JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN, EL GRAN DEPURADOR (I).

     No podía imaginar José Ibáñez Martín, un joven profesor de geografía e historia nacido en Valbona que, con su primer destino docente en Murcia, iniciaría una carrera política que le llevaría desde las filas del conservadurismo católico y monárquico, hasta convertirse en un fervoroso fascista, en uno de los jerarcas del franquismo. Allí fue uno de los dirigentes de la Unión Patriótica, el partido creado por la dictadura de Primo de Rivera, con el que llegó a ser presidente de la Diputación Provincial murciana y, durante la II República, siendo ya catedrático, se integró en la CEDA y fue elegido diputado por Murcia, su provincia adoptiva.
     Tras la sublevación del 18 de julio, consiguió pasar a la zona insurrecta poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco. A partir de este momento, y hasta su fallecimiento en 1969, ocupó numerosos cargos y obtuvo infinidad de distinciones como símbolo destacado de la “intelectualidad” adicta a la dictadura.
     Durante el largo mandato de Ibáñez Martín como Ministro de Educación Nacional (1939-1951), del cual dependía la censura franquista y el aparato de propaganda del régimen, centró su labor en dos aspectos básicos sobre los que se cimentó la política educativa del franquismo: la depuración sistemática de todo el personal vinculado a la educación y a la cultura, así como también a la implantación de un sistema educativa dogmático y confesional: el nacional-catolicismo.
     El integrismo político de Ibáñez Martín y su admiración por los Reyes Católicos, le hicieron emular la labor de la Inquisición en fenecidos tiempos imperiales. Por ello acometió con entusiasmo una auténtica purga del personal y los contenidos del sistema educativo español durante su largo mandato como ministro. Tras la enorme sangría que la guerra y el exilio supuso para la docencia y la intelectualidad leal a la República, el Ministerio regido por Ibáñez Martín, fue implacable con los vencidos, tal y como recordaba Laín Entralgo, también turolense y nada sospechoso de izquierdista: “sistemáticamente se prescindió de los mejores, si estos parecían mínimamente sospechosos de liberalismo o republicanismo. Los ejemplos menudean y sangran”.
     Esta depuración, que el historicismo unitarista de Ibáñez Martín pretendía legitimar enlazando la labor de Isabel la Católica con la de Franco, esto es, la Inquisición con la dictadura, hacía afirmar al ministro turolense en la Universidad de Zaragoza en 1951, que “en más de una ocasión un riguroso escarmiento produce mayor número de bienes que una falsa bondad”. La represión quedaba legitimada de este modo por el pensamiento reaccionario de Ibáñez Martín…y, convertido en un nuevo inquisidor del s. XX, a ello se aplicó con fervor y adhesión inquebrantable.
     Ibáñez Martín impulsó y aplicó con dureza en el ámbito educativo y cultural toda la normativa represiva generada por la dictadura desde el mismo momento de la sublevación militar: el Decreto nº 66 de 8 de noviembre de 1936, que creaba las Comisiones provinciales de Depuración; la Orden de 18 de marzo de 1939, sobre depuración de funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Nacional mediante la cual se creaba la Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración que condenaba a los docentes desafectos a sanciones de traslado forzoso, inhabilitación, postergación o separación definitiva del servicio. Ya como ministro, dictó la Orden de 2 de noviembre de 1939 regulando los traslados forzosos de los docentes depurados, bien fuera dentro de su misma provincia o destinados a otra provincia por “orden de la Superioridad”.
     Otra Orden del ministro turolense, la de 30 de marzo de 1942, creaba el Juzgado Superior de Revisión que, continuando la labor de la Comisión Superior Dictaminadora, siguió encargándose de la labor depuradora durante bastantes años, hasta el punto de que una Orden de 1956, cuando ya habían pasado 20 años del inicio de la guerra, todavía reformaba el funcionamiento del citado Juzgado Superior.
Una lectura atenta del Boletín Oficial del Estado de estos años nos ofrece infinidad de expedientes de depuración de docentes (maestros, profesores de enseñanza media o de la Universidad), todos ellos firmados por Ibáñez Martín.
     La mentalidad represora de Ibáñez Martín, síntesis de actitudes inquisitoriales y pensamiento fascista, se resume plenamente en su muy conocido discurso pronunciado durante la apertura del curso 1940-1941 en la Universidad de Valladolid: “Era vital para nuestra cultura amputar en energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era el del profesorado”.
     Así pensaba Ibáñez Martín, el gran depurador de la educación y la cultura española.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 31 agosto 2006)

LA MEMORIA HISTÓRICA, UNA MEMORIA NECESARIA

     Se han celebrado recientemente en la provincia de Teruel distintos actos en recuerdo de la II República Española y en honor de todos los ciudadanos que, leales a ella, sufrieron y murieron durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Este es el caso de diversas Jornadas como las organizadas por la Asociación Pozos de Caudé, las que bajo el título “Los valores de la II República” han tenido lugar en Teruel y Alcañiz o las que la Comarca del Bajo Martín, en las que se homenajeó en Urrea de Gaén a los deportados republicanos y también se presentó en Híjar el libro de Cándido Marquesán que honra la memoria de José Gálvez Oliver, “el tío Rullo”. No olvido tampoco los actos celebrados en Alcorisa y, de forma especial, la inauguración por parte de su Ayuntamiento, de un monumento en memoria de todos los alcorisanos deportados a los campos de exterminio nazis. Todo ello demuestra que, desde diversos ámbitos políticos y sociales turolenses, se asume con valentía la necesidad de recuperar la memoria histórica. Esta actitud, de impecable dignidad democrática, resulta imprescindible para hacer justicia a todos los que lucharon por los valores de libertad, progreso y emancipación social que representaba la II República y ello nos debe de llenar de satisfacción, máxime en este año que ha sido declarado por el Congreso y el Senado como el Año de la Memoria Histórica.

     El eminente historiador Paul Preston recordaba el pasado día 19 de mayo en Teruel que “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, para reafirmar los principios cívicos de nuestra democracia. Por ello, Preston nos insta a hacer frente al llamado “revisionismo histórico”, el cual se ha convertido en los últimos años en un valioso aliado de los sectores e intereses de la más rancia derecha española. Este revisionismo histórico minimiza la auténtica magnitud de la represión franquista, tiene una actitud benevolente hacia la dictadura (cuando no una abierta reivindicación de la misma), y critica de forma global al conjunto de las fuerzas políticas y sociales antifranquistas.

     Las ideas revisionistas, cargadas de manipulación histórica, han sido jaleadas por sectores de la derecha para convertirlas en un ariete político contra el actual Gobierno de España y, de forma especial, contra el Presidente Zapatero, el cual, con todo orgullo y dignidad, se define como “heredero de los valores de la II República”. Un ejemplo, el 29 de enero pasado, hablando de la memoria histórica en una tertulia nocturna de la Cadena COPE, escuché al eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras aludir a la “obsesión morbosa” y al “impulso diabólico” (es textual) del Presidente Zapatero por este tema, cuyo objetivo último, según el político popular, era llevar a España al “totalitarismo”, un tema del que, por cierto, tanto sabe la derecha (reciclada) franquista.

     El tema de la recuperación de la memoria histórica es visto con recelo , cuando no con abierta oposición por parte de la derecha. Así, en un acto de la Fundación FAES celebrado el 27 de noviembre de 2005, José María Aznar se refería con desdén a “eso que engañosamente se llama recuperación de la memoria histórica” y que, según su opinión, no era otra cosa que “la utilización del pasado como arma política”. Ello demuestra que, en el fondo, la derecha sigue sin asumir nuestro triste pasado colectivo, pues ello le supondría reconocer sus poco democráticos orígenes ideológicos así como su connivencia con la dictadura franquista.

     Esta actitud no nos debe de extrañar si tenemos en cuenta que el franquismo sociológico se halla políticamente encuadrado en las filas del PP. En la encuesta realizada con motivo del 30º aniversario de la muerte de Franco, sólo el 13 % de los encuestados valoraba positivamente la dictadura… pero, de ellos, el 29 % se definían como votantes del PP. De igual modo, a la pregunta de si el 18 de julio fue un golpe de estado, sólo el 15 % lo negaban, pero, un 24 % de los que así pensaban votaban al PP, lo cual resulta muy significativo.
Considero que hoy más que nunca resulta imprescindible recuperar nuestra memoria histórica, esa que unos nos ocultaron y otros quisieron que olvidásemos por medio de una amnesia colectiva. Reivindicarla es un compromiso ético que deba de asumir toda nuestra sociedad: instituciones, colectivos sociales y políticos, medios de comunicación, historiadores y, sobre todo, la ciudadanía. Confiemos en que la futura Ley de la Memoria Histórica tenga la valentía democrática de lograr el imprescindible reconocimiento jurídico y moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y, de este modo, reconciliarnos de verdad, con nuestro pasado, por triste y doloroso que haya sido. A este compromiso moral e institucional, debe sumarse con convicción la derecha política para que, de una vez por todas, rompa amarras (ideológicas y emocionales) con el franquismo.

     En recuerdo de las víctimas, tantos años olvidadas, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es y será siempre una memoria necesaria.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 15 junio 2006)

CERRAR GUANTÁNAMO

     En la “lucha contra el terrorismo internacional” emprendida por el presidente Bush, ha sido noticia frecuente el campo de prisioneros de Guantánamo. Esta base naval americana ubicada en Cuba, representa, tanto en su origen como en su utilización actual, una página negra, una más, en la historia del imperialismo de los EE.UU.

     En 1898, cuando los patriotas cubanos con el apoyo del ejército americano pusieron fin al dominio colonial español, la isla, en vez de lograr su plena soberanía, se convirtió en un protectorado de los EE.UU., en una nueva pieza del expansionismo norteamericano en el Caribe. Por ello, en 1901, el Congreso de los EE.UU. impuso un Apéndice a la nueva Constitución de la República de Cuba, bajo la amenaza de que de no ser aceptado, la isla permanecería ocupada militarmente de forma indefinida, y ello podría ser el preludio de una posible anexión similar a la ocurrida con Puerto Rico. De este modo, la conocida como “Enmienda Platt”, en su artículo 7º, establecía la cesión de suelo cubano para el establecimiento de bases navales por parte de EE.UU., la potencia ocupante. Así, en febrero de 1903, la US Navy, recibía como “concesión perpetua”, 116 km² en la bahía de Guantánamo. A cambio, EE.UU. debía de abonar un alquiler de 2.000 $ anuales, cantidad que pagó al gobierno cubano hasta que, llegado Fidel Castro al poder, se negó a cobrarla para denunciar la ocupación “ilegítima” que la base de Guantánamo suponía para la soberanía de Cuba.

     En la actualidad, y desde principios del 2002, Guantánamo se ha convertido en un siniestro campo de detención para prisioneros islámicos talibanes o de Al-Queda. A estos presos, EE.UU. los define como “combatientes enemigos ilegales” y, de forma arbitraria, ha decidido no aplicarles la IV Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra. Para ello, la Administración Bus se apoya en una argucia: como nominalmente Guantánamo sigue siendo territorio cubano, EE.UU. alega que los allí detenidos se encuentran fuera de territorio federal y, por ello, carecen de los derechos que tendrían si estuvieran detenidos en los EE.UU.

     De este modo, en Guantánamo se incumplen de forma flagrante numerosos artículos de la citada Convención de Ginebra, entre otros los relativos a la prohibición de palizas, torturas y maltratos psicológicos (art. 13), las humillaciones sexuales (art. 14), el encarcelamiento en celdas de reducido tamaño (art. 21), el deber de ser restituidos a su país de origen una vez finalizadas las hostilidades, así como la prohibición de aplicar detenciones por tiempo indefinido a los prisioneros (art. 118).

     Los detenidos habían sido trasladados, sin ningún tipo de control judicial, en vuelos clandestinos e ilegales de la CIA con el apoyo y connivencia de algunos países occidentales , hasta el punto de que en noviembre de 2005, The Washington Post ya denunció la existencia de cárceles clandestinas dirigidas por la CIA no sólo en diversos países árabes sino, también, en Rumanía, Polonia y Escocia. Los supuestos terroristas islámicos, además de los procedentes de Afganistán e Irak, habían sido raptados por la CIA en 12 países distintos: Yugoslavia, Paquistán, indonesia, Azerbaiján, Albania, Nigeria, Filipinas, Kenia, África del Sur, Canadá e incluso Alemania e Italia. Para ello la CIA ha contado con la colaboración de los servicios secretos de algunos países árabes que se sienten amenazados por la creciente ola de islamismo radical, como Egipto, Jordania, Arabia Saudí o Siria.

     Ante semejante aberración jurídica, ante tan flagrantes violaciones de los derechos humanos, la situación ha sido denunciada en diversos informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y del Comité Internacional de la Cruz Roja. El pasado mes de febrero, la Comisión de Expertos de la ONU, en un demoledor informe, tras denunciar las graves violaciones de la legislación internacional cometidas, no dudaba en afirmar  que “el Gobierno de EE.UU. deberá cerrar las instalaciones de Guantánamo sin tardanza”.

Todas estas circunstancias han generado un profundo rechazo hacia la política belicista norteamericana y también en contra del empleo de la tortura bajo el pretexto de combatir el terrorismo internacional. Es el momento de que con la misma firmeza con la que la inmensa mayoría de la ciudadanía española nos opusimos a la guerra de Irak, hagamos ahora oír nuestra voz para reclamar el cumplimiento estricto de la legalidad internacional, el final de la ocupación militar de dicho país y la supresión de la tortura y otras prácticas propias de la guerra sucia. Hay que exigir el cierre inmediato de Guantánamo, la prisión iraquí  de Abú Grahib, la afgana de Pul-i-Jarji y la de otros lugares de detención y tortura clandestina cuya localización permanece oculta y que sólo han servido para fomentar el radicalismo islámico y el odio hacia Occidente y sus valores. De ahí que el cierre de todos estos siniestros lugares y la abolición de la tortura, sea, hoy, un imperativo moral y político inaplazable. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 21 abril 2006) 

MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA

     La Ley de la Memoria Histórica (LMH), aprobada el pasado 31 de octubre, ha estado envuelta en la polémica desde el primer momento, desde que fue planteada por el Gobierno del presidente Zapatero. La derecha se ha opuesto a ella con el manido argumento de que “reabría las heridas” de nuestro trágico pasado colectivo, un pasado sobre el cual siempre ha pretendido que se mantuviese una espesa bruma, una amnesia colectiva, cuando no un silencio cómplice sobre lo que supuso el aspecto más cruel de la dictadura franquista cual fue la represión sobre los vendidos, sobre la España leal a la República. En cambio, otros sectores, como ERC o las 70 organizaciones de víctimas del franquismo, no han dudado en calificar a la LMH de “ley aberrante”, dadas sus lagunas y deficiencias. Para ello se apoyan en varias razones: se ignoran las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo; se incumple el derecho internacional sobre crímenes contra la humanidad; impulsa la realización de exhumaciones ilegales sin garantías jurídicas (esto es, sin la presencia de un juez); no alude a la cuestión de los bienes incautados a ciudadanos republicanos y, sobre todo, no resuelve ninguno de los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la no declaración de nulidad de los juicios y ejecuciones sumarias, sin olvidar tampoco el que, de hecho, se mantiene la impunidad para los victimarios, para los responsables de los crímenes del franquismo.

     Siendo todo ello cierto, considero que la LMH que, en su día planteó con valentía el Presidente Zapatero, no ha cubierto las expectativas que en un primer momento suscitó entre las asociaciones de víctimas. Su texto tiene un perfil político de nulas consecuencias jurídicas que ha decepcionado a diversos sectores y colectivos, entre los cuales me incluyo. En mi opinión, se trata de una ley incompleta e imperfecta, y, pese a ello, resulta necesaria en la medida que permite avances en la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Algo similar ocurrió con la aprobación de la Constitución de 1978 que, pese a sus deficiencias, ha permitido la consolidación democrática y la modernización de España. Sin duda, no se trata de la mejor Ley de la Memoria posible, pero tal vez sea la ley posible en el momento actual. Y es que se ha intentado con un texto de menor calado político no crispar a la derecha más de lo que ya estaba, lo cual explica las deficiencias y carencias de esta ley. Y sin embargo, esto no ha servido de nada dado que la derecha ha seguido con su táctica política bronca y dura en la que lleva instalada desde que perdió el poder en el 2004.

     Dicho todo esto, quisiera comentar un aspecto concreto de la LMH cual es la supresión de los símbolos franquistas. Este tema, al que se alude en el art. 15, insta a las administraciones públicas a que deberán hacer desaparecer de los edificios y espacios públicos “los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Esta medida, que ya había sido acordada en la pasada legislatura por las Cortes de Aragón el 12 de febrero de 2004, ha permitido el que diversas localidades turolenses hayan suprimido los topónimos franquistas del callejero urbano. Sin embargo, siguen quedando algunos nombres de nefasta memoria como el Colegio Público “Emilio Díaz” de Alcañiz, o la Residencia Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín que honra a una falangista alcañizana asesinada durante la Guerra Civil, o en la capital turolense el Colegio “Juan Espinal” o el I.E.S. “José Ibáñez Martín” aunque, en este caso, se ha iniciado el deseable proceso de su cambio de nombre para adecuarlo a la legalidad constitucional. Igualmente, considero inadecuada la denominación del Hospital “Obispo Polanco” por la instrumentalización ideológica que, de la figura del obispo mártir asesinado en trágicas circunstancias, hizo el régimen franquista.

     En cuanto a los edificios privados, y de forma muy especial a las iglesias, el art. 15 de la LMH, que fue una iniciativa del PNV, un partido de ideología demócrata-cristiana por cierto, insta a que se supriman las lápidas alusivas a los “caídos por Dios y por España” advirtiendo que, en caso de no hacerlo, estos edificios religiosos dejarían de recibir subvenciones públicas. No obstante, negociaciones parlamentarias de última hora atemperaron esta medida de presión hasta el punto de aprobarse una enmienda transaccional pactada entre el PSOE y CiU mediante la cual la supresión de símbolos y lápidas en edificios privados “no serán de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”, lo cual parece lógico pero, también, y he aquí la cesión del PSOE para lograr el mayor grado de consenso posible, “cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Dicho esto, me resulta muy difícil imaginar qué lápida o inscripción de las existentes en la práctica totalidad de las iglesias de la provincia de Teruel reunirían estas razones para justificar su permanencia: pienso sinceramente que ninguna. Estas lápidas resultan un vestigio flagrante de aquella Iglesia fiel aliada del franquismo, unida con fervor a la “Cruzada salvadora”, que apuntaló al régimen y silenció sus crímenes, de esa Iglesia que olvidó el mensaje evangélico del perdón. Siempre he pensado que el lugar de una lápida en homenaje a los muertos, a todos los muertos, hijos de una localidad concreta, además del cementerio, debería de ser un edificio civil, el atrio o las lonjas de los ayuntamientos, como ocurre en Italia, y no en un templo religioso de una confesión religiosa concreta.

     Por todo lo dicho, mucho queda por hacer: hay que suprimir los símbolos de la dictadura y ver en ello un gesto de elemental salud democrática, tal y como ocurrió en todos los países europeos que sufrieron el embate del fascismo. Pero tan importante como la supresión de símbolos, es el que todos sepamos suprimir los odios, rencores y prejuicios que con excesiva frecuencia nos atenazan. Por ello, pese a sus muchas deficiencias, la LMH nos permite abrir un debate cívico que era inaplazable: el de la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas olvidadas del franquismo. El camino está abierto y hay que empezarlo a caminar, también en nuestras tierras turolenses.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 5 noviembre 2007)

EL 8 DE MARZO, AYER Y HOY

     El “8 de Marzo”, como fecha de homenaje y reivindicación de los derechos de la mujer trabajadora, tiene su origen en varios acontecimientos históricos que conviene recordar. Este es el caso de la marcha de trabajadoras textiles de Nueva York ocurrida en 1857 en protesta por sus míseras condiciones laborales y, sobre todo, la huelga de las costureras de Cotton Textile Factory, también de Nueva Cork, del año 1908. Este hecho, sobradamente conocido, movilizó a las obreras en demanda de mejoras salariales, de la reducción de la jornada laboral (entonces era de 12 horas) y por la derogación del trabajo infantil en la industria textil. La huelga tuvo un trágico final puesto que la fábrica fue incendiada por sus por propietarios con las obreras en su interior lo cual supuso la muerte de 129 de ellas.
Tras la tragedia de la factoría Cotton y la famosa huelga textil de las 13 semanas en las fábricas neoyorquinas, el entonces pujante Partido Socialista de América, el SPA, decidió celebrar el 28 de febrero de 1909 el “Día de la Mujer”, en el que junto a demandas específicamente laborales, las socialistas norteamericanas reivindicaban el derecho de sufragio femenino, el cual no se lograría en los EE.UU. hasta 1920.

     El movimiento obrero internacional fue asumiendo las demandas del proletariado femenino y, de este modo, Clara Zetkin, líder del Movimiento Alemán de Mujeres Socialistas, propuso la necesidad de recordar las demandas de las mujeres trabajadoras en una fecha concreta. Así se acordó en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague en 1910. De este modo, a partir de 1911, empezaron a tener lugar celebraciones promovidas por diversos partidos socialistas en EE.UU., Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia, aunque con fechas variables en cada uno de ellos. No fue hasta 1914 cuando, a propuesta de las socialistas alemanas del SPD, se celebró el primer “8 de Marzo” como fecha dedicada internacionalmente a la mujer trabajadora, la cual se consolidó de forma definitiva tras el triunfo de la revolución rusa de 1917.

     En la actualidad, el “8 de Marzo” no sólo sirve para reivindicar el derecho al respeto y la igualdad que a la mujer trabajadora se le debe, sino, también, para reflexionar sobre las condiciones vitales y laborales de la misma en nuestra sociedad. Ciertamente, mucho se ha avanzado desde los acontecimientos históricos relatados que dieron origen al “8 de Marzo” y a las reivindicaciones que a ella se asocian. No obstante, estos avances solo se constatan en el mundo desarrollado y, aún allí, tienen sus luces y sus sombras. Recordemos que, en España, lamentablemente, no existe una equiparación de las condiciones salariales entre hombres y mujeres ya que éstas reciben salarios un 25 % inferiores a los de sus compañeros varones por el desarrollo de tareas idénticas. Las carencias en el ámbito fiscal y educativo son obvias: escasas prestaciones y desgravaciones por hijo para las madres trabajadoras en relación con otros países de la Unión Europea, carencias en terrenos tan sensibles como la educación y la formación cultural que permitan erradicar definitivamente los hábitos de discriminación, marginación y violencia de género, etc. Todos estos aspectos se agravan especialmente en el caso de la población femenina inmigrante que convive con nosotros, la cual sufre una doble discriminación laboral debida a su condición de inmigrante y de mujer.

     Todavía más grave resulta la situación de las mujeres trabajadoras en los países del Tercer Mundo, sometidas a una explotación en algunos casos equiparable al trabajo esclavo… en pleno s. XXI. Ello da lugar a dramas como el ocurrido el pasado 23 de febrero en la empresa textil KTS de Chittagong (Bangladesh) en cuyo incendio murieron 54 mujeres. KTS era una de las 4.000 empresas textiles que existen en Bangladesh y en donde, a cambio de salarios ínfimos, las mujeres están sometidas a turnos de trabajo extenuantes con unas condiciones y medidas de seguridad muy precarias y, en muchos casos, inexistentes. Lo mismo se puede constatar en otros muchos países del sudeste asiático y otras zonas de subdesarrollo económico agudizado por profundas diferencias sociales. Deberíamos recordarlo cuando adquirimos prendas a bajo coste procedentes de estos países.

     Por todo ello, al igual que demandaban las obreras textiles americanas en 1857, en 1908, o actualmente la mujer trabajadora en España, Bangladesh o en cualquier lugar del mundo económicamente globalizado, todavía queda mucho por hacer para acabar con todo tipo de discriminación laboral padecida por las mujeres. Hoy, como ayer, ese sigue siendo el reto de cada día, y de forma muy especial del “8 de Marzo”. Ello nos exige a todos, un compromiso individual, colectivo y también institucional, para que la globalización galopante no suponga la perpetuación de la desigualdad en el mundo desarrollado y mucho menos la creciente explotación laboral en el Tercer Mundo, contrarias a la dignidad y a los derechos de la mujer trabajadora y a los fundamentos de cualquier sociedad democrática y progresista.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 11 marzo 2006)

NEGOCIAR CON ETA

     Resulta grave y preocupante la táctica de oposición adusta, dura y demagógica de la derecha en un tema tan sensible como la lucha antiterrorista, aspecto éste que deber ser siempre política de Estado y, por ello, quedar al margen de las disputas políticas partidarias. Y es que, a Zapatero, la derecha le está negando algo que se le concedió al resto de los presidentes de la democracia española: dialogar con ETA para lograr la paz. El Gobierno del Presidente Zapatero tiene plena legitimidad política para dialogar con ETA, máxime cuando cuenta con un amplio respaldo en tal sentido por parte del Parlamento. Consecuentemente, la negociación debe centrarse en la entrega de las armas y en la situación de los presos etarras, asumiendo, con generosidad, salidas que permitan su reinserción social y política.  Ciertamente, siempre quedarán sectores irreductibles, contrarios al acuerdo, pero un horizonte de paz puede suponer una fractura en el conglomerado político y social que respalda a ETA. Eso es precisamente lo que ocurrió en la negociación entre el Gobierno de UCD y ETA (político-militar) en 1982, el cual, gracias a la mediación de hombres de la talla de Juan María Bandrés y Mario Onaindía, dió como resultado el abandono de las armas  y la reinserción social y política de los etarras “polis-milis”.

     La negociación política con ETA quedó legitimada en el ya lejano Pacto de Ajuria Enea para la normalización y pacificación de Euskadi, firmado en 1988 por todos los partidos democráticos, el cual, en su punto 10º, decía textualmente que, “si se producen las condiciones adecuadas para el final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia”.

     Con este horizonte, se realizaron las fracasadas negociaciones de Argel en 1989 entre el Gobierno de Felipe González y ETA. Una nueva esperanza se generó cuando el entonces Presidente Aznar autorizó el 4 de septiembre de 1998 establecer contactos con la banda etarra. De este modo, Aznar apostaba (y eso le honra) por iniciar el difícil camino de dialogar con ETA, a la cual, aludió ese día como “Movimiento Vasco de Liberación”: ningún Presidente de Gobierno había sido tan suave a la hora de referirse a la banda terrorista,  lo cual era especialmente significativo en su caso puesto que Aznar había sido objeto de  un atentado etarra.

     El camino se inició sin ninguna crítica de la oposición, más aún, con pleno apoyo de Zapatero,  entonces líder de la oposición: la cuestión lo merecía. Por eso, cuando ahora se critica de forma implacable al Gobierno socialista por intentar lograr la paz, cuando se escuchan las declaraciones de Rajoy y Aceves (dos exministros del Interior, por cierto), hay que recordar  que el expresidente Aznar no dudó en tomar medidas para crear un ambiente favorable para el diálogo con ETA como el acercamiento a Euskadi de  126 presos etarras. También, a principios de diciembre de 1998, se celebró una reunión entre el PP y HB, a la que asistieron, por parte de los populares, Zarzalejos, Martín Fluxá y Arriola, mientras que, por parte batasuna estaban presentes Otegi, Diez Usabiaga y Barrena. Tras ella, el Gobierno requirió un estudio para acelerar la transferencia de competencias y su posible ampliación al Gobierno Vasco. Los citados dirigentes populares, enviados por Aznar, se reunieron el 19 de mayo de 1999 en Suiza con los miembros de la dirección de ETA Mikel Antza (responsable del aparato político) y con Belén González (a) “Carmen”, (exmiembro del “Comando Madrid” sobre la que pesaban 4 asesinatos). El diálogo no prosperó y, cuando el 28 de noviembre de  1999 ETA anunciaba el fin de la tregua, Aznar pudo decir, con toda legitimidad en su Declaración institucional que “me comprometí como Presidente del Gobierno a impulsar con toda determinación las iniciativas que condujeran a un proceso de paz...[...] Autoricé el diálogo con ETA para acreditar su voluntad al cese definitivo de la violencia”. Exactamente igual que ocurre en la actualidad con el nuevo Gobierno socialista.

     Para lograr el final de la violencia, habrá que tener constancia, convicciones y, también, generosidad histórica. La misma que tuvieron las fuerzas progresistas españolas cuando, en plena Transición, se aprobó la Ley de Amnistía (1977) que, de hecho, supuso una auténtica “ley de punto final” para con los crímenes y los represores del franquismo. Es una oportunidad histórica y la derecha vociferante debería ofrecer al Gobierno de España el mismo respaldo leal que recibió durante el proceso negociador que Aznar inició durante 1998-1999. A quienes tanto hablan “claudicación” de Zapatero, hay que recordarles que, el 5 de noviembre de 1998, Aznar manifestaba estar dispuesto “al perdón y a la generosidad” si ETA renunciaba a la violencia. A pesar de los anteriores engaños de ETA, de la oposición cerril de la derecha, hoy como ayer, el perdón y la generosidad de los que hablaba Aznar seguirán siendo necesarios.  Pues pase lo que pase, nuestros gobernantes tienen el deber moral y político de hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar la paz en Euskadi, como en su día lo intentaron Suárez, González, Aznar y, ahora,  Rodríguez Zapatero. 

     José Ramón Villanueva Herrero.

     (Diario de Teruel, 19 febrero 2006)

                                                                               

DERECHOS CIVILES Y DEMOCRACIA

      Hay fechas que quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva como los brutales atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o  del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Si el dolor, el sufrimiento y el deber moral que las víctimas y su memoria nos exigen es común, lo cierto es que la respuesta legal y política en ambos países ha sido, desde entonces, bien distinta. Mientras en España se produjo una auténtica rebelión cívica ante las manipulaciones y engaños del Gobierno Aznar con las consecuencias que todos sabemos, en la salud democrática de la sociedad americana, se han producido síntomas preocupantes. De hecho, asistimos a un proceso de regresión de los derechos civiles que, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo internacional y salvaguardar la seguridad nacional, suponen la reducción de parcelas de la libertad individual y colectiva.

     La aprobación poco después de producirse los antentados del 11-S de la llamada Acta Patriótica y reciente prórroga de la misma, han supuesto la ampliación de la categoría de “terrorismo”, lo cual permite al Gobierno federal vigilar y espiar a cualquier ciudadano u organización bajo esta acusación, y lo que es más grave: sin necesidad de autorización judicial. Además, se concede un poder excesivo (e impunidad) a las fuerzas de orden y a la Agencia de Seguridad Nacional (que agrupa, entre otras, a la CIA y al FBI). Finalmente, se produce la reducción de un considerable número de derechos (habeas corpus, privacidad comunicaciones, derecho fianza) y permite detenciones por tiempo ilimitado, deportaciones, registros ilegales etc.

     Bien distinta es la situación en España :tras los atentados del 11-M,  la sociedad española no ha sufrido ningún tipo de deterioro o regresión en la calidad de sus derechos y libertades. Se ha potenciado la lucha contra el terrorismo islámico radical, pero sin que ello haya supuesto una ola de rechazo y xenofobia hacia la población extranjera, especialmente la musulmana, que convive entre nosotros. Frente a la militarización de las relaciones internacionales propugnada por Bush, se ha optado por ideas de futuro de gran calado cual son la Alianza de Civilizaciones. Frente al empecinamiento en implicar a España en una guerra injusta desoyendo el clamor contrario a ella de la mayor parte de la ciudadanía, se ha tenido el coraje político  de retirar las tropas de Irak, de aquella “región hortofrutícola”, como la definió el exministro Trillo, que sólo producía racimos de....bombas. Una decisión tomada siendo conscientes de que ello nos granjeaba la enemistad del todopoderoso presidente Bush.

     De este modo, Estados Unidos y España, dos países que han sufrido el cruel azote del terrorismo internacional, han reaccionado social y políticamente de formas distintas. Mientras en Estados Unidos asistimos a una preocupante regresión de los derechos civiles, en España, una reacción cívica, tan contundente como madura, dió, dimos, una lección de participación democrática y, desde el dolor, se dejó claro que el futuro se construye mejor desde el respeto, el diálogo y la cooperación entre los pueblos y naciones, que no desde la fuerza desproporcionada del más fuerte.

     Por ello, resulta indignante el lenguaje demagógico y catastrofista de la derecha española en estos últimas fechas. Lo mismo ocurre con las declaraciones que prodiga el expresidente Aznar, que tanto critica en el extranjero la gestión del Gobierno del Presidente Zapatero, y que sin embargo no ha dicho una sólo palabra sobre el deterioro de las libertades civiles en los Estados Unidos. Y es que, en estos temas, el expresidente Aznar, que tanto opina de la realidad “apocalíptica” española,  embargado como está por la amargura y el rencor, se convierte en un silente complacido incapaz de molestar lo más mínimo a su poderoso amigo americano.

     Debemos recordar  que, en materia de lucha antiterrorista, ésta siempre debe estar sometida a la supremacía del estado de derecho. En consecuencia, el liderazgo mundial que se autoconcede Estados Unidos, no sólo debe  basarse en el poderío político, económico y militar que obviamente tiene, sino, sobre todo, en valores éticos y morales. Los principios que simbolizan Lincoln, Luther King o Jessie Jackson. Estos son los principios que hacen, de verdad, grande a un país y lo convierten en auténtico modelo y referencia a seguir para el mundo civilizado. Como decía recientemente el Presidente Zapatero, frente al odio y al rencor entre pueblos, creencias y naciones aventado por algunos, desde los sectores sociales progresistas debemos intentar “ganar la batalla de las ideas y de los principios”, auténticos cimientos de un mundo más libre, justo, respetuoso en la diversidad y, desde luego, solidario. Por ello, en este tema, la ciudadanía y el Gobierno español han dado un ejemplo moral. Y eso es lo que cuenta.

 José Ramón Villanueva Herrero  

(Diario de Teruel, 29 diciembre 2005)

LULA

     El 27 de octubre de 2002 accedía a la presidencia de la República Federativa de Brasil Luis Inácio da Silva, “Lula”, tras haber logrado un amplio respaldo electoral de 53 millones de votos. La histórica victoria de Lula, una de las figuras más interesantes de la política internacional, no sólo ha supuesto un cambio de ciclo político y social en Brasil, sino, también, el renacer de una gran esperanza para toda América Latina y la aparición de un referente moral, defensor de los pobres y excluídos en el escenario internacional.Lula sorprende por su carisma de nuevo líder de los países en vías de desarrollo, por sus profundas convicciones que, al igual que le ocurrió a Luther King o Salvador Allende, le impulsa, sin renunciar a sus sueños emancipadores,  a una acción política transformadora. Con un lenguaje simple y directo, nos hallamos ante un estadista comprometido con los problemas estructurales que aquejan a nuestro  mundo.

     En el pensamiento político socialista de Lula convergen su condición de obrero metalúrgico, sus convicciones de veterano sindicalista y fundador del Partido dos Trabalhadores (PT), con una profunda influencia de la teología de la liberación, especialmente  debido a su vinculación a los grupos cristianos de base y a su amistad con Pedro Casaldáliga.

     Lula, auténtico ejemplo de superación personal y política, ha asumido que, “el compromiso por el cambio”, beneficie, básicamente, a los sectores más humildes y excluídos de la sociedad. De este modo, concede prioridad absoluta al combate contra el hambre y la miseria: en su primer discurso como Presidente afirmaba que, “si para el final de mi mandato, cada brasileño puede comer tres veces al día, habré cumplido con la misión de mi vida”. 

     Lula no olvida que Brasil, país emergente pero lastrado por profundas desigualdades sociales, necesita de otras muchas reformas: el saneamiento de la economía, la creación de empleo, la universalización de la Sanidad pública (Lula perdió a su mujer y a un hijo por las carencias médicas), la reforma tributaria y, también, una profunda reforma agraria que, aunque de forma gradual y plagada de dificultades, está suponiendo la expropiación (mediante indemnización) de inmensos latifundios del interior de Brasil.

     La importancia política de Lula tiene igualmente una proyección internacional que debe ser destacada. De hecho, ha sido el estadista que, en pleno Foro Económico Mundial de Davos, con mayor contundencia ha denunciado la despiadada globalización económica neoliberal, responsable de agudizar la pobreza de la mayor parte de los países del Tercer Mundo. De hecho, Lula se ha convertido en una de las voces que con mayor firmeza claman por un Nuevo Orden Económico Mundial más justo, que sea capaz de elaborar lo que él donomina una “agenda de desarrollo global compartido”, con dos objetivos básicos: erradicar la pobreza y el hambre en el mundo y fomentar unas relaciones internacionales basadas en el comercio justo entre países pobres y ricos.

     Lula es consciente de que para acabar con el hambre y la pobreza resulta imprenscindible acometer cambios estructurales mediante un modelo de desarrollo que aune estabilidad financiera, crecimiento económico y, sobre todo, justicia social. Por ello promueve la Alianza contra el Hambre y la Miseria, a través de la cual pretende fomentar “la globalización de la solidaridad y del humanismo”, auténtico soporte de unas relaciones internacionales más justas y, por ello, garantía de la paz internacional, proyecto éste apoyado no sólo por la ONU, sino también por algunos dirigentes socialistas como el chileno Ricardo Lagos o el español Rodríguez Zapatero.

     No menos importante es la defensa de un comercio justo, razón por la cual Lula denuncia con energía el proteccionismo comercial de los países ricos y demanda que éstos retiren sus barreras proteccionistas y los subsidios que paralizan las exportaciones, especialmente las agrarias, de los países del Tercer Mundo impidiendo su despegue económico.

     En su Agenda de Desarrollo Global compartido, tampoco olvida la imperiosa necesidad de que los descubrimientos científicos y técnicos,  por encima de patentes e intereses económicos, deban ser universalizados para que beneficien al conjunto de la humanidad.

     Con todo ello, Lula no pide caridad, demanda soluciones estructurales que impulsen el desarrollo de los países pobres y, con ello, se asienten los valores de la justicia social y de la paz internacional.

     Ahora, tres años después de la victoria electoral de Lula, confiemos en que esa esperanza democrática de transformar el mundo desde la ética, la justicia y la solidaridad, no se malogre. Porque Lula, por encima de sus posibles errores y de los poderosos intereses de quienes desearían ver fracasar su proyecto político, sigue representando la esperanza para millones de humildes y desposeídos. De ahí su importancia, de ahí su fuerza moral. 

José Ramón Villanueva Herrero. 

(Diario de Teruel, 31 octubre 2005)