EL GENERAL PIZARRO Y EL MAQUIS TUROLENSE

         Ante el creciente auge de la actividad guerrillera antifranquista en la provincia de Teruel, el régimen designó el 28 de julio de 1947 al general Manuel Pizarro Cenjor gobernador civil de la misma. Pizarro llegó a Teruel con el mandato expreso de Franco de sofocar el movimiento guerrillero, al igual que ya había hecho antes en las provincias de León y Granada. De este modo, Pizarro asumió plenos poderes civiles y militares ya que, además de Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, cargo que ocupó hasta 1954, era también Jefe de la V Región de la Guardia Civil.

Manuel Pizarro, estrecho colaborador del Franco, razón por la cual se vanagloriaba de ser de los pocos que podían llamar con familiaridad  (y en su presencia) “Paco” al dictador, tuvo un carácter duro, autoritario e implacable. Recuerdo que me contaron como, en cierta ocasión, Pizarro ordenó a un funcionario de un municipio de la sierra de Cucalón que se comiese en su presencia un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia dado que el general-gobernador le reprochaba haber incumplido una de sus disposiciones en él publicadas.

Pero mucho mas duro fue Pizarro en la lucha contra el maquis. Unos meses antes de su nombramiento como Gobernador de Teruel, el régimen había aprobado el Decreto-Ley de Represión del Bandidaje y del Terrorismo (18-IV-1947). Recordemos también que una Circular de la Dirección General de Seguridad (11-III-1947) prohibía expresamente utilizar el término de “guerrilla” o “guerrillero”, ordenando que se emplease el de “bandolerismo” o “bandolero”. Estas circunstancias van a ser utilizadas por Pizarro para, investido de plenos poderes, y tras militarizar todo el territorio provincial considerándolo “zona de guerra”, iniciar lo que Mercedes Yusta define como “una guerra personal contra el maquis”, a los que el general llamaba  despectivamente “forajidos”.

Pizarro que, en su “cruzada” particular contó con el apoyo  de numerosos contingentes de la Guardia Civil, y, también de  la Policía Armada, voluntarios de Falange y somatenistas, intentó controlar los refugios naturales de la guerrilla, esto es, las serranías. Para ello, ordenó el desalojo de todas las masías para así cortar el apoyo y los suministros al maquis, utilizó nuevas tácticas de contraguerrilla (guardias disfrazados de maquis que roban y torturan indiscriminadamente) y de “tierra quemada” (quema de cosechas) para así minar los apoyos civiles al maquis. Igualmente, bajo su mandato se vivió una situación de auténtico terror entre la población sospechosa de simpatizar con la guerrilla utilizando métodos de enorme dureza: las palizas, los fusilamientos simulados para lograr confesiones, el envenenamiento de víveres o la implacable aplicación de represalias y de la fatídica “ley de fugas”, fueron frecuentes. Además, como testigos mudos de tanto sufrimiento, ahí quedaron nuevas fosas comunes, como las existentes en Alcalá de la Selva, Mora, Monroyo, Civán y otros lugares de triste recuerdo.

La ofensiva de Pizarro se inició el 9 de agosto de 1947 con el ataque, mediante un bombardeo con morteros y el posterior incendio del pinar en que se refugiaban, del campamento guerrillero de La Cerollera, en el que tenía su base de operaciones el Sector 17 del AGLA al mando de Angel Fuertes (“Antonio”). Unos meses más tarde, el 18 de diciembre, la Guardia Civil asaltó el campamento del maquis en Monte Camarracho, cercano a Cabra de Mora y, dos días después, el objetivo fue el campamento-escuela del Sector 11 del AGLA de monte Rodeno, situado en el término de Valdecuenca.

Aunque en 1948 tuvo lugar la llamada “ofensiva de primavera” del AGLA, ésta se hallaba muy debilitada por la acción represiva de Pizarro. No obstante, el maquis mantuvo una cierta actividad hasta finales de 1949, fecha en la cual murió cerca de Alcañiz Pelegrín Pérez (“Ricardo”), máximo responsable del AGLA, y el 7 de noviembre era asaltado el importante campamento de Santa Cruz de Moya, localidad conquense convertida en la actualidad en un auténtico memorial de la lucha guerrillera antifranquista.

Nuestra provincia de Teruel, que tanto sufrió durante la guerra civil, así como con la represión de posguerra y el período del maquis, donde la huella del general-gobernador Pizarro quedó marcada a sangre y fuego, tiene todavía una deuda pendiente con todos aquellos tenaces combatientes antifranquistas, con aquellos guerrilleros, unos conocidos, otros anónimos, con todos los enlaces civiles que, en circunstancias bien difíciles apoyaron su lucha por intentar abrir nuevos horizontes de libertad y de progreso social para España. En este sentido, además de iniciativas personales, familiares y asociativas, resulta importante destacar el marco legal que, pese a sus limitaciones en otros aspectos, abre la nueva Ley de la Memoria Histórica. También es justo destacar algunas iniciativas de instituciones municipales, comarcales o autonómicas para recuperar con dignidad esta página de nuestra historia turolense. En este sentido, diversas actuaciones del Programa “Amarga Memoria” del Gobierno de Aragón han asumido este deber cívico y moral y  han abierto horizontes nuevos en lo referente al compromiso institucional con este amargo capítulo de nuestra historia colectiva que durante tanto tiempo pretendió ocultarnos (o tergiversar) la derecha sociológica y política.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 11 enero 2008)

 

1947, EL AÑO DEL MAQUIS TUROLENSE

    

En la recuperación de la memoria histórica antifranquista, un capítulo importante fue el de la lucha guerrillera, el maquis, el cual tuvo su máxima actividad durante los años 1946-1947, especialmente en nuestras tierras turolenses. Eduardo Pons Prades en su libro “Guerrillas españolas” no duda en destacar que, la provincia de Teruel,  “fue sin lugar a dudas, una de las más guerrilleras de España. Tanto por la existencia de bases principales en todas sus zonas montañosas sin excepción como por la importancia de sus partidas y también por la duración del enfrentamiento guerrillas-fuerzas del orden” (p. 111).

En efecto, partiendo de sus bases de operaciones en el Maestrazgo, Cuencas Mineras y Montes Universales, diversas partidas guerrilleras actuaron a lo largo de toda la provincia. Este fue el caso de, entre otros, de “Espartaco”, una partida libertaria mandada por “Modesto”, un minero de Armillas, de la cual dependían otros grupos como los de “El Zagal” (un joven anarquista de Escucha), “El Macho” (Justiniano García) y “El Chaval” (Pedro Acosta), ambos libertarios y naturales de Utrillas, o el grupo de guerrilleros socialistas al mando de “El Soriano”. Otros dirigentes guerrilleros fueron “Rabós” y “Petrol” (José Ramia Ciprés), ambos de Aguaviva, “Paco el Serrano” (Francisco Serrano Iranzo) y su compañera “La Pastora” (Teresa Plá), los dos de Castellote, “El Pinchol” (Florencio Guillén), natural de Gúdar, “Jalisco”, “Pepito el de Mosqueruela”, el turolense “Delicado” o el grupo del anarquista alcañizano Paco Antolín. Cuando en 1947, momento álgido de la actividad del maquis en Aragón, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), bajo dirección del PCE, destacará la figura de “Ricardo” (Pelegrín Pérez), posiblemente el mejor dirigente del maquis de cuantos actuaron en tierras turolenses.

La importancia del maquis en nuestra provincia nos la ofrecen los mismos datos oficiales. Según éstos, durante estos años se produjeron en las tierras turolenses las siguientes acciones: refriegas con las fuerzas del orden (73), muertos en la población civil (43), secuestros (27), sabotajes (57), golpes económicos (302), guerrilleros muertos (105), guerrilleros heridos (32), guerrilleros presos (67), guerrilleros entregados (10), enlaces de la guerrilla detenidos (812), fuerzas del orden muertos (12) y fuerzas del orden heridos (32). Como vemos, destaca el importante número de turolenses detenidos por colaborar con el maquis, así como los golpes económicos, a los que habría que añadir las multas a los delatores y confidentes de la policía. Entre los muertos, además de los maquis caídos, hay que añadir la ejecución de, además de algunos torturadores o confidentes policiales, a autoridades franquistas locales tales como los alcaldes de Villar del Cobo, El Cuervo, Tramacastiel o los casos del cabo de la Guardia Civil y el médico de Mas de las Matas. Estas acciones sólo sirvieron para desatar una violentísima represión, la cual, bajo el mandato del general Pizarro, caracterizó a la lucha antiguerrillera en las tierras turolenses.

Las principales acciones del maquis ocurridas durante 1947 fueron la voladura y descarrilamiento del ferrocarril Central de Aragón entre Barracas y Rubielos (7 mayo), asalto al tren pagador en Caudé (julio), ataque a dos camiones de la Guardia Civil que se dirigían desde Tragacete a Teruel (3 diciembre) el cual ocasionó 12 muertos u varios heridos y una brutal represalia posterior, o la ocupación de algunos pueblos como Sarrión, Foz Calanda o La Cerollera. En este último caso, ocurrido en una fecha tan simbólica para la dictadura como era el 18 de julio de 1947, el pueblo fue ocupado por un grupo de guerrilleros que se presentaron como miembros del Ejército de la República. Acto seguido, se ordenó que, en el término de 10 minutos, se personase un vecino de cada casa en la plaza en donde, ante una pancarta en la que podía leerse “Campesinos: los guerrilleros de Levante te protegen”, se procedió a la quema de los retratos de Franco y José Antonio y a izar la bandera tricolor en el Ayuntamiento. Posteriormente, se homenajeó en el cementerio a varios maquis muertos: tras cantar el “Himno del Guerrillero” y disparar salvas de honor, los combatientes volvieron al monte no sin  antes dar la mano al alcalde y al juez de paz.

La actividad guerrillera no sólo se dejaba notar en el monte, en las masías y en los pequeños pueblos serranos, sino que también se extendía a poblaciones más grandes como era el caso de Alcañiz. En la ciudad bajoaragonesa, en donde existían núcleos clandestino (y activos) de la CNT, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) y de Juventudes Socialistas (JSE), se tiene constancia que en vísperas del 18 de julio se colgaron banderitas republicanas y el grupo “La Monegal”, tapadera de la CNT local, actuaba como enlace de la guerrilla de la zona. De hecho la desarticulación de la CNT, ANFD y JSE alcañizanas en agosto de 1947, al poco de ser nombrado gobernador civil de Teruel el general Pizarro, dio lugar a varios asesinatos en Civán, y más tarde en Monroyo, así como a la desarticulación de 3 campamentos guerrilleros, entre ellos, el ya citado de La Cerollera.

Si bien es cierto que 1947 fue el momento álgido de la guerrilla antifranquista en la provincia de Teruel, también es cierto que la llegada del general Pizarro y la implacable represión desatada por éste contra el maquis y sus apoyos, produjo un cambio radical de la situación, tema éste al que nos referiremos en otro artículo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 10 enero 2008)

 

ZAPATERO, UN BUEN PRESIDENTE

      En el transcurso de nuestra joven democracia en España, nunca como ahora un Presidente del Gobierno se había  visto sometido a unas críticas tan duras.  Le llueven  desde la agria oposición del PP y, también, desde  poderosos medios de comunicación (COPE, ABC, El Mundo, La Razón, etc.),  así como también del periódico de mayor tirada en Aragón. Todos ellos tratan de sembrar en la sociedad española la idea de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es un desastre,  que algún cataclismo cósmico está próximo y por ello se hace inevitable una moción de censura o un adelanto de las elecciones. Esta campaña, visceral y demagógica impulsada por el PP, ese “aparato con licencia para mentir”, como hace unos días lo definía Andrés Perelló, recuerda la que,  en tiempos de la II República, hicieron las derechas contra Manuel Azaña, aquel brillante político e intelectual que acometió con valentía las profundas reformas que la España de aquel entonces precisaba.Entendemos que estas críticas contra Zapatero son totalmente  infundadas, dado que,  en poco más de tres años de Gobierno socialista, ha tomado todo un conjunto de importantes decisiones políticas, económicas y sociales que deben ser valoradas en su auténtica dimensión. A algunas de ellas nos referiremos seguidamente. 

     La primera decisión importante de Zapatero fue salir de una guerra injusta, ilegal e inmoral, cual era el conflicto de Irak,  decisión nada fácil si tenemos en cuenta el poder político-militar de los E.E.U.U.. Por ello, se ha mantenido una política exterior digna, europeísta, impulsora de la Alianza de Civilizaciones y solidaria con el Tercer Mundo, mediante la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), de lo cual el Plan África es todo un ejemplo. Por lo que a Aragón respecta, Zapatero paralizó el trasvase del Ebro, tema tan sensible en nuestra tierra,  sin olvidar su apoyo incondicional (político y financiero) a la Expo-2008 de Zaragoza.  

     La situación económica española es buena, con un crecimiento superior a la Unión Europea, EE.UU y Japón, los niveles de paro son los más bajos desde hace 28 años y se ha logrado la histórica cifra de 20 millones de empleos. Todo ello ha hecho que las cuentas públicas se hallen saneadas, con un superávit que permite acometer, en esta legislatura, mayores inversiones en  políticas sociales, educación (+ 63,9 %), investigación (+ 125,2 %),  infraestructuras (+ 21,2 %) y ayuda al desarrollo (106,7 %).

     La inmigración se ha regularizado razonablemente, y a iniciativa española, la Unión Europea ha empezado a desarrollar una política migratoria común . Obviamente hay problemas de adaptación, pero la población inmigrante regularizada, ha servido para nuestra recuperación demográfica, y, mediante sus cotizaciones a la Seguridad Social, garantizan el pago de nuestras pensiones presentes y futuras.  

     Un tema importante como el educativo ha sido encauzado a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE), una Ley que lleva adjunta una Memoria Económica.  Igualmente las dotaciones presupuestarias para becas se han incrementado en un 50 %. Además, el  Estado  ha asumido la responsabilidad de educar a nuestros muchachos mediante la impartición de la asignatura, Educación para la Ciudadanía,  tal y como ocurre en otros países de nuestro entorno, para transmitir los valores de la libertad, de la igualdad, del pluralismo y de la justicia que están en el artículo primero de nuestra Constitución. En definitiva, para que sean ciudadanos libres y conscientes en una sociedad plenamente democrática.

     Zapatero fue igualmente sensible en materia territorial a la necesidad de reformar diversos estatutos de autonomía. De este modo, se aprobó el nuevo Estatuto de Cataluña siguiendo un procedimiento escrupulosamente democrático y,  posteriormente, a este proceso de reformas estatutarias  se sumaron Andalucía, Valencia o Aragón.

     El Gobierno socialista, encabezado por Zapatero, con el apoyo de todas las fuerzas democráticas del Parlamento, y la excepción del Partido PP,  ha tenido la valentía de explorar las posibilidades de alcanzar la paz tras el alto el fuego indefinido de ETA, sin ceder a sus peticiones imposibles. Hizo lo que tenía que hacer: era un deber moral y político, al igual que hicieron otros Gobiernos anteriores, y nadie los critico por ello. Se acusó al Ejecutivo socialista  de hacer concesiones políticas, judiciales y penitenciarias, de haber “vendido” Navarra, de permitir la autodeterminación del País Vasco.  Si las hubiera habido, no se hubiera producido el final de la tregua por parte de ETA. Que nadie le culpe del fracaso de la negociación: todos sabemos quién ha roto el proceso y la derecha debería recordar que lo importante es derrotar a ETA y no a Zapatero.

     Se han aprobado Leyes de profundo calado social pero tenemos la impresión de que no están siendo valoradas convenientemente por la sociedad española. Todas ellas  tienen en común el conceder más derechos a más españoles,  a los colectivos más desfavorecidos, como mujeres, homosexuales o dependientes. Están impregnadas  de valores de justicia social, de solidaridad, de igualdad y de ampliación de las libertades, en definitiva, de los ideales que siempre han caracterizado a la izquierda. Este es el caso de las siguientes: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, sin olvidar el Estatuto del Trabajador Autónomo, del cual se beneficiarán más de 3 millones de españoles. Todo este conjunto de leyes, son tan importantes, que por sí mismas llenarían de contenido toda una legislatura.   

     Por todo lo dicho, consideramos a Zapatero un Presidente con valores, con principios y cumplidor de sus compromisos políticos. Cuando en la noche del 14 de marzo del 2004, recién ganadas las elecciones, los jóvenes le gritaban “¡Zapatero, no nos falles!”, nos venían a la memoria aquellas palabras que Manuel Azaña pronunció en un discurso en Bilbao en  1934: “Es la emoción política un bien escaso porque exige rigor y mesura ante las tentaciones de la inmediatez. Nada más fácil que sucumbir al halago cultivando la imagen que la multitud, con el motivo más peregrino, tiene del dirigente. Ningún empeño más arduo que conservar la frescura y la inocencia del primer discurso público”.  

     Esa frescura e inocencia, así como la firmeza de las convicciones e ideales de progreso que siempre ha defendido Zapatero, hacen que, frente a la soledad a la que pretende condenarlo la demagogia de la derecha (“Anticristo” llegaron a llamarlo en Murcia), sea merecedor del respaldo de la mayoría de los ciudadanos progresistas y, por ello es, en nuestra opinión, un buen Presidente, tal vez el mejor Presidente de la democracia española. 

Cándido Marquesán Millán y José Ramón Villanueva Herrero. 

(Diario de Teruel, 16 julio 2007)   

EL FINAL DE LA TREGUA DE ETA

     Todos estamos comprobando, hace ya tiempo, el estado de crispación y de desconcierto que se está sembrando en la sociedad española como consecuencia de los acontecimientos relacionados con el terrorismo de ETA. El tema es extraordinariamente complicado y de difícil solución y que puede acarrear graves consecuencias para la convivencia en el futuro, por lo que las fuerzas políticas deberían ser especialmente cuidadosas y prudentes a la hora de abordar esta cuestión.    El Gobierno de Rodríguez Zapatero, reconociendo la existencia del conflicto en Euskadi, primera condición para su solución, tendió puentes e intentó el acercamiento al entorno de ETA en aras a la consecución de la paz. Los Gobiernos del PP hicieron lo mismo y la oposición  se mantuvo en un segundo plano, siendo especialmente discreta, respetando y apoyando la política del Gobierno. Ese parece ser el camino y no hay otro. Los partidos políticos deben ir unidos y en la misma dirección, de lo contrario el fracaso puede ser estrepitoso.  El intento de Rodríguez Zapatero ha sido loable, mas probablemente no debería haberse embarcado en este mar tenebroso, sin contar la implicación y apoyo del otro gran partido de carácter estatal.    

      Admitido lo anterior, cabe decir que una vez perdieron las elecciones en marzo de 2004, los dirigentes populares han seguido una política de hostilidad constante contra el Gobierno, que ha generado un estado de crispación en la sociedad española, desconocido desde tiempos de la Transición, e impensable en cualquier país avanzado.  Esta actuación de los populares pudiera explicarse por el enfado que les causó la imprevista derrota electoral del 14-M. O quizás se debiera a que tomaran las riendas del partido los halcones. O a que el PP eligió ex profeso la estrategia de la confrontación permanente, como la única manera de alcanzar el poder.  Lo que si parece cierto es que desde el 14-M los Rajoy, Acebes, Zaplana y compañía, han dado muestra de un nerviosismo, nada conveniente, en la vida política.

      La actual dirección del PP ha optado por una táctica arriesgada y de consecuencias imprevisibles. Parecen movidos por la desesperación. Son todo un conjunto de políticos que, como no tienen futuro, no tienen nada que perder. Si, tras la derrota electoral del 14-M, el partido hubiera llevado a cabo un congreso y hubiera hecho una autocrítica, se hubiera dado paso a una nueva generación de políticos que, libres y no comprometidos con el pasado, estarían haciendo una oposición útil para la sociedad y más legitimable. Como saben que todo se lo juegan a una carta, no tienen problema alguno en embarcar a todos correligionarios y a todos aquellos sectores de la sociedad que puedan embaucar, con el apoyo incondicional de determinados periódicos y emisoras de radio, en un viaje que no tiene otro objetivo que derrocar al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Primero se inventaron la mentira de la conspiración en la masacre del 11-M. ¡Qué de cosas hemos tenido que oír un día tras otro, tratando de vincular estos atentados con la banda terrorista de ETA! Mas la verdad desagradable asoma, y a la trama islamista se le cae el velo, y en el tercer aniversario, el juicio está demostrando que no hay rastro alguno de ETA. Como esto ya lo sabían, han tenido que montar otra gran mentira. Independientemente que el Gobierno socialista haya podido cometer errores en todo el proceso de negociación con ETA, lo que parece indiscutible es que por primera vez en la historia de nuestra reciente democracia un gran partido, que ha detentado el Gobierno de España, y que cabe pensar que lo hará en el futuro, ha decidido servirse con fines partidistas de la política antiterrorista del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Es posible que los socialistas hayan errado en su cálculo, al pensar que podían afrontar, sin el pleno apoyo de la oposición, un final pactado de ETA. Probablemente han calibrado mal, las repercusiones en la opinión ciudadana de su actuación en el caso De Juana; pero lo que no se puede decir, de ninguna manera, que Rodríguez Zapatero sea cómplice de los terroristas, que el PSOE sea un traidor a la patria o que el Gobierno esté vendido a ETA. Los dirigentes del Partido Popular saben perfectamente que no es así, y a pesar de saberlo, han decidido tirar por la calle del medio y jugar con los sentimientos de una parte importante del pueblo español con fines partidistas. No se puede decir ante cientos de miles de españoles que España está en peligro, a no ser a costa de una gran irresponsabilidad .

      Convendría recordar el ejemplo de lo sucedido en el conflicto de Irlanda del Norte, donde el Reino Unido  y la República de Irlanda, desde fines de 1993 intentaron, de forma decidida, poner fin a uno de los conflictos más enquistados y sangrientos del siglo XX, convencidos de que no se podía condenar a Irlanda del Norte a un futuro de muerte y desesperación. Usaron el diálogo, la imaginación, la paciencia y la discreción. Los grandes partidos políticos del Reino Unido apostaron por la paz, entendiéndola como una cuestión de Estado, no partidista. En consecuencia no se entorpecieron, llevando ramos de flores a los lugares donde se produjeron las matanzas del IRA.  Los medios de comunicación fueron especialmente discretos y respetuosos con el tema. Se habló mucho y durante largo tiempo con las asociaciones de las víctimas. El largo camino hacia la solución del problema comenzó en diciembre de 1993, cuando el entonces primer ministro conservador británico, John Major, y el exjefe de Gobierno irlandés, Albert Reynols, firmaron en Londres la declaración de “Downing Street”. Ahora han recogido el fruto Tony Blair y Peter Hain. Es lo menos importante. Aquí nadie se pone medallas. El triunfo es de todos, como también hubiera sido el fracaso.

      Todos los políticos españoles deberían tenerlo en cuenta. Ya sabemos- es un tópico decirlo- que las situaciones entre Irlanda del Norte y Euskadi son muy diferentes. Ni ETA es el IRA ni el Ulster es Euskadi. Ni España es el Reino Unido. Es verdad,  mas a pesar de todo en algunos aspectos la solución de este conflicto podría servir de referencia a Euskadi: es el modo, la estrategia, las técnicas con las que se ha abordado y dirigido todo el proceso de superación del conflicto armado.

      Finalmente, podrían resultar para la clase política española altamente aleccionadoras las palabras pronunciadas en una reciente entrevista por parte del sacerdote irlandés Alec Reid, mediador en el conflicto del Ulster, y afincado desde hace seis años  en Bilbao, donde se ha situado en medio de todos los agentes políticos. Reid nos advierte que, “en Irlanda del Norte se necesitaron treinta años para aprender algunas cosas. La primera: se debe respetar  siempre la dignidad de las personas ya que es un valor supremo fundamental. La segunda: el único camino para resolver un problema es el diálogo. Ningún conflicto tiene solución por la vía de las armas. Lo que pasa es que en España no hay una cultura democrática entre partidos, ya que la democracia es demasiado joven. Si los partidos políticos se escucharan durante media hora sin interrumpirse, encontrarían al menos algunas cosas en las que estarían de acuerdo”.  

Cándido Marquesán Millán y José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 8 junio 2007)

Y ALCAÑIZ GIRÓ A LA IZQUIERDA

     Después de las pasadas elecciones municipales del 27 de mayo, tras décadas de hegemonía conservadora en Alcañiz, siempre apoyada por el PAR, se han cumplido los sondeos previos y la ciudad bajaoragonesa ha experimentado un giro político hacia la izquierda. Este  cambio de rumbo ha sido propiciado por diversas causas: un evidente desgaste de proyectos y gestión por parte del equipo de gobierno conservador-parista en la corporación municipal y, sobre todo una buena labor de la candidatura de IU encabezada por Amor Pascual que, sin duda, ha conectado con un amplio sector de la ciudadanía lo cual se ha reflejado en que, por vez primera, IU es la lista más votada en Alcañiz lo cual la convierte en la vencedora real, y también moral, de las elecciones. Este hecho, unido a los resultados obtenidos por Angel Lacueva y el PSOE, pese a la pérdida de un edil, convierten a la suma de la izquierda en la opción política por la que claramente se han decantado los alcañizanos. Ciertamente, la ciudadanía ha hablado claro: es preciso un cambio político en la ciudad y este, sin duda, supone un giro a la izquierda de la corporación municipal. Esta es la realidad, este es el reflejo de la voluntad popular y soberana de los alcañizanos que debe ser tenida muy en cuenta pues evidenciaba que la larga etapa de ayuntamientos conservadores, siempre apuntalados por el PAR, estaba agotada y debía de abrirse un período político nuevo.

     Frente a la evidencia de estos hechos, el pragmatismo de las negociaciones políticas postelectorales podría producir resultados insospechados y hasta sorprendentes. No sería ético, ni tampoco coherente desde el punto de vista ideológico que, en aras a la teoría del “pacto global” defendido por Biel y que tanto ha beneficiado al PAR, sempiterna bisagra política, se desvirtuase el sentir de la voluntad popular. Consecuentemente, resultaría incomprensible para muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, cualquier pacto local que aislase políticamente a la auténtica vencedora de las elecciones locales en Alcañiz, esto es, a Amor Pascual y a IU, con la intención de impedir un gobierno municipal de izquierdas IU-PSOE en la capital del Bajo Aragón.

     Si Alcañiz ha tenido una mayoría social y electoral de izquierdas, parece obvio que ello deba quedar reflejado a la hora de conformar la nueva corporación municipal. De este modo, el nuevo Ayuntamiento debería de ser el resultado de un pacto político IU-PSOE con Amor Pascual como alcaldesa y Angel Lacueva como primer teniente alcalde: sería el equipo de gobierno ideal al aunar la simpatía y carisma de Amor Pascual con la capacidad de trabajo y de gestión de Angel Lacueva ya que ambos, trabajando unidos,  podrían ser la punta de lanza para dinamizar las potencialidades de una ciudad como Alcañiz, sumida en una cierta inercia durante los últimos años de gobierno conservador-parista.

     Cualquier otra solución política que se plantee distinta al pacto natural IU-PSOE no dejaría de ser una componenda que, al margen de la realidad y del sentir ciudadano, respondería a otras estrategias e intereses. Por ello, la mayoría de izquierdas en Alcañiz es un hecho objetivo que no debe ser desvirtuado por “pactos globales” que pretendan convertir a  esta ciudad en moneda de cambio en beneficio de la derecha regionalista que el PAR representa. De hecho, ante la posibilidad de un hipotético pacto PAR-PSOE, conviene  recordar que, por lo que al caso de Alcañiz  respecta, no ha habido experiencia de gobierno conjunta puesto que, desde siempre, los paristas siempre han optado por los conservadores como socios de gobierno y no por los socialistas como ocurre en el gobierno de la Comunidad Autónoma o en el caso de la ciudad de Teruel. Pese al supuesto “centrismo” del PAR, éste nunca ha apoyado en Alcañiz al PSOE tal vez porque, en el fondo y en la forma, se ha sentido muy cómodo con la derecha conservadora  que ha hegemonizado la política local prácticamente desde la recuperación de las libertades democráticas.

     Todavía sería más contra natura un entente PAR-PSOE-PP que, con variante o sin ella, desconcertaría al electorado socialista en la misma medida que mitigaría la derrota de la derecha que, recordémoslo, ha sido la perdedora de  los comicios en Alcañiz.

     Confiemos en que, tras tantos años de espera, un gobierno municipal de izquierdas IU-PSOE sea posible en Alcañiz. Este anhelo no puede ser frustrado con otro tipo de pactos difícilmente comprensibles por la ciudadanía alcañizana, la misma que se ha expresado con claridad demandando un  cambio político, un giro a la izquierda, que, sin ninguna duda, la ciudad necesita. Como suele decir el político socialista alemán Oskar Lafontaine, “el corazón siempre late a la izquierda” y el del electorado mayoritario de Alcañiz así lo ha hecho. Por ello, y pese a quien pese, el corazón de Alcañiz ha latido (y girado) a la izquierda.

José Ramón Villanueva Herrero

(militante de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE)

(Diario de Teruel, 3 de junio de 2007)

EL RETO DE LAS COMUNICACIONES EN EL BAJO ARAGON

Desde siempre, el Bajo Aragón ha carecido de las comunicaciones merece en relación a sus potencialidades económicas y a su posición geográfica. Ha sido esta una demanda histórica de nuestra comarca. Por ello, en 1868, la prensa se hacía eco de esta situación señalando que, “para viajar  por el Bajo Aragón es preciso primeramente encomendarse a Dios”, añadiendo que, “recomendamos a los que tengan necesidad de viajar hacia la Tierra Baja, lo aplacen hasta pasados diez años, que entonces, ya tendremos terminado el ferrocarril de Escatrón y la carretera” (El Eco de Aragón, 18 julio 1868). Ciertamente, como señalaba el historiador Vicente Pinilla, los transportes fueron durante todo el s. XIX “un factor de estrangulamiento” para el desarrollo de las tierras turolenses, lo cual supuso un considerable atraso económico debido al notable grado de aislamiento de nuestra provincia de lugares más desarrollados cual eran Cataluña y Levante.

Consecuentemente, el bajoaragonesismo comarcalista mantuvo siempre una permanente reivindicación a favor del trazado de nuevas vías de comunicación (carreteras y ferroviarias) por las cuales llegase el progreso a nuestros pueblos. En este sentido, hay que recordar la infatigable labor del P. Nicolás Sancho Moreno (1801-1883) desde que se crease en Alcañiz una Junta de Carreteras en 1841. Bajo su impulso, realizó multitud de gestiones para mejorar las comunicaciones en el Bajo Aragón. A instancias de dicha Junta, se acordó la construcción de la carretera que uniese Zaragoza, Alcañiz y Tortosa, así como otra que enlazase con Vinaroz, además de promover la que debía de unir a Alcañiz con la ciudad de Teruel.

Junto a las carreteras, la llegada del ferrocarril se convirtió en otra demanda permanente para el Bajo Aragón. En 1863, como consecuencia de los primeros proyectos de trazados férreos que debían unir Zaragoza con Cataluña, se estableció en Alcañiz una Junta de Ferrocarriles en la cual volvió  a tener un papel relevante el P. Nicolás Sancho. Los distintos proyectos sobre su trazado enfrentarían durante estos años a Alcañiz y Caspe y, por ello, cuando en marzo de 1873, recién proclamada la I República, la Asamblea Nacional rechazó el que dicho trazado pasase por Alcañiz, se produjo una profunda decepción en la capital de la Tierra Baja turolense.

Otro caso distinto fue el ferrocarril Val de Zafán-San Carlos mediante el cual se pretendía que el Bajo Aragón tuviese un acceso rápido al mar y a los mercados catalanes. Iniciadas las obras en 1865, su construcción se prolongó durante muchos años avanzando con desesperante lentitud. El 14 de diciembre de 1869, el diputado alcañizano Francisco De Pedro, Barón de Salillas, ya planteó “la oportunidad y conveniencia para el país de pedir la prolongación del ferrocarril desde Val de Zafán al Mediterráneo cruzando por esta Ciudad”, propuesta que poco después sería apoyada por los alcaldes de Híjar y Valderrobres. Las dudas persistieron durante años  y, en septiembre de 1876, el Ayuntamiento alcañizano manifestaba que, de no pasar el Val de Zafán por esta ciudad, ésta entraría en “una decadencia completa”. El tema se enquistó y nuevamente el Bajo Aragón se movilizó reivindicando los necesarios trazados ferroviarios: fueron los años de las campañas de Santiago Contel desde su periódico “La Alianza” (1880) , continuadas por la obra del infatigable Nicolás Sancho titulada Una ojeada retrospectiva y de actualidad sobre las carreteras y vías férreas del Bajo Aragón (1881). Hubo que esperar hasta el 31 de julio de 1895 para ver llegar la primera locomotora a Alcañiz pero la vía del Val de Zafán siguió su construcción con suma lentitud: no fue hasta 1942 en que este trazado llegó hasta Tortosa y, pocos años después, un 19 de septiembre de 1973, esta histórica y demandada línea era cerrada definitivamente.

Peor suerte tuvo el inacabado ferrocarril Teruel-Alcañiz con lo cual se frustró una importante vía de comunicación que hubiera permitido una muy necesaria vertebración de la provincia turolense.

Tras este recorrido histórico, y después de tantas décadas de espera, también de desencuentro y frustración, la comarca se halla en un momento en el que algunas de sus reivindicaciones históricas sobre las comunicaciones comarcales pueden lograrse en breve. Pese a todo un cúmulo de dificultades, pese a las polémicas sobre el trazado de diversos tramos y variantes, el desdoblamiento de la N-232 y su conversión en autovía, cuando menos en el tramo El Burgo-Ventas de Valdealgorfa, parece haberse encauzado de forma definitiva. Posteriormente, quedará pendiente el determinar la salida más idónea de dicha autovía hasta el Mar Mediterráneo, con lo cual culminaría una de las demandas históricas de nuestra comarca.

También resultan interesantes las propuestas para reactivar el ferrocarril en la comarca. En este sentido, la Ciudad del Motor, un proyecto socialista que debe ser un elemento proyector y dinamizador del Bajo Aragón en el exterior, puede hacer viable la construcción de una lanzadera ferroviaria que enlace con las vías rápidas con los consiguientes efectos positivos para no sólo la Ciudad del Motor sino, también, para el conjunto de la comarca.

Después de tantos años de anhelos y dificultades, sentimos una profunda satisfacción al comprobar que, ante las desidias de la derecha y la inacción del equipo de gobierno conservador-parista del Ayuntamiento de Alcañiz, ha tenido que ser un Gobierno socialista el que haya asumido finalmente el saldar la deuda histórica que, en el tema de las comunicaciones, le debían los poderes públicos al Bajo Aragón, lo cual no sólo es un acto de justicia, sino, también, una forma de asegurar nuestro desarrollo futuro. En este sentido, y dada la proximidad de los comicios electorales, queremos reconocer públicamente el trabajo constante que nos consta que, en este y otros temas, ha llevado a cabo desde siempre Ángel Lacueva  Soler, el candidato socialista a la alcaldía de Alcañiz. Esta mención la hacemos conscientemente puesto que, recordando lo que fue nuestra historia comarcal, pensamos sinceramente que en Ángel Lacueva se reflejan  con toda nitidez los ideales y el espíritu de regeneración del bajoaragonesismo  que, desde el s. XIX, se ha esforzado, frente a toda adversidad, por impulsar el desarrollo y el progreso social de nuestra ciudad y comarca. Por ello, consideramos que Lacueva es el político alcañizano que, sin ninguna duda, con su tenacidad y capacidad de trabajo, mejor refleja el necesario espíritu regenerador de esta comarca nuestra y que, por ello, merece nuestra confianza y apoyo.

 

José Ramón Villanueva Herrero y Cándido Marquesán Millán.

(Diario de Teruel, 17 mayo 2007)

 

UN MANIFIESTO CONTRA LA CRISPACIÓN POLÍTICA

     Desde hace ya demasiado tiempo, se ha instalado en el debate político español un creciente grado de crispación que resulta preocupante. Este hecho, que está deteriorando la vida pública y la convivencia ciudadana, debe llamarnos a todos a una reflexión serena y a adoptar soluciones que le pongan fin lo antes posible. Es por ello que considero un hecho positivo la aparición en estos días de un “Manifiesto por la convivencia, frente a la crispación” en tanto que supone toda una prueba de sensatez cívica así como una seria llamada de atención hacia la clase política y, de forma especial, hacia la oposición contumaz y desabrida que caracteriza la actuación de la derecha española desde que hace tres años fue apeada del poder, lo cual no parece haber asimilado plenamente.

     El Manifiesto nos ofrece un exhaustivo análisis de la actual situación política española. En primer lugar,  se constata la profunda inquietud que, entre la ciudadanía, está produciendo la creciente crispación y el acalorado enfrentamiento instalados en la vida política. En su texto se advierte de una serie de riesgos que se derivan de hechos tales como el que el debate sereno y argumentado se ha sustituido por la descalificación y el insulto, del cuestionamiento de diversas instituciones e, incluso, de la legitimidad del mismo Gobierno socialista actual, así como que el derecho a recibir una información veraz está siendo invadido por la manipulación sistemática de los hechos con mentiras y medias verdades que no hacen sino crear confusión en la ciudadanía. Esta cúmulo de circunstancias, definidas como “conjunto de procesos indeseables”, pueden suponer el primer síntoma de una fractura, de una quiebra de la convivencia social, que hay que evitar a toda costa.

     Esta situación resulta especialmente grave cuando, tal y como señala el Manifiesto, esta crispación no responde en absoluto a la situación real de España puesto que se ignoran “hechos objetivos” como una situación económica aceptable o el logro de significativos avances sociales y políticos. Además, al margen de los errores del Gobierno, se reprocha a la oposición el que haya sido incapaz de presentar auténticas alternativas constructivas en temas concretos, y también de Estado, que le hubieran dado una mayor credibilidad al margen de posiciones y actitudes demagógicas. Bien al contrario, la oposición se ha ido descentrando a la vez que enarbolaba temas de profunda carga emocional como supuestos riesgos para la unidad de España o el bulo de que el Presidente Zapatero había rendido el Estado ante los terroristas etarras. El Manifiesto no duda en señalar que “tamaña desmesura no tiene nada que ver con la realidad”, razón por la cual rechaza con contundencia  el hecho de que la oposición haya convertido el tema de la lucha antiterrorista en el “eje exclusivo”  de su agria pugna con el Gobierno. Esta situación resulta especialmente grave  puesto que, como se enfatiza en su texto, “esta postura no tiene antecedentes en la Unión Europea”. (Recordemos, a modo de contraste, la absoluta lealtad del Partido Conservador británico para con la política de pacificación del Ulster impulsada por Toni Blair).

     El Manifiesto critica igualmente la actitud de la oposición de patrimonializar la idea de España, tan propia de la rancia derecha, mediante la apropiación, casi en exclusiva, de banderas e himnos, así como el que la “política de confrontación”  haya llegado a instituciones que, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, deberían de quedar al margen de la lucha política.

     Junto a todo lo dicho, este Manifiesto plantea una serie de propuestas de interés. En primer lugar, exige al Gobierno que, sin caer en la tentación de la confrontación, asuma con convicción el liderazgo social impulsando propuestas positivas que impidan la ola creciente de confusión y desencanto que se extiende entre la ciudadanía. Igualmente, considera que las próximas elecciones serán una buena ocasión para exigir a toda la clase política que se ocupe realmente de los problemas que, de verdad, preocupan a todos los ciudadanos, y no de esa “realidad virtual” con tintes apocalípticos diseñada por una derecha que, a tambor batiente, redobla sus ataques contra el Gobierno y, sobre todo contra el Presidente Zapatero, para recuperar el poder.     Finalmente, con el sentido común que impregna todo este Manifiesto, se nos solicita a todos los ciudadanos unidad y sensatez ante temas esenciales que deben quedar lejos de toda manipulación interesada como son la paz, la libertad, la lucha contra el terrorismo, la defensa del Estado de Derecho y sus instituciones, y, también, los avances sociales y civiles logrados “frente a los que pretenden hacernos retroceder en el tiempo”.     Con este mismo espíritu, el “Manifiesto para la regeneración del PP de Galicia” de 16 de septiembre de 2005, ya exponía ideas similares que parecen haber olvidado los dirigentes populares al señalar que “el PP hará un esfuerzo en desterrar las actitudes que generan crispación política, incluso en la defensa de posiciones antagónicas, que no suponen más que desasosiego social, inquietud y rechazo de los ciudadanos hacia la clase política y no añade nada positivo a un diálogo fructífero y constructivo. La buenas maneras deben de instaurarse en la clase política como ejemplo de tolerancia y convivencia ante la sociedad”.

     Como vemos, tanto en este documento del PP de Galicia, como en el Manifiesto por la convivencia  a los que nos hemos referido en este artículo, nos plantean todo un  reto y, también, un compromiso cívico para reconducir la actual situación que a nadie beneficia, un reto y un compromiso de los cuales depende la salud futura de nuestra sociedad democrática.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 15 abril 2007)

  

AMNISTÍA PARA LOS SINDICALISTAS DE LA GUARDIA CIVIL

    

La vida a veces nos sorprende con sucesos inesperados que nos acercan a nuevos perfiles de la realidad, a hechos y situaciones que nos eran desconocidos. Así me ocurrió cuando conocí a Jesús Molíns Guitarte, Secretario General de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Aragón.

Confieso mi absoluta ignorancia sobre todo lo relacionado con la Benemérita, de la cual, como nieto de carabinero de la República que soy, me sentía por muchos motivos muy distante. Es por ello que me sorprendió conocer la difícil labor del sindicalismo democrático y progresista de la AUGC que luchaba por conseguir para este Cuerpo derechos civiles, básicos para cualquier trabajador como eran el de sindicación, libertad de expresión, negociación colectiva o de huelga. En definitiva, la democratización de la Guardia Civil para adecuarla plenamente a la legalidad constitucional, para equipararla a la situación de sus compañeros del desmilitarizado Cuerpo Nacional de Policía. Desde el primer momento, me pareció una causa justa y por ello, escribí en este mismo periódico un artículo titulado “Derechos civiles para la Guardia Civil”, el cual se publicó el pasado 5 de marzo de este año.

Desde entonces, la tenacidad reivindicativa de la AUGC ha propiciado que, tímida y gradualmente, se hayan ido logrando algunos avances en las condiciones laborales de los guardias civiles. Ahí están la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia civil, así como la Ley Orgánica 12/2007 de régimen disciplinario de la Guardia Civil la cual, entrará en vigor el próximo mes de enero. Ciertamente, ello ha supuesto un nuevo marco legal y jurídico más favorable para este colectivo de 70.000 trabajadores.

Si todo esto es cierto, también lo es que se ha seguido notando el poder fáctico de los mandos militares en el seno de la Guardia Civil, contrarios a toda medida democratizadora que suponga, por tímida que sea, una gradual desmilitarización del Cuerpo. El poder fáctico de los mandos militares ha actuado en una doble dirección: por un lado, intentando cercenar al sindicalismo democrático que la AUGC representa y, por otro, y ello es lo grave, presionando al poder político para frenar, o cuando menos ralentizar, los avances progresistas necesarios para lograr una nueva Guardia Civil para el siglo XXI, moderna y desmilitarizada.

Es en este contexto en el que, pese a las nuevas leyes antes citadas, el pasado 30 de noviembre fueron sancionados 21 sindicalistas de la AUGC entre ellos los secretarios generales de la misma en Aragón (Jesús Molíns) y en la provincia de Teruel (Cristóbal Soria). La causa fue el expediente gubernativo por falta “muy grave” por la concentración de varios miles de guardias civiles realizada en la Plaza Mayor de Madrid el pasado 20 de enero. Estas sanciones, contra los dirigentes de la AUGC por participar en una concentración pacífica, por pedir derechos fundamentales, por reclamar el cumplimiento de los compromisos electorales del PSOE (recordemos que Jesús Caldera, durante la campaña de 2004, prometió que la Guardia Civil “sería desmilitarizada” si el PSOE ganaba las elecciones), resultan no sólo injustas, sino también desmesuradas, y, sin duda, responden a una venganza de los mandos militares para descabezar al sindicalismo progresista de la AUGC.

No parece el mejor camino la confrontación con la AUGC, la asociación mayoritaria en el seno de la Benemérita, máxime cuando el marco legal ha cambiado, cuando la nueva Ley Disciplinaria que cambia la tipificación de las sanciones, entrará en vigor en enero. Por ello, no es comprensible sancionar ahora aplicando una ley anterior a dos meses de entrada en vigor de la nueva.

Todas estas sanciones, impuestas por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, suponen en mi opinión un grave error político para con un colectivo de trabajadores uniformados que, en su día, confiaron en las promesas electorales socialistas de democratizar y desmilitarizar la Guardia Civil. Un error que sólo se puede enmendar si por parte del Gobierno se anulan estas sanciones y se amnistía a los sindicalistas de la AUGC.  Además, pienso que, a medio plazo habría que plantearse seriamente la necesidad de una unificación total y definitiva de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en un nuevo Cuerpo Federal de Policía de ámbito estatal y en el cual todos sus componentes tuviesen iguales derechos civiles, laborales y sindicales.

La creación en un futuro de un nuevo Cuerpo Federal de Policía considero que acabaría de forma definitiva con las interferencias corporativas del estamento militar, suprimiría las diferencias existentes entre los actuales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (GC y CNP), incrementaría la eficacia y operatividad al unificarse sus bases de datos. Además, España cumpliría así las recomendaciones del Consejo de Europa que, desde hace años, insta a la homologación de las policías existentes en sus estados miembros y, también, haría realidad el cumplimiento del Código Ético de la Policía de la Unión Europea del año 2001. Al menos, así lo piensa este nieto de un carabinero leal a la República.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, Alcañiz, 18 diciembre 2007)