temas tales como el de limitar el derecho de los Estados a bloquear las exportaciones de alimentos en casos de crisis de precios, aspecto éste que, por motivos políticos, también debería de ser aplicable en la actualidad para frenar el obstruccionismo de Rusia a la libre salida de las exportaciones de cereal desde Ucrania.

   Los objetivos para lograr la seguridad alimentaria global y el derecho a la alimentación son ambiciosos dado que pretendían borrar de la faz de la tierra la pobreza extrema y el hambre para el año 2030 y la malnutrición infantil para 2025, para lo cual se requiere una firme voluntad política de los países desarrollados y una activa movilización de la opinión pública. No obstante, las consecuencias de la pandemia del Covid-19, la actual Guerra en Ucrania y los efectos de la misma en el caso del suministro y encarecimiento de los cereales a nivel mundial, situaciones éstas que golpean con especial intensidad a los países del Tercer Mundo, sin duda van a dificultar y retardar el logro de tan encomiables objetivos tendentes al logro del derecho a la alimentación global.

    A modo de conclusión, la crisis de los precios de los alimentos de 2008-2012, la especulación bursátil de los mismos y, más recientemente, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia  del Covid-19 y de un posible desabastecimiento de cereales por causa de la guerra en Ucrania, deben de contribuir a aumentar la conciencia sobre el “meta desafío” que supone lograr la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, objetivos ambos que deben ser garantizados a nivel global, pues ambos son derechos humanos fundamentales.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 enero 2023)

 

ELECTRIZADOS

ELECTRIZADOS

      Somos muchos los ciudadanos que nos lamentamos de que España no cuente con una empresa pública energética como en su día lo fue Endesa y que hoy nos hallemos a merced del oligopolio de las empresas que controlan el mercado del sector. Por ello es bueno recordar cómo se produjo la privatización de Endesa que, tal y como señala Jesús Cintora en su libro No quieren que lo sepas (2022), tiene sus fases y sus responsables.

     Hay que remontarse a los años del Gobierno de Felipe González en el cual se inició el proceso de apertura de Endesa al capital privado, cuando el entonces ministro de Economía socialista Carlos Solchaga sacó a Bolsa el 18% de Endesa, con lo cual ésta pasó a ser una empresa semipública.

     Posteriormente, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996, el 67% del capital de Endesa era todavía público pero poco después José María Aznar nombró presidente de Endesa a Rodolfo Martín Villa con el objeto de completar su privatización, lo cual se llevó a cabo mediante la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lo cual suponía, como se lamenta con razón Cintora, que el Gobierno del PP “renunciaba abiertamente a la noción de servicio público” por lo que al sector energético se refiere. Pese a esta evidencia, en entonces ministro de Industria, Josep Piqué, aseguró, sin ningún fundamento, que la privatización redundaría en una bajada de precios para los consumidores al haber mayor competencia, afirmación que los hechos posteriores han desmentido.

    Durante la etapa de Manuel Pizarro como nuevo presidente de Endesa, éste se opuso a la OPA lanzada contra la compañía por Gas Natural y, finalmente, ya durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Endesa pasó, tras competir con la alemana E.ON,  a ser adquirida por la compañía italiana ENEL, que se hizo con el 92% de su capital.

    Durante el proceso de privatización de Endesa, y también después, las puertas giratorias entre la política y la empresa no dejaron de girar pues a Endesa, al igual que ha ocurrido con otras empresas energéticas, les interesa, y mucho, el tener contactos e influencias políticas. De este modo, han percibido elevados sueldos por diversos conceptos de Endesa políticos del PP tan destacados como José María Aznar, Luis de Guindos o Rodrigo Rato: de este último, sumido en diversos casos de corrupción, señala Jesús Cintora, que “había informes verbales por los que se pagaban 40.000 euros”. Pero también ficharon por Endesa políticos socialistas como Pedro Solbes, quien fuera ministro de Economía en el Gobierno de Zapatero, que se incorporó al Consejo de Administración de ENEL, puesto que sin duda se interpretó como un premio por su labor en la fase final de la privatización en beneficio de la compañía italiana. También fichó como consejera de Endesa la socialista Elena Salgado, la que sustituyó a Solbes en el Ministerio de Economía, apenas 3 meses después de dejar su puesto en el Gobierno. Y, en el listado de fichajes políticos por parte de Endesa, también hay que citar el caso de Miquel Roca i Junyent, el cual, a su dilatada trayectoria política, hay que sumar sus amplias conexiones con el mundo empresarial.

    Así las cosas, supone un escándalo la práctica de las puertas giratorias entre la política y las altas esferas del mundo empresarial, de lo cual lo ocurrido en Endesa es un claro ejemplo. Pero hay muchos más: Gas Natural  fichó en el año 2010 a Felipe González o Abengoa, “un curioso paradero de expolíticos” como la define Cintora, compañía en la que han recalado antiguos ministros del PP como Fátima Báñez, Ángel Acebes o Isabel García Tejerina, además de políticos socialistas como Manuel Marín, Antonio Miguel Carmona o Juan Pedro Hernández Moltó y también nacionalistas vascos como Juan Mari Atutxa, una situación que, a los ciudadanos de a pie, nos deja electrizados de indignación. Por ello, no nos debe de extrañar que el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) dependiente de Consejo de Europa, haya instado a España a actuar contra la práctica de las puertas giratorias, regulando de forma estricta las incompatibilidades que impidan estas prácticas viciadas, tal y como ocurre en Francia, donde estas situaciones de evidente trato de influencias e información privilegiada, están castigadas por el Código Penal.

    A modo de conclusión, y volviendo al caso de las compañías eléctricas, que se enriquecen de forma desmesurada e inmoral en estos tiempos en los que sobre una buena parte de la población se eleva la amenaza de la llamada “pobreza energética”, parece evidente que resulta necesario, además de aplicarles una fiscalidad acorde a sus beneficios, retomar la idea de la necesidad de una empresa energética pública potente, a ejemplo de ENEL y EDF, empresas controladas, respectivamente, por los estados italiano y francés, como forma de evitar los desmanes de las insaciables compañías eléctricas privadas que vivimos (y sufrimos) en la actualidad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 diciembre 2022)

 

CARLOS NINO, EL VALOR DE UN JURISTA COMPROMETIDO

CARLOS NINO, EL VALOR DE UN JURISTA COMPROMETIDO

 

      En estas fechas, la película Argentina: 1985 ha supuesto un rotundo éxito, no sólo por la calidad de la misma, sino también por el revulsivo ético que nos transmite, aquel juicio histórico en el cual la democracia argentina tuvo el coraje político de procesar a las juntas militares que, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la dictadura consiguiente, dejaron en el país austral un negro legado de miles de muertos, torturados y desaparecidos. No obstante, en dicha película no se destaca, como merecería, la figura de Carlos Santiago Nino, el cual, como señalaba Raúl Voskoboinik, “generó el marco teórico necesario para llegar al juicio” en el que se procesó a los principales responsables de los crímenes perpetrados por la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

     Carlos Santiago Nino Alaluf (1943-1993), destacado filósofo y jurista argentino, hijo de padres judíos sefardíes originarios de Esmirna, se había doctorado en Oxford, siendo más tarde profesor de la Universidad de Yale y, tras el restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983, siendo asesor del presidente Raúl Alfonsín en materia de derechos humanos, fue quien concibió en un primer instante la necesidad de juzgar a las juntas militares de la dictadura encabezadas por los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Emilio Eduardo Massera, idea que más tarde asumió el presidente Raúl Alfonsín, una experiencia inédita en el mundo: un gobierno civil decide enjuiciar al poder de facto, llevando al banquillo de los acusados a la cúpula militar de la dictadura.

     Carlos Nino, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), en donde impartió seminarios sobre filosofía política, parte del concepto del “mal radical” formulado por Hannah Arendt en torno a lo que supuso el nazismo en la sociedad alemana, y lo adapta a lo ocurrido durante la dictadura argentina, la cual también cometió un “autogenocidio”, esto es, “la destrucción interna de una parte del propio grupo nacional”, tal y como lo definió la ONU en 1985. De este modo, Nino ideó cómo aplicar el concepto de “mal radical” al caso argentino, para lo cual lo renombró como “mal absoluto” para evitar que se le asociara, erróneamente, con el partido Unión Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín, entonces presidente democrático de la República Argentina.

   De entrada, Nino establece, como punto de partida que todas las normas y disposiciones de la dictadura eran nulas de pleno derecho, porque la condición esencial para que una ley tenga validez es que fuera el resultado de un proceso democrático. En consecuencia, rechaza la autoamnistía que se habían concedido los militares meses antes de dejar el poder mediante un Decreto que exculpaba al Ejército de cualquier delito cometido entre 1976 y 1983, de todo lo cual hace referencia en su libro Un país al margen de la ley en relación al nefasto período que supuso la dictadura militar.

    Para Nino resultaba fundamental la necesidad de llevar a cabo un “juicio simbólico” que sirviera para robustecer ética, política y moralmente a la recién recuperada democracia argentina además de para así poder reconstruir un Poder Judicial y lograr una sentencia ejemplar que condenase a los responsables de aquellos dramáticos sucesos. En este sentido, fue muy importante la implicación de la sociedad civil, la elaboración del Informe Nunca más, coordinado por Ernesto Sábato para la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

Bajo la presidencia de Alfonsín, Carlos Nino formó el Consejo de Consolidación de la Democracia, del cual formaban parte destacados profesionales de ideologías diversas con objeto de buscar consensos en temas de gran relevancia para la política argentina y, el caso del juicio, era sin duda, uno de ellos. Así se optó, tal y como propuso Nino, que el procesamiento a los responsables de la dictadura se llevara a cabo mediante un juicio civil, en el cual el fiscal Julio César Strassera tendría un papel relevante, y no en el ámbito de la jurisdicción militar, como deseaban otra parte de la clase política y de la Administración argentina.

   El resultado de este histórico juicio, en palabras del constitucionalista Roberto Gargarella, “evitó que el derecho fuera un instrumento al servicio de la justificación y la impunidad”. Este fue el legado Carlos Santiago Nino Alaluf, un brillante filósofo y jurista argentino, un gran defensor de los derechos humanos, tal y como quedó patente en su papel como impulsor del histórico juicio a la dictadura argentina. Todo un ejemplo para aquellos países en los que es necesario llevar a cabo de forma decidida la justicia reparadora de pasadas dictaduras y el procesamiento de sus respectivos victimarios.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 noviembre 2022)

 

 

 

 

 

 

UNA EXPOSICIÓN DESMEMORIADA

UNA EXPOSICIÓN DESMEMORIADA

 

     El pasado día 12 de octubre se inauguró en la ciudad de León una exposición titulada “La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía”, la cual ha sido motivo de polémica debido a que en sus paneles explicativos relativos a los períodos de la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, aparecen una serie de imprecisiones, inexactitudes y enfoques poco acordes con la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

     En primer lugar, hay que señalar que, al referirse al 18 de julio de 1936, en ningún momento se emplea el término de “golpe de Estado” contra el Gobierno democrático legítimo de la II República y, en cambio, se alude al mismo como “alzamiento” y “sublevación”, obviando el componente militar del mismo. Por otra parte, no se destaca el hecho de que, tras el golpe de Estado, de los 35.000 hombres que entonces componían la Guardia Civil, un porcentaje superior al 40% de sus efectivos, se mantuvo leal al Gobierno republicano, empezando por el general Sebastián Pozas Perea, el entonces Inspector General de la Benemérita, que dio instrucciones de permanecer leales al poder legalmente constituido. Tampoco se alude con la importancia que merece a la conversión de los sectores de la Guardia Civil que se mantuvieron leales en la nueva Guardia Nacional Republicana, creada por Decreto de 29 de agosto de 1936 y que estuvo operativa hasta que fue disuelta el 19 de octubre de 1937, cuando ésta se integró en el nuevo Cuerpo de Seguridad Interior.

Además, esta exposición presenta un tratamiento muy desigual de las víctimas sufridas por el cuerpo. De este modo, se exaltan los hechos heroicos de los guardias civiles que se unieron al golpe militar, al mal llamado “bando nacional”, como es el caso de la participación de éstos en la defensa del Alcázar de Toledo o del Santuario de Santa María de la Cabeza; se destacan los asesinatos de los guardias civiles ocurridos en Albacete o Cartagena por parte de los defensores de la República, se exalta igualmente la biografía de algunos miembros de la Benemérita como el teniente coronel Romero Basart (defensor del Alcázar), el capitán López Anglada (defensor del Cuartel de Gijón, fusilado) o del guardia Antonio Moreno Royo, el cual, tras defender en solitario el cuartel de Caravia (Asturias) fue fusilado “sentado en una silla, por las heridas que sufría”.

     En contraste, menor atención merece las biografías de los guardias civiles leales a la República. Este es el caso del general José Aranguren Roldán y el coronel Antonio Escobar Huerta, ambos católicos y conservadores, con hijos combatiendo en el bando rebelde, y que sin embargo se mantuvieron leales a la promesa de fidelidad a la República, razón por la cual ambos serían fusilados por los rebeldes franquistas una vez concluida la contienda: Aranguren, el primer mando de la Guardia Civil que ascendió a general de brigada, que, mandó la IV División Orgánica del Ejército Popular republicano, concluida la guerra, estando herido, se dice que Franco ordenó “Que lo fusilen, aunque sea en una camilla”, y así ocurrió en Barcelona el 21 de abril de 1939, mientras que el general Escobar, jefe del Ejército Popular en el frente de Extremadura, sería fusilado en los fosos del castillo de Montjuich el 8 de febrero de 1940.

     Especialmente lamentable resulta también el que en los paneles de la exposición se califique a la guerrilla antifranquista, al maquis de la posguerra, como “sublevados”, lo  cual resulta aún más indignante en una ciudad y en una provincia como León, pues fue allí, precisamente, donde surgieron los primeros núcleos guerrilleros españoles que combatían a la dictadura, formándose la Federación de Guerrilleros de León-Galicia y donde, a su vez, más violenta fue su aniquilación, aspecto éste en el que tuvo un protagonismo destacado el general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor, labor represiva, plagada de hechos sangrientos,  que continuaría poco después en la provincia de Teruel.

    Ante todos estos hechos, varias asociaciones memorialistas manifestaron su indignación por medio de un Manifiesto en defensa del honor y la verdad del maquis, el cual denunciaban la tergiversación de la verdadera historia del movimiento guerrillero antifranquista, así como su “firme y rotunda oposición” a que siga abierta al público, dado que en ella se ofrece una visión en la cual la Guardia Civil se vanagloria “de la violenta represión ejercida”,  lo cual va en contra de los principios constitucionales y, también, en contra de la legislación vigente en materia de memoria democrática. Y es que, la exposición ofrece una “banalización de la noble lucha” que supuso el movimiento guerrillero contra la dictadura, “incita al odio”, “falta a la verdad histórica” y, además, “conculca el derecho” de que las nuevas generaciones conozcan “la verdad de los hechos acaecidos en los años de la dictadura franquista”.

     De todas estas consideraciones deberían de tomar buena nota tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, para hacer las rectificaciones oportunas de esta exposición, financiada con fondos públicos y que, en algunos de sus paneles, ofrece, como señala el citado Manifiesto, una exaltación de tintes fascistas “totalmente fuera de lugar en una España democrática y libre”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

 

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 noviembre 2022)

 

 

 

DESTRUCCIÓN MUTUAMENTE GARANTIZADA

DESTRUCCIÓN MUTUAMENTE GARANTIZADA

 

    En estos días en que asistimos con preocupacion al desarrollo de la guerra en Ucrania, cuando el temor a un posible desastre nuclear en la central nuclear de Zaporiyia es un riesgo real, se cumplen 60 años de la crisis de los misiles de Cuba de 1962, momento en el cual se estuvo al borde de un enfrentamiento nuclear entre los EE.UU. y la URSS, riesgo al que se calificó como  “Destrucción mutuamente garantizada” (MAD, sus siglas en inglés).

    El origen de la crisis comenzó en abril de 1962 cuando el líder soviético Nikita Jruschov decidió aumentar el apoyo militar de la URSS al gobierno de Fidel Castro en Cuba. Dicho apoyo, según señala el historiador Tony Judt en su libro Sobre el olvidado siglo XX, ascendía, en su fase final,  a unos 50.000 militares soviéticos, los cuales estaban organizados en 5 regimientos con misiles nucleares, 4 regimientos motorizados, 2 batallones de tanques, un escuadrón de cazas MiG-21, 42 bombarderos ligeros IL-28, 2 regimientos provistos de misiles crucero, 12 unidades antiaéreas SA-2  con 144 lanzacohetes y un escaudrón de 11 submarinos, 7 de ellos equipados con misiles nucleares.

    Jruschov decidió rearmar a la Cuba castrista con objeto de proteger a su entontes su único aliado en el continente americano, dar una imagen creíble de la URSS como “adalidad del progreso y de la revolución” y, también, en expresión del líder soviético,  para “arrojar un puerco espín a los pantalones del Tío Sam” .

    Así las cosas, el 29 de agosto un avión de reconocimiento norteamericano U-2 localizó el emplazamiento de los misiles SA-2 y, ante esta noticia, el presidente Kennedy advirtió a la URSS que admitiría misiles defensivos tierra-aire en Cuba pero que no aceptaría la instalación en la isla de misiles ofensivos dirigidos hacia los EE.UU. Por entonces, Kennedy desconocía que ya se habían desplegado en la isla 36 misiles de alcance medio SS-4 y 24 misiles de alcance intermedio SS-5 con cabezas nucleares, los cuales podían alcanzar cualquier objetivo en los EE.UU. Aunque Jruschov negó esta evidencia, el 14 de octubre un avión U-2 localizaba 3 bases de misiles en construcción para el lanzamiento de los SS-4, razón por la cual Kennedy se sintió engañado y éste fue el momento en que estalló la crisis de los misiles dado que la URSS había desoído las advertencias de no instalar misiles ofensivos en Cuba.

     En consecuencia, el 22 de octubre Kennedy anuncia el bloqueo naval de Cuba. Por su parte, en pleno ardor belicista, la Junta de Jefes del Estado Mayor de los EE.UU. se mostró partidaria de dar una respuesta “más extrema”  al desafío soviético cual era lanzar sobre la isla bombardeos en alfombra contra las bases militares como paso previo a la invasión de la isla, ya que dertminados miembros de la cúpula militar americana dudaban de las capacidades del joven presidente Kennedy para hacer frente al desafío de la URSS.

     Los hechos posteriores demostraron que la decisión del bloqueo fue la opción más correcta, dado que daba tiempo a ambas partes para reconsiderar la situación. Además, Kennedy redujo el área de bloqueo de 800 a 500 millas para dar a los soviéticos “más tiempo para reflexionar y hacer volver a sus barcos”. Finalmente, tras dos semanas de tensión y con el riesgo de que cualquier fatal error hubiese desencadenado el conflicto nuclear, Jruschov ordenó regresar a los barcos  que llevaban misiles a Cuba y, como señala Tony Judt fue Jruschov  “quien desactivó y resolvió la crisis cubana y la historia debe reconocérselo”. A cambio, Jruschov pidió a Kennedy que levantase el bloqueo y que Cuba no fuera atacada. Además, el líder soviético manifestó su intención de retirar los misiles ofensivos de Cuba a cambio de que la OTAN retirase de Turquía los que apuntaban a la URSS.

    Pero en Washington había otra crisis: la pugna entre Kennedy y los militares belicistas pues éstos, aún después de que Jruschov aceptase las condiciones del presidente americano, todavía eran partidarios de ataques aéreos, inmediatos, a gran escala y de una invasión, razón por la cual Tony Judt alude a que “el desprecio de los militares por el joven presidente es palpable y las observaciones del general Le May rayan la insolencia”. En cambio, frente a la opción belicista, Kennedy fue muy bien aconsejado por los diplomáticos  profesionales, especialmente por Llewellyn Thomson (ex-embajador en Moscú) y por Robert McNamara (Secretario de Defensa), que también desaconsejó los bombardeos porque estaba convencido de que la crisis debía resolverse por la vía política y nunca por la militar.

    Finalmente, el 20 de noviembre, EE.UU. levantó el bloqueo tras la retirada de los bombarderos IL-28 y, para abril de 1963, la OTAN ya había retirado de Turquía los misiles ofensivos, tal y como había demandado la URSS.

    Esa es la lección que hoy, 60 años después, nos ofrece el recuerdo de la crisis de los misiles de Cuba, cuando se estuvo al borde del desastre nuclear,  y la advertencia permanente de lo peligroso que resulta para la Humanidad el que determinados líderes políticos, como es el caso de Vladimir Putin, tengan la tentación de pulsar el botón nuclear.

 

    José Ramón Villanueva Herrero

   (publicado en : El Periódico de Aragón, 20 octubre 2022)