EN DEFENSA DEL PUEBLO SAHARAUI

    En fechas recientes, el latente conflicto del Sahara ha vuelto a ser noticia. Desde que el pasado mes de mayo se iniciase en El Aaiún la llamada “Intifada saharaui”, la represión de Marruecos se ha incrementado. Pero esto no es sino un eslabón más de la larga cadena de violaciones de los derechos humanos que, desde hace 30 años, padece el Sahara Occidental.

     Hay que recordar que ya en 1967 la ONU propuso la descolonización de la entonces colonia española, precisamente para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania sobre ella. Pese a las promesas del régimen franquista de conceder una autonomía limitada (1974), los hechos se precipitaron  cuando el 16 de octubre de 1975 Marruecos inició la Marcha Verde y el Gobierno de España, en plena agonía del dictador, se avino a firmar los Acuerdos Tripartitos de Madrid (14 noviembre), 6 días antes de la muerte del general Franco. Este indigno documento supuso el abandono por parte de España del Sahara, cediendo su control militar a Marruecos y Mauritania. Nadie contó con la opinión del pueblo saharaui, el cual quedó abandonado a su suerte.

     Esta ocupación, ratificada por el posterior Acuerdo de Rabat (14 abril 1976) supuso el reparto del Sahara entre sus dos codiciosos vecinos: Marruecos se hacía con los 2/3 del territorio, mientras que Mauritania, se anexionaba el 1/3 restante. Mas tarde, la guerra contra el Polisario hizo que Mauritania renunciase al mismo (Acuerdo de Argel, 1979) por lo que Marruecos se apropió la totalidad del territorio, proclamando acto seguido su soberanía sobre el mismo.

     Durante la ocupación y la guerra consiguiente, los saharauis abandonaron las ciudades (noviembre 1975 – febrero 1976) y se instalaron en el desierto. Pero, tras los brutales bombardeos marroquíes con napalm sobre Tifirati, Guelda Zemur y Umbreiga, gran parte de la población saharaui se exilió en Argelia: este es el origen de los campos de refugiados de Tinduf.

     Si algo simboliza la ocupación militar del Sahara, es sin duda la construcción por parte de Marruecos (desde 1980) de un muro defensivo de 2.720 kms. que divide el territorio de norte a sur, y que con sus 140.000 soldados y sus sofisticadas armas, evita incursiones del Polisario y “protege” no sólo las ciudades de El Aaiún y Smara, sino también los ricos (y codiciados) yacimientos de fosfatos de Bucraa.

     Pendiente queda la resolución política, que no militar, del conflicto. Desde que en 1988 Marruecos y el Polisario aceptaron el plan de paz de la ONU que contemplaba la aceptación de un alto el fuego como paso previo a la celebración de un referéndum, poco se ha avanzado. Mientras que Marruecos proponía la autonomía (2000), el Plan Baker II (2003) planteaba un período autonómico de 4 años como fase previa al referéndum. A fecha de hoy, no se ha llegado a ninguna solución...y ya van tres décadas de espera para hacer justicia al pueblo saharaui.

     Tras unos años de tregua, los últimos acontecimientos (protestas saharauis y posterior represión desmesurada por parte de Marruecos) pueden ser el preludio de una escalada armada de consecuencias imprevisibles. Por ello, el incremento de las acciones represivas por parte de Marruecos ante las justas demandas del pueblo saharaui, único dueño de su destino y de su tierra, nos obliga a adoptar una posición de solidaridad y de apoyo activo, puesto que la deuda moral de España en este conflicto resulta indudable. Es evidente que sólo hay una solución: la celebración del referéndum, tantas veces pospuesto, con garantías adecuadas y supervisión de la ONU, en el que el censo legal de la población saharaui, decida libremente su futuro.

     Por todo lo dicho, nunca debemos de aceptar que el pragmatismo político que condiciona, con excesiva frecuencia, las relaciones entre España y Marruecos, se imponga sobre la dignidad, la justicia y la defensa del pueblo saharaui, al que nos unen profundos compromisos morales. Su futuro no debe canjearse nunca por un pretendido deseo de mantener una relación amistosa y fluida con el reino de Marruecos. La dignidad de los pueblos se halla en la convicción y firmeza con que se defienden los principios y los valores éticos. En consecuencia, la dignidad y la libertad del Sahara no puede ser moneda de cambio ante criterios mercantiles (acuerdos pesqueros y comerciales) o políticos (control inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo islámico, contencioso de Ceuta y Melilla, etc) en el siempre complejo diálogo hispano-marroquí. Por ello, la justa causa saharaui nos exige a todos, y en especial al Gobierno de España, un compromiso no sólo humanitario sino también de firmeza política para que, también en este caso, prevalezca el derecho internacional y las resoluciones de la ONU sobre las ambiciones territoriales de Marruecos y los intereses geoestratégicos y económicos de sus aliados (EE.UU. y Francia). España se juega su credibilidad, pero los saharauis se juegan su futuro como pueblo libre y soberano.  

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 14 septiembre 2005)

¿REQUIEM POR UN MONARCA SAUDÍ?

    

     La muerte del rey Fahd ben Adbul-Aziz al Saud ha producido situaciones sorprendentes: adulado por dirigentes políticos, se han declarado días de luto oficial, Marbella lo ha nombrado “hijo predilecto”, etc. Está claro que el monarca saudí tenía “buena imagen” en Occidente. Pero las palabras huecas y los elogios falsos no pueden ocultar la dura realidad: el rey Fahd representaba un régimen tiránico cuya existencia debería indignar al mundo civilizado. Pero el pragmatismo político y los intereses económicos consiguen el prodigio de convertir a reyes déspotas en buenos amigos de Occidente, a gobernantes criminales en políticos clarividentes...y este es el caso del monarca fallecido. Recordemos algunos datos.

     El Reino Unido de Arabia Saudí surgió en 1932 tras la unificación de varias monarquías feudales de la Península Arábiga por parte de Abdelaziz ibn Saud. Desde entonces, la familia Saud ha gobernado con mano de hierro al reino que lleva su nombre. Una interpretación rigorista del Islam en su versión wahabita, la aplicación de la Sharia o ley islámica y el asfixiante control  de la Policía Religiosa (Al Mutawa’een) sobre la vida y costumbres de los saudíes, nos retrotrae a los tiempos más oscuros de las monarquías feudales del Medievo. En el país del rey Fahd no existen derechos ciudadanos ni  libertades públicas: no hay elecciones libres, los partidos políticos, sindicatos y  organizaciones de derechos humanos están prohibidos ; los medios de comunicación sufren la más rigurosa censura, el sistema penal saudí, basado en la Sharia, recurre con frecuencia a la tortura (amputaciones, flagelación, etc) y, según Amnistía Internacional,  es el tercer país que más aplica la pena de muerte (por decapitación pública).

     Especialmente grave es la situación de las mujeres que, como ocurría en el régimen talibán de Afganistán, carecen de todo tipo de derechos y libertades (incluso el de conducir un vehículo). Un suceso ocurrido el 11 de marzo de 2002 evidencia con toda crudeza la situación de las mujeres saudíes. En esa fecha, 14 niñas murieron y decenas más resultaron heridas al incendiarse su colegio de La Meca: la Al Mutawa’een impidió que escaparan del fuego... porque no llevaban el pañuelo para cubrirles la cabeza y no haber ningún familiar varón para recogerlas ; tampoco se permitió a los equipos de rescate entrar en el colegio...porque eran hombres y, por tanto, no podían “mezclarse” con las niñas que se estaban quemando. Aterrador.

     Tampoco debemos olvidar que la monarquía saudí lleva años financiando la construcción de mezquitas en países occidentales, al frente de las cuales impone a imanes wahabitas, mucho más rigoristas que los hachemitas o alauitas. Y son estos clérigos quienes con sus prédicas, en ocasiones incendiarias, no ayudan precisamente al necesario diálogo y entendimiento entre el Islam y Occidente.

     Todo esto parece olvidarse ya que los inmensos recursos petrolíferos  de Arabia Saudí (1/4 de las reservas del planeta y primer exportador mundial), le permiten ejercer un papel principal en el sistema económico mundial y en la OPEP. Así, desde que en 1945 concedió a los Estados Unidos el monopolio de la explotación de su petróleo, unido a su permanente alineamiento junto a las potencias occidentales en la conflictiva zona de Oriente Medio,  hacen que el reaccionario régimen saudí sea aceptado y visto con simpatía por el mundo civilizado democrático. Le ocurre lo mismo que a la España de Franco en los tiempos de la Guerra Fría: los intereses geoestratégicos de los EE.UU. obviaron su carácter dictatorial para convertir al régimen en “el vigía de Occidente”...igual que, ahora, Arabia Saudí es “el vigía de Oriente” (y de su petróleo). De hecho, la alianza militar entre Arabia Saudí y los EE.UU. se mantiene inalterada desde 1951: desde entonces, la monarquía saudí, anacrónica, feudal y corrupta hasta el extremo, ha mantenido su posicionamiento prooccidental.

     Aunque  inversiones millonarias han pretendido convertir al país en un “islote de modernización”,  la realidad es tan falsa como los espejismos de sus desiertos. La riqueza ha podido crear infraestructuras, adormecer la conciencia de sus súbditos, pero no les han traído la libertad. Y es que la monarquía del rey Fahd ha tenido la rara habilidad de aunar la más retrógrada interpretación del Islam con todos los vicios, lujos y corrupciones del capitalismo salvaje.

     Al margen de hipocresías políticas e intereses económicos, la muerte del rey Fahd supone la desaparación de un tirano, al cual le sucederá otro tirano: su hermanastro Abdalá, igual que el rey fallecido sucedió en 1982 a su también hermanastro (y también tirano) el rey Jaled: y todo con el beneplácito de las democracias occidentales.

     Por todo lo dicho, no siente pesar por la muerte del rey Fahd. En todo caso, el réquiem no habría que entonarlo por el monarca fallecido sino por la situación de los derechos humanos existente en Arabia Saudí. Y en ello, Occidente y su bienestar, tiene, tenemos, una gran responsabilidad moral.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (Diario de Teruel, 25 agosto 2005)

 

LA LEY DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES

      

        Hace bastantes años, visité un Hospital Psiquiátrico. En un rincón del patio había varios pacientes, los más demenciados del grupo. Me impresionó saber que, uno de ellos, siendo joven, había sido ingresado por su propia familia, en la inmediata posguerra, por el simple hecho de tener tendencias homosexuales. Entró cuerdo y, tras décadas de internamiento y prejuicios de una sociedad hipócrita y mojigata, se habían convertido en uno de los más dementes de aquel triste lugar.

Recordaba este hecho el pasado 11 de julio, al tener noticia de la celebración de la primera boda homosexual en España, debido a que nuestro Gobierno ha tenido la valentía y la dignidad cívica de aprobar la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y que acababa así con siglos de discriminación y desprecio. Pero el camino para llegar hasta la situación actual ha sido duro: han pesado demasiados prejuicios de una ancestral mentalidad inquisitorial y cainita que nos hace difícil, en muchas ocasiones de nuestra agitada historia, aceptar (y respetar) al diferente, bien fuera éste judío, morisco, gitano, protestante, masón, liberal, demócrata o progresista de diversas tendencias...u homosexual. Esta cadena de siglos de intolerancia y discriminación había que romperla de una vez...y se ha hecho.

Al desprecio secular por el homosexual se une el hecho de que éste, durante la dictadura franquista, tuvo la condición de figura delictiva, estaba criminalizado. Así consta en la reforma  del 15 de julio de 1954 introducida en la famosa Ley de Vagos y Maleantes, razón por la cual se indica en ella que “podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad”, además de los vagos habituales, “los homosexuales, rufianes y proxenetas” (art. 2º). También se indican las tres medidas represivas que se debían aplicar a estos colectivos: internamiento en un establecimiento de régimen de trabajo o Colonias agrícolas “por tiempo indeterminado” hasta un máximo de 3 años, internamiento en un establecimiento de custodia (máximo, 5 años) o bien “aislamiento curativo en Casas de templanza, por tiempo absolutamente indeterminado”.

El símbolo de la dureza represiva lo representó la Colonia Agraria Penitenciaria de Tefía, lugar inhóspito, olvidado y reseco de la isla de Fuerteventura a donde eran deportados los homosexuales y que funcionó entre 1954 y mediados de los años 60: allí, picando piedra, entre frecuentes apaleamientos y escuálidas raciones, penaban  lo que el régimen consideraba “un vicio” los homosexuales deportados. Tras el cierre de Tefía, las autoridades, con arreglo a la citada ley, siguieron enviando a los homosexuales a la cárcel, ésta vez a las llamadas “Galerías de invertidos”, aislándolos del resto de los presos. Además de lo dicho, el ideario represivo de la Ley de Vagos y Maleantes se completaba con medidas como la prohibición expresa de que éstos, tras ser fichados policialmente como “homosexuales peligrosos”, residiesen en determinados lugares, además de la obligación de declarar su domicilio o la sumisión a la vigilancia de los delegados gubernativos.

La Ley de Vagos y Maleantes estuvo en vigor hasta que en 1970 la reemplazó la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y rehabilitación social, la cual  mantuvo las mismas ideas represivas que la legislación anterior: entre 1970-1979, según la Asociación de Ex presos Sociales, fueron internados 5.000 homosexuales en cárceles especializadas, concretamente en la de Badajoz para “pasivos” y en Huelva para “activos”. Tras cumplir las penas, se les aplicaba un destierro de 2 años. A su vez, la nueva ley, pretendía la “rehabilitación” de “los que realicen actos de homosexualidad”. Para ello, contemplaba el “internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso” por un período no inferior a 4 meses ni superior a 3 años,  o bien mediante el “internamiento en un establecimiento de reeducación” (art. 5º).

La Ley de Peligrosidad y rehabilitación social sobrevivió al franquismo y estuvo en vigor hasta 1979, ya en período de legalidad democrática constitucional, por lo que se ha calificado a los homosexuales  como “los olvidados de la transición”. Ahora,  tras la aprobación de la actual Ley de Matrimonios Homosexuales,  no sólo cómo se  hace justicia al colectivo de gays y lesbianas, sino, de igual modo, ambos  adquieren la plenitud de derechos cívicos que les corresponden en un sistema democrático como el nuestro. Y, frente a viejos prejuicios y nuevas demagogias, este reconocimiento legal y social de la homosexualidad, para nada afecta a la existencia de una familia heterosexual (y numerosa) como la mía y como las de todos los ciudadanos y ciudadanas que aceptamos con normalidad y satisfacción la nueva ley. Se ha logrado un avance de los derechos cívicos para un colectivo social para el que, afortunadamente, ya pasaron los tiempos de persecución y desprecio. Y eso es un motivo de orgullo cívico para todos los demócratas progresistas.

 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 18 julio 2005)

OTRA VEZ ES 3 DE JULIO EN TERUEL

     Durante el verano de 1874, en plena III Guerra Carlista, los partidarios de Carlos VII controlaban la práctica totalidad de nuestra provincia y solamente resistían los fortificados enclaves liberal-republicanos de Teruel y Alcañiz. Así las cosas, en la noche del 3 de julio, los carlistas intentaron conquistar la ciudad de Teruel, en un ataque muy similar al que dio lugar a la “Cincomarzada” zaragozana de 1838.

     El ataque, iniciado en la zona de la Lombardera y del Arrabal, fue repelido por la Milicia Nacional, al mando de Víctor Pruneda, comandante de la misma y dirigente histórico del republicanismo federal turolense. Pese a ello, los atacantes, en connivencia con algunos carlistas del interior de la ciudad, logran penetrar en el interior del recinto defensivo por el área del corral de Roquillo, de donde fueron desalojados después de 6 horas de combates.

     Mientras esto ocurría, los carlistas lanzaron otro ataque por la Cuesta de la Jardinera, llegando a colocar escalas sobre la muralla, pero fueron repelidos por un nutrido fuego de fusilería.

     Al amanecer, convencidos los atacantes de la imposibilidad de apoderarse de la ciudad de Teruel, galvanizada por Pruneda para defenderse a todo trance, se retiran los carlistas no sin antes saquear e incendiar el Arrabal.

     Otro hecho de armas, muy similar al descrito, tuvo lugar al mes siguiente, el 4 de agosto de 1874, cuando nuevamente los carlistas, esta vez al mando del infante Alfonso-Carlos de Borbón-Parma (hermano del pretendiente Carlos VII), intentaron conquistas Teruel: la determinación de los defensores, nuevamente comandados por Pruneda, repelió el ataque evitando que la reacción carlista se adueñase de la capital.

     Estas dos fechas memorables, el “3 de julio” y el “4 de agosto”, le valieron a la ciudad de Teruel la concesión de los títulos de “Heroica” y “Siempre Heroica” que hoy ostenta. De igual modo, en memoria de los turolenses caídos en su defensa, unas lápidas recordaban sus nombres en el Ayuntamiento y, además, en 1895 se erigió el Monumento a los Mártires de la Libertad, el cual se hallaba en la Plaza de la Libertad (hoy de Fr. Anselmo Polanco).

     Ambos sucesos pasaron a ser conmemorados anualmente como fiestas cívico-políticas. La celebración del “3 de julio” se iniciaba a primeras horas de la madrugada con el repique del “campanico del Ángel”, posteriormente un pasacalle-retreta amenizaba al vecindario. El acto central era la “procesión cívica” que, partiendo de la Plaza de la Libertad y a los sones del Himno de Riego, realizaba sendas ofrendas florales en  el Corral de Roquillo y en el Monumento a los Mártires de la Libertad de Teruel. Además, al ser ambas fechas eran festivas en Teruel, cerraba el comercio, se engalanaban los balcones, las banderas ondeaba a media asta; por la tarde, los turolenses salían a merendar a las riberas del Turia, había corrida de toros y verbena popular en la Glorieta.

     Por todo lo dicho, estas fiestas tenían un profundo contenido político puesto que simbolizaban la defensa de la libertad contra todo tipo de reacción e intolerancia. Ello explica el entusiasmo con que las celebraban los progresistas turolenses (mayoritariamente republicanos) y el que la guerra civil y la posterior dictadura franquista prohibiese su celebración (la última vez que tuvo lugar fue el 3 de julio de 1936), a la vez que los requetés carlistas  demoliesen  el venerado Monumento a los Mártires de la Libertad.

     Tras la normalización democrática, mientras Zaragoza recuperaba su fiesta de la Cincomarzada, nada se hizo en Teruel en este sentido para reivindicar, tras años de dictadura y olvido, una de la páginas más memorables de nuestra historia ciudadana. Se dejó pasar el momento.

     La ciudad de Teruel, conocida universalmente por el arte mudéjar o los Amantes, pienso que debe ser, también, identificada como “la ciudad de la Libertad”, la que en las postrimerías del s. XV rechazó la implantación de la Inquisición, la que durante todo el s. XIX fue vanguardia de la democracia republicana española, la que en 1874 repelió con valentía y dignidad a la reacción carlista. Por ello, junto a la recuperación del sentido cívico de estas fechas, casi olvidadas, algún folleto didáctico, alguna mención en los libros de texto, debería de hacerse de esta página de nuestra historia turolense. De igual modo, recordando que el Monumento a los Mártires de la Libertad fue demolido por las fuerzas de la reacción, no estaría de más que algún monolito recordase su existencia en la antigua Plaza de la Libertad. Sería un hecho de justicia.

     Hoy, 3 de julio de 2005, ganada la libertad, otros son los combates que hay que librar para asegurar el futuro y el progreso de Teruel. Pero, hoy como ayer, también nos exigen lo mejor de nosotros mismos y, por ello, pienso que los viejos ideales del “3 de julio” laten hoy con fuerza en la conciencia cívica, en todos los movimientos ciudadanos que, como nuestros antepasados en 1874, luchan con tenacidad y convicción para que Teruel, nuestra tierra, siga existiendo y tenga un futuro digno, el futuro que nos merecemos todos los turolenses. 

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 4 julio 2005)

LOS PAPELES DE SALAMANCA (I).

     Mucho se ha hablado y escrito últimamente sobre la polémica suscitada en torno a la posible devolución  de los fondos conservados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Este, recordémoslo,  tuvo su origen en un expolio sistemático de fondos republicanos por parte del régimen franquista, hecho condenado expresamente  por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de La Haya sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto bélico. 

     Ante las justas demandas de restitución a sus legítimos propietarios, han surgido opiniones encontradas, algunas no exentas de demagogia y oportunismo. Como advertía el historiador José Álvarez Junco, la polémica  está evidenciando una inmensa distorsión debida a la “ignorancia y superficialidad  informativa” alentada por la “irresponsabilidad y mala voluntad” de quienes se oponen a la devolución de los mismos.

     Sobre el origen de este Archivo, hay que remontarse a la creación en abril de 1937 de la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), la cual tenía por objeto la confiscación de toda la documentación política procedente del bando republicano, tarea que sería continuada desde 1938 por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación (DERD), la cual debía “recuperar, clasificar y custodiar” los fondos procedentes de “entidades y personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional [...] que sean susceptibles de facilitar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Esta actividad, la continuó desde 1944 la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD) que, de forma significativa, se integró en la Dirección General de Seguridad (1958).

     El volumen de documentación incautada en el territorio republicano (800 Tm., 20.000 cajas, procedentes de 17 provincias, de ellas, 145 con fondos aragoneses), tenía una finalidad exclusivamente represiva. En base a la misma, la dictadura franquista elaboró 3 millones de fichas y decenas de miles de expedientes correspondientes a personas con antecedentes políticos republicanos con los que, posteriormente, muchos antifascistas fueron juzgados y condenados. Años atrás, hasta las máquinas de escribir Underwood existentes en el Archivo de Salamanca, llevaban una etiqueta que decía:  “incautada a los rojos”: ese era el ambiente que allí se respiraba. 

     Esta finalidad represiva se mantuvo hasta que, con la transición democrática, se suprimió en 1977 la DNSD, pasándose a integrar en el Ministerio de Cultura. Dos años después, en mayo de 1979, se creó la “Sección Guerra Civil” del Archivo Histórico Nacional y, finalmente, por el RD 426/1999, de 12 de marzo, surgía el actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca.

     Tras esta recapitulación histórica, y frente a los que claman ante el riesgo de una hipotética desmembración del AGGCE, éstos parecen “olvidar” que allí no se conservan la totalidad de los fondos relativos a nuestra trágica guerra civil. Ello se debe a varias razones. En primer lugar, durante la incautación, se destruyó abundante documentación (unas 72 Tm.), al considerarla de importancia “menor” para los fines represivos que se pretendían. Otra parte, perteneciente a ciudadanos derechistas, previamente incautada por las autoridades republicanas y que se incluía en estos fondos, fue devuelta a sus legítimos propietarios. También salió  documentación de Salamanca para ser utilizada en la Causa General, así como a otros tribunales franquistas (Auditorías de Guerra, Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, tribunales de Responsabilidades Políticas y tribunales de Depuración) o bien al “Archivo de la Guerra de Liberación” o al Servicio Histórico Militar. Por último, con la normalización democrática, los fondos republicanos de las Cortes y del Consejo del Estado fueron devueltos a sus instituciones homónimas alegando la continuidad de ambas bajo el actual sistema democrático monárquico. Esta  misma razón, la continuidad institucional, es la que alega la Generalitat de Cataluña para demandar, con todo fundamento jurídico y moral, sus fondos incautados una vez que se restableció el autogobierno catalán  por el RD Ley de 29 septiembre de 1977.

     Además de los fondos republicanos incautados, durante muchos años la DNSD generó su propia documentación. El conjunto de ambas  confiere al AGGCE una gran importancia, según destaca la Comisión de Expertos creada para asesorar al Gobierno en este tema, las convierte en “un ejemplo único de lo que fue la represión franquista y constituye un referente insustituible en la configuración de la memoria histórica de los españoles”.

     Siendo conscientes de esta realidad, en un próximo artículo reflexionaremos sobre el futuro del AGGCE, teniendo siempre presentes las justas demandas de restitución planteadas por algunos de sus legítimos propietarios. 

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 2 junio 2005)

LOS PAPELES DE SALAMANCA (II). UNA DEVOLUCIÓN POLÉMICA.

     A la demanda de devolución de los fondos incautados por la dictadura franquista, promovida por la Generalitat de Cataluña, se han sumado diversas instituciones de toda España. En el caso de Aragón, entre otros,  citamos al Ayuntamiento de Mas de las Matas, al Consejo Comarcal del Bajo Aragón o a las mismas Cortes de Aragón, los cuales han aprobado acuerdos tendentes a la restitución de los fondos procedentes del Aragón republicano.

     El contencioso, iniciado por la Generalitat  en 1978, ha tenido un complejo desarrollo. Ya en 1982, se firmó un convenio con tal objeto entre la Generalitat y el Mº de Cultura y  el 17 de marzo de 1995, el Gobierno de Felipe González  autorizó su devolución, aunque ésta quedó en suspenso y el posterior Gobierno Aznar, paralizó definitivamente el proceso de restitución. Con el nuevo ejecutivo de Rodríguez Zapatero, se retomó el diálogo, se constituyó una Comisión de Expertos con la tarea de elaborar un Informe y, en base a éste, el Gobierno del PSOE aprobó el pasado 15 de abril la restitución a la Generalitat de sus fondos incautados. Por ello, frente  a las tendenciosas acusaciones que se hacen tras esta decisión contra el Gobierno socialista, resulta obvio que ésta no supone un entreguismo ante las pretensiones de Cataluña (o de ERC), sino la culminación valiente y decidida de un proceso iniciado hace ya 27 años.

     El Informe de la Comisión de Expertos ofrece algunas consideraciones jurídicas interesantes: destaca el origen ilegítimo de las incautaciones que dieron lugar al actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca, e insiste en la necesidad de precisar la titularidad de los fondos, punto básico para proceder a posteriores demandas de devolución. Ello plantea problemas pues algunas instituciones, como el Gobierno de Aragón, no tenían personalidad jurídica en el momento en que se produjeron las incautaciones de los fondos republicanos.

     El problema básico  es el de conciliar dos intereses, ambos legítimos: las justas demandas de devolución y, a la vez, garantizar la unidad del AGGCE, como auténtico memorial histórico de lo que supuso la represión franquista. Ambos fines no resultan incompatibles puesto que la unidad de archivo quedaría garantizada, en caso de devolución de los originales, al conservarse en el AGGCE copias microfilmadas y digitalizadas de éstos. Como indica el Informe, la cuestión se reduciría “a saber quién sería el depositario de la copia y quién del original, pero no se plantea un problema de ruptura de la integridad del archivo”.

     El Informe se pronuncia a favor de la devolución de los fondos a la Generalitat, demanda que considera “justa” y “legítima”, recordando que la Ley de Patrimonio Histórico permite que estos bienes se reintegren a su Administración de origen (art. 28.2). En cambio, ofrece una solución más polémica para el caso de los ayuntamientos: sugiere la entrega a los entes locales de copias digitalizadas y no la devolución de los originales. No obstante, para evitar posibles agravios, deja abiertas otras posibilidades como las cesiones temporales o definitivas de algunos fondos.

     Dejando claro que la localización física de los documentos originales no es tan importante como su conservación y accesibilidad, el Informe insiste en la necesidad de transformar profundamente el Archivo de Salamanca para convertirlo en un fondo documental de primera referencia sobre la Guerra Civil y la Represión franquista. Para ello, además de dotarlo de los adecuados medios humanos y materiales,  propone que vuelvan al AGGCE todos aquellos fondos que en su día salieron con destino a la Causa General y a otros lugares; igualmente propone concentrar el Salamanca todas las causas de los Consejos de Guerra hoy dispersas por instituciones militares de toda España y, también, la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de historia oral  sobre este trágico período de nuestra historia.

     Frente a las voces que, desde la derecha, claman contra las medidas de restitución, bueno sería recordar que hace ya 25 años, un político tan poco afín al Gobierno Zapatero y a ERC como es Manuel Fraga, ya pedía la devolución de estos fondos: el 18 de marzo de 1980 presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno Suárez para que “se traspasen a la Generalitat de Catalunya aquellos documentos que constituyeron, en su día, los archivos de la misma” (BOCE, 16 abril 1980). Por ello, tal vez hoy sus compañeros del PP tengan que volver a decir, como con su polémico abrazo a Raúl Castro, que “esto son cosas de Don Manuel...”

     Ante problemas difíciles, es preciso adoptar soluciones valientes...y eso es lo que ha hecho el Gobierno en relación al contencioso de la documentación de la Generalitat. Pero, para ser justos, este proceso debería de continuar ante las demandas de otras corporaciones locales que, aunque más humildes que la institución catalana, las asisten las mismas razones a la hora de defender sus legítimos intereses. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 3 junio 2005)

LA DERECHA....DESCENTRADA

     Un año después de la tragedia del 11-M y del posterior vuelco electoral que la nefasta actuación del Gobierno Aznar propició, el PP sigue sin aceptar, con naturalidad y madurez democrática, la victoria del PSOE. Desde entonces, y aún asumiendo que la tarea de la oposición política es legítima e imprescindible para el buen funcionamiento del sistema democrático, no deja de sorprender en la actuación del PP el contraste entre su línea de crítica permanente  hacia el gobierno de Rodríguez Zapatero y la nula autocrítica hacia los errores, que los hubo (y muy graves) del anterior Gobierno popular.

     A la búsqueda de un necesario clima de oposición ponderada, constructiva que sosiegue un tanto las crispadas aguas por las que discurre últimamente la política española, no ayuda demasiado el  rigorismo aznarista de algunos de los actuales dirigentes del PP, más obsesionados en buscar culpabilidades ajenas que en asumir errores propios: ahí está, como más destacado, el intolerable alineamiento de Aznar junto a los Estados Unidos durante la guerra de Irak, desoyendo con soberbia y arrogancia, el mayoritario clamor ciudadano contrario a la misma.

     Un partido político manifiesta su talla y madurez política no sólo en los momentos de gloria y de poder sino, también, en aquellos en los que pone de manifiesto su capacidad de realizar una profunda catarsis interna, una autocrítica que, para superar errores y fracasos, le reconcilie con su conciencia, con la ética, con la coherencia de su ideario político y, desde luego, con la ciudadanía.. Renunciar a la autocrítica es cerrar horizontes, hipotecar el futuro político de un partido, anular su vitalidad interna: nada dignifica más a las personas y, por supuesto a los partidos, que el reconocimiento sincero de los errores cometidos y, por supuesto, el propósito de enmendarlos. Nada de todo esto parece haber ocurrido en las filas de la derecha.

     Estas consideraciones vienen a colación puesto que estamos observando cómo el PP, lejos de una reflexión profunda de las razones por las cuales el pueblo soberano lo ha desposeído del Gobierno de España, ha optado por aquello de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”... y a ello se ha lanzado. Y no sólo en todos los foros políticos posibles sino, también, a través de una tendenciosa propaganda, carente de veracidad que, en el fondo, evidencia su no aceptación de la derrota electoral y, consecuentemente, su abierta intención de deslegitimar la victoria electoral socialista. A ello se ha dedicado con fervoroso entusiasmo y adhesión aznarista la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) vinculada al PP y que preside José María Aznar y ejemplo flagrante de ello sería la edición de un vídeo que, bajo el título de “Tras la masacre”, desvirtúa gravemente la realidad de los dramáticos acontecimientos que convulsionaron a España como consecuencia del brutal atentado del 11-M del pasado año.Lo mismo podemos decir de diversos comportamientos y declaraciones de dirigentes populares ante la eliminación por parte del Gobierno socialista de los últimos vestigios de una dictadura que todavía quedaban en nuestras calles: la absurda polémica en torno a la retirada del general Franco sería impensable el que ocurriera en cualquier otro país democrático de nuestro entorno. Una decisión de impecable civismo democrático como esta, no debería de ser cuestionada desde el  PP, el cual no debería de acusar de “radical” a decisiones que, lo único que se les puede reprochar es que se hayan tomado con 30 años de retraso.

     Resulta evidente que mientras la línea dura aznarista mantenga el timón del PP, no resultará creíble la opción “centrada” de la derecha como alternativa real de gobierno. Rajoy ha manifestado que pretende hacer una oposición que, aún sin renunciar a ser “contundente”, no esté hecha “desde las vísceras”. Nada que objetar, por supuesto: a Rajoy le queda por delante la difícil tarea de convencer (o imponer) esta línea política más sensata y centrada entre buena parte de sus compañeros de filas. No le será nada fácil puesto que, visto lo visto y oído lo oído, en amplios sectores del PP impera, todavía, Aznar y su rencor. 

José Ramón Villanueva Herrero.  

(Diario de Teruel, 17 abril 2005) 

 

MAUTHAUSEN EN LA MEMORIA, SIEMPRE

  

En estas fechas en que se conmemora el 60º aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis, es un buen momento para recordar (y reparar) el injusto olvido que, durante décadas, ha sufrido la memoria de los millares de republicanos españoles que allí fueron asesinados.

Derrotada la España leal a la República en 1939, miles de republicanos se refugiaron en Francia, cayendo en manos de las tropas hitlerianas cuando estas ocuparon dicho país en mayo de 1940. Los prisioneros republicanos españoles quedaron a la espera de que el gobierno de Franco indicase a sus amigos nazis qué se debía de hacer con ellos. El dictador decidió abandonar a su suerte a estos miles de compatriotas y, desposeyéndolos de la nacionalidad española, quedaron convertidos en apátridas. Su dramático destino quedó sellado en la entrevista de Serrano Suñer  con Hitler del 25 de septiembre de 1940. En ella, el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, acordó la entrega de los republicanos españoles a la Gestapo para ser deportados a un campo de concentración donde debían realizar trabajos forzados hasta el límite de sus fuerzas. Mariano Constante recordaba la indignación que produjo entre los presos republicanos este hecho puesto que “hemos descubierto  que Franco les dijo [a los nazis] que no quería que ningún español saliera vivo y también quería que nos explotaran trabajando”. De la connivencia de las autoridades franquistas a la hora de consumar la tragedia, se ofrecen testimonios reveladores en el excelente documental “El convoy de los 927”.

Los republicanos españoles fueron deportados al campo de Mauthausen (Austria). Allí fue a parar el grueso de los más de 10.000 deportados, aunque otros grupos fueron enviados a campos de concentración de triste recuerdo: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Ravensbruck o el castillo de Hartheim, en donde fueron objeto de macabros experimentos y operaciones. En todos estos lugares, convertidos en auténticos infiernos de inhumanidad y violencia extrema, hallaron la muerte miles de republicanos españoles en el más absoluto olvido.

El campo de concentración de Mauthausen  se creó el 8 de agosto de 1938 y funcionó hasta el 5 de mayo de 1945 en que fue liberado por las tropas norteamericanas. Durante estos años, se estima que en Mauthausen y en su campo auxiliar de Güsen, fueron asesinadas o murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas y los trabajos forzados en torno a 150.000 personas, de las cuales no menos de 7.000 eran republicanos españoles y de ellos, 196 eran turolenses. A la altura de 1942,  más de la mitad de los prisioneros eran de origen español. Por esas mismas fechas, en que nuestros compatriotas morían de agotamiento y enfermedades en la cantera de Mauthausen o con inyecciones de bencina en Güsen, el general Franco mantenía su delirio filonazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14 de febrero de 1942, afirmaba que “si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían” para defender la capital del Reich. Sobran los comentarios.

Durante décadas, un puñado de supervivientes españoles recordaba tanta barbarie reuniéndose cada año en Mauthausen bajo el digno tremolar de la bandera republicana. Poco a poco, se han ido tomando en toda España algunas iniciativas  para recuperar el recuerdo de nuestros compatriotas. Citemos, en el caso de Aragón, cómo, en el año 2002 el Gobierno de Aragón concedía a Mariano Constante la Medalla de Oro a los valores humanos, la cual se hacía extensiva “a los aragoneses que fueron víctimas de los campos de exterminio nazis”; también recordamos cómo el Ayuntamiento de Calanda, a principios de 2003, recuperó igualmente la memoria de sus paisanos muertos en el holocausto nazi, al igual que habían hecho tiempo antes la ciudad de Fraga y la comarca del Bajo Cinca o en Sabiñánigo.

Este año, cuando se va a recordar el 60º aniversario de la liberación de los campos hitlerianos, es la ocasión propicia para que todos, instituciones y ciudadanos, contribuyamos a que perviva en el futuro la memoria de la deportación republicana antifascista. En esta ocasión, será la primera vez que un representante del Gobierno democrático de España, el Presidente Zapatero, asista a un homenaje cargado de dignidad y de emoción.

Las ceremonias que se celebren, además de hacer justicia con los olvidados españoles que allí murieron, deben de tener un sentido de reafirmación cívica en nuestros valores, actualizar el pasado para convertirlo en una lección moral. Estas reflexiones nos previenen ante cualquier rebrote de xenofobia racista o de fascismo que se pudieran incubar, como el huevo de la serpiente, en nuestra sociedad actual. Y es que la memoria histórica es, siempre, una memoria necesaria y será, siempre, un imperativo moral.

 

         José Ramón Villanueva Herrero

         (Diario de Teruel, 8 mayo 2005)