FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO... EN LOS ESTADOS UNIDOS

     En estos últimos años se ha producido en las esferas del poder económico y político de los EE. UU., una creciente influencia de los sectores religiosos ultraconservadores. Curiosamente, el término “fundamentalismo” surgió a principios del s. XX en los EE.UU. para denominar a los grupos cristianos que fundamentaban su fe (de ahí su nombre), en la interpretación literal de la Biblia, a la cual concedían primacía sobre cualquier tipo de normativa o legislación civil.

     Este fundamentalismo ha llegado, incluso, hasta la misma Casa Blanca. Un presidente tan cuestionado como George Bush, recordando su polémica elección en el año 2000, afirmaba: “siento que Dios desea que sea presidente. No puedo explicarlo, pero siento que mi país va a necesitarme. Algo va a ocurrir....sé que no será fácil para mí ni para mi familia, pero Dios quiere que lo haga”. Por su parte, el general William Boykin, adjunto al Secretario de Defensa, afirmó que Bush fue elegido presidente, porque “Dios lo puso allí” para reconducir la política mundial. Tal es así que Bush, se considera un enviado de Dios, que es quien le indica el camino a seguir. Por ello, no tuvo ningún rubor en manifestarle a Nabil Shaat, ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina en junio de 2003 que, “he sido encargado por Dios de una misión. Dios me ha dicho: George, ve y lucha contra esos terroristas en Afganistán.  Lo hice, y entonces Dios me dijo: George, ve y acaba con la tiranía en Irak, y lo hice”. Resulta preocupante pensar cual podría ser la próxima “misión” encomendada a George...

     Este creciente poder e influencia del fundamentalismo religioso en las esferas de poder de los EE. UU. no es un fenómeno nuevo. De hecho, coincidiendo con los años en que el movimiento por los derechos civiles luchaba por abolir la segregación racial en los estados sureños de la Unión, se produjo  una reacción de los sectores ultraconservadores norteamericanos contrarios a la igualdad y a la integración racial alegando para ello supuestas razones religiosas. De este modo, mientras algunos predicadores manifestaban que “mezclar razas no es intención de Dios”, otros, como el reverendo James F. Burks, negaba el reconocimiento de los derechos civiles a la población afroamericana pues, según el, la integración racial sería el preludio del Apocalipsis.

     Esta ofensiva conservadora, o mejor dicho reaccionaria, hizo que desde 1964, año en el que se aprobó el Acta de los Derechos Civiles por la que se acababa legalmente con la segregación racial en los EE.UU., los principales predicadores fundamentalistas optaran abiertamente por vincularse al Partido Republicano. Estos, convertidos en auténticos empresarios de la religión, (“Savonarolas místico- financieros” los denominó Mario Benedetti), consideran que este partido era el mejor garante de sus fortunas e intereses y, también,  de su sesgada visión del cristianismo. Estos influyentes predicadores nunca critican la agresiva política exterior americana, las violaciones de los derechos humanos ni los abusos de las multinacionales, pero hablan, y mucho, del “demonio” (para ellos, sinónimo de comunismo, sida y aborto) y, también, del “pecado”, sobre todo cuando éste tiene nombre de mujer como fue el “caso Mónica Lewinski”, tema éste utilizado por los fundamentalistas contra el presidente demócrata Bill Clinton, que no se había dejado presionar por el poder de los sectores religiosos ultraconservadores. Para ello, abandonando los duros bancos de sus iglesias semivacías, han pasado a utilizar de forma masiva la radio y la televisión para difundir sus mensajes contando para ello con centenares de canales de televisión y varios miles de emisoras locales de radio.

     Excepción hecha de los demócratas Carter y Clinton, la influencia de los predicadores fundamentalistas ha sido determinante en la actuación de algunos presidentes norteamericanos. Este fue el caso de Richard Nixon, que ganó las elecciones con discursos plagados de alusiones a la raza y la religión y que tuvo por asesor y confidente al reverendo Billy Graham. Por su parte, Ronald Reagan estuvo muy influido por famosos predicadores como Pat Robertson, lider de la todopoderosa Coalición Cristiana, el lobby religioso más importante de los EE.UU.,  y Jerry Falwell, los cuales reclamaron contraprestaciones por haberle aportado los votos del electorado ultraconservador. Por ello,  le exigieron la implantación de la oración en las escuelas públicas, la supresión del aborto legal y las restricciones de los derechos de los homosexuales, además de otras medidas contra las minorías étnicas y contra las feministas.

     En temas de política exterior, también han dejado su impronta. Robertson, que dirige la Red de Radioemisoras Cristianas, cuyos beneficios se cifran en 300 millones de dólares anuales y tiene negocios en las minas de diamantes de Liberia en unión del corrupto expresidente Charles Taylor,  fue el que impulsó la alianza de Reagan con las dictaduras latinoamericanas, especialmente con la del general guatemalteco Efrain Ríos Montt, miembro también de la Iglesia Evangélica,  ya que, según el predicador, éste “seguía instrucciones de Dios”.

     Todos estos telepredicadores apoyan con firmeza la alianza de los EE.UU. con Israel. Ello se debe, además de a intereses geoestratégicos en la conflictiva zona del Oriente Medio, también a motivaciones religiosas. En opinión del predicador Pat Robertson, los intentos por parte del mundo árabe de destruir a Israel suponen “un plan de  Satán para prevenir el regreso de Jesucristo” y ello es lo que explica el firme respaldo del lobby evangélico americano a la política proisraelí de los EE.UU. En la actualidad, el fundamentalismo religioso americano abandera la lucha contra el islamismo radical en Afganistán e Irak y fomenta una política belicista contra los países que, como es el caso de Irán o Corea del Norte, George Bush ha situado en el “Eje del Mal”.

     Por todo lo dicho, nada bueno puede esperar la Humanidad de la pugna entre fundamentalismos religiosos: no es tiempo de avivar odios entre religiones y culturas sino de tender puentes de diálogo y cooperación entre civilizaciones. Este es el gran reto que, superando banderas nacionalistas y diferencias religiosas,  debemos asumir en este incierto siglo XXI cuya andadura acabamos de iniciar.

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 13 abril 2007)  

DERECHOS CIVILES PARA LA GUARDIA CIVIL

      Mucho se ha hablado y escrito en estas últimas fechas sobre los problemas que afectan a la Benemérita, de las movilizaciones promovidas por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), así como las sanciones y expedientes incoados contra sus principales dirigentes, entre ellos dos aragoneses: Jesús Molíns, secretario general de la AUGC-Aragón y Cristóbal Soria, delegado de la misma en la provincia de Teruel.

     En el momento presente, se ha llegado a una situación desagradable y penosa para este colectivo de ciudadanos uniformados que, tras casi 30 años de legalidad constitucional, todavía carecen de los derechos civiles y democráticos básicos, de los cuales disfrutamos el conjunto de los demás ciudadanos y, también, el resto de las distintas fuerzas policiales (estatales, autonómicas y locales) existentes en España.

     La cuestión de fondo que ha generado este debate es clara: ante la nueva realidad social española, resulta cuestionable el actual modelo policial basado en la existencia de dos cuerpos de policía estatales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que, pese a desempeñar constitucionalmente funciones similares, están separados por diferencias abismales en cuanto a sus normativas internas, sus condiciones de trabajo y el ejercicio de sus derechos laborales. De este modo, mientras el CNP tiene carácter civil, depende del Ministerio del Interior y sus miembros ejercitan con total libertad sus derechos sindicales, no ocurre lo mismo en la Guardia Civil. Esto se debe a que la Benemérita, que depende simultáneamente de dos ministerios (Interior y Defensa), mantiene de forma absolutamente anacrónica una estructura militar heredada del s. XIX que hace que sus miembros carezcan de derechos básicos propios de cualquier trabajador tales como la libre elección de residencia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, derecho a la libre sindicación, etc,  todo lo cual supone una grave quiebra del principio de igualdad que consagra la Constitución de 1978.

     De entrada, hay que dejar claro que la Constitución distingue claramente entre Fuerzas Armadas, constituidas exclusivamente “por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire” (art. 8) y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad entre los que se incluye la Guardia Civil, los cuales,  “bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (art. 104.1). Posteriormente, la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrollaría este artículo de la Constitución distribuyendo las funciones de la seguridad estatal entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio de las competencias aplicables a las distintas policías autonómicas y locales.

     Consecuentemente, la Guardia Civil, que no forma parte de las Fuerzas Armadas, es un cuerpo de seguridad civil al que se le encomienda la defensa de nuestros derechos y libertades, los mismos de los que sus miembros,  paradójicamente,  carecen dado que se mantiene  una estructura militar propia de otras épocas. Ello supone una grave limitación de derechos constitucionales, unas condiciones laborales más duras que sus compañeros de otros cuerpos y fuerzas de seguridad y, por su fuera poco, el estar sometidos a un régimen disciplinario, el Código Penal Militar (CPM), mucho más estricto que el de cualquier otro policía en España, ya que juzga como delitos militares infracciones que, si fueran cometidas en otros ámbitos como en el CNP o las policías autonómicas y locales, tendrían el carácter de meras sanciones administrativas.

     Conviene recordar que  el Consejo de Europa hace años ya que instó a la homologación de las distintas policías existentes en los estados miembros. Por ello, en el Código Ético de la Policía de 2001, se fijaba de forma nítida el marco de la seguridad pública en la Unión Europea indicándose de forma expresa que “El personal de policía está sometido a la misma legislación que los ciudadanos ordinarios”, a la vez que recomendaba que, los funcionarios policiales debían beneficiarse “de los derechos civiles y políticos de los demás ciudadanos”, lo cual no se aplica en absoluto en el ámbito de la Benemérita. Y sin embargo, los guardias civiles no son soldados, son policías a pesar de que su estatuto personal los someta a una disciplina militar que carece de sentido en la España del siglo XXI. Por ello, debería de convertirse en un cuerpo policial plenamente civil, al igual que ocurrió en 1986 cuando la vieja Policía Armada, los “grises” del franquismo, pasaron a convertirse en una policía civil: el CNP.

     Estas demandas, tan obvias,  se han encontrado con la frontal oposición y los intereses corporativos de los mandos militares de la Guardia Civil que, actuando como un auténtico poder fáctico, están  frenando los necesarios intentos de desmilitarizar y democratizar la Guardia Civil que impulsa la AUGC. Si esto es preocupante, también lo es la sensación de que el Gobierno se ha sometido con excesiva docilidad a los dictados del estamento militar que, vistos los últimos acontecimientos y los expedientes incoados contra los principales responsables de la progresista AUGC, parecen haber impuesto sus intereses corporativos sobre el poder civil y eso no es aceptable en democracia. Debe quedar claro que el futuro estos ciudadanos uniformados, de los guardias civiles, debe ser decidido por el poder civil y nunca por presiones o interferencias corporativas por parte de los mandos militares del mismo. Por ello, el Gobierno debe reaccionar con rapidez y coherencia dando una justa solución a las demandas de las bases de la Guardia Civil para que, por fin, la democracia entre, de verdad, en los cuarteles y les sean reconocidos de este modo a sus miembros los derechos civiles de los que ahora carecen. El Gobierno no debe ceder a las presiones militares  para cercenar a la AUGC y a las aspiraciones de miles de guardias civiles y, desde luego, resulta imprescindible retomar el diálogo, levantar las sanciones impuestas y cumplir los compromisos electorales para que, antes de finalizar esta legislatura, se apruebe la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que reemplace al obsoleto CPM, así como el demandado Proyecto de Ley de Derechos y Libertades aplicable a este colectivo de 79.000 trabajadores. Ciertamente se trata de demandas imparables pues la asiste la razón y la justicia, las cuales debe acometer de una vez por todas con determinación el Gobierno del Presidente Zapatero.

     Lejos quedo la vieja imagen de la Guardia Civil caminera que denostaba García Lorca o la de aquella que fue soporte fiel de la dictadura pasada. Los tiempos han cambiado y, es necesario que se produzca un cambio radical de la configuración jurídica de la que surja una nueva Guardia Civil para el s. XXI, una Guardia Civil moderna, democrática, desmilitarizada y con derechos civiles plenos. Esta es la última transición democrática que la sociedad española  tiene, todavía,  pendiente. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 5 marzo de 2007.) 

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, 70 AÑOS DESPUÉS

      En fechas recientes recordábamos los 50 años de TVE, un período en el que la historia reciente de España y nuestras emociones y vivencias personales se entrecruzaban en un tiempo de memoria y nostalgia. Sin embargo, ha pasado bastante desapercibida otra efeméride relacionada con otro medio de comunicación público: el 70º aniversario de la fundación de Radio Nacional de España (RNE),  emisora inaugurada en Salamanca el 19 de enero de 1937 en medio del desgarro dramático que supuso  la guerra civil y creada para servir de órgano de propaganda de los sublevados contra la República, esto es, del bando llamado “nacional”, de ahí el adjetivo adoptado por dicha emisora. 

     Quisiera dedicar unas líneas al origen de RNE no sólo por el reciente aniversario de la misma, sino, también, por el hecho de que fuese su primer director un destacado franquista alcañizano, un jerarca del régimen de larga trayectoria política,  Emilio Díaz Ferrer y Gascón (1896-1966), el cual fue alcalde de Alcañiz durante 13 años (1942-1955) y procurador en las Cortes franquistas durante cuatro legislaturas.

     Emilio Díaz, en una entrevista que publicó El Noticiero el 5 de febrero de 1956, ofrecía algunos datos de interés de cómo surgió RNE y su  importante labor propagandística al servicio de la España fascista. Díaz, voluntario falangista al inicio de la guerra, como consecuencia de un quiste intestinal y una posterior operación, fue destinado a la retaguardia franquista. Allí se le nombró delegado de Falange en el periódico zaragozano Amanecer y estuvo como corresponsal en el frente de Madrid durante noviembre de 1936 en lo que se suponía la inminente conquista de la capital por las fuerzas franquistas. La heroica defensa republicana de la misma desbarató los planes militares de los sublevados de poner fin de una forma rápida a la contienda, la cual, a partir de entonces, se convirtió en una lucha  larga y sangrienta.

     Fracasado el ataque frontal contra Madrid, Emilio Díaz fue enviado a Salamanca, en donde se hallaba el cuartel general de Franco. Allí, como el falangista alcañizano relata, se reencontró con su viejo amigo el general Millán Astray y éste, “me puso a sus inmediatas órdenes”. Millán Astray, fundador con Franco de la Legión, hombre rudo y violento que protagonizó el 12 de octubre de 1936 un sonado enfrentamiento con un Unamuno anciano y desencantado cuando bramó aquel grito cavernario de “Muera la inteligencia!”, había sido nombrado por Franco Primer Delegado de Prensa y Propaganda de la España nacional con el objeto de que “organizase sin dilación un organismo rector de la divulgación de las noticias de la guerra”. De este modo, Millán Astray  hizo uso de una pequeña emisora de 2,5 Kw instalada en un estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad sito en el palacio de Anaya. Allí  se colocó un micrófono conectado con un cable a las instalaciones de Radio Salamanca: este fue el origen de RNE.

     Entre el personal encargado de poner en marcha la nueva emisora “nacional”, además de Millán Astray, (que obligaba a los periodistas a sus órdenes a cuadrarse y alinearse a toque de silbato como si de un cuartel se tratara), estaban Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Montes y Emilio Díaz. No obstante, la salida de Jiménez Caballero a realizar tareas propagandísticas en la Italia fascista, hizo que Emilio Díaz fuese nombrado “segundo jefe de la Delegación y director de Radio Nacional”. Gradualmente se fueron incorporando otros colaboradores como Vicente Gay, Juan Aparicio, Víctor de la Serna, Antonio de Obregón, Mariano Rodríguez de Rivas, Antonio Asenjo, José Antonio Jiménez Arnau y el dominico P. Getino, responsable de una sección que Díaz define como “la guerra vista a través de la Teología”, claro ejemplo de la instrumentalización del sentimiento religioso por parte de los sublevados. De las tareas de locutor se encargó el mismo Emilio Díaz hasta que más tarde se contrató al actor Fernando Fernández de Córdoba, cuya voz leyó, con el habitual tono castrense, el último parte militar de la guerra.

     La inauguración oficial de RNE tuvo lugar el 19 de enero de 1937 por parte de Franco, acompañado de Vicente Gay (segundo Delegado del Estado para Prensa y Propaganda), el embajador de la Alemania nazi (Von Faupel) y, a su lado,  Emilio Díaz, el primer director de la emisora, tal y como se refleja en las fotografías de la época. Para entonces, las instalaciones de RNE habían mejorado considerablemente puesto que se había comprado una emisora nueva en la Alemania hitleriana de 79 kw de potencia y “montada en siete camiones”. A ella se refería con admiración Emilio Díaz: “era una emisora formidable entonces y de grandes ventajas para una nación en guerra, ya que llevaba generadores para producirse ella misma la energía que se gastaba”. Todos estos equipos fueron instalados por el ingeniero alemán Von Krasner en el Frontón Salamanca, en donde se contaba con diversos estudios de grabación y, también,  con una antena telescópica de 40 metros.

     Emilio Díaz permaneció al frente de RNE hasta finales de abril de 1937, momento en que fue sustituido por el periodista Jacinto Miquelarena.

     Nada queda de aquellos orígenes fascistas de RNE excepción hecha del adjetivo de “nacional”  y las alusiones coloquiales a los  “partes”, término de reminiscencia militar, en referencia a los boletines de guerra del bando franquista que, precedidos de un toque de corneta, eran leídos con aire marcial y retórica franquista durante la contienda civil. Y es que también RNE tiene su historia, tiene su memoria histórica, vinculada en sus orígenes a un fascista turolense de incómoda memoria y que ahora, cuando se han cumplido los 70 años de vida de dicha emisora,  hemos querido recordar. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 15 febrero 2007)  

ANNAPOLIS, UNA ESPERANZA LEJANA

      El próximo 27 de noviembre se inicia en la ciudad americana de Annapolis la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio. Una vez más, pese a las muchas dificultades que nadie ignora, se pretende reabrir un proceso que permita sentar las bases para resolver el eterno conflicto entre Israel y Palestina.

     Patrocinada por los EE.UU., la Conferencia tiene como objetivo ser el punto de partida para la creación de un Estado Palestino independiente antes de finales del 2008. A tan importante encuentro están invitados 38 países (21 de ellos musulmanes): los más importantes miembros de la Liga Árabe, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, el G-8, así como otros diversos países, entre ellos España. En cuanto a las instituciones, además de la ONU, la Liga Árabe y la Unión Europea, asistirán el FMI y el Banco Mundial como observadores. Por otra parte, la Conferencia se prevé articularla en torno a tres partes temáticas: “Desarrollo económico”, “Reformas de instituciones y construcción de capacidades” y “Paz completa”.

     Ciertamente, el escepticismo de los analistas políticos y de la población, tanto palestina como israelí, parecen presagiar que Annapolis va a tener, por lo menos a corto plazo, muy escasos resultados. Tras los frustrados Acuerdos de Oslo (2000) y el estancamiento de la Hoja de Ruta impulsado por los EE.UU. durante los últimos años, una leve esperanza  de paz puede ahora abrirse paso. Desencantada la población civil palestina, lo cual ha producido un auge del fundamentalismo islámico, obsesionada la ciudadanía israelí con la seguridad y el terrorismo, titubeantes los políticos a la hora de afrontar con valentía concesiones mutuas sobre las que cimentar una paz justa, bueno es recordar algunas propuestas surgidas de la sociedad civil, harta de padecer desde hace 60 años este sangriento conflicto.

      En primer lugar recuerdo la tenaz labor llevada a cabo por el movimiento pacifista israelí Paz Ahora (Shalom Ajshav) desde su fundación en 1978. Esta asociación, de la que forma parte activa el escritor Amós Oz, ejemplo de compromiso militante con la izquierda pacifista, lleva tres décadas demandando negociaciones directas de paz y denunciando la injusticia que supone la ocupación de los territorios palestinos cuya devolución, incluido el Golán, siempre ha exigido. Por ello, pese a las incomprensiones de unos y otros, Paz Ahora, al igual que el partido Meretz-Yachad, socialdemócrata y pacifista, apoyan posiciones, no siempre conocidas suficientemente, de un judaísmo comprometido con la justicia y con la paz.

     En este contexto, bueno sería también tener presente  las propuestas del casi olvidado Acuerdo de Ginebra del 1 de diciembre de 2003. Este, pese a no tener carácter oficial, fue firmado por un grupo de intelectuales y políticos tanto israelíes como palestinos y al cual se llegó tras mas de dos años de discretas negociaciones entre ambas partes, lideradas por Yossi Beilin, dirigente de Meretz-Yachad y el político palestino Yassef Abed Rabbo. En la práctica, supone un plan alternativo al proceso de paz en Oriente Medio, más avanzado y con mayor concreción que la Hoja de Ruta. Sin embargo, los Acuerdos de Ginebra no han sido respaldados por el Gobierno de Israel ni por el Consejo Legislativo palestino, a la vez que sus firmantes eran acusados frecuentemente de “traidores” por sus respectivos países y, no obstante, ofrecen ideas dignas de tener en consideración.

     En primer lugar, con arreglo al principio “paz por territorios”, Israel reconoce la creación de un Estado Palestino, a la vez que se compromete a devolver el 97,5 % de los territorios ocupados en 1967, desmantelar todos los asentamientos de Cisjordania (en Gaza ya lo hizo en 2005), que el monte del Templo y la explanada de las mezquitas queden bajo soberanía palestina, lo cual supone aceptar la división de Jerusalem, la cual pasaría a convertirse en la capital de los dos estados. A cambio, Palestina reconocería la existencia del Estado de Israel, lo cual, todavía, no ha hecho de forma oficial.

     Otro compromiso-clave en el Acuerdo de Ginebra es el derecho al retorno de los refugiados palestinos. En este aspecto, Palestina renuncia al retorno de estos varios millones de refugiados a Gaza y Cisjordania, pudiéndolo hacer sólo una parte de ellos y con derecho a recibir indemnización por parte de Israel.

     En este tema, frente al liderazgo mundial ejercido por los EE.UU, el papel de la Unión Europea (UE) debe ser cada vez más activo. Es por ello que se está ultimando un amplio plan de ayuda política y económica por parte de la UE para facilitar el éxito de las negociaciones de paz. Este Plan, diseñado por Javier Solana, Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE,  y la Comisión Europea, pretende canalizar la ayuda europea a Palestina que ésta consolide sus instituciones y frene el radicalismo islámico. Teniendo en cuenta que la ANP recibió de la UE durante este año 2007 la cifra récord de 1.000 millones de euros, se pretende ahora incentivar la actividad económica en Palestina (formación, créditos, facilidades comerciales), la mejora de los servicios públicos (Sanidad, Educación, Justicia), el establecimiento de una fuerza policial democrática y la continuidad de todos los proyectos humanitarios y para los refugiados actualmente vigentes.

     La situación es difícil, los programas maximalistas, imposibles. La tenue esperanza de paz que Annapolis simboliza puede ser viable a medio plazo si los políticos israelíes y palestinos asumen compromisos y renuncias mutuas, si la sociedad civil deja oír su voz y si la UE y los EE.UU. desarrollan una auténtica labor de mediación y apoyo. Tal vez así, la paz sea posible en la sufrida tierra de Palestina, en la sagrada y sangrante Tierra de Israel. 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 27 noviembre 2007) 

EVO MORALES Y LA NUEVA BOLIVIA

     El 22 de enero se cumple un año de la toma de posesión de Evo Morales como presidente de Bolivia. Su llegada al poder al frente del  partido Movimiento al Socialismo (MAS), tuvo una significación histórica: por vez primera, un indio aymara llegaba a la Presidencia de la República, lo cual supuso un rayo de esperanza para millones de bolivianos pobres, aquellos que siempre habían sido explotados y marginados, aquellos a los que James Petras aludía como “los indígenas descalzos de los Andes”.

     Evo obtuvo en las urnas un apoyo del 53,7 % del electorado y, desde entonces, el país andino vive una apasionante transición política. El programa electoral de Evo es ambicioso: su objetivo es refundar Bolivia con criterios de soberanía nacional, desarrollo solidario y justicia social. Su proyecto de una Nueva Bolivia tiene varios ejes básicos: la elaboración de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, el control de los recursos naturales bolivianos en manos de empresas extranjeras, la puesta en marcha de una profunda reforma agraria, acabar con el secesionismo y el monopolio del poder político de la oligarquía conservadora que históricamente ha dominado el país, así como una política exterior opuesta al  imperialismo de los EE.UU.

     Tal vez el punto más conocido de la política de Evo Morales sea su pugna por lograr un mayor control estatal de los recursos naturales, tema ésta en el que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los bolivianos. Conviene recordar que el 18 de julio de 2004 se aprobó por referéndum que el Estado recuperase la propiedad de los recursos energéticos (hidrocarburos y gas) existentes en el país pero, el anterior presidente, Carlos Mesa, se negó a firmar la Ley de Hidrocarburos (LDH) aprobada en dicho referéndum y por ello convocó elecciones anticipadas. A ellas se presentó Evo con este tema como punto central de su programa electoral y, en diciembre de 2005, obtuvo un resonante éxito electoral. Como señalaba el diario boliviano “La Época”, el pasado 24 de diciembre, “el país necesitaba un sacudón”, y, ciertamente, Evo se lo ha dado

     Volviendo a la LDH, hay que dejar claro que, de hecho, esta ley no supone ni una nacionalización  ni tampoco una expropiación de los recursos energéticos, como repetidamente se ha dicho, sino que establece unas nuevas condiciones económicas entre el Estado boliviano y las compañías energéticas que operan en el país. De este modo, el objetivo es superar los anteriores contratos, injustos y abusivos, de los que hasta ahora, disfrutaban las multinacionales del sector y que apenas beneficiaban a Bolivia. Tras la firma de los nuevos contratos con las compañías concesionarias el pasado 29 de octubre, Evo dejó clara la postura de su Gobierno: “Queremos socios, no amos”. Por ello, no resulta asumible el discurso, bastante hipócrita por cierto, de Occidente (la Unión Europea y España incluidas) ante el contencioso de los hidrocarburos bolivianos: la actuación del Presidente Morales ha sido coherente, justa y legal frente a los intereses insaciables de las multinacionales (Repsol, entre ellas) para con los países del Tercer Mundo. En consecuencia, es un grave error  el que, en este asunto, se pretenda identificar los intereses económicos de una compañía (privada) como Repsol con los intereses nacionales de España en Bolivia.

     Otra cuestión de capital importancia es el proyecto de descentralización territorial iniciado por el Presidente Morales. Bolivia es un país dividido en dos zonas contrapuestas desde un punto de vista económico, territorial y social: los altiplanos pobres andinos de Occidente, de mayoría indígena y las ricas llanuras del Oriente, especialmente el  Departamento de Santa Cruz, reducto de la oligarquía blanca con sectores de larga tradición golpista y de claro signo racista. Desde que en julio de 2006 se celebró un referéndum para la concesión de autonomías departamentales, el Oriente boliviano, la zona más rica del país,   no oculta sus intenciones secesionistas en caso de que la política social de Evo Morales amenace sus seculares privilegios económicos. En este sentido, a la cuestión del mayor control estatal sobre los hidrocarburos existentes en el Oriente cruceño, habría que sumar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en esta zona, la cual supondría la restitución de las tierras a la población indígena, aquellas tierras que, desde 1971, les arrebató la dictadura de Hugo Banzer. Esta reforma, hasta el momento, ha sido saboteada por la oligarquía cruceña que no sólo se opone a la devolución de las tierras expoliadas, sino que pretende llevar a cabo una auténtica limpieza étnica de la población indígena del Oriente boliviano.

     Evo Morales es consciente de todas las dificultades a las que tiene que hacer frente para llevar a buen término su programa político. Hace unos días advertía que su “revolución” sufrirá “tropiezos” dado que “la oligarquía no acepta que un indio gobierne” pero, acto seguido manifestaba su convicción en que, desde hace un año, “el pueblo comenzó a liberarse y nadie lo podrá detener”.

     En un reciente artículo de Noam Chomsky titulado “Latinoamérica declara su independencia”,  este prestigioso intelectual norteamericano recordaba cómo, tras 5 siglos de dominación, se han empezado a construir en dicho continente sistemas democráticos nuevos basados en la participación popular y no en la dominación de las potencias extranjeras o de las oligarquías locales. Ejemplos de ello, además de la Bolivia de Evo Morales, serían los casos de Lula en Brasil, Chavez en Venezuela, Tabaré en Uruguay, Bachelet en Chile u Ortega en Nicaragua. Este proceso emancipador de América Latina, este giro a la izquierda en todos estos países, que tanto disgusta a los EE.UU., y ejemplo del cual son las transformaciones iniciadas por Evo Morales en Bolivia, debe de ser un motivo de alegría para todos los ciudadanos y sectores sociales progresistas puesto que  supone un acto de justicia y, consecuentemente, deberíamos  brindarle nuestro apoyo solidario.  

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 17 enero 2007)   

RECORDANDO A JUAN NEGRÍN

       Se cumplen ahora 50 años de la muerte de Juan Negrín López (1892-1956), una de las figuras políticas más relevantes y controvertidas de nuestra reciente historia. Criticado por unos y olvidado por casi todos, bien merece un lugar en nuestra memoria colectiva. Negrín fue un  brillante médico formado en universidades alemanas que,  a los 22 años, ya era catedrático de fisiología en la Universidad Central de Madrid. Discípulo de Ramón y Cajal y maestro a su vez de Severo Ochoa o Grande Covián, simboliza la vanguardia de la ciencia médica española del primer tercio del s. XX.

     Afiliado al PSOE desde 1929, se integró en su ala centrista liderada por Prieto y fue diputado entre 1931-1936. Durante la guerra civil, tuvo un papel destacado. Fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero y  reemplazó a éste en la presidencia del Ejecutivo en mayo de 1937. Para  Negrín ganar la guerra era la prioridad absoluta por lo que  resultaba imprescindible la formación de un Gobierno republicano fuerte que ejerciese la plenitud de los poderes constitucionales (y controlase) a los sectores radicales de la izquierda  y a los colectivistas. Por ello, el presidente Negrín se dedicó con tenacidad a lograr tres objetivos que consideraba vitales. En primer lugar, el  mantenimiento de la legalidad constitucional republicana y por recuperar el control del orden público. En segundo lugar, Negrín impulsó una nueva política internacional, intentando que se levantara la No Intervención en la Sociedad de Naciones y así lograr el cambio de la posición británica, y, sobre todo, de Francia a favor de la República Española. Pero,  tras la pérdida del Norte (País Vasco-Santander- Asturias) y la derrota de Teruel (febrero 1938),  Negrín se vio obligado a cambiar de táctica e intentó llevar a Franco a una mesa de negociación. Con esta idea, realizó una intensa labor diplomática personal durante la segunda mitad de 1938 con objeto de convencer a las potencias europeas de que apoyaran la mediación internacional para poner fin a la guerra. En gesto de buena voluntad, el Presidente Negrín ordenó la retirada de las Brigadas Internacionales, pero, Franco no hizo lo propio con las tropas nazis (Legión Cóndor) y el CTV italiano que combatían en apoyo de los sublevados.

     Su tercer objetivo era la resistencia militar a ultranza, idea ésta que le acercó al PCE y le alejó de Azaña y Prieto. Negrín era consciente de que no existía la más mínima posibilidad de negociar con Franco a menos que la República mantuviese una defensa militar firme y eficaz.  Pero, el creciente derrotismo de Prieto, especialmente tras la batalla de Teruel, hizo que Negrín lo cesase, asumiendo personalmente la dirección del Ministerio de Defensa. Conocido es su lema  "Resistir, resistir, resistir" , puesto que, como decía el presidente Negrín, "Resistir, ¡por qué? Pues sencillamente porque sabíamos cuál sería el final de la capitulación". Y no se equivocó, puesto que la “resistencia estratégica” era crucial para lograr unas mínimas condiciones de paz, las cuales se resumían en dos: que no hubiese represalias contra los derrotados y, también,  seguridades sobre la integridad constitucional y territorial de España (recordemos las pretensiones territoriales de Mussolini sobre las islas Baleares).

     Sin embargo, tras la ofensiva sobre Aragón y la batalla del Ebro, estaba claro que Franco no quería negociar nada, convencido como estaba de su victoria: sólo quería la rendición incondicional de la República. Tras la caída de Cataluña (febrero 1939),  Negrín  aún pretendió resistir, al menos, en la zona centro-sur todavía bajo control del Gobierno leal, hasta que la guerra mundial, que ya se intuía, estallase y las democracias europeas unieran finalmente sus fuerzas a las de la exhausta República Española. Hasta entonces, había que intentar una retirada controlada  y la evacuación de los políticos y combatientes republicanos que se encontraban en mayor riesgo de sufrir las represalias de los franquistas.

     Los hechos posteriores demostraron que aquellos dirigentes republicanos que, como los que promovieron el golpe del coronel Casado contra Negrín (5 marzo 1939), creyeron que se podía negociar una paz honrosa con Franco,  simplemente desconocían la realidad. Por si quedaba alguna duda sobre las auténticas intenciones de Franco para con los vencidos, en febrero de 1939, se establecía la Ley de Responsabilidades Políticas, ley que con su ensañamiento represivo, suponía la negación absoluta de la última condición ofrecida por Negrín para lograr un alto el fuego: el que no hubiese represalias contra la población republicana derrotada.

     Definitivamente, la política de  resistencia de Negrín  había fracasado y la República, agotada, se rendía sin condiciones. La derrota, no trajo la paz, trajo la victoria militar que, cerrando todas las puertas a la reconciliación, desoyendo el mensaje de "paz, piedad y perdón" lanzado por Manuel Azaña, presidente de la República, prolongó durante largos años la represión de los vencidos.

     Negrín murió en el exilio, criticado y olvidado. Pocos recordaban a aquel médico socialista que soñó con una España democrática y social, que simbolizó la dignidad republicana y el espíritu de resistencia contra el fascismo. Tal vez ahora, 50 años después, haya llegado el momento. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 5 diciembre 2006) 

EL SÍNDROME 711

     El Islam está de candente actualidad por diversos motivos: a la fuerza expansiva de su religión, que contrasta con un secularizado Occidente, se suman aspectos geopolíticos de todos conocidos y, también, la creciente importancia que, como consecuencia de la inmigración, ha ido adquiriendo la población musulmana en nuestra sociedad, cada vez más intercultural.

     Pese al respeto que el Islam nos merece, en nuestra relación con la fe y la cultura musulmana no debemos olvidar la salvaguardia de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión así como la condición y dignidad de la mujer, pues ellos son innegociables y conforman la escala de valores y principios que rigen nuestra sociedad civil y democrática.

     En este contexto, el Islam ha provocado en Occidente opiniones encontradas. A las muy desafortunadas declaraciones de Benedicto XVI, habría que añadir las formuladas desde diversos ámbitos de la derecha europea como es el caso de Nicolás Sarkozy u otros políticos conservadores españoles. Es como si se estuviese propalando un creciente temor, una sensación de “invasión”, una especie de “síndrome 711”.

     Los primeros síntomas del mismo, no exentos de actitudes reaccionarias, xenófobas y de una visión anacrónica de nuestra historia, tiene su más clara manifestación en diversas actitudes y declaraciones de José María Aznar. En su primer discurso en la Universidad de Georgetown (22-IX-2004), reciente todavía la inmensa tragedia del 11-M, remontó con toda intencionalidad política el origen de dichos atentados, no a la guerra de Iraq, sino mucho siglos antes: a la invasión musulmana de España, allá en el lejano año 711. Aznar no dudó en señalar sandeces tales como que “el problema de Al-Queda comienza en el siglo VIII” puesto que “España rechazó ser un trozo más del mundo islámico, cuando fue conquistada por los moros, rehusó perder su identidad”. Toda una absurda acrobacia historicista utilizada para legitimar la reconquista medieval… y, también, su alianza con Bush durante la ilegal guerra de Iraq.

     Así lo exponía Aznar en su conferencia del pasado 21 de septiembre en el Hudson Institute de Washington, uno de los referentes ideológicos de los sectores más duros de la derecha americana, fundado en 1961 por Herman Khan, firme partidario del empleo de la guerra nuclear contra la URSS durante los años de la Guerra Fría. En tan selecto y conservador foro, Aznar se declaró partidario de los Reyes Católicos, en una actitud que le hacía posicionarse en la línea del más rancio conservadurismo español … del s. XIX, como era el caso del carlista Vázquez de Mella o del ultramontano Menéndez Pelayo, por no citar la exaltación “imperial” que, de la época de los Reyes Católicos hizo el franquismo. El esperpento llegó al extremo cuando Aznar expuso, con su arrogancia habitual, que ningún musulmán le había pedido perdón por haber ocupado España durante 8 siglos. Puestos a pedir perdón, tampoco Aznar lo ha hecho ante ningún judío o musulmán por los crímenes de la Inquisición durante la época de sus idolatrados Reyes Católicos. De igual modo, como recordaba hace unos días el teólogo progresista brasileño Leonardo Boff, las antiguas potencias coloniales (España entre ellas), tampoco lo han hecho por el exterminio de las poblaciones indígenas de América Latina ni por la explotación a la que sometieron durante siglos a los esclavos negros traídos desde África.

     Este “síndrome 711”, caracterizado por obsesiones invasoras y por justificar luchas reconquistadoras de antaño o de la actual “guerra contra el terror” orquestada por el “Trío de las Azores”, parecen articular el pensamiento de una derecha cada vez más descentrada.

     Por todo lo dicho, Aznar no ha dudado en calificar de “estupidez” al naciente proyecto de la Alianza de Civilizaciones: el que este posible puente de diálogo y entendimiento entre culturas sea rechazado de forma tan brutal, puede hipotecar seriamente la credibilidad internacional de la derecha española al no asumir el reto histórico que, avalado por la ONU, debe desempeñar ésta. La Alianza de Civilizaciones, como opción de futuro, debe fomentar el desarrollo armónico e integrador, cimentado en principios de justicia para el conjunto de la Humanidad, basándose en el conocimiento y respeto mutuo de los valores éticos y sociales, única forma de superar endémicos enfrentamientos e incomprensiones. Y todos estos ideales y aspiraciones, desde luego, no son una estupidez, señor Aznar.

     Consecuentemente, frente a la política exterior auspiciada por Bush y Aznar, que, extendiendo de forma insensata la lucha contra el “terror”, ha agudizado todavía más el rencor y el odio del Islam contra Occidente y sus valores, el futuro de las relaciones internacionales no puede ser otro que el de tender puentes de diálogo sincero y cooperación solidaria.

     Frente a la confrontación alentada por la derecha, el único camino sensato es el impulso de la Alianza de Civilizaciones si se le brinda el apoyo y el respaldo preciso. La convivencia y el respeto, entre personas y culturas distintas, siempre será el mejor antídoto para superar el riesgo de contagio del “síndrome 711”.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 13 octubre 2006) 

JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN Y EL NACIONAL-CATOLICISMO (y II).

     En un artículo anterior aludí a papel desempeñado por Ibáñez Martín como depurador del personal docente durante la dictadura franquista. Ahora quiero referirme brevemente al pensamiento que inspiró su política educativa durante los 12 años que fue ministro de Educación Nacional (1939-1951).
     Ibáñez Martín, catedrático de Geografía e Historia, fue un fervoroso intelectual franquista, admirador de la obra unificadora de los Reyes Católicos que soñaba con el resurgir, de la mano de Franco, de nuevos tiempos y glorias imperiales. Ello le hizo admirar el pensamiento de Menéndez Pelayo, cuyas Obras Completas prologó en 1940, y al que definía como “el más glorioso español de todos los tiempos” puesto que el legado del polígrafo cántabro, según Ibáñez Martín, era eficaz y oportuno en los momentos presentes en que se trata de fundar sobre base firme y cristiana la nueva España”. Por ello, Ibáñez Martín se apoyaba en el pensamiento del ultramontano Menéndez Pelayo, incluso para legitimar el golpe militar, al afirmar en dicho prólogo que “nuestra guerra ha sido en realidad una consecuencia necesaria del desvío y abandono del camino tradicional de la cultura española desde comienzos del siglo XIX”, alusión recurrente del pensamiento reaccionario que atribuía la decadencia de España al liberalismo, positivismo y al materialismo, a los que se consideraba enemigos viscerales de la tradición hispana.
     Con este bagaje ideológico, Ibáñez Martín, impregnado de un españolismo tan férreo como dogmático, asumió en 1939 el cargo de ministro de Educación Nacional. Vinculado desde los años de la II República a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y con una intensa relación con el Opus Dei por medio de su amigo José María Alvareda, acometió con fervor la tarea de “recristianizar” España mediante la construcción de una nueva tradición nacional-católica al servicio del franquismo. Por ello, fue el artífice de la legislación educativa de los primeros años de la dictadura: la Ley de Ordenación Universitaria (1943), la Ley de Ordenación de la Enseñanza Primaria (1945), así como los decretos que establecían la obligatoriedad de la enseñanza religiosa de 26 de enero de 1944 y el que imponía los cursos de formación política de 10 de abril de 1944.
     Las ideas básicas de la política educativa de Ibáñez Martín se recogen en la citada Ley de 29 de julio de 1943 de Ordenación Universitaria. En ella, se enfatizaba el carácter confesional de la educación en España al indicarse en su preámbulo que, “además de reconocer los derechos docentes de la Iglesia en materia universitaria, quiere ante todo que la Universidad del Estado sea católica”. Por esta razón, Ibáñez Martín concedió privilegios a la Iglesia, propició la entrada del Opus Dei en el ámbito universitario, ampliando más tarde la preeminencia de la Iglesia también, en la enseñanza primaria y media. Igualmente, la citada Ley de 1943 dejaba claro el carácter político al servicio del régimen de los estudios superiores, al señalar textualmente que “la República lanzó a la Universidad por la pendiente del aniquilamiento y la desespañolización, hasta el punto de que brotaron en su propia entraña las más monstruosas negaciones nacionales. La Ley, en todos sus preceptos y artículos, exige el fiel servicio de la Universidad a los ideales de la Falange”.
     De este modo, tanto en la Universidad, como también en los otros niveles educativos, Ibáñez martín pretendía crear, a semejanza del nazismo, un nuevo modelo de “estudiante patriota” que, como indicaba el ministro turolense en un discurso pronunciado en la Universidad de Valencia en 1944, sin que este “lo deforme y corrompa la soberbia científica”. Hay que recordar que, por medio de diversas órdenes ministeriales dictadas por Ibáñez Martín, las vacantes producidas en el Magisterio como consecuencia de la depuración de maestros republicanos, se cubrieron en parte por militares y excombatientes. Así, la Orden de 15 de febrero de 1940 tenía por objeto “dar el máximo de facilidades a los alféreces provisionales del Ejército que deseen acudir a la convocatoria de ingreso en el Magisterio Nacional”, para los cuales se convocaron un total de 4.000 plazas a cubrir por estos militares-maestros.
El carácter de adoctrinamiento político en el ámbito educativo quedaba reforzado con la imposición de la asignatura de Formación del Espíritu Nacional la denostada FEN.
     Por todo lo dicho, la política educativa de Ibáñez Martín se caracterizó por su fuerte dogmatismo político y religioso y sus caducos métodos pedagógicos, que separaban la enseñanza de la investigación y que sometían el conocimiento a la ideología (franquista). Este entramado educativo conocido como el nacional-catolicismo, fue el que sufrieron, sufrimos, varias generaciones de españoles. Un triste legado que no merece ser recordado manteniendo el nombre de José Ibáñez Martín en un centro educativo de la ciudad de Teruel y en otro de la villa de Utrillas. Sus respectivos Consejos Escolares tienen la palabra para superar este anacronismo contrario a los valores democráticos de nuestro actual sistema educativo, y a la dignidad y la memoria de tantos docentes y alumnos que sufrieron la implacable depuración de personas e ideas promovida por José Ibáñez Martín.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 1 septiembre 2006)